La Justicia condena a nueve años de cárcel al juez y al fiscal que investigaron al magnate Cursach

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha condenado a nueve años de cárcel al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán, quienes durante cerca de tres años buscaron desentrañar las supuestas actividades corruptas del empresario mallorquín Bartolomé Cursach para salvaguardar su autoridad en la noche balear. Asimismo, ha impuesto tres años y diez meses para el subinspector del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional Miguel Ángel Blanco, un año y dos meses para la inspectora Blanca Ruiz y dos años y cuatro meses al agente Iván Bandera, quienes colaboraban con ambos juristas al frente de las anteriores investigaciones, mientras que ha absuelto al que fuese inspector jefe José Luis García Reguera. Es la primera vez que la Justicia condena en bloque a un juez, a un fiscal y a varios policías.

Las penas contrastan con los 118 años de cárcel y los 121 años y nueve meses que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba, respectivamente, para Penalva y Subirán, las mayores formuladas contra un juez y un fiscal en España. Con todo, el tribunal ha establecido en siete años y medio el plazo máximo de condena que deberán cumplir ambos acusados.

La sentencia, de 478 páginas, considera probado que los condenados desplegaron diversas prácticas ilegales para incriminar a varios investigados por hechos de los que, tras un turbulento peregrinaje judicial, acabaron finalmente absueltos. Entre tales actuales, el tribunal, presidido por el magistrado Diego Gómez Reino, sostiene que Penalva y Subirán incurrieron en tres delitos de obstrucción a la Justicia, un delito de coacciones y otro de omisión del deber de perseguir filtraciones mientras el más conocido como caso Cursach se encontraba bajo secreto sumarial.

Los hechos por los que han sido condenados no se centran, sin embargo, en la actuación que desplegaron para investigar al magnate mallorquín, sino que se enmarcan en una de las múltiples líneas de investigación en las que se desgajó la causa matriz: la relativa al supuesto amaño del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma y el presunto cobro de comisiones por parte del exconcejal y exdiputado del PP Álvaro Gijón y el exdirigente histórico popular José María Rodríguez.

Se trata de un fleco en el que, en octubre de 2016, fueron arrestados varios empresarios, los funcionarios que integraban la mesa de contratación del Ajuntament de Palma que tramitó el expediente, los exconcejales del PP Irene San Gil y Gabriel Vallejo y los padres y el hermano de Gijón, a quien los ahora acusados atribuían haber obtenido la mitad de un soborno de aproximadamente un 1,2 millones de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Tales acusaciones fueron efectuadas por un testigo protegido que aseguraba que dentro del PP era “vox populi” la alteración del expediente y el cobro del cohecho. Las pesquisas fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.

En este sentido, el tribunal condena al juez, al fiscal y a los policías condenados a indemnizar junta y solidariamente a Álvaro Gijón por daño moral en la cantidad de 6.500 euros. La defensa del expolítico reclamaba un millón de euros, 150.000 para su hermano y 300.000 para sus padres por los perjuicios sufridos durante la instrucción del caso ORA. No en vano, en su escrito de acusación, el abogado del exparlamentario popular considera que éste “ha sido y es la víctima principal de todo este entramado judicial y policial, sufriendo un gravísimo descalabro profesional, económico y personal”.

En su resolución, los magistrados apuntan a las presiones ejercidas por Penalva y Subirán sobre dos funcionarios del Consistorio palmesano durante la declaración que prestaron como investigados, así como sobre el empresario que ganó el concurso de la ORA antes de su detención, durante la misma y una vez ingresado en prisión preventiva. En esta misma línea, la sentencia subraya que el delito de coacciones responde a las presiones ejercidas sobre Gijón por la declaración que tenía que prestar como investigado al día siguiente de la detención de sus familiares. 

Los magistrados consideran probado que fueron detenidas personas inocentes pero, con todo, aprecian que en el momento de los arrestos existían sospechas de que el concurso de la ORA podía haber sido amañado y de que los arrestados habían participado en mayor o menor medida en los hechos. “No se constata que los acusados, al practicar estas detenciones, actuasen dolosamente y fueran conscientes de que las personas que iban a detener entonces, aunque luego así se demostró, bien tras prestar declaración o en el curso del procedimiento que se sustanció, resultasen de todo punto inocentes y que algunos de los indicios que utilizaron para justificar las detenciones fueran incorrectos”, señala la sentencia en este aspecto.

Asimismo, la Sala entiende que el arresto de los padres y el hermano de Gijón, aunque estaban soportadas en sospechas de delito, fueron instrumentales y tuvieron por objeto presionar al político para que confesara su participación en la manipulación del concurso. Pese a ello, el tribunal no condena a los acusados por el delito de detención ilegal sobre la familia Gijón por un “déficit” en la acusación.

Por otro lado, el tribunal declara válidos los mensajes de Whapsapp que los antiguos investigadores del caso Cursach se intercambiaron mientras instruían la causa y que, tal como sostiene la Fiscalía Anticorrupción, revelarían la actuación presuntamente coordinada que todos ellos llevaron a cabo para presionar e intimidar a testigos e imputados. Hasta el momento, la defensa de Penalva y Subirán ha reclamado la nulidad “absoluta” y “radical” de todo lo investigado contra ellos por estar sustentado en la adopción de medidas “invasivas” e “ilegales”: el acceso al listado de llamadas y la incautación de los teléfonos móviles de dos de los periodistas que cubrían el caso Cursach –una medida que más tarde sería declarada ilegítima por el Tribunal Constitucional–, lo que en su opinión condujo a la localización ilegítima del chat en el teléfono móvil de uno de los policías acusados, Iván Bandera. 

El hallazgo de este chat se ha convertido, de hecho, en la piedra angular de las investigaciones contra ellos. La Fiscalía asevera, sin embargo, que las investigaciones contra Penalva y Subirán se iniciaron mucho antes de que se adoptara cualquier medida de investigación sobre los informadores. Aquellas incipientes pesquisas buscaban, en concreto, averiguar de dónde procedían decenas de informaciones que habían sido filtradas a la prensa mientras el procedimiento judicial contra el conocido empresario mallorquín se encontraba bajo secreto.

En concreto, el hallazgo del chat se produjo en el teléfono móvil de uno de los policías acusados, Iván Bandera. El agente fue arrestado el 18 de diciembre de 2018, meses después de que varios abogados denunciasen la revelación a la prensa de diversas actuaciones del caso Cursach que estaban declaradas secretas. A partir de ese instante, afloraron indicios de que se habían filtrado documentos, declaraciones de testigos e informes en al menos una veintena de ocasiones, un despliegue acusatorio que llevó finalmente al juez a ordenar la detención de Bandera. 

Al margen de esta causa, Penalva y Subirán tienen pendientes otras investigaciones contra ellos: la Audiencia Provincial de Balears, que el año pasado juzgó a Cursach y a otros 16 acusados por la presunta trama mafiosa que buscaron apuntalar los dos juristas, y de la que todos los procesados resultaron absueltos, ordenó investigar por nuevos delitos -prevaricación, detención ilegal y coacciones a testigos- a exjuez y exfiscal y, por presunto falso testimonio, a 17 testigos que comparecieron durante el macrojuicio. Entre ellos, varios empresarios que, como acusaciones particulares en la vista oral, sostenían que Cursach intentó hundir sus negocios mediante extorsiones y a quienes tanto Penalva como Subirán habrían utilizado para sostener sus investigaciones.