El paciente esperaba por una colonoscopia calificada como “preferente” desde febrero de 2023, pero el Hospital Universitario de Canarias (HUC), el de referencia para la población del norte de Tenerife, no le dio cita para esta prueba hasta noviembre, nueve meses después. Para entonces, el cáncer diagnosticado (adecarcinoma) ya se había extendido por metástasis a otros órganos vitales y sólo cabía aplicar cuidados paliativos. Murió a los tres meses, en febrero de 2024. 

Ante la reclamación patrimonial formulada por la familia del fallecido, el Servicio Canario de Salud (SCS) admitió parte de responsabilidad por el retraso injustificado en la prueba diagnóstica, pero no toda. La administración planteó “la concurrencia de cierto grado de autoría del propio paciente” porque “existió cierta pasividad al no advertir de tal retraso ni reclamar su pronta realización”. 

La Consejería de Sanidad pretendía corresponsabilizar al paciente del retraso para tratar de reducir la cuantía de la indemnización que debe pagar a la familia por los daños morales infligidos.

En un dictamen firmado a finales de marzo, el Consejo Consultivo de Canarias, órgano encargado de velar por la legalidad de las decisiones de las administraciones públicas de las Islas, rechaza los argumentos de Sanidad, a quien atribuye la responsabilidad exclusiva de la “pérdida de oportunidad” que sufrió el paciente debido al diagnóstico tardío.

“No cabe sostener” que la respuesta a la urgencia de esa prueba diagnóstica requiriera “un impulso por parte del paciente”, concluye el Consultivo. Al contrario, su necesidad era “apremiante” desde febrero de 2023, desde que se conoció el resultado positivo de la prueba de sangre en heces que había pedido días antes su médico de atención primaria. La prueba fue solicitada el 10 de febrero de 2023. La colonoscopia se practicó el 7 de noviembre. El paciente murió el 8 de febrero de 2024.

Los informes

El propio Servicio Canario de Salud (SCS), a través del Servicio de Inspección y Prestaciones (SIP), admitió que esa “demora prolongada” había favorecido “la progresión tumoral”.

En el informe remitido al Consultivo, el SIP estimaba que en enero de 2023 el tumor ya existía, al menos, en un estadio dos. De haber actuado con la celeridad debida, las posibilidades de supervivencia del paciente habrían sido “sustancialmente mayores”.

La Consejería de Sanidad cuantificaba la “pérdida de oportunidad” para el paciente en un 60%: de un 75% de posibilidades de supervivencia a cinco años en un estadio dos (enero) a un 15% cuando fue diagnosticado (noviembre) en un estadio cuatro (metástasis).

La familia, por su parte, presentó su propio informe pericial, que concluía que el intervalo prudente entre el positivo en la prueba de sangre en heces y la colonoscopia no debió superar el mes o los dos meses. Cuando se realizó, nueve meses después, el paciente “ya presentaba anemia, síndrome constitucional (cansancio, pérdida de apetito y adelgazamiento involuntario), diarreas con nocturnidad y tenesmo”, hallándose en esa prueba diagnóstica “un adecarcinoma rectal avanzado y limitándose las opciones a quimioterapia paliativa con una supervivencia de sólo tres meses desde el diagnóstico efectivo”.

Esta demora asistencial provocó, en opinión del doctor que firma ese informe pericial, “una flagrante pérdida de oportunidad terapéutica”.

La indemnización

En este procedimiento de responsabilidad patrimonial, el Servicio Canario de Salud no ha discutido la existencia del daño ni la legitimidad de los reclamantes (la madre y los tres hermanos del fallecido). Ni siquiera ha cuestionado el importe reclamado por los interesados (95.750,16 euros para la madre y 18.532, 29 para cada hermano).

Lo que pretendía era eludir el pago íntegro de la indemnización descargando parte de la responsabilidad en el propio paciente. A juicio de la administración, este “debió informar al médico de cualquier cambio o empeoramiento en su condición”.

El informe del servicio de Inspecciones y Prestaciones recoge el siguiente tenor literal: “Desde febrero de 2023 hasta el 19 de octubre de 2023 no fue solicitada al servicio sanitario otra atención, ni al médico de familia ni a un servicio de urgencias. Ello pudo contribuir al retraso diagnóstico. Si el paciente no informa de los cambios en sus síntomas, el médico no está al tanto de la verdadera situación a fin de acelerar o no la obtención de un diagnóstico y tratamiento”.

A juicio de Sanidad, “esto tiene una indudable influencia en el resultado final”, puesto que “si bien en modo alguno excluye la responsabilidad del SCS en los hechos, la propia conducta del paciente permite modular los daños causados”. “Estaríamos hablando, por tanto, de una responsabilidad compartida”, concluye.

El Consejo Consultivo rechaza de forma tajante esta interpretación de la Consejería de Sanidad. El retraso diagnóstico no proviene de esa supuesta “pasividad” del paciente, sino del retraso en la realización de una prueba solicitada con carácter preferente. No era necesario que el pacientela impulsada ni tampoco una progresión en los síntomas. “Con o sin dolor abdominal, expresamente manifestado o no por el paciente, la urgencia en la realización de la colonoscopia mantuvo siempre su imperiosidad, su necesidad apremiante por sí misma, tan sólo a partir del resultado positivo de la prueba de sangre en heces”.

Y advierte además el órgano consultivo que lo dicho por la Consejería de Sanidad no es cierto. El SCS obvió en su informe que el paciente sí requiriró entre febrero y octubre de asistencia sanitaria. En concreto, en mayo acudió a su médico de familia, según refleja su historia clínica. No consta que en esa conculsta el facultativo “se hubiera interesado” por la prueba diagnóstico“ y menos aún que, ”advertido el retraso, la reiterara con carácter urgente“.

Por todo ello, niega la existencia de “corresponsabilidad alguna del paciente” en el retraso de la prueba, que es achacable en exclusiva al SCS. El Consultivo remarca que el daño indemnizable no es “el resultado final” (en este caso, el fallecimiento), sino “la probabilidad frustrada de haber alcanzado un resultado clínico más favorable por falta de diligencia en la actuación asistencial”.

En este caso, “el retraso injustificado” en la colonoscopia “privó al paciente de la oportunidad real de recibir un diagnóstico precoz y, con ello, un tratamiento con finalidad curativa o, al menos, con mayores probabilidades de prolongar su supervivencia y conservar su calidad de vida”.

El Consultivo fija la indemnización en la cuantía resultante de aplicar un 60% (pérdida de oportunidad) a las cantidades reclamadas por la familia. Es decir, 57.450,1 euros para la madre y 11.119,37 para cada hermano. En total, 90.808,22 euros.

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) registra los peores tiempos de respuesta para pruebas diagnósticas de los principales centros sanitarios del Archipiélago. Los últimos datos publicados revelan cifras alarmantes, como una espera media de 540 días (un año y medio) para una endoscopia, 183 para una ecografía o 158 para un escáner. Además, lidera las demoras en consultas externas, con más de 42.000 pacientes en lista de espera. 

La Consejería de Sanidad difundió el pasado 30 de marzo un comunicado en el que señalaba que a lo largo de 2025 citó a un total de 291.088 personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años para participar en el Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Colon y Recto de Canarias y que acudieron a la consulta un 38%.

Mari Carmen y Juan esperaban disfrutar de una segunda luna de miel con su jubilación. Con sus dos hijas adultas y completamente independizadas, no había nada que les hiciera pensar que no podría ser así. Pero una intervención médica innecesaria y de cuyos riesgos y alternativas no fue informada cambió el destino de la mujer y su familia. Un juzgado ha condenado a la aseguradora del Servicio Madrileño de Salud a indemnizar a esta paciente con 820.000 euros, en una sentencia que está recurrida ante la Audiencia Provincial.

Los hechos se remontan a 2022, cuando Mari Carmen tuvo un susto de salud: un problema pulmonar, que se resolvió satisfactoriamente tras unas semanas de ingreso en el hospital de Móstoles. En una de las pruebas que le realizaron en este centro, los sanitarios encontraron un aneurisma sacular, una pequeña protuberancia de una arteria cerebral, que no tenía nada que ver con su dolencia.

“Cuando se recuperó y le dieron el alta, la derivaron al hospital de Puerta de Hierro, para que le vieran el aneurisma”, relata su hija Vanesa. Ahí empezó su calvario, que ha dejado a la mujer, que tiene ahora 69 años, con una discapacidad grave, problemas cognitivos y totalmente dependiente. “Nos dijeron que [si no se operaba] le podía dar un infarto cerebral y que [la intervención] era muy sencilla, que se hacían muchas. Un día de UCI y a casa. Nos lo puso tan fácil como sacarle una muela”, recuerda Juan, su marido.

Esa operación, a la que Mari Carmen accedió creyendo que era como sacarse un diente, derivó en un ictus durante el postoperatorio, que la ha dejado postrada y con secuelas de por vida. “Ahora depende para todo de mi padre”, lamenta Vanesa. La mujer duerme en un sillón para evitar los dolores. Y en la butaca de al lado, su marido, que no quiere dejarla sola.

La familia decidió ponerse en contacto con la asociación Defensor del Paciente, que ha pilotado el caso, después de que una médica amiga y hasta el de cabecera de la mujer les dijeran que había “algo raro” en el procedimiento médico. “Le llevo toda la documentación a Álvaro [Sardinero, el abogado] y unos días después me llama para hablar, tras ponerse en contacto con un perito”, continúa la hija de Mari Carmen. De aquella conversación la familia sale con dos ideas claras: “Es un aneurisma que no se opera y, además, no aparece la autorización de la intervención”, que es obligatoria porque implica que se ha informado a la paciente.

Con estos datos, deciden iniciar una vía legal para que se reconozca la negligencia y se indemnice a la mujer. En julio de 2025, el juzgado de 1ª Instancia número 51 de Madrid condena a Relyens, la aseguradora del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a indemnizar a Mari Carmen por los daños ocasionados y las secuelas que padece con la cantidad de 821.166,96 euros.

La sentencia, recurrida ante la Audiencia Provincial por la reaseguradora, señala que “no existe prueba que acredite que a la paciente se le informó de las alternativas terapéuticas ni tampoco del riesgo que conllevaba la intervención”. Y, como recuerda el propio texto, “toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado”, que deberá prestarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, entre otras.

El magistrado considera que “la falta de información a la paciente (...) causa, además, un daño efectivo y real como consecuencia de la cristalización del citado riesgo, por cuanto la actora se vio privada de la posibilidad u oportunidad de ponderar la conveniencia de sustraerse a la operación evitando sus riesgos, máxime cuando existe controversia sobre la necesidad de haberse operado”.

La sentencia va más allá de esa controversia, al señalar que “en este caso también ha quedado acreditada la mala praxis, no en la operación, sino en la decisión de acometerla”. Se basa, principalmente, en la información aportada en el informe pericial judicial, a partir de las pruebas aportadas al caso, que muestran un aneurisma con diámetros aproximados de 3x4 milímetros, que además no había mostrado síntomas.

El informe pericial señala que los aneurismas menores de 10 milímetros en pacientes asintomáticos no requieren tratamiento inmediato, pero deben ser monitorizados ante posibles crecimientos. Algo que, en el caso de Mari Carmen no ocurrió, al ser directamente intervenida. De hecho, el Estudio Internacional de Aneurismas Intracraneales No Rotos —ISUIA, por sus siglas en inglés— señala que el riesgo de rotura en aneurismas de menos de 7 milímetros en esa zona es del 0% a los cinco años.

Un contrato de 35 millones de euros

La demanda, como indican desde el Sermas, es una acción directa en la vía civil contra la compañía aseguradora Relyens, como se prevé en la Ley de Seguros. Esta redacción se ha puesto en contacto con Relyens, para conocer los motivos del recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial, pero desde la compañía han declinado responder a las preguntas de este medio.

Esta empresa se encarga de cubrir las indemnizaciones derivadas de casos como estos y en ella lleva confiando la Comunidad de Madrid durante años. El presupuesto de la última licitación del servicio de póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Servicio Madrileño de Salud ascendió a un total de 35 millones de euros por dos años. Pero la colaboración se alarga más allá. De hecho, la mutua, antes denominada Sham, lleva encadenando contratos millonarios para la cobertura de las responsabilidades derivadas de los profesionales y los centros sanitarios de la Comunidad desde 2016.

Según ha publicado la propia compañía, el Grupo, que desarrolla su actividad en España, Francia, Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, recibió 1.160 millones de euros en primas en 2024, los últimos datos disponibles. Esto supone un aumento del 7,3% respecto a 2023 y un volumen de negocio de 674 millones, un 6,9% más.

Mientras tanto, en casa de Mari Carmen han tenido que ajustarse también en lo económico. En la hoja de nuevos gastos suma terapias, rehabilitación y cremas, entre otras partidas, a cargo de una pensión “mileurista” y de las aportaciones de Susana, la otra hija del matrimonio, quien, “económicamente, es la que puede ayudar”, lamenta su hermana, que en este momento se encuentra de baja.

Por eso, aunque la indemnización no va a devolver a la mujer a su estado de salud previo sí puede facilitar su día a día, darle acceso a terapias sin mirar la factura o acceder a un coche mejor, para que se traslade de forma más cómoda a las consultas y las sesiones de rehabilitación. “Estamos esperando a que la Audiencia Provincial nos dé la razón, pero un juez de primera instancia ya nos la ha dado”, reivindica Vanesa.

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, òrgan assessor en matèria jurídica, tanca la porta a indemnitzar les víctimes de la dana fins que acabe el procediment judicial. L’òrgan estatutari, que ja va desestimar la responsabilitat patrimonial dels ajuntaments, planteja en un segon dictamen que la Generalitat Valenciana espere que concloga la investigació per a indemnitzar els afectats.

El dictamen, avançat per Las Provincias i a què ha tingut accés elDiario.es, es fa arran d’un procediment instruït per l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (Avsre). En aquest, un ciutadà es dirigeix a l’Administració autonòmica i sol·licita que se l’indemnitze amb la quantitat de 49.000 euros “pels danys morals i psicològics patits a conseqüència de les pèrdues materials ocasionades per la inundació del seu habitatge situat en una planta baixa” en una localitat travessada pel barranc de Poio.

El ple de l’òrgan consultiu recomana a l’Administració autonòmica parar el procés fins a la finalització de les actuacions penals, que es dirimeixen en el Jutjat d’Instrucció de Catarroja, que investiga la cúpula d’Emergències del Govern valencià en actiu l’octubre del 2024. Considera l’òrgan jurídic que “l’Administració ha de valorar la suspensió del procediment administratiu per a evitar conclusions contradictòries i garantir la coherència de l’ordenament”, atés que s’investiga l’actuació de responsables de la Generalitat Valenciana. “L’Administració autonòmica ha d’evitar pronunciar-se anticipadament sobre els mateixos fets, perquè això podria comprometre la coherència del sistema i vulnerar el principi de seguretat jurídica”, apunta el dictamen. El CJC creu que resoldre la qüestió abans que es practiquen les diligències i les proves pericials seria fer-ho sobre “una base fàctica provisional i incompleta”.

“La pràctica de diligències d’investigació, pericials tècniques, informes meteorològics especialitzats i l’eventual determinació de fallades estructurals del servei públic proporcionen un marc fàctic que resulta imprescindible per a valorar si va haver-hi o no un funcionament normal o anormal per part de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, en definitiva, de l’Administració autonòmica”, assenyala el dictamen, emés el desembre passat. Així doncs, raonen, “la fixació judicial de la seqüència d’esdeveniments, l’apreciació de la relació causal entre l’actuació de les autoritats o càrrecs públics i els danys produïts, o la delimitació de les competències i els deures d’actuació davant episodis meteorològics adversos poden constituir elements d’indubtable transcendència per a determinar si hi concorre o no funcionament anormal del servei públic autonòmic en matèria de protecció civil i emergències”.

Els dictàmens no són vinculants, però funcionen com una brúixola en l’àmbit jurídic i poden emprar-se en processos judicials. Segons va informar Las Provincias, cal esperar que l’executiu de Juan Francisco Pérez Llorca estime la recomanació del CJC i espere que concloga la investigació abans d’abonar les indemnitzacions per responsabilitat patrimonial.

L’òrgan assessor ja va desestimar anteriorment la responsabilitat patrimonial dels ajuntaments per la dana, analitzant el cas d’una veïna de Paiporta que va assenyalar el consistori i l’alcaldessa pels danys patits.

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, órgano asesor en materia jurídica, cierra la puerta a indemnizar a las víctimas de la dana hasta que termine el procedimiento judicial. El órgano estatutario, que ya desestimó la responsabilidad patrimonial de los ayuntamientos, plantea en un segundo dictamen que la Generalitat Valenciana espere a que concluya la investigación para indeminizar a los afectados.

El dictamen, adelantado por Las Provincias y al que ha tenido acceso elDiario.es, se realiza a raíz de un procedimiento instruido por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). En él, un ciudadano se dirige a la Administración autonómica y solicita que se le indemnice con la cantidad de 49.000 euros, “por los daños morales y psicológicos sufridos como consecuencia de las pérdidas materiales ocasionadas por la inundación de su vivienda ubicada en una planta baja” en una localidad atravesada por el barranco del Poyo.

El Pleno del órgano consultivo recomienda a la Administración autonómica detener el proceso hasta la finalización de las actuaciones penales, que se dirimen en el juzgado de instrucción de Catarroja, que investiga a la cúpula de Emergencias del Gobierno valenciano en activo en octubre del 2024. Considera el órgano jurídico que “la Administración debe valorar la suspensión del procedimiento administrativo para evitar conclusiones contradictorias y garantizar la coherencia del ordenamiento”, dado que se investiga la actuación de responsables de la Generalitat Valenciana. “La Administración autonómica debe evitar pronunciarse anticipadamente sobre los mismos hechos, pues ello podría comprometer la coherencia del sistema y vulnerar el principio de seguridad jurídica”, apunta el dictamen. El CJC cree que resolver la cuestión antes de que se practiquen las diligencias y pruebas periciales sería hacerlo sobre “una base fáctica provisional e incompleta”.

“La práctica de diligencias de investigación, periciales técnicas, informes meteorológicos especializados y la eventual determinación de fallos estructurales del servicio público proporcionan un marco fáctico que resulta imprescindible para valorar si existió o no un funcionamiento normal o anormal por parte de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, en definitiva, de la Administración autonómica”, señala el dictamen, emitido el pasado diciembre. Así, razonan, “la fijación judicial de la secuencia de acontecimientos, la apreciación de la relación causal entre la actuación de las autoridades o cargos públicos y los daños producidos, o la delimitación de las competencias y deberes de actuación ante episodios meteorológicos adversos pueden constituir elementos de indudable trascendencia para determinar si concurre o no funcionamiento anormal del servicio público autonómico en materia de protección civil y emergencias”.

Los dictámenes no son vinculantes, pero funcionan como una brújula a nivel jurídico y pueden emplearse en procesos judiciales. Según informó Las Provincias, cabe esperar que el Ejecutivo de Juan Francisco Pérez Llorca estime la recomendación del CJC y espere a que concluya la investigación antes de abonar las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial.

El órgano asesor ya desestimó anteriormente la responsabilidad patrimonial de los ayuntamientos por la dana, analizando el caso de una vecina de Paiporta que señaló al consistorio y a la alcaldesa por los daños sufridos.

El Congreso ha convalidado este jueves el Real Decreto-ley que regula las indemnizaciones a las víctimas o sus familiares que fallecieron o padecen lesiones incapacitantes debido a su lucha por la democracia en el tardofranquismo y la Transición. El texto, que ha contado con el apoyo en contra del Partido Popular y Vox y la abstención de Junts, reforma la Ley de Memoria Democrática para ampliar el margen temporal que ya estaba previsto en la anterior ley, la de 2007, que reconoció estas reparaciones hasta el 31 de diciembre de 1977. La idea inicial del Real Decreto era alargar la fecha un año más, hasta diciembre de 1978, pero un acuerdo alcanzado este jueves entre el Gobierno y ERC hará que el periodo se amplíe todavía más, hasta 1983, según confirman ambas partes.

El decreto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de marzo, será ahora tramitado en el Congreso en forma de proyecto de ley para seguir debatiendo las exigencias de las formaciones de izquierdas como ERC, Bildu o Podemos, que han coincidido en reclamar la extensión temporal de la medida. Y eso porque 1983 es el límite que deja establecida la propia Ley de Memoria Democrática al reconocer las vulneraciones de derechos humanos que se produjeron contra personas que peleaban “por la consolidación de la democracia”.

La reforma legal reconoce “el derecho a una indemnización” de 250.000 euros a los familiares de quienes fallecieron desde el 1 de enero de 1968 “en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos”, no pudiendo recibirlas aquellos que hubieran pertenecido a bandas o grupos armados terroristas. Para aquellas personas que fueron heridas y que hoy tienen reconocida una incapacidad por ese motivo, se recogen dos tipos de ayudas: una de 180.000 euros para quienes tienen incapacidad permanente absoluta y de 500.000 euros para los que tienen gran incapacidad.

En la práctica, estas cantidades son las que ya se reconocen para víctimas del terrorismo, según la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que incluye otros dos supuestos de incapacidad –total y parcial– no reconocidos en esta. Las víctimas del tardofranquismo no podrán recibir el pago si ya han recibido alguna otra compensación económica por los mismos hechos, aunque si es menor, podrá actualizarse y compensarse.

De esta forma se amplía el límite temporal y se actualizan las cantidades que ya puso en marcha la Ley de Memoria Histórica de 2007 en su momento y que iba desde el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977. El nuevo texto reconoce que aquellas víctimas que hubieran recibido estas indemnizaciones entonces, pueden solicitar ahora una compensación por la diferencia. “El tiempo ha demostrado que el régimen de compensaciones de 2007 era insuficiente. No estamos hablando de números, sino de personas afectadas o sus familiares si es que han fallecido, de vidas truncadas y de sufimiento sin fin”, ha señalado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

“Tenemos una deuda con estas personas que dejaron su vida, su integridad física o los mejores años de sus vidas. Debemos reconocer el esfuerzo de los ciudadanos y ciudadanas que pelearon para que hoy disfrutemos de un sistema democrático habiendo dejado atrás la ignominia franquista”, ha apuntado Torres, que aunque ha reconocido que “desde el punto de vista económico” esa deuda “es impagable”, la intención es saldarla en la medida de lo posible mediante las indemnizaciones que regula el decreto.

El Gobierno dio luz verde a este Real Decreto al calor de las reclamaciones de las hermanas de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista malagueño muerto de un disparo de la Policía durante la manifestación por la autonomía plena andaluza del 4 de diciembre de 1977. Varios portavoces andaluces de los partidos que han apoyado el texto han recordado el asesinato del joven y han rememorado las historias de otras tantas víctimas, en su mayoría asesinadas por actuaciones policiales durante la Transición, en huelgas, movilizaciones o protestas de díversa índole.

En este sentido, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha avanzado que el Gobierno ha recibido ya medio centenera de solicitudes desde la entrada en vigor del Real Decreto y ha aceptado 15, entre ellas la de García Caparrós. También la de Víctor Manuel Pérez, que con 23 años fue asesinado de dos disparos por la espalda en Portugalete “por el mero hecho de repartir octavillas de una huelga”, o la de Amador Rey, que en marzo de 1972 “dejó viuda y tres hijos” tras ser asesinado por la policía franquista durante una huelga en Ferrol. Además, se ha aceptado la solicitud de la familia de Ángel Almazán, que murió en el hospital en 1976 por “los culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación”, ha apuntado Ángel Víctor Torres.

Una “aberración histórica”

Las formaciones políticas que han apoyado el Real Decreto han aplaudido la nueva medida, pero han coincidido en calificarla de “insuficiente”, sobre todo en lo que respecta al margen temporal que contempla el texto tal cual salió del Consejo de Ministros. “Sigue sin reconocer a todas las víctimas”, ha señalado la diputada de Bildu Isabel Pozueta, una petición que también han reclamado desde Podemos, el BNG o ERC. La formación catalana ha llegado a un acuerdo con el PSOE para “corregir” algunos puntos de la norma, según ha dicho durante el debate en el pleno el diputado Francesc Marc Álvaro Vidal y han confirmado ambas partes.

“Señor ministro, hay que hacer una revisión de los requisitos de acceso e hilar mucho más fino para evitar exclusiones injustificadas de víctimas. Los criterios tienen que estar clarísimos”, ha afirmado el parlamentario. Según han trasladado fuentes de ERC, el acuerdo con el Gobierno también pasa por la ampliación del plazo para presentar las solicitudes hasta los tres años desde la entrada en vigor del decreto frente al año contemplado ahora y la garantía de que casos como el de Salvador Puig Antich, ejecutado por el régimen franquista en 1974, también sean amparados.

Como es habitual en las medidas que tienen que ver con la memoria democrática, PP y Vox han cargado contra el Gobierno y el texto calificándolo de “despropósito jurídico y aberración histórica”, en palabras del diputado popular Pedro Muñoz Abrines. Tras denunciar “fraude procedimental” del Ejecutivo por reformar la Ley de Memoria Democrática vía Real Decreto, lo que a su juicio no se justifica por razones de urgencia, el parlamentario ha cuestionado el espíritu de la norma al defender que a partir de las elecciones de 1977 “nadie puede defender que no había democracia ni libertad” porque entonces “no existía Franco ni la dictadura”.

Más lejos ha ido Ignacio Hoces, de Vox, que ha asegurado que la oposición antifranquista “no luchaba por la democracia liberal” sino que partidos como el PSOE o el Partido Comunista “eran revolucionarios marxistas” y fueron “instrumentos de la ideología más totalitaria que ha visto Europa en el siglo XX”. Hoces ha nombrado el Real Decreto como un “nuevo episodio de la mentira histórica” de “la ziquierda y los separatistas” y ha vuelto a poner sobre la mesa a la banda terrorista ETA para justificar su oposición, algo que también ha hecho el representante del PP. “Olvidan lo de ayer pero recuerdan lo de hace 90 años. Son crueles con las víctimas de hoy”, ha sostenido.

El Gobierno andaluz ha recuperado 685 millones de euros en remanentes de tesorería que dejó sin gastar en los Presupuestos de 2024 y 2025 para destinarlo a ayudas directas a los agricultores y ganaderos más afectados por las borrascas que azotaron la comunidad a finales de enero. El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una modificación presupuestaria, echando mano del superávit de los dos últimos ejercicios, previa autorización del Ministerio de Hacienda.

La partida se desglosa en tres líneas principales: 500 millones de euros para explotaciones agrícolas en zonas gravemente inundadas; 110 millones para agricultores fuera de las zonas delimitadas o con pérdidas de especial intensidad por viento y desbordamientos y 75 millones destinados a la ganadería extensiva para compensar la pérdida de renta y daños estructurales.

La movilización de todo este dinero se enmarca en el llamado Plan Actúa, que el presidente Juan Manuel Moreno cifró en 1.780 millones para obras de reconstrucción y ayudas directas (no préstamos) a los afectados, para el campo andaluz, autónomos y pymes. La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, ha cifrado en 1.410 millones el dinero que ya se ha movilizado, y ha añadido que “el resto lo iremos activando conforme lo vayamos necesitando”.

El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado que su departamento trabaja con “dos cronogramas” para los afectados por la borrasca, una para las ayudas directas y otra para la contratación de obras de emergencia. La concesión definitiva de estas ayudas llegará a los agricultores y ganaderos que lo soliciten el próximo 1 de julio. La orden de ayudas saldrá publicada en el BOJA el 1 de abril, el plazo para solicitarlas se abrirá el día 17; el 5 de junio saldrá la concesión provisional y a primeros de julio llegará el dinero a los afectados, según el calendario de la Junta.

Ayudas de 800 a 15.000 euros por hectárea

El máximo de las ayudas directas a los agricultores será de 150.000 euros, aunque éstas dependerán del número de hectáreas afectadas que acrediten. Si hubiese más solicitudes que presupuesto, se prorratearán, explican fuentes de la consejería. El importe de las ayudas oscila en función del tipo de daño, si está en “capa de inundación” -la cosecha totalmente inundada- o fuera de ella.

Las primeras, las más cuantiosas, se rigen por el reglamento de exenciones y van de 800 euros por hectárea (herbáceos de secano) a 15.000 euros por hectárea (invernaderos y túneles). Las segundas se calculan “en base a un informe particular”, y la cuantía depende si tienen seguro (un 80% de la ayuda) o si no lo tiene (un 40%). Aquí, el derrumbe de un invernadero puede alcanzar ayudas de hasta 200.000 euros son seguro. En cuanto a las ayudas a ganaderos, estas oscilan entre los 100 euros por rumiante y porcino; y los 20 euros en apicultura.

El departamento de Fernández-Pacheco también ha destinado una partida de 16,6 millones de euros para ayudas directas a paliar las consecuencias de la borrasca en el sector pesquero, que estuvo varios días amarrado a causa del temporal.

El pasado febrero, la Junta de Andalucía solicitó formalmente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, permiso para poder usar el superávit de los ejercicios 2024 y 2025 a reparar los cuantiosos daños de la borrasca, y flexibilidad en la regla de gasto, para que esa inversión sobrevenida no computase en la deuda pública andaluza, como concedió el Gobierno de España a Canarias tras el volcán de La Palma.

El remanente de 2024 ascendía a 1.158 millones de euros, proveniente de una reprogramación de fondos europeos, pero el superávit de 2025 se desconocía en ese momento, porque aún no estaba cerrado el ejercicio presupuestario. El Ministerio prevé hacerlo en los próximos días, que rondará los 400 millones, según estimación de la Junta.

L'Audiència Provincial de Balears ha confirmat la pena imposada al propietari d'un pitbull que va atacar un altre gos a la via pública, ocasionant-li la mort. La sentència avala la indemnització de 3.100 euros que un Jutjat de Palma el va condemnar a pagar per danys morals a la propietària de l'animal mort.

El succés es remunta al 7 de novembre de 2022, quan la dona, de 80 anys, passejava amb el seu gos per la plaça de la localitat mallorquina de Campos. En aquell moment, el pitbull es va apropar a ells i es va abalançar sobre l'altre animal, que no va poder sobreviure a les lesions sofertes. La sentència, a la qual ha tingut accés elDiario.es, considera provat que el pitbull deambulava “sense persona que el controlés i sense morrissió”, cosa que considera una acció “imprudent” perquè, subratllen els magistrats, es tracta d'una raça que “notoriament es considera com a potencialment perillosa”.

A partir d'aquests fets, l'Audiència aplica el principi de responsabilitat objectiva recollit en l'article 1905 del Códi Civil, que obliga el propietari d'un animal a respondre pels danys que aquest causi, fins i tot encara que no hi hagi culpa directa. El tribunal descarta, a més, qualsevol tipus de negligència per part de la demandant. La dona va al·legar que no té fills i que vivia sola, per la qual cosa la mascota, a la qual tenia des de feia 13 anys, li feia “molta companyia”. Per a ella era, com va explicar davant el jutge, com “un germà i un amic”.

En la seva demanda, la propietària del gos mort reclamava una indemnització total de 10.535 euros pels danys morals derivats de la seva pèrdua, emparant-se en el fort vincle afectiu que mantenia amb la seva mascota i en l'impacte emocional sofert després de presenciar l'atac, si bé el Jutjat de primera instància va estimar la demanda només parcialment i va fixar la compensació en 3.100 euros, xifra que ara ha confirmat l'Audiència Provincial amb la seva resolució, datada el mes de gener passat.

Per la seva banda, el demandat va al·legar que el succés va tenir lloc a causa d'un despistament del seu fill menor, llavors de tres anys, qui va entrar a la vivenda després de jugar a la plaça, cosa que el gos va aprofitar per sortir de la vivenda. El propietari del pitbull va arribar a argumentar que no estava acreditat que el gos mort pertanyés a la dona.

L'Audiència rebutja aquests arguments i assevera que “no existeix el menor indici” que l'animal fos d'una altra persona. Les possibles irregularitats en la documentació -com la manca de firma veterinària a la cartilla del gos o les discrepàncies sobre la raça- són considerades “totalment irrellevants”, enfront d'altres elements probatoris com el reconeixement dels fets pel propi demandat o les diligències efectuades en el seu moment per la Policia Local.la possibilitat de comprar l'actora un gos de semblants característiques.

Un altre dels punts clau de la sentència rau en la quantificació de la indemnització. En aquest sentit, els magistrats tenen en compte que la demandant vivia sola i que el seu gos era la seva principal companyia, a més que “va presenciar directament com el gos […] matava en plena plaça pública” el seu gos, cosa que li va causar una “l'gica impressió molt desagradable i de perill”. Tot i que no es va acreditar l'existència de tractament psicològic o mèdic, la Sala considera proporcionada la indemnització fixada en primera instància.

La fallada s'emmarca en una línia jurisprudencial que amplía el reconeixement del dany moral en casos relacionats amb animals de companyia, atenent no només el seu valor econòmic, sinó també el víncul afectiu amb els seus propietaris.

Així mateix, emparant-se en la doctrina establerta en aquest sentit pel Tribunal Suprem, el tribunal defineix el dany moral com un “patiment o patiment psíquic” que pot manifestar-se en situacions de “zozobra, ansietat, angoixa, incertesa, impacte, quebrantament i altres situacions similars”. Així mateix, insisteix que la valoració dels danys morals “no pot obtenir-se d'una prova objectiva”, cosa que no impedeix als tribunals fixar la seva quantificació en funció de les circumstàncies del cas.

La Sala desestima així els al·legats del propietari del pitbull, que sostenia que els 3.100 euros fixats per dany moral eren excessius atès que no s'havia acreditat suficientment el perjudici sofert. La Sala, no obstant això, recolza plenament la valoració del Jutjat que el va condemnar i recorda que el dany moral constitueix una “noció dificultosa” la acreditació de la qual no sempre pot basar-se en proves objectives.

Segons va publicar després dels fets Diario de Mallorca, el propietari amdel pitbull de Campos havia estat denunciat tres vegades amb anterioritat per deixar al seu gos solt pel carrer. La mort del collie mestís va provocar la indignació de nombrosos veïns.

Tot i que la sentència subratlla que el pitbull és una raça “notoriament considerada com a potencialment perillosa”, diferents investigacions especialitzades com les de Applied Animal Behaviour Science o informes d'entitats com la American Veterinary Medical Association coincideixen a assenyalar que l'agressivitat d'un gos no depèn tant de la seva raça com de factors com la socialització, l'educació o l'entorn.

La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la pena impuesta al propietario de un pitbull que atacó a otro perro en la vía pública, ocasionándole su muerte. La sentencia avala la indemnización de 3.100 euros que un Juzgado de Palma le condenó a pagar por daños morales a la dueña del animal fallecido.

El suceso se remonta al 7 de noviembre de 2022, cuando la mujer, de 80 años, paseaba con su can por la plaza de la localidad mallorquina de Campos. En ese momento, el pitbull se aproximó a ellos y se abalanzó sobre el otro animal, que no pudo sobrevivir a las lesiones sufridas. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, considera probado que el pitbull deambulaba “sin persona que lo controlase y sin bozal”, lo que considera una acción “imprudente” por cuanto, subrayan los magistrados, se trata de una raza que a la que “notoriamente se le considera como potencialmente peligrosa”.

A partir de estos hechos, la Audiencia aplica el principio de responsabilidad objetiva recogido en el artículo 1905 del Código Civil, que obliga al propietario de un animal a responder por los daños que éste cause, incluso aunque no exista culpa directa. El tribunal descarta, además, cualquier tipo de negligencia por parte de la demandante. La mujer alegó que no tiene hijos y que vivía sola, por lo que la mascota, a la que tenía desde hacía 13 años, le hacía “mucha compañía”. Para ella era, como explicó ante el juez, como “un hermano y un amigo”.

En su demanda, la propietaria del perro fallecido reclamaba una indemnización total de 10.535 euros por los daños morales derivados de su pérdida, amparándose en el fuerte vínculo afectivo que mantenía con su mascota y en el impacto emocional sufrido tras presenciar el ataque, si bien el Juzgado de primera instancia estimó la demanda solo parcialmente y fijó la compensación en 3.100 euros, cifra que ahora ha confirmado la Audiencia Provincial con su resolución, fechada el pasado mes de enero.

Por su parte, el demandando alegó que el suceso tuvo lugar debido a un despiste de su hijo menor, entonces de tres años, quien entró en la vivienda tras jugar en la plaza, lo que el perro aprovechó para salir de la vivienda. El responsable del pitbull llegó a argumentar que no estaba acreditado que el perro fallecido perteneciera a la mujer.

La Audiencia rechaza tales argumentos y asevera que “no existe el menor indicio” de que el animal fuera de otra persona. Las posibles irregularidades en la documentación -como la falta de firma veterinaria en la cartilla del can o las discrepancias sobre la raza- son consideradas “totalmente irrelevantes”, frente a otros elementos probatorios como el reconocimiento de los hechos por el propio demandado o las diligencias efectuadas en su momento por la Policía Local.la posibilidad de comprar la actora un perro de parecidas características.

Otro de los puntos clave de la sentencia radica en la cuantificación de la indemnización. En este sentido, los magistrados tienen en cuenta que la demandante vivía sola y que su perro era su principal compañía, además de que “presenció directamente cómo el perro […] mataba en plena plaza pública” a su can, lo que le causó una “lógica impresión muy desagradable y de peligro”. Aunque no se acreditó la existencia de tratamiento psicológico o médico, la Sala considera proporcionada la indemnización fijada en primera instancia.

El fallo se enmarca en una línea jurisprudencial que amplía el reconocimiento del daño moral en casos relacionados con animales de compañía, atendiendo no solo a su valor económico, sino también al vínculo afectivo con sus propietarios.

Asimismo, amparándose en la doctrina establecida en este sentido por el Tribunal Supremo, el tribunal define el daño moral como un “sufrimiento o padecimiento psíquico” que puede manifestarse en situaciones de “zozobra, ansiedad, angustia, incertidumbre, impacto, quebranto y otras situaciones similares”. Asimismo, insiste en que la valoración de los daños morales “no puede obtenerse de una prueba objetiva”, lo que no impide a los tribunales fijar su cuantificación en función de las circunstancias del caso.

La Sala desestima así los alegatos del propietario del pitbull, que sostenía que los 3.100 euros fijados por daño moral eran excesivos dado que no se había acreditado suficientemente el perjuicio sufrido. La Sala, sin embargo, respalda plenamente la valoración del Juzgado que lo condenó y recuerda que el daño moral constituye una “noción dificultosa” cuya acreditación no siempre puede basarse en pruebas objetivas.

Según publicó tras los hechos Diario de Mallorca, el dueño del pitbull de Campos había sido denunciado tres veces con anterioridad por dejar a su perro suelto por la calle. La muerte del collie mestizo provocó la indignación de numerosos vecinos.

Aunque la sentencia subraya que el pitbull es una raza “notoriamente considerada como potencialmente peligrosa”, distintas investigaciones especializadas como las de Applied Animal Behaviour Science o informes de entidades como la American Veterinary Medical Association coinciden en señalar que la agresividad de un perro no depende tanto de su raza como de factores como la socialización, la educación o el entorno.

Un avión de la aerolínea de bajo coste Ryanair fue embargado el pasado día 9 debido al impago de una indemnización a una pasajera, según ha confirmado este miércoles el aeropuerto donde sucedió el incidente, y ratifica el protocolo judicial que publica un diario austríaco.

“Existía la correspondiente orden judicial. Nosotros llevamos al agente judicial hasta la aeronave. Allí realizó su acto oficial y, como se ha mencionado, colocó el sello de embargo (sobre el avión). Después, el avión despegó hacia Londres según lo previsto”, ha indicado a EFE Ingo Hagedorn, jefe de comunicación del aeropuerto de Linz, a unos 180 kilómetros de Viena.

El juzgado de la localidad de Traun, cercana a Linz, emitió un protocolo que certifica que “el 9 de marzo de 2026 se procedió al embargo judicial de: 1 avión de pasajeros de Ryanair, matrícula EI-EXE, modelo Boeing 737-8AS”, según publica el diario Oberösterreichischen Nachrichten, el más leído en la región de Alta Austria, de la que es capital Linz.

Ese medio señala que Ryanair tiene la opción de abonar los 890 euros que debe: 355 de la indemnización más los intereses y gastos asociados al proceso.

Si la compañía no paga, el aparato podría ser incluso subastado.

A preguntas de EFE sobre si la compañía planea saldar la deuda, Ryanair se ha limitado a contestar que ninguno de sus aviones ha sido embargado.

“Cualquier información que indique lo contrario sería objetivamente incorrecta”, ha señalado sin dar más explicaciones sobre lo ocurrido.

El embargo del avión se originó en una reclamación presentada por una mujer que debía viajar a Palma, capital de la isla española de Mallorca, en julio de 2024 junto a dos acompañantes y que, debido al retraso de más de diez horas, buscó un vuelo alternativo que pagó de su bolsillo.

Ryanair reembolsó el precio del billete original pero no los 250 euros de indemnización por estos casos ni los que corresponde a los pasajeros por este tipo de retrasos ni los 105 de más que costó el billete alternativo.

Un agente judicial que se personó en el aeropuerto de Linz trató incluso de cobrar la suma al piloto del avión, pero la tripulación no disponía de efectivo, ya que los pagos a bordo se realizan únicamente con tarjeta.

Como consecuencia, el funcionario judicial procedió al embargo formal del aparato, que no ha quedado de momento inmovilizado.

El Principado ha sido condenado por una contratación temporal “en fraude de ley”. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) así lo ha calificado en una sentencia donde declara el derecho a indemnización de una trabajadora que, tras más de 15 años de servicios en régimen de temporalidad, accedió finalmente a una plaza fija tras superar un proceso de estabilización.

La demandante, M.J.G.B., trabajadora de la red de Establecimientos Residenciales para Ancianos (Asturias), superó el proceso selectivo convocado para la provisión de 20 plazas de animadora sociocultural y el 14 de enero de 2025 suscribió un contrato laboral fijo a tiempo parcial.

Escrito de renuncia

La víspera presentó un escrito de renuncia al puesto que venía desempeñando en virtud de un contrato de duración determinada por obra o servicio suscrito el 30 de abril de 2009.

La trabajadora había participado en el proceso extraordinario de estabilización, lo superó y formalizó contrato fijo. Sin embargo, durante más de 15 años prestó servicios para el organismo público demandado en régimen de temporalidad, sin que la Administración promoviera en tiempo oportuno la cobertura reglamentaria de la plaza mediante oferta de empleo público.

La demanda

El abogado Adrián Pérez Suárez, de Efeso Abogados y letrado del Servicio Jurídico de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), integrado en Sindicatos Asturianos Independientes Federados (SAIF), interpuso una demanda, en nombre de la trabajadora, en materia de derechos y reclamación de cantidad contra ERA y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

En esta demanda, solicitaba que se procediera al abono de la indemnización equivalente a 20 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 12 mensualidades, por la extinción de la relación indefinida no fija; subsidiariamente al abono de 7.500 euros en concepto de sanción por el abuso y la vulneración del Derecho de la Unión Europea (UE) en materia de contratación temporal, con las consecuencias legales que derivasen de tal declaración.

El recurso de suplicación

El caso recayó en el Juzgado de lo Social número 2 de Avilés (actual Plaza número 2 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Avilés) que desestimó la demanda.

La representación legal de la animadora cultural formalizó un recurso de suplicación que fue elevado a la Sala de lo Social del TSJA que ha dictado una sentencia donde, a través de 38 páginas, argumenta las razones que avalan el acogimiento de la petición de la trabajadora.

El abuso en la contratación

La cuestión litigiosa no giraba ya en torno al acceso a la fijeza, que se produjo tras superar el proceso selectivo, sino sobre si la prolongada utilización abusiva de la contratación temporal generaba un daño indemnizable, pese a haberse consolidado finalmente la plaza.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, la Sala fundamenta su decisión en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a la cláusula 5 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE.

La jurisprudencia

Entre las resoluciones citadas destaca la reciente STJUE de 29 de enero de 2026, que reitera una línea jurisprudencial consolidada que establece que “cuando se ha producido una utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, los Estados miembros deben prever medidas proporcionadas, efectivas y disuasorias que sancionen el abuso y eliminen las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión”.

La Sala realiza una valoración expresa de la jurisprudencia invocada por la recurrente y destaca que estas resoluciones refuerzan la exigencia de que el ordenamiento interno disponga de mecanismos reales de reparación frente al abuso, y que no basta con soluciones meramente formales o neutras desde la perspectiva sancionadora.

Revocación de la sentencia de instancia

El TJUE recuerda que, si bien no se impone necesariamente la conversión automática en indefinido en el sector público, el ordenamiento nacional debe contar con otra medida efectiva que garantice la protección del trabajador. En particular, considera que un sistema indemnizatorio que presuma la existencia de daño, especialmente la pérdida de oportunidades de empleo estable, puede constituir una medida adecuada, dada la dificultad de probar ese perjuicio.

La exigencia de interpretación conforme obliga a los órganos jurisdiccionales nacionales a adaptar su jurisprudencia cuando resulte incompatible con los objetivos de la Directiva, un criterio que la Sala asume expresamente para fundamentar la revocación de la sentencia de instancia.

La reparación

Uno de los puntos centrales de la sentencia es la afirmación de que la mera convocatoria y superación de un proceso de estabilización no repara por sí sola el daño derivado del abuso.

La Sala razona que la indemnización tasada prevista para los trabajadores indefinidos no fijos en caso de cobertura reglamentaria de la plaza no cumple la función exigida por la cláusula 5 del Acuerdo Marco, puesto que se abona con independencia de que haya existido o no abuso.

Más de 15 años de precariedad

En el caso analizado, el perjuicio es claro: más de 15 años de precariedad, con la consiguiente pérdida de oportunidades de empleo estable y constata que la Administración incumplió su obligación de promover en tiempo oportuno la cobertura de la plaza. No obstante, la estabilización tardía, aunque culminara con éxito para la trabajadora, no elimina retroactivamente el daño sufrido.

La Sala subraya que el abuso en la contratación temporal del indefinido no fijo genera un perjuicio específico —la precariedad prolongada— que “exige una reparación efectiva, equivalente, proporcionada e íntegra”.

Un vínculo laboral distinto

Otro aspecto relevante es el tratamiento jurídico de la renuncia formalizada por la trabajadora para poder suscribir el nuevo contrato fijo.

El tribunal descarta que la renuncia pueda calificarse como dimisión en los términos del artículo 49.1.d) del Estatuto de los Trabajadores. La extinción del vínculo anterior se produce por cobertura reglamentaria de la plaza, causa legalmente prevista, y el nuevo contrato constituye un vínculo laboral distinto que no reaviva la relación anterior.

El derecho a indemnización

Esta conclusión se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo, cuya interpretación resulta trasladable, como entiende la propia Sala, al supuesto en que el contrato posterior suscrito lo sea ya como personal laboral fijo.

Por tanto, ni la firma del contrato fijo ni la renuncia exigida como trámite previo pueden operar como obstáculos para el reconocimiento del derecho a indemnización por el abuso previo.

El fallo

La Sala estima así el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora, revoca la sentencia de instancia y declara su derecho a percibir una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio, con el límite de 12 mensualidades, condenando a la Administración a su abono.

La sentencia ha sido dictada por mayoría, ya que ha contado con el voto particular del magistrado José Luis Niño Romero, que preside la Sala de lo Social.

El voto particular

José Luis Niño discrepa de la opinión manifestada por los demás integrantes del tribunal: los magistrados Jorge González Rodríguez, Francisco José de Prado Fernández, Isolina Paloma Gutiérrez Campos, Catalina Ordóñez Díaz, María Cristina García Fernández, María de la Almudena Veiga Vázquez y Laura García-Monge Pizarro.

El presidente de la Sala expone, en el voto particular que ha emitido, que el recurso debería ser desestimado o, cuando menos, ser reconocida una indemnización inferior.

Contra esta sentencia, que no es firme, cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, que habrá de prepararse mediante escrito suscrito por letrado, presentándolo en la Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma.

Las valoraciones

El abogado Carlos Suárez Peinado, de Efeso Abogados, considera que la sentencia del TSJA puede calificarse como pionera, en la medida en que consolida de forma expresa el derecho a indemnización del personal laboral de la Administración pública por abuso en la temporalidad, incluso cuando ha superado un proceso de estabilización y ha accedido a la condición de fijo.

“Su relevancia práctica es indudable, sostiene el letrado Suárez Peinado, porque abre el camino para que otros trabajadores laborales del sector público que hayan sufrido situaciones similares, con años de contratación temporal abusiva seguidos de estabilización, puedan reclamar la correspondiente indemnización por el daño derivado de la precariedad prolongada”.

Más recursos similares

En un sentido similar se pronuncia la coordinadora del sindicato Usipa Saif, María Guadalupe Lorenzo Aguilera, quien ha asegurado a este periódico que esta sentencia será la primera de muchas otras resoluciones judiciales que seguirán el mismo camino que ésta ha abierto.

“Nuestro servicio jurídico tiene interpuestos otros recursos contra el Principado para acabar con el abuso de la contratación. Vendrán más sentencias como ésta de la animadora sociocultural”, ratifica.

“Es imposible judicializar algo en este país que afecte a Don Florentino. Vamos, sería un suicida el que se atreva a hacerlo”. La frase sobre un supuesto arreglo de partidos a través de los árbitros la pronunció José Manuel Villarejo en el año 2023 durante un programa de radio y también forma parte de la sentencia de la Audiencia Provincial Civil de Madrid, a la que ha tenido acceso elDiario.es, que acaba de ratificar una condena civil contra el ex comisario.

En la entrevista, que tuvo lugar en la emisora RAC1, Villarejo hablaba del “tema de los árbitros” y del “amaño de partidos” con el que relacionaba al expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, y al actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. “De alguna manera el Real Madrid, ya antes de eso, ya había detectado lo mismo”, aseguraba en una de sus respuestas, recogida en el texto judicial. Villarejo aseveraba después que el máximo dirigente del Real Madrid “es intocable, primero lo fue el señor Botín y ahora le ha ocupado su puesto Florentino, y él sabe por qué”, recoge el auto de la Audiencia, que ratifica una primera sentencia condenatoria de mayo de 2024, dictada por el juzgado de primera instancia 98 de Madrid.

La sentencia considera que este fragmento de la entrevista, que tuvo lugar en el programa El món a RAC1 del 3 de octubre de 2023, está “vulnerando innecesariamente el honor” tanto del Real Madrid como de Florentino Pérez, por considerar las palabras del ex comisario como “desproporcionadas, al haber empleado unas expresiones y haber llegado a unas conclusiones que, por los motivos expuestos en esta resolución, resultan manifiestamente injuriosas, sobrepasando los límites admisibles de la libertad de expresión”.

La Audiencia asegura que no son “manifestaciones vertidas en un ámbito privado” sino que es “la actuación de quien, habiendo sido comisario de policía y basándose en las investigaciones que realizó como tal, afirma en una emisora de radio que él ya sabía”. E indican que la expresión amaño, en su acepción de traza o artificio para ejecutar o conseguir algo, especialmente cuando no es justo o merecido, “tiene incuestionable incidencia en su derecho al honor”.

La sentencia sobre este presunto arreglo nunca probado concluye que “la ausencia total de indicios de veracidad de la información y de base fáctica suficiente de la opinión, lleva implícita la vulneración del derecho al honor de los demandantes”. Y la Audiencia considera afectados por las palabras sobre el “amaño de partidos” tanto a Florentino Pérez como al Real Madrid porque “la expresa referencia y mención de ambos demandantes en pregunta y respuesta es suficiente para constatar la atribución conjunta de la actuación a ambos demandantes”.

Por todo ello, considera que José Manuel Villarejo debe abonar 10.000 euros a Florentino Pérez y una cantidad idéntica al Real Madrid por su vulneración del derecho al honor, cantidad sensiblemente inferior a la que solicitaban los demandantes en la primera demanda y que ascendía a 100.000 euros. En un comunicado oficial lanzado justo después de la entrevista del año 2023, el Real Madrid ya había advertido que el presidente del club había presentado “la correspondiente acción judicial contra el ex comisario Villarejo por las falsas acusaciones realizadas en la emisora catalana RAC1”.

El fallo judicial, que fue emitido el pasado mes de diciembre y es todavía recurrible, condena también a Villarejo a publicar la sentencia en cinco ediciones digitales e impresas de dos periódicos deportivos y tres de tirada nacional, si bien la Audiencia Provincial reduce el tamaño de la publicación al encabezamiento y el fallo, en lugar del texto completo. Esta es la única apelación del ex comisario que ha admitido sobre el fallo inicial del juzgado 98 de Madrid.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha dictado sentencia desestimando el recurso interpuesto por un trabajador que reclamaba 137.926 euros a su empresa y a la aseguradora por los daños sufridos tras un grave accidente laboral. Los hechos se remontan al 4 de junio de 2022, cuando el trabajador, -mecánico de profesión- acudió a ayudar a un compañero que intentaba aflojar un tornillo oxidado. Para ello utilizó una maza y un martillo. Durante la maniobra, una esquirla metálica procedente de la herramienta impactó en su ojo derecho. En ese momento no llevaba puestas las gafas de protección.

Como consecuencia del accidente, el trabajador precisó dos intervenciones quirúrgicas, un largo periodo de incapacidad temporal y sufrió secuelas permanentes: pérdida de visión en el ojo derecho, alteraciones traumáticas en el iris, trastorno neurótico postraumático y perjuicio estético.

La Inspección de Trabajo investigó el accidente y concluyó que no existía incumplimiento empresarial en materia de prevención de riesgos laborales. El plan preventivo de la empresa contemplaba expresamente el riesgo de proyección de partículas en el puesto de mecánico y establecía la obligación de utilizar gafas de protección UNE-EN 166. Además, constaba acreditado que la empresa había entregado dicho equipo al trabajador, que disponía de formación preventiva y que podía obtener nuevas gafas en una máquina tipo vending situada en el propio centro de trabajo.

La sentencia de instancia ya había desestimado la demanda al considerar que el accidente se produjo exclusivamente porque el trabajador no utilizó el equipo de protección individual facilitado por la empresa. 

El fallo recuerda que la responsabilidad empresarial en accidentes laborales queda excluida cuando el empresario acredita haber adoptado todas las medidas preventivas exigibles. En este caso, el Tribunal considera probado que la empresa evaluó el riesgo, formó al trabajador, le entregó los equipos necesarios y los puso a su disposición en todo momento.

Por ello, la Sala concluye que la causa única del accidente fue la actuación imprudente del trabajador al no utilizar las gafas de protección obligatorias, desestimando definitivamente su reclamación indemnizatoria y confirmando la absolución de la empresa y de la aseguradora.

Una familia de Logroño será indemnizada con 16.000 euros tras la pérdida de los huesos en el osario municipal, pedían “al menos 60.000 euros”. Los hechos se remontan a 2010, año del fallecimiento. Ese mismo año, a la familia se le concedió un nicho en el cementerio municipal, y una vez cumplido el plazo inicial de concesión, solicitaron su renovación que fue expresamente autorizada por el Ayuntamiento de la capital riojana. Sin embargo, durante la vigencia de dicha concesión, los restos óseos fueron trasladados de forma errónea al osario común, impidiendo su posterior identificación e individualización.

La familia tuvo conocimiento de este traslado indebido en 2021 y presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento, que reconoció el funcionamiento anormal del servicio público funerario y fijó inicialmente una indemnización de cuantía inferior. Disconformes con esa valoración, los afectados acudieron a la vía judicial, obteniendo una primera sentencia que elevó la indemnización hasta los 16.000 euros por los daños morales causados.

Frente a esta resolución, los familiares interpusieron recurso de apelación solicitando una indemnización mayor (al menos 60.000 euros), al considerar insuficiente la cuantificación del daño moral sufrido, especialmente por la imposibilidad definitiva de acudir a un lugar concreto donde honrar y recordar al familiar fallecido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, tras analizar el recurso, concluye que la indemnización fijada en primera instancia de 16.000 euros es “razonable, proporcionada y ajustada a Derecho”, al tener en cuenta el vínculo familiar, el impacto emocional derivado de la pérdida irreversible de un lugar de enterramiento. La Sala subraya que no se aprecia error ni irracionalidad que justifique su revisión y de hecho a desestimado el recurso de apelación y confirma íntegramente esta resolución dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Logroño que fijaba la cuantía de la indemnización en 16.000 euros más los intereses legales correspondientes.

El Tribunal Supremo ha anulado la condena al Servicio Extremeño de Salud a indemnizar con 40.000 euros, en concepto de responsabilidad patrimonial sanitaria, a una mujer que sufrió una trombosis 56 días después de recibir una dosis de la vacuna Janssen contra el covid-19, en 2021.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso de la Junta de Extremadura contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia extremeño que había ratificado una resolución de un juzgado de Cáceres.

El alto tribunal ha fijado como criterio jurisprudencial que “la Administración autonómica encargada de la vacunación contra el covid, -dado el carácter excepcional de la pandemia internacional declarada en marzo de 2020- únicamente deberá responder por la actuación administrativa que derivase de una mala praxis, resultase contraria a la lex artis ad hoc o respecto de la cual se acreditase la existencia de una falta de diligencia debida”.

Y ello, continúa, “sin que puedan imputársele todos los efectos adversos producidos, en algunas personas, por la inoculación de las vacunas en aquel contexto de emergencia sanitaria”.

En este caso, la mujer recibió la vacuna Janssen el 1 de julio de 2021 y, casi dos meses después, acudió a urgencias con un cuadro grave de trombosis que requirió intervención quirúrgica, por lo que la reclamación de responsabilidad patrimonial se fundamentaba en la supuesta relación causal entre la vacuna y la trombosis.

La Junta destacó que no existió mala praxis médica y que el efecto adverso descrito para esta vacuna es extremadamente infrecuente y se manifiesta, según la Agencia Europea del Medicamento, entre 5 y 24 días tras la inoculación, un plazo muy inferior a los 56 días transcurridos en este caso.

Añadía la Administración extremeña que la sentencia del TSJ, pese a estos datos, estimó la reclamación aplicando una doctrina de responsabilidad por riesgo, imputando el daño al Servicio Extremeño de Salud por el mero hecho de haber administrado la vacuna.

El Supremo destaca que el marco regulador de la vacunación tuvo como nota esencial y común su voluntariedad, por lo que la opción de inocularse la vacuna era una decisión estrictamente personal.

Explica que los daños derivados de un proceso generalizado de vacunación, y más atendiendo a las singulares condiciones en las que la fabricación y autorización de la comercialización y distribución de las vacunas se produjo, podrían haberse evitado si los márgenes temporales hubiesen sido otros, similares a los procedimientos ordinarios seguidos en otros procesos de vacunación.

“Y, desde luego –indican los magistrados- como efectivamente se hubiesen evitado es si las Administraciones responsables, en una decisión de aplicación de mayor cautela -que seguramente hubiese tenido un gran rechazo social-, hubiesen optado por prohibir o rechazar la aplicación de este tratamiento preventivo”.

Lo que ocurre, continúa, es que, “muy probablemente, en esa hipotética situación, los daños hubiesen sido muy superiores a los derivados de la aplicación de la vacuna”, por lo que “tanto las Administraciones como los individuos que optaron por someterse a la vacunación aceptaron el inherente riesgo que esta comportaba”.

El Hospital La Paz debe indemnizar con 218.563,79 euros a la familia de un médico fallecido tras contraer la covid-19 en el desarrollo de su actividad profesional. La sentencia, adelantada por El Confidencial, concluye que el centro hospitalario “no cumplió la exigencia de la normativa de garantizar la seguridad y salud en el trabajo”.

Joaquín Díaz Domínguez era Doctor en Medicina y Jefe de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de la Paz desde el año 2013. Además, el facultativo había sido Director Médico entre 1994 y 2004 del mismo hospital, que depende de la Comunidad de Madrid. Díaz falleció tras contraer la covid-19 en su puesto de trabajo, y el centro hospitalario madrileño, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, habría incumplido la legislación de prevención de riesgos laborales en los primeros días de la epidemia al no suministrar al profesional los equipos de protección necesarios.

La sentencia, que aún no es firme, ha sido dictada por la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia número 28 de Madrid, que considera que el hospital incurrió en una “omisión negligente” y condena al centro a pagar una indemnización de 154.661,81 euros a la viuda y 21.300,66 euros a sus tres hijas, una cuantía que asciende al total de 218.563,79 euros en concepto de daños y perjuicios por responsabilidad empresarial. Desde el equipo jurídico encargado del caso, valoran esta sentencia como “objetiva”, aunque el interés de la familia no era económico, sino de “justicia”, declara Sr. Víctor Lucas Olmedo, socio del Departamento Laboral de EVERLAW. 

Exposición al contagio

La “omisión negligente”, a la que hace alusión la sentencia, se define como la causa que “provocó una exposición al contagio que podría haberse evitado o al menos minimizado el riesgo de contagio causando el accidente de trabajo que provocó la muerte” del doctor Díaz. Este aspecto ha sido clave para la defensa que ha trabajado durante cinco años en la defensa de este caso, que presenta un “enfoque diferente al resto” de los sucedidos en el marco de la pandemia. Así lo explica Sr. Lucas, quién, además, hace hincapié en el carácter apolítico de la sentencia, ya que se aleja de “cuestiones políticas” para poner el foco en “los derechos del trabajador y en las normas de la empresa”.

El abogado insiste en que esta sentencia es “aséptica” ya que, según explica, ha valorado las pruebas y constata que “no se cuidó de la salud del profesional sanitario cuando se tenía oportunidad para ello”, cuenta. La sentencia aún no es firme, por lo que la parte demandada podría recurrirla, asevera Sr.Lucas. 

Rogelio Villanueva comenzó a trabajar en la villa de Julio Iglesias en Punta Cana cuando estaba en construcción. Al acabar las obras en 1999, el cantante le pidió que se quedara a trabajar con él. Rogelio se sentía orgulloso de que alguien del prestigio del famoso cantante le hiciera esa petición, según cuenta este trabajador de mantenimiento en una entrevista con elDiario.es y Univision Noticias.

Veintiún años después, en plena pandemia de coronavirus, Villanueva fue despedido sin mayor explicación. A su hermano Eleuterio, que llevaba nueve años trabajando junto a él en la villa, también le mandaron a casa ese día. En una declaración judicial, Eleuterio detalló que Iglesias no quería que ellos estuvieran “entrando y saliendo” de la villa. Además de una explicación, estos dos hermanos esperaron que les llegara el finiquito, pero no les dieron ni una cosa ni la otra.

Rogelio y Eleuterio Villanueva reciben a las periodistas en un pequeño apartamento en Los Manantiales, un pueblo a las afueras de Verón, donde residen los trabajadores de las villas y mansiones de la cercana urbanización de Punta Cana. Sentados alrededor de una mesa que ocupa casi todo el salón, los hermanos pelan con las manos naranjas agrias. Reservan la parte blanca que rodea la fruta para prepararla en almíbar y vender luego el dulce resultante. Como muchos otros dominicanos, Rogelio y Eleuterio van sumando un sueldo como pueden, mediante lo que en República Dominicana conocen como chiripas, pequeños trabajos informales, que en ese país supone un 58% del empleo, según datos del Gobierno en 2021.

Pero durante un buen número de años evitaron las chiripas y gozaron de la tranquilidad —y del seguro privado de salud— que proporciona un trabajo estable. Rogelio era el encargado de la pintura de la casa, mientras que Eleuterio era un manitas que se dedicaba también a la ebanistería, la pintura y los suelos. En una villa tan grande, compuesta por más de 15 construcciones, siempre hay algo que reparar. En ocasiones, Rogelio realizaba funciones de chófer para la casa, haciendo viajes al aeropuerto o al médico. En 2020, al poco de ser despedidos, Rogelio y Eleuterio Villanueva interpusieron una demanda contra Julio Iglesias pero también contra Villa Corales 5, el nombre que recibe la casa. 

La tesis de Eloy Bello Pérez, el abogado que defiende a los hermanos Villanueva y a otros exempleados de Julio Iglesias, es que este contrata a trabajadores especializados en tareas como carpintería, soldadura o pintura para el mantenimiento de una villa con múltiples casas, oficinas y un estudio de grabación, pero los califica de “domésticos”, lo cual conlleva menores derechos laborales.

“El empleado doméstico es el que barre, el que tiende la cama, el que cocina. Y nosotros no éramos empleados de eso”, señala Rogelio Villanueva. “Julio Iglesias y su familia entendían que estábamos en la época de la colonización porque han llamado criados y domésticos a dos empleados que trabajan en su empresa como albañiles, como carpinteros, como pintores o como choferes”, dice Eloy Bello en una entrevista realizada en su despacho en La Altagracia.

Julio Iglesias y su familia entendían que estábamos en la época de la colonización porque han llamado criados y domésticos a dos empleados que trabajan en su empresa como albañiles, como carpinteros, como pintores o como chóferes

Eloy Bello Pérez — Abogado de los hermanos Villanueva

Periodistas de elDiario.es y Univision Noticias se pusieron en contacto con una de las abogadas laboralistas de Julio Iglesias, que le defiende en estas causas, pero declinó hacer comentarios. Igualmente, en repetidas ocasiones y por diferentes vías ambos medios se pusieron en contacto con Julio Iglesias y con su representante legal en Miami, sin obtener respuesta a las preguntas sobre estas denuncias que ambos medios le hicieron llegar por email, mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias. En un comunicado público posterior a la publicación de la primera de las informaciones el cantante se ha referido únicamente a las acusaciones de dos exempleadas que relataban abusos y agresiones sexuales: ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y ha asegurado que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Corales 5, “una empresa”

La ley que regula las relaciones laborales en República Dominicana define el trabajo doméstico como aquel que se desarrolla en un hogar particular. Esto incluiría a todos los trabajadores de una casa, ya se dediquen a la limpieza o a la reparación de tejados. Antes de la reforma que se empezó a tramitar en 2025, el empleo del hogar ha gozado de menor protección que otros. En concreto, los empleados domésticos no tienen derecho a cesantía, que es la indemnización correspondiente tras un despido improcedente (23 días por cada año trabajado, a partir del quinto). Por tanto, Bello quiere demostrar que Villa Corales 5 es mucho más que una residencia particular.

Para este jurista, la casa es en realidad “una empresa” que genera actividad económica tanto con el uso del estudio de grabación situado en su interior como mediante el alquiler de algunas de las pequeñas casas que conforman la villa. El estudio aparece referenciado en producciones discográficas de Julio Iglesias publicadas en 2006 (el álbum Romantic Classics), 2015 (México) y 2017 (México & Amigos), según Discogs, la página web de referencia en la industria fonográfica. No obstante, el abogado de los demandantes no aportó ninguna prueba sobre la actividad comercial del estudio de grabación.

Respecto al alquiler de las casas, el abogado ha reunido a testigos que aseguran que se producían pagos “en sobres”. “Se alquilaban a grandes artistas”, afirma Bello, que aportó como testigo en el caso a un extrabajador de Julio Iglesias. Este testigo dijo en sede judicial que bastaba con ir a hablarle al cantante para que él alquilase una de las casas a quien lo solicitara, aunque a ojos de los trabajadores lo hiciera pasar como “visitas”. En la entrevista, Rogelio Villanueva afirma que delante de él, “gente de fuera” se alojó en las casas de la villa, a cambio de “un sobre lleno de dinero” que él asegura que vio entregar a las encargadas.

En la villa de Julio Iglesias, cada casita tiene un nombre. Villanueva dice que tanto él como su hermano se encargaban del mantenimiento de pequeñas casas que presuntamente se rentaban, como Preferida, Cenicienta, Bonita Uno y Bonita Dos. “Cuando había demasiado trabajo, [Iglesias] nos buscaba más empleados para que trabajaran con nosotros porque no dábamos abasto”, afirma Rogelio. Ninguna de las extrabajadoras de Julio Iglesias entrevistadas por elDiario.es y Univision Noticias ha tenido constancia del alquiler de alguna casa entre el año 2020 y 2023.

Durante el juicio, Julio Iglesias aportó otro testigo, un amigo de la familia que afirma ser sobrino del médico del artista y que se ha quedado en la villa algún fin de semana “como invitado”. “Jamás se ha alquilado [la villa], solo los invitados entran”, afirmó. Pero también dijo: “Sí, delante de mí le entregaban sobres de dinero, alquilando la casa”. La corte desestimó las declaraciones de este testigo por “incoherentes, inverosímiles y sobre todo en ocasiones contradictorias”. Como prueba de que las casas de la villa no están oficialmente en alquiler, Iglesias presentó un certificado firmado por el director ejecutivo de servicios del Grupo Punta Cana, Francisco José Suero Cuervo que indica que “la residencia de los señores Iglesias nunca ha estado en la lista de propiedades ofertadas en alquiler a terceros por parte del Proyecto Puntacana Resort & Club”.

Eloy Bello advierte en una de sus demandas que Julio Iglesias “ha sido demandado innumerables veces por no pagar las prestaciones laborales a sus empleados”. Según Bello, Iglesias “utiliza la estrategia de violar los derechos de los trabajadores”, pero que estos empleados “por miedo” a “no poder trabajar más en la zona de Bávaro, no preceden en contra de la empresa”.

Cinco años de juzgado en juzgado

La batalla legal de los hermanos Villanueva se inició en el año 2020 y sigue abierta. Además de sus prestaciones laborales, ambos solicitan una indemnización por despido injustificado. En la primera sentencia que obtuvieron, en 2022, no se les reconoció el derecho a una indemnización. Villanueva esperaba recibir un millón de pesos por daños y perjuicios morales por haber trabajado todos los días “sin derecho a descanso” ni “visita de sus familiares”.

El juzgado de Trabajo de La Altagracia sentenció al cantante a pagar algo más de 58.000 pesos dominicanos (casi 900 euros al cambio de esa fecha) a Rogelio Villanueva y algo más de 29.000 a Eleuterio (unos 450 euros). Los trabajadores estaban lejos de quedar satisfechos con ese fallo. De hecho, Rogelio había rechazado 100.000 pesos (unos 1.700 euros) que le ofreció la encargada de la casa, según afirma en la entrevista, como forma de resolver el despido. Pero el juez no encontró fundamento jurídico para la indemnización que reclamaban los Villanueva.

Los hermanos apelaron el fallo y su abogado se concentró en demostrar que ellos no podían ser trabajadores domésticos. En el año 2014 tuvo un accidente conduciendo uno de los coches de Julio Iglesias y fueron el cantante y su aseguradora los que se hicieron cargo de la indemnización al motorista contra el que chocó el Lincoln Jeep de Iglesias. Para ellos, el accidente que Rogelio Villanueva tuvo en el año 2014 es relevante porque demuestra que también trabajaba como chófer, una tarea que entienden que va más allá del trabajo doméstico.

La apelación que hizo el abogado fue bien y puso a la justicia de parte de los hermanos Villanueva. Los juzgados de trabajo de San Pedro de Macorís dictaminaron en junio de 2024 que el despido sí había sido injustificado. Por ello, condenaron a Julio Iglesias a pagar no solo las prestaciones laborales, sino también a indemnizar a los hermanos por no haberlos inscrito en el sistema dominicano de Seguridad Social. A estas cantidades, el juez ordenó sumar una compensación por los salarios impagados desde la demanda hasta la sentencia. En total, Julio Iglesias debía desembolsar unos 3.850.000 pesos dominicanos (unos 53.000 euros).

Pero el cantante no estaba dispuesto a aceptar esta sentencia y la recurrió. En noviembre de 2024, un recurso de casación envió el caso a una instancia superior. En él, los abogados de Iglesias dijeron que las indemnizaciones fijadas eran “exorbitantes”. Insistieron en que los Villanueva eran empleados domésticos porque desempeñaban labores para un particular, de cuya cuenta bancaria personal salían sus nóminas. La sentencia aún se desconoce y los demandantes esperan una nueva vista en febrero. El abogado Eloy Bello se lamenta de la reticencia de Iglesias a conceder a sus empleados lo que demandan. “Las prestaciones equivalen a cinco o seis botellas de vino de su cava. Ya con eso lo hubiese pagado”, dice Bello Pérez.

Otro despido fulminante

Los Villanueva no están solos en la lucha de los trabajadores de mantenimiento para no ser considerados como “domésticos”, y gozar así de mejores derechos frente a sus despidos. El pintor y soldador Evenson Lindor también ha demandado a Julio Iglesias por despido injustificado, por lo que exige el pago de algo más de 320.000 pesos dominicanos (5.000 euros al cambio en el momento de la acción judicial).

Lindor, de origen haitiano y residente en Bávaro, trabajó arreglando techos, reparando pintura e incluso limpiando cocoteros en la villa de Punta Cana entre enero de 2019 y agosto de 2023. Entró a la casa cobrando 20.000 pesos (350 euros en aquel momento) y cuatro años después ya había alcanzado un salario de 50.000 (800 euros). 

El equipo de periodistas de elDiario.es y Univision Noticias se encuentra con él en Villa Playwood (conocido como Villa Esperanza), un barrio de mayoría haitiana, azotado por la precariedad y las redadas de la policía migratoria, que busca a personas en situación irregular para deportarlas al país con el que la República Dominicana comparte isla. Por eso, Lindor sale de casa para hacer la entrevista con el pasaporte y su permiso de residencia en la mano.

El día de agosto que fue despedido, Evenson Lindor cuenta que estaba reparando un tejado en la villa a pleno sol. Según explica, Julio Iglesias, que comía en el gazebo frente al mar, mandó llamarle. Lindor bajó y se presentó frente a él: “Tienes que tirar todo eso ahora, tú solo”, recuerda que le dijo, señalando los montones de sargazo, la persistente y maloliente alga que asola las playas caribeñas en verano. Cada día, Iglesias le pedía que devolviera el alga al mar para así ver su playa limpia. Pero Lindor consideraba peligroso el cambio brusco de temperatura y no quería pasar rápidamente del sol al agua fría. 

Ya era la segunda vez que le pedía lo mismo. Solo unos días antes, Julio Iglesias gritó a Lindor: “Bájate, tienes que meterte al mar, maricón”, según recuerda el empleado, que se negó explicando el peligro de entrar de golpe al agua. Iglesias le respondió: “¿Tú quieres trabajar aquí?”. Lindor contestó que sí. “Necesito el dinero, tengo dos hijos”, dice. Así que se metió al mar.

Evenson se quejó del trato, dijo que le estaba “mirando” y “hablando feo”. “Yo le tengo respeto a usted, usted tiene que respetarme también”, le dijo a Iglesias. Este le contestó, según Lindor: “Vete, lárgate de mi casa, boludo, comemierda”.

El día de su despido, la situación fue parecida. Iglesias le pidió que retirase el sargazo de la orilla. Lindor puso pegas, no quería hacerlo de golpe. “¿Tú quieres salir a la calle a comer mierda?”, dice que fue la respuesta de su jefe. Evenson se quejó del trato, dijo que le estaba “mirando” y “hablando feo”. “Yo le tengo respeto a usted, usted tiene que respetarme también”, le dijo a Iglesias. Este le contestó, según Lindor: “Vete, lárgate de mi casa, boludo, comemierda”. Lindor dice que tuvo que salir de inmediato, sin tiempo siquiera para recoger su ropa. “Salí huyendo como un ladrón”.

Respecto a los insultos, Lindor afirma que Iglesias “siempre habla así con la gente”. “Algunos dominicanos se quedan con la cabeza abajo, nunca le hablan”, dice. Pero este haitiano no quería quedarse callado. “Yo hablo con él. No le hablo feo ni malcriado. Le digo: ‘no, yo soy una persona como tú. Tú tienes dinero, pero si me cortan, a mí me bota sangre roja; si te cortas, a ti te bota sangre roja también. No tienes que tratarme así’”.

Cuando Iglesias supo que Evenson Lindor le había demandado, le advirtió de que no le “tocaba nada”, a pesar de que él “tuviera dinero para comprar hasta al presidente del país”, asegura que le dijo

Lindor recuerda que fue escoltado a la puerta por una persona de seguridad y que le pidieron el pasaporte; él se negó a darlo, por nada del mundo estaba dispuesto a separarse de ese documento. Todavía no entiende por qué se lo pedían. Unos días después le dijeron que fuera a buscar su liquidación. En ese momento, la encargada estaba en Bahamas pero le informaron de que le pagarían a su vuelta. Le avanzaron con una fotografía el documento con la liquidación que, según sus empleadores, le correspondería: 39.000 pesos (casi 370 euros). Pero Lindor había hecho sus propios cálculos con la ayuda de la web del Ministerio de Trabajo y le salía que debía recibir 283.200 pesos más (unos 4.500 euros), una cantidad que incluía el preaviso, la cesantía y los correspondientes días de vacaciones. Pero, como en el caso de los Villanueva, para tener derecho a cesantía por despido improcedente, Lindor tenía que demostrar que su trabajo como pintor o reparador de tejados no era “trabajo doméstico”.

Cuando Iglesias supo que Evenson Lindor le había demandado, le advirtió de que no le “tocaba nada”, a pesar de que él “tuviera dinero para comprar hasta al presidente del país”, asegura que le dijo. “No tiene derecho a hacer eso. Es un abuso”, dice Lindor en la entrevista. “Un hombre famoso así, yo no entiendo”, se lamenta.

El abogado de Lindor, que es el mismo que representa a los hermanos Villanueva, presentó la demanda en septiembre de 2023. A los cálculos que obtuvo Lindor por el Ministerio de Trabajo, sumó la solicitud de una indemnización por “daños morales a consecuencia de trabajar todos los días sin derecho a descanso y maltrato verbal”. Pero la justicia no se ha puesto de su parte y a mediados del pasado mes de diciembre, el juzgado laboral consideró que el trabajo que Lindor realizó para Julio Iglesias era doméstico, por lo que solo le reconoció su derecho a la liquidación de los días de vacaciones y Navidad (unos 45.300 pesos, unos 615 euros al cambio actual). Su abogado anuncia que recurrirá la sentencia.

“Coja el dinero, que nosotros somos amigos”

Entre los empleados que fueron despedidos al llegar la pandemia, se encuentra también el albañil Clarnel Aristil, quien comenzó a hacer trabajos esporádicos en 2013 y finalmente fue contratado fijo un año después, con un sueldo de mil dólares mensuales (900 euros al cambio de 2020). Según cuenta a este periódico, siguió trabajando algún tiempo más tras la salida de Eleuterio Villanueva, Rogelio Villanueva y Evenson Lindor. “Me quedé yo solo”, dice Aristil. Pero, al no poderse quedar dentro de la casa durante el confinamiento, le despidieron “sin aviso”. Le ofrecieron un finiquito de 51.000 pesos (algo más de 860 euros) por seis años de trabajo, un cálculo que hicieron para un salario de 500 dólares, la mitad de lo que cobraba. 

Julio Iglesias llamó directamente a Aristil. “Me dice que coja el dinero, que nosotros somos amigos, y yo le dije que no, que en una cosa de justicia nosotros no somos amigos”, dice. Aristil no aceptó ese dinero, contactó con una abogada —que compartía despacho con el letrado que representó a Lindor y los Villanueva— y esta alcanzó un acuerdo extrajudicial en 2020 por 6.000 dólares (unos 5.400 euros al cambio del momento).

Entre las demandas anteriores a las que alude el abogado Eloy Bello está la que interpuso el jardinero Víctor Julio Cruzado ante el Tribunal de Trabajo de El Seibo en 2002 y que, según la agencia EFE, ganó en primera instancia, condenando a Julio Iglesias a pagar 200.000 pesos (13.100 euros al cambio de ese año) en “concepto de vacaciones, salario de Navidad y beneficios de la empresa” tras haber trabajado para él durante un año en el “diseño y mantenimiento de las áreas verdes” de la villa de Punta Cana. Este medio se ha puesto en contacto con el abogado de Víctor Julio Cruzado, pero no confirmó que la sentencia se hubiera hecho firme.

Puedes leer más sobre esta investigación en nuestro especial.

Comprobación de datos y edición: María Ramírez, Natalia Chientaroli

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Tras casi dos años, la exdirectora de la Fundación para la Transformación en La Rioja, Nuria San Servando, ha ganado lo que ella misma califica como una lucha contra Goliat porque se ha reconocido que su despido fue improcedente. El juicio estaba fijado para el 4 noviembre, aunque ni siquiera se celebró. “Antes de entrar a la sala, tuvimos una vista previa con la jueza de instrucción, la otra parte me ofreció el despido improcedente y la indemnización correspondiente. Acepté”. Y es que esa ha sido la motivación de San Servando desde el principio. “Quería que se reconociera que mi despido fue improcedente, que se debió a una cuestión ideológica y que nada tenía que ver con el desempeño de mi trabajo” ha explicado a este medio.

San Servando fue nombrada directora durante el gobierno de Andreu

San Servando fue nombrada directora de la Fundación para la Transformación en La Rioja durante el gobierno socialista de Concha Andreu. Tras la pérdida de las elecciones autonómicas en La Rioja por parte del Partido Socialista, en agosto de 2023 y con el Gobierno del PP al frente del Gobierno de La Rioja, “el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, me reúne en su despacho y me comunica que no continúo como directora de la Fundación para la Transformación”, decisión que San Servando considera “normal porque por aquellos entonces yo formaba parte de la Ejecutiva del Partido Socialista en La Rioja”. Acepta su cese como directora de la Fundación pensando regresar a su antiguo puesto de trabajo, también en la Fundación: “soy personal laboral de la Comunidad Autónoma de La Rioja con 14 años de antigüedad”.

Así, y tras cesar en su cargo como directora, San Servando continúa hasta diciembre realizando “labores de traspaso de información con el nuevo director con una actitud totalmente colaborativa”. En enero de 2024 tuvo una nueva reunión, en este caso con el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, y con el director de la Fundación, Arturo Colina. En este nuevo encuentro, en el despacho de Domínguez, a San Servando le comunican que no quieren que siga trabajando en la Fundación. Una decisión que San Servando no comprende porque era personal de la Fundación. “No encuentro ningún motivo para esta decisión salvo mi ideología”. En esta misma reunión, a San Servando le ofrecen una indemnización de 100.000 euros, cantidad que no acepta “porque este dinero viene del bolsillo de toda la ciudadanía”. A partir de este momento, San Servando acude todos los días a trabajar, incluso sin tener nada de trabajo. “No me convocan a las reuniones, no formo parte de proyectos, no tengo trabajo... Soy una persona inquieta a la que le gusta trabajar, así que, tras un mes y medio en esta situación, acudo a la Inspección de Trabajo.

Tras casi dos años, San Servando ha logrado que se reconozca que su despido fue improcedente lo que le confirma “que estamos ante un gobierno sectario porque queda demostrado que mi trabajo en la Fundación estaba bien hecho y que soy una buena trabajadora”. El problema era “que al director le molestaba mi presencia y los actuales dirigentes piensan que la Administración se puede utilizar como un cortijo, pero no es así”.

San Servando reconoce que ha sido un proceso largo “durante el que han intentado ensuciar mi imagen persona y profesional. No ha sido un litigio normal entre la dirección de la Fundación y yo porque han querido elevarlo a una cuestión pública mezclándolo incluso con el tema de las mascarillas con el único objetivo de dañar mi imagen”. Unas prácticas que vuelve a calificar de “política mercenaria”. Ahora ya más tranquila, San Servando se siente satisfecha por haberse mantenido firme “y no haber aceptado ninguna cantidad económica. Hay personas que tenemos valores como la dignidad y no nos dejamos pisar”.

Además de este, también estaba pendiente otro por acoso laboral “que en primera instancia se desestimó aunque recurrí”, recurso que San Servando ha retirado tras el reconocerle que su despido fue improcedente.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) deberá indemnizar con 151.205 euros al cónyuge y cuatro hijos de una mujer que falleció en julio de 2021 por “mala praxis” después de que la Comisión Jurídica de la Junta de Extremadura haya estimado parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial planteada por la familia.

El abogado de la familia reclamaba en un escrito 194.906 euros como consecuencia del fallecimiento de la paciente por “una inadecuada asistencia sanitaria por parte de los servicios sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES)”. En concreto, según la reclamación, el retraso en el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea que presentaba la paciente en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia desembocó en su fallecimiento.

La Comisión Jurídica concluye, al igual que la Administración en su propuesta de resolución del caso, “que la asistencia prestada no fue correcta, estableciéndose una relación de causalidad entre el daño producido y la asistencia sanitaria recibida”.

La indemnización se rebaja a 151.205 euros por el informe emitido por una empresa consultora, que considera que “procede aplicar una reducción del 22% por la mortalidad atribuible al estado clínico que presentaba la paciente”. 

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado el recurso de Fundiciones Gelma contra la sentencia del Juzgado de lo Social Único de Eibar (Gipuzkoa), que condenó a esta empresa a indemnizar con 199.530,64 euros a la familia de un trabajador fallecido por un cáncer de pulmón por amianto.

En un comunicado, la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, Asviamie, ha informado de que Antonio M. falleció en diciembre de 2009 a consecuencia de un cáncer en pulmón izquierdo, tras trabajar desde 1966 en la fundición con exposición laboral al amianto y sílice en la fundición, “sin medidas preventivas”. Desde Asviamie han destacado que “existen antiguos informes de Osalan en los que se señala que no se utilizaban protecciones respiratorias y que el Ministerio de Trabajo elaboró un informe sobre los problemas higiénicos por humos, gases y ruido en Elma SA”, según recoge Europa Press.

Además, en 2006 se emitió un informe de evaluación ambiental en Fundiciones Gelma, según el cual “no existen aislamientos de amianto y que las cubiertas de fibrocemento son sustituidas por chapa”. La asociación también ha destacado que el puesto de trabajo ocupado por Antonio fue “moldeo y desmoldeo, lo cual implicaba la manipulación de mazarotas y bebedores, utilizando palas para la limpieza del polvo”. Más tarde, pasó a la rebaba de las piezas fundidas y finalmente a las prensas.

Las mismas fuentes han aseverado que “en ninguna de las tres empresas en las que trabajó Antonio existían sistemas de ventilación en prensas, mecanizado y fundición”. En mayo de 2008, a Antonio le diagnosticaron un cáncer en el pulmón izquierdo y el 13 de octubre de 2024 el INSS dictó una resolución reconociendo a la viuda las prestaciones de viudedad, muerte y supervivencia derivadas de enfermedad profesional.

El 29 de mayo de 2025, el Juzgado de lo Social de Eibar desestimó la prescripción alegada por Fundiciones Gelma, estimó la demanda de la viuda e hijo del trabajador fallecido y condenó a la empresa a indemnizar con 122.313,14 euros a la viuda y 77.217,50 euros al hijo, más intereses. El recurso de suplicación de Gelma ha sido ahora desestimado por el TSJPV, confirmando la sentencia.

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la extinción del convenio de colaboración suscrito en 2016 con la sociedad Logroño Integración del Ferrocarril 2002, S.A. para la ejecución de las obras de la nueva estación de autobuses, la cúpula entre las terminales de bus y ferrocarril y los parques del entorno.

Como ha afirmado la portavoz del equipo de Gobierno municipal Celia Sanz, “es un paso más para desbloquear temas pendientes y continuar así avanzando en la finalización de la primera fase del soterramiento del ferrocarril en la ciudad”. Tras la conclusión de las obras en septiembre de 2020, la UTE contratista (formada por las empresas Vías y Construcciones S.A., Agua y Jardín, S.L. e Ismael Andrés, S.A.) solicitó indemnización de 1.325.648,22 euros por los daños y perjuicios ocasionados por el mayor plazo de ejecución de la obra.

Unos trabajos que habían pasado de una duración inicial prevista de 18 meses hasta un total de 46 meses debido a la peculiaridad y complejidad de los trabajos. “Desde el año 2016 -ha detallado Sanz- existía un convenio de colaboración con esta entidad para lo que era financiar y atender la elaboración y ejecución de la nueva estación de autobuses de Logroño, con la cúpula entre las dos terminales y también los parques del entorno”.

Al no estar previsto en el convenio de colaboración el concepto de indemnización por los daños y perjuicios que reclamó la UTE, ni tampoco el porcentaje de reparto para afrontar una reclamación de este calado, en diciembre de 2022 se formalizó la segunda adenda al convenio mencionado. Por esta addenda, el Consistorio se haría cargo del 56,13% (744.086,34 euros) del importe, mientras que LIF 2002, S.A. haría lo propio con el 43,87% (581.561,88 euros).

Este convenio “estaba todavía en una situación que no había quedado extinguido y este equipo de Gobierno lo que ha hecho es dar un paso más en cuanto a desatascar este asunto, dar por finalizado y extinguido este convenio, con lo cual esa primera fase del soterramiento del ferrocarril podemos darla por finalizada”.

En palabras de la portavoz, “en este caso, han sido diversas reuniones las que se han tenido con esta entidad tras la reclamación por una indemnización de daños y perjuicios que había realizado la empresa que tenía adjudicadas las obras para la ejecución de estas obras”. Así, “tras un procedimiento judicial y una sentencia, había que acometer esa indemnización a esa UTE para quedar zanjado el asunto y en este caso, con este convenio, lo que hacemos es extinguir absolutamente esa situación y, por lo tanto, ya podemos seguir avanzando hacia el futuro en un nuevo paso en esa, como decimos, finalidad para Logroño y de gran trascendencia como es el soterramiento del ferrocarril”.

“Lo importante es que en el acuerdo lo que se hace es extinguir ese convenio de colaboración que data del 2016 y podemos dar por finalizada, como digo, esta primera fase del soterramiento, lo que nos permite seguir avanzando a la segunda fase”, ha insistido Celia Sanz.

Sobre las previsiones acerca de esa segunda fase del soterramiento, ha dicho que “lo más importante es que, de momento, con esta extinción, se ha desatascado algo que llevaba tiempo sin moverse, y, de este modo, hay vía libre para seguir avanzando”. Algo, ha recalcado, “que será objeto de más reuniones con LIF para materializar nuevos acuerdo para ir adelante con los siguientes hitos, pero no se podía avanzar sin tener este tema cerrado y que lo hemos ahora logrado desatascar”.