Ahmed Tommouhi tenía 40 años cuando fue detenido por la Guardia Civil en una pensión de Terrassa (Barcelona). Era noviembre de 1991 y los agentes llevaban meses buscando a los autores de varias violaciones a jóvenes en distintas zonas de Catalunya. El marroquí, que había llegado a España desde Nador para trabajar un tiempo como albañil, entró en prisión provisional y no salió de la cárcel hasta 15 años después, condenado por varias agresiones sexuales y robos que no cometió.

El Tribunal Supremo ha reconocido, más de tres décadas después, que los jueces se equivocaron en su caso y le han reconocido una indemnización de dos millones y medio de euros. “No me van a devolver mi juventud, no me van a devolver mi vida”, lamenta hoy Tommouhi. Su nieta Firdaous ayuda a salvar la barrera del idioma: “Dice que eso le acompaña toda la vida. La prisión injusta no solamente te roba años, te obliga a vivir con una herida que no siempre se ve”.

Su caso ha sido cerrado este mes de junio por parte de la sala tercera del Tribunal Supremo. Los jueces, casi 35 años después de su arresto en aquella pensión, han reconocido lo que él sabía desde su primera noche en el calabozo: que fue condenado por varias violaciones que cometió otro hombre. Los tribunales de Catalunya que le juzgaron y condenaron tanto en Barcelona como en Tarragona no tuvieron en cuenta correctamente una prueba fundamental: los análisis de restos biológicos que descartaban que él y su compañero de imputaciones fueran los culpables. A Tommouhi le reconocen, por la vía del error judicial, una indemnización de dos millones y medio de euros. A Abderrazak Mounib, el otro arrestado y encarcelado, no hay nada que reconocerle: murió hace 26 años de un infarto en su celda de Can Brians.

La historia de Tommouhi y Mounib ha quedado perfectamente documentada casi desde esos días de noviembre de 1991. En la prensa, en los archivos judiciales y, sobre todo, en el libro Justicia poética (Península, 2025) del periodista Braulio García Jaén, que unifica en un relato montañas de legajos, atestados, declaraciones e injusticias. Y todo confluye en la sentencia que el Tribunal Supremo hizo pública el pasado 18 de junio, anunciando que Tommouhi será indemnizado con 2,5 millones de euros por un error garrafal de los magistrados que le juzgaron en los años noventa: “El tribunal que le condenó no valoró, a pesar de que fue admitida, una pericial biológica”. Una prueba que demostraba que su perfil genético no estaba entre los restos encontrados en la ropa de una de las víctimas.

La historia de Tommouhi es la de un inocente que pasa 15 años en la cárcel, pero también la de unas víctimas desprotegidas cuyo agresor siguió en la calle violando a más mujeres mientras los falsos culpables cumplían su condena. Porque en 1995 las pruebas demostraron que al menos una de esas agresiones sexuales había sido cosa de Antonio García Carbonell, que guardaba un parecido físico sorprendente con Tommouhi. Una de sus condenas fue anulada, pero los distintos tribunales, incluido el Supremo, rechazaron que el hallazgo permitiera revisar y tumbar sus otras condenas. No salió de prisión hasta 2006. Numerosas víctimas y testigos le habían señalado como el autor y eso pesó más que otras pruebas relevantes, algunas como el análisis de ADN que ni siquiera fueron tenidas en cuenta.

Su abogada, Celia Carbonell, resume tres décadas de despropósito judicial en declaraciones a elDiario.es. La primera sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que finalmente se anuló, fue la “sentencia piloto” que marcó el camino al resto de condenas. Y en ese momento el informe genético fue ignorado. “En esa sentencia el informe ya estaba dentro de ese procedimiento, no es que apareciera después, ese informe ya estaba. Los jueces no se leen ese informe, les pasa totalmente desapercibido, no es que aparezcan pruebas con posterioridad. Un informe pericial hecho por unos profesionales cualificados y el tribunal no habla de él, no hay ni una sola mención a las pruebas biológicas que determinan que no podía haber sido Ahmed Tommouhi, no coincidía genéticamente”, explica la letrada. “Es una cadena de errores, uno tras otro”.

Tommouhi llamó varias veces a la puerta de los jueces y, tras la nulidad de una de sus sentencias, la respuesta fue el silencio y la negativa a revisar sus demás condenas, las que le mantenían entre rejas. La evidencia de que algo no iba bien en su caso era tan palmaria que la Fiscalía y los jueces llegaron a apoyar un hipotético indulto que el Gobierno no le concedió y que él, en cualquier caso, rechazaba. Era inocente y no quería que se le perdonara un delito sexual que no había cometido.

“Me robaron mi futuro, me robaron todo”

La Justicia llegó tarde, pero llegó. Una por una, el Tribunal Supremo acabó por revisar y anular todas sus condenas. La primera en 1997. La segunda, después de muchos cabezazos contra la fachada de muchos tribunales, en 2023. La tercera y última en mayo de 2025, cuando los jueces tumbaron la sentencia de la Audiencia de Tarragona que le había impuesto más de 100 años de presidio por un rosario de delitos relacionados con las agresiones sexuales, los robos y las armas. En este último caso no había pruebas de ADN exculpatorias, pero los jueces se rindieron ante la evidencia: existe una “brecha en el material probatorio” y todos esos años después existía una “duda más que razonable” sobre su culpabilidad.

La siguiente batalla fue conseguir que la Administración le reconociera una indemnización por el error judicial de los tribunales que le mantuvieron década y media entre rejas sin ser el culpable. Se llevó un portazo en el Ministerio de Justicia y otro en la Audiencia Nacional, pero la victoria ha llegado en el Tribunal Supremo, con una indemnización de 2,5 millones que, según explica ahora un Ahmed Tommouhi septuagenario y con problemas de movilidad, pero no de claridad, no arreglan todo. “Me robaron mi juventud, me robaron mi futuro, me robaron todo, pero siempre he tenido esperanza”.

“Nunca jamás voy a olvidar el tiempo que he pasado en la cárcel, hasta el último día de mi vida. Nunca jamás voy a olvidar la pesadilla que pasé. Encerrado lejos de mi familia, de mi país, de mi mujer, de mis hijos que se criaron huérfanos y mi mujer viuda sin haber cometido yo un crimen... nunca voy a olvidar eso. Cómo voy a olvidarlo. Hasta el último día de mi vida”, se esfuerza por explicar. Y lanza un mensaje a los futuros jueces y fiscales que ahora estudian la oposición o se preparan en la Escuela Judicial: “Que no pase lo que me ha pasado a mí. Que no manden a un solo inocente a la cárcel, venga de donde venga, sea como sea, negro, amarillo o blanco, todos sentimos igual”.

Su nieta ejerce como traductora para hacer posible la entrevista y expresa también las palabras y sentimientos de su abuelo Ahmed: “Que nunca olviden que detrás de cada procedimiento hay una vida entera, no solo están estudiando leyes, están preparándose para tomar decisiones que pueden destrozar o salvar una vida”. La sentencia, explica, llegó como una noticia agridulce al hogar de los Tommouhi. “No fue alegría limpia, fue un alivio, pero también rabia, tristeza y vacío porque una sentencia, cuando llega después de tantos años, no repara”, asegura.

¿Se supera pasar 15 años entre rejas por unos crímenes que cometió otra persona? “Dice que eso le acompaña toda la vida, se aprende a respirar otra vez, a caminar por la calle, pero hay algo dentro de ti que no vuelve a ser igual. La prisión injusta no solamente te roba años. Te roba la inocencia con la que mirabas el mundo, te obliga a vivir con una herida que no siempre se ve”. Sufre Ahmed para contestar si espera que su sentencia, su caso, marque un antes y un después para este tipo de situaciones: “Desea que su caso no sirva solo para cerrar una herida personal, sino para obligar a la Justicia, de alguna manera, a mirarse en el espejo”, explica su nieta. “Que ningún juez, fiscal o institución olvide que detrás de un error judicial hay una tragedia humana, un inocente en prisión no es un fallo técnico, es una derrota moral del Estado de derecho”.

La indemnización que le ha reconocido el Tribunal Supremo es la más alta jamás reconocida por la Justicia española para un caso similar. Una indemnización de 2,5 millones de euros que pone la lupa sobre los tribunales de Barcelona y Tarragona que le condenaron siendo inocente. “Les diría que no me fallaron a mí, le fallaron a la Justicia. El daño de una condena injusta no termina el día en que se firma, continua cada mañana en una celda, en cada noche sin dormir, en cada silencio de una familia que no sabe ni cómo sostenerse”, afirma. Ahora es su abogada la que pelea para que la ley cambie y el camino hasta estas indemnizaciones, cuando exista un error judicial, no sea tan tortuoso e incierto.

Un “milagro” judicial

Un preso que ha pasado tiempo en la cárcel a pesar de ser inocente tiene dos caminos para llegar hasta una indemnización. Una vía fue abierta por el Tribunal Constitucional en 2019, cuando instó a la Administración y a los jueces a indemnizar a la gente que hubiera estado en prisión por un caso finalmente archivado o por una condena posteriormente revocada. Por esta vía los tribunales han reconocido cantidades a decenas de personas en los últimos siete años, que en los casos más leves se quedan en unos pocos miles de euros y en los más graves y excepcionales han superado el medio millón. Es el ejemplo de un matrimonio que pasó varios años entre rejas acusado de yihadismo por la Audiencia Nacional y que finalmente fue absuelto.

En esa vía no existe un baremo claro –una queja habitual entre los abogados y afectados que piden estas indemnizaciones– pero también existe la vía del error judicial. No constatar que la prisión, aunque legalmente ordenada, finalmente fue impuesta a un inocente, sino demostrar que los jueces se equivocaron al imponer una condena. El caso de Tommouhi, según el Supremo, es “uno de los supuestos paradigmáticos” porque los jueces decidieron de forma “injustificada” no analizar “una prueba decisiva” como eran los análisis genéticos de ADN. Llegar hasta aquí, explica la abogada de Tommouhi, no ha sido sencillo.

“Para nada. Yo llegué a pensar que estaba intentando sacar algo utópico, es complicadísimo. El corporativismo está en todas partes y que hayan reconocido esto, para mí, es prácticamente un milagro. Es un error judicial, quiere decir que un magistrado ha hecho mal su trabajo y, como consecuencia, ha arruinado la vida de toda una familia, la familia Tommouhi. Es casi milagroso que se haya reconocido, pero habría sido un error judicial no reconocerlo”, explica a elDiario.es.

Tanto la decisión de entender que existió un error judicial como la cuantificación de la indemnización tienen un alto nivel de discrecionalidad. La Audiencia Nacional, por ejemplo, rechazó resarcir a Tommouhi y después el Tribunal Supremo ha firmado la indemnización más alta de la historia de los errores judiciales. “Yo creo que ha cambiado el hecho de que, al final, uno tiene que aplicar el derecho material por encima del derecho formal. El sentido común, eso es lo que creo que ha cambiado”, dice la letrada, que ha puesto en marcha una propuesta de cambio legal para que este sistema mejore en casos similares al de Ahmed.

“El cambio que propongo es muy sencillo. La Ley Orgánica del Poder Judicial dice cuánto procede una indemnización en caso de privación de libertad, pero solo si es prisión provisional, no para la definitiva. ¿Qué sentido tiene que un señor que ha estado 15 años en prisión por error no tenga indemnización y otro que ha estado en prisión provisional sí tenga derecho? A quien le cuentes esto es una auténtica locura”, relata. Además, añade, “baremo indemnizatorio no hay, cuando haces estas reclamaciones te pones a pedir de forma aleatoria y al final se termina con el criterio del magistrado que lleve el asunto, hay que establecer unos baremos”.

Ahmed Tommouhi tenía 40 años cuando fue detenido por la Guardia Civil en una pensión de Terrassa. Ahora, a medio camino entre los 70 y los 80 años de edad, este antiguo albañil expresa con dificultad las emociones que le producen saber que los tribunales han reconocido que pasó todo ese tiempo en la cárcel de forma injusta. Lo que él ya sabía cuando empezó a recibir sentencias que le condenaban, violación tras violación, sin ni siquiera escribir correctamente su apellido. “Me robaron todo”, dice ayudado por su nieta después de convertirse en la víctima del mayor error judicial nunca reconocido por un tribunal español.

Balears no ha facilitat a la Comissió Tècnica de la Llei de Memòria Democràtica informació qualitativa sobre les indemnitzacions concedides per reparar econòmicament les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista, tal com consta en un informe fet públic aquest dijous per aquest òrgan, encarregat d'avaluar les mesures de reparació impulsades per les diferents administracions públiques.

El document analitza les iniciatives desenvolupades per diverses comunitats autònomes per complementar les compensacions estatals a les persones represaliades per motius polítics. Tanmateix, en el cas de Balears -igual que passa a Aragó, Euskadi, Extremadura, Cantàbria, Castella i Lleó, La Rioja, Madrid, Múrcia i la Comunitat Valenciana— la comissió no ha rebut informació suficient per determinar quantes persones van ser indemnitzades ni quines quantitats van percebre.

El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica matisa que aquesta absència de dades no implica necessàriament que no s'hagin desenvolupat actuacions de reparació econòmica, sinó que la informació no estava disponible o no va ser remesa a la comissió.

L'informe, el contingut del qual recull Europa Press, revela a més una notable desigualtat territorial en les polítiques de compensació. Catalunya encapçala amb diferència el volum d'ajudes autonòmiques, amb més de 52,7 milions d'euros destinats a complementar les indemnitzacions estatals a més de 22.500 víctimes del franquisme. Andalusia figura en segon lloc, amb més de 9,4 milions d'euros repartits entre 2.522 beneficiaris, mentre que Astúries supera els 3,4 milions d'euros en ajudes.

La publicació d'aquestes dades coincideix amb un moment especialment sensible per a les polítiques memorialístiques a Balears. El març passat, el Parlament va derogar la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics amb els vots del PP i Vox, una decisió que el Govern central ha anunciat que recorrerà davant el Tribunal Constitucional en considerar que pot vulnerar els drets de les víctimes.

Malgrat això, la Llei de Fosses continua vigent a la comunitat autònoma. Gràcies a aquesta normativa, aprovada el 2016, s'han impulsat exhumacions i identificacions de víctimes del franquisme mitjançant tècniques arqueològiques i genètiques, convertint Balears en un dels territoris amb més activitat en la localització i recuperació de desapareguts.

D'altra banda, l'Executiu central ha anunciat també un conjunt de propostes de reparació simbòlica dirigides al poble gitano després de segles de discriminació institucional i exclusió social.

Entre les recomanacions figura la celebració d'un congrés específic sobre la memòria històrica del poble gitano i l'organització d'un gran acte d'Estat al Congrés dels Diputats amb la presència del rei Felip VI. L'objectiu seria reconèixer públicament la persecució patida per aquesta comunitat i avançar en una reparació simbòlica d'unes vulneracions de drets que, segons conclou l'informe, es van prolongar durant segles i també van arribar al franquisme.

L'estudi, elaborat per la comissió de treball sobre memòria i reconciliació amb el poble gitano, repassa episodis com la Gran Batuda de 1749, definida com un intent d'extermini burocràtic de la població gitana, i documenta la vigilància i persecució que va continuar durant la dictadura franquista. Els experts conclouen que l'antigitanisme ha estat un fenomen estructural a Espanya i recomanen reforçar les mesures educatives, institucionals i de reconeixement públic per combatre'n els efectes actuals.

La proposta s'afegeix a altres actes institucionals celebrats en els darrers anys per visibilitzar la història i les aportacions del poble gitano. El 2025, amb motiu del 600è aniversari de la seva arribada a la Península, els Reis van presidir al Congrés un homenatge en què Felip VI va reclamar una “plena integració” de la comunitat gitana i va denunciar la persistència de la discriminació.

Balears no ha facilitado a la Comisión Técnica de la Ley de Memoria Democrática información cualitativa sobre las indemnizaciones concedidas para reparar económicamente a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, tal como consta en un informe hecho público este jueves por este órgano, encargado de evaluar las medidas de reparación impulsadas por las distintas administraciones públicas.

El documento analiza las iniciativas desarrolladas por varias comunidades autónomas para complementar las compensaciones estatales a las personas represaliadas por motivos políticos. Sin embargo, en el caso de Balears -al igual que ocurre en Aragón, Euskadi, Extremadura, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Murcia y la Comunitat Valenciana- la comisión no ha recibido información suficiente para determinar cuántas personas fueron indemnizadas ni qué cuantías percibieron.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática matiza que esta ausencia de datos no implica necesariamente que no se hayan desarrollado actuaciones de reparación económica, sino que la información no estaba disponible o no fue remitida a la comisión.

El informe, cuyo contenido recoge Europa Press, revela además una notable desigualdad territorial en las políticas de compensación. Catalunya encabeza con diferencia el volumen de ayudas autonómicas, con más de 52,7 millones de euros destinados a complementar las indemnizaciones estatales a más de 22.500 víctimas del franquismo. Andalucía figura en segundo lugar, con más de 9,4 millones de euros repartidos entre 2.522 beneficiarios, mientras que Asturias supera los 3,4 millones de euros en ayudas.

La publicación de estos datos coincide con un momento especialmente sensible para las políticas memorialistas en Balears. El pasado mes de marzo, el Parlament derogó la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos con los votos de PP y Vox, una decisión que el Gobierno central ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional al considerar que puede vulnerar los derechos de las víctimas.

Pese a ello, la Ley de Fosas continúa vigente en la comunidad autónoma. Gracias a esta normativa, aprobada en 2016, se han impulsado exhumaciones e identificaciones de víctimas del franquismo mediante técnicas arqueológicas y genéticas, convirtiendo a Balears en uno de los territorios con mayor actividad en la localización y recuperación de desaparecidos.

Por otro lado, el Ejecutivo central ha anunciado también una batería de propuestas de reparación simbólica dirigidas al pueblo gitano tras siglos de discriminación institucional y exclusión social.

Entre las recomendaciones figura la celebración de un congreso específico sobre memoria histórica del pueblo gitano y la organización de un gran acto de Estado en el Congreso de los Diputados con la presencia del rey Felipe VI. El objetivo sería reconocer públicamente la persecución sufrida por esta comunidad y avanzar en una reparación simbólica de unas vulneraciones de derechos que, según concluye el informe, se prolongaron durante siglos y alcanzaron también al franquismo.

El estudio, elaborado por la comisión de trabajo sobre memoria y reconciliación con el pueblo gitano, repasa episodios como la Gran Redada de 1749, definida como un intento de exterminio burocrático de la población gitana, y documenta la vigilancia y persecución que continuó durante la dictadura franquista. Los expertos concluyen que el antigitanismo ha sido un fenómeno estructural en España y recomiendan reforzar las medidas educativas, institucionales y de reconocimiento público para combatir sus efectos actuales.

La propuesta se suma a otros actos institucionales celebrados en los últimos años para visibilizar la historia y las aportaciones del pueblo gitano. En 2025, con motivo del 600 aniversario de su llegada a la Península, los Reyes presidieron en el Congreso un homenaje en el que Felipe VI reclamó una “plena integración” de la comunidad gitana y denunció la persistencia de la discriminación.

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha indemnizado con un millón de euros a un paciente por la “grave lesión medular” que sufrió tras una cirugía realizada en el Hospital Universitario de Ciudad Real.

Los hechos denunciados sucedieron a finales de 2013, cuando el afectado, que entonces tenía 71 años de edad, acudió a dicho hospital para ser intervenido de un aneurisma de aorta abdominal. Tras la cirugía se constató que había sufrido una lesión medular isquémica de extrema gravedad, una lesión tipo cola de caballo completa asimilable a una paraplejia; pérdida de movilidad en las piernas, ausencia de control de esfínteres y vejiga, y pérdida de sensibilidad desde la zona dorsal.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Toledo ha reconocido la responsabilidad patrimonial del Sescam por la asistencia sanitaria prestada en el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Información incompleta y silencio administrativo

La sentencia considera acreditado que los servicios médicos decidieron unilateralmente practicar la intervención con cirugía clásica y el paciente no fue informado de la posible alternativa terapéutica de endoprótesis endovascular, técnica menos invasiva y con menos riesgos que ni tan siquiera consta que se estudiase. El juzgado destaca que, aunque la elección de la técnica quirúrgica corresponde a los facultativos, el paciente debía haber sido informado de las alternativas disponibles para poder prestar un consentimiento verdaderamente informado.

Asimismo, la sentencia pone de manifiesto la existencia de diversas deficiencias intraquirúrgicas relevantes en el resultado lesivo, entre ellos un tiempo de clampaje aórtico muy elevado y una situación de hipotensión mantenida durante la prácticamente toda la intervención, así como una deficiente asistencia cuando se detectaron los primeros síntomas.

La sentencia también critica la falta de aportación del protocolo quirúrgico completo, “documento esencial para reconstruir con precisión lo ocurrido durante la intervención” y censura la actuación administrativa del Sescam por no haber dictado resolución expresa a la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada en el año 2014, manteniendo durante años una situación de silencio administrativo incumpliendo su obligación de resolver.

Al respecto, la presidenta de la asociación ‘El Defensor del Paciente’, Carmen Flores, ha criticado que el Sescam no diera “en 12 años” una contestación al paciente y su familia, hecho que considera “vergonzoso” por “incumplir” sus obligaciones médicas y administrativas.

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha debatirá y votará el Proyecto de Ley de Modificación del Estatuto de las Personas Consumidoras, que supone la adaptación del actual texto, vigente desde 2019, a la normativa estatal y europea, especialmente en lo relativo al régimen sancionador y al reconocimiento de la posible indemnización para el consumidor.

El nuevo texto destaca especialmente porque actualiza el régimen sancionador, ajusta mucho más con ejemplos claros que son fracciones leves, graves o muy graves y contempla la indemnización por daños a la persona consumidora, según ha valorado Fernando Mendoza Carpio, presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha (CAVE-CLM)

Así lo señalaba también tras la aprobación del texto por el Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre la consejera Portavoz, Esther Padilla, destacando que la legislación básica estatal ha experimentado cambios importantes, sobre todo en relación con el régimen sancionador, de manera que dejó desajustada la regulación autonómica, lo que hacía necesaria su actualización.

La modificación consolida un marco autonómico más claro y más útil. “Hemos actualizado el manual de instrucciones de los derechos de las personas consumidoras para que sea más concreto, más eficaz y funcione mejor. Queremos una Administración que proteja y que elimine lagunas y contradicciones”, señalaba Padilla.

Tipos de infracciones con ejemplos

El nuevo texto elimina posibles interpretaciones concretando con ejemplos lo que son infracciones leves, graves y muy graves, “han acotado más enumerando las sanciones que hasta ahora no se hacía”.

Así por ejemplo, el texto contempla con leves la incorrección, falta de consideración o respeto a las personas consumidoras, no tener o negar las hojas de reclamaciones.

Son graves, entre otras, “el fraude en el origen o en la presentación de los productos o servicios, en su calidad, en su marca, en su composición, peso o medida, en su duración, o cuando los mismos no se ajustan a lo declarado o contratado por cualquier medio. La obsolescencia prematura también se considera fraude en la duración. También se considerará fraude el uso de etiquetas, rótulos o cualquier otra información que induzca a engaño o confusión o enmascare la verdadera naturaleza del bien o servicio y en particular la comercialización, distribución o venta de productos sin marcado CE o con el marcado CE falsificado o sin documentar”.

En las infracciones muy graves se contempla, por ejemplo, “el corte de suministro de servicios básicos sin constancia efectiva de recepción previa por la persona consumidora de una notificación”, o “en contextos de urgencia, riesgo o necesidad de la persona consumidora, el incremento de precios finales de venta cuando se produzca un incremento de la demanda de los productos afectados por las citadas situaciones de emergencia”.

La modificación mantiene, además, las sanciones accesorias, como el cierre temporal de establecimientos, la suspensión de actividad o la imposibilidad de acceder a ayudas públicas en casos de reincidencia.

Según Fernando Delgado, el nuevo texto “refuerza también la protección de los entornos digitales y se refuerza la protección y la transparencia” y considera que “hay un impulso de consumo responsable en cuanto modifican los hábitos de consumo y se le da cabida en esta modificación”.

En su caso, lo que más ha valorado es la modificación del artículo 149 del nuevo texto que establece que “en el procedimiento sancionador podrá exigirse a la persona infractora la reposición de la situación alterada por la infracción a su estado original y, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios causados a la persona consumidora. ”Según el presidente CAVE-CLM, “el problema que teníamos los consumidores a la hora de denunciar un hecho o recurrir a un arbitraje de consumo por vía amistosa es que se producía una alteración y se te reconocía, pero el derecho a la indemnización no se contemplaba; en este nuevo texto se habla ya de reposición de situación alterada o indemnización de daños y perjuicios y ahí sí que ha habido un adelanto sustancial porque hasta ahora se te reconocía el dolo pero la vía indemnizatoria por perjuicio, no”. Esto suponía que para pedir una indemnización tenía que recurrirse a la vía judicial.

En este mismo sentido, en la presentación del texto, la consejera Portavoz señalaba que la reforma incorpora también un bloque de mejoras orientadas a reforzar la seguridad jurídica, mediante la eliminación de ambigüedades y la definición precisa de los conceptos que determinan cuándo existe una infracción. “Es importante destacar que ahora queda claramente definido qué es una infracción y qué sanción corresponde, lo que evita dudas en los tribunales y redunda en la protección de las personas consumidoras”.

Según el Gobierno,  el texto regional va más allá de la regulación estatal concretamente expresiones como “falta de información suficiente” o “atención insuficiente”, conceptos que pueden dar lugar a dudas cuando se produce un conflicto. “¿Qué es información suficiente? ¿Cuándo se considera que una atención ha sido deficiente?”, señalaba la Ester Padilla tras la aprobación, pero con esta reforma se elimina esa subjetividad. Para ello, se detallan casos concretos como no entregar hojas de reclamaciones, no dar un presupuesto por escrito, retrasos injustificados en reparaciones, cancelaciones sin previo aviso o negativas a gestionar garantías. “Son situaciones que todas y todos conocemos, y recogerlas expresamente garantiza mayor protección y permite sancionar con rapidez”, afirmaba.

14 enmiendas aprobadas

El texto de la modificación de la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha llegará al Cortes regionales con 14 enmiendas aprobadas, 8 de ellas transadas entre PSOE, PP y Vox, pero deja fuera la regulación de la publicidad sanitaria que reclaman los 'populares'. Tras pasar por la Comisión de Sanidad el pasado marzo rechazaron 13 enmiendas de Vox y cuatro del PP, y se aprobaron las cinco del PSOE, una de ellas transada.

La enmienda del PP, según explicaba su portavoz, Juan Antonio Moreno Moya, exigía garantizar en la región una publicidad sanitaria “veraz”, información sobre los tratamientos y precios de esas prestaciones y que la administración refuerce el control sobre prácticas engañosas.

Entre las mejoras al texto, el PP también proponía que las entidades que operen en Castilla-La Mancha garanticen mecanismos accesibles de información a las personas consumidoras sobre la cesión de sus créditos cuando esta afecte directamente a la gestión ordinaria del contrato o a los canales de interlocución existentes.

De las 14 mejoras enmiendas propuesta por Vox tan solo prosperaba una, que ha sido transada. El resto, se mantiene 'vivas' para su debate en pleno.

Una de las enmiendas rechazadas, Vox pedía evitar que se eliminase la obligación de generalmente una entidad bancaria o un fondo, de informar al consumidor deudor cuando un acreedor, generalmente una entidad bancaria o un fondo, cede el crédito, denunciando que el Gobierno regional, que se apoya en posibles conflictos competenciales y su encaje con la normativa europea, “deja al consumidor desamparado”.

El paciente esperaba por una colonoscopia calificada como “preferente” desde febrero de 2023, pero el Hospital Universitario de Canarias (HUC), el de referencia para la población del norte de Tenerife, no le dio cita para esta prueba hasta noviembre, nueve meses después. Para entonces, el cáncer diagnosticado (adecarcinoma) ya se había extendido por metástasis a otros órganos vitales y sólo cabía aplicar cuidados paliativos. Murió a los tres meses, en febrero de 2024. 

Ante la reclamación patrimonial formulada por la familia del fallecido, el Servicio Canario de Salud (SCS) admitió parte de responsabilidad por el retraso injustificado en la prueba diagnóstica, pero no toda. La administración planteó “la concurrencia de cierto grado de autoría del propio paciente” porque “existió cierta pasividad al no advertir de tal retraso ni reclamar su pronta realización”. 

La Consejería de Sanidad pretendía corresponsabilizar al paciente del retraso para tratar de reducir la cuantía de la indemnización que debe pagar a la familia por los daños morales infligidos.

En un dictamen firmado a finales de marzo, el Consejo Consultivo de Canarias, órgano encargado de velar por la legalidad de las decisiones de las administraciones públicas de las Islas, rechaza los argumentos de Sanidad, a quien atribuye la responsabilidad exclusiva de la “pérdida de oportunidad” que sufrió el paciente debido al diagnóstico tardío.

“No cabe sostener” que la respuesta a la urgencia de esa prueba diagnóstica requiriera “un impulso por parte del paciente”, concluye el Consultivo. Al contrario, su necesidad era “apremiante” desde febrero de 2023, desde que se conoció el resultado positivo de la prueba de sangre en heces que había pedido días antes su médico de atención primaria. La prueba fue solicitada el 10 de febrero de 2023. La colonoscopia se practicó el 7 de noviembre. El paciente murió el 8 de febrero de 2024.

Los informes

El propio Servicio Canario de Salud (SCS), a través del Servicio de Inspección y Prestaciones (SIP), admitió que esa “demora prolongada” había favorecido “la progresión tumoral”.

En el informe remitido al Consultivo, el SIP estimaba que en enero de 2023 el tumor ya existía, al menos, en un estadio dos. De haber actuado con la celeridad debida, las posibilidades de supervivencia del paciente habrían sido “sustancialmente mayores”.

La Consejería de Sanidad cuantificaba la “pérdida de oportunidad” para el paciente en un 60%: de un 75% de posibilidades de supervivencia a cinco años en un estadio dos (enero) a un 15% cuando fue diagnosticado (noviembre) en un estadio cuatro (metástasis).

La familia, por su parte, presentó su propio informe pericial, que concluía que el intervalo prudente entre el positivo en la prueba de sangre en heces y la colonoscopia no debió superar el mes o los dos meses. Cuando se realizó, nueve meses después, el paciente “ya presentaba anemia, síndrome constitucional (cansancio, pérdida de apetito y adelgazamiento involuntario), diarreas con nocturnidad y tenesmo”, hallándose en esa prueba diagnóstica “un adecarcinoma rectal avanzado y limitándose las opciones a quimioterapia paliativa con una supervivencia de sólo tres meses desde el diagnóstico efectivo”.

Esta demora asistencial provocó, en opinión del doctor que firma ese informe pericial, “una flagrante pérdida de oportunidad terapéutica”.

La indemnización

En este procedimiento de responsabilidad patrimonial, el Servicio Canario de Salud no ha discutido la existencia del daño ni la legitimidad de los reclamantes (la madre y los tres hermanos del fallecido). Ni siquiera ha cuestionado el importe reclamado por los interesados (95.750,16 euros para la madre y 18.532, 29 para cada hermano).

Lo que pretendía era eludir el pago íntegro de la indemnización descargando parte de la responsabilidad en el propio paciente. A juicio de la administración, este “debió informar al médico de cualquier cambio o empeoramiento en su condición”.

El informe del servicio de Inspecciones y Prestaciones recoge el siguiente tenor literal: “Desde febrero de 2023 hasta el 19 de octubre de 2023 no fue solicitada al servicio sanitario otra atención, ni al médico de familia ni a un servicio de urgencias. Ello pudo contribuir al retraso diagnóstico. Si el paciente no informa de los cambios en sus síntomas, el médico no está al tanto de la verdadera situación a fin de acelerar o no la obtención de un diagnóstico y tratamiento”.

A juicio de Sanidad, “esto tiene una indudable influencia en el resultado final”, puesto que “si bien en modo alguno excluye la responsabilidad del SCS en los hechos, la propia conducta del paciente permite modular los daños causados”. “Estaríamos hablando, por tanto, de una responsabilidad compartida”, concluye.

El Consejo Consultivo rechaza de forma tajante esta interpretación de la Consejería de Sanidad. El retraso diagnóstico no proviene de esa supuesta “pasividad” del paciente, sino del retraso en la realización de una prueba solicitada con carácter preferente. No era necesario que el pacientela impulsada ni tampoco una progresión en los síntomas. “Con o sin dolor abdominal, expresamente manifestado o no por el paciente, la urgencia en la realización de la colonoscopia mantuvo siempre su imperiosidad, su necesidad apremiante por sí misma, tan sólo a partir del resultado positivo de la prueba de sangre en heces”.

Y advierte además el órgano consultivo que lo dicho por la Consejería de Sanidad no es cierto. El SCS obvió en su informe que el paciente sí requiriró entre febrero y octubre de asistencia sanitaria. En concreto, en mayo acudió a su médico de familia, según refleja su historia clínica. No consta que en esa conculsta el facultativo “se hubiera interesado” por la prueba diagnóstico“ y menos aún que, ”advertido el retraso, la reiterara con carácter urgente“.

Por todo ello, niega la existencia de “corresponsabilidad alguna del paciente” en el retraso de la prueba, que es achacable en exclusiva al SCS. El Consultivo remarca que el daño indemnizable no es “el resultado final” (en este caso, el fallecimiento), sino “la probabilidad frustrada de haber alcanzado un resultado clínico más favorable por falta de diligencia en la actuación asistencial”.

En este caso, “el retraso injustificado” en la colonoscopia “privó al paciente de la oportunidad real de recibir un diagnóstico precoz y, con ello, un tratamiento con finalidad curativa o, al menos, con mayores probabilidades de prolongar su supervivencia y conservar su calidad de vida”.

El Consultivo fija la indemnización en la cuantía resultante de aplicar un 60% (pérdida de oportunidad) a las cantidades reclamadas por la familia. Es decir, 57.450,1 euros para la madre y 11.119,37 para cada hermano. En total, 90.808,22 euros.

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) registra los peores tiempos de respuesta para pruebas diagnósticas de los principales centros sanitarios del Archipiélago. Los últimos datos publicados revelan cifras alarmantes, como una espera media de 540 días (un año y medio) para una endoscopia, 183 para una ecografía o 158 para un escáner. Además, lidera las demoras en consultas externas, con más de 42.000 pacientes en lista de espera. 

La Consejería de Sanidad difundió el pasado 30 de marzo un comunicado en el que señalaba que a lo largo de 2025 citó a un total de 291.088 personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años para participar en el Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Colon y Recto de Canarias y que acudieron a la consulta un 38%.

Mari Carmen y Juan esperaban disfrutar de una segunda luna de miel con su jubilación. Con sus dos hijas adultas y completamente independizadas, no había nada que les hiciera pensar que no podría ser así. Pero una intervención médica innecesaria y de cuyos riesgos y alternativas no fue informada cambió el destino de la mujer y su familia. Un juzgado ha condenado a la aseguradora del Servicio Madrileño de Salud a indemnizar a esta paciente con 820.000 euros, en una sentencia que está recurrida ante la Audiencia Provincial.

Los hechos se remontan a 2022, cuando Mari Carmen tuvo un susto de salud: un problema pulmonar, que se resolvió satisfactoriamente tras unas semanas de ingreso en el hospital de Móstoles. En una de las pruebas que le realizaron en este centro, los sanitarios encontraron un aneurisma sacular, una pequeña protuberancia de una arteria cerebral, que no tenía nada que ver con su dolencia.

“Cuando se recuperó y le dieron el alta, la derivaron al hospital de Puerta de Hierro, para que le vieran el aneurisma”, relata su hija Vanesa. Ahí empezó su calvario, que ha dejado a la mujer, que tiene ahora 69 años, con una discapacidad grave, problemas cognitivos y totalmente dependiente. “Nos dijeron que [si no se operaba] le podía dar un infarto cerebral y que [la intervención] era muy sencilla, que se hacían muchas. Un día de UCI y a casa. Nos lo puso tan fácil como sacarle una muela”, recuerda Juan, su marido.

Esa operación, a la que Mari Carmen accedió creyendo que era como sacarse un diente, derivó en un ictus durante el postoperatorio, que la ha dejado postrada y con secuelas de por vida. “Ahora depende para todo de mi padre”, lamenta Vanesa. La mujer duerme en un sillón para evitar los dolores. Y en la butaca de al lado, su marido, que no quiere dejarla sola.

La familia decidió ponerse en contacto con la asociación Defensor del Paciente, que ha pilotado el caso, después de que una médica amiga y hasta el de cabecera de la mujer les dijeran que había “algo raro” en el procedimiento médico. “Le llevo toda la documentación a Álvaro [Sardinero, el abogado] y unos días después me llama para hablar, tras ponerse en contacto con un perito”, continúa la hija de Mari Carmen. De aquella conversación la familia sale con dos ideas claras: “Es un aneurisma que no se opera y, además, no aparece la autorización de la intervención”, que es obligatoria porque implica que se ha informado a la paciente.

Con estos datos, deciden iniciar una vía legal para que se reconozca la negligencia y se indemnice a la mujer. En julio de 2025, el juzgado de 1ª Instancia número 51 de Madrid condena a Relyens, la aseguradora del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a indemnizar a Mari Carmen por los daños ocasionados y las secuelas que padece con la cantidad de 821.166,96 euros.

La sentencia, recurrida ante la Audiencia Provincial por la reaseguradora, señala que “no existe prueba que acredite que a la paciente se le informó de las alternativas terapéuticas ni tampoco del riesgo que conllevaba la intervención”. Y, como recuerda el propio texto, “toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado”, que deberá prestarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, entre otras.

El magistrado considera que “la falta de información a la paciente (...) causa, además, un daño efectivo y real como consecuencia de la cristalización del citado riesgo, por cuanto la actora se vio privada de la posibilidad u oportunidad de ponderar la conveniencia de sustraerse a la operación evitando sus riesgos, máxime cuando existe controversia sobre la necesidad de haberse operado”.

La sentencia va más allá de esa controversia, al señalar que “en este caso también ha quedado acreditada la mala praxis, no en la operación, sino en la decisión de acometerla”. Se basa, principalmente, en la información aportada en el informe pericial judicial, a partir de las pruebas aportadas al caso, que muestran un aneurisma con diámetros aproximados de 3x4 milímetros, que además no había mostrado síntomas.

El informe pericial señala que los aneurismas menores de 10 milímetros en pacientes asintomáticos no requieren tratamiento inmediato, pero deben ser monitorizados ante posibles crecimientos. Algo que, en el caso de Mari Carmen no ocurrió, al ser directamente intervenida. De hecho, el Estudio Internacional de Aneurismas Intracraneales No Rotos —ISUIA, por sus siglas en inglés— señala que el riesgo de rotura en aneurismas de menos de 7 milímetros en esa zona es del 0% a los cinco años.

Un contrato de 35 millones de euros

La demanda, como indican desde el Sermas, es una acción directa en la vía civil contra la compañía aseguradora Relyens, como se prevé en la Ley de Seguros. Esta redacción se ha puesto en contacto con Relyens, para conocer los motivos del recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial, pero desde la compañía han declinado responder a las preguntas de este medio.

Esta empresa se encarga de cubrir las indemnizaciones derivadas de casos como estos y en ella lleva confiando la Comunidad de Madrid durante años. El presupuesto de la última licitación del servicio de póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Servicio Madrileño de Salud ascendió a un total de 35 millones de euros por dos años. Pero la colaboración se alarga más allá. De hecho, la mutua, antes denominada Sham, lleva encadenando contratos millonarios para la cobertura de las responsabilidades derivadas de los profesionales y los centros sanitarios de la Comunidad desde 2016.

Según ha publicado la propia compañía, el Grupo, que desarrolla su actividad en España, Francia, Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, recibió 1.160 millones de euros en primas en 2024, los últimos datos disponibles. Esto supone un aumento del 7,3% respecto a 2023 y un volumen de negocio de 674 millones, un 6,9% más.

Mientras tanto, en casa de Mari Carmen han tenido que ajustarse también en lo económico. En la hoja de nuevos gastos suma terapias, rehabilitación y cremas, entre otras partidas, a cargo de una pensión “mileurista” y de las aportaciones de Susana, la otra hija del matrimonio, quien, “económicamente, es la que puede ayudar”, lamenta su hermana, que en este momento se encuentra de baja.

Por eso, aunque la indemnización no va a devolver a la mujer a su estado de salud previo sí puede facilitar su día a día, darle acceso a terapias sin mirar la factura o acceder a un coche mejor, para que se traslade de forma más cómoda a las consultas y las sesiones de rehabilitación. “Estamos esperando a que la Audiencia Provincial nos dé la razón, pero un juez de primera instancia ya nos la ha dado”, reivindica Vanesa.

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, òrgan assessor en matèria jurídica, tanca la porta a indemnitzar les víctimes de la dana fins que acabe el procediment judicial. L’òrgan estatutari, que ja va desestimar la responsabilitat patrimonial dels ajuntaments, planteja en un segon dictamen que la Generalitat Valenciana espere que concloga la investigació per a indemnitzar els afectats.

El dictamen, avançat per Las Provincias i a què ha tingut accés elDiario.es, es fa arran d’un procediment instruït per l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (Avsre). En aquest, un ciutadà es dirigeix a l’Administració autonòmica i sol·licita que se l’indemnitze amb la quantitat de 49.000 euros “pels danys morals i psicològics patits a conseqüència de les pèrdues materials ocasionades per la inundació del seu habitatge situat en una planta baixa” en una localitat travessada pel barranc de Poio.

El ple de l’òrgan consultiu recomana a l’Administració autonòmica parar el procés fins a la finalització de les actuacions penals, que es dirimeixen en el Jutjat d’Instrucció de Catarroja, que investiga la cúpula d’Emergències del Govern valencià en actiu l’octubre del 2024. Considera l’òrgan jurídic que “l’Administració ha de valorar la suspensió del procediment administratiu per a evitar conclusions contradictòries i garantir la coherència de l’ordenament”, atés que s’investiga l’actuació de responsables de la Generalitat Valenciana. “L’Administració autonòmica ha d’evitar pronunciar-se anticipadament sobre els mateixos fets, perquè això podria comprometre la coherència del sistema i vulnerar el principi de seguretat jurídica”, apunta el dictamen. El CJC creu que resoldre la qüestió abans que es practiquen les diligències i les proves pericials seria fer-ho sobre “una base fàctica provisional i incompleta”.

“La pràctica de diligències d’investigació, pericials tècniques, informes meteorològics especialitzats i l’eventual determinació de fallades estructurals del servei públic proporcionen un marc fàctic que resulta imprescindible per a valorar si va haver-hi o no un funcionament normal o anormal per part de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, en definitiva, de l’Administració autonòmica”, assenyala el dictamen, emés el desembre passat. Així doncs, raonen, “la fixació judicial de la seqüència d’esdeveniments, l’apreciació de la relació causal entre l’actuació de les autoritats o càrrecs públics i els danys produïts, o la delimitació de les competències i els deures d’actuació davant episodis meteorològics adversos poden constituir elements d’indubtable transcendència per a determinar si hi concorre o no funcionament anormal del servei públic autonòmic en matèria de protecció civil i emergències”.

Els dictàmens no són vinculants, però funcionen com una brúixola en l’àmbit jurídic i poden emprar-se en processos judicials. Segons va informar Las Provincias, cal esperar que l’executiu de Juan Francisco Pérez Llorca estime la recomanació del CJC i espere que concloga la investigació abans d’abonar les indemnitzacions per responsabilitat patrimonial.

L’òrgan assessor ja va desestimar anteriorment la responsabilitat patrimonial dels ajuntaments per la dana, analitzant el cas d’una veïna de Paiporta que va assenyalar el consistori i l’alcaldessa pels danys patits.

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, órgano asesor en materia jurídica, cierra la puerta a indemnizar a las víctimas de la dana hasta que termine el procedimiento judicial. El órgano estatutario, que ya desestimó la responsabilidad patrimonial de los ayuntamientos, plantea en un segundo dictamen que la Generalitat Valenciana espere a que concluya la investigación para indeminizar a los afectados.

El dictamen, adelantado por Las Provincias y al que ha tenido acceso elDiario.es, se realiza a raíz de un procedimiento instruido por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). En él, un ciudadano se dirige a la Administración autonómica y solicita que se le indemnice con la cantidad de 49.000 euros, “por los daños morales y psicológicos sufridos como consecuencia de las pérdidas materiales ocasionadas por la inundación de su vivienda ubicada en una planta baja” en una localidad atravesada por el barranco del Poyo.

El Pleno del órgano consultivo recomienda a la Administración autonómica detener el proceso hasta la finalización de las actuaciones penales, que se dirimen en el juzgado de instrucción de Catarroja, que investiga a la cúpula de Emergencias del Gobierno valenciano en activo en octubre del 2024. Considera el órgano jurídico que “la Administración debe valorar la suspensión del procedimiento administrativo para evitar conclusiones contradictorias y garantizar la coherencia del ordenamiento”, dado que se investiga la actuación de responsables de la Generalitat Valenciana. “La Administración autonómica debe evitar pronunciarse anticipadamente sobre los mismos hechos, pues ello podría comprometer la coherencia del sistema y vulnerar el principio de seguridad jurídica”, apunta el dictamen. El CJC cree que resolver la cuestión antes de que se practiquen las diligencias y pruebas periciales sería hacerlo sobre “una base fáctica provisional e incompleta”.

“La práctica de diligencias de investigación, periciales técnicas, informes meteorológicos especializados y la eventual determinación de fallos estructurales del servicio público proporcionan un marco fáctico que resulta imprescindible para valorar si existió o no un funcionamiento normal o anormal por parte de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, en definitiva, de la Administración autonómica”, señala el dictamen, emitido el pasado diciembre. Así, razonan, “la fijación judicial de la secuencia de acontecimientos, la apreciación de la relación causal entre la actuación de las autoridades o cargos públicos y los daños producidos, o la delimitación de las competencias y deberes de actuación ante episodios meteorológicos adversos pueden constituir elementos de indudable trascendencia para determinar si concurre o no funcionamiento anormal del servicio público autonómico en materia de protección civil y emergencias”.

Los dictámenes no son vinculantes, pero funcionan como una brújula a nivel jurídico y pueden emplearse en procesos judiciales. Según informó Las Provincias, cabe esperar que el Ejecutivo de Juan Francisco Pérez Llorca estime la recomendación del CJC y espere a que concluya la investigación antes de abonar las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial.

El órgano asesor ya desestimó anteriormente la responsabilidad patrimonial de los ayuntamientos por la dana, analizando el caso de una vecina de Paiporta que señaló al consistorio y a la alcaldesa por los daños sufridos.

El Congreso ha convalidado este jueves el Real Decreto-ley que regula las indemnizaciones a las víctimas o sus familiares que fallecieron o padecen lesiones incapacitantes debido a su lucha por la democracia en el tardofranquismo y la Transición. El texto, que ha contado con el apoyo en contra del Partido Popular y Vox y la abstención de Junts, reforma la Ley de Memoria Democrática para ampliar el margen temporal que ya estaba previsto en la anterior ley, la de 2007, que reconoció estas reparaciones hasta el 31 de diciembre de 1977. La idea inicial del Real Decreto era alargar la fecha un año más, hasta diciembre de 1978, pero un acuerdo alcanzado este jueves entre el Gobierno y ERC hará que el periodo se amplíe todavía más, hasta 1983, según confirman ambas partes.

El decreto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de marzo, será ahora tramitado en el Congreso en forma de proyecto de ley para seguir debatiendo las exigencias de las formaciones de izquierdas como ERC, Bildu o Podemos, que han coincidido en reclamar la extensión temporal de la medida. Y eso porque 1983 es el límite que deja establecida la propia Ley de Memoria Democrática al reconocer las vulneraciones de derechos humanos que se produjeron contra personas que peleaban “por la consolidación de la democracia”.

La reforma legal reconoce “el derecho a una indemnización” de 250.000 euros a los familiares de quienes fallecieron desde el 1 de enero de 1968 “en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos”, no pudiendo recibirlas aquellos que hubieran pertenecido a bandas o grupos armados terroristas. Para aquellas personas que fueron heridas y que hoy tienen reconocida una incapacidad por ese motivo, se recogen dos tipos de ayudas: una de 180.000 euros para quienes tienen incapacidad permanente absoluta y de 500.000 euros para los que tienen gran incapacidad.

En la práctica, estas cantidades son las que ya se reconocen para víctimas del terrorismo, según la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que incluye otros dos supuestos de incapacidad –total y parcial– no reconocidos en esta. Las víctimas del tardofranquismo no podrán recibir el pago si ya han recibido alguna otra compensación económica por los mismos hechos, aunque si es menor, podrá actualizarse y compensarse.

De esta forma se amplía el límite temporal y se actualizan las cantidades que ya puso en marcha la Ley de Memoria Histórica de 2007 en su momento y que iba desde el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977. El nuevo texto reconoce que aquellas víctimas que hubieran recibido estas indemnizaciones entonces, pueden solicitar ahora una compensación por la diferencia. “El tiempo ha demostrado que el régimen de compensaciones de 2007 era insuficiente. No estamos hablando de números, sino de personas afectadas o sus familiares si es que han fallecido, de vidas truncadas y de sufimiento sin fin”, ha señalado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

“Tenemos una deuda con estas personas que dejaron su vida, su integridad física o los mejores años de sus vidas. Debemos reconocer el esfuerzo de los ciudadanos y ciudadanas que pelearon para que hoy disfrutemos de un sistema democrático habiendo dejado atrás la ignominia franquista”, ha apuntado Torres, que aunque ha reconocido que “desde el punto de vista económico” esa deuda “es impagable”, la intención es saldarla en la medida de lo posible mediante las indemnizaciones que regula el decreto.

El Gobierno dio luz verde a este Real Decreto al calor de las reclamaciones de las hermanas de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista malagueño muerto de un disparo de la Policía durante la manifestación por la autonomía plena andaluza del 4 de diciembre de 1977. Varios portavoces andaluces de los partidos que han apoyado el texto han recordado el asesinato del joven y han rememorado las historias de otras tantas víctimas, en su mayoría asesinadas por actuaciones policiales durante la Transición, en huelgas, movilizaciones o protestas de díversa índole.

En este sentido, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha avanzado que el Gobierno ha recibido ya medio centenera de solicitudes desde la entrada en vigor del Real Decreto y ha aceptado 15, entre ellas la de García Caparrós. También la de Víctor Manuel Pérez, que con 23 años fue asesinado de dos disparos por la espalda en Portugalete “por el mero hecho de repartir octavillas de una huelga”, o la de Amador Rey, que en marzo de 1972 “dejó viuda y tres hijos” tras ser asesinado por la policía franquista durante una huelga en Ferrol. Además, se ha aceptado la solicitud de la familia de Ángel Almazán, que murió en el hospital en 1976 por “los culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación”, ha apuntado Ángel Víctor Torres.

Una “aberración histórica”

Las formaciones políticas que han apoyado el Real Decreto han aplaudido la nueva medida, pero han coincidido en calificarla de “insuficiente”, sobre todo en lo que respecta al margen temporal que contempla el texto tal cual salió del Consejo de Ministros. “Sigue sin reconocer a todas las víctimas”, ha señalado la diputada de Bildu Isabel Pozueta, una petición que también han reclamado desde Podemos, el BNG o ERC. La formación catalana ha llegado a un acuerdo con el PSOE para “corregir” algunos puntos de la norma, según ha dicho durante el debate en el pleno el diputado Francesc Marc Álvaro Vidal y han confirmado ambas partes.

“Señor ministro, hay que hacer una revisión de los requisitos de acceso e hilar mucho más fino para evitar exclusiones injustificadas de víctimas. Los criterios tienen que estar clarísimos”, ha afirmado el parlamentario. Según han trasladado fuentes de ERC, el acuerdo con el Gobierno también pasa por la ampliación del plazo para presentar las solicitudes hasta los tres años desde la entrada en vigor del decreto frente al año contemplado ahora y la garantía de que casos como el de Salvador Puig Antich, ejecutado por el régimen franquista en 1974, también sean amparados.

Como es habitual en las medidas que tienen que ver con la memoria democrática, PP y Vox han cargado contra el Gobierno y el texto calificándolo de “despropósito jurídico y aberración histórica”, en palabras del diputado popular Pedro Muñoz Abrines. Tras denunciar “fraude procedimental” del Ejecutivo por reformar la Ley de Memoria Democrática vía Real Decreto, lo que a su juicio no se justifica por razones de urgencia, el parlamentario ha cuestionado el espíritu de la norma al defender que a partir de las elecciones de 1977 “nadie puede defender que no había democracia ni libertad” porque entonces “no existía Franco ni la dictadura”.

Más lejos ha ido Ignacio Hoces, de Vox, que ha asegurado que la oposición antifranquista “no luchaba por la democracia liberal” sino que partidos como el PSOE o el Partido Comunista “eran revolucionarios marxistas” y fueron “instrumentos de la ideología más totalitaria que ha visto Europa en el siglo XX”. Hoces ha nombrado el Real Decreto como un “nuevo episodio de la mentira histórica” de “la ziquierda y los separatistas” y ha vuelto a poner sobre la mesa a la banda terrorista ETA para justificar su oposición, algo que también ha hecho el representante del PP. “Olvidan lo de ayer pero recuerdan lo de hace 90 años. Son crueles con las víctimas de hoy”, ha sostenido.

El Gobierno andaluz ha recuperado 685 millones de euros en remanentes de tesorería que dejó sin gastar en los Presupuestos de 2024 y 2025 para destinarlo a ayudas directas a los agricultores y ganaderos más afectados por las borrascas que azotaron la comunidad a finales de enero. El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una modificación presupuestaria, echando mano del superávit de los dos últimos ejercicios, previa autorización del Ministerio de Hacienda.

La partida se desglosa en tres líneas principales: 500 millones de euros para explotaciones agrícolas en zonas gravemente inundadas; 110 millones para agricultores fuera de las zonas delimitadas o con pérdidas de especial intensidad por viento y desbordamientos y 75 millones destinados a la ganadería extensiva para compensar la pérdida de renta y daños estructurales.

La movilización de todo este dinero se enmarca en el llamado Plan Actúa, que el presidente Juan Manuel Moreno cifró en 1.780 millones para obras de reconstrucción y ayudas directas (no préstamos) a los afectados, para el campo andaluz, autónomos y pymes. La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, ha cifrado en 1.410 millones el dinero que ya se ha movilizado, y ha añadido que “el resto lo iremos activando conforme lo vayamos necesitando”.

El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado que su departamento trabaja con “dos cronogramas” para los afectados por la borrasca, una para las ayudas directas y otra para la contratación de obras de emergencia. La concesión definitiva de estas ayudas llegará a los agricultores y ganaderos que lo soliciten el próximo 1 de julio. La orden de ayudas saldrá publicada en el BOJA el 1 de abril, el plazo para solicitarlas se abrirá el día 17; el 5 de junio saldrá la concesión provisional y a primeros de julio llegará el dinero a los afectados, según el calendario de la Junta.

Ayudas de 800 a 15.000 euros por hectárea

El máximo de las ayudas directas a los agricultores será de 150.000 euros, aunque éstas dependerán del número de hectáreas afectadas que acrediten. Si hubiese más solicitudes que presupuesto, se prorratearán, explican fuentes de la consejería. El importe de las ayudas oscila en función del tipo de daño, si está en “capa de inundación” -la cosecha totalmente inundada- o fuera de ella.

Las primeras, las más cuantiosas, se rigen por el reglamento de exenciones y van de 800 euros por hectárea (herbáceos de secano) a 15.000 euros por hectárea (invernaderos y túneles). Las segundas se calculan “en base a un informe particular”, y la cuantía depende si tienen seguro (un 80% de la ayuda) o si no lo tiene (un 40%). Aquí, el derrumbe de un invernadero puede alcanzar ayudas de hasta 200.000 euros son seguro. En cuanto a las ayudas a ganaderos, estas oscilan entre los 100 euros por rumiante y porcino; y los 20 euros en apicultura.

El departamento de Fernández-Pacheco también ha destinado una partida de 16,6 millones de euros para ayudas directas a paliar las consecuencias de la borrasca en el sector pesquero, que estuvo varios días amarrado a causa del temporal.

El pasado febrero, la Junta de Andalucía solicitó formalmente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, permiso para poder usar el superávit de los ejercicios 2024 y 2025 a reparar los cuantiosos daños de la borrasca, y flexibilidad en la regla de gasto, para que esa inversión sobrevenida no computase en la deuda pública andaluza, como concedió el Gobierno de España a Canarias tras el volcán de La Palma.

El remanente de 2024 ascendía a 1.158 millones de euros, proveniente de una reprogramación de fondos europeos, pero el superávit de 2025 se desconocía en ese momento, porque aún no estaba cerrado el ejercicio presupuestario. El Ministerio prevé hacerlo en los próximos días, que rondará los 400 millones, según estimación de la Junta.

L'Audiència Provincial de Balears ha confirmat la pena imposada al propietari d'un pitbull que va atacar un altre gos a la via pública, ocasionant-li la mort. La sentència avala la indemnització de 3.100 euros que un Jutjat de Palma el va condemnar a pagar per danys morals a la propietària de l'animal mort.

El succés es remunta al 7 de novembre de 2022, quan la dona, de 80 anys, passejava amb el seu gos per la plaça de la localitat mallorquina de Campos. En aquell moment, el pitbull es va apropar a ells i es va abalançar sobre l'altre animal, que no va poder sobreviure a les lesions sofertes. La sentència, a la qual ha tingut accés elDiario.es, considera provat que el pitbull deambulava “sense persona que el controlés i sense morrissió”, cosa que considera una acció “imprudent” perquè, subratllen els magistrats, es tracta d'una raça que “notoriament es considera com a potencialment perillosa”.

A partir d'aquests fets, l'Audiència aplica el principi de responsabilitat objectiva recollit en l'article 1905 del Códi Civil, que obliga el propietari d'un animal a respondre pels danys que aquest causi, fins i tot encara que no hi hagi culpa directa. El tribunal descarta, a més, qualsevol tipus de negligència per part de la demandant. La dona va al·legar que no té fills i que vivia sola, per la qual cosa la mascota, a la qual tenia des de feia 13 anys, li feia “molta companyia”. Per a ella era, com va explicar davant el jutge, com “un germà i un amic”.

En la seva demanda, la propietària del gos mort reclamava una indemnització total de 10.535 euros pels danys morals derivats de la seva pèrdua, emparant-se en el fort vincle afectiu que mantenia amb la seva mascota i en l'impacte emocional sofert després de presenciar l'atac, si bé el Jutjat de primera instància va estimar la demanda només parcialment i va fixar la compensació en 3.100 euros, xifra que ara ha confirmat l'Audiència Provincial amb la seva resolució, datada el mes de gener passat.

Per la seva banda, el demandat va al·legar que el succés va tenir lloc a causa d'un despistament del seu fill menor, llavors de tres anys, qui va entrar a la vivenda després de jugar a la plaça, cosa que el gos va aprofitar per sortir de la vivenda. El propietari del pitbull va arribar a argumentar que no estava acreditat que el gos mort pertanyés a la dona.

L'Audiència rebutja aquests arguments i assevera que “no existeix el menor indici” que l'animal fos d'una altra persona. Les possibles irregularitats en la documentació -com la manca de firma veterinària a la cartilla del gos o les discrepàncies sobre la raça- són considerades “totalment irrellevants”, enfront d'altres elements probatoris com el reconeixement dels fets pel propi demandat o les diligències efectuades en el seu moment per la Policia Local.la possibilitat de comprar l'actora un gos de semblants característiques.

Un altre dels punts clau de la sentència rau en la quantificació de la indemnització. En aquest sentit, els magistrats tenen en compte que la demandant vivia sola i que el seu gos era la seva principal companyia, a més que “va presenciar directament com el gos […] matava en plena plaça pública” el seu gos, cosa que li va causar una “l'gica impressió molt desagradable i de perill”. Tot i que no es va acreditar l'existència de tractament psicològic o mèdic, la Sala considera proporcionada la indemnització fixada en primera instància.

La fallada s'emmarca en una línia jurisprudencial que amplía el reconeixement del dany moral en casos relacionats amb animals de companyia, atenent no només el seu valor econòmic, sinó també el víncul afectiu amb els seus propietaris.

Així mateix, emparant-se en la doctrina establerta en aquest sentit pel Tribunal Suprem, el tribunal defineix el dany moral com un “patiment o patiment psíquic” que pot manifestar-se en situacions de “zozobra, ansietat, angoixa, incertesa, impacte, quebrantament i altres situacions similars”. Així mateix, insisteix que la valoració dels danys morals “no pot obtenir-se d'una prova objectiva”, cosa que no impedeix als tribunals fixar la seva quantificació en funció de les circumstàncies del cas.

La Sala desestima així els al·legats del propietari del pitbull, que sostenia que els 3.100 euros fixats per dany moral eren excessius atès que no s'havia acreditat suficientment el perjudici sofert. La Sala, no obstant això, recolza plenament la valoració del Jutjat que el va condemnar i recorda que el dany moral constitueix una “noció dificultosa” la acreditació de la qual no sempre pot basar-se en proves objectives.

Segons va publicar després dels fets Diario de Mallorca, el propietari amdel pitbull de Campos havia estat denunciat tres vegades amb anterioritat per deixar al seu gos solt pel carrer. La mort del collie mestís va provocar la indignació de nombrosos veïns.

Tot i que la sentència subratlla que el pitbull és una raça “notoriament considerada com a potencialment perillosa”, diferents investigacions especialitzades com les de Applied Animal Behaviour Science o informes d'entitats com la American Veterinary Medical Association coincideixen a assenyalar que l'agressivitat d'un gos no depèn tant de la seva raça com de factors com la socialització, l'educació o l'entorn.

La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la pena impuesta al propietario de un pitbull que atacó a otro perro en la vía pública, ocasionándole su muerte. La sentencia avala la indemnización de 3.100 euros que un Juzgado de Palma le condenó a pagar por daños morales a la dueña del animal fallecido.

El suceso se remonta al 7 de noviembre de 2022, cuando la mujer, de 80 años, paseaba con su can por la plaza de la localidad mallorquina de Campos. En ese momento, el pitbull se aproximó a ellos y se abalanzó sobre el otro animal, que no pudo sobrevivir a las lesiones sufridas. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, considera probado que el pitbull deambulaba “sin persona que lo controlase y sin bozal”, lo que considera una acción “imprudente” por cuanto, subrayan los magistrados, se trata de una raza que a la que “notoriamente se le considera como potencialmente peligrosa”.

A partir de estos hechos, la Audiencia aplica el principio de responsabilidad objetiva recogido en el artículo 1905 del Código Civil, que obliga al propietario de un animal a responder por los daños que éste cause, incluso aunque no exista culpa directa. El tribunal descarta, además, cualquier tipo de negligencia por parte de la demandante. La mujer alegó que no tiene hijos y que vivía sola, por lo que la mascota, a la que tenía desde hacía 13 años, le hacía “mucha compañía”. Para ella era, como explicó ante el juez, como “un hermano y un amigo”.

En su demanda, la propietaria del perro fallecido reclamaba una indemnización total de 10.535 euros por los daños morales derivados de su pérdida, amparándose en el fuerte vínculo afectivo que mantenía con su mascota y en el impacto emocional sufrido tras presenciar el ataque, si bien el Juzgado de primera instancia estimó la demanda solo parcialmente y fijó la compensación en 3.100 euros, cifra que ahora ha confirmado la Audiencia Provincial con su resolución, fechada el pasado mes de enero.

Por su parte, el demandando alegó que el suceso tuvo lugar debido a un despiste de su hijo menor, entonces de tres años, quien entró en la vivienda tras jugar en la plaza, lo que el perro aprovechó para salir de la vivienda. El responsable del pitbull llegó a argumentar que no estaba acreditado que el perro fallecido perteneciera a la mujer.

La Audiencia rechaza tales argumentos y asevera que “no existe el menor indicio” de que el animal fuera de otra persona. Las posibles irregularidades en la documentación -como la falta de firma veterinaria en la cartilla del can o las discrepancias sobre la raza- son consideradas “totalmente irrelevantes”, frente a otros elementos probatorios como el reconocimiento de los hechos por el propio demandado o las diligencias efectuadas en su momento por la Policía Local.la posibilidad de comprar la actora un perro de parecidas características.

Otro de los puntos clave de la sentencia radica en la cuantificación de la indemnización. En este sentido, los magistrados tienen en cuenta que la demandante vivía sola y que su perro era su principal compañía, además de que “presenció directamente cómo el perro […] mataba en plena plaza pública” a su can, lo que le causó una “lógica impresión muy desagradable y de peligro”. Aunque no se acreditó la existencia de tratamiento psicológico o médico, la Sala considera proporcionada la indemnización fijada en primera instancia.

El fallo se enmarca en una línea jurisprudencial que amplía el reconocimiento del daño moral en casos relacionados con animales de compañía, atendiendo no solo a su valor económico, sino también al vínculo afectivo con sus propietarios.

Asimismo, amparándose en la doctrina establecida en este sentido por el Tribunal Supremo, el tribunal define el daño moral como un “sufrimiento o padecimiento psíquico” que puede manifestarse en situaciones de “zozobra, ansiedad, angustia, incertidumbre, impacto, quebranto y otras situaciones similares”. Asimismo, insiste en que la valoración de los daños morales “no puede obtenerse de una prueba objetiva”, lo que no impide a los tribunales fijar su cuantificación en función de las circunstancias del caso.

La Sala desestima así los alegatos del propietario del pitbull, que sostenía que los 3.100 euros fijados por daño moral eran excesivos dado que no se había acreditado suficientemente el perjuicio sufrido. La Sala, sin embargo, respalda plenamente la valoración del Juzgado que lo condenó y recuerda que el daño moral constituye una “noción dificultosa” cuya acreditación no siempre puede basarse en pruebas objetivas.

Según publicó tras los hechos Diario de Mallorca, el dueño del pitbull de Campos había sido denunciado tres veces con anterioridad por dejar a su perro suelto por la calle. La muerte del collie mestizo provocó la indignación de numerosos vecinos.

Aunque la sentencia subraya que el pitbull es una raza “notoriamente considerada como potencialmente peligrosa”, distintas investigaciones especializadas como las de Applied Animal Behaviour Science o informes de entidades como la American Veterinary Medical Association coinciden en señalar que la agresividad de un perro no depende tanto de su raza como de factores como la socialización, la educación o el entorno.

Un avión de la aerolínea de bajo coste Ryanair fue embargado el pasado día 9 debido al impago de una indemnización a una pasajera, según ha confirmado este miércoles el aeropuerto donde sucedió el incidente, y ratifica el protocolo judicial que publica un diario austríaco.

“Existía la correspondiente orden judicial. Nosotros llevamos al agente judicial hasta la aeronave. Allí realizó su acto oficial y, como se ha mencionado, colocó el sello de embargo (sobre el avión). Después, el avión despegó hacia Londres según lo previsto”, ha indicado a EFE Ingo Hagedorn, jefe de comunicación del aeropuerto de Linz, a unos 180 kilómetros de Viena.

El juzgado de la localidad de Traun, cercana a Linz, emitió un protocolo que certifica que “el 9 de marzo de 2026 se procedió al embargo judicial de: 1 avión de pasajeros de Ryanair, matrícula EI-EXE, modelo Boeing 737-8AS”, según publica el diario Oberösterreichischen Nachrichten, el más leído en la región de Alta Austria, de la que es capital Linz.

Ese medio señala que Ryanair tiene la opción de abonar los 890 euros que debe: 355 de la indemnización más los intereses y gastos asociados al proceso.

Si la compañía no paga, el aparato podría ser incluso subastado.

A preguntas de EFE sobre si la compañía planea saldar la deuda, Ryanair se ha limitado a contestar que ninguno de sus aviones ha sido embargado.

“Cualquier información que indique lo contrario sería objetivamente incorrecta”, ha señalado sin dar más explicaciones sobre lo ocurrido.

El embargo del avión se originó en una reclamación presentada por una mujer que debía viajar a Palma, capital de la isla española de Mallorca, en julio de 2024 junto a dos acompañantes y que, debido al retraso de más de diez horas, buscó un vuelo alternativo que pagó de su bolsillo.

Ryanair reembolsó el precio del billete original pero no los 250 euros de indemnización por estos casos ni los que corresponde a los pasajeros por este tipo de retrasos ni los 105 de más que costó el billete alternativo.

Un agente judicial que se personó en el aeropuerto de Linz trató incluso de cobrar la suma al piloto del avión, pero la tripulación no disponía de efectivo, ya que los pagos a bordo se realizan únicamente con tarjeta.

Como consecuencia, el funcionario judicial procedió al embargo formal del aparato, que no ha quedado de momento inmovilizado.

El Principado ha sido condenado por una contratación temporal “en fraude de ley”. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) así lo ha calificado en una sentencia donde declara el derecho a indemnización de una trabajadora que, tras más de 15 años de servicios en régimen de temporalidad, accedió finalmente a una plaza fija tras superar un proceso de estabilización.

La demandante, M.J.G.B., trabajadora de la red de Establecimientos Residenciales para Ancianos (Asturias), superó el proceso selectivo convocado para la provisión de 20 plazas de animadora sociocultural y el 14 de enero de 2025 suscribió un contrato laboral fijo a tiempo parcial.

Escrito de renuncia

La víspera presentó un escrito de renuncia al puesto que venía desempeñando en virtud de un contrato de duración determinada por obra o servicio suscrito el 30 de abril de 2009.

La trabajadora había participado en el proceso extraordinario de estabilización, lo superó y formalizó contrato fijo. Sin embargo, durante más de 15 años prestó servicios para el organismo público demandado en régimen de temporalidad, sin que la Administración promoviera en tiempo oportuno la cobertura reglamentaria de la plaza mediante oferta de empleo público.

La demanda

El abogado Adrián Pérez Suárez, de Efeso Abogados y letrado del Servicio Jurídico de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), integrado en Sindicatos Asturianos Independientes Federados (SAIF), interpuso una demanda, en nombre de la trabajadora, en materia de derechos y reclamación de cantidad contra ERA y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

En esta demanda, solicitaba que se procediera al abono de la indemnización equivalente a 20 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 12 mensualidades, por la extinción de la relación indefinida no fija; subsidiariamente al abono de 7.500 euros en concepto de sanción por el abuso y la vulneración del Derecho de la Unión Europea (UE) en materia de contratación temporal, con las consecuencias legales que derivasen de tal declaración.

El recurso de suplicación

El caso recayó en el Juzgado de lo Social número 2 de Avilés (actual Plaza número 2 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Avilés) que desestimó la demanda.

La representación legal de la animadora cultural formalizó un recurso de suplicación que fue elevado a la Sala de lo Social del TSJA que ha dictado una sentencia donde, a través de 38 páginas, argumenta las razones que avalan el acogimiento de la petición de la trabajadora.

El abuso en la contratación

La cuestión litigiosa no giraba ya en torno al acceso a la fijeza, que se produjo tras superar el proceso selectivo, sino sobre si la prolongada utilización abusiva de la contratación temporal generaba un daño indemnizable, pese a haberse consolidado finalmente la plaza.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, la Sala fundamenta su decisión en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a la cláusula 5 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE.

La jurisprudencia

Entre las resoluciones citadas destaca la reciente STJUE de 29 de enero de 2026, que reitera una línea jurisprudencial consolidada que establece que “cuando se ha producido una utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, los Estados miembros deben prever medidas proporcionadas, efectivas y disuasorias que sancionen el abuso y eliminen las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión”.

La Sala realiza una valoración expresa de la jurisprudencia invocada por la recurrente y destaca que estas resoluciones refuerzan la exigencia de que el ordenamiento interno disponga de mecanismos reales de reparación frente al abuso, y que no basta con soluciones meramente formales o neutras desde la perspectiva sancionadora.

Revocación de la sentencia de instancia

El TJUE recuerda que, si bien no se impone necesariamente la conversión automática en indefinido en el sector público, el ordenamiento nacional debe contar con otra medida efectiva que garantice la protección del trabajador. En particular, considera que un sistema indemnizatorio que presuma la existencia de daño, especialmente la pérdida de oportunidades de empleo estable, puede constituir una medida adecuada, dada la dificultad de probar ese perjuicio.

La exigencia de interpretación conforme obliga a los órganos jurisdiccionales nacionales a adaptar su jurisprudencia cuando resulte incompatible con los objetivos de la Directiva, un criterio que la Sala asume expresamente para fundamentar la revocación de la sentencia de instancia.

La reparación

Uno de los puntos centrales de la sentencia es la afirmación de que la mera convocatoria y superación de un proceso de estabilización no repara por sí sola el daño derivado del abuso.

La Sala razona que la indemnización tasada prevista para los trabajadores indefinidos no fijos en caso de cobertura reglamentaria de la plaza no cumple la función exigida por la cláusula 5 del Acuerdo Marco, puesto que se abona con independencia de que haya existido o no abuso.

Más de 15 años de precariedad

En el caso analizado, el perjuicio es claro: más de 15 años de precariedad, con la consiguiente pérdida de oportunidades de empleo estable y constata que la Administración incumplió su obligación de promover en tiempo oportuno la cobertura de la plaza. No obstante, la estabilización tardía, aunque culminara con éxito para la trabajadora, no elimina retroactivamente el daño sufrido.

La Sala subraya que el abuso en la contratación temporal del indefinido no fijo genera un perjuicio específico —la precariedad prolongada— que “exige una reparación efectiva, equivalente, proporcionada e íntegra”.

Un vínculo laboral distinto

Otro aspecto relevante es el tratamiento jurídico de la renuncia formalizada por la trabajadora para poder suscribir el nuevo contrato fijo.

El tribunal descarta que la renuncia pueda calificarse como dimisión en los términos del artículo 49.1.d) del Estatuto de los Trabajadores. La extinción del vínculo anterior se produce por cobertura reglamentaria de la plaza, causa legalmente prevista, y el nuevo contrato constituye un vínculo laboral distinto que no reaviva la relación anterior.

El derecho a indemnización

Esta conclusión se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo, cuya interpretación resulta trasladable, como entiende la propia Sala, al supuesto en que el contrato posterior suscrito lo sea ya como personal laboral fijo.

Por tanto, ni la firma del contrato fijo ni la renuncia exigida como trámite previo pueden operar como obstáculos para el reconocimiento del derecho a indemnización por el abuso previo.

El fallo

La Sala estima así el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora, revoca la sentencia de instancia y declara su derecho a percibir una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio, con el límite de 12 mensualidades, condenando a la Administración a su abono.

La sentencia ha sido dictada por mayoría, ya que ha contado con el voto particular del magistrado José Luis Niño Romero, que preside la Sala de lo Social.

El voto particular

José Luis Niño discrepa de la opinión manifestada por los demás integrantes del tribunal: los magistrados Jorge González Rodríguez, Francisco José de Prado Fernández, Isolina Paloma Gutiérrez Campos, Catalina Ordóñez Díaz, María Cristina García Fernández, María de la Almudena Veiga Vázquez y Laura García-Monge Pizarro.

El presidente de la Sala expone, en el voto particular que ha emitido, que el recurso debería ser desestimado o, cuando menos, ser reconocida una indemnización inferior.

Contra esta sentencia, que no es firme, cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, que habrá de prepararse mediante escrito suscrito por letrado, presentándolo en la Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma.

Las valoraciones

El abogado Carlos Suárez Peinado, de Efeso Abogados, considera que la sentencia del TSJA puede calificarse como pionera, en la medida en que consolida de forma expresa el derecho a indemnización del personal laboral de la Administración pública por abuso en la temporalidad, incluso cuando ha superado un proceso de estabilización y ha accedido a la condición de fijo.

“Su relevancia práctica es indudable, sostiene el letrado Suárez Peinado, porque abre el camino para que otros trabajadores laborales del sector público que hayan sufrido situaciones similares, con años de contratación temporal abusiva seguidos de estabilización, puedan reclamar la correspondiente indemnización por el daño derivado de la precariedad prolongada”.

Más recursos similares

En un sentido similar se pronuncia la coordinadora del sindicato Usipa Saif, María Guadalupe Lorenzo Aguilera, quien ha asegurado a este periódico que esta sentencia será la primera de muchas otras resoluciones judiciales que seguirán el mismo camino que ésta ha abierto.

“Nuestro servicio jurídico tiene interpuestos otros recursos contra el Principado para acabar con el abuso de la contratación. Vendrán más sentencias como ésta de la animadora sociocultural”, ratifica.

“Es imposible judicializar algo en este país que afecte a Don Florentino. Vamos, sería un suicida el que se atreva a hacerlo”. La frase sobre un supuesto arreglo de partidos a través de los árbitros la pronunció José Manuel Villarejo en el año 2023 durante un programa de radio y también forma parte de la sentencia de la Audiencia Provincial Civil de Madrid, a la que ha tenido acceso elDiario.es, que acaba de ratificar una condena civil contra el ex comisario.

En la entrevista, que tuvo lugar en la emisora RAC1, Villarejo hablaba del “tema de los árbitros” y del “amaño de partidos” con el que relacionaba al expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, y al actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. “De alguna manera el Real Madrid, ya antes de eso, ya había detectado lo mismo”, aseguraba en una de sus respuestas, recogida en el texto judicial. Villarejo aseveraba después que el máximo dirigente del Real Madrid “es intocable, primero lo fue el señor Botín y ahora le ha ocupado su puesto Florentino, y él sabe por qué”, recoge el auto de la Audiencia, que ratifica una primera sentencia condenatoria de mayo de 2024, dictada por el juzgado de primera instancia 98 de Madrid.

La sentencia considera que este fragmento de la entrevista, que tuvo lugar en el programa El món a RAC1 del 3 de octubre de 2023, está “vulnerando innecesariamente el honor” tanto del Real Madrid como de Florentino Pérez, por considerar las palabras del ex comisario como “desproporcionadas, al haber empleado unas expresiones y haber llegado a unas conclusiones que, por los motivos expuestos en esta resolución, resultan manifiestamente injuriosas, sobrepasando los límites admisibles de la libertad de expresión”.

La Audiencia asegura que no son “manifestaciones vertidas en un ámbito privado” sino que es “la actuación de quien, habiendo sido comisario de policía y basándose en las investigaciones que realizó como tal, afirma en una emisora de radio que él ya sabía”. E indican que la expresión amaño, en su acepción de traza o artificio para ejecutar o conseguir algo, especialmente cuando no es justo o merecido, “tiene incuestionable incidencia en su derecho al honor”.

La sentencia sobre este presunto arreglo nunca probado concluye que “la ausencia total de indicios de veracidad de la información y de base fáctica suficiente de la opinión, lleva implícita la vulneración del derecho al honor de los demandantes”. Y la Audiencia considera afectados por las palabras sobre el “amaño de partidos” tanto a Florentino Pérez como al Real Madrid porque “la expresa referencia y mención de ambos demandantes en pregunta y respuesta es suficiente para constatar la atribución conjunta de la actuación a ambos demandantes”.

Por todo ello, considera que José Manuel Villarejo debe abonar 10.000 euros a Florentino Pérez y una cantidad idéntica al Real Madrid por su vulneración del derecho al honor, cantidad sensiblemente inferior a la que solicitaban los demandantes en la primera demanda y que ascendía a 100.000 euros. En un comunicado oficial lanzado justo después de la entrevista del año 2023, el Real Madrid ya había advertido que el presidente del club había presentado “la correspondiente acción judicial contra el ex comisario Villarejo por las falsas acusaciones realizadas en la emisora catalana RAC1”.

El fallo judicial, que fue emitido el pasado mes de diciembre y es todavía recurrible, condena también a Villarejo a publicar la sentencia en cinco ediciones digitales e impresas de dos periódicos deportivos y tres de tirada nacional, si bien la Audiencia Provincial reduce el tamaño de la publicación al encabezamiento y el fallo, en lugar del texto completo. Esta es la única apelación del ex comisario que ha admitido sobre el fallo inicial del juzgado 98 de Madrid.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha dictado sentencia desestimando el recurso interpuesto por un trabajador que reclamaba 137.926 euros a su empresa y a la aseguradora por los daños sufridos tras un grave accidente laboral. Los hechos se remontan al 4 de junio de 2022, cuando el trabajador, -mecánico de profesión- acudió a ayudar a un compañero que intentaba aflojar un tornillo oxidado. Para ello utilizó una maza y un martillo. Durante la maniobra, una esquirla metálica procedente de la herramienta impactó en su ojo derecho. En ese momento no llevaba puestas las gafas de protección.

Como consecuencia del accidente, el trabajador precisó dos intervenciones quirúrgicas, un largo periodo de incapacidad temporal y sufrió secuelas permanentes: pérdida de visión en el ojo derecho, alteraciones traumáticas en el iris, trastorno neurótico postraumático y perjuicio estético.

La Inspección de Trabajo investigó el accidente y concluyó que no existía incumplimiento empresarial en materia de prevención de riesgos laborales. El plan preventivo de la empresa contemplaba expresamente el riesgo de proyección de partículas en el puesto de mecánico y establecía la obligación de utilizar gafas de protección UNE-EN 166. Además, constaba acreditado que la empresa había entregado dicho equipo al trabajador, que disponía de formación preventiva y que podía obtener nuevas gafas en una máquina tipo vending situada en el propio centro de trabajo.

La sentencia de instancia ya había desestimado la demanda al considerar que el accidente se produjo exclusivamente porque el trabajador no utilizó el equipo de protección individual facilitado por la empresa. 

El fallo recuerda que la responsabilidad empresarial en accidentes laborales queda excluida cuando el empresario acredita haber adoptado todas las medidas preventivas exigibles. En este caso, el Tribunal considera probado que la empresa evaluó el riesgo, formó al trabajador, le entregó los equipos necesarios y los puso a su disposición en todo momento.

Por ello, la Sala concluye que la causa única del accidente fue la actuación imprudente del trabajador al no utilizar las gafas de protección obligatorias, desestimando definitivamente su reclamación indemnizatoria y confirmando la absolución de la empresa y de la aseguradora.

Una familia de Logroño será indemnizada con 16.000 euros tras la pérdida de los huesos en el osario municipal, pedían “al menos 60.000 euros”. Los hechos se remontan a 2010, año del fallecimiento. Ese mismo año, a la familia se le concedió un nicho en el cementerio municipal, y una vez cumplido el plazo inicial de concesión, solicitaron su renovación que fue expresamente autorizada por el Ayuntamiento de la capital riojana. Sin embargo, durante la vigencia de dicha concesión, los restos óseos fueron trasladados de forma errónea al osario común, impidiendo su posterior identificación e individualización.

La familia tuvo conocimiento de este traslado indebido en 2021 y presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento, que reconoció el funcionamiento anormal del servicio público funerario y fijó inicialmente una indemnización de cuantía inferior. Disconformes con esa valoración, los afectados acudieron a la vía judicial, obteniendo una primera sentencia que elevó la indemnización hasta los 16.000 euros por los daños morales causados.

Frente a esta resolución, los familiares interpusieron recurso de apelación solicitando una indemnización mayor (al menos 60.000 euros), al considerar insuficiente la cuantificación del daño moral sufrido, especialmente por la imposibilidad definitiva de acudir a un lugar concreto donde honrar y recordar al familiar fallecido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, tras analizar el recurso, concluye que la indemnización fijada en primera instancia de 16.000 euros es “razonable, proporcionada y ajustada a Derecho”, al tener en cuenta el vínculo familiar, el impacto emocional derivado de la pérdida irreversible de un lugar de enterramiento. La Sala subraya que no se aprecia error ni irracionalidad que justifique su revisión y de hecho a desestimado el recurso de apelación y confirma íntegramente esta resolución dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Logroño que fijaba la cuantía de la indemnización en 16.000 euros más los intereses legales correspondientes.

El Tribunal Supremo ha anulado la condena al Servicio Extremeño de Salud a indemnizar con 40.000 euros, en concepto de responsabilidad patrimonial sanitaria, a una mujer que sufrió una trombosis 56 días después de recibir una dosis de la vacuna Janssen contra el covid-19, en 2021.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso de la Junta de Extremadura contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia extremeño que había ratificado una resolución de un juzgado de Cáceres.

El alto tribunal ha fijado como criterio jurisprudencial que “la Administración autonómica encargada de la vacunación contra el covid, -dado el carácter excepcional de la pandemia internacional declarada en marzo de 2020- únicamente deberá responder por la actuación administrativa que derivase de una mala praxis, resultase contraria a la lex artis ad hoc o respecto de la cual se acreditase la existencia de una falta de diligencia debida”.

Y ello, continúa, “sin que puedan imputársele todos los efectos adversos producidos, en algunas personas, por la inoculación de las vacunas en aquel contexto de emergencia sanitaria”.

En este caso, la mujer recibió la vacuna Janssen el 1 de julio de 2021 y, casi dos meses después, acudió a urgencias con un cuadro grave de trombosis que requirió intervención quirúrgica, por lo que la reclamación de responsabilidad patrimonial se fundamentaba en la supuesta relación causal entre la vacuna y la trombosis.

La Junta destacó que no existió mala praxis médica y que el efecto adverso descrito para esta vacuna es extremadamente infrecuente y se manifiesta, según la Agencia Europea del Medicamento, entre 5 y 24 días tras la inoculación, un plazo muy inferior a los 56 días transcurridos en este caso.

Añadía la Administración extremeña que la sentencia del TSJ, pese a estos datos, estimó la reclamación aplicando una doctrina de responsabilidad por riesgo, imputando el daño al Servicio Extremeño de Salud por el mero hecho de haber administrado la vacuna.

El Supremo destaca que el marco regulador de la vacunación tuvo como nota esencial y común su voluntariedad, por lo que la opción de inocularse la vacuna era una decisión estrictamente personal.

Explica que los daños derivados de un proceso generalizado de vacunación, y más atendiendo a las singulares condiciones en las que la fabricación y autorización de la comercialización y distribución de las vacunas se produjo, podrían haberse evitado si los márgenes temporales hubiesen sido otros, similares a los procedimientos ordinarios seguidos en otros procesos de vacunación.

“Y, desde luego –indican los magistrados- como efectivamente se hubiesen evitado es si las Administraciones responsables, en una decisión de aplicación de mayor cautela -que seguramente hubiese tenido un gran rechazo social-, hubiesen optado por prohibir o rechazar la aplicación de este tratamiento preventivo”.

Lo que ocurre, continúa, es que, “muy probablemente, en esa hipotética situación, los daños hubiesen sido muy superiores a los derivados de la aplicación de la vacuna”, por lo que “tanto las Administraciones como los individuos que optaron por someterse a la vacunación aceptaron el inherente riesgo que esta comportaba”.

El Hospital La Paz debe indemnizar con 218.563,79 euros a la familia de un médico fallecido tras contraer la covid-19 en el desarrollo de su actividad profesional. La sentencia, adelantada por El Confidencial, concluye que el centro hospitalario “no cumplió la exigencia de la normativa de garantizar la seguridad y salud en el trabajo”.

Joaquín Díaz Domínguez era Doctor en Medicina y Jefe de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de la Paz desde el año 2013. Además, el facultativo había sido Director Médico entre 1994 y 2004 del mismo hospital, que depende de la Comunidad de Madrid. Díaz falleció tras contraer la covid-19 en su puesto de trabajo, y el centro hospitalario madrileño, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, habría incumplido la legislación de prevención de riesgos laborales en los primeros días de la epidemia al no suministrar al profesional los equipos de protección necesarios.

La sentencia, que aún no es firme, ha sido dictada por la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia número 28 de Madrid, que considera que el hospital incurrió en una “omisión negligente” y condena al centro a pagar una indemnización de 154.661,81 euros a la viuda y 21.300,66 euros a sus tres hijas, una cuantía que asciende al total de 218.563,79 euros en concepto de daños y perjuicios por responsabilidad empresarial. Desde el equipo jurídico encargado del caso, valoran esta sentencia como “objetiva”, aunque el interés de la familia no era económico, sino de “justicia”, declara Sr. Víctor Lucas Olmedo, socio del Departamento Laboral de EVERLAW. 

Exposición al contagio

La “omisión negligente”, a la que hace alusión la sentencia, se define como la causa que “provocó una exposición al contagio que podría haberse evitado o al menos minimizado el riesgo de contagio causando el accidente de trabajo que provocó la muerte” del doctor Díaz. Este aspecto ha sido clave para la defensa que ha trabajado durante cinco años en la defensa de este caso, que presenta un “enfoque diferente al resto” de los sucedidos en el marco de la pandemia. Así lo explica Sr. Lucas, quién, además, hace hincapié en el carácter apolítico de la sentencia, ya que se aleja de “cuestiones políticas” para poner el foco en “los derechos del trabajador y en las normas de la empresa”.

El abogado insiste en que esta sentencia es “aséptica” ya que, según explica, ha valorado las pruebas y constata que “no se cuidó de la salud del profesional sanitario cuando se tenía oportunidad para ello”, cuenta. La sentencia aún no es firme, por lo que la parte demandada podría recurrirla, asevera Sr.Lucas.