El banco suizo UBS ha elevado su participación en Indra por encima del 4,5%, desde el 3% anterior, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

La participación de UBS en el grupo tecnológico y de defensa, cuyo mayor accionista (28%) es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se sitúa ahora en el 4,576% y se compone de derechos de voto atribuidos a las acciones (0,598%) y derechos de voto a través de instrumentos financieros (3,978%).

Tras afianzar su posición, UBS ha pasado a obtener 8,1 millones de acciones, que, a su valor actual de mercado --51,44 euros por título al en torno a las 15.30 horas de este viernes--, suponen un valor total de 415 millones de euros.

La posición de UBS en Indra ha fluctuado entre el 3,171% registrado a comienzos del 2026 hasta el 4,576% actual. La cifra todavía se mantiene alejada de su máximo histórico en 2025, cuando el banco suizo ostentaba un 8,214% de la compañía.

Las acciones de Indra acumulan un ascenso del 5,97% desde el inicio del 2026, subiendo un 41,49% en un año.

El movimiento de UBS tiene lugar después de que el pasado martes la firma española celebrase su junta de accionistas, la primera de la era de la nueva cúpula directiva, encabezada por el consejero delegado Josep Maria Recasens y el presidente no ejecutivo Ángel Simón, quienes fueron ratificados por los accionistas.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) obtuvo un beneficio neto de 130 millones de euros en 2025 y una cifra de negocio récord de 7.384 millones, un 16,2% superior a la de 2024, según las cuentas anuales aprobadas por su consejo de administración de las que ha informado este martes el holding público.

Este resultado de 130 millones de euros en 2025 supone la vuelta a beneficios del grupo SEPI tras las partidas extraordinarias que marcaron el ejercicio 2024 por el despliegue de planes estratégicos. Anteriormente, obtuvo resultados positivos de 166 millones en 2021, de 43 millones en 2022 y de 10 millones en 2023.

El 35% de los ingresos de la SEPI en 2025 corresponden al grupo Tragsa, mientras que el 28% los aportó Correos, y el 27%, Navantia. De hecho, el holding público ha atribuido el fuerte incremento de su cifra de negocio en 2025 al incremento de la actividad de los grupos Tragsa y Navantia.

La SEPI ha destacado en un comunicado que sus resultados de 2025 reflejan “la buena evolución” de las empresas mayoritarias del grupo, en especial en lo que se refiere a Correos, que cerró 2025 en beneficios después de un 2024 marcado por el plan estratégico y la provisión aparejada al mismo.

Asimismo, la SEPI también ha resaltado los “buenos resultados” de las empresas de participación minoritaria Airbus, Indra, Redeia y Enagás.

Inversiones de 529 millones de euros

El grupo realizó inversiones en 2025 por importe de 529 millones de euros, cifra un 63% superior a la de 2024. Las más significativas corresponden a Navantia, con 306 millones de euros, destacando la inversión por la adquisición de los activos de las sociedades del grupo Harland and Wolff y las inversiones en la fábrica digital de bloques de Ferrol y la línea de paneles planos.

El holding público también ha resaltado las inversiones de Correos, que ascendieron a 132 millones de euros y se destinaron a mejorar la movilidad, renovación de inmuebles y adaptaciones tecnológicas.

“SEPI ha priorizado el esfuerzo inversor para fortalecer las capacidades industriales de sus empresas participadas en sectores estratégicos como la energía, la defensa y las telecomunicaciones, una apuesta alineada con el objetivo de reforzar la autonomía estratégica de España y Europa”, ha remarcado el holding público.

Al mismo tiempo, el grupo ha destacado que ha “consolidado” su capacidad para garantizar la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, “reafirmando su papel como instrumento del Estado al servicio del interés general”.

A cierre de 2025, el grupo SEPI empleaba a cerca de 87.000 profesionales, lo que supone un aumento de casi 2.400 empleados respecto a la plantilla media de 2024.

El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 13,5 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a la multinacional española Indra por formar parte de un cártel empresarial que dominó las licitaciones de contratos públicos de informática y tratamiento de datos entre 2005 y 2015. La investigación desveló correos internos de Indra donde se jactaban del poder que ejercían sobre la Administración: “Hemos elaborado los perfiles junto con el cliente y en el pliego han puesto exactamente los modelos que nosotros les enviamos”. Hacienda y la Seguridad Social fueron algunos de los organismos señalados en ese momento por la investigación de Competencia.

La CNMC firmó esta sanción contra Indra y otras 10 empresas –entre ellas SAG, Atos, IBM o Accenture– en 2018. Todas estaban acusadas de tener “contactos” en las Administraciones Públicas y saber con antelación que iban a salir licitaciones públicas para poder repartir esos contratos siempre entre las mismas empresas del sector. Desde el desarrollo de aplicaciones en la AEAT hasta servicios “de carácter informático” en la Seguridad Social pasando por la administración electrónica del SEPE y el Instituto Cervantes. Solo Indra, destaca el Supremo, participó de forma ilegal en contratos que sumaron más de 324 millones de euros.

Soplos de información privilegiada y acuerdos privados entre las empresas del cártel que, según dijo la CNMC y confirma ahora el Tribunal Supremo, no solo se tradujo en un reparto de contratos públicos sino en su encarecimiento. El caso no se conoció hasta octubre de 2017, cuando el entramado llevaba más de una década en funcionamiento. La CNMC recibió una denuncia anónima que destapó los vínculos entre personas que trabajaban en estas empresas y otras que formaban parte de los organismos públicos que adjudicaban los contratos.

La multa impuesta a Indra que ahora confirma la sala tercera del Tribunal Supremo es la más alta de todo ese expediente: 13,5 millones de euros. Los jueces rechazan la que ha sido la principal queja de Indra desde que arrancó el procedimiento y pudo presentar su primer recurso, también fallido, ante la Audiencia Nacional: que hubo Administraciones Públicas involucradas y eso hace imposible sancionar a la empresa adjudicataria. “Las Administraciones contratantes no son una de las empresas del cártel, y su papel queda fuera de esa comparación”, contesta el Supremo.

“Esa facilitación afectaría a la responsabilidad de las propias Administraciones, no al liderazgo que la recurrente ejerció sobre las demás empresas”, dicen los magistrados sobre el papel que Indra jugó en el cártel ahora sentenciado en firme. En total se impusieron multas que sumaron 29,9 millones de euros. Y el Supremo considera justificado que a Indra se le impusiera la condena más alta: “Su conducta afectó a cuatro Administraciones, intervino en diecinueve licitaciones, le fueron adjudicados veinticinco lotes y el importe de los adjudicados a las uniones temporales en que participó ascendió a 324.736.332 euros. Su liderazgo se apreció, así, en comparación con las demás empresas sancionadas”.

La industria de automoción afronta una fase decisiva para entrar en el sector de la defensa en busca de una vía de diversificación con la que contrarrestar el descenso de actividad. Uno de los grandes catalizadores de este movimiento estratégico es Indra, que ha abierto el proceso de selección de proveedores dirigido a las empresas del motor, ofreciendo una oportunidad de participación en contratos que alcanzan un volumen global de 7.500 millones de euros.

La oportunidad se sustenta sobre un elevado potencial como muestra un estudio elaborado por KPMG y el Cluster de la Industria de Automoción de Catalunya, que revela que más del 40% de las firmas automovilísticas ya disponen de tecnologías duales —con aplicaciones tanto civiles como militares— y que un tercio de las empresas ya mantiene algún tipo de relación activa con el sector de la defensa.

Indra Land Vehicles, nueva filial de Indra liderada por Frank Torres (exdirector de Nissan Motor Ibérica), busca aprovechar el potencial de las factorías de automóviles y de componentes para integrarlas en sus programas. Para ello Indra también cuenta con el conocimiento de la automoción de Josep Maria Recasens, el nuevo consejero delegado y hasta ahora máximo dirigente de Renault en España y responsable de estrategia del grupo francés.

Seat explora proyectos con Indra

Entre los nuevos aliados de Indra estarán el fabricante de camiones MAN y la empresa alemana líder en defensa, Rheinmetall, para los vehículos pesados denominados lanzapuentes, según anunció Frank Torres en una feria de defensa en París.

Entre los nuevos proveedores de Indra procedentes de la automoción también podría estar Seat, que está en conversaciones con la compañía para analizar las opciones de participación del fabricante automovilístico. Su presidente, Markus Haupt, ha confirmado contactos con Indra, a petición de la compañía y del Gobierno, para explorar vías de participación en proyectos de defensa, aunque sin tener nada concretado por ahora.

Según el director de desarrollo de negocio de Indra, Modesto Martínez, el objetivo es fusionar las grandes fortalezas del motor, caracterizadas por los altos volúmenes de producción, las economías de escala y una cadena de suministro sumamente robusta, con las necesidades de la defensa, que destaca por operar con menores volúmenes pero con requisitos críticos, alta exigencia de calidad y ciclos de vida muy largos, idóneos para asegurar carga de trabajo a medio y largo plazo.

Los proyectos para los que Indra busca capacidad de producción tienen unas dimensiones aparentemente muy reducidas en comparación con las magnitudes del sector del automóvil. Incluyen 186 vehículos pesados de artillería con ruedas y otros 280 con cadenas, así como 34 tanquetas anfibias y 128 lanzapuentes. Nada que ver, por ejemplo, con los más de 470.000 vehículos ensamblados en 2025 en la factoría de Seat de Martorell.

Fases para los nuevos vehículos militares

Antiguamente existían empresas que asumían todo el proceso de fabricación de forma interna, una fórmula que hoy en día resulta inviable por la complejidad tecnológica. Por este motivo, Indra aspira a ejercer como gran empresa tractora de un ecosistema en el que la automoción encaja a la perfección gracias a su madurez técnica, su experiencia y su capacidad de ingeniería. La notable similitud en los componentes esenciales de ambos tipos de vehículos —que van desde la mecánica pesada tradicional hasta los sensores y los asistentes de conducción inteligentes más avanzados— facilita enormemente que la colaboración se centre en áreas como el diseño, la fabricación, la certificación y los estrictos controles de calidad, según explicó Modesto Martínez en un encuentro con proveedores.

Esta integración de los nuevos proveedores se ejecutará para garantizar relaciones estables. El proceso de implantación industrial se divide en cinco fases consecutivas que se extienden a lo largo de varios años. Tras una primera etapa de contacto e identificación de empresas iniciada entre 2025 y este año 2026, Indra arranca ahora de lleno la fase de evaluación, centrada en el análisis exhaustivo de las capacidades industriales de los candidatos, visitas técnicas a las instalaciones y la precalificación formal del proveedor. Posteriormente, de cara a 2027, se procederá al desarrollo técnico con el lanzamiento de las primeras peticiones de oferta, abriendo el camino para la adjudicación e integración real en la cadena de suministro en 2028, con el objetivo de consolidar una alianza duradera en los años siguientes.

Las necesidades de suministro que Indra planea derivar hacia las líneas de producción del motor son muy amplias y abarcan desde la parte puramente mecánica hasta la electrónica de vanguardia para nutrir plataformas pesadas de vehículos. En el ámbito estructural y de maquinaria, las licitaciones buscarán especialistas en mecanizado de alta precisión, soldadura cualificada, plegado, pintura y conjuntos mecano-soldados, además de materiales específicos como el acero y el aluminio. En la vertiente tecnológica, la compañía requiere cámaras de visión, servidores de aplicaciones, pantallas inteligentes, cableados de integración complejos, sistemas ópticos y licencias de software, complementados con sistemas de ventilación, ingeniería hidráulica y equipos de detección y extinción de incendios.

Un 'Hub' de proveedores

Coincidiendo con este giro estratégico, la Comisión de I+D+i de la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) constató que la incorporación de la visión de tecnologías duales es ya una prioridad estratégica para el sector español de componentes, que busca reorientar sus capacidades para aprovechar las oportunidades de financiación y escalado industrial que ofrece el nuevo ciclo europeo y nacional de inversión en defensa.

Para vertebrar esta transición, Sernauto ha anunciado la puesta en marcha de su nuevo Hub Defensa-Automoción, una iniciativa diseñada específicamente para generar conexiones estables entre los fabricantes de componentes y las Fuerzas Armadas. Presidida por Javier Pujol, CEO de Ficosa, la asociación destaca que las tecnologías ya desarrolladas por los proveedores en campos como la electrificación, la electrónica de potencia, la sensórica, la conectividad y la fabricación inteligente son perfectamente transferibles al entorno militar.

Por su parte, Ficosa ya ha ido un paso más allá al crear una división específica para el sector militar, con la que trabaja intensamente para cerrar colaboraciones con Indra y con el gigante internacional General Dynamics.

Durante décadas, la innovación en materia de movilidad estuvo asociada a grandes infraestructuras: nuevas y más anchas carreteras, líneas ferroviarias que vertebrasen el territorio, con especial atención a la alta velocidad, o ampliaciones aeroportuarias destinadas a recibir a un mayor número de viajeros. Hoy, sin embargo, buena parte de la transformación se está produciendo en un terreno menos visible para los ciudadanos, pero igualmente clave: el de los datos, las comunicaciones y los sistemas inteligentes que permiten coordinar millones de desplazamientos diarios de forma más eficiente. 

Los tiempos están cambiando. La creciente concentración de población en las ciudades, la necesidad de reducir emisiones contaminantes y la exigencia de ofrecer servicios de transporte más cómodos y seguros están acelerando la digitalización de las infraestructuras. El objetivo es claro, al tiempo que supone un reto de primer nivel: conseguir que personas, vehículos y redes de transporte funcionen como un ecosistema conectado capaz de adaptarse en tiempo real a las necesidades de cada momento.

Un sector que no se detiene

Esta evolución ya no es una previsión de futuro, funciona en ciudades y corredores de transporte de todo el mundo. Indra Group, una de las compañías internacionales de referencia en el sector de la movilidad, ha participado en más de 2.500 proyectos desplegados en 50 países y más de 100 ciudades, acumulando una experiencia que la sitúa entre los principales actores globales de un ámbito en plena transformación.

La dimensión de este cambio puede medirse también por su impacto en la vida de los ciudadanos. La tecnología desarrollada por la compañía está presente en la movilidad cotidiana de más de 78 millones de personas y contribuye cada año al ahorro de más de 10 millones de toneladas de dióxido de carbono. Además, ayuda a optimizar la gestión de infraestructuras y servicios públicos, generando importantes beneficios económicos y sociales.

Uno de los ámbitos donde la digitalización está teniendo un efecto más inmediato es la gestión del tráfico. Las nuevas plataformas permiten supervisar de forma integrada carreteras, túneles y centros de control, incorporando inteligencia artificial para detectar incidencias, anticipar congestiones y facilitar la toma de decisiones. Con un parque móvil que no para de crecer de forma moderada pero constante, y un compromiso cada vez mayor con la reducción en el número de accidentes, así como de la contaminación, el papel de esta tecnología es esencial. 

La plataforma In-Mova Traffic responde precisamente a esta necesidad. Basada en tecnología cloud, integra información procedente de múltiples fuentes para ofrecer una visión unificada de la red viaria. El resultado es una gestión más eficiente de la circulación, menores tiempos de desplazamiento y una reducción de las emisiones asociadas a los atascos, además de una mayor seguridad gracias a una una gestión altamente automatizada que optimiza la detección y respuesta ante incidentes y emergencias.

La conectividad entre vehículos e infraestructuras constituye otro de los grandes avances de los últimos años. Gracias a las comunicaciones V2X (Vehicle to Everything), los automóviles pueden intercambiar información con la carretera y otros elementos del entorno. Esta capacidad permite alertar de incidencias, optimizar la circulación y mejorar la seguridad de la conducción.

Un ejemplo se encuentra en la autopista I-485 de Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde una solución de vehículo conectado desarrollada por Indra permite combinar servicios de peaje inteligente, información en tiempo real y gestión avanzada del tráfico mediante sensores de última generación.

Transporte para todos

La transformación no sólo está relacionada con el vehículo privado: también alcanza, y de manera especialmente significativa, al transporte público. En muchas ciudades, la experiencia de utilizar autobuses, metros o tranvías está cambiando gracias a sistemas capaces de coordinar la operación, ofrecer información actualizada a los usuarios y simplificar los procesos de acceso y pago. 

La tecnología de Indra permite gestionar de forma integral estos servicios, optimizando la explotación de las redes y mejorando la información disponible para los viajeros. Unas soluciones que operan en ciudades como Brisbane, en Australia, mejorando la información al viajero y optimizando la gestión de toda la flota de los nuevos autobuses eléctricos M1 de Metro Brisbane.

Especial relevancia están adquiriendo los sistemas avanzados de ticketing. Frente a los tradicionales títulos físicos de transporte, cada vez más operadores apuestan por modelos digitales basados en la gestión por cuentas de usuario o Account Based Ticketing (ABT). En este esquema, el viajero puede utilizar directamente su tarjeta bancaria o su teléfono móvil para acceder a la red de transporte, mientras el sistema calcula automáticamente la tarifa más ventajosa para él. 

Londres, Dublín, Santiago de Chile o Riad están incorporando este tipo de soluciones, que facilitan la movilidad cotidiana y reducen las barreras de acceso al transporte público.

El tren del futuro

La digitalización avanza igualmente en el ámbito ferroviario. Sistemas como In-Mova Rail permiten gestionar de forma integral el tráfico ferroviario, optimizando la circulación de trenes y mejorando la capacidad de las redes. A ello se suman otras tecnologías de vanguardia de señalización abierta y digital como el Open Digital Signaling, que buscan aumentar la interoperabilidad entre diferentes operadores y tecnologías, al tiempo que refuerzan los niveles de seguridad.

Más allá del movimiento de pasajeros, la innovación alcanza también a la logística. Los nuevos sistemas de control inteligente de mercancías facilitan el seguimiento automatizado de las cargas ferroviarias, mejorando la trazabilidad y la eficiencia operativa. Del mismo modo, aeropuertos y puertos incorporan herramientas digitales que permiten optimizar procesos, coordinar recursos y reforzar la seguridad.

La protección de infraestructuras críticas constituye otro de los desafíos emergentes. A medida que las redes de transporte se vuelven más digitales, la ciberseguridad adquiere una importancia creciente. La integración de sistemas de protección física, defensa frente a amenazas digitales y simulación avanzada se está convirtiendo en un requisito indispensable para garantizar la continuidad de servicios esenciales.

La movilidad del futuro se construye sobre esta combinación de conectividad, automatización y análisis inteligente de la información. Tecnologías como la inteligencia artificial, los gemelos digitales, el 5G o la sensórica avanzada están permitiendo gestionar infraestructuras cada vez más complejas con niveles inéditos de eficiencia.

El resultado es una movilidad más segura, sostenible y adaptada a las necesidades de los ciudadanos. Una transformación que ya está en marcha y que, aunque muchas veces pase desapercibida para quienes utilizan cada día una carretera, un tren o un autobús, está redefiniendo la forma en que las personas se desplazan por el mundo.

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, ha defendido este martes en el Congreso la actuación de este organismo y el papel del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas lanzado para hacer frente a la pandemia en 2020, que “salvó 62.000 empleos en un momento en el que el país tenía dificultades enormes” y tenía unas condiciones “muy exigentes”. “SEPI cumplió con su papel, el fondo de solvencia hizo su trabajo”, ha dicho a los diputados, en respuesta a las investigaciones judiciales sobre los rescates de Plus Ultra, Air Europa y Tubos Reunidos.

Gualda comparecía en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para informar sobre las instrucciones dadas a los miembros del consejo de administración de Indra ante los ceses y nombramientos de la sociedad o el posible conflicto de interés en la operación de compra de Escribano. Pero la judicialización de varios rescates del FASEE ha copado gran parte de su intervención, tras conocerse el lunes que un juez ha admitido una querella del PP y Vox por el rescate de Air Europa y ha citado como investigado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, que lleva décadas en el holding público.

Gualda, que preside el holding público desde marzo de 2021, ha subrayado que “la SEPI no ha sido registrada en ningún momento”, aunque ha recibido “muchos requerimientos” de la UCO y la UDEF en relación con esas investigaciones, que “respetamos profundamente”. “Estamos colaborando absolutamente con la Justicia. Es una prioridad para mí y para la organización”. Y “vamos a tener contundencia” contra “cualquier persona” que haya podido cometer un ilícito si se demuestra en esos procesos judiciales, que “nos tomamos muy en serio”.

Ha recordado que el funcionamiento del fondo lo regulaba “una ley que se aprobó en el Congreso” y “todos” los órganos que han “fiscalizado” los expedientes, del Tribunal de Cuentas al Tribunal de Justicia de la UE, han determinado “que las ayudas estaban bien otorgadas”. Había “enorme preocupación” entre las empresas por la judicialización “de una de las ayudas” y desde patronales o partidos políticos se trasladó “la necesidad” de que “continuara” ese instrumento, que “no es un rescate, es un préstamo”.

“Sepi cumplió con su papel, el fondo de solvencia hizo su trabajo”. “Entiendo sus preocupaciones, estamos colaborando con la justicia”. “La SEPI que yo presido en estos cinco años ha velado por el interés general”.

La presidenta de la SEPI ha señalado que el fracaso del proyecto europeo FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate) para desarrollar un avión caza de sexta generación entre España, Alemania y Francia, tras años de negociaciones ante las diferencias existentes entre los socios, “podría no ser una buena noticia” y SEPI hará “lo posible” por que “lo que se plantee o replante no tenga ninguna merma para la autonomía estratégica” europea. El holding ha pedido a Indra, que participa en este proyecto y en la que es primer accionista con un 28%, “que analice y nos traslade su análisis inmediato” del impacto de esta decisión, que ha propiciado una caída del 5% en la cotización de la empresa.

Sobre la abortada fusión de Indra y su ex accionista Escribano, la empresa del anterior presidente de la cotizada, Ángel Escribano, ha dicho que “tuvo mucha literatura” y ahora Indra “verá ventajas e inconvenientes” de esa eventual operación si vuelve a ponerse sobre la mesa, aunque ha instado a “esperar” al nuevo plan estratégico que está preparando la nueva dirección de Indra, una vez se incorpore el nuevo consejero delegado, José María Recasens.

Ha recalcado la “importante experiencia” del nuevo presidente de Indra, Ángel Simón, cuyo rol, ha recalcado, no es ejecutivo, y ha señalado que el trabajo de la comisión ad hoc creada el pasado verano por Indra para analizar la fusión “no había sido suficiente” para evitar el conflicto de interés que existía por ese papel de Escribano a ambos lados de la mesa.

Gualda ha subrayado que las operaciones corporativas “se gestan en el seno de las propias empresas”, a las que corresponde “definir la estrategia” en sus órganos societarios, que SEPI contribuye a orientar “desde una perspectiva institucional”, con visión “a largo plazo” y velando por el “interés general”. Ha recordado que SEPI trasladó en marzo al mercado su preocupación por la incidencia que “a pesar de las importantes medidas de mitigación” adoptadas estaba teniendo ese conflicto de interés en Indra, que el holding público pidió que se “despejase definitivamente”. Pero luego la “retirada” de la oferta por parte de Escribano hizo que se paralizara la operación.

La presidenta de la SEPI Ha instado en fijarse en la revalorización de Indra en los últimos tres años, con una subida del 188% solo en 2025. “Lo importante es la estabilidad de los proyectos, no las personas que vamos pasando por los puestos de responsabilidad, Indra ha dado un salto de escala impresionante con un récord de cartera”.

Evitar una opa hostil

Ha subrayado que la SEPI representa una herramienta imprescindible de colaboración público privada para afrontar los desafíos de nuestro tiempo y ha defendido la vuelta del Estado a Telefónica con un 10%, “una inversión que ya se ha revalorizado, que sigue siendo un activo propiedad de todos los españoles”, da “protección” y “evita una opa hostil de inversores o de intereses particulares que puedan poner en peligro una empresa sistémica para nuestra seguridad nacional”.

Gualda ha defendido que SEPI opera “respetando siempre la gobernanza y las reglas de mercado” y “con criterios de interés público”. En sus participaciones mayoritarias en 14 empresas públicas (de Correos a Navantia o la Agencia EFE), entre otras, “tiene el papel determinante” de fijar la estrategia en unas sociedades que en 2024 tuvieron una cifra de negocios de 6.355 millones, un 36,4% más que en 2020, y cuentan con más de 87.000 empleados, tras un “trabajo de salto de escala y de reconversión industrial” en los últimos años.

En las 11 empresas en las que SEPI tiene participaciones minoritarias (Telefónica, Indra, Airbus o Redeia, entre otras), presentes en ámbitos “de especial relevancia estratégica”, el valor de esa cartera se ha “duplicado” desde 2020, hasta 13.400 millones. Esas empresas, ha subrayado, tienen una cifra de negocios de 155.000 millones, un 125% más que en 2020, 300.000 empleados, “en un contexto marcado por sucesivas crisis”, y han aportado a la SEPI 1.406 millones en dividendos en estos años.

En Navantia, que Gualda presidía antes de ser nombrada presidenta de la SEPI, “me encontré con un agujero de 1.500 millones” y “ha duplicado sus ingresos anuales” en cinco años, con un equilibro financiero “muy cercano” después de “muchos años en pérdidas”. En Correos, “hemos conseguido después de diez años de pérdidas, reconducir la reconversión” y lograr su “equilibrio financiero” “con un proyecto estratégico que ha apoyado SEPI” para convertir sus oficinas en “ventanillas” del Estado para los ciudadanos.

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha dicho este miércoles que la fusión fallida entre Indra y la empresa familiar de los Escribano (EM&E) generaba un conflicto de interés “claro”.

Ángel Escribano era presidente de Indra al mismo tiempo que la empresa estudiaba una posición integración con su empresa familiar que presidía su hermano. Finalmente, Escribano renunció a la presidencia de Indra y EM&E a la fusión por supuestas presiones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso para dar cuenta de diferentes asuntos del organismo, la diputada del PP Irene Garrido ha preguntado a San Basilio por este asunto y por la “preocupante intervención” por parte del Gobierno que considera que ha habido en Indra.

San Basilio ha comentado que el regulador financiero ejerció una viligencia intensificada sobre esta operación por circunstancias que iban más allá de la presencia de capital público. “Se daban determinadas circunstancias más allá de la presencia del sector público que nos han conducido a ser especialmente vigilantes”, ha aseverado en la Cámara Baja.

Es en este punto cuando el máximo representante de la CNMV ha detallado que uno de los principales motivos que explicaba esa vigilancia fue la existencia de una operación por una posible integración de una empresa que generaba un “conflicto de interés claro por una operación con parte vinculada”.

En ese escenario, la CNMV trasladó a Indra la necesidad de que pusieran en marcha procedimientos para la gestión adecuada de este conflicto de interés. Así, San Basilio ha aseverado que el organismo mantuvo dicha interacción con la empresa y dejó claro la importancia de que el protocolo “se hiciera público y fuera información conocida”.

“De cara al abuso del mercado en operaciones que generan tantísimo ruido en el mercado, pues lo que estamos es siempre atentos a qué información puede afectar al mercado y hasta qué punto realmente es rumorología o hay algo de verdad detrás”, ha remachado.

Asimismo, el regulador ha subrayado la importancia de que la información llegue al mercado de forma confirmada y no a través de rumores, indicando que “es información que debería tener el mercado, no a través de rumores, sino confirmada por las partes”, lo que refleja el compromiso de la CNMV con la transparencia y la protección del inversor.

San Basilio también ha indicado que algunas de las publicaciones realizadas por los implicados en estos procesos han sido resultado de requerimientos directos de la CNMV, de modo que algunas de las informaciones que han tenido que publicar los implicados en todo este proceso ha sido a requerimiento de la CNMV.

Se supervisa igual a empresas públicas que a privadas

En el marco de empresas participadas por la SEPI, el presidente del regulador ha afirmado que la presencia de capital público en empresas cotizadas no influye en el trato que reciben de la CNMV, asegurando que cuando es una empresa cotizada con una participación de SEPI, se le mandan los mismos requerimientos y se hacen las mismas exigencias que a las empresas que no tienen participación del sector público.

Asimismo, ha destacado que empresas participadas por lo público como privadas “responden de la misma manera”, lo que a su juicio demuestra el “respeto” que tienen las cotizadas, las gestoras y todas las entidades supervisadas por la CNMV. También ha ensalzado “la rapidez” con la que reaccionan a los requerimientos.

El máximo responsable del regulador ha insistido en que no hay distinción entre los requerimientos cuando una empresa tiene presencia del sector público o no, y ha reafirmado el compromiso de la CNMV con la igualdad de trato en la supervisión de todas las entidades cotizadas, independientemente de su composición accionarial.

Por otro lado, el presidente de la CNMV ha llamado a la “prudencia”, en especial de los minoristas, a la hora de invertir en compañías especializadas en inteligencia artificial (IA) por la similaridad del escenario actual de altas valoraciones con burbujas anteriores, como la relativa a las empresas puntocom. San Basilio ha instado a los inversores minoristas a estudiar las condiciones de aquellas inversiones que les interese y “que desconfíen de lo que sea demasiado bonito para ser verdad”.

San Basilio señaló “un potencial riesgo” por la combinación de muy altas valoraciones de compañías tecnológicas, que se encuentran “en niveles que se pueden recordar a burbujas anteriores en el entorno de la inteligencia artificial”.

Con todo, ha identificado “algunos elementos diferenciales” respecto a burbujas anteriores, puesto que muchas de las empresas de inteligencia artificial “ya están generando ingresos considerables” que consiguen a base de unos niveles muy elevados de endeudamiento.

Hola

Deseo que estés bien.

Esta temporada de graduaciones, en Estados Unidos está dejando una escena incómoda para Silicon Valley: jóvenes abucheando a los evangelistas de la inteligencia artificial (IA). No a políticos, ni a rectores, ni a empresarios tradicionales, sino a los apóstoles de la nueva economía. Eric Schmidt, exconsejero delegado de Google, fue recibido con silbidos por miles de estudiantes en Arizona cuando habló del impacto de la IA en el trabajo. Algo parecido ocurrió días antes en Florida. El contraste es revelador: la generación que debería abrazar la revolución tecnológica observa la IA con una mezcla de miedo y escepticismo. Muchos de esos graduados acumulan currículos sin respuesta mientras escuchan que deberán “aprender a colaborar con la IA”, una frase que empieza a sonar más a amenaza que a promesa de prosperidad.

Esta semana, el Papa León XIV ha advertido de que la IA puede terminar condicionando procesos democráticos y ampliando dinámicas de control social. Que puede distorsionar a la humanidad. La Iglesia, tradicionalmente lenta para reaccionar ante las disrupciones tecnológicas, percibe ya un problema político y humano detrás de la euforia empresarial.

Y, sin embargo, el dinero sigue votando justo en dirección contraria. Nvidia volvió a pulverizar expectativas con unos ingresos trimestrales disparados y quince trimestres consecutivos batiendo previsiones. Su consejero delegado, Jensen Huang, habló de la “mayor expansión de infraestructuras de la historia de la humanidad”. La frase podría parecer exagerada si no fuera porque los mercados siguen comportándose como si fuera literalmente cierta. Las acciones del grupo de telecomunicaciones e inversión japonés SoftBank se dispararon un 20% en Tokio ante las expectativas ligadas a la IA y a su exposición a OpenAI (la matriz de ChatGPT), de la que ostenta el 13% del capital. Mientras tanto, Google presentó nuevas herramientas capaces de automatizar tareas cada vez más complejas y Huawei asegura haber encontrado un camino alternativo para fabricar chips avanzados sin depender de la tecnología occidental vetada por Estados Unidos. La supuesta burbuja lleva demasiado tiempo resistiéndose a pinchar.

De hecho, el problema para los escépticos es que cada semana aparecen nuevos datos que dificultan sostener la tesis del colapso inminente. Anthropic ya habla de beneficios antes de lo previsto. SpaceX (de Elon Musk) prepara una salida a Bolsa (OPV) que podría convertirse en la mayor de la historia. Y OpenAI acelera sus propios planes para cotizar. Hay algo profundamente paradójico en todo esto: la sociedad expresa ansiedad creciente sobre el impacto laboral y democrático de la IA mientras los mercados siguen interpretando cualquier avance como el anuncio de una nueva edad dorada. La profecía de la burbuja incumplida empieza a parecerse a aquellas crisis anunciadas cada año que nunca terminan de llegar.

Eso no significa que no haya motivos para la prudencia. Las advertencias sobre las futuras OPV de OpenAI, Anthropic o SpaceX son significativas. Muchos pequeños inversores podrían entrar tarde en compañías cuyos primeros accionistas llevan años esperando una vía de salida. La advertencia que publicaba hace unos días Axios AI+ es directa: “solo porque puedas no significa que debas”. El exgestor de carteras Tyler Gardner afirma que nada le convencería de comprar estas OPV: hacerlo sería el mayor regalo que se puede hacer a los insiders (los directivos, consejeros o accionistas mayoritarios de una empresa que tienen acceso a información confidencial antes de que se haga pública) y a los inversores privados que llevan años esperando poder salir. Y hay otro elemento menos visible: la automatización financiera: los fondos indexados y el capital pasivo podrían inflar todavía más estas cotizaciones de forma casi mecánica, alimentando un círculo donde el precio deja de reflejar expectativas racionales y pasa a reflejar pura inercia financiera.

Quizá el dato más importante de esta semana no sea bursátil, sino cultural. La IA ya no genera únicamente fascinación; empieza a producir rechazo social visible. Y eso cambia el tablero. Durante años, Silicon Valley asumió que cualquier tecnología capaz de generar riqueza terminaría siendo aceptada por la sociedad, aunque provocara disrupciones temporales. Pero los abucheos en las universidades estadounidenses apuntan a otra cosa: una generación que sospecha que la revolución puede estar diseñada para beneficiar sobre todo a quienes ya están arriba no para repartir la prosperidad.

El dato

1.800

Son los millones de euros de ahorro anual que se lograría si se impulsara el usos de los fármacos genéricos hasta niveles europeos, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el mercado de distribución de medicamentos en España. La patronal de los genéricos, Aeseg, asegura que en España estos medicamentos se sitúan aún lejos de la media europea, que está en torno al 65% en unidades y al 25% en valores, porcentajes que se reducen en nuestro país al 21% y 40 %, respectivamente.

Eso en cuanto al ámbito mayorista; en cuanto al minorista, la CNMC propone flexibilizar la regulación sobre la propiedad de las oficinas de farmacia, el acceso a la actividad y su ejercicio. Dice este organismo que, si se flexibilizara la apertura de farmacias, se crearían, en una década, 20.000 nuevos establecimientos y 45.000 nuevos empleos, la mayoría cualificados. El Consejo General de Farmacéuticos rechaza esta liberalización.

El gráfico

La industria europea del automóvil atraviesa una transición que ya no gira solo alrededor de la electrificación. La batalla real se libra en otro terreno: quién controla la tecnología, las cadenas de suministro y la capacidad industrial del coche del futuro. Y ahí China ha tomado ventaja. Los fabricantes europeos, presionados por los costes y la transición verde, recurren cada vez más a fábricas chinas para producir vehículos más baratos y competitivos. Volkswagen reconoce que fabricar un eléctrico en China puede costar hasta la mitad que en Europa, mientras Bruselas teme perder no solo producción, sino también innovación y control tecnológico.

En este gráfico de Agenda Pública, puede apreciarse quién gana y quién pierde en esta nueva realidad en la última década. Se observa un cambio de peso muy significativo en la cuota de mercado de los países productores. Este cambio beneficia a China e India, cuyas cuotas en 2025 —35,8% y 6,7%, respectivamente— suponen un aumento del 32,5% y del 46,5%, respectivamente, con relación a las de 2015. Algunos países, como la propia India o México, han ganado protagonismo al actuar como polos industriales emergentes, integrándose en cadenas regionales.

Según datos recogidos por el Financial Times, China ya exporta más de siete millones de vehículos al año, frente al millón escaso de 2020. Solo en los cuatro primeros meses de 2026, las exportaciones crecieron un 61%. Basta con echar un ojo a los coches que circulan por nuestras ciudades y pueblos. Las marchas chinas crecen como la espuma.

En medio de esa sacudida, España intenta posicionarse como uno de los grandes polos europeos del coche eléctrico. La combinación de plantas ya instaladas, costes más bajos que Alemania o Francia, renovables y fondos europeos ha atraído el interés de fabricantes chinos y alianzas como la de Stellantis y Leapmotor en Zaragoza. El sector confía –como hemos contado esta semana en el diario-- en que esas inversiones permitan renovar el viejo “milagro español” de la automoción, aunque el movimiento también plantea un dilema incómodo para Europa: reindustrializarse apoyándose precisamente en la tecnología china que intenta contener.

Tipos (y tipas) de interés

Sube Josep Maria Recasens, nuevo consejero delegado de Indra. ‘Reca’, como se le conoce en los despachos del sector de automoción, llega a Indra con un perfil que, sobre el papel, encaja bien en la nueva etapa de la compañía: discreto, técnico, internacional y con fama de estratega tranquilo. En Renault ha sido una de las piezas clave de Luca de Meo y uno de los ejecutivos españoles con más peso en la transformación del automóvil eléctrico europeo. No tiene experiencia directa en defensa, pero tampoco la tenían antes Marc Murtra, Ángel Simón o el propio José Vicente de los Mozos. Lo que busca ahora Indra no es un militar industrial, sino alguien capaz de ordenar una compañía atrapada durante dos años en un gran conflicto de gobernanza.

Su principal reto no será tecnológico, sino político y corporativo. Recasens aterriza en una Indra todavía marcada por la crisis provocada por la irrupción y salida de los hermanos Escribano, la frustrada operación con EM&E y la continua batalla por el control ejecutivo del grupo. Y ahí aparece la figura de Ángel Simón. Aunque el nuevo presidente proyecta un perfil institucional y no es ejecutivo, en sus dos meses en el cargo ha demostrado que manda y mucho, con la incorporación de su lugarteniente, Ciril Rozman, y la salida del predecesor de Recasens, De los Mozos.

 ‘Reca’ tendrá que gestionar ese equilibrio delicado: construir liderazgo propio sin entrar en colisión con un presidente que parece decidido a pilotar directamente la transformación del grupo.

Porque el momento de Indra es probablemente el más ambicioso —y también el más inestable— de su historia reciente. La compañía quiere convertirse en campeón nacional de defensa en plena explosión del gasto militar europeo, liderar programas estratégicos como el FCAS o el 8x8 Dragón y redefinir el mapa industrial español alrededor de la defensa y la tecnología. El problema es que esa expansión coincide con una empresa todavía tensionada internamente y bajo vigilancia política constante. Ahí es donde el estilo Recasens puede convertirse en ventaja: menos ejecutivo agresivo y más operador de consenso. Justo lo que necesita una compañía que lleva demasiado tiempo funcionando como un avispero.

No todo nos parece mal

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma pendiente para impulsar más la jubilación flexible, fórmula por la que una persona que se ha jubilado vuelve a trabajar a tiempo parcial, cobrando el salario y parte de la pensión. Entre las novedades, se permitirá acogerse a esta modalidad a los autónomos, hasta ahora solo disponible para los asalariados, hay un incremento en el porcentaje de pensión que se puede cobrar en algunos casos, y solo podrán recalcular su pensión a futuro los jubilados forzosos.

La intención de estas últimas reformas es hacer “más flexible” el paso entre el trabajo y la jubilación, siempre de manera “voluntaria”, ha explicado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz. Las medidas “ya están dando sus frutos”, ha sostenido la también ministra portavoz, con un retraso de la edad efectiva a la que la población se jubila en los últimos años. En abril, ha alcanzado los 65,5 años, mientras en 2019 era de 64,4 años.

Quienes, desgraciadamente, no pueden jubilarse por mucho que quieran (y lo necesiten) son las trabajadoras del hogar. Para muchas de ellas la vejez y una larga carrera laboral no dan paso a la jubilación ni al descanso. “La mayoría de compañeras siguen trabajando porque es lo único que te queda para sobrevivir tú y los tuyos. No nos queda otra”, explica Marga Martínez, empleada del hogar y de cuidados desde hace 26 años a Laura Olías en esta información. Esta realidad queda analizada en un informe de Oxfam Intermón, que pone el acento en los problemas generalizados para acceder a una pensión suficiente en este colectivo, de más de medio millón de trabajadoras, en su inmensa mayoría mujeres.

Nos gusta la competencia 

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La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que dará prioridad a los fabricantes europeos en la concesión de nuevas licencias de proveedores de servicios móviles por satélite. La medida trata de frenar la expansión desmedida de Starlink, la compañía de satélites de Elon Musk, o la red satelital de Amazon.

Bruselas va a reestructurar el acceso y uso de la banda de frecuencias de 2 GHz para servicios móviles por satélite que sitúa la autonomía estratégica y la soberanía tecnológica como pilares fundamentales. La Comisión Europea considera que la conectividad satelital es una infraestructura “vital para la soberanía tecnológica de la UE”, especialmente frente a “las rápidas evoluciones del mercado y la geopolítica mundial”. Hasta ahora los operadores estadounidenses han conseguido copar buena parte del mercado europeo.

La decisión de Bruselas beneficiará a compañías como la española Indra, que tras su compra de Hispasat, o con la joint venture Sateliot se puede convertir en uno de los líderes en este tipo de tecnología. Recientemente, PLD Space, la empresa española de transporte espacial con sede en Elche, ha recibido un préstamo de 30 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para impulsar la fase de desarrollo final del su cohete Miura 5. Este lanzador fue diseñado para poner pequeños satélites en órbita.

El sector de servicios de datos y telecomunicaciones satelitales a gran escala en Europa mueve alrededor de 9.200 millones de euros anuales, según la Agencia Europea del Espacio. Otras compañías europeas pujantes son Eutelsat, Telespazio o SES.

El objetivo de la medida es “reducir la dependencia estratégica de proveedores de terceros países”. Para proteger el orden público y diversificar el mercado, la normativa busca explícitamente incentivar y dar prioridad a nuevos operadores tecnológicos establecidos en la Unión Europea, evitando así que “los servicios comerciales dependan de un único operador extranjero”.

En la última concesión de 2009, dos empresas estadounidenses Viasat, que tiene como principales accionistas a los fondos The Vanguard Group y BlackRock, y EchoStar, propiedad del multimillonario estadounidense Charlie Ergen, ganaron las concesiones de servicios móviles por satélite. Desde la entrada en vigor del nuevo reglamento, estas compañías podrán prorrogar por dos años sus servicios.

Concesiones exclusivas a empresas europeas

El nuevo reglamento establece que una parte dedicada a la banda de espectro de 2 GHz se asigne exclusivamente a un sistema satelital gubernamental seguro y resiliente (sistema MSS/híbrido). Para este servicio (comunicaciones críticas, militaresy de defensa) se seleccionará a un único titular para operar este sistema, que tiene que ser un fabricante europeo. A este operador se le asignarán dos bloques destinados principalmente a las comunicaciones gubernamentales.

Respecto a los servicios comerciales (desde servicios de internet a bordo de aeronaves ofrecidos a los pasajeros, internet rural, rastreadores personales de actividad física o sistemas de monitorización energética, entre muchos otros), se autorizará a uno o más operadores europeos nuevos para proporcionar servicios comerciales. Estos nuevos entrantes de la UE tienen prioridad para obtener dos de los cuatro bloques comerciales disponibles. Los otros dos bloques restantes estarán disponibles para solicitantes de un Estado miembro de la UE o de un tercer país. Es decir, aquí sí que los gigantes estadounidenses podrán optar a ofrecer sus servicios.

La Comisión Europea quiere “evitar monopolios y asegurar la competencia” con lo que se “imponen límites estrictos en las concesiones: ningún fabricante puede obtener más de dos bloques para la prestación de servicios comerciales y en caso de que un operador haya conseguido ser el seleccionado para el sistema gubernamental podría llegar a obtener un máximo de dos bloques adicionales para uso comercial.

Además, se exige a los operadores garantizar un nivel alto de seguridad en la cadena de suministro de los componentes clave, que deben fabricarse en la UE. En la búsqueda de la máxima seguridad, “se prohíbe explícitamente” que los solicitantes estén obligados por leyes de terceros países a reportar vulnerabilidades de software o hardware a gobiernos extranjeros antes de que la UE tenga conocimiento, con el objetivo de proteger a la UE de ciberataques.

“Una conectividad satelital de alta capacidad y ampliamente disponible es esencial para reforzar la resiliencia de las redes de comunicación de la UE. La conectividad satelital también es crucial para nuestros servicios gubernamentales y las comunicaciones críticas de Europa. Hoy damos un paso muy importante hacia adelante”, ha comentado Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica.

Durante la presentación de la medida, Virkkunen ha recordado como una compañía europea de satélites trató de entrar en Estados Unidos para dar servicios móviles y no pudo acceder por el veto del Gobierno de EEUU.

“Hemos visto que en Estados Unidos también se ha tomado una decisión sobre la asignación de su banda de estos servicios y decidieron que el operador estadounidense continuará utilizándola. También había un operador europeo interesado en obtener acceso, pero fue rechazado por parte de Estados Unidos”, ha concluido la comisaria europea.

En los despachos del sector de automoción se le conoce como 'Reca', más fácil de pronunciar para muchos que su apellido completo. Ahora, Josep Maria Recasens (Girona, 1976) da el salto a Indra y el sector de la defensa con su estilo práctico y discreto. No sabemos si Josep Maria Recasens habrá celebrado su nombramiento como consejero delegado de Indra cantando la canción 'Smooth operator' de Sade, la misma que canturrea Carlos Sainz cuando consigue subir al podio en una carrera de Fórmula 1 haciendo gala de su talante afable. El 'operador suave' de la automoción dirigirá la principal empresa española de equipamiento militar.

Josep Maria Recasens habla con suavidad y siempre con una sonrisa en los labios. Unos días antes de su designación como principal candidato al puesto de consejero delegado de Indra hizo una demostración de sus cualidades sociales en Barcelona para presentar el Plan España Auto 2030, la ambiciosa hoja de ruta que se empecinó en negociar con todos los actores del sector del automóvil y con el Gobierno.

“¿Cómo estáis por aquí?”, preguntó Recasens a directivos de Seat, la empresa en la que se formó y trabajó durante unos 20 años, con los que se reencontró en la que considera todavía como su casa. Escuchó y elogió los logros de Seat y Cupra en los años en los que él ya no estaba en la compañía al dar el salto a Renault de la mano de Luca de Meo, que lo aupó en la marca española y también en la francesa.

Es una muestra de su talante sociable y pausado tras el que hay un estratega y uno de los directivos españoles con más capacidad para tejer alianzas. Además de la consecución del Plan España Auto 2030, Recasens da el salto a Indra con otra medalla, la de haber encarrilado el futuro para los próximos años de las fábricas de Renault en Valladolid, Palencia y Sevilla. Para ello ha tenido un papel decisivo para convencer a la nueva dirección de Renault, encabezada por François Provost, y a los sindicatos españoles, que han tenido que renunciar a algunas de sus demandas para acercar posiciones en un convenio colectivo para fabricar modelos 100% eléctricos por primera vez en España.

En el impulso final del convenio, Recasens ha contado con la implicación del ministro de Industria, Jordi Hereu, que convocó una reunión para evitar las huelgas y asegurar las nuevas inversiones.

El nuevo CEO de Indra tendrá que hacer gala de su pragmatismo en el nuevo equipo que está configurando Ángel Simón tras el terremoto con la marcha de Ángel Escribano. El presidente ha prescindido de José Vicente de los Mozos, que también había sido presidente de Renault España y miembro de la dirección del grupo francés, y ha fichado a su escudero Ciril Rozman como responsable de la Oficina de Presidencia.

A sus 50 años, el ingeniero catalán Josep Maria Recasens llega a Indra para continuar la labor que había emprendido De los Mozos de atraer a fabricantes y proveedores de automoción al sector emergente de la defensa y la seguridad. Recasens jugará un papel importante con sus contactos en la automoción para convencer a empresas industriales y tecnológicas para que se sumen a la lista de proveedores de confianza, tanto para ensamblar vehículos como para obtener dispositivos avanzados como cámaras, sensores y software.

El Gobierno, que controla Indra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), confirma el interés por los perfiles que tienen vinculación directa con la industria del motor, en línea con la idea de que se den ciertas convergencias entre este sector y el de defensa, llegando incluso a reconvertir fábricas automovilísticas para cubrir la demanda creciente del sector militar.

Ascenso de la mano de Luca de Meo

El fichaje por Indra se convierte también en una oportunidad para Recasens, que ha tenido que resituarse en la cúpula de Renault con las resoluciones de Provost de dar marcha atrás a decisiones que tomó De Meo antes de dejar el automóvil y entrar en el grupo de lujo que controla Gucci. Recasens se quedó sin la dirección de la división eléctrica Ampere, que ha quedado diluida en Renault. En los últimos meses, Recasens ha ido aumentando sus viajes de París a España para elevar su dedicación a la filial española y como máximo representante de la Asociación de Fabricantes de Automóviles.

Aterrizó en Seat en 2002 como un joven ingeniero obsesionado con la estrategia de producto. Pasó por I+D, planificación y gestión internacional hasta que apareció en escena Luca de Meo. Ahí empezó realmente su ascenso. De Meo detectó rápido un perfil poco habitual: técnico, político y corporativo al mismo tiempo. Recasens no era únicamente un ingeniero; entendía cómo funcionan las administraciones, cómo se negocian inversiones multimillonarias y cómo se alinean intereses públicos y privados. En 2016 fue nombrado director de Estrategia de Seat y más tarde se convirtió en una pieza clave del proyecto Future: Fast Forward (F3), el gigantesco plan de 10.000 millones para electrificar las fábricas de Seat de Martorell y de Volkswagen en Navarra y levantar la gigafactoría de baterías de Sagunto.

Aquel proyecto fue un máster para aprender a navegar en un ecosistema con 50 empresas aliadas en un consorcio y con una fuerte implicación de las administraciones a través de complejos mecanismos como los PERTE VEC del Ministerio de Industria.

En 2021 llegó la llamada decisiva. De Meo, ya al frente de Renault, lo reclutó para París como director de Estrategia y Desarrollo de Negocio del grupo. En la práctica, una especie de jefe de gabinete industrial del CEO. Desde entonces, la carrera de 'Reca' se aceleró todavía más. Se convirtió en presidente de Renault España, asumió responsabilidades en Ampere —la división eléctrica creada por De Meo— y acabó pilotando una parte esencial de la transformación tecnológica del grupo francés.

Ahora, Josep Maria Recasens dispondrá hasta el día 17 de junio para preparar su relevo al frente de Renault España y en la presidencia de Anfac tras marcar la hoja de ruta a corto y medio plazo en la empresa y la patronal.

El directivo catalán llega en un momento crucial para Indra, en el que tendrá que afrontar el arduo reto de convertirse en 'campeón' de la industria de defensa española, al tiempo que gestiona la situación de la posible reactivación de la fusión con la compañía familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), uno de los orígenes de la crisis de gobernanza de la multinacional española.

Indra ha anunciado este martes el nombramiento como nuevo consejero delegado del hasta ahora directivo de Renault y presidente de la patronal automovilística Anfac, Josep Maria Recasens. 

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo de tecnología y defensa explica que el consejo de administración del grupo ha resuelto nombrar consejero ejecutivo por cooptación “tras la dimisión” del hasta ahora consejero de la compañía, José Vicente de los Mozos, y a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la cotizada.

El nombramiento de Recasens como primer ejecutivo de Indra, aprobado por unanimidad en el máximo órgano de gestión de la cotizada, surtirá efecto “el 17 de junio de 2026, con el objeto de permitir una transición ordenada en el ejercicio de sus funciones actuales y garantizar el adecuado traspaso de responsabilidades con carácter previo a su efectiva incorporación a la Compañía”.

Recasens ha sido finalmente el elegido en una lista corta de nombres para la que han sonado en los últimos días en las quinielas otros candidatos como Raül Blanco, expresidente de Renfe, ex secretario general de Industria y actual directivo de la vasca Sapa (accionista de Indra con un 8%), y Manuel Cermerón, director de crecimiento y transformación de Veolia, antiguo consejero delegado de Agbar y de Suez España y considerado cercano al nuevo presidente de Indra, Ángel Simón.

Recasens es uno de los directivos españoles que más alto han llegado en el sector del automóvil. El ejecutivo gerundense es el actual responsable global de Estrategia, Producto y Gestión de Programas de Renault y miembro del comité de dirección mundial de la multinacional automovilística francesa. También trabajó en Seat, donde fue director de Estrategia y Relaciones Institucionales y uno de los responsables de lanzar la marca Cupra.

Ingeniero especializado en Organización Industrial por la Universidad de Girona y MBA por ESADE, tiene una trayectoria de más de 20 años en el sector de la automoción. Antes de trabajar en Renault, ejerció como Chief Strategy Officer y Chief Operation Officer de Ampere, y Corporate Strategie de Seat, donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional.

Recasens va a sustituir a De los Mozos, también ex directivo de Renault cuya “valiosa contribución” agradece Indra en la implantación de su plan estratégico “Leading de Future”. La no renovación del todavía CEO de Indra fue anunciada por el grupo tecnológico y de defensa el pasado 18 de mayo, ante el “inminente vencimiento de su mandato” de tres años, que expiraba en la junta de accionistas del próximo 30 de junio, y tras anunciar De los Mozos (que está considerado cercano al PP) que su intención era seguir al frente de Indra. 

De los Mozos ha asegurado que se marcha de la empresa “con la satisfacción de haber contribuido a dejar una compañía más sólida, más global y preparada para afrontar los próximos retos con confianza”. En una publicación en LinkedIn, el aún consejero delegado de Indra ha destacado que esa ambición se ha materializado en hechos, “con el impulso decidido a proyectos industriales, hoy pilar de la competitividad y crecimiento de Indra Group en los próximos años”, al cuadriplicar su actividad industrial.

Asimismo, ha subrayado la apuesta del grupo por la internacionalización y la “evolución sostenida en la generación de valor”, reflejada en un fuerte crecimiento de la capitalización de la compañía, al cuadriplicar su valor en Bolsa.

La trayectoria de Recasens hasta llegar a la cotizada recuerda al camino que emprendió el propio De los Mozos. El todavía consejero delegado de Indra llegó al grupo en 2023 (cuando el presidente de la compañía era Marc Murtra, hoy en Telefónica) también procedente de Renault, donde fue responsable global de Producción, presidente de la filial española y, como Recasens, máximo responsable de la patronal Anfac.

Recasens va a formar tándem con el presidente no ejecutivo de Indra. Ángel Simón fue nombrado hace poco más de un mes a instancias de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), principal accionista del grupo (28%). 

El directivo catalán, ex consejero delegado de Criteria y considerado cercano al PSC, fue el elegido para sustituir al anterior presidente ejecutivo, Ángel Escribano, entonces copropietario del primer accionista privado de Indra, Escribano Mechanical & Engineering, que dimitió tras los reparos del Gobierno a la fusión con su empresa por el conflicto de interés que implicaba la operación.

La invasión rusa de Ucrania y el distanciamiento de Estados Unidos convencieron a Europa de la necesidad de construir sus propias capacidades de defensa. Al tiempo, Donald Trump exige a sus socios en la OTAN que gasten un 5% del PIB en defensa, aunque España lo ha toreado como ha podido, para comprometer el 2% del PIB, que son 34.000 millones de euros al año. Esa demanda de inversión esconde la descarada pretensión de que Europa compre aún más material a la poderosísima industria militar americana.

Francisco Javier Sánchez, presidente de Airbus España, aseguraba en una conferencia que uno de los grandes problemas de la industria de defensa europea es su fragmentación y dependencia. Fragmentación, porque en Europa se producen 179 sistemas diferentes de armas (aviones, barcos, tanques, armas, etc.), frente a 33 en Estados Unidos; y dependencia de este país, porque Europa le compra el 80% del material, mientras que ellos se autoabastecen.

Por tanto, la conclusión evidente es que Europa necesita integrar sus empresas militares, para hacerlas más grandes, innovadoras y competitivas, de manera que sean capaces de suministrar a sus ejércitos y no depender del producto Made in USA. Para alcanzar ese objetivo, el primer paso es fusionar las industrias nacionales, para luego ir a un proceso supranacional, como en otros sectores. Es el camino para preservar localmente los empleos en una industria puntera en tecnología de uso militar y civil, y mantener cierta autonomía.

Este contexto llevó al Gobierno a promover un campeón nacional de la industria militar alrededor de Indra, compañía cotizada en Bolsa y participada al 28% por el Estado, a través de la SEPI. Se trata de homologarse con los grandes países europeos. Alemania cuenta con Rheinmetall, fabricante de tanques, misiles, artillería y sistemas aéreos antimisiles. Italia, con Leonardo, más enfocado en industria aeronáutica, con aviones de entrenamiento y helicópteros, o satélites. Y Francia, cuenta con Thales, la más parecida a Indra, puesto que está más centrada en transformación y seguridad digital, así como aviónica, radares, satélites, simuladores o señalización.

Rheinmetall es una compañía privada, con un accionariado muy atomizado. En cambio, Leonardo y Thales están, al igual que Indra, participadas y controladas por el Estado, que cuenta con participaciones del 30% y del 26,6%. El caso francés es peculiar porque el Estado tiene un socio, Dassault Aviation, que tiene su misma participación; sin embargo, el primero tiene el 36,7% de los derechos de voto y el segundo el 29,9%. Es llamativo que el socio privado sea además relevante en medios de comunicación, ya que el Grupo Dassault es el dueño de Le Figaro, el principal periódico conservador de Francia. Esto rememora el caso de Amber Capital, principal accionista y gestor del Grupo Prisa, con un 29,9%, que además es socio clave de Indra, con un 7,24%.

Ahora bien, la diferencia de tamaño (facturación) y perspectivas (tecnología) de unas compañías y otras queda patente en su valor bursátil. La capitalización de Rheinmetall es de 55.000 millones de euros, la de Thales 47.000 millones, la de Leonardo 30.000 millones y la de Indra 9.200 millones. Por tanto, queda claro que la empresa española elegida para liderar la industria de defensa Made In Spain tiene mucho que recorrer para homologarse con sus vecinos.

El problema está en que el plan para levantar ese líder español está resultando un desastre, producto de una improvisación propia de aficionados. El Gobierno ha pretendido construir en Indra un accionariado estable y de confianza, a la vez que absorbe empresas del sector que completen su gama de productos militares. En esa dinámica, Indra absorbió la pública Hispasat; entró en el capital de la vasca ITP (9,5%), que fabrica y mantiene motores de aviación, y tomó la mayoría de Tess Defence, una alianza nacional para fabricar tanques, que avanza con dificultades, dado que sus socios son íntimos enemigos, (Indra/Escribano y General Dynamic). A la vez que montaban el puzzle industrial, repartían quesitos de capital a los socios industriales. La familia vasca Aperribay, dueña de SAPA, se hizo con el 7,9% de Indra y el 16,3% de Tess Defence y la familia Escribano llegó a sumar el 14,3% y el 16,3% de esas mismas compañías.

El error es que la casa se comenzó por el tejado, sin un plan estratégico bien trazado, y con los ministerios de Industria y Defensa de mera comparsa. El manejo del plan se hizo desde Moncloa, de la mano de Manuel de la Rocha Vázquez, director de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 en la Presidencia del Gobierno. Así las cosas, en enero del año pasado, al descabalgar a José María Álvarez-Pallete de la presidencia de Telefónica y colocar a Marc Murtra, quedaba vacante la presidencia de Indra y no se le ocurrió otra cosa que colocar a Ángel Escribano, que ya tenía a su hermano Javier en el consejo representando al paquete familiar. A partir de ahí, Indra ha ido de lío en lío, con cambios de presidente, consejero delegado (José Vicente de los Mozos está en la puerta) y directivos de todo ámbito.

Si el proceso se hubiera hecho con un diseño racional, Indra habría adquirido Escribano en 2023, para convertirla en la filial de mecánica, con los hermanos al frente. Indra se habría ahorrado mucho dinero y no habría estado parada más de un año tratando de justificar lo injustificable: que los Escribano podían ser comprador y vendedor de su propia empresa, una compañía engordada con contratos del Estado, que pagaba la fiesta y diluía su poder. Los hermanos Escribano han estado a punto de quedarse con el control y la gestión de una compañía que en 2022 facturaba 42 veces más que la suya. Hubiera sido un escándalo de dimensiones cósmicas.

De la Rocha, el impulsor oficial de la fusión Indra-Escribano se cayó del caballo y, en un giro de guion, promovió la destitución de Ángel Escribano al frente de Indra para colocar a Ángel Simón, que se encontraba en paro desde hace un año, cuando Isidro Fainé le despidió de CEO de CriteriaCaixa por exceso de celo. Es como si De la Rocha devolviera a Simón el favor que le hizo cuando le prestó los votos en Telefónica para ejecutar a Pallete.

Esta batalla tiene dos beneficiarios, los Escribano y JP Morgan, que han ingresado alrededor de 1.300 millones, con un beneficio y reparto que sólo saben ellos. Eso sí, los hermanos Escribano no se han visto en otra igual. A ver qué hacen con tanto dinero ganado rápido y fácil. Parece que la industria de defensa y los medios de comunicación maridan bien, pues hay pocos misiles con tanta puntería. Mientras, Indra y la industria española de defensa llevan dos años perdidos y Rheinmetall, Thales y Leonardo siguen alejándose.

Durante años, la industria de defensa fue poco menos que un tabú en Catalunya. Sin grandes fabricantes militares en el territorio, sin ninguna apuesta estratégica del Govern y con una opinión pública históricamente contraria al negocio, el sector apenas tenía presencia en la conversación pública. Esa realidad forma ya parte del pasado.

El nuevo ciclo inversor europeo en seguridad y defensa impulsado por la guerra en Ucrania y la llegada de Trump a la Casa Blanca ha cambiado profundamente el tablero. Ahora Gobierno, Generalitat, patronal y grandes compañías quieren situar a Catalunya en el mapa europeo de las tecnologías de doble uso, es decir, aquellas aplicaciones civiles que también pueden tener salida en el ámbito militar.

La ofensiva se está produciendo en varios frentes y con un objetivo común: aprovechar la potente base industrial y tecnológica catalana para captar parte de los miles de millones que Europa y el Estado prevén movilizar en los próximos años.

El pastel no es pequeño. El Gobierno ha desplegado un plan en el que prevé destinar unos 10.000 millones al sector (el 2% del PIB) y, según la patronal Foment, las compañías catalanas quieren arañar hasta el 20% de esos fondos. La Unión Europea (UE), a su vez, prevé aportar durante el próximo lustro 800.000 millones de euros entre subvenciones, flexibilidad fiscal y créditos.

“Hay que aprovechar la ola inversora y los recursos que habrá durante este ciclo, que no será corto”, apunta en conversación telefónica Roger Torrent, expresidente del Parlament, ex conseller de Empresa con ERC y una de las nuevas voces destacadas de la apuesta catalana por el sector de la defensa.

Torrent ha fundado recientemente una consultora para asesorar a empresas que quieran entrar en el negocio y, a su vez, ha ejercido de responsable técnico de un informe de la Cámara de Comercio de Barcelona que reivindica el potencial de la industria catalana en este sector.

La apuesta la resumió el pasado 4 de mayo José Vicente de los Mozos, el actual consejero delegado de Indra (participada en un 28% por el Estado). “Hay que cambiar la mentalidad del mundo del automóvil al mundo de la defensa”, afirmó en un acto en Sant Cugat del Vallès ante la presencia del conseller de empresa catalán, Miquel Sàmper. 

Sàmper fue más allá. Citó los expedientes de regulación de empleo en grandes centros de trabajo como Nestlé, Ficosa o Nissan y dibujó a la industria de defensa como una de las mejores opciones para “generar una transformación del mercado laboral actual” en Catalunya. 

Las escenas que muestran el cambio se suceden. Esta semana, Indra reunió en los Tinglados del Puerto de la capital catalana a más de 200 empresas del ecosistema catalán de defensa, seguridad y espacio para presentar su plan de expansión en Catalunya.

El grupo, presidido por Ángel Simón, anunció que prevé crear 1.500 empleos y elevar su facturación en el territorio hasta los 550 millones de euros en 2027. Actualmente, emplea a 3.500 personas en Catalunya y factura 366 millones de euros.

“Europa necesita una capacidad industrial sólida para garantizar la soberanía del continente, e Indra quiere ser líder”, aseguró Simón durante el acto. La empresa también avanzó nuevos centros de actividad en Catalunya y defendió el papel del territorio como futuro hub industrial vinculado a la defensa, la ciberseguridad y el espacio.

Apuesta estratégica de la Generalitat

El Govern es otro de los actores que rema a favor de esta apuesta y lleva meses preparando el terreno. A través de Acció, la agencia pública de promoción económica, la Generalitat ha empezado a formar a empresas catalanas interesadas en acceder a este mercado. 

El foco está puesto en sectores industriales ya consolidados —automoción, espacio, metalurgia, telecomunicaciones o software— que puedan desarrollar tecnologías de “uso dual”.

También el president de la Generalitat, Salvador Illa, respaldó públicamente esta estrategia en el acto de Indra. “Hay que explicar a la sociedad la importancia de la seguridad colectiva”, afirmó. Illa defendió, además, que la seguridad es “necesaria” para que exista el estado del bienestar y reivindicó el refuerzo de la “autonomía” de Europa “ante un mundo cada vez más polarizado”.

Según el mencionado informe de la Cámara de Comercio, las empresas catalanas con potencial en este ámbito ya generan unos 1.600 millones de euros anuales, pero podrían incrementar esa cifra en 1.000 millones y crear 10.000 empleos durante los próximos cinco años. El estudio identifica hasta 800 compañías con capacidad para integrarse en la llamada “cadena de valor de la defensa europea”.

Otro informe de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) elaborado por PwC, apunta que la contribución económica de las empresas vinculadas a defensa, seguridad, aeronáutica y espacio aumentó en 2024 un 13% y el empleo un 20% respecto al año anterior.

La industria del automóvil, en el punto de mira

Tal y como recomendó el consejero delegado de Indra, el automóvil aparece como uno de los sectores llamados a jugar un papel clave en esta reconversión.

Indra ya se ha aliado con Ficosa para desarrollar sistemas de visión y vigilancia para vehículos militares, mientras Seat ha iniciado conversaciones sobre la posible fabricación de vehículos militares ligeros en la planta de Martorell (Barcelona). 

“Es evidente que el know-how del sector de la automoción es muy interesante desde el punto de vista de la defensa”, abunda Torrent. “La combinación entre una industria competitiva y madura y esta capacidad tecnológica hacen de Catalunya un lugar donde puede haber mucho crecimiento”.

La patronal también se ha sumado abiertamente a la operación. Foment del Treball anunció en noviembre la creación de un nodo catalán de empresas estratégicas de defensa y seguridad con el objetivo de integrar a las pymes catalanas en los programas europeos de defensa. 

Foment, de hecho, trabaja ya junto al gigante español de la defensa Santa Bárbara Sistemas-General Dynamics para asesorar a pequeñas y medianas empresas catalanas interesadas en convertirse en proveedoras del sector. Según explicó la compañía, más de un centenar de empresas catalanas forman actualmente parte de su cadena de suministro.

“Catalunya puede aportar pymes, industria, investigación y talento a las cadenas europeas de seguridad, con retorno en innovación, empleo cualificado y soberanía tecnológica”, afirman desde esta entidad.

Detrás de este movimiento hay también una carrera por no quedar rezagados frente a otras comunidades autónomas. Madrid, Andalucía y País Vasco concentran actualmente el grueso de la industria española de defensa, y Catalunya aspira a hacerse un hueco como polo tecnológico especializado en usos duales.

Un sector polémico y poco rentable a nivel laboral

El debate político y social sobre esta reconversión está servido en Catalunya, donde la sociedad sigue dividida ante el aumento del gasto militar. Según una encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de 2025, un 26% de los catalanes considera que los países de la UE deben aumentar el gasto en defensa, un 36% cree que debería mantenerse y un 34% apuesta por reducirlo. 

La estrategia catalana evita, al menos por ahora, entrar de pleno en la fabricación de armamento pesado o munición a gran escala. La apuesta pasa más bien por áreas menos polémicas y con aplicaciones civiles claras: satélites, drones, ciberseguridad, comunicaciones, inteligencia artificial, sensores…

Según la investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Tica Font, el aumento en el gasto en defensa irá acompañado de recortes en otras partidas que jugarán en detrimento del Estado del Bienestar.

“Si haces ajustes presupuestarios debes sacar dinero de otros ministerios”, explica, y recuerda que el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, propuso disminuir el gasto en pensiones, sanidad y prestaciones sociales para lograr aumentar el gasto en defensa.

Font recuerda, además, que los puestos de trabajo que puede generar el sector por cada euro invertido son muchos menos que cuando se invierte en otros ámbitos. Recuerda que, según la Universidad de Brown (EEUU) y Greenpeace, un millón de euros en el sector de la defensa genera 6,9 puestos de trabajo, mientras que en la Sanidad supondría 19,2 empleos o 14,3 si se invirtiera en educación. 

La investigadora en comercio de armas destaca también la fuerte dependencia que tiene este sector de la administración pública. “Es una industria deficitaria del Estado”, señala por teléfono. “Solo produce e investiga bajo contrato con la administración, esto no ocurre con ninguna industria civil”, remacha.

Indra ha fichado a Ciril Rozman, exdirectivo de Aguas de Barcelona (Agbar) y de CriteriaCaixa, como director de asuntos públicos y de la oficina de presidencia, según ha informado la compañía en un comunicado este lunes.

Entre las funciones de Rozman se encuentra la gestión de asuntos corporativos o del ámbito de la gobernanza, reportando directamente al nuevo presidente de Indra, Ángel Simón, con el que ya trabajó anteriormente tanto en Agbar como en CriteriaCaixa.

Indra ha destacado que Rozman cuenta con más de 30 años de experiencia en grupos industriales y financieros “de gran complejidad y proyección internacional, con una sólida trayectoria en estrategia corporativa, gobierno corporativo y gestión de 'stakeholders'”.

“A lo largo de su carrera ha liderado funciones clave en comunicación corporativa, asuntos públicos y sostenibilidad, asegurando la coherencia entre el posicionamiento institucional y la estrategia empresarial”, ha detallado la firma, que ha añadido que, asimismo, el directivo ha desarrollado una “amplia trayectoria en entornos de alta exigencia institucional”, actuando como nexo entre la presidencia y los principales grupos de interés.

Más recientemente, ha desempeñado el cargo de director general de operaciones en CriteriaCaixa, tras una “larga trayectoria” en Agbar, donde ocupó posiciones de máxima responsabilidad como director general de estrategia para Iberia y Latinoamérica y consejero delegado en distintas geografías.

En el marco de esta nueva organización, la directora de relaciones institucionales, Cristina Poole, pasará a tener doble dependencia jerárquica del nuevo director de la oficina de presidencia y del director de la oficina del consejero delegado, Juan Ramón Hernández.

Además, la firma de defensa y tecnología ha informado de que el director general de marketing, gestión de marca y comunicación interna de Indra, Jesús Presa, asumirá a partir de este lunes la responsabilidad de la comunicación de Indra, consolidando todas ellas bajo su ámbito como miembro del comité de dirección de la empresa.

Cabe recordar que Presa proviene del sector del motor, en concreto de Renault España -donde desempeñó el cargo de director de comunicación-, trayectoria que comparte con el actual consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, quien fue presidente de la filial española del fabricante automovilístico.

De este modo, Rafael Moreno, que ostentaba hasta ahora el puesto de director de comunicación, y que fue fichado por al anterior presidente, Ángel Escribano, procedente de General Dynamics, pasará a depender de Presa, manteniendo su contribución dentro del equipo en la posición de director de comunicación de negocios.

Con estos cambios en la organización, Indra subraya que “continúa reforzando su modelo de gobierno y sus capacidades en comunicación e interlocución institucional”.

Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa de armamento de los hermanos Ángel y Javier Escribano, sale del accionariado de Indra con la venta de su 14,3% de la compañía española de tecnología y defensa, según ha avanzado Expansión y ha confirmado elDiario.es en fuentes del mercado.

EM&E era hasta ahora el primer accionista privado de Indra. A los precios de cierre de este martes, ese paquete está valorado en 1.320 millones de euros, con lo que los Escribano van a anotarse con la venta plusvalías estimadas en más de 900 millones. En enero, el paquete de los dos hermanos estaba valorado en 1.700 millones. Indra ha cerrado la sesión de este martes en 52,34 euros, con un alza cercana al 5%. A principios de marzo, sus acciones llegaron a superar los 64 euros.

Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los Escribano ya no figuran como accionista relevante de Indra tras la desinversión, realizada mediante una colocación acelerada. En esos registros del regulador, EM&E figura ya entre los accionistas de la cotizada que han dejado de ser relevantes, al pasar de ostentar un 14,3% del capital de la compañía de tecnología y defensa a un 0,00%, algo que habría notificado al supervisor hoy mismo. Tras trascender la salida de los Escribano, Indra ha informado a la CNMV a última hora de la tarde de la dimisión de Javier Escribano como consejero de la compañía en representación de EM&E, “tras haber transmitido dicho accionista la totalidad de su participación accionarial en el capital social de Indra”.

La operación puede suponer la antesala a la esperada fusión entre Indra y EM&E. Llega tres años después de la entrada de los dos hermanos en Indra, y tras la dimisión, el pasado 1 de abril, de Ángel Escribano (hermano de Javier) como presidente ejecutivo de la tecnológica, tras poco más de un año en el cargo.

Ángel Escribano fue sustituido (aunque sin funciones ejecutivas) por Ángel Simón, exconsejero delegado de CriteriaCaixa. Dimitió al frente de Indra tras expresar reservas la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), primer accionista de la cotizada con un 28%, sobre el “conflicto de interés” que implicaba la absorción de EM&E que Indra llevaba meses estudiando.

Esta operación había sido inicialmente alentada por Moncloa, con el objetivo de crear un gran campeón nacional de la defensa en pleno boom de este sector. EM&E aportaría a Indra el músculo industrial necesario para hacer frente a una cartera de pedidos de 20.000 millones de euros.

La salida de los Escribano del capital de Indra implicará también la marcha de la familia del consejo de administración de la cotizada, en la que todavía conservaban un vocal, con derecho a nombrar un segundo representante. Con la venta de sus acciones en Indra, la operación de integración de EM&E podría retomarse, una vez despejado el conflicto de interés que llevó a la SEPI a expresar sus dudas sobre la integración de la empresa familiar de los Escribano el pasado 18 de marzo.

El pasado jueves, en la presentación de los resultados trimestrales de Indra, su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, recordó que fueron los hermanos Escribano los que se retiraron del proceso y aseguró que Indra está abierta a estudiar de nuevo la posible operación, en caso de que desde EM&E se decidiera retomar de nuevo la negociación, algo que es muy previsible, y más cuando ese conflicto de interés ha quedado ventilado.

En total, EM&E, a través de un préstamo concedido por JPMorgan, invirtió más de 380 millones en alcanzar ese 14,3% que ahora han vendido con plusvalías multimillonarias. A través de su sociedad Advanced Engineering & Manufacturing, los Escribano entraron en el capital de Indra en mayo de 2023 con un 3% inicial valorado entonces en unos 65 millones.

En noviembre de 2023, subieron hasta un 8% por unos 126 millones adicionales, con el derecho a nombrar a un consejero. Y en diciembre de 2024, pasaron del 8% al 14,3%, con una inversión vinculada de unos 190 millones. Un mes después, y tras la marcha a Telefónica del hasta entonces presidente de Indra, Marc Murtra, Ángel Escribano se convirtió en presidente de la tecnológica.

Ahora, uno de los flecos que queda por despejar cuál es la valoración que Indra otorga a la empresa de los Escribano, que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años al calor de las adjudicaciones del Ministerio de Defensa.

Según Expansión, el consejo de Indra llegó a estudiar el pasado marzo lanzar una oferta (que no se llegó a realizar) por EM&E por 2.300 millones, después de que el CEO de Indra iniciase los contactos con Javier Escribano, presidente de EM&E, y a raíz de las valoraciones tanto de Indra como de EM&E por parte de los asesores de las diferentes partes.

El consejero delegado de Indra, José Vicente De los Mozos, ha dejado este jueves la puerta abierta a la posible fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la firma familiar de los hermanos Javier y Ángel Escribano, este último presidente de Indra hasta el pasado 2 de abril, y ha puesto la pelota en el tejado de esta compañía, también accionista de Indra con un 14,3% del capital.

“El día que ellos tomen la decisión, pues la estudiaremos”, ha afirmado durante la 'conference call' con inversores que ha celebrado la firma con motivo de la presentación de resultados del primer trimestre.

Preguntado por esta operación, que se paralizó en marzo después de que EM&E decidiese desistir de la misma por el “conflicto de interés” denunciado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el máximo directivo de Indra ha explicado la secuencia de los hechos.

“Los que han retirado la operación han sido los Escribano, entonces, cuando entre dos empresas está una negociación y uno se retira y dice que no quiere, que en este momento no se dan las circunstancias, yo lo único que puedo decir es nada, es esperar”, ha declarado. Así, ha señalado que en la actualidad, con la negativa de EM&E sobre la mesa, él “no tiene nada que decir”.

“A día de hoy, si ellos han considerado que no era el momento, yo no tengo nada que decir y respeto su decisión”, ha zanjado.

Cuestionado por los posibles movimientos en fusiones y adquisiciones ha asegurado que “hay compras y ventas”. “El tamaño lo iremos viendo”, y ha hecho un paralelismo con la caza.

“Esto es como cuando vas a cazar. Si te aparece un buen animal de caza mayor, no lo vamos a dejar desaprovechar, pero hasta que no sales a cazar y no ves la caza, pues no sabes al final si te vuelves con nada, con dos perdices o con algo de caza mayor”, ha explicado.

El directivo ha enmarcado estos movimientos en la hoja de ruta de la compañía. “Sabemos dónde tenemos que ir, sabemos la dirección y, repito, no es un tema de comprar por comprar”, ha incidido, detallando que las posibles adquisiciones deben “proporcionar capacidades que no tienen, sinergias que puedan eficientar el negocio o abrir nuevos mercados”.

De los Mozos ha comunicado que “no descarta alguna alianza con alguna otra empresa en algún sector que pueda posicionar a Indra como referente en ese sector”. “Todo esto es un tema que está abierto y depende de las oportunidades que vayamos encontrando”.

El grupo obtuvo un beneficio neto de 76,1 millones de euros en el primer trimestre, un 28,4% más, como consecuencia de la mejora operativa y tras crecer en ingresos, especialmente en el área de Espacio y Defensa.

Indra facturó 1.334 millones, un 14,6% más, en un trimestre en el que la compañía ha cambiado de presidente, con el nombramiento de Ángel Simón, y ha suspendido el análisis de esa posible operación con EM&E.

La compañía ha reiterado todos sus objetivos financieros para 2026: más de 7.000 millones en ingresos en moneda local, un ebit mayor que 700 millones y más de 375 millones de flujo de caja libre.

La facturación en el primer trimestre del año creció en todas las divisiones de Indra, especialmente Espacio (89 millones, un 393% más), tras las adquisiciones de Hispasat e Hisdesat; seguidas de Defensa con un 32,5% (275 millones); y Tráfico Aéreo (138 millones), un 17,2%.

Movilidad (80 millones) y Minsait (752 millones), el principal negocio de Indra, crecieron un 1,2% y un 1,3%, respectivamente.

El 21% de los ingresos del grupo, cuyo mayor accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 28%, y con el que el Gobierno quiere armar un gran campeón de defensa, provienen ya de este área.

El 56% del negocio de Indra proviene de su división tecnológica de Minsait, el 21% de Defensa, el 10% de Tráfico Aéreo, el 7% del Espacio y el 6% de Movilidad.

En el área de Defensa, sus ingresos crecieron tanto en España como en Asia Oriente, Medio y África, apoyados sobre todo en la mayor actividad en Programas Especiales de Modernización, Sistemas Terrestres y el área de Vehículos Terrestres, además del avance en Sistemas Navales.

El programa Eurofighter, un proyecto de colaboración europea (Alemania, Reino Unido, Italia, España), mantuvo una evolución positiva, mientras que el Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS) presentó un descenso frente al comparable del año anterior.

Más de 20.000 millones en pedidos impulsados por Defensa

En cuanto a la cartera de pedidos en el primer trimestre alcanzó los 20.334 millones, tras creer un 154,1% impulsada principalmente por su área de Defensa (con 11.402 millones, un 279% más que el año pasado) y por la de Espacio, tras las contribución especialmente de Hispasat y que se situó en 2.868 millones frente a los 198 millones de 2025.

Mientras, la contratación neta creció un 55,8 %, hasta los 2.856 millones.

Su flujo de caja Libre se situó en 1.444 millones, frente a los 77 millones del año pasado, principalmente impulsado por los anticipos recibidos para los Programas Especiales de Modernización (PEM).

Con respecto a la deuda neta, el grupo ha terminado en marzo de 2026 con una posición positiva de caja neta, de 855 millones frente a los 129 millones en 2025.

Más de la mitad de los ingresos de Indra, un 53% provienen de España, un 21% de América; un 18% del resto de Europa; y un 8% de Asia, Oriente Medio y África.

La plantilla final a cierre de marzo de 2026 estaba formada por 62.689 empleados, lo que ha supuesto un incremento del 3% en marzo de 2025.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un informe pericial ante el juzgado de Juan Carlos Peinado que trata de respaldar el modelo de cátedra como el que la mujer del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense. Así, el informe concluye que el 75% de los programas codirigidos en ese centro cuentan con la participación de una persona externa y que eso “resulta plenamente coherente con la naturaleza de estas enseñanzas y con la normativa que las regula”. 

El informe, que ha sido elaborado por el catedrático Antonio Manuel López Hernández, afirma que en las aulas y cátedras extraordinarias “es habitual que participen profesionales no vinculados a la Universidad pero que tienen experiencia en el sector que constituye el objeto de su actividad, ocupando la contraparte privada en la alianza”. De hecho, afirma que en 12 de las cincuenta cátedras extraordinarias actualmente existentes en la Complutense una de las personas que figura como codirectora no mantiene vinculación contractual con la Universidad, lo que permite entender que se trata de profesionales procedentes de otras instituciones públicas o privadas. 

El juez Peinado sostiene la tesis de que Begoña Gómez utilizó la cátedra extraordinaria para lucrarse, hacer contactos y proyectar su carrera profesional. El informe confronta esa idea al concluir que la dirección de estas cátedras “nunca se constituyen como un cauce para la mejora de la carrera profesional”. El perito define esta labor como una actividad “sustancialmente altruista”, cuyo objetivo es aportar experiencia a la sociedad, y recalca que la dirección de estos estudios “no está normalmente retribuida”. 

“No tendría ningún sentido pensar que una cátedra de esta naturaleza como, por ejemplo, la cátedra Inditex de la Universidad de A Coruña, se ha constituido para favorecer la carrera profesional del presidente de esa sociedad o que una de las cátedras extraordinarias de la Complutense financiada por la ONCE se crease para fortalecer el currículum profesional del presidente de esa organización”, subraya el informe. 

En el caso de Begoña Gómez, al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro. Además, nunca cobró por la codirección de la cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como han acreditado diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en el auto en el que propone sentarla en el banquillo que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

El informe también rebate la acusación de que Begoña Gómez se apropió para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra. La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros. Además, Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros) sufragaron un software ligado a la cátedra. 

A este respecto, el informe pericial subraya que la administración y gestión de los fondos económicos que aportan las empresas no recae en los directores privados, sino “exclusivamente a las unidades administrativas de la propia Universidad”. En concreto, a las Gerencias y Unidades de Asuntos Económicos de las Facultades, Centros o Institutos a los que se adscriben las cátedras. “La gestión económica se realiza de acuerdo con la normativa financiera de la Universidad y bajo la supervisión de sus órganos competentes”, añade el documento. 

En su último auto, el juez sostiene que esa captación de fondos privados no respondía a una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino que podría ser la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías.

Sobre esta cuestión, el informe contextualiza que las cátedras son, por definición, un modelo de “colaboración público-privada” pensado para atraer financiación externa. Y subraya que es habitual que la persona vinculada al ámbito privado sea quien articula la relación con los patrocinadores, capta los recursos y contribuye al diseño de los contenidos y líneas de actuación de la cátedra, mientras que la Universidad, a través de la figura del codirector o de los órganos académicos correspondientes, “asume la función pública, garantizando el control institucional, la adecuación académica de las actividades y la correcta gestión de los recursos conforme a la normativa universitaria”. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha denegado la medida cautelar solicitada por Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, para que se suspendiera la asignación a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) como beneficiarias de dos préstamos para programas especiales de modernización (PEM) de armamento por importe de 3.000 millones de euros, que se enmarcan en contratos por valor total de 7.240 millones de euros.

La petición pretendía la suspensión cautelar de los préstamos y de todos aquellos preceptos relacionados con la concesión de estos préstamos, así como la suspensión de todos los procedimientos y actos administrativos subsiguientes, mientras se resuelve el fondo del recurso que Santa Bárbara tiene planteado contra los mismos, informa Europa Press.

Entre otros argumentos, la Sala basa el rechazo a la medida cautelar en que los perjuicios alegados por Santa Bárbara Sistemas “no pasan de ser una mera alegación carente de prueba que lo avale, sin que resulte acreditado que la ejecución del Real Decreto y los préstamos que se impugnan le pueda ocasionar perjuicios inminentes, ni menos aún que estos sean de difícil o imposible reparación”.

“El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que sea suficiente una mera invocación genérica”, ha añadido el alto tribunal.

Argumenta que no ha quedado acreditado que la continuidad de la empresa, su posición actual en el mercado o los puestos actuales de trabajo puedan verse afectados por la concesión de estos préstamos a las empresas competidoras.

Destaca que Santa Bárbara, en abril del año 2000, fue adquirida por General Dynamics Corporation, convirtiéndose en una filial de la multinacional estadounidense, que es una de las empresas “líderes mundiales” en la fabricación y diseño en el sector de la defensa, “por lo que difícilmente su continuidad como empresa o los actuales puestos de trabajo pueden entenderse comprometidos por no ser beneficiaria de los préstamos cuestionados”.

“Sin olvidar que Santa Bárbara es adjudicataria de otros préstamos en España para el desarrollo de otros programas diferentes (Programa Actualización Vehículos Pizarro) por importe de 176 millones”, ha indicado.

Relevante interés público

Asimismo, la Sala rechaza la alegación de Santa Bárbara que alude a que los perjuicios sobre el interés público y a la propia empresa son “significativamente mayores” que los posibles inconvenientes que la suspensión cautelar podría generar para Indra y EM&E.

En su auto, el tribunal explica que existe un “relevante interés público” en desarrollar programas de armamento para la modernización de la defensa nacional y al mismo tiempo constituye una estrategia nacional y de la Unión Europea (UE) aminorar la dependencia en el abastecimiento exterior de suministros estratégicos y la puesta en marcha de industrias estratégicas que permitan una capacidad de defensa autónoma y el fortalecimiento de la industria nacional.

“Y ese interés público, enmarcado en el contexto de una política de seguridad y defensa común de la UE que establece el compromiso de los Estados miembros a mejorar progresivamente sus capacidades militares, exige el desarrollo de determinados programas de modernización cuya financiación constituye el objeto de este recurso y cuya paralización generaría perjuicios importantes para la puesta en marcha de estos programas y consiguientemente para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en el contexto de la UE”, subrayan los magistrados.

Considera que la suspensión cautelar de más de 3.000 millones de euros de financiación pública, correspondientes a los PEM, “no produciría un mero aplazamiento neutro de la inversión, sino una alteración sustancial de la planificación militar, industrial y presupuestaria, con efectos acumulativos difícilmente reversibles”.

“La adopción de la medida cautelar comprometería de forma directa e inmediata la modernización de capacidades militares críticas, el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por España y la estabilidad de un sector industrial estratégico”, subraya.

Además, señala que frente a ese relevante interés público en la ejecución de los préstamos “no se aprecian perjuicios irreparables para la empresa recurrente, pues si bien la financiación de las compañías competidoras le genera la pérdida de la expectativa de ser el destinatario de esta financiación, ese interés privado ni puede prevalecer sobre el interés público descrito ni superponerse al interés privado de las empresas beneficiarias, que resulta igualmente digno de protección”.

De este modo, la Sala concluye que no procede apreciar los requisitos necesarios para aplicar la doctrina del 'fumus bonis iuris' y, en consecuencia, suspender la inmediata ejecutividad del Real Decreto impugnado.

El nuevo presidente no ejecutivo de Indra, Ángel Simón, y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, han convocado a la plantilla este miércoles para compartir “el punto de situación” de la compañía, en un contexto en el que se especula con la posibilidad de que se retome la operación con Escribano Mechanical and Engineering (EM&E).

El encuentro llega dos semanas después del relevo de Ángel Escribano, copropietario de EM&E y accionista de Indra, como presidente de esta empresa cotizada cuyo mayor accionista (28%) es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Simón y De los Mozos han organizado este primer encuentro que servirá de una primera toma de contacto con los más de 62.000 trabajadores de la compañía, que tendrán la oportunidad de resolver sus dudas.

A esta cita, que se celebrará a las 17.00 horas, están convocados de forma presencial los directivos de la compañía, además de algún miembro de los sindicatos, en un encuentro que se celebrará en la sede de la tecnológica en Madrid, según han informado a EFE este martes fuentes conocedoras. La plantilla podrá seguir la intervención de ambos dirigentes de forma online en directo.

La convocatoria se ha hecho por correo electrónico y en éste únicamente se especifica que servirá para “compartir el punto de situación de la compañía” y que próximamente se les enviará el enlace correspondiente.

Fuentes sindicales han dicho a EFE que se prevé que Simón les adelante las líneas de su mandato, que se espera que siga en la misma línea que el anterior, dado que existe un plan estratégico, que fue elaborado por el consejero delegado de Indra, que actualmente es el primer ejecutivo. Tras la dimisión de Ángel Escribano, la representación del sindicato CCOO en Indra hizo público su “desacuerdo con el modelo y las formas de gestión aplicadas en nuestra empresa, las cuales, una vez más han provocado, la salida del presidente de Indra”. “Basta ya de jugar con el futuro de la plantilla”, señaló CCOO.

Operación con EM&E

Fuentes sindicales consideran que se debe retomar la operación con EM&E, dado que la actividad de esta compañía, propiedad de Ángel Escribano y su hermano Javier Escribano, viene a complementar la actividad que realiza la multinacional española, que aunque obtiene la mayoría de sus ingresos de su división Minsait está orientado sus pasos en convertirse en un líder nacional en defensa.

La fusión con la empresa de los Escribano se interrumpió después de que la SEPI pidiera resolver “el conflicto de interés” que existía con la misma, teniendo en cuenta que Ángel Escribano era presidente de Indra y, a su vez, propietario de la compañía que preveían adquirir.

Primeramente, este conflicto de interés los Escribano lo afrontaron comunicando al consejo de administración que renunciaban a la operación prevista, porque no se daban la condiciones para ello. Posteriormente, Ángel Escribano renunció a la presidencia de Indra. Su hermano, Javier, continúa como consejero dominical.

La Junta de Accionistas que se celebrará en junio deberá aprobar el nombramiento de Ángel Simón como presidente, sin funciones ejecutivas.

De la plantilla de Indra, el 60%, 37.405 empleados, trabaja en España; el 30% en América, 19.002; el 6% en Europa, 3.837; y Asia, Oriente Medio & África, 2.152, un 4%.

Telefónica e Indra exploran emprender una alianza estratégica en ciberseguridad e Inteligencia Artificial, abierta a nuevos socios, con el fin de poder pujar por los próximos contratos relacionados en Defensa, según publica Expansión este jueves y ha confirmado EFE. El objetivo principal de esta eventual alianza, de materializarse, serán los nuevos Programas Especial de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa valorados en miles de millones. La colaboración aún no se ha materializado en una sociedad conjunta ni en proyectos concretos.

Indra y Telefónica son dos empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con más de un 28% y un 10%, respectivamente. Según Expansión, esta iniciativa tiene el visto bueno del Ejecutivo en su objetivo de contar con una plataforma digital soberana, autónoma y segura en materia de datos, ciberseguridad, ciberdefensa e IA en España.

La idea pasa por poner en marcha una suerte de consorcio estatal nacional, al estilo Tess Defence, el consorcio español de empresas de defensa creado para desarrollar y fabricar el vehículo blindado 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra. Su objetivo sería desarrollar iniciativas nacionales en materia de ciberseguridad, ciberdefensa e IA y que garantice la protección de activos, datos y comunicaciones estratégicas, pero también le permita anticipar y mejorar la toma de decisiones críticas sobre la base de una IA soberana.

Tess Defence contaba con cuatro socios (Indra, Santa Bárbara, Escribano Mechanical & Engineering y Sapa) con una participación equivalente, hasta que el año pasado Indra se hizo con la mayoría.

En caso de que siga adelante el proyecto, se prevé que Indra aporte las capacidades de su recién estrenada plataforma IndraMind, a través de la que concentra su experiencia en IA, ciberdefensa y ciberseguridad. Del lado de Telefónica, se pretende que la aportación llegue de la mano de infraestructuras de comunicaciones y tecnología propia.

Telefónica e Indra no han querido hacer comentarios al respecto, tras ser preguntados por EFE.