elDiario.es no se retracta de su investigación sobre Julio Iglesias

Este jueves se ha celebrado en un juzgado de Madrid un acto de conciliación entre la representación legal de Julio Iglesias y la de elDiario.es, su director y cuatro de sus periodistas. El cantante solicitó que este periódico rectificara las informaciones publicadas sobre él a partir del pasado 13 de enero, “reconociendo el contenido injurioso y calumnioso”, y que fueran eliminadas de la web. Además, solicitaba una idemnización sin cuantificar pero que se anticipaba “en cifras de importante cuantía económica”. elDiario.es y sus periodistas, que no han acudido al juzgado y han estado representados por un procurador, se han negado a todo ello.

Al no realizarse la conciliación solicitada, Iglesias ya puede querellarse en cualquier momento contra este medio, como anticipaba el propio escrito que dirigió al tribunal de instancia, anunciando que le seguiría la “interposición de querella por la presunta comisión de delitos de injurias con publicidad y calumnias”. Los periodistas contra los que Julio Iglesias pretende querellarse son Ignacio Escolar, Juanlu Sánchez, María Ramírez, Ana Requena y Elena Cabrera.

Hace más de cuatro meses, elDiario.es, junto a Univision Noticias, comenzó la publicación de una serie de reportajes que partían de los testimonios de varias de sus extrabajadoras domésticas al servicio del cantante en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Dos de estas mujeres, conocidas bajo los nombres ficticios de Rebeca y Laura, interpusieron una denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata de personas. Además, se distribuyó en plataformas tres episodios especiales del podcast Un tema al día.

Tres años de investigación

Julio Iglesias no respondió a las preguntas que le hicieron los periodistas de elDiario.es y Univision Noticias de manera previa a la publicación. Posteriormente, emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en el que negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Rebeca, empleada del servicio doméstico en Punta Cana y Lyford Cay (Bahamas), relató a ambos medios que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias y describió penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Ella y Laura, cuyo desempeño en la casa era el de fisioterapeuta, contaron que, además de tocamientos, recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral, en un ambiente de control y acoso continuo. Los hechos, según las entrevistadas, ocurrieron en 2021. La más joven tenía entonces 22 años.

elDiario.es inició esta investigación tres años antes de su publicación, a la que se unió la división informativa de la cadena de televisión Univision en 2025. Durante ese tiempo, las periodistas que trabajaron en la investigación entrevistaron en repetidas ocasiones a Rebeca y a Laura, las cuales prestaron un testimonio sólido y sin contradicciones. Además, se contactó en total con una quincena de extrabajadores de Julio Iglesias, incluyendo personal doméstico y otros profesionales especializados que trabajaron en distintos periodos, entre finales de los años 90 y 2023, que pudieron confirmar diferentes puntos de la investigación.

Intento de descrédito de las denunciantes

Como demostró la investigación, aportando capturas de WhatsApp y fotografías, la encargada responsable de la selección de empleadas en las casas de Julio Iglesias gestionó también la realización de reconocimientos médicos a las trabajadoras del servicio doméstico, que incluían exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual, como VIH, hepatitis o clamidia, así como detección de embarazos. La Ley del Sida de República Dominicana sanciona con multas económicas e indemnizaciones la solicitud de realización de pruebas para la detección del VIH o de sus anticuerpos por parte de cualquier empleador privado.

Con la incorporación de Univision Noticias, se volvieron a realizar las entrevistas a Rebeca y a Laura en formato audiovisual, emitiéndose con diferentes medidas para proteger su identidad, como planos a contraluz o el doblaje de sus voces para evitar su reconocimiento. Este doblaje se realizó respetando cada palabra y entonación original durante la entrevista.

Después de que se hiciera pública la interposición de la denuncia, Iglesias intentó desacreditar a las mujeres divulgando sus identidades —que habían sido protegidas por la Fiscalía—, mensajes personales y fotografías que las demandantes habían publicado en sus redes sociales.

Archivo de la denuncia

Unos 20 días después de la interposición de la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y tras tomar declaración a las denunciantes, este órgano decidió archivarla al no entender que existieran los suficientes “vínculos” entre Julio Iglesias y España como para que este país tuviera jurisdicción para investigarle.

Este rápido archivo se produjo sin entrar al fondo de los hechos y sin responder a tres peticiones clave que habían hecho las abogadas de Rebeca y Laura. La primera, que se tomaran medidas contra la difusión de información por parte del cantante sobre las denunciantes. La segunda consistía en la aportación de más evidencia para reforzar la idea de que podía aplicarse la jurisdicción española. Y la tercera, que se tuvieran en cuenta nuevas informaciones que vinculaban la causa con España. Ninguna de las tres obtuvo respuesta.

La tercera petición estaba relacionada con la información que publicó elDiario.es sobre los visados de turista que permitían trasladar a España a empleadas domésticas para trabajar en verano en la casa que Julio Iglesias tiene en Málaga, sin contrato y con sueldos de 340 euros. Así era el caso de Carolina (nombre ficticio), otra de las extrabajadoras entrevistadas.

Yolanda Díaz no se retracta

A pesar del archivo, Women's Link Worldwide, la organización que defiende a Rebeca y Laura, anunció que estás mujeres seguirán adelante en la búsqueda de justicia. Pocos días después, Rebeca denunció a la policía del país en el que vive que estaba siendo objeto de vigilancia y seguimiento por parte de un detective privado español y que su marido había encontrado una baliza GPS en su automóvil. La investigación policial tendrá que determinar si estas actividades de seguridad privada las ha realizado un profesional acreditado únicamente en España, ya que de ser así, constituiría una sanción “grave”, según los expertos.

Ya en marzo, Iglesias demandó a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz por sus opiniones al respecto de los testimonios de Rebeca y Laura, que calificó de “escalofriantes”. El acto de conciliación previo a la interposición de la querella se celebró el pasado 19 de mayo y, en él, la representación legal de Díaz rechazó retractarse de sus comentarios.