La orden era esperar a que a un hombre se le cayera un periódico al suelo. Dentro estaban los pasaportes que alguien había preparado para Enriqueta Millán y sus dos hijos, de 9 y 13 años. Unos días después, coincidiendo con el Corpus Christi de 1946 –el 20 de junio–, cogieron el tren desde Barcelona, donde vivían, hasta Puigcerdá. Allí un enlace les esperaba para ayudarles a cruzar el kilómetro y medio que les separaba de la localidad de Bourg-Madame. Habían atravesado la frontera y estaban en Francia, donde se reunirían con Luis Robles Francisco, su marido y padre, al que llevaban siete años sin ver.

“Mi madre, que era una niña, dejó escrito con todo lujo de detalles cómo fue. En su carta cuenta, por ejemplo, que si sus corazones se hubieran escuchado cuando subieron al tren, les habrían delatado ante la Guardia Civil de lo fuerte que latían. También habla de su padre, un hombre de rasgos 'duros' que era para ella prácticamente un desconocido por todo el tiempo que había estado sin él”, explica Sonia Isabel Garófalo Robles, la nieta de Luis, que falleció en abril de 1984.

Es una de las dos hermanas argentinas que acaban de interponer una querella por el caso de su abuelo, que en febrero de 1939 huyó a Francia para escapar de la represión franquista. Se trata de la primera acción judicial por exilio forzado iniciada en España, un fenómeno al que fueron empujadas miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura. Las nietas de Luis han viajado desde Argentina, donde viven y a donde se trasladó la familia desde Francia, para ello. Si decenas de españoles han acudido a la Justicia argentina para intentar que se juzguen los crímenes del franquismo, ellas han decidido hacer el camino de vuelta.

Luis fue una de las miles de personas que salieron de Barcelona tras la toma de Catalunya por los sublevados, una de las mayores oleadas de exiliados que se registraron. De profesión yesero y natural de Berga (Barcelona), ya antes de la guerra era activo políticamente y en 1923 se afilió a la CNT-FAI. Con el golpe de Estado franquista y el estallido del conflicto, ingresó en el ejército republicano, donde llegó ser comisario y a combatir en Aragón y Mallorca. Con 36 años, huyó del país. “Lo hizo para conservar su vida, pero también sus ideas y seguir con su actividad antifascista”, remarca Sonia, que lleva dos décadas recopilando información sobre su historia familiar hasta construir un pequeño archivo personal en el que casi cada paso dado por su abuelo está escrito.

Entre los documentos que conserva está la correspondencia que mantuvo como enlace político entre Francia y España, cartas, fotografías y la documentación relativa a su militancia y su exilio. Como muchos otros españoles, ya en territorio francés fue encerrado en los campos de Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien y Le Vernet, donde sufrió duras condiciones de vida. Durante la Segunda Guerra Mundial fue reclutado por la Organización Todt, creada por la Alemania nazi para usar mano de obra forzada en diferentes construcciones. Luis fue obligado a trabajar para erigir caminos en la Francia ocupada, pero según cuentan sus nietas logró escapar y pasó a integrar el llamado “Batallón del Río”, una unidad de la guerrilla formada por libertarios españoles que se sumaron a la Resistencia Francesa contra los nazis.

El periplo que atravesó Luis ha llevado a las hermanas a viajar desde Buenos Aires esta semana para interponer la querella. “Sentimos que es una obligación moral, por nuestro abuelo y nuestra madre, por toda la familia. Ella fue una testigo viviente de todo lo que ocurrió, de todas las aberraciones que tuvieron que vivir. Pero también es una cuestión de justicia con el pueblo español que sufrió unos crímenes que aún no se han juzgado. En Argentina pudimos sentar a los responsables de la dictadura en el banquillo, pero España tiene una deuda muy grande con su sociedad que aún no ha saldado”, explica Silvia.

El exilio de su abuelo rompió a la familia durante siete años y la marcó para siempre, apuntan ambas. La pareja tenía tres hijos, su madre, su tío Luis y una tercera hermana que falleció con 16 años por una brucelosis “no atendida”. La represión franquista se dirigió también contra ellas, quienes se quedaron en Barcelona: cuenta Sonia que su abuela Enriqueta y su madre tenían una tapicería en el centro de la ciudad de la que los golpistas les “despojaron” y que hoy es un bar “enorme y precioso”. También recuerda cómo les contaban los “allanamientos” que sufrían en casa y de madrugada por miembros de Falange. “Daban la vuelta a la vivienda y abusaban de ellas. Como no podían encontrar a mi abuelo, lo pagaron con las mujeres”.

A Luis le buscaron las autoridades franquistas durante varios años. De hecho, abrieron contra él un proceso sumarísimo en el que le acusaban del delito de “auxilio a la rebelión” por militar en la CNT, portar armas en los primeros días del “Movimiento Nacional” y combatir en el frente. Fue declarado en rebeldía al encontrarse en Francia, pero entre los documentos que guardan sus nietas se ve cómo su mujer Enriqueta fue interrogada en el proceso. La mujer declaró que le vio por última vez el 23 de enero de 1939 y que, al cabo de un mes y medio, recibió una carta suya en la que afirmaba que “no sintieran pena por él porque estaba en Francia trabajando”, según consta en la declaración.

Consecuencias que se heredan

La querella presentada de forma telemática por las hermanas en Barcelona, que ha contado con el apoyo jurídico de CEAQUA, se dirige contra la totalidad de miembros del Ejército que el 18 de julio de 1936 se sublevaron contra la República, contra todos los hombres que formaron parte de los sucesivos gobiernos de la dictadura y contra los cuatro jueces instructores del Juzgado Militar que procesó a Luis en 1940, todos ellos fallecidos. Jacinto Laura, abogado de CEAQUA, explica que los hechos se califican como crímenes de lesa humanidad, como es la deportación o traslado forzoso de personas mediante “actos de coacción”, como reconoce el artículo 607 bis del Código Penal.

Todo ello formando parte de un “ataque generalizado y sistemático contra amplios sectores de la población del Estado español”, añade el letrado, que sostiene que aunque la responsabilidad criminal de los señalados en la querella “esté extinta” porque han muerto, la Justicia “tiene la obligación de investigar y, en su caso, establecer una verdad judicial”. Eso es lo que buscan Sonia y Silvia, que han renunciado a reclamar algún tipo de medida o compensación económica: “Queremos forzar al Estado español a que investigue, a que se ponga sobre la mesa y se visibilice”, apunta Sonia.

Los efectos del exilio no solo impactaron en quienes lo vivieron. Ambas hermanas hablan de consecuencias “heredadas” que han visto y experimentado en la familia desde que nacieron en Avellaneda, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, a donde sus abuelos y su madre se trasladaron desde Francia. Silvia recuerda “un montón de situaciones personales” que vincula al “daño emocional y físico” que padecieron, sobre todo su madre y su abuela, víctimas de agresiones sexuales por parte de las milicias que entraban en su casa. “Cada una lo sobrellevó como pudo, pero a nosotras también se nos transmitieron algunas fobias y estados de alerta que hemos trabajado”, dice.

La familia decidió salir hacia Argentina en 1952, después de que Luis intentara sin éxito lograr la nacionalidad francesa y después de que la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial no supusiera, como él y muchos otros pensaban, la liberación de la España fascista. Ya nunca abandonaron Argentina, donde vivieron varios años después la dictadura militar de Jorge Videla en la que un tío de Silvia y Sonia fue asesinado y hecho desaparecer. Recuerda una de ellas que su abuelo “mantuvo un silencio” durante aquellos años, al igual que su abuela: “Decían 'pasamos dos guerras, sufrimos, perdimos hijos, lo perdimos todo... No vamos a seguir perdiendo'”, parafrasean.

Pero las nietas siguieron con la militancia política y aún hoy defienden con determinación sus ideas, heredadas en casa, frente a un contexto global “marcado por la vuelta del fascismo”, diagnostica Silvia. Su forma de pensar es, dicen, lo más valioso que les transmitieron sus padres y sus abuelos. Su madre murió en 2021. “Estarían orgullosos de nosotras. Dirían 'tan mal no lo hemos hecho'”, dicen sobre qué pensarían ellos sobre su viaje de más de 10.000 kilómetros para buscar justicia. “Nuestro abuelo decía mucho que no olvidáramos que somos españoles, que no vinimos a Argentina porque quisimos o lo decidimos. Fue una expulsión. Es algo que mantuvo vivo hasta el último día de su vida y nosotras lo tomamos y seguimos adelante”.

La fiscal de la Sección de Violencia contra la Mujer del Área Móstoles-Fuenlabrada ha solicitado al juez que investigue al alcalde de Móstoles, el 'popular' Manuel Bautista por la querella presentada por una exconcejala de ese municipio en la que denunciaba delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y descubrimiento y revelación de secretos. Pide que, dado que hasta la fecha no se ha avanzado nada en este asunto, se dé “un impulso procesal” y, por tanto, se dicte una resolución para abrir esa investigación y que el Ministerio Fiscal pueda informar al respecto.

En un sucinto escrito con fecha de 9 de marzo, avanzado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía recuerda que la querella iba tanto contra el alcalde como contra el PP. Fue en febrero cuando trascendió que esa exconcejala, que pidió auxilio a la cúpula del partido en la región por el acoso laboral y sexual que supuestamente sufrió en 2024 a manos del alcalde, había presentado una querella en los juzgados. Desde entonces ya han pasado dos meses sin que el juzgado haya movido ficha.

Según relataba Antonio Suárez-Valdés, letrado director del caso, se trata de “un procedimiento de alta complejidad técnica al haberse producido una parte de los hechos en la intimidad de la víctima y su presunto acosador y al haber sido borrados los correos electrónicos oficiales de la víctima”.

La concejala de Móstoles denunció internamente un supuesto caso de acoso sexual que, por su negativa a acceder a las peticiones de Bautista, se convirtió en acoso laboral, según reveló El País. Lo hizo ante el PP de Madrid, con cuyos principales dirigentes se reunió al menos en tres ocasiones, siempre con la excepción de Ayuso, quien no encontró un hueco en su agenda durante meses para recibirla personalmente. 

Ayuso sí recibió al alcalde, apuesta personal suya, apenas cinco días después de tener por escrito la petición de ayuda de la víctima. Pero el PP de Madrid no activó los protocolos ni abrió ningún expediente. Tampoco su Comité de Derechos y Garantías. 

Las reuniones fueron con el secretario general autonómico, Alfonso Serrano, y la responsable de Organización, Ana Millán, números dos y tres del partido, respectivamente. La última de las entrevistas del PP de Madrid con la concejala se produce el 2 de octubre de 2024. En esa cita, Millán, imputada por corrupción, amenazó a la denunciante con llevarla a los tribunales.

Según informaba el diario El País, el letrado de la víctima ha solicitado la declaración como testigos de un total de once personas, entre las que estarían el propio Alfonso Serrano, la dirigente popular Ana Millán o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

20 días después, la concejala remitió su denuncia a la dirección nacional, al margen de la dirección madrileña y a través de la Vicesecretaría de Organización nacional que entonces dirigía Carmen Fúnez. El partido cerró la investigación sin entrevistarla personalmente. El instructor recabó información directa de ella por correo electrónico. Con Bautista, sin embargo, sí hablaron personalmente.

“Nutrido soporte probatorio”

En un comunicado, el despacho Suárez-Valdés, afirma que la querella se sustenta “en un nutrido soporte probatorio”. Con ello se buscará, primero, acreditar la existencia de la presunta solicitud de favores de tipo sexual a la exconcejala por parte del regidor. Y, después, la existencia de “un presunto patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad” ante el rechazo a sus pretensiones. 

Según el letrado, “la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular” han obligado a su representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente.

“El silencio y la falta de respuesta de las personas jurídicas ante el abuso de poder constituye, en sí mismo, una forma de revictimización. La ausencia de adecuada implantación de los protocolos de protección frente al acoso por parte de esas personas jurídicas puede generar su responsabilidad penal directa por los hechos acaecidos en el seno de sus organizaciones, según tipifica nuestro código penal”, sostiene el comunicado.

El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, cuyo titular es el juez Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar en calidad de investigado a un exmiembro de la Brigada Político Social franquista tras la querella interpuesta por el activista antifranquista Carlos Serrano Suárez por torturas durante los meses de mayo y octubre de 1975, poco antes de la muerte del dictador. En una providencia fechada el 11 de febrero, el magistrado acuerda que el expolicía Agustín Costo Martínez y el propio Serrano acudan a declarar el próximo 22 de junio a los Juzgados de Plaza Castilla de la capital.

La querella estaba dirigida contra cinco exintegrantes de la policía franquista, por lo que, entre las diligencias ordenadas por el juez también está la petición a la Brigada Provincial de Información de la Policía para que “realice las gestiones oportunas para averiguar la completa identidad” de otros tres, además de aclarar si uno de ellos “tuvo alguna intervención” en los hechos ante las dudas de que estuviera destinado en Madrid en aquel momento. Respecto al quinto querellado, reclama la confirmación de su fallecimiento en agosto de 2021.

El juzgado admitió la querella de Serrano Suárez en enero de este año, en la que denuncia “crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista”, según apunta la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua). En concreto, el antifranquista denuncia dos detenciones y torturas en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol, por donde pasaron miles de represaliados que llevan años reclamando que la instalación de una placa en el edificio que recuerde lo que allí vivieron. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha negado reiteradamente a la petición.

Ceaqua celebra la decisión por suponer “un impulso relevante” en la tramitación de la causa y porque es algo que no suele ocurrir: hasta la fecha, casi todas las querellas por crímenes del franquismo que ha interpuesto el colectivo han sido archivadas. “A día de hoy la citación de querellante y querellado siguen siendo situaciones excepcionales”, lamenta la organización, que apunta a que España “no ha revertido las políticas de impunidad” y, en general, “está impidiendo la investigación judicial de los crímenes” cometidos durante la dictadura.

Aún así, en los últimos años algunas decisiones aisladas han comenzado a romper el muro que rodeaba a estos casos, al menos en lo que respecta a los primeros pasos de los procesos: en septiembre de 2023 Julio Pacheco se convirtió en la primera víctima del franquismo en declarar ante un juez en España, aunque un año después la Justicia decidió archivar el caso por prescripción. Además, en junio de 2025 una jueza de Elda imputó al exministro RodolfoMartín Villa y a Daniel Aroca del Rey, agente de la Policía Armada, por el asesinato de Teófilo del Valle durante las movilizaciones del sector del calzado Alicantino de febrero de 1976, ya en la Transición. La declaración del exministro ha sido pospuesta en un par de ocasiones.

En septiembre de 2022 la ONU concluyó, tras realizar una investigación independiente, que China pudo cometer crímenes de lesa humanidad contra la minoría uigur al desarrollar políticas que provocaron detenciones arbitrarias masivas. En ese marco, asociaciones internacionales como el Congreso Mundial Uigur (World Uyghur Congress, WUC) y Don't Fund Russian Army (DFRA) presentaron a finales de 2025 una querella ante la Audiencia Nacional en la que acusaban a las filiales españolas de las compañías chinas Huawei, Hikvision y Dahua de un delito de colaboración con una organización terrorista en relación con un delito de lesa humanidad. ¿La razón? Haber contribuido presuntamente a “la canalización comercial y financiera de esos sistemas tecnológicos empleados en la represión”.

Pero ese primer intento ha sido recientemente rechazado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que informó en contra de la admisión de esa querella al entender que ese tribunal especial no era competente porque si bien la jurisdicción universal permite a España investigar delitos internacionales graves, la reforma de 2014 limita la persecución de ese tipo de delitos.

El Ministerio Público explicaba que la querella no daba pruebas de la participación de esas filiales en el delito denunciado y que, además, la legislación no contempla que los delitos de lesa humanidad puedan ser cometidos por personas jurídicas —empresas—. A esto sumaba que también debía decaer porque era necesario el requisito de doble incriminación, que los hechos denunciados sean delito tanto en el país de origen (China) como en el que se presenta la querella, dado que ese país no considera el delito de lesa humanidad como figura punible en su ordenamiento interno.

Pero ahora la representación legal de las dos asociaciones valora, según fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, una ampliación de la querella que pueda combatir la tesis del fiscal. Recuerdan que lo que denuncian es que esas compañías participaron en el “desarrollo, suministro y despliegue de sistemas tecnológicos de vigilancia masiva y reconocimiento biométrico” en el marco de un sistema de represión y que, precisamente, lo que solicitan es que se investigue en España el grado de intervención de esas sociedades en la comercialización, financiación o soporte técnico de esos sistemas.

Así, lamentan que desde la Fiscalía se anticipe una “inexistencia” de participación de las filiales españolas sin practicar diligencia alguna y obviando la existencia de indicios suficientemente racionales de criminalidad. Y añade que la propia argumentación del fiscal del caso reconoce que el derecho internacional admite formas de participación accesoria en la comisión de crímenes internacionales, siendo una la de la colaboración mediante el suministro de medios para la comisión del delito.

La querella

En la querella, a la que tuvo acceso elDiario.es y que fue elaborada por la representación legal de estas asociaciones que ejerce el despacho penalista Soriano i Piqueras, se sostiene que desde 2014 el Partido Comunista de China practicó “una política sistemática de exterminio en la denominada región autónoma de Xinjiang”, de la que es natural el pueblo uigur: una etnia de religión mayoritaria islámica y cuya lengua forma parte del grupo de lenguas túrquicas y se escribe en alfabeto árabe.

Relata que las operaciones para llevar a cabo este genocidio se desarrollaron entre 2016 y 2021 y supusieron “numerosos actos de asesinato, detención ilegal, esterilización forzada o aborto, todos ellos incardinables en las conductas propias de los delitos de lesa humanidad”. Y que tuvieron lugar sobre una región que constituye aproximadamente una sexta parte de la superficie del país y que antes de ser anexionada en el siglo XVIII mantenía una vinculación histórica y cultural mucho más cercana al mundo turco-iraní que a la propia China.

Según explican los querellantes, fue a finales de los ochenta cuando las manifestaciones multitudinarias en Xinjiang provocaron el temor del Gobierno chino a perder el control sobre la región y esto conllevó el endurecimiento del régimen sobre esa zona con medidas como ejecuciones arbitrarias de disidentes, destrucción de mezquitas, adoctrinamiento forzado, inmigración masiva de la etnia mayoritaria 'han', entre otras.

Además, siempre según la querella, el Ejecutivo chino “utilizó el contexto internacional de lucha contra el terrorismo tras el 11-S para justificar la intensificación de la represión contra el pueblo uigur”. Alegaron, así, supuestos vínculos de sectores de la oposición uigur con redes islamistas de Asia Central, y se calificó a las revueltas uigures como actos terroristas. Y, bajo el pretexto de una supuesta radicalización de determinados movimientos nacionalistas, Pekín instauró desde 2014 una política destinada a ejercer un control sin precedentes sobre el pueblo uigur.

“Dicho programa se encuentra enmascarado bajo expresiones oficiales tales como estabilidad social, lucha contra el terrorismo islamista, reeducación o reducción de la pobreza, si bien los objetivos efectivos de tales medidas son de muy distinta naturaleza”, lamentan las dos asociaciones, que añaden en su escrito que se buscó limitar el crecimiento demográfico uigur con medidas para controlar la natalidad y llevando a cabo esterilizaciones forzadas de mujeres. “En 2018, el 80% de los dispositivos intrauterinos (DIU) colocados en China se concentraron en Xinjiang. Entre 2015 y 2018, la tasa de crecimiento poblacional descendió un 84% en las dos principales prefecturas uigures”, recuerdan.

Nuevas tecnologías

Por otro lado, esa querella explica que la utilización de nuevas tecnologías permitió a China “ampliar de forma exponencial el alcance de esta represión, creando una base de datos denominada 'Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas', que reúne ingentes cantidades de información sobre cada individuo”. Y apunta que la misma “se halla vinculada a una de las redes de videovigilancia más densas del planeta, instalada en las principales ciudades de Xinjiang”.

En este sentido, los querellantes indican que las compañías Hikvision y Dahua dominan el mercado mundial de la videovigilancia, mientras que la empresa Huawei “ocupa una posición de liderazgo en el mercado mundial de las telecomunicaciones”. Las tres, recuerdan, “obtienen una parte sustancial de su facturación de su colaboración con el régimen chino”.

En el caso de Huawei, la querella destaca, además que “coopera directamente con la policía de Xinjiang en proyectos de seguridad pública, participando en el desarrollo del sistema regional de vigilancia policial”. Y suman a esto que las tres “habrían desarrollado programas de reconocimiento étnico, destinados a las autoridades”. “Estos sistemas permitirían alertar a la policía local en caso de detectar la presencia de individuos identificados como uigures o tibetanos, entre otros”, concluye.

Consultados por esta querella, desde Huawei de momento rehúsan hacer comentarios al respecto a la espera de recibir algún tipo de notificación.

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha anunciado la interposición de una querella por injurias contra el diario ABC por la información en la que asegura que intentó convencer a una víctima de acoso para que no denunciase a José Tomé, el todavía presidente de la Deputación de Lugo y alcalde de Monforte, suspendido de militancia por el partido que encabezaba en la provincia.

Segú un comunicado remitido a los medios por el partido, Méndez –que ha exigido la rectificación “inmediata” de la noticia– “nunca solicitó a ninguna víctima que no denunciase”, una afirmación que considera “de extrema gravedad”. “La publicación no es periodismo, es una acusación gravísima y construida desde la insinuación y la ausencia absoluta de contrastes”, asegura.

“No todo vale, yo ya lo viví. Y menos cuando se juega con la dignidad de las personas”, dice textualmente la número dos del PSOE gallego, quien afirma que se defenderá “con todos los instrumentos que ofrece el Estado de derecho” y que lo hará “no solo por su buen nombre, sino también por respeto a las verdaderas víctimas, a las que no se puede utilizar ni revictimizar para alimentar campañas de descrédito”.

“El Partido Socialista de Galicia, ante cualquier conducta machista y en cualquier contexto, siempre ha tenido y tendrá la misma respuesta para las víctimas: escucharlas y animar a denunciar, respetando su anonimato. Eso fue lo que hicimos y lo que haremos. Animar a denunciar, nunca lo contrario”, finaliza el comunicado.

Respuesta “insuficiente” para la alcaldesa de A Coruña

Sin embargo, cada vez hay más voces dentro del socialismo gallego, que reclaman al PSdeG una postura más categórica. “Más allá de que se supiera o no se supiera, hay que actuar con contundencia. La respuesta ha sido insuficiente”, aseguró este viernes en la Cadena SER la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

Rey, vicepresidenta primera de la Federación de Municipios y Provincias, no le encuentra “mucha explicación” a la tibieza con la que ha respondido su formación, “y lo que me preocupa es que el partido y la ciudadanía tampoco”. “Hay que ser muy contundentes, actuar con firmeza y rapidez, para que las víctimas se sientan respaldadas y protegidas. La ciudadanía y los votantes esperan una respuesta de un partido que además es el partido del feminismo”, añadió.

La regidora señaló directamente a sus “compañeros hombres con responsabilidades orgánicas”, que siguen siendo mayoría. Afirmó echar de menos que “salgan y hablen con contundencia, sin miedo. No pasa nada, no se cuestiona el liderazgo, cuando alguien sale a decir la verdad y la indignación y el asco y el sentimiento que tiene”.

El líder del PSdeG tendrá ocasión de hacerlo esta tarde. José Ramón Gómez Besteiro, que este jueves enviaba una carta a la militancia, comparecerá públicamente por primera vez desde que se conocieron las denuncias. Lo hará después de la reunión de su ejecutiva.

Izquierda Unida y el Partido Comunista (PCE) han interpuesto este jueves una querella ante la Audiencia Nacional contra el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvi, y varios cargos militares por el asalto a la Flotilla de la Libertad el pasado 1 de octubre. Estas fuerzas políticas acusan a esas autoridades de un delito de “detención ilegal, piratería, tortura, delitos contra las personas y bienes en caso de conflicto armado en el contexto de la comisión de delitos de lesa humanidad y delitos de genocidio”.

El escrito sostiene que las tropas israelíes abordaron la Flotilla “por la fuerza y contra la voluntad de las capitanías y dotaciones de las embarcaciones” y “detuvieron ilegalmente a las personas que conformaban la dotación de las referidas embarcaciones y, en particular, a decenas de personas de nacionalidad española”. Además, apuntan que el abordaje se produjo en “aguas internacionales”, concretamente, a “alrededor de unas 70 millas náuticas de la costa, no siendo aguas jurisdiccionales bajo competencia del estado de Israel”, lo que, a juicio de los denunciantes, configura un delito de piratería conforme al Código Penal.

El documento contextualiza los hechos dentro de la situación humanitaria extrema y acusa a Israel de estar detrás de la “creación de condiciones de vida dirigidas a la destrucción física de la población palestina en la Franja de Gaza”. Responsabiliza al gobierno de Netantahu de actuar para “causar hambrunas, enfermedades y la utilización de la población civil como rehenes”.

Por último, los querellantes denuncian que los tripulantes fueron trasladados al centro de detención de Ketziot, en el desierto del Neguev, “donde se produjeron continuadas torturas de carácter sistemático, ausencia de respeto de los derechos fundamentales, de asistencia legal y diplomática efectiva”. El escrito solicita al juzgado que “se oficie a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para que, a través de sus servicios hagan todo lo oportuno para conocer la situación de las personas querelladas y su posible entrada en territorio del estado español” y “se requiera por los oportunos canales de asistencia diplomática y de cooperación jurídica internacional al estado de Israel”, entre otras diligencias.

C.S. falleció en enero de 2025 por cáncer de mama tras haber seguido durante al menos dos años las recomendaciones de Margarita Galaz, autoproclamada líder de la Comunidad Hameriana radicada en Sevilla, sobre quien ya pesa una querella por homicidio en Chile. Según ha podido confirmar este periódico, se trata de la primera víctima mortal conocida en España vinculada a las prácticas pseudomédicas de Galaz. El fallecimiento de esta mujer de origen asturiano de 76 años se suma al de la chilena Fabiola Lorena Vega Espinoza (52), apenas dos meses antes, por el que sus hermanas presentaron la querella a principios de agosto y al caso de Carolyn Ahumada, otra enferma de cáncer fallecida que, según relata su pareja a una televisión chilena, también acudió a las técnicas de la curandera. 

Los mensajes a los que ha tenido acceso elDiario.es muestran que Fabiola y C.S. coincidían en reuniones y charlas, y que fue la propia Galaz quien las puso en contacto tanto a ellas como a otras pacientes de cáncer de mama que acudían a la acusada como guía para superar su enfermedad. Hasta nueve mujeres, incluidas Fabiola y C.S., formaban parte de un grupo de Telegram creado por la curandera con el nombre ‘SBS de mama’. SBS son las siglas de Sinnvollen Biologischen Sonderprogramm der Natur, cuya traducción del alemán sería algo así como Programa Biológico Especial Significativo. Se trata de un término acuñado por la Nueva Medicina Germánica fundada por Ryke Geerd Hamer, un médico condenado en 1997 por ejercicio ilegal de la medicina, que sostiene que los tumores son una respuesta biológica del organismo ante un conflicto emocional. 

“En este grupo hay nueve mujeres que cursan un SBS de mama, una mujer que ha terminado el SBS, una mastóloga y yo. Espero que en poco tiempo, solo seamos 12 mujeres totalmente sanas”, escribía Galaz en Telegram. Ese augurio no se cumplió. En un texto remitido por la acusada a este periódico, ella misma confirma que participaba en el grupo y que se salió del mismo tras el fallecimiento de la paciente chilena: “Teníamos un grupo de Telegram, del cual me salí después de la muerte de Fabiola”, asegura. “Mi rol fue ponerlas en contacto para que ellas pudieran contar sus experiencias, bien sabemos que las mujeres con este diagnóstico están más sensibles y necesitan sentirse escuchadas. Por eso facilitaba el Zoom para las reuniones cada 15 días, porque a veces estábamos hasta tres horas conversando, pero ellas también hicieron reuniones sin mi presencia, no había obligación de participar ni de exclusividad”, explica.  

En aquel grupo, las integrantes participaban en reuniones telemáticas en las que Margarita Galaz era la “coordinadora” según sus propias palabras en un reciente comunicado en su defensa en su canal de Telegram. También intercambiaban fotografías de sus pechos con tumores ulcerados, heridas abiertas que causan un gran sufrimiento en las pacientes. Con estas imágenes, pedían asistencia tanto al resto de mujeres como a Galaz, propagadora de la llamada Nueva Medicina Germánica, una corriente negacionista del cáncer que, según relatan las familias de las víctimas, rechaza el consumo de medicamentos de cualquier tipo, incluidos analgésicos para soportar el dolor. 

Los consejos “médicos” que se pueden leer en estos mensajes, en realidad, son escasos. La mayor parte de las conversaciones se hacen a través de videollamada. Sin embargo, en uno de ellos, una de sus integrantes recomienda a C.S. leer el caso de una supuesta paciente del fundador de la Medicina Germánica: “Hamer le aconseja operarse o usar una goma para amputárselo –el tumor– pero ella que ha sido enfermera no quiere seguir esa vía, finalmente, con miel y una crema cicatrizante consigue que se cierre en cuatro meses, si no recuerdo mal, y su pecho recupera el aspecto que tenía antes”.

“Prácticamente no podía levantarse”

El hijo de C.S., que prefiere preservar tanto su anonimato como el de su madre, recuerda los meses previos a su fallecimiento como “terriblemente duros”. “Físicamente estaba muy deteriorada desde finales del verano de 2024 –fue diagnosticada de cáncer de mama a principios de 2021– La degradación fue muy rápida y exponencial. La metástasis, muy expandida por varios órganos y huesos, crecía muchísimo, así que empezaron a haber problemas de todo tipo. Prácticamente no podía levantarse, le costaba mucho respirar, necesitaba una máquina de oxígeno... Y todo en casa. Tenía muchísimos dolores, aunque los asumía estoicamente, dificultades terribles para hablar, para caminar...”. 

Según relata su hijo, la única intervención a la que accedió fue la de intentar drenar sus pulmones encharcados, una operación que no afectaba a su tumor pero que fue necesaria por las consecuencias del desarrollo de la enfermedad. De hecho, nunca aceptó extirpar el tumor, y aquella intervención en sus pulmones llegó demasiado tarde, por lo que falleció pocas semanas después. 

Al igual que el caso de Fabiola, la mujer chilena que falleció también con un cáncer de mama no tratado por indicación de Galaz, la historia de la asturiana está repleta de dolor que podría haberse evitado. “Solamente accedió a tomar algún opiáceo uno o dos días”, afirma su hijo. “El planteamiento es que la forma de intervenir de los médicos es agresiva y no cura”, explica. 

Arrebatar la posibilidad de una curación 

Además de alentar a las pacientes a aguantar terribles dolores que podrían atenuarse con medicación, estas retóricas pseudomédicas arrebatan a estas mujeres sus posibilidades de curación, que en casos de cáncer de mama “se puede conseguir en la mayoría de los casos”, asegura el oncólogo de la Asociación Española Contra el Cáncer Elías López. 

En España, la supervivencia global a los cinco años del diagnóstico de este tumor es del 82,8%. De hecho, la tasa de supervivencia aumenta incluso más cuando hablamos de una detección temprana, con hasta un 99% de supervivencia cuando se trata un tumor localizado en el seno y de un 85% cuando se trata de un tumor regional, es decir, si el cáncer se ha propagado hacia estructuras o ganglios linfáticos cercanos.

En cuanto al beneficio económico que pudo percibir Margarita Galaz por parte de la fallecida, este periódico solo ha podido comprobar la existencia de una suscripción mensual de 10 euros a la Comunidad Hameriana, el canal de pago de la curandera, que se transfería por Paypal desde octubre de 2023. A raíz de una denuncia RedUNE, una asociación española de víctimas de sectas, el Ministerio de Sanidad ya estudia cerrar esta y otra de las páginas web de Galaz por un posible “peligro para la salud pública”. Sin embargo, su hijo sospecha que podría haber más movimientos económicos vinculados a la compra de manuales, libros y asistencias a cursos y congresos. 

El estigma y el dolor de recordar

La asturiana vivía desde hacía años alejada de sus hermanas e hijo y ya estaba muy familiarizada con el mundo de la medicina alternativa, según relatan sus allegados. Su familia la describe como una persona culta, con estudios, y una mujer con carácter que seguía teniendo su criterio propio a pesar de haberse visto envuelta en estos discursos de la pseudomedicina. 

Las familias afectadas en muchas ocasiones se resisten a denunciar, en parte por miedo al estigma y a que la memoria de sus seres queridos se pueda ver afectada. Según explica Juantxo Domínguez, portavoz y presidente de RedUNE, acabar con este temor es fundamental: “todos podemos ser engañados de mil maneras”. Y hace un alegato por la intervención de las administraciones: “Las instituciones se lo tienen que tomar muy en serio porque estamos hablando de salud pública”, sentencia. 

En su caso, el hijo de C.S. no ve la posibilidad de llevar la historia de su madre a los tribunales: “Desde que mi madre murió tenía en la cabeza la posibilidad de escribir a un periódico para dar a conocer esta información, y también la posibilidad de una acción legal. Lo que pasa es que, judicialmente, entiendo que es la decisión de un adulto que, por las cosas que he leído, tiene un recorrido judicial prácticamente imposible”, lamenta. 

“A eso se suma que es un proceso que te desangra lentamente –continúa– y me debato constantemente entre la responsabilidad social y mi estabilidad personal”. Aun así, ahora decide contar lo que le pasó a su madre con la esperanza de evitar que le suceda a otras personas.

El exministro José Luis Ábalos ha anunciado este lunes que ha interpuesto una querella por “falsedad documental” y “falso testimonio de perito” contra las autoras de la auditoría del Ministerio de Transportes sobre la compra de mascarillas en pandemia que derivó en su imputación en el caso Koldo.

En su cuenta de la red social X, Ábalos ha recordado que este informe fue elaborado el 19 de agosto de 2024 para analizar los expedientes de adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes en el año 2020, durante la pandemia, cuando él dirigía este departamento.

A continuación, él mismo encargó un informe pericial, concretamente en septiembre de 2024, que concluyó que la auditoría del Ministerio contenía una serie de “irregularidades”.

Sin embargo, Ábalos explica que ha decidido presentar una querella contra las autoras de esta auditoría después de comprobar que las posteriores manifestaciones y declaraciones en sede judicial de responsables y altos cargos del Ministerio y de Correos de aquella época, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, “contradicen” los contenidos del citado texto.

Ábalos señala además que esta auditoría fue la base que sirvió para que el fiscal y el juez que instruyen el denominado caso Koldo en el Juzgado Central de Instrucción número 2 la Audiencia Nacional dirigieran en octubre de 2024 su exposición razonada a la Sala II del Tribunal Supremo que culminó con su investigación.

La querella que acaba de presentar el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, dirigida al juzgado de instrucción de Madrid que por turno de reparto corresponda, es por “falsedad documental” y “falso testimonio de perito”.

El líder murciano de Vox, José Ángel Antelo, ha anunciado este jueves que ha presentado una querella contra la portavoz de Podemos-IU en la Asamblea Regional, María Marín, “por las graves difamaciones y por las imputaciones de delitos que ha vertido” contra su partido. Marín, entregó este miércoles al líder de Vox un capirote del Ku Klux Klan, el grupo terrorista supremacista blanco de Estados Unidos, en el pleno de la Asamblea murciana. “Quería traerles un regalo esta mañana a usted y a su grupo parlamentario para que la próxima vez que salgan de cacería vayan bien vestidos (…) vayan en condiciones”, dijo Marín, en referencia “a la participación activa del partido de extrema derecha en las persecuciones racistas” en Torre Pacheco. Marín quiso mostrar dicho capirote desde la tribuna, pero la prohibición de la presidenta le llevó a presentárselo a Antelo en su propio escaño.

El Grupo Parlamentario Vox también ha registrado en el Parlamento murciano una propuesta para que Marín sea sancionada por un “grave incumplimiento del reglamento que debe garantizar el funcionamiento de la Cámara autonómica”.

“No nos preocupa en absoluto la denuncia de Vox”. Así ha valorado la diputada regional de Podemos, María Marín, la querella interpuesta por la extrema derecha por los hechos sucedidos en el Pleno de ayer. “Los diputados no solo tenemos inmunidad parlamentaria para decir lo que consideremos oportuno, sino que tampoco he dicho nada que no sea verdad”, ha explicado.

Marín hacía referencia a que los cargos públicos de Vox “compartieron y jalearon los vídeos de los linchamientos del día 11 de julio en Torre Pacheco” y “Vox, los discursos de odio de Vox, son responsables de la cacería de torre Pacheco”. Para ella, el líder regional del partido de extrema derecha “es el primer responsable después de esa visita al pueblo que solo sirvió para echar más gasolina en el fuego”.

“Vamos a seguir llamando a las cosas por su nombre”

“Por lo tanto, desde Podemos, si Vox quiere ir a juicio, no tenemos ningún problema, porque son ellos los que saldrían imputados por cosas muy graves”. Marín afirmaba que lo sucedido en Torre Pacheco fueron “linchamientos racistas como los del Ku Klux Klan y Vox es responsable”. “Lo voy a decir donde haga falta y vamos a seguir llamando a las cosas por su nombre”, concluía.

Podemos, junto con el PSOE, presentaron la semana pasada ante la Fiscalía una denuncia contra Antelo por alentar la violencia contra los inmigrantes.

Nuevo paso al frente de los vecinos y vecinas del número 7 de la calle Tribulete, en el corazón de Lavapiés. Los residentes se siguen organizando contra el fondo Elix Rental Housing Socimi II, que pretende expulsarles de sus viviendas por mucho que continúen pagando sus alquileres, y su siguiente acción será pionera: la primera querella colectiva por acoso inmobiliario presentada en España.

Con el apoyo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, las decenas de familias afectadas presentaron el escrito judicial el pasado 22 de mayo. “Desde que se enteraron de que la socimi Elix Rental Housing quería comprar su edificio a finales de enero de 2024, los vecinos del inmueble han sufrido coacciones y amenazas para que abandonen sus hogares”, argumenta la nota remetida a los medios.

La socimi completó la compra del bloque en marzo de 2024 e inició obras en noviembre, con la mayoría de inquilinos todavía viviendo en el edificio. “Desde que se iniciaron, se han sumado repetidos episodios de lo que se conoce como mobbing inmobiliario para conseguir que los vecinos abandonen sus viviendas lo antes posible. La policía y los bomberos han tenido que intervenir en varias ocasiones”, relatan.

El de Tribulete es uno de los edificios más significados y contestarios de entre los que han sido adquiridos por fondos o sociedades inmobiliarias en la capital, una tendencia creciente ante el lucrativo negocio de los alojamientos turísticos o temporales (previa expulsión de los inquilinos con alquileres tradicionales, usando todo tipo de estrategias para que se marchen incluso antes de que venzan sus contratos). El bloque se ha organizado para celebrar conciertos, representar el problema sacando los muebles a la calle o hasta acoger un funeral por la muerte de los barrios con actuación de Biznaga incluida. Con esta nueva acción en los juzgados inciden en una de sus proclamas: “El miedo ha cambiado de bando”.

Los inquilinos del número 7 de Tribulete reciben desde hace meses, conforme se acercaba la fecha de fin de sus contratos, los respectivos burofaxes con la comunicación de que los alquileres no se renovarán. Se trata de inmuebles antiguos y sin calefacción que durante décadas gestionó una familia rentista que recientemente decidió vender el bloque. Los alquileres varían entre los 550 y los 900 euros, precios que ya son prácticamente imposibles de encontrar en la zona, pero que la antigua propiedad mantenía a cambio de contrapartidas como que los inquilinos sufragasen el IBI o la tasa de basuras.

Hasta que apareció la sociedad Elix Rental Housing Socimi II, creada por la empresa de capital riesgo AltamarCAM Partners y la gestora inmobiliaria Elix. El presidente de AltamarCAM, Claudio Aguirre, es primo segundo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Esta es la segunda socimi vinculada a AltamarCAM y la primera dedicada a la reforma de inmuebles de alquiler, según anunció la propia compañía a finales de octubre de 2023. Su estrategia es “dar respuesta a la obsolescencia y escasez de vivienda en alquiler de calidad en el centro de la ciudad”, un plan que han replicado en puntos de Chamberí, Tetuán o Ciudad Lineal.

La deriva de esta vía judicial puede marcar además el devenir no solo de este proceso de desalojo, sino el de muchos otros que se viven actualmente en la ciudad. Residentes de Mesón de Paredes 88 (también en Lavapiés), Modesto Lafuente 8 (Chamberí) o General Lacy 22 (Arganzuela) llevan meses denunciando prácticas similares de acoso inmobiliario por parte de la propiedad de sus bloques.

Estas maniobras van desde la dejación de funciones en obras de mantenimiento básico hasta la ejecución de otros trabajos sin consulta previa a los arrendatarios, pasando por técnicas aún más hostiles como el cambio de los suministros de los inquilinos sin autorización alguna de los titulares o la visita de supuestos mediadores para amedrentar a vecinos.

El Tribunal Supremo inadmite cada semana y sin mucho ruido varias denuncias y querellas contra parlamentarios, ministros, jueces y fiscales. La mayoría son presentadas por partidos y organizaciones de extrema derecha contra rivales políticos y otras por ciudadanos particulares. La Sala de lo Penal, en sus últimos autos de inadmisión y rechazo, se queja de que muchas de estas denuncias y querellas son “insólitas y descabelladas” y solo buscan la “criminalización de nuestro sistema político”. La última en irse al cajón, contra los 350 diputados del Congreso por tramitar la amnistía y, precisamente, por la propuesta que busca atajar el abuso de la acción popular en los tribunales.

La Sala de lo Penal del Supremo resuelve una cantidad aproximada de 9.000 asuntos cada año. La inmensa mayoría son recursos contra sentencias de tribunales territoriales que no implican ningún tipo de investigación para sus jueces: se analizan los argumentos, se aplica, cambia o crea la doctrina y se resuelve en firme. Pero también es la sala que investiga, juzga y sentencia a aforados: diputados, senadores, algunos jueces y fiscales y miembros del Gobierno, sobre todo.

En los últimos meses, este departamento del Supremo que está pendiente de que el Poder Judicial renueve su presidencia ha experimentado una afluencia inédita de causas abiertas contra aforados para investigar: el caso Koldo, la causa por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el caso contra el senador Pedro Sanginés y las tres causas en marcha contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, entre otras. Una broma recurrente en sus pasillos es que el Tribunal Supremo, cúspide de la jurisprudencia en España, se ha convertido en un juzgado de guardia.

Lo que no se considera ninguna broma en la Sala de lo Penal es el alud de denuncias y querellas infundadas que reciben cada semana contra todo tipo de aforados. Un vistazo a los archivos del Supremo desde 2019 hasta la actualidad revela medio centenar de pleitos fallidos de Vox, Manos Limpias y HazteOir contra miembros del Gobierno, políticos de partidos progresistas o, incluso, jueces que no han sentenciado lo que ellos quieren. También de asociaciones o incluso ciudadanos particulares que acusan de prevaricar a magistrados y fiscales que no les han dado la razón.

Una de las últimas en provocar el enfado del Supremo ha sido la presentada por un particular contra todos los diputados y diputadas del Congreso por tramitar la ley de amnistía y la reforma con la que el PSOE propone, precisamente, limitar este tipo de querellas. “Este Tribunal Supremo no puede convertirse en una suerte de órgano llamado a responder a las más insólitas y descabelladas pretensiones de criminalización de nuestro sistema político”, lamenta la Sala con Javier Hernández como ponente.

“Formular irresponsablemente denuncias carentes del más mínimo sentido contra todos los representantes de la soberanía popular es un buen ejemplo de ejercicio irracional y abusivo del derecho de acceso a los tribunales”, añade antes de inadmitir la denuncia de plano que pretendía encausar a 350 diputados por delitos de prevaricación, coacciones y asociación ilícita. La fórmula que tienen los magistrados de alertar de que algunas de estas denuncias lo que buscan no es perseguir un verdadero delito sino perseguir penalmente la actividad política.

Los lamentos se han acentuado en los últimos meses. Por ejemplo, cuando el Supremo reprochó a Manos Limpias una de sus especialidades: querellarse contra Pedro Sánchez, su esposa y medio Gobierno basándose en “recortes de prensa”. Pero también en otro auto reciente que rechaza una querella de una mujer contra varios jueces de Madrid asegurando que su argumentación “roza lo ininteligible”. Una resolución de marzo rechazó una denuncia masiva que pretendía unificar varios casos contra el Gobierno y el Supremo advirtió: no se puede usar al Supremo “como juzgado de guardia de cualquier asunto mediático” para saltarse al juez que corresponde por ley.

Las querellas de la extrema derecha

Distintas fuentes de la Sala de lo Penal del Supremo, considerada uno de los departamentos clave del tribunal y con la renovación de su presidencia atascada en el CGPJ, explican que esta afluencia de querellantes en su ventanilla ha aumentado en los últimos años. Frente al escaso número de causas abiertas por estos jueces, los autos de inadmisión se amontonan, muchas veces respondiendo a partidos y organizaciones próximos a la extrema derecha.

Las acciones judiciales de Vox son las que acumulan, con diferencia, más fracasos desde 2019. Hasta 25 denuncias y querellas que han sido inadmitidas por el Supremo tras intentar encausar a sus rivales políticos. Desde intentar que Pedro Sánchez se sentara en el banquillo por su tesis, por negociar la amnistía, por negociar con EH Bildu o por presentar su libro hasta acusar a Fernando Grande-Marlaska de gasear manifestantes en Ferraz, pasando por buscar un juicio para Irene Montero por hablar de educación sexual infantil o a Ione Belarra por comparar a Vox con los nazis.

Por detrás en el ránking de denuncias y querellas fallidas se encuentra Manos Limpias. El pseudo sindicato dirigido por el ultra Miguel Bernard, acusación popular en algunos de los casos más mediáticos abiertos por sus denuncias, se ha estrellado 13 veces contra la sala de admisiones del Supremo con denuncias de todo tipo: contra Margarita Robles por criticar a los vocales conservadores del CGPJ, contra los Abogados del Estado que defienden al fiscal general, contra Meritxell Batet por no permitir que Alberto Casero repitiera su voto a favor de la reforma laboral o contra los políticos que han denunciado el 'lawfare'.

La asociación ultracatólica HazteOir también acumula casi una decena de fracasos en el Supremo. Cuando, por ejemplo, intentó involucrar a Batet en el caso Mediador, criminalizar a los diputados que votaron a favor de la amnistía o intentar encausar a Francina Armengol por sus palabras en la comisión de investigación parlamentaria del caso Mascarillas.

Los constantes fracasos de esos y otros satélites de la extrema derecha, tanto en el Supremo como en otros tribunales y juzgados, contrasta con su capacidad para personarse como acusación popular en otros casos o, incluso, propiciar su apertura y desarrollo: el caso contra Begoña Gómez, la causa contra el fiscal general del Estado, contra el hermano de Pedro Sánchez o el caso Koldo. En el caso de Manos Limpias, muñidor de algunas de estas diligencias, pagando fianzas de varios miles de euros mientras todavía debe dinero a abogados por causas judiciales de hace más de una década.

El Parlamento andaluz ha encargado a sus servicios jurídicos un informe tras la petición de amparo registrada el lunes por el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, después de que dos agentes de la Policía Judicial entrasen vestidos de paisano en la Cámara legislativa, identificasen en su despacho al diputado y le entregaran una querella de la Fiscalía Superior de Andalucía por un supuesto delito de injurias a la Policía Local de Sevilla.

Este caso es inédito en la historia parlamentaria andaluza y ha abierto un acalorado debate sobre los límites de “la inviolabilidad” de la que gozan los diputados andaluces “por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios”, un derecho reconocido en el artículo 101.3 del Estatuto de Autonomía que protege a sus señorías de ser “juzgados o procesados” por el Tribunal Superior de Justicia sin autorización previa de la Cámara.

El pasado enero, García hizo fuera del Parlamento unas declaraciones públicas cuestionando la actuación de los agentes que persiguieron “hasta su muerte” a Mamouth Bakhoum, un mantero senegalés que murió ahogado en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre. “Es un caso de racismo institucional, violencia policial y represión”, dijo, exigiendo una investigación a fondo.

El teniente fiscal del TSJA, José Rogelio Muñoz Oya, considera que estas palabras, pronunciadas fuera del Parlamento, no forman parte de la actividad parlamentaria del diputado y no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión. Muñoz Oya las califica de “libertinaje de expresión” en su escrito, firmado también por la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago.

“La libertad de expresión no ampara un hipotético derecho al insulto y el discurso del exceso verbal punible no entra en la pretendida libertad de expresión, sino en lo que podía denominarse como libertinaje de expresión”, subraya el documento.

Los miembros de la Mesa de PSOE, PP, Vox y Por Andalucía no han entrado en la forma ni en el fondo de las palabras de García, pero sí han elucubrado sobre si la inviolabilidad de sus diputados va más allá de los muros del Parlamento, esto es, si las opiniones políticas vertidas fuera de la Cámara están protegidas por ese derecho estatutario, además de la propia libertad de expresión.

La Mesa del Parlamento andaluz, por unanimidad, ha acordado este martes solicitar un informe jurídico con tres patas sobre el asunto que afecta a García: primero, aclarar qué efectos tiene la petición de amparo de un diputado al presidente de la Cámara, reconocida en el artículo 12 del reglamento.

Es el precepto que ha invocado García ante el presidente de esta institución, el popular Jesús Aguirre, y que establece ante “cualquier actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su función parlamentaria”, la obligación de “adoptar de inmediato cuantas medidas estime convenientes, en orden a salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros”.

Como no hay antecedentes de que el Parlamento andaluz haya amparado a ninguno de sus diputados, hasta hoy, los letrados de la Cámara tendrán que interpretar cuál es el alcance de ese artículo del reglamento. El portavoz de Adelante Andalucía ha dirigido un escrito a Aguirre denunciando que se siente “coaccionado” desde la Fiscalía Superior, “desprotegido de sus prerrogativas como parlamentario”, y “atacado en el ejercicio de su libertad de expresión”.

García espera que se articule algún tipo de medida, porque entiende que la querella del fiscal por sus declaraciones políticas no sólo le afectan a él, sino al parlamentarismo andaluz en su conjunto. Desde su formación aseguran que si Aguirre no actúa como intermediario ante el TSJA -que aún no ha cursado la querella del Ministerio Público- elevarán un recurso ante el Tribunal Constitucional acusando al Parlamento andaluz de no proteger las funciones propias de sus diputados y la libertad de expresión.

La segunda pata del informe encargado a los letrados del Parlamento consistirá en aclarar cómo accedieron dos agentes de paisano hasta el despacho de García para pedirle su credencial de diputado y entregarle en mano la querella del fiscal. Este punto ha levantado cierto revuelo, porque los policías entraron en la Cámara sin que tuviera constancia el letrado mayor ni el presidente de la institución.

Según García, los agentes le telefonearon para informarle de que debían entregarle en mano el aviso de querella de la Fiscalía Superior, y éste les citó en su “lugar de trabajo”, es decir, las dependencias del grupo parlamentario Adelante. En un principio, desde la Cámara aseguraron que los agentes no llegaron a entrar y que el diputado salió hasta la puerta del edificio para recoger el escrito. El letrado mayor, en una reunión con García y Aguirre esta mañana, ha explicado que el procedimiento normal habría sido éste, según fuentes presentes.

El portavoz de Adelante, en cambio, afirma que los dos agentes llegaron hasta su despacho, se identificaron con sus placas, le pidieron su credencial y le entregaron el documento en mano. Dos asesores parlamentarios de García le acompañaron y acreditan esta versión.

Para el PSOE, que considera este asunto “muy grave”, una notificación se realiza por el Juzgado, no por la parte querellante, y puede hacerse en persona en el domicilio habitual o en su lugar de trabajo, si no le localizan en casa. “Se debe pedir auxilio desde la Mesa para poder notificar al Parlamentario. Esa es la práctica normal. Lo de notificar querellas por un policía no es normal, es un funcionario del juzgado quien lo hace y menos aun no hacerlo en el domicilio habitual, el centro de trabajo es excepcional. En este caso es además totalmente inadmisible. Lo más adecuado es que te llame el letrado mayor o el presidente de la Cámara”, dicen.

La tercera pata del informe jurídico es un estudio comparativo con casos similares en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en otros parlamentos autonómicos.

Una investigación judicial

El delito de injurias contra las Fuerzas de Seguridad del Estado está tipificado en el Código Penal (artículo 504.2) con mayor gravedad y dureza que las injurias a un ciudadano de a pie: José Ignacio García se enfrenta a una multa de 12 a 18 meses, con un máximo de 400 euros por día (en torno a 216.000 euros en el peor de los casos).

El fiscal, en su su escrito [decreto de archivo e interposición de querella] entiende que las palabras del diputado andalucista “pueden contribuir a generar un estado de opinión capaz de cuestionar la legitimidad democrática de la institución [la Policía Local] o la legalidad de su actuación, y con ello a fisurar su prestigio”.

Los límites de la inviolabilidad de un diputado autonómico son difusos. Ni siquiera dentro del PP, el grupo mayoritario de la Cámara, hay consenso al respecto. Su portavoz, Toni Martín, ha asegurado en rueda de prensa que “nuestra inviolabilidad se circunscribe al Parlamento, a lo que digan en la tribuna del Pleno o en comisión, no fuera. Eso lo tenemos clarísimo”.

Sin embargo, al mismo tiempo que Martín hacía estas declaraciones, la Mesa analizaba el caso de García y uno de sus miembros, el popular José Ramón Carmona, defendía “con vehemencia” justo lo contrario, es decir, que la inviolabilidad del diputado persiste fuera de la Cámara cuando expresa opiniones políticas, según la versión de otros miembros de la Mesa. Preguntado al respecto, Carmona “ni confirma ni desmiente”, y se remite a lo que haya dicho su portavoz parlamentario.

34 camisetas y una muerte en el río

José Ignacio García denunció públicamente el trabajo de los agentes que persiguieron a Mamouth Bakhoum durante un kilómetro por vender “34 camisetas”. “Esto es lo que hay que investigar. Lo que ha cometido la Policía Local de Sevilla es un caso de racismo institucional, de violencia policial y de represión que no puede volver a pasar. ¿Qué sentido tiene que se le persigan durante más de un kilómetro corriendo, los policías en moto, a un trabajador por llevar camisetas? ¿Y que nos tengamos que creer que un chico de 43 años, padre de familia, se tiró al río Guadalquivir? Queremos ver el vídeo de cómo entró al agua”.

Estas fueron las palabras que usó el portavoz andalucista, difundidas en un vídeo a través de las redes sociales, y que motivaron una denuncia del secretario de la sección sindical de CSIF del Ayuntamiento de Sevilla y del presidente del Sindicato de Policía Local de la ciudad hispalense contra García por “un delito de injurias contra los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

El Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha archivado ya dos veces la investigación tras revisar las cámaras de seguridad de la zona, aunque los allegados de Bakhoum pretenden llevar el caso ante la Audiencia Provincial de Sevilla y, en paralelo, algunas ONGs maniobran para llevar el asunto ante la ONU. La jueza que ha desestimado el último recurso de la familia describe la intervención de los agentes que persiguieron al mantero senegalés como un “cercamiento policial de la víctima en los bajos del puente” desde donde cayó al río y murió.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Hellín ha admitido a trámite la querella criminal por presunto homicidio imprudente tras la muerte de seis personas en la localidad albaceteña de Letur a finales de octubre de 2024, víctimas de la DANA.

El auto judicial, con fecha del pasado 22 de abril, abre la causa presentada por Juan Manuel Medina, abogado y colaborador de la Asociación SOS Desaparecidos, en nombre de los familiares de cuatro de las seis personas fallecidas en Castilla-La Mancha durante las inundaciones. Unas víctimas a las que se sumó una séptima en Mira (Cuenca).

Según el documento de la querella, al que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha, la defensa considera querellados a “todos” aquellos miembros de las distintas administraciones públicas “con competencia en materia de emergencias, bien por designación como cargo público o bien en base a relación laboral”, de cara a determinar posibles responsabilidades penales.

“Entendemos que un ejercicio eficaz de los organismos de la Administración Pública destinados a la prevención y gestión de emergencias hubiese evitado las muertes producidas en el marco del desastre de la DANA”, continúa el escrito.

Piden que comparezca Page, el alcalde o la delegada del Gobierno, entre otros

La defensa pide que comparezcan en el proceso, en calidad de testigos, tanto el presidente de la comunidad autónoma, Emiliano García-Page, como del alcalde de Letur Sergio Marín, el delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en Albacete Pedro Antonio Ruiz, del presidente de la Diputación Santiago Cabañero y del jefe de servicio de Protección Civil. Además, se pide la declaración de Milagros Tolón, delegada del Gobierno de España.

La defensa pide también realizar un reconocimiento aéreo sobre la zona afectada con la presencia de la autoridad judicial y presencia pericial, “a fin de obtener una visión global del área y recabar evidencias visuales”.

También reclama documentación oficial, tanto el Plan Municipal de Emergencias y los planes especiales que afecten a la localidad de Letur, así como actas, informes y comunicaciones internas de los órganos de emergencia o los registros de órdenes y decisiones adoptadas por los responsables de la emergencia.

Después se solicita la colaboración de organismos públicos y privados, como la  Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las empresas y organismos privados que pudieran haber intervenido en la gestión del suceso y el Servicio de Emergencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La justificación de la querella está en la que consideran una actuación “absolutamente negligente” que mostraron los miembros de la Administración Pública respecto de los ciudadanos de Letur. “No recibieron ningún aviso de las consecuencias devastadoras del fenómeno atmosférico”, señala el documento presentado ante el juzgado, aludiendo al hecho de que se encontraron con una catástrofe “de forma completamente sorpresiva”.

Y por esta razón entienden que la responsabilidad por las muertes de Letur recae en “ciertos miembros de las autoridades públicas con competencias en materia de emergencias, que ostentan una responsabilidad por culpa in vigilando respecto de los administrados”.

¿Qué quiere saber la jueza y a quién pregunta?

La jueza ya ha comenzado a pedir información. En una providencia fechada el 24 de abril, daba traslado de varios oficios. Por un lado, el dirigido a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para que informe sobre cuáles eran las previsiones para el día 29 de octubre de 2024 en la localidad de Letur (Albacete) y cuál fue el volumen de agua finalmente registrado.

Al Ministerio del Interior le pregunta sobre las medidas que se tomaron. Quiere saber por qué no se adoptó la situación operativa 3 de emergencia en Letur, que hubiera obligado a intervenir al Gobierno de España.

Después, la siguiente tanda de preguntas se la hace llegar a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. En el oficio reclama al Gobierno regional que explique cómo tuvo noticia del hecho,  qué medidas adoptaron y qué sucedió ese día.

Nadie avisó a la población, nadie acudió con antelación para garantizar la movilidad de las personas -en un municipio de más de 900 habitantes- a zonas seguras

A la Confederación Hidrográfica del Segura le pide información sobre las medidas adoptadas de acuerdo a sus competencias y le pregunta sobre lo que sucedió en Letur el 29 de octubre de 2024, cuando se desbordó el arroyo que atraviesa el casco antiguo de la población. Son las mismas cuestiones que plantea al Ayuntamiento de la localidad

“Las negligencias que más han trascendido han sido, sin duda, las de la Generalitat de la Comunidad Valenciana; sin embargo, Castilla-La Mancha no se queda atrás”, esgrime el escrito presentado ante el juzgado e insiste: “Nadie avisó a la población, nadie acudió con antelación para garantizar la movilidad de las personas -en un municipio de más de 900 habitantes- a zonas seguras”.

Respecto al papel del Gobierno de España critica lo que considera una “absoluta falta de intervencionismo estatal ante una situación que a todas luces se salía de control” y, en este aspecto, sugiere que “la no activación del nivel 3 de emergencia nacional es indicativo de un fallo en la estructura de respuesta de emergencias”.

“Sabían lo que estaba sucediendo en Valencia y no adoptaron medidas”

La defensa hace un paralelismo con lo ocurrido en la vecina Comunitat Valenciana, recordando que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha iniciado diligencias previas. Después, detalla la cronología de lo ocurrido en la provincia de Valencia y subraya que no fue hasta las 18 horas cuando “empiezan a llegar las primeras noticias desde Letur”.

Fueron los bomberos, continúa el documento, los que “informan de personas atrapadas en viviendas y de la búsqueda de varios desaparecidos”.

Las familias mantienen, a través del letrado, que “las autoridades locales de Letur, provinciales de Albacete y autonómicas de Castilla-La Mancha, aunque sabían lo que estaba sucediendo en la provincia de Valencia” o de que “la AEMET ya había alertado de las consecuencias que podría tener este fenómeno meteorológico de la DANA en la provincia de Albacete, no adoptaron ninguna medida de seguridad, ni preventiva”.

Es especialmente sangrante que la Confederación Hidrográfica del Segura no tuviese ningún medidor en los caudales más cercanos a la localidad de Letur, y sí diversas universidades que no estaban habilitadas para ser las emisoras de avisos a la población ni a las autoridades públicas

En su opinión, “el relato cronológico de la materialización del riesgo no deja lugar a dudas y la incapacidad de anticipación y la ausencia de toma de decisiones adecuadas se ofrece como un nexo de causalidad efectivo”.

Ven “especialmente sangrante” que la Confederación Hidrográfica del Segura “no tuviese ningún medidor en los caudales más cercanos a la localidad de Letur, y sí diversas universidades que no estaban habilitadas para ser las emisoras de avisos a la población ni a las autoridades públicas”. 

Uno de los argumentos jurídicos que presentan se refiere a la “prevención” como “deber de anticiparse a riesgos para salvar vidas”, que recoge la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

También cita la obligación de la comunidad autónoma de dotarse de “planes territoriales eficaces en materia de protección y prevención de riesgos” y del ayuntamiento de disponer de “planes municipales operativos frente a riesgos conocidos”.

La Junta defiende que su actuación fue “más que correcta”

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha explicado que la admisión a trámite de la querella es el “procedimiento habitual” y que el Ejecutivo autonómico tiene “muy claro” que su actuación fue “más que correcta”. “Actuamos con total profesionalidad, total seriedad. Estaba todo el mundo donde tenía que estar y no todo el mundo puede decir eso. Castilla-La Mancha, sí”, resaltó Padilla. La portavoz defendió que se pusieron “todos los medios disponibles y posibles” para evitar que la “tragedia fuera mayor”.

Este martes 29 de abril se cumplieron seis meses de los hechos que estremecieron la localidad. Padilla recordó que se establecieron distintos planes por parte del Gobierno regional no solo para Letur, sino también para otras localidades arrasadas por el agua, como Mira. “Los trabajos están muy avanzados”, señaló la portavoz. Padilla explicó que “no podemos pensar que en un chasqueo de dedos todo vuelva a estar como estaba antes de la tragedia”, pero que sí se está trabajando “sin parar”. “No nos hemos olvidado de Letur, no nos hemos olvidado de Mira, no nos hemos olvidado de Villel de Mesa, seguimos trabajando y haciendo seguimiento”, aseveró.

El pasado 4 de abril, dos agentes de la Policía Judicial entraron vestidos de paisano en el Parlamento andaluz, identificaron en su despacho al diputado y portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y le entregaron en mano un escrito de 17 páginas, con una querella de la Fiscalía Superior de Andalucía por un supuesto delito de injurias a la Policía Local de Sevilla.

Dos meses antes, García había hecho unas declaraciones públicas cuestionando la actuación de los agentes que persiguieron “hasta su muerte” a Mamouth Bakhoum, un mantero senegalés que murió ahogado en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre. “Es un caso de racismo institucional, violencia policial y represión”, dijo, exigiendo una investigación a fondo.

El teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), José Rogelio Muñoz Oya, considera que estas palabras, pronunciadas fuera del Parlamento no forman parte de la actividad parlamentaria del diputado y no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

Más bien representan un acto de “libertinaje de expresión”, argumenta el fiscal en su escrito de querella, firmado también por la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago. “La libertad de expresión no ampara un hipotético derecho al insulto y el discurso del exceso verbal punible no entra en la pretendida libertad de expresión, sino en lo que podía denominarse como libertinaje de expresión”, subraya Muñoz Oya en su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Este periódico no ha encontrado precedentes en la hemeroteca del Parlamento andaluz en los que el Ministerio Público se querellase contra un diputato autonómico por manifestar una opinión política fuera de la Cámara, por muy duras que fueran sus declaraciones. Para encontrar algo similar en el Congreso de los Diputados hay que remontarse a principios de los 80, en los albores de la democracia española.

A principios de la semana pasada, elDiario.es hizo llegar una consulta a la Secretaría General de la Cámara, pero en ese momento el diputado afectado no había informado a los servicios jurídicos. El letrado mayor del Parlamento andaluz tampoco tenía constancia entonces de que dos agentes de la Policía Judicial habían accedido a las dependencias de un grupo parlamentario, habían pedido a un diputado que se identificase con su credencial y le habían notificado una querella de la Fiscalía Superior por un supuesto “delito de opinión”.

Este lunes, por recomendación de su abogado, el portavoz de Adelante Andalucía tiene previsto registrar un escrito de amparo dirigido al presidente del Parlamento, el popular Jesús Aguirre, por sentirse “coaccionado” desde la Fiscalía Superior, “desprotegido de sus prerrogativas como parlamentario”, y “atacado en el ejercicio de su libertad de expresión”.

Lo que hasta hace siete días era un problema del señor García pasa a convertirse en un asunto que afecta a la Cámara legislativa, pues obligará a los servicios jurídicos a evaluar la querella contra uno de sus miembros electos y emitir un informe. Adelante Andalucía forma parte del grupo mixto, tiene dos diputados en la Cámara y logró 167.970 votos en las elecciones de 2022, que encabezó Teresa Rodríguez (4,58% del escrutinio).

Los límites de la inmunidad parlamentaria

Los diputados andaluces gozan de una inmunidad parlamentaria de primer nivel blindada en el artículo 101.3 del Estatuto de Autonomía, similar a la que protege a sus señorías en el Congreso. El reglamento de la Cámara así lo recoge en el artículo 11 y añade, en el 12, que “el presidente del Parlamento, una vez conocida la detención de un diputado o cualquier otra actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su función parlamentaria, adoptará de inmediato cuantas medidas estime convenientes, en orden a salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros”.

Aguirre no ha adoptado ninguna medida desde que, el pasado 4 de abril, la Policía Judicial accedió al Parlamento y entregó a García la querella de la Fiscalía Superior del TSJA. De momento sólo consta el escrito de notificación, la querella aún no se ha materializado, pero el abogado del diputado cree que el juez atenderá al fiscal y citará a su cliente como imputado.

El delito de injurias contra las Fuerzas de Seguridad del Estado está tipificado en el Código Penal (artículo 504.2) con mayor gravedad y dureza que las injurias a un ciudadano de a pie: José Ignacio García se enfrenta a una multa de 12 a 18 meses, con un máximo de 400 euros por día (en torno a 216.000 euros en el peor de los casos).

El fiscal, en su su escrito [decreto de archivo e interposición de querella] entiende que las palabras del diputado andalucista “pueden contribuir a generar un estado de opinión capaz de cuestionar la legitimidad democrática de la institución [la Policía Local] o la legalidad de su actuación, y con ello a fisurar su prestigio”.

El portavoz de Adelante considera que el asunto trasciende la responsabilidad de su persona y afecta de lleno a la segunda institución de Andalucía, pues está precisamente entre las funciones del Parlamento y de sus representantes –elegidos en las urnas– “el contribuir a generar un estado de opinión” en la ciudadanía sobre asuntos de interés general. Incluso a cuestionar el trabajo de otras instituciones.

Esta legislatura, en concreto, está marcada por la polarización del debate político, en el que dirigentes de Vox y también del PP han naturalizado en su discurso denunciar “la falta de legitimidad” de determinadas instituciones del Estado, desde el presidente del Gobierno [Pedro Sánchez es, además, diana de todo tipo de insultos e improperios] al Fiscal General del Estado o el propio presidente del Tribunal Constitucional. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, tuvo que pedir disculpas por calificar de “vergüenza” la sentencia que absolvió de violación a Dani Alves, porque la jueza primó la presunción de inocencia del futbolista.

José Ignacio García denunció públicamente el trabajo de los agentes que persiguieron a Mamouth Bakhoum durante un kilómetro por vender “34 camisetas”. “Esto es lo que hay que investigar. Lo que ha cometido la Policía Local de Sevilla es un caso de racismo institucional, de violencia policial y de represión que no puede volver a pasar. ¿Qué sentido tiene que se le persigan durante más de un kilómetro corriendo, los policías en moto, a un trabajador por llevar camisetas? ¿Y que nos tengamos que creer que un chico de 43 años, padre de familia, se tiró al río Guadalquivir? Queremos ver el vídeo de cómo entró al agua”.

Estas fueron las palabras que usó el portavoz andalucista, difundidas en un vídeo a través de las redes sociales, y que motivaron una denuncia del secretario de la sección sindical de CSIF del Ayuntamiento de Sevilla y del presidente del Sindicato de Policía Local de la ciudad hispalense contra García por “un delito de injurias contra los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

El Ministerio Público se ha alineado con los denunciantes, al considerar que García se había “excedido” en sus opiniones y en la forma de difundirlas para que tuvieran un mayor alcance, lo cual está tipificado con mayor gravedad en el Código Penal. “Son expresiones que, analizadas objetivamente, tienen la envergadura suficientemente ofensivas para comprometer la dignidad y el prestigio de un Cuerpo de Seguridad del Estado, llamado a desempeñar un relevante papel en la salvaguarda de los derechos fundamentales y las libertades públicas”, argumenta el fiscal, que termina acusando a García de “poner en riesgo las funciones” que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sin antecedentes

Es la primera vez que ocurre algo así en el Parlamento andaluz y hay dos o tres antecedentes tardíos registrados en el Congreso, a principios de los 80, cuando la democracia española echaba a andar. El Ministerio Público argumenta que la libertad de expresión tiene límites cuando choca con otro derecho fundamental: al honor. Colisionan dos derechos constitucionales de primer orden, algo siempre controvertido cuando salpica a un ciudadano pero, en este caso, resulta más complejo porque los llamados delitos de opinión no afectan a los diputados como al resto.

Sus señorías no pueden ser “inculpados ni procesados” por un juzgado ordinario, es competencia del Supremo o del TSJA imputarles algún delito, previa autorización de su Cámara legislativa. Los diputados del Congreso tienen “inmunidad parlamentaria” y los diputados andaluces gozan de “aforamiento” y de “inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo”, reza el Estatuto de Autonomía, que tiene rango de Ley Orgánica. Pese a todo, hay jurisprudencia que discute si la inmunidad de los diputados autonómicos es homologable a la del Congreso.

La crítica del diputado andalucista a la actuación policial en el caso de Mamouth Bakhoum, tildándola de “racismo institucional, violencia policial y represión”, se alinea con la familia del senegalés, que denunció su muerte en los tribunales como una consecuencia del “hostigamiento policial” que sufrió, esto es, como un posible caso de homicidio por imprudencia grave.

El Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha archivado ya dos veces la investigación tras revisar las cámaras de seguridad de la zona, aunque los allegados de Bakhoum pretenden llevar el caso ante la Audiencia Provincial de Sevilla y, en paralelo, algunas ONGs maniobran para llevar el asunto ante la ONU. La jueza que ha desestimado el último recurso de la familia describe la intervención de los agentes que persiguieron al mantero senegalés como un “cercamiento policial de la víctima en los bajos del puente” desde donde cayó al río y murió.

El Tribunal Supremo ha rechazado una denuncia masiva con la que una asociación pedía encausar al presidente del Gobierno, su familia, buena parte del ejecutivo, políticos del PSOE y decenas de altos cargos por formar una “organización criminal perfectamente estructurada”. La Sala de lo Penal no solo rechaza la denuncia por ser “un mero digo que dice”, sino que se queja de estar siendo utilizada como “juzgado de guardia de cualquier asunto mediático”. El tribunal recibe y rechaza mensualmente más de una decena de acusaciones contra aforados: de miembros del Gobierno hasta magistrados, fiscales y parlamentarios y fuentes de la sala lamentan que se esté desnaturalizando la misión del Supremo a golpe de acciones penales sin fundamento.

Uno de los últimos casos en llegar a manos de la Sala de lo Penal ha sido la denuncia presentada por la 'Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción', que solicitaba la imputación de 77 personas: el presidente del Gobierno, su esposa, su hermano y su padre además de 10 ministros, el fiscal general y altos cargos y empresarios. Una selección de personas sacada de casos ya judicializados como Koldo, la causa contra Begoña Gómez o el de Tito Berni mezclado con diligencias ya archivadas, denuncias fracasadas de Manos Limpias y asuntos que nunca pasaron de las portadas.

La denuncia afirmaba que existe en España una “organización criminal perfectamente estructurada” y la Sala de lo Penal del Supremo explica que esa denuncia no merece ni pasar el primer filtro de la admisión a trámite. “Se trata del traslado de declaraciones o informes de diversas investigaciones llevadas a cabo en otros juzgados, un mero digo que dice”, explican los jueces. En algunos casos no se aporta ningún indicio de delito y, en otros, se intenta llevar al Supremo casos que ya están siendo investigados en otros organismos o que fueron archivados hace tiempo.

El auto rechaza de plano la denuncia por incurrir en “fraude de ley” y deja un recado: “No es dable la utilización de acudir en la forma que se efectúa, directamente ante esta Sala Segunda, como juzgado de guardia de cualquier asunto mediático, para evitar el criterio del juez que lleva la investigación”, dicen los magistrados. Un dardo a la asociación denunciante que fuentes del Supremo complementan al lamentar que, mensualmente, la sala de admisiones recibe semanalmente más de diez denuncias o querellas “infundadas” contra aforados que no tienen ninguna probabilidad de prosperar pero que, en la práctica, se presentan de forma abusiva y “desnaturalizando”, explican, el cauce penal del Supremo.

La sala segunda del Supremo se encarga de investigar, juzgar y sentenciar a aforados: miembros del Gobierno, diputados, senadores, algunos presidentes autonómicos y algunos jueces y fiscales. No es su trabajo más abundante entre los más de 9.000 asuntos que resuelve cada año, pero sí es el que más proyección pública puede llegar a tener. Las múltiples ramificaciones del procés, la investigación contra el exministro José Luis Ábalos, la causa contra el fiscal general del Estado y la reciente condena al senador José Manuel Baltar, junto con el aluvión de causas contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez pendientes de admisión, protagonizan una de las mayores concentraciones de causas contra aforados en el alto tribunal en su historia reciente.

Fuentes del Supremo explican a elDiario.es que, semana tras semana, la sala de admisiones –el primer filtro en el departamento penal– se encuentra con al menos diez denuncias y querellas semanales que son rechazadas de forma sistemática por su carencia total de fundamento. Contra jueces que no han resuelto un pleito en el sentido esperado pero también contra ministros o altos cargos por decisiones políticas o declaraciones públicas. A día de hoy, la Sala de lo Penal del Supremo sigue rechazando querellas contra miembros del Gobierno por decisiones tomadas durante la pandemia.

La querella como arma política

Una de las últimas querellas rechazadas es la de un vecino de Córdoba que denuncia una “suerte de confabulación sistémica” de jueces y abogados desde hace 30 años para perjudicarle. Otras igualmente inadmitidas son de empresas o asociaciones que acusan de prevaricar a jueces de la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Andalucía en casos en los que no les han dado la razón. Pero una parte relevante son denuncias y querellas de partidos y asociaciones de extrema derecha que buscan llevar al banquillo a miembros del Gobierno por actuaciones políticas, declaraciones públicas o incluso casos que ya han sido archivados.

Vox, HazteOir, Manos Limpias y otras asociaciones ligadas a la extrema derecha son habituales en la instrumentalización judicial e informativa del Tribunal Supremo contra rivales políticos. Las denuncias se interponen, se publicitan y después se oculta deliberadamente que los jueces han rechazado de plano todas sus acusaciones.

En pleno debate sobre la posibilidad de limitar el papel y la importancia de la acción popular, fuentes de la Sala de lo Penal del Supremo reconocen a elDiario.es que presentar querellas sin ningún tipo de fundamento contra aforados debe encontrar algún tipo de límite, sin negar el derecho a la ciudadanía a participar en los tribunales, pero evitando la sobrecarga que supone hacerse cargo semanalmente de una decena de acciones como estas. Ya en 2020, durante la pandemia, el Supremo dejó claro que no se puede exigir responsabilidades penales a un ministro, por ejemplo, por cualquier cosa que suceda en su Ministerio.

En algunos casos la paciencia del Supremo ha sido finita y los jueces han optado por multar a los autores de denuncias basadas, directamente, en mentiras y falsedades. Tal y como reveló elDiario.es el año pasado, el tribunal multó con 4.000 euros a un hombre por denunciar al magistrado Manuel Marchena basándose en las 'fake news' del exjuez Fernando Presencia.

La Sala de lo Penal analiza estas semanas el volumen de denuncias y querellas contra aforados que recibe, la gran mayoría inadmitidas y rechazadas de plano. Poco después de inadmitir la denuncia masiva contra miembros del Gobierno, los jueces reprochan que se inicien acciones penales con un relato “muy parco, fragmentario y siempre incompleto” que en la mayor parte de sus 37 páginas apenas describía “un hecho concreto” contra los políticos denunciados.

La Asociación de Damnificados Horta Sud de València, compuesta por un centenar de víctimas de la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre, ha presentado este miércoles una querella contra la exconsellera Salomé Pradas; el exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso; el actual director general Alberto Martín Moratilla; la funcionaria Inmaculada Piles, jefa de servicio de Emergencias, y Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La querella, registrada ante los juzgados de instrucción de València, considera que se podrían haber cometido los presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones, daños, prevaricación omisiva y omisión del deber del socorro. Se trata de la primera querella de una asociación de afectados directos por la DANA. La entidad alude a la “inacción” de los querellados en la “toma de decisiones para proteger la vida de los ciudadanos”. Del centenar de querellantes, tres son familiares de fallecidos la trágica jornada.

La querella no se dirige, de entrada contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, un cargo aforado, aunque no se descarta que pudiera resultar investigado más adelante “a resultas de la instrucción”. Coincidiendo con el tercer mes de la DANA, este miércoles, el presidente de la asociación, Christian Lesaec, ha confirmado que la Generalitat no se ha puesto en contacto con la entidad. “Sinceramente, tampco lo esperábamos”, ha dicho.

La asociación nació el pasdado 11 de noviembre “de forma espontánea e inesperada” los días posteriores a la riada, según ha explicado su presidente. “Tuvimos que luchar por nuestra vida y hemos seguido sufriendo el desamparo y la soledad”, ha dicho Lesaec. El presidente de la entidad ha relatado las duras vivencias de los asociados, como un padre que tuvo que despedirse de su hija cuando la barrancada les dejó atrapados en un sótano al que habían bajado para tratar de rescatar enseres. “Esto no puede quedar así, pienso que debemos pedir que los responsables paguen por ello”, ha afirmado Lesaec.

Por su parte, Manuel Hernández, CEO del despacho Vilches Abogados, ha explicado que se trata de la “mayor querella presentada hasta la fecha”, que incluye una “investigación muy exhaustiva tanto por parte del bufete como por parte de la asociación” relativa a la cronología del día de la DANA y de las jormnadas posteriores. “Buscamos conocer los hechos de manera exhaustiva”, ha abundado el letrado, quien ha apostillado que el objetivo pasa por “acreditar el efecto causal” entre las decisiones de los querellados y las consecuencias de la barrancada.

El abogado ha destacado los daños morales sufridos por los afectados —“su vida ha cambiado y ya no será la misma”, ha dicho— y que la querella reclama una sanción penal y también una responsabilidad civil por parte de los cargos querellados. Manuel Hernández ha lamentado que los responsables de los organismos públicos “previsiblemente tenían que haber tomado decisiones y no se tomaron”. Además, el letrado tampoco descarta que haya más investigados en la previsible instrucción judicial. Por otro lado, para la demanda de responsabilidad patrimonial, ha explicado Hernández, los afectados tienen un plazo máximo de un año desde el día de autos, hasta el próximo 29 de octubre de 2025.

El representante jurídico de la asociación ha desgranado los principales puntos de la querella. Por un lado, la “falta de previsión y de acción cuando ya se conocía desde el 20 de octubre que se iba a producir una DANA”, con “avisos reiterativos” por parte de la Aemet, que llegó a alertar de una “intensidad torrencial” de las lluvias y que incluso lanzó una alerta roja por el “peligro extremo” y el consecuente “riesgo” para la vida.

“A partir de ahí”, ha manifestado, “entendemos que no se debería haber lanzado el aviso a las 20.11, habida cuenta de que sobre las 18.30 ya se había producido el desbordamiento del barranco del Poyo”. “De poco servía”, ha apostillado en referencia al envío tardío del sistema Es-Alert. El letrado también se ha referido a una “descoordinación presumiblemente bastante significativa” con la CHJ.

La querella se centra en el peligro de inundaciones de la cuenca del barranco del Poyo: “Ya se conocía que esto podía generar algún tipo de riesgo”. La asociación ha aportado un estudio de las acciones “previstas y que no se han desarrollado” en el barranco. “Existe una falta de actuación por parte de la administración publica ante un riesgo que se conocía”, ha asegurado.

Finalmente, la querella también considera que “existen pruebas de que no se han tomado decisiones urgentes en la ayuda de los ciudadanos” con posterioridad al 29 de octubre.

En un juicio está el juez, el acusado y el que acusa porque es víctima, en teoría, del acusado. También está el fiscal. Pero luego existe también la figura de la acusación popular. Casi cada día, desde hace ya un tiempo, asistimos a procesos judiciales impulsados por organizaciones de ultraderecha que denuncian como acusación popular. Sin ser víctimas directas de ningún supuesto delito, encuentran así una herramienta muy eficaz para atacar en los juzgados a quienes consideran sus enemigos políticos o ideológicos.

Hoy queremos entender mejor qué es y para qué sirve esta figura de acusación popular, y por qué ahora nos da la sensación de que solo la derecha sabe ganar batallas con ella. Lo hacemos con Alberto Pozas, periodista de elDiario.es especializado en información de Tribunales, y con Joaquín Urías, experto en Derecho Constitucional.

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Un grupo de juristas e intelectuales acabamos de presentar una querella contra quien fuera el rey de España. Demandamos al rey Juan Carlos porque es culpable de un delito contra la Hacienda pública. Pero lo demandamos, sobre todo, porque siendo obviamente culpable de un delito no fue siquiera juzgado. Presentamos esta querella porque creemos que en un Estado de derecho todos somos iguales ante la ley.  Hemos tenido que presentar esta querella, finalmente, porque parece que cuando se trata de determinadas personas la Fiscalía prefiere no hacer su trabajo.

Nuestra querella parte de los hechos demostrados por la Fiscalía. En ese sentido no hay ninguna duda: gracias a las investigaciones realizadas por la Fiscalía española con el auxilio de otros países europeos, en 2020 quedó demostrado que, sin lugar a dudas, entre 2014 y 2019 el señor Borbón recibió numerosos pagos de diversas fundaciones radicadas en el extranjero, esencialmente para sufragar viajes privados y lujosas armas de fuego, pero no tributó por ello. En los cinco años que siguieron a su abdicación dejó de pagar a Hacienda en torno a cuatro millones de euros. Dado lo elevado de las cantidades, cometió, claramente, un delito fiscal castigado en el Código Penal.

En junio y noviembre de 2020 la Fiscalía informó al rey emérito de que se le estaba investigando por estos delitos.  Una vez que supo que lo habían pillado, ya en febrero de 2021, Juan Carlos de Borbón pagó cinco millones de euros a la hacienda pública (lo que debía, más los intereses) para regularizar su situación. Al hacerlo aceptaba que efectivamente durante todos esos años había dejado de pagar lo que debía y era evidente que sólo accedió a pagar una vez que se vio descubierto.

Pese a la evidencia del delito, hasta hoy no ha sido juzgado. Por ahora ningún juez español ha dicho si Juan Carlos de Borbón tiene o no que responder por los delitos cometidos. Su caso se cerró antes de eso porque, sencillamente, ni siquiera fue acusado. Los fiscales decidieron que no merecía la pena ni siquiera llevar el asunto a los tribunales. Sorprendentemente, el Ministerio Público hizo todo tipo de piruetas argumentativas para evitar cumplir con su obligación de perseguir los delitos. La más grosera de todas fue considerar que nuestro antiguo rey había decidido espontáneamente pagar lo que debía, en un acto de arrepentimiento y antes de saber que se le estaba investigando. De ese modo, la Fiscalía decidió que podía beneficiarse de una amnistía y se le perdonaba su fraude a hacienda sin necesidad de que interviniera siquiera un juez.  

La pretendida amnistía aplicada en este caso es, sin duda, menos polémica que la que se concedió a los independentistas catalanes. Al contrario que en aquella, cuando se trata de perdonar a corruptos y defraudadores nuestros jueces y fiscales no ven ninguna objeción en dejar de castigar a un delincuente.

Realmente, las llamadas amnistías fiscales sirven para sacar  a la luz casos de fraude fiscal. Se trata de ofrecer a quienes no han pagado a Hacienda la oportunidad de hacerlo, aunque sea tarde. Así, se les perdona el delito cometido si, por sí mismos, remedian el daño y, reconociendo su falta, pagan lo que deben.

Implica una cierta claudicación del Estado, pero se hace para  ahorrar investigaciones difíciles y a menudo inútiles y recuperar fondos que la caja común dejó de recibir.

Sin embargo, un requisito esencial para poder beneficiarse de una amnistía fiscal es que el defraudador acepte su delito y reconozca su deuda con hacienda antes de ser descubierto. De no ser así, nos encontraríamos con que lo que se perdona es algo que de todas formas se iba a recuperar. Además, se quiere evitar la perversión de que los delincuentes cometan impune y frecuentemente el delito de no pagar esperando a ver si son descubiertos para hacerlo entonces. El Tribunal Supremo tiene una clara doctrina en este sentido en la que dice que una vez que hacienda y el ministerio fiscal han detectado el fraude no puede entenderse que la regularización sea –como exige la ley– espontánea. Basta una comunicación genérica de que está siendo investigado, para acabar con la posibilidad de amnistía.

O eso creíamos hasta ahora. Porque cuando se trata del antiguo rey –incluso por los delitos cometidos después de abdicar– parece que las reglas son otras. Juan Carlos, y toda España, sabía que se lo estaba investigando. Conocía las comisiones rogatorias enviadas a otros países y había recibido las dos notificaciones del fiscal que especificaban que se había detectado su fraude. Aun así, los fiscales del caso no dudaron en entender que pagó los cinco millones de manera espontánea y sin saber que ya lo habían pillado. Así que decidieron que, pobre delincuente arrepentido, no procedía ni siquiera abrir juicio contra él.

Lo llamativo de este caso, pues, es que, a pesar de que hay pruebas suficientes de que el rey emérito cometió un delito, nunca ha sido acusado por ello. Hasta ahora.

Nosotros sí lo acusamos. Queremos, simplemente, que un juez diga si Juan Carlos de Borbón puede o no beneficiarse de una amnistía por los delitos contra la hacienda pública que cometió entre 2014 y 2019. 

El antiguo monarca ha reconocido ya ser un defraudador; ahora toca que la justicia decida si se le aplican las mismas normas que al resto de la ciudadanía o no. Es algo tan simple que da hasta pudor tener que pedirlo así, pero se ve que la Fiscalía, que tan exigente es contra otros delincuentes, se vuelve débil cuando de lo que se trata es de que don Juan Carlos de Borbón y Borbón pague por sus delitos.

No nos mueve, pues, ningún tipo de rechazo a la monarquía o a las personas que la representan. Nos mueve el respeto a la norma básica del Estado de derecho: que las normas se apliquen a todos por igual. Al hacerlo queremos sentar el principio de que nadie está por encima de la ley. O al menos, forzar a nuestros jueces a decir si efectivamente esto es así.

Dejamos la pelota en el tejado de la justicia, seguros de que su respuesta será un perfecto indicador de la calidad de nuestro sistema democrático. A ver.

“Nos mueve la defensa del interés general en cuanto que estimamos que exigen delitos contra la Hacienda Pública que vulneran no sólo los preceptos del Código Penal que invocaremos sino también los principios de igualdad y solidaridad, además de obligaciones legales y éticas, exigibles especialmente a aquellas personas que ostentan cargos públicos de relevancia constitución, en este caso, la Jefatura del Estado”.

Con estas palabras arranca la querella que un grupo de juristas e intelectuales presentan este lunes ante el Tribunal Supremo contra el rey Juan Carlos I, a quien acusan de cinco delitos de fraude fiscal, y que también impugna la regularización ante Hacienda realizada en 2021, que la fiscalía dio por buena y que sirvió para cerrar la investigación al rey emérito.

Entre los firmantes del escrito que pretende ejercer la acusación popular están los exfiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, los exmagistrados del Supremo José Antonio Martín Pallín y Clemente Auger, juristas como Javier Pérez Royo, Blanca Rodríguez Ruiz, Joaquín Urías y Eduardo Ranz Alonso, intelectuales como Josep Ramoneda y Pilar del Río y el periodista Miguel Mora.

A lo largo de 20 páginas, la querella dirigida al Tribunal Supremo va desgranando los cinco delitos que atribuyen al anterior monarca entre 2014, la fecha de su abdicación y 2018, y que consideran que no están prescritos, y a la vez trata de desmontar los criterios que llevaron a la Fiscalía a dar por buena la regularización ante Hacienda que hizo Juan Carlos I en 2021 cuando ya sabía que se le estaba investigando por eludir impuestos.

Los hechos denunciados guardan relación con el uso de instrumentos opacos, entre los que se citan las fundaciones Zagatka y Lucum (con sedes den Liechtenstein y en Suiza) para “ocultar o dificultar la cuantía de la cantidad defraudada”. Alegan los querellantes que esa conducta debería tipificarse como un fraude fiscal agravado con pena de entre dos y seis años de prisión y que no prescribe hasta una década después. Así que según sus cuentas, ninguno de los cinco ejercicios denunciados, ni siquiera el de 2014, cuyo plazo para declarar finalizó el 1 de julio de 2015 estarían prescritos.

La querella recuerda cómo en 2018, cuatro años después de su abdicación se iniciaron sendas investigaciones sobre el patrimonio de Juan Carlos I y que en 2020 la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ordenó remitir a la Fiscalía del Supremo una investigación iniciada por Anticorrupción un año antes sobre supuestas tarjetas de crédito vinculadas a fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, por parte del rey emérico y otros familiares, y un supuesto cobro de comisiones ilegales en las obras del Ave a la Meca y por la existencia de sociedades en paraísos fiscales.

La acusación popular recuerda que la regularización fiscal que hizo el rey Juan Carlos tuvo lugar después de que se le hubiera notificado desde la fiscalía en dos ocasiones que estaba siendo investigado. Fue entonces, entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 cuando el rey emérito depositó 4.416.717,46 euros para cumplir con las obligaciones fiscales que no había cubierto en las declaraciones ante Hacienda correspondientes al quinquenio 2014-2018, cuando el monarca ya no gozaba de inviolabilidad tras haber legado la Corona a su hijo Felipe VI. Entre las declaraciones complementarias se incluye una para hacer frente a los impuestos derivados de los pagos realizados por la fundación Zagatka, que gestionaba un primo del rey -Álvaro de Orleáns-, para sufragar viajes y otros servicios que disfrutó Juan Carlos I, entre ellos armas de caza por un importe superior a 100.000 euros.

Son esas regularizaciones ante Hacienda las que impugna la querella presentada ante el Tribunal Supremo y la que lleva a la acusación popular a considerar que se debe juzgar al rey emérito por cinco delitos contra la Hacienda Pública. La querella lo sostiene con estas palabras: “La regularización de las defraudaciones tributarias se produce después de haber tenido conocimiento formal de la existencia de unas diligencias de investigación de la Fiscalía que le advirtió de la existencia de irregularidades en las declaraciones tributarias, con anterioridad a su regularización. En todo caso, su representación legal tuvo la oportunidad de personarse y conocer el contenido de las diligencias de investigación, aunque sin duda era conocedor de las irregularidades que se había cometido en las declaraciones correspondientes al IRPF correspondiente a los años 2014 a 2018”.

Por eso, incide la denuncia, “no concurre la aplicación del principio de íntegra y espontánea regularización que contempla el Código Penal” para el delito de fraude fiscal. A juicio de la acusación popular, el argumento que manejó entonces la fiscalía para considerar que la regularización se hizo en tiempo y forma y que se basaba en que en las dos notificaciones no se detallaban pormenorizadamente los hechos que se imputaban, “resulta incongruente”. El representante legal del rey emérito, señala la denuncia, “procedió a la regularización con los datos que le había facilitado la fiscalía y más específicamente la fiscalía anticorrupción”. “El Código Penal descarta los efectos despenalizadores si se regulariza después de tener un conocimiento formal, no necesariamente pormenorizado, de la iniciación de diligencias”, subrayan los denunciantes, que citan jurisprudencia del Tribunal Supremo para avalar su tesis de que esa regularización nunca se debió dar por buena.

Su conclusión por tanto es que el Supremo debe investigar los delitos fiscales y para ello piden la declaración en calidad de imputado del rey Juan Carlos I, y que comparezcan como testigos su primo, Álvaro de Orleans, que sufragó vuelos privados y armas al anterior monarca, el abogado que ha representado al emérito en su investigación tributaria, Javier Sánchez-Junco, y algunos de los nombres que han manejado las finanzas del rey en Suiza como Arturo Fasana y Dante Canónica. También se pide citar como testigo al empresario mexicano Allen Jesús Sanginés-Krause, que supuestamente abonaba parte de los gastos del rey emérito y familiares, además de representantes de bancos suizos, empresas y agencias de viajes.

El grupo de juristas e intelectuales que firman la querella solicita al Supremo que se fije una fianza simbólica de un euro, ya que su propósito es el de “potenciar el valor superior de la Justicia, los principios generales del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley”.

En el último punto, la querella propone que, cuando llegue el momento procesal oportuno, en caso de que haya condena, se fije el mínimo posible en la pena privativa de libertad “teniendo en cuenta la edad del querellado, pero que la multa sea de la cuantía máxima fijada por ley”.

El pleno del Senado ha rechazado la reforma de la ley que beneficia a los presos de ETA con los votos en contra del Partido Popular, que ha maniobrado para devolverla al Congreso y aplazar su promulgación. El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, esgrime un informe de la letrada mayor en la que reconoce que “no hay precedentes” de una actuación como la que se ha tomado este lunes. Mientras, fuera del Senado, el PP y el PSOE siguen enzarzados en una lucha dialéctica y casi judicial. Los populares han presentado este lunes una querella contra el PSOE por “financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias”, y el Gobierno ha amenazado en respuesta con llevar al PP a los tribunales por los contratos de la Xunta hechos a dedo que ha desvelado este periódico.