Guillem conoció a su abuelo tras ser exhumado de una fosa franquista: “No lo pude evitar. Fui hacia él, lo abracé y le di un beso”
El 15 de diciembre de 1936, los falangistas irrumpieron en casa de Joan Canyelles Capllonch, en Esporles (Mallorca). Tenía 32 años y su mujer, Francisca, había dado a luz a su hija Magdalena apenas unas semanas antes. Picapedrer [albañil] y afiliado a la Casa del Pueblo, formaba parte de una generación que había abrazado con convicción los cambios impulsados por la Segunda República en un municipio conocido entonces como la “pequeña Rusia” por su intensa actividad sindical y obrera. Aquel día, sin poder despedirse de su esposa, se lo llevaron a la fuerza y lo trasladaron hasta un viejo almacén de maderas situado en el centro de Palma y reconvertido en una de las cárceles más oscuras y trágicas de la represión franquista en Mallorca: la prisión de Can Mir.
Un mes después, los carceleros gritaron su nombre. Junto a otros doce presos, fue esposado y conducido en camión, a lo largo de 30 kilómetros, hasta el muro de la Cruz de Porreres, el lugar donde, noche tras noche, los escuadrones fascistas llevaban a cabo sus ejecuciones. Allí lo acribillaron a tiros. Las hipótesis apuntan a que fue el último en morir: lo sugieren los disparos hallados en sus piernas, quizás al intentar huir tras presenciar el asesinato de sus compañeros. Su familia tardó más de ocho décadas en recuperar sus restos.
“Yo sabía que tenía que encontrarlo”. Guillem Mir habla despacio y visiblemente emocionado. Han pasado ocho años desde que pudo enterrar por fin a su abuelo, pero todavía recuerda con precisión el momento en que dejó de ser un desaparecido para volver a tener un nombre, una historia y una tumba. Hasta entonces, su familia, como las de tantos otros desaparecidos por el golpe militar de 1936 y la dictadura franquista, convivió con una ausencia suspendida en el tiempo y un duelo imposible de cerrar. “Cuando vives continuamente con años de angustia, malestar y dolor, sin poder expresar ni purgar, acaba convirtiéndose en un trauma. A mi madre le pasó factura. Nunca te lo planteas, pero te va mermando toda la vida”, confiesa Guillem a elDiario.es.
Cuando vives continuamente con años de angustia, malestar y dolor, sin poder expresar ni purgar, acaba convertido en un trauma. A mi madre le pasó factura. Nunca te lo planteas, pero te va mermando toda la vida
La ausencia heredada
La historia de Joan Canyelles Capllonch condensa la búsqueda incesante de aquellos que durante generaciones ignoraron dónde estaban sus muertos. Mientras los franquistas habían podido recuperar a los suyos casi desde el final de la guerra -el régimen facilitó la localización, exhumación y traslado de quienes habían fallecido en la retaguardia republicana-, los vencidos fueron condenados al silencio y al miedo. Las viudas -estigmatizadas y sin derecho a ningún tipo de reconocimiento ni pensión- recorrían cementerios, preguntaban a enterradores y, de forma infructuosa, seguían cualquier rumor con la esperanza de encontrar una pista, un botón, una prenda de ropa o cualquier rastro que las condujera hasta sus maridos. Los hijos -a quienes después se unirían los nietos- crecieron escuchando relatos fragmentarios, conversaciones susurradas y referencias imprecisas a cunetas, simas y pozos. En paralelo, la dictadura erigía monumentos, concedía honores y construía una memoria oficial que glorificaba a los 'caídos por Dios y por España'.
Sin embargo, casi cuarenta años de régimen no lograron borrar la memoria de los desaparecidos. Muerto Franco y encauzado el camino hacia la democracia, los descendientes republicanos se lanzaron a rastrear archivos y a recoger testimonios. Pero, sobre todo -cuando gran parte del país había decidido olvidar-, comenzaron a arañar la tierra. Harían falta, con todo, otras tantas décadas para que aquella labor comenzara, a principios de los 2000 -más de 60 años después de los asesinatos-, a abrirse paso en el debate público. Paul Preston lo llamó “la anomalía de España”: mientras el resto de países condenaban sus dictaduras, afrontando de una u otra forma el legado de sus regímenes autoritarios, la Transición española, en aras a la “reconciliación” nacional, había cerrado la puerta a la posibilidad de investigar los crímenes del franquismo, había optado por mantener a miles de desaparecidos en fosas comunes y había relegado la búsqueda de las víctimas al empeño de sus familias.
Muerto Franco y encauzado el camino hacia la democracia, los descendientes republicanos se lanzaron a rastrear archivos y a recoger testimonios. Pero, sobre todo, comenzaron a arañar la tierra. Harían falta, con todo, otras tantas décadas para que aquella labor comenzara, a principios de los 2000, a abrirse paso en el debate público
“Era como tener una pared de 20 metros de alto y decir: 'Vamos a saltar'”, ilustra Miguel Rabal, nieto de otro de los represaliados del franquismo en Mallorca, Emilio García-Peñuela, al recordar los inicios de un movimiento memorialista que se enfrentaba a décadas de desinterés institucional, silencio social y ausencia de políticas públicas para localizar a los desaparecidos. En aquel momento, recuerda, no faltaban quienes los consideraban “cuatro viejos dando la paliza” con una guerra que para muchos pertenecía a un tiempo remoto y una historia que gran parte del país creía definitivamente cerrada.
Sin embargo, aquel empeño cristalizó en Balears con la creación de la asociación Memòria de Mallorca. Era el año 2006. La madre de Rabal asistió al acto fundacional, celebrado en el edificio de Sa Riera de Palma. Muchos de quienes acudieron eran ya ancianos que llevaban toda una vida esperando respuestas sobre el paradero de sus padres, hermanos o maridos. En una de las fotografías de aquel día aparecía una larga fila de hijos de represaliados. La reivindicación de todos ellos podía resumirse en una sola frase: “Queremos encontrarlos”.
[La labor inicial del movimiento memorialista tras décadas de silencio] era como tener una pared de 20 metros de alto y decir: 'Vamos a saltar'
La ley que cambió las reglas
Sant Joan (Mallorca), junio de 2014. Bajo el sol abrasador de aquel verano, arqueólogos, forenses y familiares asisten a una escena inédita en Balears: la apertura de la primera fosa común de la guerra civil excavada en las islas. En el pequeño cementerio de esta localidad de 2.300 habitantes, las palas retiran las primeras capas de tierra mientras decenas de ojos siguen cada movimiento con una mezcla de expectación y nerviosismo. Muchos de los presentes llevan toda una vida esperando aquel momento. La intervención no está exenta de dificultades: parte de las sepulturas se encuentran ocultas bajo construcciones de hormigón, lo que obliga a desarrollar una compleja labor previa de investigación histórica, prospección arqueológica y retirada controlada de estructuras.
Durante seis días, la excavación combina documentación de archivo, testimonios orales, arqueología y antropología forense. Coordinados por Memòria de Mallorca y gracias al trabajo voluntario de especialistas del Laboratori de Bioarqueologia Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona, los equipos avanzan centímetro a centímetro. El 20 de junio aparecen los primeros indicios inequívocos de la fosa. Dos días después, en presencia de los familiares, emergen a la luz los tres primeros cuerpos exhumados: corresponden a Jaume Gual Mas, Joan Gual Genovart y Miquel Salom Ribot, tres campesinos de Maria de la Salut asesinados por los fascistas en octubre de 1936. Un año después, en junio de 2015, los análisis genéticos permiten devolverlos a sus familias.
El investigador Manel Suárez, autor de numerosas investigaciones sobre la Segunda República y el movimiento obrero de Mallorca, recuerda que la elección de Sant Joan para acometer la primera exhumación de una fosa de la guerra civil en Balears no fue casual. La entonces alcaldesa del municipio, la ecosoberanista Catalina Gayà -quien gobernaba con el apoyo del PP-, respaldó desde el primer momento la intervención, lo que facilitó que el proyecto pudiera salir adelante pese a la ausencia de apoyo institucional. “No recibimos ninguna ayuda”, rememora Suárez. Recuerda, asimismo, que, pese a hallar tres cuerpos con evidentes impactos de bala, ni jueces ni fiscales acudieron al lugar para investigar los hechos.
Con todo, el resultado superó todas las expectativas. La exhumación despertó un enorme interés social y mediático y se convirtió en un acontecimiento sin precedentes en las islas. Ya no había vuelta atrás: la apertura de la fosa de Sant Joan demostró que los desaparecidos podían ser encontrados y que décadas de silencio no habían logrado borrar sus huellas. Dos años después, en junio de 2016, Balears daba el paso decisivo: la aprobación, por unanimidad, de la Ley de recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo, una norma que convirtió en obligación pública lo que hasta entonces había sido una lucha sostenida en solitario por familiares y activistas.
“Con esta ley se pretende cumplir con las obligaciones que tiene España con las víctimas de las desapariciones de la Guerra Civil y del franquismo, y también con quienes son sus familiares”, reza la exposición de motivos del texto. El Govern, presidido entonces por la socialista Francina Armengol, pasaba a asumir la responsabilidad de localizar fosas, elaborar mapas de enterramientos, impulsar análisis genéticos y coordinar los trabajos arqueológicos. Esta semana, la 'ley de fosas', que marcó un antes y un después en esta historia de incertidumbre colectiva y cambió la relación de Balears con uno de los capítulos más oscuros de su pasado reciente, ha cumplido 10 años. En todo este tiempo, la norma ha permitido recuperar los restos de 334 víctimas e identificar a 68 mediante técnicas forenses y pruebas genéticas.
La apertura de la fosa de Sant Joan, en 2014, demostró que los desaparecidos podían ser encontrados y que décadas de silencio no habían logrado borrar sus huellas. Dos años después, el Parlament aprobaba por unanimidad su 'ley de fosas', que ha permitido recuperar los restos de más de 280 víctimas e identificar a más de medio centenar
Su impacto resulta significativo en un territorio donde la represión franquista fue especialmente cruenta. Después de que, el 19 de julio de 1936, el recién proclamado comandante militar de Balears Manuel Goded declarase el estado de guerra y asumiera el control absoluto de Mallorca y Eivissa, se desató una intensa violencia que, como sostiene el historiador Bartomeu Garí Salleras, ya había sido planificada meses antes del conflicto y sería perfectamente ejecutada por falangistas, militares, autoridades civiles, redes clientelares de derechas, capellanes e, incluso, por familiares de las propias víctimas.
“Se inició una auténtica caza de sospechosos, que serían fusilados sin contemplaciones en las cunetas de las carreteras o en las tapias de los cementerios, sin ningún tipo de juicio y sin ningún motivo o muchas veces por motivos inconfesables”, afirma Garí, autor de La repressió a Mallorca durant la Guerra Civil espanyola, con base en lo arrojado en Guerra Civil i repressió a Mallorca, del historiador Josep Massot Muntaner, uno de los estudiosos que durante la Transición se volcó en esclarecer cómo se desarrolló el conflicto bélico en la isla. Cerca de 2.000 personas fueron asesinadas en las islas y más de 10.000 pasaron por prisión. A ellas se suman quienes sufrieron condenas consideradas injustas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Se calcula que todavía existen 56 fosas repartidas entre la mayor de las Balears y las Pitiüsas.
Desde la aprobación de la 'ley de fosas', las exhumaciones se han llevado a cabo siguiendo protocolos arqueológicos y forenses homologados internacionalmente. Los equipos delimitan las áreas de búsqueda mediante el estudio de archivos, testimonios y planos históricos, excavando después de forma manual y estratigráfica para preservar cualquier evidencia. Una vez localizados los restos, los especialistas documentan la posición de cada individuo, recuperan objetos asociados y trasladan los huesos a laboratorios de antropología forense. Allí analizan lesiones compatibles con ejecuciones, determinan el perfil biológico de las víctimas y, cuando es posible, realizan pruebas de ADN para cotejarlas con las muestras aportadas por familiares.
La ley balear de fosas ha permitido recuperar los restos de más de 330 víctimas e identificar a más de medio centenar en un territorio donde la represión franquista fue especialmente cruenta. Más de 2.000 personas asesinadas. Se calcula que todavía existen 56 fosas repartidas entre Mallorca, Eivissa y Formentera
Mucho más que exhumar restos
Cada exhumación permite reconstruir biografías, documentar la represión y devolver historias al espacio público. Para Guillem Mir, la búsqueda de su abuelo acabó convirtiéndose en una parte inseparable de su propia vida. Cuando le comunicaron que el ADN había confirmado la identidad de los restos, Guillem sintió una punzada en el pecho. “Fue una emoción enorme”, rememora con lágrimas en los ojos. Durante años había perseguido documentos, testimonios y pistas dispersas para reconstruir la historia de su abuelo. De repente, aquella búsqueda dejaba de ser una hipótesis para convertirse en una certeza. “Lo encontramos”, resume. Por primera vez desde 1937, la familia sabía dónde había estado todo ese tiempo. Lo que comenzó como una inquietud familiar acabó transformándose en una necesidad íntima, casi en una obligación moral hacia un hombre al que nunca llegó a conocer, pero cuya ausencia marcó a varias generaciones.
Guillem reconoce que la desaparición de un familiar deja secuelas que atraviesan el tiempo. En su caso, el silencio heredado, las historias contadas a medias y la incertidumbre sobre el paradero de su abuelo acabaron formando parte de la identidad familiar. La identificación de los restos permitió poner fin a esa búsqueda.
“El día de la entrega fue un día que tampoco olvidaré nunca”, recuerda. Los forenses preguntaron a la familia si quería abrir la caja que contenía los restos de Joan Canyelles. Aceptaron. “Lo primero que vi fue el cráneo. Era muy pequeño, cabía en una caja así. Y había un agujero muy grande”. La emoción pudo más que las palabras. “No lo pude evitar. Fui hacia él, lo abracé y le di un beso”. Aquel gesto puso fin a más de ochenta años de incertidumbre y permitió que su abuelo dejara de ser un desaparecido para regresar definitivamente a su familia.
Guillem nunca conoció a su abuelo, asesinado por los franquistas, pero para él 'fue una emoción enorme' cuando le comunicaron que el ADN había confirmado la identidad de los restos. Recuerda, con lágrimas en los ojos, que sintió una punzada en el pecho: 'No lo pude evitar. Fui hacia él, lo abracé y le di un beso'
En conversación con elDiario.es, insiste en que la recuperación de los cuerpos va más allá del ámbito familiar. “La historia de mi abuelo es la historia de todos aquellos a quienes quisieron matar”, sostiene. Por eso considera que las exhumaciones no solo reparan a las víctimas y a sus descendientes, sino que ayudan a reconstruir una parte de la historia colectiva que durante demasiado tiempo permaneció enterrada. Desde entonces continúa investigando y recopilando documentación sobre otros represaliados de Esporles. “No paramos”, explica al hablar del archivo que ha construido junto a otros investigadores locales. Esa quizá sea la mayor herencia de la ley de fosas. No solo ha permitido recuperar cuerpos: ha contribuido a rescatar vidas enteras del olvido.
La historia de mi abuelo es la historia de todos aquellos a quienes quisieron matar
El ordenanza detenido en la sucursal del Banco de España
A cientos de kilómetros de Madrid, donde había nacido en 1899, Emilio García-Peñuela construyó una nueva vida en Mallorca. Había llegado a Palma en 1929 tras obtener una plaza de ordenanza en la sucursal del Banco de España. Socialista, laico y comprometido políticamente, frecuentaba la Casa del Pueblo y colaboraba económicamente con iniciativas obreras, incluso a pesar de las limitaciones económicas de una familia trabajadora con dos hijas pequeñas. Diez días después del golpe de Estado, la policía acudió hasta la sucursal para detenerlo. Desde allí fue trasladado hasta el castillo de Bellver, convertido entonces en prisión para centenares de detenidos republicanos. Era el 28 de julio de 1936.
Su nieto, Miguel Rabal, ha dedicado años a reconstruir aquella historia. La familia sabía que Emilio había sido detenido, pero desconocía muchos detalles de lo ocurrido. La investigación permitió descubrir cómo había sido vigilado durante años por sus ideas políticas y cómo acabó convertido en objetivo prioritario de la represión. “No era precisamente el 'Stalin' de Mallorca, pero sí lo suficientemente interesante como para no dejarlo suelto”, recuerda.
Mi abuelo no era precisamente el 'Stalin' de Mallorca, pero sí lo suficientemente interesante como para no dejarlo suelto
Mucho antes de que los análisis genéticos confirmaran la identidad de su abuelo, Miguel ya albergaba una esperanza. Cuando comenzaron las exhumaciones y la recogida de muestras de ADN, su madre y su tía aportaron las suyas convencidas de que algún día podrían encontrarlo. Aquella posibilidad dejó de parecer remota durante la segunda campaña de excavaciones en la fosa de Son Coletes, en la localidad de Manacor, cuando decenas de familiares pudieron contemplar por primera vez los restos que emergían de la tierra tras ocho décadas de silencio. A apenas unos metros de distancia, dentro de la misma fosa, habían sido localizados los restos de Aurora Picornell, bautizada como la 'Pasionaria balear' e icono del republicanismo en Mallorca. Formaba parte de las conocidas como 'Rojas del Molinar', asesinadas por el franquismo la noche de reyes de 1937.
“Parecía que nos gritaban: 'Por fin nos habéis encontrado'”
El nieto de García-Peñuela rememora especialmente un pequeño acto celebrado junto a la fosa, sin tribunas ni grandes discursos. Los familiares se encontraban a escasos metros de los esqueletos recién exhumados. “Podíamos casi tocarlos”, recuerda. Sonaban un violonchelo y una flauta mientras los asistentes observaban aquellos cuerpos que, durante décadas, habían permanecido ocultos bajo tierra. Fue entonces cuando sintió algo difícil de explicar. “Parecía que los oías”, dice. “Como si nos estuvieran gritando: 'Por fin nos habéis encontrado'”. La imagen continúa emocionándole años después. “Hasta entonces todos ellos eran desaparecidos”, reflexiona. Frente a la fosa abierta, rodeado de familiares que llevaban décadas esperando respuestas, tuvo la sensación de que quienes yacían allí abajo recuperaban por fin aquello que les había sido arrebatado: un nombre, una historia y el derecho a ser encontrados.
Al igual que Guillem y tantos otros familiares, tampoco olvida la llamada que recibió en noviembre de 2022. Estaba solo, caminando por la Comuna de Bunyola, cuando sonó el teléfono. Al otro lado de la línea estaba Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca, quien lleva décadas luchando por localizar a los desaparecidos del franquismo. Dos días antes le había enviado varias fotografías de su abuelo para una exposición sobre las víctimas de la represión. Al ver su nombre en la pantalla, intuyó que se trataba de aquel asunto. Sin embargo, bastaron apenas unas palabras para confirmar lo que llevaba años esperando: “Miguel, tu abuelo ha sido identificado”, recuerda que le dijo.
“Fue como si se hubiera roto un dique”
Miguel recuerda que intentó contenerse durante la conversación. Sabía que la activista había acompañado a decenas de familias en momentos similares -“tiene un hombro para eso y para todo lo que le echen”, subraya- y no quiso derrumbarse al teléfono. “Aguanté como pude”, rememora. Apenas recuerda qué le respondió. “Ya daba igual lo que dijera. Lo importante era otra cosa”. Fue después de colgar cuando la emoción acumulada durante años terminó por desbordarse. “Fue como si se hubiera roto un dique”, explica. De repente afloraron décadas de preguntas, de documentos consultados, de historias familiares reconstruidas y de incertidumbre. La llamada confirmaba que la búsqueda había terminado.
Se emociona de nuevo al recordar el día en que la familia recibió los restos de su abuelo. El acto se celebró en el cementerio de Son Valentí siguiendo un minucioso protocolo, diseñado para respetar los tiempos y los deseos de cada familia. Los forenses les preguntaron si querían abrir la caja que contenía los huesos recuperados de la fosa. También les consultaron si permitían la presencia de representantes institucionales y observadores internacionales. “Todo estaba hecho con una delicadeza extraordinaria. Entendían que cada familia vive esto de una manera distinta”, rememora.
Entre los asistentes se encontraba Favián Salvioli, relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, reparaciones y garantías de no repetición de la ONU. Lejos de percibirlo como una presencia ajena, Rabal lo interpretó como un reconocimiento a la dignidad de su abuelo. “Para mí fue un honor mayúsculo”, explica. “Era una persona que representaba a la humanidad acompañando a otra persona anónima y modesta en un momento tan importante”, añade. La imagen le sigue emocionando: un trabajador del Banco de España, asesinado y desaparecido durante décadas, recibiendo finalmente el amparo y el reconocimiento que le habían sido negados. Cuando abrieron la caja, Miguel vio por primera vez los restos de su abuelo. Se acercó al cráneo y lo tocó: “Lo conocí en aquel momento”.
Miguel Rabal continúa emocionándose al recordar el acto de homenaje a su abuelo: un trabajador del Banco de España, asesinado y desaparecido durante décadas, recibiendo finalmente el amparo y el reconocimiento que le habían sido negados. Cuando abrieron la caja, vio por primera al padre de su madre. Se acercó al cráneo y lo tocó: "Lo conocí en aquel momento"
Lejos de erigirse en protagonista, Miguel reivindica la perseverancia de activistas, historiadores y asociaciones memorialistas y cómo, con el paso de los años, demostraron que su empeño estaba lejos de ser una extravagancia. La aprobación de la ley balear de fosas en 2016 fue, para él, la prueba de que aquella obstinación había merecido la pena. Como Guillem, subraya que el verdadero alcance de las exhumaciones va mucho más allá de cada caso individual.
La arqueóloga Almudena García-Rubio, responsable de numerosas exhumaciones en las islas, explica que los planes de fosas impulsados en Balears fueron incorporando progresivamente nuevas disciplinas y herramientas para abordar las consecuencias de la represión. A la labor de arqueólogos, antropólogos forenses e historiadores se sumaron especialistas en restauración, juristas, antropólogos sociales e, incluso, equipos de acompañamiento psicosocial para atender a los familiares durante todo el proceso. Durante la jornada organizada este viernes por la Universitat de les Illes Balears (UIB) para conmemorar los diez años de la ley de fosas, la investigadora subrayó que este enfoque multidisciplinar convirtió a las islas en una referencia dentro del Estado, al entender que la recuperación de los desaparecidos no consiste únicamente en localizar e identificar restos, sino también en acompañar a las familias y preservar la memoria de las víctimas.
Detrás de cada esqueleto hay una persona desaparecida y una familia que lleva décadas esperando respuesta
La semilla del movimiento memorialista
Se trata de una idea que conecta directamente con el origen del propio movimiento memorialista. Porque para las asociaciones y los familiares nunca se trató únicamente de abrir una fosa o devolver unos huesos a sus descendientes. También implica reconstruir las historias que la represión intentó borrar, explicar quiénes fueron aquellas personas y reconocer públicamente las vulneraciones de derechos humanos que sufrieron. Maria Antònia Oliver recuerda, de hecho, que el origen de Memòria de Mallorca nació de una convicción profundamente arraigada. “Tenía claro que en democracia tenemos derechos”, explica. No podía entender que hubiera familias que desconocían dónde estaban sus padres, hermanos o maridos y que las instituciones permanecieran al margen. Mucho antes de familiarizarse con conceptos como verdad, justicia y reparación, asegura que ya los sentía como una necesidad vital.
“No los conocía teóricamente, pero los sentía”, rememora. Le resultaba incomprensible que hubiera personas buscando a sus desaparecidos mientras jueces, fiscales y administraciones miraban hacia otro lado. “Me preguntaba cómo era posible que hubiera gente exhumando y que todo quedara ahí”, afirma, mientras observaba cómo en otros países las desapariciones forzadas eran abordadas desde la justicia y los derechos humanos. Aquella inquietud nació de una experiencia personal -la búsqueda de su abuelo, Andreu París- que pronto descubrió compartida por centenares de familias.
Me preguntaba cómo era posible que hubiera gente exhumando y que todo quedara ahí
En los primeros años de búsqueda, Oliver acudía a historiadores, archivos y testigos con una sensación incómoda. “A veces me sentía violenta pidiendo información. Pensaba que no debía ser yo quien lo hiciera; tenían que ser las instituciones o un juez quienes me lo dijeran”. Lo que había vivido en su propia familia lo encontraba repetido una y otra vez en los relatos de otros hijos y nietos de represaliados. Recuerda especialmente las historias de mujeres que habían pasado décadas preguntando por sus maridos desaparecidos y soportando burlas o insinuaciones. “Ni siquiera sabían si los habían matado porque no se lo decían”, lamenta.
Por eso insiste en que los avances logrados durante las últimas dos décadas no surgieron de la nada. Antes de las leyes, de los planes de fosas y de las exhumaciones institucionales hubo años de trabajo sigiloso de familiares y activistas recopilando testimonios, localizando enterramientos y elaborando los primeros listados de desaparecidos. “Si hoy tenemos un mapa de fosas es gracias a los familiares de las víctimas”, subraya. Aquella documentación permitió demostrar que las fosas existían y que podían abrirse. “Era importante demostrar que se podía exhumar, que los políticos no tuvieran miedo de hacerlo”.
En un contexto marcado por la reciente derogación de la ley balear de memoria democrática -la otra gran norma memorialista de las Islas- por parte de PP y Vox, las víctimas insisten en que la reparación no termina cuando se localiza un cuerpo. Sin políticas públicas de memoria, advierten, las exhumaciones corren el riesgo de convertirse en simples operaciones arqueológicas desprovistas de contexto. Por eso continúan reclamando verdad, justicia y reparación para devolver la dignidad a quienes fueron asesinados y restituir una parte de la historia colectiva que durante demasiado tiempo permaneció enterrada bajo la tierra y el silencio.
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