La invasión rusa de Ucrania y el distanciamiento de Estados Unidos convencieron a Europa de la necesidad de construir sus propias capacidades de defensa. Al tiempo, Donald Trump exige a sus socios en la OTAN que gasten un 5% del PIB en defensa, aunque España lo ha toreado como ha podido, para comprometer el 2% del PIB, que son 34.000 millones de euros al año. Esa demanda de inversión esconde la descarada pretensión de que Europa compre aún más material a la poderosísima industria militar americana.

Francisco Javier Sánchez, presidente de Airbus España, aseguraba en una conferencia que uno de los grandes problemas de la industria de defensa europea es su fragmentación y dependencia. Fragmentación, porque en Europa se producen 179 sistemas diferentes de armas (aviones, barcos, tanques, armas, etc.), frente a 33 en Estados Unidos; y dependencia de este país, porque Europa le compra el 80% del material, mientras que ellos se autoabastecen.

Por tanto, la conclusión evidente es que Europa necesita integrar sus empresas militares, para hacerlas más grandes, innovadoras y competitivas, de manera que sean capaces de suministrar a sus ejércitos y no depender del producto Made in USA. Para alcanzar ese objetivo, el primer paso es fusionar las industrias nacionales, para luego ir a un proceso supranacional, como en otros sectores. Es el camino para preservar localmente los empleos en una industria puntera en tecnología de uso militar y civil, y mantener cierta autonomía.

Este contexto llevó al Gobierno a promover un campeón nacional de la industria militar alrededor de Indra, compañía cotizada en Bolsa y participada al 28% por el Estado, a través de la SEPI. Se trata de homologarse con los grandes países europeos. Alemania cuenta con Rheinmetall, fabricante de tanques, misiles, artillería y sistemas aéreos antimisiles. Italia, con Leonardo, más enfocado en industria aeronáutica, con aviones de entrenamiento y helicópteros, o satélites. Y Francia, cuenta con Thales, la más parecida a Indra, puesto que está más centrada en transformación y seguridad digital, así como aviónica, radares, satélites, simuladores o señalización.

Rheinmetall es una compañía privada, con un accionariado muy atomizado. En cambio, Leonardo y Thales están, al igual que Indra, participadas y controladas por el Estado, que cuenta con participaciones del 30% y del 26,6%. El caso francés es peculiar porque el Estado tiene un socio, Dassault Aviation, que tiene su misma participación; sin embargo, el primero tiene el 36,7% de los derechos de voto y el segundo el 29,9%. Es llamativo que el socio privado sea además relevante en medios de comunicación, ya que el Grupo Dassault es el dueño de Le Figaro, el principal periódico conservador de Francia. Esto rememora el caso de Amber Capital, principal accionista y gestor del Grupo Prisa, con un 29,9%, que además es socio clave de Indra, con un 7,24%.

Ahora bien, la diferencia de tamaño (facturación) y perspectivas (tecnología) de unas compañías y otras queda patente en su valor bursátil. La capitalización de Rheinmetall es de 55.000 millones de euros, la de Thales 47.000 millones, la de Leonardo 30.000 millones y la de Indra 9.200 millones. Por tanto, queda claro que la empresa española elegida para liderar la industria de defensa Made In Spain tiene mucho que recorrer para homologarse con sus vecinos.

El problema está en que el plan para levantar ese líder español está resultando un desastre, producto de una improvisación propia de aficionados. El Gobierno ha pretendido construir en Indra un accionariado estable y de confianza, a la vez que absorbe empresas del sector que completen su gama de productos militares. En esa dinámica, Indra absorbió la pública Hispasat; entró en el capital de la vasca ITP (9,5%), que fabrica y mantiene motores de aviación, y tomó la mayoría de Tess Defence, una alianza nacional para fabricar tanques, que avanza con dificultades, dado que sus socios son íntimos enemigos, (Indra/Escribano y General Dynamic). A la vez que montaban el puzzle industrial, repartían quesitos de capital a los socios industriales. La familia vasca Aperribay, dueña de SAPA, se hizo con el 7,9% de Indra y el 16,3% de Tess Defence y la familia Escribano llegó a sumar el 14,3% y el 16,3% de esas mismas compañías.

El error es que la casa se comenzó por el tejado, sin un plan estratégico bien trazado, y con los ministerios de Industria y Defensa de mera comparsa. El manejo del plan se hizo desde Moncloa, de la mano de Manuel de la Rocha Vázquez, director de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 en la Presidencia del Gobierno. Así las cosas, en enero del año pasado, al descabalgar a José María Álvarez-Pallete de la presidencia de Telefónica y colocar a Marc Murtra, quedaba vacante la presidencia de Indra y no se le ocurrió otra cosa que colocar a Ángel Escribano, que ya tenía a su hermano Javier en el consejo representando al paquete familiar. A partir de ahí, Indra ha ido de lío en lío, con cambios de presidente, consejero delegado (José Vicente de los Mozos está en la puerta) y directivos de todo ámbito.

Si el proceso se hubiera hecho con un diseño racional, Indra habría adquirido Escribano en 2023, para convertirla en la filial de mecánica, con los hermanos al frente. Indra se habría ahorrado mucho dinero y no habría estado parada más de un año tratando de justificar lo injustificable: que los Escribano podían ser comprador y vendedor de su propia empresa, una compañía engordada con contratos del Estado, que pagaba la fiesta y diluía su poder. Los hermanos Escribano han estado a punto de quedarse con el control y la gestión de una compañía que en 2022 facturaba 42 veces más que la suya. Hubiera sido un escándalo de dimensiones cósmicas.

De la Rocha, el impulsor oficial de la fusión Indra-Escribano se cayó del caballo y, en un giro de guion, promovió la destitución de Ángel Escribano al frente de Indra para colocar a Ángel Simón, que se encontraba en paro desde hace un año, cuando Isidro Fainé le despidió de CEO de CriteriaCaixa por exceso de celo. Es como si De la Rocha devolviera a Simón el favor que le hizo cuando le prestó los votos en Telefónica para ejecutar a Pallete.

Esta batalla tiene dos beneficiarios, los Escribano y JP Morgan, que han ingresado alrededor de 1.300 millones, con un beneficio y reparto que sólo saben ellos. Eso sí, los hermanos Escribano no se han visto en otra igual. A ver qué hacen con tanto dinero ganado rápido y fácil. Parece que la industria de defensa y los medios de comunicación maridan bien, pues hay pocos misiles con tanta puntería. Mientras, Indra y la industria española de defensa llevan dos años perdidos y Rheinmetall, Thales y Leonardo siguen alejándose.

Durante años, la industria de defensa fue poco menos que un tabú en Catalunya. Sin grandes fabricantes militares en el territorio, sin ninguna apuesta estratégica del Govern y con una opinión pública históricamente contraria al negocio, el sector apenas tenía presencia en la conversación pública. Esa realidad forma ya parte del pasado.

El nuevo ciclo inversor europeo en seguridad y defensa impulsado por la guerra en Ucrania y la llegada de Trump a la Casa Blanca ha cambiado profundamente el tablero. Ahora Gobierno, Generalitat, patronal y grandes compañías quieren situar a Catalunya en el mapa europeo de las tecnologías de doble uso, es decir, aquellas aplicaciones civiles que también pueden tener salida en el ámbito militar.

La ofensiva se está produciendo en varios frentes y con un objetivo común: aprovechar la potente base industrial y tecnológica catalana para captar parte de los miles de millones que Europa y el Estado prevén movilizar en los próximos años.

El pastel no es pequeño. El Gobierno ha desplegado un plan en el que prevé destinar unos 10.000 millones al sector (el 2% del PIB) y, según la patronal Foment, las compañías catalanas quieren arañar hasta el 20% de esos fondos. La Unión Europea (UE), a su vez, prevé aportar durante el próximo lustro 800.000 millones de euros entre subvenciones, flexibilidad fiscal y créditos.

“Hay que aprovechar la ola inversora y los recursos que habrá durante este ciclo, que no será corto”, apunta en conversación telefónica Roger Torrent, expresidente del Parlament, ex conseller de Empresa con ERC y una de las nuevas voces destacadas de la apuesta catalana por el sector de la defensa.

Torrent ha fundado recientemente una consultora para asesorar a empresas que quieran entrar en el negocio y, a su vez, ha ejercido de responsable técnico de un informe de la Cámara de Comercio de Barcelona que reivindica el potencial de la industria catalana en este sector.

La apuesta la resumió el pasado 4 de mayo José Vicente de los Mozos, el actual consejero delegado de Indra (participada en un 28% por el Estado). “Hay que cambiar la mentalidad del mundo del automóvil al mundo de la defensa”, afirmó en un acto en Sant Cugat del Vallès ante la presencia del conseller de empresa catalán, Miquel Sàmper. 

Sàmper fue más allá. Citó los expedientes de regulación de empleo en grandes centros de trabajo como Nestlé, Ficosa o Nissan y dibujó a la industria de defensa como una de las mejores opciones para “generar una transformación del mercado laboral actual” en Catalunya. 

Las escenas que muestran el cambio se suceden. Esta semana, Indra reunió en los Tinglados del Puerto de la capital catalana a más de 200 empresas del ecosistema catalán de defensa, seguridad y espacio para presentar su plan de expansión en Catalunya.

El grupo, presidido por Ángel Simón, anunció que prevé crear 1.500 empleos y elevar su facturación en el territorio hasta los 550 millones de euros en 2027. Actualmente, emplea a 3.500 personas en Catalunya y factura 366 millones de euros.

“Europa necesita una capacidad industrial sólida para garantizar la soberanía del continente, e Indra quiere ser líder”, aseguró Simón durante el acto. La empresa también avanzó nuevos centros de actividad en Catalunya y defendió el papel del territorio como futuro hub industrial vinculado a la defensa, la ciberseguridad y el espacio.

Apuesta estratégica de la Generalitat

El Govern es otro de los actores que rema a favor de esta apuesta y lleva meses preparando el terreno. A través de Acció, la agencia pública de promoción económica, la Generalitat ha empezado a formar a empresas catalanas interesadas en acceder a este mercado. 

El foco está puesto en sectores industriales ya consolidados —automoción, espacio, metalurgia, telecomunicaciones o software— que puedan desarrollar tecnologías de “uso dual”.

También el president de la Generalitat, Salvador Illa, respaldó públicamente esta estrategia en el acto de Indra. “Hay que explicar a la sociedad la importancia de la seguridad colectiva”, afirmó. Illa defendió, además, que la seguridad es “necesaria” para que exista el estado del bienestar y reivindicó el refuerzo de la “autonomía” de Europa “ante un mundo cada vez más polarizado”.

Según el mencionado informe de la Cámara de Comercio, las empresas catalanas con potencial en este ámbito ya generan unos 1.600 millones de euros anuales, pero podrían incrementar esa cifra en 1.000 millones y crear 10.000 empleos durante los próximos cinco años. El estudio identifica hasta 800 compañías con capacidad para integrarse en la llamada “cadena de valor de la defensa europea”.

Otro informe de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) elaborado por PwC, apunta que la contribución económica de las empresas vinculadas a defensa, seguridad, aeronáutica y espacio aumentó en 2024 un 13% y el empleo un 20% respecto al año anterior.

La industria del automóvil, en el punto de mira

Tal y como recomendó el consejero delegado de Indra, el automóvil aparece como uno de los sectores llamados a jugar un papel clave en esta reconversión.

Indra ya se ha aliado con Ficosa para desarrollar sistemas de visión y vigilancia para vehículos militares, mientras Seat ha iniciado conversaciones sobre la posible fabricación de vehículos militares ligeros en la planta de Martorell (Barcelona). 

“Es evidente que el know-how del sector de la automoción es muy interesante desde el punto de vista de la defensa”, abunda Torrent. “La combinación entre una industria competitiva y madura y esta capacidad tecnológica hacen de Catalunya un lugar donde puede haber mucho crecimiento”.

La patronal también se ha sumado abiertamente a la operación. Foment del Treball anunció en noviembre la creación de un nodo catalán de empresas estratégicas de defensa y seguridad con el objetivo de integrar a las pymes catalanas en los programas europeos de defensa. 

Foment, de hecho, trabaja ya junto al gigante español de la defensa Santa Bárbara Sistemas-General Dynamics para asesorar a pequeñas y medianas empresas catalanas interesadas en convertirse en proveedoras del sector. Según explicó la compañía, más de un centenar de empresas catalanas forman actualmente parte de su cadena de suministro.

“Catalunya puede aportar pymes, industria, investigación y talento a las cadenas europeas de seguridad, con retorno en innovación, empleo cualificado y soberanía tecnológica”, afirman desde esta entidad.

Detrás de este movimiento hay también una carrera por no quedar rezagados frente a otras comunidades autónomas. Madrid, Andalucía y País Vasco concentran actualmente el grueso de la industria española de defensa, y Catalunya aspira a hacerse un hueco como polo tecnológico especializado en usos duales.

Un sector polémico y poco rentable a nivel laboral

El debate político y social sobre esta reconversión está servido en Catalunya, donde la sociedad sigue dividida ante el aumento del gasto militar. Según una encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de 2025, un 26% de los catalanes considera que los países de la UE deben aumentar el gasto en defensa, un 36% cree que debería mantenerse y un 34% apuesta por reducirlo. 

La estrategia catalana evita, al menos por ahora, entrar de pleno en la fabricación de armamento pesado o munición a gran escala. La apuesta pasa más bien por áreas menos polémicas y con aplicaciones civiles claras: satélites, drones, ciberseguridad, comunicaciones, inteligencia artificial, sensores…

Según la investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Tica Font, el aumento en el gasto en defensa irá acompañado de recortes en otras partidas que jugarán en detrimento del Estado del Bienestar.

“Si haces ajustes presupuestarios debes sacar dinero de otros ministerios”, explica, y recuerda que el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, propuso disminuir el gasto en pensiones, sanidad y prestaciones sociales para lograr aumentar el gasto en defensa.

Font recuerda, además, que los puestos de trabajo que puede generar el sector por cada euro invertido son muchos menos que cuando se invierte en otros ámbitos. Recuerda que, según la Universidad de Brown (EEUU) y Greenpeace, un millón de euros en el sector de la defensa genera 6,9 puestos de trabajo, mientras que en la Sanidad supondría 19,2 empleos o 14,3 si se invirtiera en educación. 

La investigadora en comercio de armas destaca también la fuerte dependencia que tiene este sector de la administración pública. “Es una industria deficitaria del Estado”, señala por teléfono. “Solo produce e investiga bajo contrato con la administración, esto no ocurre con ninguna industria civil”, remacha.

Indra ha fichado a Ciril Rozman, exdirectivo de Aguas de Barcelona (Agbar) y de CriteriaCaixa, como director de asuntos públicos y de la oficina de presidencia, según ha informado la compañía en un comunicado este lunes.

Entre las funciones de Rozman se encuentra la gestión de asuntos corporativos o del ámbito de la gobernanza, reportando directamente al nuevo presidente de Indra, Ángel Simón, con el que ya trabajó anteriormente tanto en Agbar como en CriteriaCaixa.

Indra ha destacado que Rozman cuenta con más de 30 años de experiencia en grupos industriales y financieros “de gran complejidad y proyección internacional, con una sólida trayectoria en estrategia corporativa, gobierno corporativo y gestión de 'stakeholders'”.

“A lo largo de su carrera ha liderado funciones clave en comunicación corporativa, asuntos públicos y sostenibilidad, asegurando la coherencia entre el posicionamiento institucional y la estrategia empresarial”, ha detallado la firma, que ha añadido que, asimismo, el directivo ha desarrollado una “amplia trayectoria en entornos de alta exigencia institucional”, actuando como nexo entre la presidencia y los principales grupos de interés.

Más recientemente, ha desempeñado el cargo de director general de operaciones en CriteriaCaixa, tras una “larga trayectoria” en Agbar, donde ocupó posiciones de máxima responsabilidad como director general de estrategia para Iberia y Latinoamérica y consejero delegado en distintas geografías.

En el marco de esta nueva organización, la directora de relaciones institucionales, Cristina Poole, pasará a tener doble dependencia jerárquica del nuevo director de la oficina de presidencia y del director de la oficina del consejero delegado, Juan Ramón Hernández.

Además, la firma de defensa y tecnología ha informado de que el director general de marketing, gestión de marca y comunicación interna de Indra, Jesús Presa, asumirá a partir de este lunes la responsabilidad de la comunicación de Indra, consolidando todas ellas bajo su ámbito como miembro del comité de dirección de la empresa.

Cabe recordar que Presa proviene del sector del motor, en concreto de Renault España -donde desempeñó el cargo de director de comunicación-, trayectoria que comparte con el actual consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, quien fue presidente de la filial española del fabricante automovilístico.

De este modo, Rafael Moreno, que ostentaba hasta ahora el puesto de director de comunicación, y que fue fichado por al anterior presidente, Ángel Escribano, procedente de General Dynamics, pasará a depender de Presa, manteniendo su contribución dentro del equipo en la posición de director de comunicación de negocios.

Con estos cambios en la organización, Indra subraya que “continúa reforzando su modelo de gobierno y sus capacidades en comunicación e interlocución institucional”.

Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa de armamento de los hermanos Ángel y Javier Escribano, sale del accionariado de Indra con la venta de su 14,3% de la compañía española de tecnología y defensa, según ha avanzado Expansión y ha confirmado elDiario.es en fuentes del mercado.

EM&E era hasta ahora el primer accionista privado de Indra. A los precios de cierre de este martes, ese paquete está valorado en 1.320 millones de euros, con lo que los Escribano van a anotarse con la venta plusvalías estimadas en más de 900 millones. En enero, el paquete de los dos hermanos estaba valorado en 1.700 millones. Indra ha cerrado la sesión de este martes en 52,34 euros, con un alza cercana al 5%. A principios de marzo, sus acciones llegaron a superar los 64 euros.

Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los Escribano ya no figuran como accionista relevante de Indra tras la desinversión, realizada mediante una colocación acelerada. En esos registros del regulador, EM&E figura ya entre los accionistas de la cotizada que han dejado de ser relevantes, al pasar de ostentar un 14,3% del capital de la compañía de tecnología y defensa a un 0,00%, algo que habría notificado al supervisor hoy mismo. Tras trascender la salida de los Escribano, Indra ha informado a la CNMV a última hora de la tarde de la dimisión de Javier Escribano como consejero de la compañía en representación de EM&E, “tras haber transmitido dicho accionista la totalidad de su participación accionarial en el capital social de Indra”.

La operación puede suponer la antesala a la esperada fusión entre Indra y EM&E. Llega tres años después de la entrada de los dos hermanos en Indra, y tras la dimisión, el pasado 1 de abril, de Ángel Escribano (hermano de Javier) como presidente ejecutivo de la tecnológica, tras poco más de un año en el cargo.

Ángel Escribano fue sustituido (aunque sin funciones ejecutivas) por Ángel Simón, exconsejero delegado de CriteriaCaixa. Dimitió al frente de Indra tras expresar reservas la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), primer accionista de la cotizada con un 28%, sobre el “conflicto de interés” que implicaba la absorción de EM&E que Indra llevaba meses estudiando.

Esta operación había sido inicialmente alentada por Moncloa, con el objetivo de crear un gran campeón nacional de la defensa en pleno boom de este sector. EM&E aportaría a Indra el músculo industrial necesario para hacer frente a una cartera de pedidos de 20.000 millones de euros.

La salida de los Escribano del capital de Indra implicará también la marcha de la familia del consejo de administración de la cotizada, en la que todavía conservaban un vocal, con derecho a nombrar un segundo representante. Con la venta de sus acciones en Indra, la operación de integración de EM&E podría retomarse, una vez despejado el conflicto de interés que llevó a la SEPI a expresar sus dudas sobre la integración de la empresa familiar de los Escribano el pasado 18 de marzo.

El pasado jueves, en la presentación de los resultados trimestrales de Indra, su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, recordó que fueron los hermanos Escribano los que se retiraron del proceso y aseguró que Indra está abierta a estudiar de nuevo la posible operación, en caso de que desde EM&E se decidiera retomar de nuevo la negociación, algo que es muy previsible, y más cuando ese conflicto de interés ha quedado ventilado.

En total, EM&E, a través de un préstamo concedido por JPMorgan, invirtió más de 380 millones en alcanzar ese 14,3% que ahora han vendido con plusvalías multimillonarias. A través de su sociedad Advanced Engineering & Manufacturing, los Escribano entraron en el capital de Indra en mayo de 2023 con un 3% inicial valorado entonces en unos 65 millones.

En noviembre de 2023, subieron hasta un 8% por unos 126 millones adicionales, con el derecho a nombrar a un consejero. Y en diciembre de 2024, pasaron del 8% al 14,3%, con una inversión vinculada de unos 190 millones. Un mes después, y tras la marcha a Telefónica del hasta entonces presidente de Indra, Marc Murtra, Ángel Escribano se convirtió en presidente de la tecnológica.

Ahora, uno de los flecos que queda por despejar cuál es la valoración que Indra otorga a la empresa de los Escribano, que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años al calor de las adjudicaciones del Ministerio de Defensa.

Según Expansión, el consejo de Indra llegó a estudiar el pasado marzo lanzar una oferta (que no se llegó a realizar) por EM&E por 2.300 millones, después de que el CEO de Indra iniciase los contactos con Javier Escribano, presidente de EM&E, y a raíz de las valoraciones tanto de Indra como de EM&E por parte de los asesores de las diferentes partes.

El consejero delegado de Indra, José Vicente De los Mozos, ha dejado este jueves la puerta abierta a la posible fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la firma familiar de los hermanos Javier y Ángel Escribano, este último presidente de Indra hasta el pasado 2 de abril, y ha puesto la pelota en el tejado de esta compañía, también accionista de Indra con un 14,3% del capital.

“El día que ellos tomen la decisión, pues la estudiaremos”, ha afirmado durante la 'conference call' con inversores que ha celebrado la firma con motivo de la presentación de resultados del primer trimestre.

Preguntado por esta operación, que se paralizó en marzo después de que EM&E decidiese desistir de la misma por el “conflicto de interés” denunciado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el máximo directivo de Indra ha explicado la secuencia de los hechos.

“Los que han retirado la operación han sido los Escribano, entonces, cuando entre dos empresas está una negociación y uno se retira y dice que no quiere, que en este momento no se dan las circunstancias, yo lo único que puedo decir es nada, es esperar”, ha declarado. Así, ha señalado que en la actualidad, con la negativa de EM&E sobre la mesa, él “no tiene nada que decir”.

“A día de hoy, si ellos han considerado que no era el momento, yo no tengo nada que decir y respeto su decisión”, ha zanjado.

Cuestionado por los posibles movimientos en fusiones y adquisiciones ha asegurado que “hay compras y ventas”. “El tamaño lo iremos viendo”, y ha hecho un paralelismo con la caza.

“Esto es como cuando vas a cazar. Si te aparece un buen animal de caza mayor, no lo vamos a dejar desaprovechar, pero hasta que no sales a cazar y no ves la caza, pues no sabes al final si te vuelves con nada, con dos perdices o con algo de caza mayor”, ha explicado.

El directivo ha enmarcado estos movimientos en la hoja de ruta de la compañía. “Sabemos dónde tenemos que ir, sabemos la dirección y, repito, no es un tema de comprar por comprar”, ha incidido, detallando que las posibles adquisiciones deben “proporcionar capacidades que no tienen, sinergias que puedan eficientar el negocio o abrir nuevos mercados”.

De los Mozos ha comunicado que “no descarta alguna alianza con alguna otra empresa en algún sector que pueda posicionar a Indra como referente en ese sector”. “Todo esto es un tema que está abierto y depende de las oportunidades que vayamos encontrando”.

El grupo obtuvo un beneficio neto de 76,1 millones de euros en el primer trimestre, un 28,4% más, como consecuencia de la mejora operativa y tras crecer en ingresos, especialmente en el área de Espacio y Defensa.

Indra facturó 1.334 millones, un 14,6% más, en un trimestre en el que la compañía ha cambiado de presidente, con el nombramiento de Ángel Simón, y ha suspendido el análisis de esa posible operación con EM&E.

La compañía ha reiterado todos sus objetivos financieros para 2026: más de 7.000 millones en ingresos en moneda local, un ebit mayor que 700 millones y más de 375 millones de flujo de caja libre.

La facturación en el primer trimestre del año creció en todas las divisiones de Indra, especialmente Espacio (89 millones, un 393% más), tras las adquisiciones de Hispasat e Hisdesat; seguidas de Defensa con un 32,5% (275 millones); y Tráfico Aéreo (138 millones), un 17,2%.

Movilidad (80 millones) y Minsait (752 millones), el principal negocio de Indra, crecieron un 1,2% y un 1,3%, respectivamente.

El 21% de los ingresos del grupo, cuyo mayor accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 28%, y con el que el Gobierno quiere armar un gran campeón de defensa, provienen ya de este área.

El 56% del negocio de Indra proviene de su división tecnológica de Minsait, el 21% de Defensa, el 10% de Tráfico Aéreo, el 7% del Espacio y el 6% de Movilidad.

En el área de Defensa, sus ingresos crecieron tanto en España como en Asia Oriente, Medio y África, apoyados sobre todo en la mayor actividad en Programas Especiales de Modernización, Sistemas Terrestres y el área de Vehículos Terrestres, además del avance en Sistemas Navales.

El programa Eurofighter, un proyecto de colaboración europea (Alemania, Reino Unido, Italia, España), mantuvo una evolución positiva, mientras que el Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS) presentó un descenso frente al comparable del año anterior.

Más de 20.000 millones en pedidos impulsados por Defensa

En cuanto a la cartera de pedidos en el primer trimestre alcanzó los 20.334 millones, tras creer un 154,1% impulsada principalmente por su área de Defensa (con 11.402 millones, un 279% más que el año pasado) y por la de Espacio, tras las contribución especialmente de Hispasat y que se situó en 2.868 millones frente a los 198 millones de 2025.

Mientras, la contratación neta creció un 55,8 %, hasta los 2.856 millones.

Su flujo de caja Libre se situó en 1.444 millones, frente a los 77 millones del año pasado, principalmente impulsado por los anticipos recibidos para los Programas Especiales de Modernización (PEM).

Con respecto a la deuda neta, el grupo ha terminado en marzo de 2026 con una posición positiva de caja neta, de 855 millones frente a los 129 millones en 2025.

Más de la mitad de los ingresos de Indra, un 53% provienen de España, un 21% de América; un 18% del resto de Europa; y un 8% de Asia, Oriente Medio y África.

La plantilla final a cierre de marzo de 2026 estaba formada por 62.689 empleados, lo que ha supuesto un incremento del 3% en marzo de 2025.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un informe pericial ante el juzgado de Juan Carlos Peinado que trata de respaldar el modelo de cátedra como el que la mujer del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense. Así, el informe concluye que el 75% de los programas codirigidos en ese centro cuentan con la participación de una persona externa y que eso “resulta plenamente coherente con la naturaleza de estas enseñanzas y con la normativa que las regula”. 

El informe, que ha sido elaborado por el catedrático Antonio Manuel López Hernández, afirma que en las aulas y cátedras extraordinarias “es habitual que participen profesionales no vinculados a la Universidad pero que tienen experiencia en el sector que constituye el objeto de su actividad, ocupando la contraparte privada en la alianza”. De hecho, afirma que en 12 de las cincuenta cátedras extraordinarias actualmente existentes en la Complutense una de las personas que figura como codirectora no mantiene vinculación contractual con la Universidad, lo que permite entender que se trata de profesionales procedentes de otras instituciones públicas o privadas. 

El juez Peinado sostiene la tesis de que Begoña Gómez utilizó la cátedra extraordinaria para lucrarse, hacer contactos y proyectar su carrera profesional. El informe confronta esa idea al concluir que la dirección de estas cátedras “nunca se constituyen como un cauce para la mejora de la carrera profesional”. El perito define esta labor como una actividad “sustancialmente altruista”, cuyo objetivo es aportar experiencia a la sociedad, y recalca que la dirección de estos estudios “no está normalmente retribuida”. 

“No tendría ningún sentido pensar que una cátedra de esta naturaleza como, por ejemplo, la cátedra Inditex de la Universidad de A Coruña, se ha constituido para favorecer la carrera profesional del presidente de esa sociedad o que una de las cátedras extraordinarias de la Complutense financiada por la ONCE se crease para fortalecer el currículum profesional del presidente de esa organización”, subraya el informe. 

En el caso de Begoña Gómez, al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro. Además, nunca cobró por la codirección de la cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como han acreditado diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en el auto en el que propone sentarla en el banquillo que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

El informe también rebate la acusación de que Begoña Gómez se apropió para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra. La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros. Además, Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros) sufragaron un software ligado a la cátedra. 

A este respecto, el informe pericial subraya que la administración y gestión de los fondos económicos que aportan las empresas no recae en los directores privados, sino “exclusivamente a las unidades administrativas de la propia Universidad”. En concreto, a las Gerencias y Unidades de Asuntos Económicos de las Facultades, Centros o Institutos a los que se adscriben las cátedras. “La gestión económica se realiza de acuerdo con la normativa financiera de la Universidad y bajo la supervisión de sus órganos competentes”, añade el documento. 

En su último auto, el juez sostiene que esa captación de fondos privados no respondía a una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino que podría ser la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías.

Sobre esta cuestión, el informe contextualiza que las cátedras son, por definición, un modelo de “colaboración público-privada” pensado para atraer financiación externa. Y subraya que es habitual que la persona vinculada al ámbito privado sea quien articula la relación con los patrocinadores, capta los recursos y contribuye al diseño de los contenidos y líneas de actuación de la cátedra, mientras que la Universidad, a través de la figura del codirector o de los órganos académicos correspondientes, “asume la función pública, garantizando el control institucional, la adecuación académica de las actividades y la correcta gestión de los recursos conforme a la normativa universitaria”. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha denegado la medida cautelar solicitada por Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, para que se suspendiera la asignación a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) como beneficiarias de dos préstamos para programas especiales de modernización (PEM) de armamento por importe de 3.000 millones de euros, que se enmarcan en contratos por valor total de 7.240 millones de euros.

La petición pretendía la suspensión cautelar de los préstamos y de todos aquellos preceptos relacionados con la concesión de estos préstamos, así como la suspensión de todos los procedimientos y actos administrativos subsiguientes, mientras se resuelve el fondo del recurso que Santa Bárbara tiene planteado contra los mismos, informa Europa Press.

Entre otros argumentos, la Sala basa el rechazo a la medida cautelar en que los perjuicios alegados por Santa Bárbara Sistemas “no pasan de ser una mera alegación carente de prueba que lo avale, sin que resulte acreditado que la ejecución del Real Decreto y los préstamos que se impugnan le pueda ocasionar perjuicios inminentes, ni menos aún que estos sean de difícil o imposible reparación”.

“El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que sea suficiente una mera invocación genérica”, ha añadido el alto tribunal.

Argumenta que no ha quedado acreditado que la continuidad de la empresa, su posición actual en el mercado o los puestos actuales de trabajo puedan verse afectados por la concesión de estos préstamos a las empresas competidoras.

Destaca que Santa Bárbara, en abril del año 2000, fue adquirida por General Dynamics Corporation, convirtiéndose en una filial de la multinacional estadounidense, que es una de las empresas “líderes mundiales” en la fabricación y diseño en el sector de la defensa, “por lo que difícilmente su continuidad como empresa o los actuales puestos de trabajo pueden entenderse comprometidos por no ser beneficiaria de los préstamos cuestionados”.

“Sin olvidar que Santa Bárbara es adjudicataria de otros préstamos en España para el desarrollo de otros programas diferentes (Programa Actualización Vehículos Pizarro) por importe de 176 millones”, ha indicado.

Relevante interés público

Asimismo, la Sala rechaza la alegación de Santa Bárbara que alude a que los perjuicios sobre el interés público y a la propia empresa son “significativamente mayores” que los posibles inconvenientes que la suspensión cautelar podría generar para Indra y EM&E.

En su auto, el tribunal explica que existe un “relevante interés público” en desarrollar programas de armamento para la modernización de la defensa nacional y al mismo tiempo constituye una estrategia nacional y de la Unión Europea (UE) aminorar la dependencia en el abastecimiento exterior de suministros estratégicos y la puesta en marcha de industrias estratégicas que permitan una capacidad de defensa autónoma y el fortalecimiento de la industria nacional.

“Y ese interés público, enmarcado en el contexto de una política de seguridad y defensa común de la UE que establece el compromiso de los Estados miembros a mejorar progresivamente sus capacidades militares, exige el desarrollo de determinados programas de modernización cuya financiación constituye el objeto de este recurso y cuya paralización generaría perjuicios importantes para la puesta en marcha de estos programas y consiguientemente para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en el contexto de la UE”, subrayan los magistrados.

Considera que la suspensión cautelar de más de 3.000 millones de euros de financiación pública, correspondientes a los PEM, “no produciría un mero aplazamiento neutro de la inversión, sino una alteración sustancial de la planificación militar, industrial y presupuestaria, con efectos acumulativos difícilmente reversibles”.

“La adopción de la medida cautelar comprometería de forma directa e inmediata la modernización de capacidades militares críticas, el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por España y la estabilidad de un sector industrial estratégico”, subraya.

Además, señala que frente a ese relevante interés público en la ejecución de los préstamos “no se aprecian perjuicios irreparables para la empresa recurrente, pues si bien la financiación de las compañías competidoras le genera la pérdida de la expectativa de ser el destinatario de esta financiación, ese interés privado ni puede prevalecer sobre el interés público descrito ni superponerse al interés privado de las empresas beneficiarias, que resulta igualmente digno de protección”.

De este modo, la Sala concluye que no procede apreciar los requisitos necesarios para aplicar la doctrina del 'fumus bonis iuris' y, en consecuencia, suspender la inmediata ejecutividad del Real Decreto impugnado.

El nuevo presidente no ejecutivo de Indra, Ángel Simón, y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, han convocado a la plantilla este miércoles para compartir “el punto de situación” de la compañía, en un contexto en el que se especula con la posibilidad de que se retome la operación con Escribano Mechanical and Engineering (EM&E).

El encuentro llega dos semanas después del relevo de Ángel Escribano, copropietario de EM&E y accionista de Indra, como presidente de esta empresa cotizada cuyo mayor accionista (28%) es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Simón y De los Mozos han organizado este primer encuentro que servirá de una primera toma de contacto con los más de 62.000 trabajadores de la compañía, que tendrán la oportunidad de resolver sus dudas.

A esta cita, que se celebrará a las 17.00 horas, están convocados de forma presencial los directivos de la compañía, además de algún miembro de los sindicatos, en un encuentro que se celebrará en la sede de la tecnológica en Madrid, según han informado a EFE este martes fuentes conocedoras. La plantilla podrá seguir la intervención de ambos dirigentes de forma online en directo.

La convocatoria se ha hecho por correo electrónico y en éste únicamente se especifica que servirá para “compartir el punto de situación de la compañía” y que próximamente se les enviará el enlace correspondiente.

Fuentes sindicales han dicho a EFE que se prevé que Simón les adelante las líneas de su mandato, que se espera que siga en la misma línea que el anterior, dado que existe un plan estratégico, que fue elaborado por el consejero delegado de Indra, que actualmente es el primer ejecutivo. Tras la dimisión de Ángel Escribano, la representación del sindicato CCOO en Indra hizo público su “desacuerdo con el modelo y las formas de gestión aplicadas en nuestra empresa, las cuales, una vez más han provocado, la salida del presidente de Indra”. “Basta ya de jugar con el futuro de la plantilla”, señaló CCOO.

Operación con EM&E

Fuentes sindicales consideran que se debe retomar la operación con EM&E, dado que la actividad de esta compañía, propiedad de Ángel Escribano y su hermano Javier Escribano, viene a complementar la actividad que realiza la multinacional española, que aunque obtiene la mayoría de sus ingresos de su división Minsait está orientado sus pasos en convertirse en un líder nacional en defensa.

La fusión con la empresa de los Escribano se interrumpió después de que la SEPI pidiera resolver “el conflicto de interés” que existía con la misma, teniendo en cuenta que Ángel Escribano era presidente de Indra y, a su vez, propietario de la compañía que preveían adquirir.

Primeramente, este conflicto de interés los Escribano lo afrontaron comunicando al consejo de administración que renunciaban a la operación prevista, porque no se daban la condiciones para ello. Posteriormente, Ángel Escribano renunció a la presidencia de Indra. Su hermano, Javier, continúa como consejero dominical.

La Junta de Accionistas que se celebrará en junio deberá aprobar el nombramiento de Ángel Simón como presidente, sin funciones ejecutivas.

De la plantilla de Indra, el 60%, 37.405 empleados, trabaja en España; el 30% en América, 19.002; el 6% en Europa, 3.837; y Asia, Oriente Medio & África, 2.152, un 4%.

Telefónica e Indra exploran emprender una alianza estratégica en ciberseguridad e Inteligencia Artificial, abierta a nuevos socios, con el fin de poder pujar por los próximos contratos relacionados en Defensa, según publica Expansión este jueves y ha confirmado EFE. El objetivo principal de esta eventual alianza, de materializarse, serán los nuevos Programas Especial de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa valorados en miles de millones. La colaboración aún no se ha materializado en una sociedad conjunta ni en proyectos concretos.

Indra y Telefónica son dos empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con más de un 28% y un 10%, respectivamente. Según Expansión, esta iniciativa tiene el visto bueno del Ejecutivo en su objetivo de contar con una plataforma digital soberana, autónoma y segura en materia de datos, ciberseguridad, ciberdefensa e IA en España.

La idea pasa por poner en marcha una suerte de consorcio estatal nacional, al estilo Tess Defence, el consorcio español de empresas de defensa creado para desarrollar y fabricar el vehículo blindado 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra. Su objetivo sería desarrollar iniciativas nacionales en materia de ciberseguridad, ciberdefensa e IA y que garantice la protección de activos, datos y comunicaciones estratégicas, pero también le permita anticipar y mejorar la toma de decisiones críticas sobre la base de una IA soberana.

Tess Defence contaba con cuatro socios (Indra, Santa Bárbara, Escribano Mechanical & Engineering y Sapa) con una participación equivalente, hasta que el año pasado Indra se hizo con la mayoría.

En caso de que siga adelante el proyecto, se prevé que Indra aporte las capacidades de su recién estrenada plataforma IndraMind, a través de la que concentra su experiencia en IA, ciberdefensa y ciberseguridad. Del lado de Telefónica, se pretende que la aportación llegue de la mano de infraestructuras de comunicaciones y tecnología propia.

Telefónica e Indra no han querido hacer comentarios al respecto, tras ser preguntados por EFE.

Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) han retomado las negociaciones de la posible operación de integración de la firma familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano en la empresa de defensa y tecnología española, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras.

Estas mismas fuentes indicaron previamente que EM&E “está dispuesta a hablar” sobre la continuidad del proceso, al tiempo que Indra mantenía abierta esta opción.

EM&E renunció a la mencionada operación ante las presiones del Gobierno, que alegaba, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --el mayor accionista de Indra con un 28%--, un “conflicto de interés” por la relación del entonces presidente de Indra, Ángel Escribano, con EM&E, su empresa familiar. Ahora, con la salida del ejecutivo de Indra, la operación parecería estar de nuevo sobre la mesa.

Respecto al aterrizaje del nuevo presidente no ejecutivo de la compañía, Ángel Simón, dichas fuentes señalan que ya se ha reunido con el equipo directivo en lo que está siendo su “primera toma de contacto” con el personal de Indra.

Así, en un futuro próximo se definirán sus siguientes movimientos o si presidirá las comisiones delegada ejecutiva y de estrategia. Más adelante se presume que mantendrá contacto con los empleados de la multinacional.

Cabe recordar que a la llegada de Ángel Escribano al puesto, aunque con funciones ejecutivas, hace algo más de un año, este envió un vídeo presentándose a los trabajadores de la empresa.

Una vez consumado el cierre tecnocrático con el ascenso del teco Carlos Cuerpo a la vicepresidencia primera, el gobierno continúa moviendo ficha en la batalla accionarial para el control de empresas del Ibex-35. De algunas de estas partió, por una parte, un mensaje en 2015 que muchos interpretamos como un cordón sanitario contra el presidente Pedro Sánchez; y, por otra, fondos que financian a los medios que han pintado una caricatura autocrática del jefe del ejecutivo. 

Indra no es una batalla menor: es una de las grandes empresas españolas de tecnología relacionada con el armamento y la seguridad. Privatizada en los años 90, el Estado volvió a su capital cuando el gobierno de Mariano Rajoy nacionalizó Bankia. Con Sánchez, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha ampliado su presencia a una cifra en torno al 28%.  

La noticia más reciente es la dimisión de Ángel Escribano, empresario que había ascendido a presidente de la compañía una vez marchado su directivo Marc Murtra para Telefónica. Concesionario de numerosos contratos estatales, Escribano es propietario de una empresa familiar también accionista de Indra, lo que, en vista del conflicto de intereses latente, ha terminado con su proyección al frente de este gigante. 

Su sucesor es Ángel Simón, afín en el pasado al partido socialista catalán, como también lo es Maurici Lucena, presidente de Aena, Murtra, de Telefónica, o Joan Clos, antiguo mentor de Murtra, que ocupa en la actualidad la presidencia de la patronal inmobiliaria Asval. Simón viene del holding financiero CriteriaCaixa, que gestiona participaciones relevantes en empresas como Naturgy, Telefónica o CaixaBank, donde el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca (FROB), estaba presente en un 18% a finales de 2025. Allí Simón chocó con el factótum de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé.  

La llegada de Ángel Simón a Indra se produce en un momento en el que el ambiente bélico internacional y la extorsión verbal del presidente norteamericano hacen previsibles inversiones millonarias armamentísticas que colocan a Indra en el centro de la economía pública y privada. Este papel estatal comienza a recordar a los consensos socialdemócratas que juzgaban desaconsejable dejar en manos de corporaciones privadas los sectores estratégicos. 

Pero subyace, además, la continua pugna de un gobierno en minoría que no ha querido entregar la cuchara en ese otro ámbito del poder que es el de la gran corporación. Con su presencia relevante en Telefónica, el ejecutivo cuenta con resortes mediáticos que estuvieron en manos del Partido Popular durante treinta años; su influencia en Movistar y en RTVE es sobresaliente; el rechazo del principal accionista de PRISA, el armenio francés Joseph Oughourlian, al plan gubernamental de lanzar una televisión privada con su apoyo corre paralelo al refrendo de este, también presidente del fondo Amber, a las pasadas decisiones de Escribano en Indra. Con la caída de este último no solo llega, por tanto, una presidencia mejor vista por el Gobierno, sino, además, una respuesta contundente al levantisco gestor de uno de los principales grupos editoriales en España. 

La batalla continúa y, por fin, podemos verla en su dimensión más amplia: la que abarca también al mundo de la gran empresa. Será clave conocer los próximos planes de Indra y las decisiones corporativas del nuevo presidente. El Gobierno español continúa haciendo de la necesidad virtud y entendiendo, con razón, que la política en un mundo de corporaciones hegemónicas y con una visión privada del país ha de extenderse más allá de esa difusa separación entre público y privado. Una línea divisoria que, a juzgar por el flujo de puertas giratorias y relaciones clientelares, nadie se ha tomado nunca demasiado en serio. Va siendo hora de hablar de ello en una voz algo más alta.

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Andrés Villena acaba de publicar 'Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939' (Libros del KO)

Ángel Simón asume la presidencia de Indra en un momento de transición delicada, marcado por la salida de Ángel Escribano y por la necesidad de estabilizar una compañía sometida a insostenibles tensiones internas y a una fuerte exposición política. El de Simón era uno de los nombres que sonaban con más fuerza en los mentideros financieros del poder. Próximo al socialismo –ha sido propuesto por el Gobierno a través de la La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es el principal accionista con el 28% del capital–, su elección apunta a un perfil con capacidad ejecutiva y experiencia en grandes estructuras corporativas, pero también introduce un elemento de incertidumbre sobre el estilo de liderazgo que imprimirá en una empresa donde el equilibrio entre lo industrial y lo institucional es especialmente frágil.

Con una trayectoria consolidada en la gestión de grandes grupos, como CriteriaCaixa y Veolia (antes en Grupo Agbar y en Suez), Simón no responde al arquetipo del directivo de bajo perfil. Su paso más reciente por CriteriaCaixa, el brazo inversor de Fundación La Caixa, terminó de forma abrupta tras un conflicto con Isidro Fainé que evidenció diferencias tanto estratégicas como de gobernanza. Ese episodio, aunque no define por completo su carrera, sí ofrece una pista sobre su manera de entender el poder empresarial: mayor autonomía en la toma de decisiones y una clara vocación de imprimir dirección propia a las organizaciones que lidera.

Este enfoque puede ser tanto una fortaleza como un riesgo en Indra, tal y como hemos visto con Escribano. La compañía necesita liderazgo para ordenar su estrategia en sectores clave como defensa, tecnología y digitalización, en un contexto europeo de rearme industrial y creciente competencia. Pero al mismo tiempo, su estructura accionarial —con presencia del Estado y otros actores relevantes— exige una gestión especialmente cuidadosa de los equilibrios internos. La capacidad de Simón para moverse en ese terreno será determinante.

También lo será la relación con el –por el momento– consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, también con un marcado estilo de liderazgo. El mandato de De los Mozos, que llegó a Indra en 2023 tras una trayectoria de cuatro décadas en Renault,  vence este mes de junio, cuando se celebre la próxima junta de accionistas, aún sin fecha. Algunas fuentes apuntan que había trasladado al consejo su voluntad de no continuar por la tensión con Escribano.

Pero ahora la fotografía es otra. Y sus condiciones salariales también. En el último consejo de administración ordinario, celebrado el 25 de marzo, Indra elevó un 55% el sueldo de De los Mozos, hasta los 4,9 millones de euros, con el objetivo de asegurar su continuidad hasta 2029. Resuelto el lío en la presidencia, el foco apunta ahora a la posición de CEO. Por el desgaste del actual y porque a Simón le gusta rodearse de directivos de su máxima confianza, como hizo en Criteria. Que el nuevo presidente no tenga funciones ejecutivas –a diferencia de su predecesor– facilitará la cohabitación.

Otra incógnita, mucho más relevante, es ver si, ya sin Ángel Escribano en la cúspide de la compañía, Indra recupera el proyecto de adquirir –y por cuánto, ¿formará parte del pacto entre Escribano y Moncloa para que haya acabado dimitiendo?– su empresa familiar, EM&E, que es lo que ha generado el conflicto de interés que ha desencadenado la convulsa crisis de gobernanza en la compañía semipública.

En términos económicos y de proyecto industrial, el reto de Simón es claro: acelerar la estrategia llevada a cabo hasta la fecha para convertirse en el “campeón nacional” de defensa en España y recuperar credibilidad ante los inversores. El ejecutivo catalán (Manresa, 1957) llega con el mandato implícito de convertir esa expectativa en resultados medibles, algo que no siempre ha sido sencillo en etapas anteriores.

El nombramiento de Simón abre una etapa en la que se espera menos ruido y más dirección, pero no necesariamente menos tensión. El mercado le concederá un margen inicial, aunque condicionado por su historial reciente y por la complejidad del entorno en el que aterriza. En Indra, como en CriteriaCaixa, la cuestión no será solo qué decisiones toma, sino cómo y con quién las toma.

Después de catorce meses en el cargo, el hasta ahora presidente de Indra Sistemas, Ángel Escribano, ha dimitido tras un consejo extraordinario de la compañía pese a sus reticencias iniciales y tras pedir la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que resolviera su conflicto de interés.

La SEPI, la sociedad inversora del Estado, pidió que se solucionara el conflicto de interés existente en la operación que negociaban Indra y EM&E, empresa propiedad a partes iguales de Ángel Escribano y de su hermano Javier, también consejero dominical de Indra. Indra y EM&E se encontraban en conversaciones para una operación de fusión, con el objetivo último de crear un gran campeón nacional en el ámbito de la Defensa, en un momento de auge en las inversiones militares.

Madrileño y nacido el 31 de julio de 1971, llegó en enero de 2025 a la presidencia de Indra en sustitución de Marc Murtra. Quienes le conocen le describen como un empresario cercano, campechano y, sobre todo, determinado. Sin formación universitaria, pero con conocimientos técnicos en procesos de mecanizado de alta precisión, Escribano cuenta con una trayectoria empresarial poco habitual.

Su andadura comenzó en un pequeño taller familiar de mecanización de tornos en Coslada (Madrid), fundado por su padre, donde trabajaba junto a su hermano Javier. En 1989 cofundó Mecanizados Escribano, actualmente EM&E Group, empresa de la que ha sido presidente hasta 2025 y que es un referente en el sector de la defensa y la seguridad.

Junto a su hermano, impulsó la transformación de este taller en un grupo con presencia nacional e internacional en el ámbito de la defensa.

La compañía pasó de fabricar piezas mecánicas bajo especificación de terceros a diseñar, desarrollar y fabricar sistemas complejos, como estaciones de armas de control remoto, sistemas electroópticos y kits de munición guiada. El grupo cuenta con más de 1.300 empleados y una cifra de negocio superior a los 355 millones de euros, según datos de 2024.

Relevó a Marc Murtra tras su salida a Telefónica

Su empresa, EM&E, afloró un 3% de participación del capital en Indra en mayo de 2023; porcentaje que elevó al 8% en abril del año siguiente, y a 14,3% ese mismo año.

En enero de 2025 fue elegido presidente de Indra tras la salida de José María Álvarez-Pallete de la Presidencia de Telefónica, después de que se lo pidieran los accionistas de referencia y fue sustituido por Marc Murtra, que entonces era presidente de Indra.

Escribano, que relevó en el cargo a Marc Murtra, defendía entre sus allegados que no pensaba dimitir y que su situación no era equiparable a la de José María Álvarez-Pallete, ya que él era propietario del 14,3% a diferencia de Pallete que era un gestor.

Su salida se produce en un momento clave para la compañía, en pleno refuerzo de su posición en el sector de defensa y después de incrementar el valor de la acción de la tecnológica en una estrategia que pasaba por fortalecer la compañía en el área de defensa y lanzarse a la fabricación de productos.

El presidente de Indra, Ángel Escribano, presentará esta tarde su dimisión de todos sus cargos en la compañía en un consejo extraordinario que celebrará la empresa este miércoles.

Así, tal y como han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press y ha adelantado el diario 'La Razón', este consejo tendrá lugar este miércoles a las cinco de la tarde para abordar el mencionado asunto.

Esta decisión de Escribano llega tras semanas de presiones del Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que dejase el puesto de máxima responsabilidad de la firma de tecnología y defensa.

Esta decisión ha provocado la caída de los títulos de Indra, que se apuntan un paso atrás de más del 5% a la espera del consejo de administración extraordinario.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha rechazado el recurso de reposición interpuesto por Podemos contra la declaración como prioritario del proyecto industrial de Indra para la Comunidad, que incluye la fabricación de drones militares en colaboración con una empresa emiratí, y ratifica la continuidad de la tramitación por interés público.

Según ha informado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo del Gobierno, se ha desestimado la solicitud de Podemos que pedía la nulidad y suspensión del acuerdo, y alegaba posibles efectos irreversibles sobre la seguridad y los derechos humanos.

La decisión se ha tomado sobre la base de un informe técnico que señala que la solicitud de Podemos no se fundamenta en ninguna de las causas de nulidad previstas en la Ley, ni tampoco concreta los posibles perjuicios de imposible o difícil reparación.

Por ese motivo, la Junta de Castilla y León “ha optado por proteger el interés público y mantener la celeridad en la tramitación del plan industrial, denegando la solicitud planteada”, ha indicado el Gobierno autonómico.

Con un acuerdo publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad el pasado 9 de marzo, la Junta declaraba como proyecto industrial prioritario el plan estratégico de crecimiento de la empresa tecnológica Indra para el periodo 2026-2027 en Villadángos del Páramo (León) y Valladolid.

La iniciativa, que incluye la fabricación de drones militares en colaboración con la empresa emiratí EDGE, creada en 2019 por el gobierno de Abu Dabi, contempla una inversión de 41,5 millones de euros y la creación de más de 300 empleos directos.

Ángel Escribano se mantiene en la presidencia de Indra tras la celebración de la reunión de su consejo de administración este miércoles por la tarde.

Tal y como han asegurado fuentes conocedoras de la situación a Europa Press, esta cita, la primera después de que Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), propiedad de los hermanos Escribano, renunciase a la operación de integración con Indra, se ha saldado sin cambios en la cúpula de la empresa española, a pesar de las presiones del Gobierno en las últimas semanas para resolver el conflicto de interés derivado de la potencial operación.

Según dichas fuentes, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), principal accionista de Indra con un 28% del capital, no habría promovido en la reunión del máximo órgano de gobierno ningún movimiento en relación con el directivo ante las repercusiones que las noticias de esta índole están teniendo los títulos de Indra en Bolsa, que acumulan un retroceso de casi el 26% desde que el pasado 4 de marzo alcanzase su máximo de 64,5 euros.

Las referidas fuentes señalan que el Gobierno podría dejar “para más adelante” los posibles cambios en la cúpula de la multinacional, cuando la situación esté “algo más calmada”, con el objetivo de evitar una caída aún mayor del precio de las acciones, que reaccionan con caídas cuando surgen rumores sobre una eventual salida de Ángel Escribano de la presidencia.

Aunque la cuestión de la presidencia de Escribano no figuraba en el orden del día, todo apuntaba a que en esta cita podía haberse abordado la cuestión, algo que finalmente no ha sucedido, lo que algunas fuentes interpretan como un apoyo tácito por una parte significativa del consejo de administración al actual presidente.

Así, con su continuidad como presidente, se entiende que Escribano sigue contando con el apoyo del bloque de consejeros independientes y de los fondos de inversión presentes en el capital de Indra, que ya habían respaldado su gestión frente a las supuestas presiones para destituirle por parte del Gobierno, a la postre, el adjudicador de los contratos a la compañía en materia de defensa.

Apoyo de T. Rowe Price Associates a Escribano

En concreto, las mismas fuentes han asegurado que la gestora estadounidense T. Rowe Price Associates, que ha alcanzado este miércoles su segundo mayor nivel histórico de participación en Indra, apoya la continuidad de Escribano al frente de la empresa de defensa y tecnología, por lo que, de entrar en el consejo, votaría a favor de Escribano como presidente.

En concreto, la norteamericana ha elevado su porcentaje total de derechos de voto hasta el 5,009%, según consta en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), consultado por Europa Press.

Se trata del nivel más elevado que la firma registra en el capital de la compañía tecnológica y de defensa desde diciembre de 2017, cuando su participación llegó al 5,070%, máximo histórico que mantiene hasta la fecha.

Para cambiar al presidente de Indra hace falta una mayoría simple de los miembros del consejo de administración presentes en la reunión (más votos a favor que en contra), ya que la ley y los estatutos de la sociedad no exigen una mayoría reforzada específica para el cese del presidente del consejo.

No obstante, está por ver si esta solución de abortar una potencial fusión con la empresa de los Escribano satisface las expectativas del Gobierno, ya que podría dar al traste con el objetivo de convertir a Indra en el campeón español de la industria de defensa, por lo que la presión sobre la continuidad de Escribano al frente de la empresa podría continuar en un futuro.

La empresa de tecnología y defensa Indra sube un 3% en bolsa en el día en que celebra su segundo consejo de administración en tan sólo seis días y que se lleva a cabo tras la renuncia de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) a continuar con la operación de fusión entre ambas compañías.

Los títulos de Indra son los que más suben del selectivo español, Ibex 35, un 2,96% a media sesión de este miércoles, con el precio de la acción a 48,02 euros; y los cuartos que más avanzan en el mercado continuo, tras AmRest, EDreams Odigeo e Inmobiliaria del Sur.

En lo que va de año, Indra cede en bolsa un 1,24% y cotiza lejos de los máximos alcanzados este mismo año por encima de los 60 euros la acción.

En el consejo de administración de Indra, que se celebra esta tarde, de carácter ordinario y programado desde principios de año, no figura punto alguno relacionado con el relevo del presidente, Ángel Escribano, según informaron ayer a EFE fuentes conocedoras. También se ha barajado la continuidad del consejero delegado, José Vicente de los Mozos.

Sin embargo, aunque no se haya incluido ningún punto relacionado con el relevo de Escribano, ello no implica que no se pueda plantear la propuesta en el transcurso de la reunión, según las citadas fuentes.

Ante las especulaciones sobre un hipotético relevo del presidente, la semana pasada Ángel Escribano aseguró a su entorno que no tenía intención de abandonar el cargo que ocupa como presidente de Indra.

La SEPI es el primer accionista de Indra, con un 28% de las acciones, y cuenta con tres representantes en el consejo, mientras que el segundo mayor, con más de un 14%, es Escribano, propiedad de Ángel Escribano y de su hermano, Javier, quien también es consejero.

La semana pasada, EM&E anunció su retirada de la operación que negociaba con Indra, al no darse las circunstancias que permitían una potencial operación, mientras que Indra dio por concluido el análisis que hacía sobre este asunto. 

Escribano renunció a la operación después de que la SEPI pidiera que se resolviera el conflicto de interés que consideraba que existía antes de profundizar en el análisis de la potencial operación entre Indra y EM&E, que ya no está sobre la mesa.

El grupo Indra invertirá 130 millones de euros para dotar de nuevas capacidades industriales a su planta de Gijón y para construir otra nueva, con el fin de fabricar artillería autopropulsada y con la previsión de generar 500 empleos directos y 1.000 indirectos.

Esta inversión la ha anunciado el presidente de Indra, Ángel Escribano, este martes antes de la firma de un acuerdo marco con el grupo surcoreano Hanwha para el desarrollo de sistemas de artillería autopropulsada de vanguardia.

El objetivo es cubrir las necesidades de las Fuerzas Armadas Españolas y dotar a España de capacidad autónoma y soberanía de diseño y fabricación de plataformas terrestres de cadenas de vanguardia.

Escribano ha destacado la “gran capacidad” de Indra para cumplir “sus objetivos” y el “compromiso” adquirido con el Ministerio de Defensa de entregar sistemas en un “plazo exigente y cumpliendo las expectativas”.

Una nueva planta en 2027

El director de la unidad de vehículos de Indra (Land Vehicles), Frank Torres, ha explicado en rueda de prensa que esta nueva planta estará en marcha en 2027, aunque no ha precisado la ubicación que tendrá.

La solución que Indra diseñará y fabricará para las Fuerzas Armadas Españolas estará constituida por un vehículo de artillería de cadenas, del que se entregarán 128 unidades, un sistema de reabastecimiento de munición, con 120 unidades, un vehículo de mando y control —11 unidades— y un vehículo de recuperación —21 unidades—.

En conjunto, estos medios conforman el sistema ATP de cadenas definido en el Programa Especial de Modernización (PEM) —del Ministerio de Defensa— que Indra Group y EM&E Group desarrollan en UTE, dotado de 4.554 millones.

Este es el contrato que Santa Bárbara anunció el pasado enero que tenía previsto recurrir ante el Tribunal Supremo, ya que considera que estas compañías no tienen capacidad para desarrollarlo.

Indra fabricará en España las barcazas de los mencionados vehículos y las equipará con su sistema de misión, que gobernará la operación del vehículo; el sistema de visión; el de gestión del campo de batalla; y las comunicaciones.

En Gijón se fabricará la barcaza y la integración de todos los sistemas se realizarán en la nueva planta, cuya ubicación no se ha desvelado.

El proyecto toma como elemento de partida la familia de vehículos K9 de Hanwha para diseñar y fabricar en España una barcaza propia, sobre la que Indra tendrá autoridad de diseño, y en la que se integrarán distintos sistemas nacionales para disponer de capacidades industriales y una familia de vehículos propia.

El grupo Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) da un paso atrás y renuncia a su fusión con Indra, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La decisión de la familia Escribano llega después de que esta semana el Gobierno hiciera oficial lo que era un secreto a voces: su descontento con la gobernanza de Indra en pleno proceso de integración con EM&E. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el principal accionista de Indra con el 28% del capital, ya había reclamado la salida de Escribano de la presidencia de Indra antes de seguir analizando su fusión con EM&E, su empresa familiar, al entender que existía un “conflicto de intereses”.

Tras esa comunicación por parte de la SEPI, el movimiento de la familia Escribano se ha producido solo unas horas después. “A la vista de la Información Relevante publicada por la SEPI el pasado 18 de marzo de 2026, desde EM&E consideramos que no se dan actualmente las circunstancias que permitan una potencial operación entre Indra Group y Escribano Mechanical and Engineering SLU, por lo que EM&E se retira de la operación”, asegura en un escueto comunicado.

Hay que recordar que la familia Escribano mantiene el control sobre el 14% del capital del grupo de defensa, donde es el segundo mayor accionista. Además, Ángel Escribano ostenta el cargo de presidente ejecutivo y Javier Escribano, de consejero dominical, en representación de EM&E. Unos cargos que, al menos de momento, mantienen.

Unas tensiones evidentes

Tras este movimiento, que pone fin a un proyecto de fusión negociado desde hace meses, Indra asegura que “como consecuencia de lo anterior, el proceso de análisis de la referida potencial operación se da por concluido”, según ha indicado la compañía cotizada a la CNMV.

Las tensiones se han hecho evidentes a lo largo de esta semana. A última hora del miércoles, la SEPI comunicó al supervisor de los mercados que había “trasladado a Indra su preocupación por la influencia que el conflicto de interés está teniendo en el análisis de dicha operación, a pesar de las medidas de mitigación puestas en marcha”.

También, que había “manifestado” que “una eventual operación con EM&E no debe ser concebida como instrumento para resolver el conflicto de interés, ni debe verse influida por el mismo; por el contrario, este conflicto debería despejarse antes de acometer el análisis de la operación”. En ese momento, no daba la fusión por cancelada. “SEPI ha solicitado que este conflicto sea resuelto de cara a poder continuar el análisis de la operación y adoptar una decisión sobre la misma que sea lo más ventajosa para Indra”, indicó a la CNMV la sociedad pública presidida por Belén Gualda.

Desplome en bolsa

El anuncio se ha realizado aún con el mercado bursátil abierto y la acción de Indra ha reaccionado con una caída prácticamente inmediata, de más de un 16%. Finalmente, la acción de Indra ha concluido la sesión con un desplomen del 12.28%, dejando cada título a 50 euros.

Pone así fin a una escalada alcista, alimentada por el despegue del sector de la defensa. En concreto, en el último año, sus acciones acumulan (pese a esta caída) un repunte de más de un 86%. Actualmente, Indra vale en bolsa más de 8.800 millones de euros.

Este mismo jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había adelantado que la SEPI trabajaba en resolver la situación. “Eso es una cuestión que tiene que ver con un supuesto problema de conflicto de interés y es la SEPI quien está trabajando en Indra sobre esta cuestión”, ha indicado en respuesta a la prensa a su llegada al Consejo Europeo.

Antes de conocer el fin de las negociaciones, el presidente de Indra, según indicaron varias fuentes a elDiario.es, no tenía intención de abandonar el cargo que ocupa en la multinacional española, al considerar que cuenta con el respaldo tanto del consejo de administración como del capital de la compañía. Escribano entiende que ha sido refrendado en su cargo por más del 98% de la junta de accionistas, que se celebró el año pasado, y que no hay motivos para dejar la presidencia.

Según las mismas fuentes, el directivo cuenta con el beneplácito de los distintos fondos de inversión que tienen presencia en el accionario de la firma, como Amber –controlado por el inversor francés Joseph Oughourlian, principal accionista del grupo Prisa–; o Third Point, que ya se expresó al respecto pidiendo que la operación con EM&E saliese adelante.

El Gobierno ha hecho oficial lo que era un secreto a voces: su descontento con la gobernanza de Indra en pleno proceso de integración con EM&E. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el principal accionista de Indra con el 28% de Indra, ha pedido a Indra que resuelva el “conflicto de interés” existente en la operación que analiza con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) de cara a poder continuar con el análisis de la misma y adoptar una decisión.

Lo ha pedido a través de una comunicación que ha remitido a Indra y que firma la presidenta de SEPI, Belén Gualda, según se informó este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En la comunicación, no se explica a qué “conflicto de interés” se refiere, si bien este atañe a Ángel Escribano, presidente de Indra, que es propietario de EM&E, junto a su hermano Javier, también consejero de Indra.

El objetivo, según la comunicación de la SEPI, es “poder continuar el análisis de la operación y adoptar una decisión sobre la misma que sea lo más ventajosa para Indra”.

Los títulos de Indra cedían más de un 4% en los primeros compases de la jornada bursátil de este jueves. En torno a las 10.00, las acciones de la compañía retrocedían un 4,21%, hasta situarse en los 54,6 euros, siendo uno de los valores que más perdía del Ibex 35.

Pedro Sánchez: “La SEPl está trabajando con Indra para resolverlo”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la SEPI trabaja con la empresa de defensa y tecnología para resolver el “supuesto problema de conflicto de interés” que se ha planteado en la compañía. “Eso es una cuestión que tiene que ver con un supuesto problema de conflicto de interés y es la SEPI quien está trabajando en Indra sobre esta cuestión”, ha dicho Sánchez en contestación a la prensa a su llegada al Consejo Europeo, informa Europa Press.

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado que este conflicto de interés no es algo que “no estaba en el origen, desde la parte que nosotros conocíamos”, en alusión a cuando el Gobierno se dio el visto bueno al nombramiento de Ángel Escribano como presidente de Indra. Tanto Escribano como el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, sostienen lo contrario.

La SEPI le ha remitido a la multinacional su “preocupación por la influencia que el conflicto de interés está teniendo en el análisis” de una posible integración entre la compañía y EM&E, “a pesar de las medidas de mitigación puestas en marcha”, como la creación de una comisión ad hoc independiente para tratar la operación y la ausencia de los hermanos Escribano del consejo cuando se trate el asunto.

La sociedad pública considera que una eventual operación con EM&E “no debe ser concebida como instrumento para resolver el conflicto de interés, ni debe verse influida por el mismo”. “Por el contrario, este conflicto debería despejarse antes de acometer el análisis de la operación”, ha explicado.

Indra celebrará su consejo de administración el próximo 25 de marzo de carácter ordinario. Aunque el orden del día no se conoce públicamente, todo apunta a que esta operación se tratará en el mismo. Al Gobierno les gustaría llegar a dicho consejo con este tema resuelto.

Pese a las presiones del Ejecutivo, el presidente de Indra, no tenía esta semana, intención de abandonar el cargo que ocupa en la multinacional española, ya que considera que tiene el respaldo tanto del consejo de administración como del capital de la compañía, según varias fuentas consultadas.

Escribano considera que ha sido refrendado en su cargo por más del 98% de la junta de accionistas, que se celebró el año pasado, y que no tiene por qué retirarse.

Según las mismas fuentes, el directivo cuenta con el beneplácito de los distintos fondos de inversión que tienen presencia en el accionario de la firma, como Amber –controlado por el inversor francés Joseph Oughourlian, dueño del grupo Prisa–, o Third Point, que ya se expresó al respecto pidiendo que la operación con EM&E saliese adelante.

Antes de esa fecha, previsiblemente este viernes, Ángel Escribano y la SEPI podrían mantener un encuentro para aclarar las dudas sobre el futuro del directivo en la compañía de defensa y tecnología, según han apuntado otras fuentes consultadas por Europa Press.

No obstante, han aclarado que la situación que se dio con el expresidente de Telefónica José María Álvarez-Pallete, que fue citado en Moncloa para anunciarle su destitución, es “muy distinta” a la de Escribano. En un momento de escalada militar a nivel mundial, con las guerras de Ucrania y en Oriente Medio, Moncloa prefiere una solución más diplomática. Pero es que, además, Escribano posee un 14% de Indra a través de EM&E, mientras que Álvarez-Pallete no ostentaba ninguna representación significativa en la teleco.