Pere Aragonès ha renunciado a su sueldo de expresidente del Govern desde este martes para poder dirigir Golden Hotels, la empresa hotelera de su padre. De esta manera, quien abandonó la presidencia de la Generalitat a los 41 años ha renunciado a un sueldo que le habría cubierto hasta los 45 y sólo un año después de haber dejado el cargo.

En un comuinicado publicado en redes, Aragonès ha remarcado que “de la política institucional se debe poder y querer salir”. En el texto, el expresident asegura que “se cierra una etapa y, al mismo tiempo, nada cambia en lo esencial. Mi compromiso con Catalunya es el mismo”.

En este sentido, el expresident considera que es “fundamental” saber cerrar bien estas etapas para “seguir siendo útil”. “Ni aferrarse a los cargos ni convertirlos meramente en un medio de subsistencia, ni acabar reducido a una figura de vitrina”, asevera.

El expresident no había tenido hasta ahora ninguna vinculación profesional con la empresa familiar, con sede en Pineda de Mar (Barcelona). A partir de ahora, asumirá tareas relacionadas con las finanzas y la tecnología.

Ahora bien, lo que sí se mantendrá activa es la oficina del expresident, ya que Aragonès quiere mantener su agenda institucional y seguir cumpliendo con las obligaciones ligadas a la expresidencia.

También seguirá con sus estudios de doctorado. Está estudiando la tesis en la Universitat de Barcelona y, además, está ejerciendo como profesor asociado de historia económica en la Universitat de Vic.

Con todo, y según lo establecido en la ley, Aragonès ha renunciado a un sueldo que equivalía al 80% de su asignación como president durante la mitad de tiempo que hubiera estado en la presidencia y, como mínimo, durante una legislatura.

Una vez pasado este periodo, la ley no contempla ninguna percepción más hasta los 65 años, cuando los expresidents tienen derecho a una jubilación vitalicia que equivale al 60% de su sueldo en el cargo.

Artur Mas es el expresident de la Generalitat que gasta más recursos, 41.877 euros en 2024, a pesar de que reduce gastos en 3.000 euros con respecto a 2023. Así se desprende de los datos del Portal de Transparencia de la Generalitat consultadas por la ACN. Quién utilizó menos dinero el año pasado fue Carles Puigdemont, a causa de la baja médica de siete meses del responsable de su oficina, Josep Lluís Alay. Redujo gastos en 15.000 euros hasta el mínimo histórico de 2.862 euros. José Montilla hace constar un gasto de 33.879 euros, poco menos que en 2023; Joaquim Torra ha ahorrado unos 5.000 euros y Pere Aragonès ha destinado 18.160 euros en arrancar su oficina.

Los presupuestos de la Generalitat dedican cada año un máximo de 60.000 euros a cada oficina de los expresidentes, que sirven para pagar la seguridad, traslados, desplazamientos y la organización de actos y conferencias que hagan tanto en Catalunya como fuera. Ninguno de los expresidentes ha llegado al máximo que puede consumir.

En cambio, los gastos de personal, alquiler, consumos y mantenimiento de las oficinas de los expresidentes se atienden directamente desde la Presidencia de la Generalitat, que asume los costes. Por lo tanto, los recursos gastados que los expresidentes argumentan en sus memorias anuales no incluyen la factura del funcionamiento de la oficina.

Ninguno de los expresidentes de la Generalitat aumento los gastos en 2024 con respecto a 2023. Todos los reducen en menor o mayor medida. Mas es el que ha gastado más dinero en los últimos tres años. Los que han gastado menos son Torra, con 15.763 euros, 5.265 menos que el año anterior, y Puigdemont, con un mínimo histórico de 2.862 euros.

Puigdemont, condicionado por la baja de Alay

Según la memoria, el gasto de la oficina de Puigdemont se ha reducido considerablemente en 2024 respecto con otros años a causa de la baja por motivos de salud del responsable de su oficina, Josep Lluís Alay, entre el primero de febrero y el 31 de agosto del 2024. Una baja de siete meses que, según fuentes de la oficina, condicionó tanto la actividad como el gasto de la misma oficina. Concretamente, los recursos gastados han caído en más de 15.000 euros pasando de los 18.665 el 2023 a los 2.862 euros el 2024, la cifra más baja desde que el 2018 Puigdemont estrenó su oficina de expresidente.

Entre los viajes que constan en la memoria está el del 8 de agosto del año pasado cuando lo también presidente de Junts asistió al acto celebrado al Arco del Triunfo, en Barcelona, coincidiendo con el pleno de investidura de Salvador Illa. Justo después del acto dribló la presencia policial, que no lo detuvo, y volvió a marcharse a Bruselas, donde vive desde el 2017.

La oficina de Puigdemont afirma que no tiene ningún gasto de alquiler ni de seguridad, puesto que “el Departamento de Interior no autoriza la seguridad que correspondería al presidente Puigdemont de acuerdo con la Ley 6/2003 de 22 de abril, del estatuto de los expresidentes de la Generalitat”.

Mas, 12.200 euros para su videopodcast

De los 41.877 euros que Mas gastó en 2024, la partida más importante, 15.000 euros, se destina a seguridad. Y, en segundo lugar, figuran 12.200 euros que ha dedicado a su videopodcast 'A favor de la política'. Por ejemplo, según compilación de su memoria, publicó una conversación con el expresident Jordi Pujol sobre Catalunya.

En 2024 Mas viajó a China, donde participó en el acto central del 20º aniversario de la presencia en el país del grupo industrial catalán Relats. También visitó la empresa catalana Ficosa, también con actividad industrial en China desde hace años.

Montilla se mantiene en segunda posición

De los casi 34.000 que la oficina de Montilla utilizó en 2024, 15.684 euros corresponden a seguridad y 18.195 a gastos ordinarios. En la memoria anual, el expresidente Montilla hace constar que ha gastado 2.464 euros en ornamentos de la oficina; 2.990 euros en prensa; y casi 8.000 euros para mantener su página web.

Montilla trabaja como consejero de Enagás desde 2020. Justifica su cargo por su experiencia y conocimiento del sector energético y gasístico, al haber ejercido como ministro de Industria.

Según explica en la memoria, la oficina de Montilla ha continuado gestionando el archivo documental del expresidente, informatizando y registrando los documentos en el archivo y en la biblioteca. También se ha trabajado en la creación y mantenimiento de un archivo fotográfico que recoge imágenes de su actividad pública desde el año 1979 hasta la actualidad.

Los primeros cuatro meses de Aragonés como expresidente

En el último cuatrimestre del 2024, Pere Aragonès puso en marcha su oficina de expresidente ubicada en el Pabellón Norte de los Jardines de Pedralbes, después de pasar el relevo de la presidencia de la Generalitat a Salvador Illa en agosto.

En los primeros cuatro meses de expresidente, Aragonés viajó a Roma para participar en un foro sobre políticas industriales y mantener varias reuniones. También destacan los encuentros que mantuvo con el lehendakari Iñigo Urkullu y con el expresidente José Montilla, tal como detalla su memoria.

Del total de 18.160 euros gastados de septiembre en diciembre del 2024, las partidas más relevantes corresponden al diseño gráfico de la página web (5.324 euros), a la seguridad (8.541 euros) y a formación (2.580 euros).

Torra reduce los gastos en 5.000 euros

El expresidente Torra declara que en 2024 gastó 15.763 euros. Unos 8.000 euros corresponden al servicio de seguridad del presidente, concretamente a la manutención, alojamiento y desplazamientos del personal de seguridad. El resto de los 7.700 euros hacen referencia a gastos ordinarios, que incluyen alojamiento y desplazamientos de los miembros de la oficina, mantenimiento de la página web y suscripciones a los medios de comunicación, entre otros.

Torra interrumpió temporalmente su agenda por la muerte de su esposa, Carola Miró, en mayo del 2024.

El caso de Pasqual Maragall no es comparable con el resto de expresidentes de la Generalitat. El Gobierno acordó en 2020 transferirle la dotación presupuestaria que le corresponde para atender sus necesidades personales y sociales básicas, al padecer Alzheimer.

Según la memoria del ejercicio de 2024, Maragall recibió una aportación directa de 42.350 euros y alega gastos corrientes por un valor de 3.670 euros, que corresponden a las dietas de los escoltas. En total, suma 46.020 y son 2.590 euros menos que el 2023.

Por último, Jordi Pujol, está sin oficina desde e 2014. El julio renunció tanto a su sueldo como a su oficina de expresidente después de revelar que su familia tenía dinero sin regularizar en el extranjero, herencia de su abuelo.

Espiado sin permiso. Los Mossos d'Esquadra han confirmado que el expresident de la Generalitat Pere Aragonès fue espiado con el programa Pegasus en el año 2018 sin el aval que el Tribunal Supremo sí otorgó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) un año después, según avanzan fuentes jurídicas a elDiario.es.

El informe pericial de los Mossos d'Esquadra confirma la sospecha que mantenían el juez Santiago García y la defensa de Aragonès, que ejerce el abogado Andreu Van den Eynde: el expresident fue espiado en julio de 2018 mediante una técnica similar a la que empleó el CNI para infiltrarse en su teléfono, con permiso del Supremo, entre julio de 2019 y marzo de 2020, periodo que también ha sido corroborado por la policía catalana.

La necesidad de investigar más y corroborar si el CNI espió a Aragonès sin aval del Supremo hizo que el magistrado rechazara, el pasado mes de abril, la petición para archivar la causa de la exdirectora del CNI Paz Esteban, único cargo gubernamental imputado por el espionaje. El nuevo informe pericial de los Mossos que confirma las infiltraciones apuntala los indicios contra Esteban en una investigación a la que le quedan pocos flecos antes de que el juez decida si la envía a juicio.

“Toda mi vida personal y política, espiada ilegamente con Pegasus [...]. El CNI y todos los implicados tiene que asumir su responsabilidad. Iremos hasta el final”, ha manifestado Aragonès en X.

La Audiencia de Barcelona ya apuntó, en contra de lo mantenido por la Abogacía del Estado (que defiende a la exjefa del CNI) y la Fiscalía, que existían indicios de espionaje en el móvil de Aragonès sin cobertura legal en julio de 2018, cuando Paz Esteban llevaba más de un año como secretaria técnica del centro, que entonces dirigía el general Félix Sanz Roldán.

El Supremo autorizó tres infiltraciones a Aragonès. La primera, en julio de 2019, con otras dos prórrogas de tres meses de octubre de 2019 y de enero de 2020, después de que los servicios secretos adujeran que Aragonès coordinaba las acciones de los CDR, un extremo que en realidad nunca se dio.

No obstante, una pericial informática que Aragonès aportó al juzgado concluyó que el dirigente de ERC tuvo el móvil infectado con Pegasus entre julio de 2018 y marzo de 2020, más allá del período en que el espionaje del CNI contaba con cobertura judicial. El juez encargó un informe pericial a los Mossos d'Esquadra, que ahora han confirmado lo que apuntaba el dictamen aportado por el expresident, tal y como ha ocurrido con otros independentistas espiados.

La sospecha de la defensa del expresident consiste en que el CNI lo espió de entrada sin permiso en 2018, y que las peticiones posteriores al Supremo basadas en que era un dirigente de los CDR solo sirvieron para intentar dar cobertura a esa primera infiltración sin aval judicial.

El caso del espionaje al expresident es el que cuenta con una investigación más avanzada de la decena de querellas de espiados que están repartidas por los juzgados de Barcelona. Aragonès fue uno de los 18 nombres de independentistas que el CNI admitió haber espiado. Lo reconoció la propia Paz Esteban en una comparecencia a puerta cerrada en el Congreso.

El informe pericial de los Mossos supone la prueba del algodón a una causa que encara su recta final de la investigación después de una desclasificación inédita pero incompleta por parte del Gobierno a los autos del Supremo que, a petición del CNI, autorizaron el uso de Pegasus en el móvil de Aragonès.

El instructor quería saber si el CNI dispone de licencia de uso del programa, si fue el centro u otro organismo el que lo compró a la empresa israelí NSO Group y qué “concretas personas” del organismo y de la firma participaron en la compraventa.

El juez también solicitó al centro que aportara los documentos relativos al encargo, compra, instalación, pago, formación y soporte del uso de Pegasus, así como que el CNI remitiera los registros de empleo del programa espía en el móvil de Aragonès. Pero el Gobierno rechazó proporcionar al magistrado toda esta información ya que, según argumentó el Ejecutivo, “supondría generar un riesgo y amenaza grave, cierta y actual para la vida e integridad de las fuentes y colaboradores del CNI”.

Peticiones a Policía, Guardia Civil y CNI

Otro juez de Barcelona ha reactivado las pesquisas respecto al espionaje con Pegasus a tres dirigentes de la CUP, los exdiputados en el Parlament Carles Riera y David Fernández y el exdiputado en el Congreso Albert Botran. Tras más de dos años de peticiones de la Fiscalía y de la defensa de los exdiputados, que ejerce el abogado Benet Salellas, el juez José Antonio Cruz de Pablo ha dado un impulso al caso con una batería de diligencias.

Entre las solicitudes acordadas por el juez, destacan varios requerimientos al CNI, el Ejército, la Policía Nacional y la Guardia Civil. A los cuatro organismos les reclama, tal y como pedía Salellas, si tienen constancia de haber “adquirido o utilizado” Pegasus para espiar a los cupaires. El juez también pregunta a la Intervención General de la Defensa para rastrear si se ha pagado alguna cantidad por Pegasus, un programa que la empresa israelí NSO solo comercializa con Estados.

Revés de la Audiencia de Barcelona a la pretensión de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban de archivar la causa que la mantiene imputada por espiar con el programa Pegasus al expresident de la Generalitat Pere Aragonès. “La investigación no está agotada”, concluyen los magistrados.

En un auto, la que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados de la sección 9ª de la Audiencia de Barcelona advierten a Esteban de que archivar ahora el caso sería “prematuro” y que es necesario terminar la investigación a fondo de la causa que comanda el juez Santiago García.

Los superiores del instructor respaldan la instrucción del juez García y advierten a Esteban de que todavía quedan por conocer el resultado de diligencias como el informe pericial respecto al móvil del expresident. La Fiscalía también había pedido el archivo del caso descartado por los magistrados.

Señala con insistencia el tribunal “la necesitad de agotar eficazmente la investigación y evitar cierres prematuros”, tal y como marca la ley para todos los casos y, en particular, ha recomendado el Parlamento Europeo respecto al escándalo de espionaje con el programa Pegasus.

El cierre de la investigación, advierten los togados, todavía está lejos, ya que además del informe pericial sobre el teléfono de Aragonès están pendientes de respuesta varias comisiones rogatorias dirigidas a Israel y a Luxemburgo, país europeo en el que NSO Group, fabricante israelí del 'software' espía, tiene una filial.

Esteban es el único cargo gubernamental imputado hasta ahora por el espionaje a los independentistas. En una escueta comparecencia como investigada no aportó dato alguno sobre el ataque con Pegasus al móvil del entonces president y se limitó a reiterar que el Supremo autorizó la infiltración.

Todo lo demás (el coste de Pegasus, dónde se almacenó la información extraída del terminal de Aragonès y el uso que se hizo de la misma) versaba, a criterio de la exjefa del CNI, sobre información protegida por secretos oficiales, por lo que Esteban se escudó en este extremo para no responder.

Tampoco ha aportado mucha luz hasta ahora el Gobierno, que al alud de datos solicitados por el magistrado respondió únicamente enviando los autos (eso sí, fragmentados y con varios tachones) del Supremo que avalaron el espionaje a Aragonès. Alegó el Ejecutivo que contestar a otros requirimientos del magistrado ponía en peligro a las fuentes del CNI.

El Supremo autorizó tres infiltraciones. La primera, en julio de 2019, con otras dos prórrogas de tres meses de octubre de 2019 y de enero de 2020, después de que los servicios secretos adujeran que Aragonès coordinaba las acciones de los CDR, un extremo que en realidad nunca se dio.

No obstante, una pericial informática que Aragonès aportó al juzgado concluye que el dirigente de ERC tuvo el móvil infectado con Pegasus entre julio de 2018 y marzo de 2020, más allá del período en que el espionaje del CNI contaba con cobertura judicial.

El auto de la Audiencia de Barcelona rechaza de forma tajante la tesis de la Fiscalía, que había pedido el archivo del caso. La Fiscalía argumentaba que Esteban dirigió el CNI entre julio de 2019 y mayo de 2022, cuando dimitió a raíz del escándalo del espionaje al independentismo, por lo que “bajo ninguna circunstancia” se le podrían imputar las eventuales infecciones con Pegasus llevadas a cabo en fechas anteriores a su mandato.

No obstante, la Audiencia discrepa de ese “estricto” criterio “cronológico” que esgrimen la Fiscalía y la Abogacía e insiste en que hay indicios de espionaje en el móvil de Aragonès en julio de 2018, cuando Paz Esteban llevaba más de un año como secretaria técnica del CNI.

Según apunta la sala, como número dos del CNI “no puede excluirse irrefutablemente” la participación de Esteban en las “intromisiones ilegítimas investigadas, aunque lo sea de forma compartida con otros cargos” de los servicios secretos. De hecho, añade, las peticiones de autorización judicial para el espionaje las dirigía la secretaría general técnica.

El president en funciones, Pere Aragonès, ha realizado la que previsiblemente será su última comparecencia en el cargo. Lo ha hecho una vez finalizada la reunión del Consejo Ejecutivo y mientras el president del Parlament, Josep Rull, sigue reuniéndose con los grupos parlamentarios como paso previo a la investidura de Salvador Illa. Aragonès ha aprovechado para sacar pecho de su obra de gobierno que, asegura, ha conseguido “dejar un país mejor, mas prospero, con mas cuotas de libertad política y mas feminista”.

El president también ha aprovechado para presumir del acuerdo entre ERC y el PSC, que no ha sido responsabilidad del Govern, sino de las negociaciones llevadas a cabo entre partidos. Aragonès ha asegurado que el pacto fiscal que garantiza un modelo de financiación singular para Catalunya es “el paso adelante más importante para la soberanía desde la recuperación de la Generalitat tras el franquismo”.

Asegura que este acuerdo ha sido la guinda del pastel de un mandato que se ha destacado por una profundización en la negociación con el Estado que ha permitido, dice, “dejar atrás la represión y tener las mayores cuotas de autogobierno”. Así, ha destacado las negociaciones que han permitido la eliminación del delito de sedición, la ley de amnistía y los indultos como fruto de esta negociación.

El president ha reivindicado que su objetivo final sigue siendo la independencia y ha negado que estos pactos con el Estado supongan el fin del conflicto. Al contrario, ha asegurado que la meta es un referéndum pactado. “El camino a la independencia no es recto, plano ni fácil. Será un trabajo extraordinario, pero se hará con herramientas mucho mejores que las que había cuando nosotros llegamos al Govern”, ha asegurado.

Preguntado por la probable detención de Puigdemont si vuelve a Catalunya para asistir al pleno de investidura, Aragonès ha apuntado que espera que su regreso “se pueda dar en libertad”. “La decisión de volver es de Puigdemont y no puedo interferir, así que trabajaremos para que vuelva con las garantías que establece la ley de amnistía, pero sabiendo que aquí es el Tribunal Supremo quien toma las decisiones”.

El president ha dejado sin responder la pregunta sobre si se debería suspender el pleno en caso de que Puigdemont sea detenido y no pueda participar en el mismo y tampoco ha querido aclarar si ERC cambiará su sentido de voto en ese caso. “La amnistía tiene enemigos poderosos, pero estaremos atentos para defender su plena aplicación”, se ha limitado a responder.

Cuando el socialista le tome el relevo -en un pleno que tiene muchas posibilidades de celebrarse este jueves- Aragonès también abandonará su asiento como diputado. El día después de las elecciones del 12 de mayo, anunció que tras la investidura dejaría la primera línea política. Esa decisión, asegura, no ha cambiado, aunque no cierra la puerta del todo a volver a ejercer un cargo público. “No sé si volveré, pero ahora necesito un descanso”, ha zanjado.

Si hay algo en lo que coinciden muchos dirigentes de ERC, sean del sector de Marta Rovira o de Oriol Junqueras, es en su falta de confianza en las promesas de Pedro Sánchez. Por eso avisaron a los interlocutores del PSC que para negociar la investidura de Salvador Illa la primera condición era recuperar los acuerdos que permitieron al líder del PSOE seguir en la Moncloa. Reclamaron también “lealtad” y reconocen que la está habiendo por ambas partes. Eso explica la visita de Sánchez al Palau de la Generalitat para reunirse con el president, Pere Aragonès, y toda la gestualidad propia de este tipo de encuentros. 

En diciembre del 2023, Sánchez y Aragonès ya habían protagonizado un encuentro similar, en el mismo escenario y con un orden del día parecido puesto que uno de los compromisos que adoptaron ese día fue el de avanzar en el traspaso a Catalunya de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). En febrero del 2022 se había empezado a hablar de esta transferencia y desde este miércoles es una realidad tras la firma solemne formalizada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Igualdad, Elma Saiz, y el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano. Puede parecer que se ha tardado pero ha sido de los traspasos más rápidos si se tiene en cuenta que este lunes en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos Estado-Generalitat se abordó por enésima vez el de las becas, una negociación que empezó hace 16 años.  

En ese mismo encuentro celebrado hace siete meses en el Palau de la Generalitat también se coincidió en la necesidad de concretar el traspaso de Rodalies, mejorar la financiación autonómica y desarrollar la llamada Hacienda catalana, un ente previsto en el Estatut. Traducido en cifras son los 1.520 millones de euros para el período 2024-2026 que al final se han acordado esta semana. 

Antes de que alguien entone el ‘Catalunya nos roba’ es bueno saber que esta cantidad, destinada básicamente a trenes pero también a investigación y becas, no es más que lo que el PSOE pactó con ERC, en noviembre del año pasado, a cambio de sus votos para investir a Sánchez. No son todas las deudas pendientes pero sí son las más destacadas de las que están en la carpeta del debe del PSOE. 

Aunque se están negociando desde medidas para la protección y fomento del uso del catalán a la gestión del aeropuerto de El Prat para que la Generalitat pueda participar en ella (algo que los sectores empresariales llevan años reclamando), las dos cuestiones más complejas son la condonación de parte de la deuda de la Generalitat (15.000 millones correspondiente al Fondo de Liquidez Autonómica) y la nueva financiación. 

ERC insiste en que no basta con activar el consorcio tributario compartido entre el Estado y la Generalitat. Quieren que la Administración catalana sea la que tenga la última palabra en ese organismo. Es lo que han resumido con la expresión “tener la llave de la caja”. “Una caja compartida nos llevará a donde estamos ahora y es a no ponernos de acuerdo en las necesidades que tenemos que satisfacer” ha insistido Marta Rovira en los últimos días. 

Fuentes del Govern confirmaron que en el encuentro de poco más de una hora que mantuvieron los dos presidentes, Aragonès le pidió a Sánchez que se mueva con la financiación para que Catalunya disponga de un sistema “justo y propio”. También le apremió a hacer efectiva la condonación de los 15.000 millones del FLA y le reclamó la inversión necesaria para instalar un centro tecnológico de producción de chips.

Los republicanos reconocen que se está negociando con franqueza y que tanto el PSOE como el PSC entendieron pronto que esta vez no podían aplicar lo que definen como ‘el método Bolaños’, en referencia al ministro de la Presidencia y al que reprochan que a menudo opta por las prisas y presionar a última hora para cerrar un pacto. 

ERC necesita presentar a sus bases un preacuerdo que incluya no solo los avances logrados esta semana en cuestiones que estaban pendientes sino también algún nuevo triunfo para que se avengan a avalarlo y así permitan la investidura de Illa. En la cúpula son conscientes de que, más allá de lo que puedan arrancarle a Sánchez, votar al candidato del PSC no es un plato de buen gusto para su gente.

La decisión estará en manos de 8.700 militantes que llevan semanas desayunándose con informaciones que dejan en muy mal lugar a la actual dirección por haber intentado tapar las campañas difamatorias contra dirigentes como Ernest Maragall, que ha acabado dándose de baja del partido, u otras de un mal gusto considerable contra adversarios de otras formaciones. Además, el esperado regreso de Marta Rovira, siete años después de haberse instalado en Suiza, tuvo más eco mediático que apoyo en la calle. Todo eso mientras Junqueras lleva semanas paseándose por Catalunya para reforzarse de cara al congreso de noviembre. De momento, sin que tenga rival. 

El plazo fijado por ERC para cerrar el acuerdo con los socialistas expira la semana que viene. Si se alcanzase un pacto se podría celebrar la consulta a las bases al cabo de un par de días. Es el tiempo mínimo que requiere la cúpula para hacer pedagogía entre la militancia para lograr convencerla. En la última ejecutiva se apuntó el jueves 1 de agosto como posible fecha para trasladarles la pregunta y si estas bendicen la propuesta de la dirección, el pleno de investidura de Illa podría celebrarse la semana siguiente. Pero todo eso está aún en condicional porque de momento no hay acuerdo cerrado y si no se desencalla la financiación, no lo habrá.

Reunión cordial a la espera de la decisión de ERC sobre Salvador Illa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, se han comprometido a “culminar” los distintos acuerdos alcanzados el año pasado entre republicanos y socialistas, en un encuentro de carácter institucional pero marcado por la incertidumbre de la situación política catalana.

Ambos presidentes se han reunido por espacio de aproximadamente una hora en el Palau de la Generalitat, un encuentro celebrado en plena negociación sobre Illa y en el que han rubricado el convenio para el traspaso definitivo de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Catalunya.

Según fuentes de la presidencia de la Generalitat, Aragonès ha reiterado a Sánchez que “toca moverse” con un cambio en el sistema de financiación que ERC pretende que se asemeje al concierto vasco, pero que los socialistas limitan al consorcio tributario entre Hacienda y la Generalitat contemplado en el Estatut. El nuevo acuerdo para aumentar la soberanía fiscal catalana es uno de los nudos a resolver en la negociación para investir a Illa.

En la versión conjunta que ambos ejecutivos han trasladado en un comunicado, Generalitat y Gobierno han destacado que el encuentro ha transcurrido en un “clima cordial y de normalidad institucional”.

Ambos presidentes “han abordado la situación política general y otros asuntos de interés común”, además de “concretar y calendarizar” diversas transferencias y asuntos pendientes y comprometerse a trabajar para “culminar su cumplimiento en beneficio de la ciudadanía de Catalunya”, según la nota gubernamental conjunta.

La primera visita de Sánchez a Aragonès desde el año pasado se produce en un contexto de incertidumbre sobre la investidura de Illa y de fragilidad del Gobierno. Este martes el Ejecutivo comprobó, de nuevo, que Junts no tiene reparos en tumbar proyectos clave como la senda de estabilidad presupuestaria o la Ley de Extranjería.

Junts pretende que no tenga coste su abandono de la mayoría de la investidura para votar junto a PP y Vox. El movimiento de los de Puigdemont sirvió para exteriorizar su malestar ante un eventual pacto entre PSC y ERC en Catalunya e intentar frenar el acuerdo, toda vez que su prioridad es una repetición electoral en octubre con la que el expresident pueda tener una nueva oportunidad de ser investido (ahora no le dan los números).

Frente al intento de Junts para erigirse, como hiciera antaño Convergència, en defensor único de los intereses catalanes, ERC ha presentado en los últimos días una batería de acuerdos con el Gobierno que saldan varias deudas pendientes, algunas de ellas pendientes durante décadas. Los republicanos han contraatacado con la formalización de acuerdos sobre traspasos e infraestructuras pactados a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez en noviembre de 2023.

La primera firma fue el pasado jueves: traspaso de la primera línea de Rodalies de Barcelona en enero de 2025. Este lunes, la segunda: transferencia del Estado un total de 1.520 millones de euros en los próximos tres años a Catalunya para Rodalies, I+D y gestión de becas universitarias.

El carrusel de traspasos lo ha completado este jueves el del Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuya rúbrica han bendecido ambos presidentes desde el Palau y han formalizado la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Igualdad, Elma Saiz, y el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano.

El traspaso del IMV era una larga reivindicación de la Generalitat. Esta protección social, implantada durante la COVID para las personas que han agotado todas las prestaciones, ha tenido muchas dificultades en su puesta en marcha debido a problemas burocráticos para pedirla. Según datos de la conselleria, solo 12.529 de los 154.063 perceptores de la renta garantizada de ciudadanía complementaban la prestación con el IMV, pese a tener derecho a solicitarlo.

En rueda de prensa, la ministra Saiz ha celebrado el “amplio grado de desarrollo y consolidación del IMV” y la colaboración con la Generalitat frente a otras autonomías que, ha denunciado, “destinan recursos que nada tienen que ver con complementar el IMV con las rentas autonómicas”.

La ministra ha desligado el traspaso de la investidura de Illa. “Las decisiones sobre Catalunya se tomarán en Catalunya”, ha expresado. En líneas similares se ha expresado el conseller Campuzano: “Tenemos que distinguir claramente las relaciones entre gobiernos de las conversaciones entre los grupos del Parlament para la investidura”. El plazo dado por ERC al PSC vence el 31 de julio.

Reunión al más alto nivel en la recta final de la negociación para investir a Salvador Illa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este miércoles a Barcelona para reunirse con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a falta de una semana para que finalice el plazo que ERC concedió al PSC para cerrar un acuerdo que permita la investidura del candidato socialista.

Según han informado desde la presidencia del Gobierno, Sánchez y Aragonès celebrarán este miércoles al mediodía una reunión institucional en el Palau de la Generalitat y después ambos presidirán la firma del convenio de traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) junto a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano.

Se trata del primer encuentro oficial entre los dos presidentes este año. El último fue en diciembre del año pasado y sirvió para reactivar definitivamente la negociación entre la Generaliat y el Gobierno tras el apoyo de los republicanos a la investidura de Sánchez. Ninguno de los dos presidentes forma parte de los equipos negociadores, pero los sucesivos actos de los últimos días para formalizar los traspasos pactados entre ERC y PSOE empujan al acuerdo para la investidura de Illa.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha desligado la visita de Sánchez a Barcelona de la negociación para que Illa sea president. “Este encuentro no es para negociar la investidura de nadie”, ha remachado en la rueda de prensa tras la reunión semanal del Govern. La portavoz ha avanzado que ambos presidentes abordarán el “desarrollo de acuerdos previos” entre administraciones así como la situación política de Catalunya y España.

Los frutos de la vuelta al diálogo se han concretado este mes de julio en asuntos especialmente sensibles para el Govern, como por ejemplo las primeras concreciones y fondos para el traspaso de Rodalies acordados este lunes. El Gobierno abonará 1.520 millones en los próximos tres años a la Generalitat, 1.058 de ellos vinculados con Rodalies y 450 para I+D.

También estaba contemplado en el acuerdo del año pasado entre ERC y el PSOE para investir a Sánchez el traspaso de la gestión del IMV que se firmará este miércoles. Serán la ministra Saiz y el conseller Campuzano los que comparezcan ante la prensa para dar detalles del acuerdo y no ambos presidentes.

Los republicanos han reclamado a los socialistas “un paso adelante claro y decisivo hacia la soberanía fiscal” de Catalunya como condición necesaria para la investidura de Illa. Si a finales de julio no se ha llegado a un acuerdo, ERC ha avanzado que se levantará de la mesa de negociación y Catalunya se precipitará a la repetición electoral en octubre. A falta de cerrar el pacto clave sobre financiación, cualquier preacuerdo deberá ser validado por las bases de ERC, en plena ebullición interna por el escándalo de los carteles de Maragall.

ERC rechaza como vía para alcanzar la soberanía fiscal el desarrollo del consorcio tributario entre la Generalitat y Hacienda que contempla el Estatut y que proponen los socialistas y reclaman un nuevo acuerdo de “financiación singular”, similar al concierto vasco.

Respuesta rápida y concisa. El juez de Barcelona Santiago García ha contestado a los magistrados de la Audiencia de Barcelona encargados de revisar sus decisiones que, por ahora, no contempla amnistiar a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban por el espionaje al president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès. Tampoco Esteban ha pedido la amnistía, agrega el instructor.

El juez solventa así a la inusual petición que le hicieron sus superiores. Los magistrados de la sección 9ª de la Audiencia de Barcelona solicitaron saber si se había amnistiado a Paz Esteban pese a que ni el juez lo había planteado ni la exdirectora del centro lo había pedido, tal y como ahora corrobora el instructor. Esteban es el único antiguo cargo del espionaje español investigado por la infiltración masiva en los teléfonos de dirigentes independentistas mediante el programa Pegasus.

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el juez García responde a la Audiencia de Barcelona que en el caso que investiga sobre el espionaje del CNI a Aragonès “no se ha planteado, ni de oficio ni a instancia de las partes [Esteban]”, la aplicación de la amnistía. En suma, que nadie contempla que el espionaje pueda quedar incluido en el olvido penal del procés, en contra de lo planteado por la Audiencia de Barcelona.

La pregunta de los magistrados de la sección 9ª de la Audiencia de Barcelona fue sorpresiva. La ley de amnistía señala que el órgano competente para resolver en primera instancia sobre la amnistía de casos bajo investigación como el del espionaje del CNI es el juez instructor de la causa, y no los magistrados de la instancia superior que revisan sus decisiones.

Al no haber planteado la defensa de Esteban, que ejerce la Abogacía del Estado, ni el juez instructor la amnistía, la pregunta de la Audiencia de Barcelona suponía una suerte de invitación a que la exjefa de los espías españoles solicitara ser amnistiada, toda vez que si el juez García le denegaba la amnistía, serían los mismos jueces de la instancia superior los que decidirían sobre la aplicación de la ley de olvido penal del procés en Esteban. Pero esto solo podría ocurrir en caso de que Esteban lo pidiera, algo que por ahora no ha sucedido.

Se da la circunstancia además de que la misma sección de la Audiencia de Barcelona que, sin que ninguna de las partes lo haya solicitado, preguntó sobre la amnistía a Esteban tiene pendiente desde hace un mes resolver una petición de amnistía sobre la que sí tiene plena competencia, referente a una manifestantes acusada de disturbios contra la sentencia del Supremo.

La ley de amnistía no contiene ningún artículo pensado para amnistiar el espionaje que el CNI practicó los independentistas mediante el programa Pegasus y que el propio centro ha admitido en sede parlamentaria que se produjo al menos entre 2018 y 2019, pero siempre con el aval del Tribunal Supremo.

En el caso de Aragonès, el CNI pidió al Alto Tribunal permiso para espiar al entonces vicepresident al situarlo como líder de los CDR. El pretexto para intervenir totalmente las comunicaciones de Aragonès resulta tan alejado de la realidad (ERC apartó a sabiendas a Aragonès de cualquier organización del referéndum para ahorrarle el riesgo de ser imputado) que, a juicio de la acusación del president, confirma que se trató de un “espionaje político” motivado únicamente por sus ideas independentistas. 

La norma solo considera amnistiables las conductas “realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir” los actos enmarcados en el procés, un artículo pensado para olvidar las causas de los agentes de la Policía y la Guardia Civil por las cargas del 1-O. La ley recalca que se trate de actuaciones policiales y no hace mención alguna a la posibilidad de amnistiar la actividad de los servicios secretos españoles.

La petición de la Audiencia de Barcelona se produce antes de resolver sobre la solicitud de Esteban para archivar la causa, a la que se adhirió la Fiscalía hace unos meses. El juez García rechazó archivar la causa el pasado mes de abril y abogó por investigar a fondo la implicación del CNI en el espionaje a Aragonès.

La defensa de Esteban recurrió ante la Audiencia de Barcelona la negativa del juez a archivar el caso. Y contó, por primera vez, con el apoyo de la Fiscalía, que se adhirió a la solicitud para exculpar a Esteban en una causa que solo ha avanzado a partir de las peticiones del juez Santiago García y de la defensa del president, que ejerce el penalista Andreu Van den Eynde. Salvo que Esteban lo pida, la causa seguirá su curso y no será amnistiada.

Movimiento judicial inusual respecto a la amnistía. La Audiencia de Barcelona ha preguntado al juez que investiga el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, si ha amnistiado a la única imputada del caso, la exdirectora del centro Paz Esteban.

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados piden al juez del caso “si se ha planteado, de oficio o a instancia de parte, la aplicación de la ley de amnistía [a Esteban] y si se ha resuelto sobre la misma”.

La pregunta de los magistrados de la sección 9ª de la Audiencia de Barcelona es excepcional. La ley de amnistía señala que el órgano competente para resolver en primera instancia sobre la amnistía de casos bajo investigación como el del espionaje del CNI es el juez instructor de la causa, y no los magistrados de la instancia superior que revisan sus decisiones.

En el caso concreto, ni el juez instructor ni, por ahora, la defensa de Esteban, que ejerce la Abogacía del Estado, han planteado la posibilidad de que el espionaje a Aragonès pueda ser amnistiado. En otras palabras: la Audiencia de Barcelona, que decidiría en última instancia si se debe aplicar la ley de olvido penal a Esteban siempre que lo pida la exjefa del CNI, está preguntando por una decisión que nadie ha pedido tomar, lo que fuentes jurídicas interpretan como una invitación a que la exjefa de los espías españoles solicite ser amnistiada.

Se da la circunstancia además de que la misma sección de la Audiencia de Barcelona que, sin que ninguna de las partes lo haya solicitado, pregunta sobre la amnistía a Esteban tiene pendiente desde hace un mes resolver una petición de amnistía sobre la que sí tiene plena competencia, referente a una manifestantes acusada de disturbios contra la sentencia del Supremo.

La ley de amnistía no contiene ningún artículo pensado para amnistiar el espionaje que el CNI practicó los independentistas mediante el programa Pegasus y que el propio centro ha admitido en sede parlamentaria que se produjo al menos entre 2018 y 2019, pero siempre con el aval del Tribunal Supremo.

En el caso de Aragonès, el CNI pidió al Alto Tribunal permiso para espiar al entonces vicepresident al situarlo como líder de los CDR. El pretexto para intervenir totalmente las comunicaciones de Aragonès resulta tan alejado de la realidad (ERC apartó a sabiendas a Aragonès de cualquier organización del referéndum para ahorrarle el riesgo de ser imputado) que, a juicio de la acusación del president, confirma que se trató de un “espionaje político” motivado únicamente por sus ideas independentistas. 

La norma solo considera amnistiables las conductas “realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir” los actos enmarcados en el procés, un artículo pensado para olvidar las causas de los agentes de la Policía y la Guardia Civil por las cargas del 1-O. La ley recalca que se trate de actuaciones policiales y no hace mención alguna a la posibilidad de amnistiar la actividad de los servicios secretos españoles.

La petición de la Audiencia de Barcelona se produce antes de resolver sobre la solicitud de Esteban para archivar la causa, a la que se adhirió la Fiscalía hace unos meses. El juez Santiago García, a quien ahora los magistrados encargados de revisar sus decisiones (también la eventual denegación de la amnistía) piden si ha amnistiado a Esteban, rechazó archivar la causa el pasado mes de abril y abogó por investigar a fondo la implicación del CNI en el espionaje a Aragonès.

La defensa de Esteban recurrió ante la Audiencia de Barcelona la negativa del juez a archivar el caso. Y contó, por primera vez, con el apoyo de la Fiscalía, que se adhirió a la solicitud para exculpar a Esteban en una causa que solo ha avanzado a partir de las peticiones del juez Santiago García y de la defensa del president, que ejerce el penalista Andreu Van den Eynde. Está por ver ahora si la única investigación que ha llevado a declarar como imputada a la exdirectora del CNI por espiar a los independentistas también queda amnistiada. 

Catalunya afronta la cuenta atrás en las negociaciones para decidir entre una investidura o una repetición electoral. El foco está en el candidato con más números, el socialista Salvador Illa, que debe conseguir los apoyos de los comuns y de ERC. Los independentistas tienen dos líneas rojas para votar al PSC: un referéndum pactado y un modelo de financiación singular.

Los socialistas ya han dejado claro que replicar el modelo vasco en Catalunya no les es plato de gusto, así que han apostado por el llamado 'consorcio tributario' que se encargaría de recaudar el 100% de los impuestos catalanes.

Josep Maria Jové, presidente del grupo parlamentario de ERC en el Parlament, ha apuntado que desconfían de esta solución: “Esta opción nos chirría porque ya existe”. El republicano se refiere a la figura de la Hacienda Catalana, ya recogida en el Estatut de Autonomia del 2006 que, si bien existe, no se ha llegado a desplegar totalmente nunca. “Lo que hace falta es dotarla de recursos”.

Así lo ha dicho en una mesa de debate con las fuerzas de izquierdas catalanas celebrada en la XX jornadas de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC), que también ha contado con la presencia de los Comuns, el PSC y la CUP.

Desde Ferraz proponen, precisamente, “desplegar” lo recogido en el Estatut, que abre la puerta a que Catalunya recaude el 100% de los impuestos, aunque no se concretan los detalles ni qué porcentaje de los tributos asumiría.

En concreto, el artículo 204 del Estatut, dedicado a la Agencia Tributaria de Catalunya, señala que “la gestión, recaudación, liquidación e inspección” de los tributos del Estado recaudados en Catalunya “corresponderá a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegación que la Generalitat pueda recibir de éste, y de la colaboración que pueda establecerse especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo”.

Este es el punto de choque entre el PSC y ERC, ya que estos últimos siguen apostando por un modelo de máximos que garantice que la recaudación y gestión que recaiga en Catalunya y que esta, luego, aporte una cuota solidaria a las arcas del estado. Para su propuesta, los republicanos se amparan también en el Estatut, pero en la versión de 2005.

“El modelo de la financiación singular ya estaba recogido en el Estatut del 2005, que contó con un amplio apoyo de la sociedad y la representación parlamentaria catalana”, ha recordado el republicano. “Pero fue recortado una noche por el presidente Zapatero y el entonces líder de la oposición Artur Mas”, ha afeado Jové. “No es que queramos volver al 2005, simplemente proponemos algo que ya se debatió y acordó en su momento”, ha remachado.

Aunque el PSC asegura defender “las herramientas de autogobierno y una mejora de la financiación”, lo hacen con la condición de que haya “participación del Estado”, tal como ha apuntado Esther Niubó, diputada socialista en el Parlament. Aun así, ha asegurado que hay margen de negociación: “Hay que estudiar todas las fórmulas y explorar vías dentro de las posibilidades jurídicas.

52 días para la investidura o la repetición electoral

Que ERC y el PSC se pongan de acuerdo en el modelo de financiación es clave para evitar que haya una repetición electoral. El plazo para negociar se acaba en 52 días y, aunque ambos partidos aseguran que la intención es “poder ir de vacaciones con la decisión tomada”, también apuntan que “queda camino todavía”.

Por su parte, Candela Lópezc, coordinadora nacional de Catalunya en Comú, diputada y miembro del equipo negociador, asegura que el pacto de izquierdas es posible, pero que se debe “cambiar el marco negociador y no apostar por modelos del pasado”. La “fragilidad” de los pactos así lo demuestra, dice. Si la financiación es la línea roja de los republicanos, la de los comuns es la “dejar atrás infraestructuras que son incompatibles con la emergencia climática”. Tales como la ampliación del aeropuerto o el Hard Rock.

Desde la CUP, que no está participando de las negociaciones, han querido rescatar otro de los puntos que ERC planteaba como condición para investir a Illa, que es el referéndum pactado con el Estado. “Hablar de política económica no quita hablar de política nacional”, a reivindicado. “La izquierda no se puede quedar en la idea del pan y el cuchillo, porque defender el futuro como nación es importante. Sobre todo si el 70% de la población catalana quiere un referéndum”, ha dicho.  

El presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mantenido una conversación telefónica con el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la que le ha planteado la importancia de que la Ley de Amnistía se aplique “con la máxima celeridad y objetividad”.

Fuentes del Govern han explicado a Europa Press que ambos han hablado por teléfono este viernes acerca de la aprobación de la nueva ley, que entró en vigor el martes tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los dos “han coincidido en celebrar este hito y reconocer el buen trabajo hecho por todas las partes, así como la importancia de su aplicación en los términos aprobados”, según estas mismas fuentes.

Esta petición del Govern en funciones surge el mismo día en que el Fiscal General del Estado ha dado órdenes a los fiscales del procés de aplicar la ley de amnistía sin excepciones, y de que estos hayan pedido que se pronuncie la junta de fiscales, que ya ha sido citada para el próximo martes.

En la misma conversación, Aragonès ha explicado a Bolaños las actuaciones que el Govern en funciones aprobó el martes para aplicar la nueva ley “de manera urgente” en los procedimientos administrativos y judiciales abiertos.

En este sentido, el martes el Consell Executiu del Govern decidió dictar una resolución para amnistiar hechos sancionados a través de la Ley de Seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza', vinculados al proceso independentista.

Aragonès y Bolaños también se han emplazado “a mantener la interlocución constante para hacer el seguimiento de su aplicación”, han añadido fuentes del Govern.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) vuelve a vivir uno de sus momentos de crisis interna a las que se ha enfrentado periódicamente tras los malos resultados del 12M. Buen conocedor del pasado del partido, el periodista e historiador Manel Lucas (Barcelona, 1963) autor de 'Breve historia de Esquerra' (Catarata) analiza la incertidumbre republicana actual, que corre el riesgo de prolongarse varios meses hasta el congreso de noviembre. Las distintas familias de ERC toman posiciones.

Después de los 93 años de historia de ERC, ¿cree que la situación actual tras el batacazo electoral es comparable con otro momento?

La gente lo ha comparado con la bajada bestial que tuvo ERC después del segundo tripartito [2010], que también fue una especie de castigo después de haber estado en el Govern, haber pactado con los socialistas y haberse alejado del independentismo. Pero las circunstancias eran diferentes, porque entonces no tenían la presidencia de la Generalitat. Así que no creo que haya ningún momento que se pueda comparar con lo que pasa ahora.

¿Qué pasó en 2010? ¿Hubo una especie de defenestración de los líderes?

Pasaron de formar parte del Govern a tener 10 diputados. Menos que Vox actualmente. El líder en ese momento era Joan Puigcercós. ERC venía de una época histórica de división interna. Puigcercós había acabado apartando a Carod-Rovira, pero fue incapaz de capitalizar su liderazgo. Así que, al cabo de poco, él mismo gestionó su propio relevo. Fue a buscar una persona que en esos momentos no era ni militante: Oriol Junqueras.

Él debía hacer borrón y cuenta nueva, un cambio estratégico para recuperar el espíritu nacional e independentista. Oriol Junqueras se acercó directamente a Artur Mas, que ganó las elecciones de 2010 y 2012. Y ERC, a pesar de estar en la oposición, se convirtió una especie de socio de Convergència. Esta asociación ha durado hasta hace cuatro días, hasta que Jordi Puigneró [Junts] deja de ser vicepresidente del Govern [de ERC].

Una de las broncas internas más sonadas fue la del congreso de Lleida de 1989, donde emergieron figuras como la de Carod-Rovira y el partido hizo otro quiebro. ¿Podemos volvernos a encontrar otro congreso como el de Lleida?

Diría que no, aunque no conozco tan al dedillo la ERC actual como la de aquellos años. La situación es muy diferente. No ha habido hasta ahora un sector crítico. Entre otras cosas porque ERC ha gobernado y cuando un partido gobierna, todo fluye más. Y el día que deja de gobernar siempre sale uno que dice “yo ya sabía que esto iba mal”.

En el congreso de Lleida, que fue muy tumultuoso, ganó un movimiento de renovación impulsado por Àngel Colom y Carod-Rovira. Entonces ERC era un partido de señores mayores, muy poco diferenciados de Convergència. De hecho, su líder era Joan Hortalà que cuando se fue de ERC acabó siendo el presidente de la Bolsa de Barcelona. Ese movimiento de renovación dotó a ERC de una personalidad propia y se convirtió en el partido parlamentario independentista. Hasta entonces no había habido ninguno porque el independentismo era extraparlamentario.

A ERC le gustaría ser el PNV, pero eso no va a pasar

1989, 2010, 2024...¿Estamos ante un partido que necesita escoger entre Convergència y el PSC?

Más o menos. Simplificando mucho. A ellos lo que les gustaría es ser el PNV. Pero eso no va a pasar.

Ahora se encuentra en esta encrucijada ¿Es la peor imaginable para ERC?

Sí. Son dramáticamente importantes para la gobernabilidad del país. Ellos dicen que van a la oposición, pero están obligados a mojarse porque creo que la repetición de elecciones no les conviene. A no ser que Illa y Puigdemont se pusieran de acuerdo, cosa que parece improbable.

ERC ha querido tener una personalidad propia, pero el hecho de estar en esta zona central de los dos ejes le hace tener que escoger entre decantarse por el eje social, que es lo que hicieron en 2003 con el primer tripartito, o el eje nacional, que es el que escogió Junqueras.

Ya había pasado antes. En la época Colom, eran independentistas y escogieron el eje nacional. Pero Àngel Colom se consideraba deudor de Jordi Pujol. Por poner un ejemplo: cuando Colom se va de ERC y crea, con Pilar Rahola, el Partit per la Independència (PI), llama a Pujol para contárselo y pedirle opinión.

¿Cómo interpreta la maniobra de Junqueras, que dimite temporalmente para volver a presentarse en el congreso del partido?

Junqueras piensa que todavía tiene suficiente predicamento entre las bases y ningún rival a la vista como para mantener el poder. Se ha visto obligado a dar el paso atrás por la presión de la dirección, pero cree que les ganará el pulso, como Felipe González en 1979 y Pedro Sánchez en el 2016. También pienso que en todo este movimiento cuenta el factor humano de una persona que cree que, tras la cárcel y la inhabilitación, merece todavía una oportunidad de volver a la política por la puerta grande y tratar de ser presidente de la Generalitat.

¿Cree que el congreso de noviembre de ERC acabará siendo una guerra que enfrente a dos bandos, también en el plano ideológico?

No sé si será una guerra abierta, pero es cierto que nunca desde el 2011 había habido tanta discrepancia interna, sobre todo a partir de la derrota electoral (algo lógico, por otra parte, siempre que se pierde poder crecen las disidencias). Pero no tengo muy claro que la división sea ideológica, creo que en estos momentos existe una lucha por el poder, algo generacional, pero no tanto una opción más independentista contra una más socialdemócrata, como ha sido en otras épocas. Los discrepantes ideológicos (Col.lectiu Primer d'Octubre) son muy minoritarios.

A los partidarios de la renovación (es decir, que renuncie del todo Junqueras) les faltan líderes visibles. ¿Cree que saldrán de aquí al Congreso?

Si quieren forzar la renovación, tendrán que salir de ella. De la necesidad, virtud. De hecho, el liderazgo de Pere Aragonès también fue algo forzado por las circunstancias, unas circunstancias distintas, por supuesto. ¿Quién dice que de aquí al congreso no pueda articularse una alternativa a Junqueras con un nombre concreto? Me puedo equivocar, pero si saliera ese nombre sería seguramente un/a joven “sobradamente preparado/a”.

ERC tiene periódicamente una crisis existencial entre el eje social y el nacional, pero los partidos únicamente centrados en el eje nacional como el PI o Solidaritat no han funcionado.

Sí, seguramente en el área metropolitana hay más votantes de ERC por el eje social y fuera de Barcelona hay más votantes de ERC por el eje nacional. La ERC de Carod Rovira, tras la marcha de Colom, refuerza el eje social sin perder el acento nacional. Una de las frases más significativas de Carod Rovira en un mitin fue “un día se pedirá la independencia en castellano”. Al cabo de 20 años, aparece Gabriel Rufián.

¿Las fronteras ideológicas son un obstáculo o pueden ayudar a su refundación?

Salvo los extremos, en Catalunya no hay ningún partido central que tenga una ideología muy marcada. En Junts caben desde liberales más cercano a Ayuso como Joan Canadell hasta (que la echen) Aurora Madaula, que representa a sectores más socialdemócratas. Apostar por identidades muy duras no sé si da mucho éxito, aunque sea una tentación en momentos de debilidad. Envolverse en la bandera es una posibilidad de ERC que a lo mejor convence a los fieles, pero no da buenos resultados.

Aragonès se va y Junqueras se queda. ¿Cómo lo valora?

Aragonès no tenía alternativa, pero pensar que Junqueras no pintaba nada en las decisiones de ERC es raro. Junqueras no se ha dado por aludido a la petición de Aragonès para que se asumieran responsabilidades colectivas aunque en ERC ha fallado toda la estrategia, la del Govern y la del partido. Hay que tener en cuenta el factor humano: Junqueras puede querer aprovechar personalmente la amnistía tras años inhabilitado.

¿Se puede comparar la crisis actual de ERC con la bicefalia Puigcercós-Carod Rovira?

Era distinto porque Carod Rovira y Puigcercós eran una bicefalia en conflicto, ambos querían ser líderes en el Govern y el partido.

ERC tiene cuadros, ha dejado de ser un partido de filólogos y activistas

Se dice que ERC tiene un problema de cuadros. ¿Es cierto?

Hace muchos que el partido ha trabajado y desde la fundación Irla, vinculada a ERC, se han formado a varios cuadros. El partido tiene a más 'Peres Aragonès', una generación joven preparada, similar al president en funciones, como Albert Castellanos o Natàlia Mas. De un tiempo a esta parte, ERC ha dejado de ser un partido de filólogos y activistas.

En los últimos años, ERC consiguió ser segundo partido en muchos municipios del área metropolitana de Barcelona y tras el 12M ha dejado de serlo. ¿Era una anomalía?

Podría haber dejado de ser una anomalía porque la ERC que ha estado gobernando en la Generalitat era perfectamente asumible para cualquier ciudadano que comulgue con el centroizquierda, sin ser independentista. Se podía votar a ERC sin ser independentista, pero ahora no les ha ido bien. Los votantes no se han ido al PSC porque ERC haya sido muy independentista sino que porque su hoja de servicios al frente del Govern no ha sido muy positiva. El PSC y Junts han ido segando la hierba a los pies de ERC en un Govern en minoría.

Hay cierta sensación que ERC se ha peleado con todo el mundo, sobre todo con el PSC y los Comuns e incluso con la CUP.

En el Parlament, en los últimos meses ERC ha alcanzado más acuerdos con los socialistas. Los Comuns, tras perder la alcaldía de Barcelona, no tenían un mástil fuerte donde apoyarse y quisieron marcar territorio con el Hard Rock. Más que una pelea de ERC con los Comuns, fue al revés. Pero cuando estás gobernando en minoría, todo el mundo se atreve contigo.

¿Se atreve a poner nombres que quieran liderar el partido?

Antes de nombres más centrados en la gestión como Castellanos o Mas, quizás haya nombres como Josep Maria Jové, si resulta amnistiado, o Marta Vilalta. Hace un tiempo hubiera dicho Gabriel Rufián, pero ahora no tiene el mismo peso.

Carles Puigdemont se ha felicitado este jueves desde Bélgica por la aprobación de la ley de amnistía, de la que ha reivindicado su paternidad en primera persona. “La amnistía formaba parte del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y hoy, seis meses después, se cumple”, ha sacado pecho el líder de Junts. El aspirante a la presidencia de la Generalitat ha considerado que, con la norma aprobada en el Congreso, España “corrige un error”, pero ha asegurado que el Gobierno deberá seguir “recorriendo un camino que no será de rosas”.

“Hoy se ha producido un hecho histórico en el largo combate no resuelto entre Catalunya y el Estado español”, ha asegurado en un mensaje emitido a través de las redes de su partido. “Es la primera vez en 46 años que se aprueba una amnistía por motivos políticos”, ha continuado, tras destacar que “hasta hace menos de un año el PSOE se negaba en redondo”. Según entiende el líder de Junts, la razón que ha llevado al Congreso a aprobar esta ley es “la voluntad de los catalanes expresada a través de Parlament”, lo que ha definido como “aguantar la posición” y “aprovechar las oportunidades cuando se presentan”. 

En la misma línea, el aún eurodiputado ha explicado que la amnistía era una condición “indispensable” para poder “negociar en igualdad de condiciones”, una frase con la que deja claro que desea seguir buscando acuerdos con el Gobierno, tal y como la viene haciendo desde las elecciones de julio pasado.

A diferencia de ERC, que ha colocado la amnistía como una suerte de meta volante en la carrera hacia el referéndum, Puigdemont no ha hecho ninguna referencia a ninguna votación sobre la independencia. En cambio, sí ha citado la necesidad de abordar otras cuestiones largamente reivindicadas por el soberanismo, como la sentencia del Constitucional sobre el estatut, del año 2010.

Por su parte, el president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha celebrado este jueves la aprobación de la ley de amnistía como una “victoria de país, del conjunto de la sociedad catalana” y ha reclamado que sirva para abrir una nueva etapa de negociación sobre el referéndum de independencia. La ley probado en el Congreso es “un hito histórico” que “pone fin a años de cruda represión”, ha dicho Aragonès, que también ha alertado de que deberá ser defendida de los intentos que llegarán para que no se aplique.

“Con la ley de amnistía se pone fin a años de represión que han sufrido desde representantes instituciones hasta ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta. Se pone fin al sufrimiento de una parte mayoritaria de la sociedad que siempre se ha situado contra la represión”, ha indicado el jefe del Govern.

“La amnistía es una victoria de país, una victoria de Catalunya. Desde aquí mi reconocimiento a todas las personas que con su perseverancia lo han hecho posible. A todas esas personas que con la palabra lo han hecho posible a través de la fuerza de la negociación y el dialogo”.

En un tono similar, este jueves por la mañana, en el pleno del Congreso, el portavoz de ERC Gabriel Rufián ha dejado por un día de lado las diferencias con Junts para felicitar al conjunto del independentismo por haber logrado esta ley. A la vez, el diputado ha vinculado la nueva norma con la consecución de un referéndum pactado sobre la independencia, algo que Aragonès ha repetido y ampliado por la tarde, en una comparecencia institucional.

“La amnistía por sí sola no resuelve el conflicto, hace falta abordar las causas de fondo, el choque de legitimidades y las raíces del conflicto, dando la última palabra a la ciudadanía”, ha apuntado el president saliente de la Generalitat, que ha defendido un nuevo impulso a la negociación con el Estado. “Estoy convencido de que la amnistía es un hito histórico en el camino hacia la plena libertad, que la ciudadanía sabrá aprovechar”, ha añadido.

El president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, convocará para el próximo 10 de junio –el último día dentro del plazo legal para realizarse– el pleno de constitución del Parlament, que activará los tempos para celebrar un debate de investidura, a más tardar el 25 de junio.

Así lo ha anunciado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, este martes. Aragonès, tras la debacle de ERC, ha optado por agotar los plazos, dejar pasar la nueva campaña electoral y que la constitución del Parlament se realice el día después del 9 de junio, fecha de los comicios europeos.

En la sesión de constitución del Parlament se elige al president o presidenta de la Cámara y a los otros seis miembros de la Mesa. La sesión sirve habitualmente para vislumbrar posibles pactos de cara a la investidura, que en esta nueva legislatura catalana tienen todavía más relevancia ante los intentos de líder del PSC, Salvador Illa, de aunar una mayoría que lo haga president.

Constituida la Cámara y escogida la nueva Mesa, el presidente o presidenta del Parlament dispone de diez días hábiles para proponer un candidato o candidata a la presidencia de la Generalitat tras realizar una ronda de consultas con los grupos parlamentarios. Como máximo, el primer debate de investidura tendría que celebrarse el 25 de junio, un día después del festivo de Sant Joan.

Si ningún candidato logra la mayoría simple en la segunda votación, que tendría que celebrarse como máximo el 27 de junio, el presidente del Parlament puede volver a proponer a un candidato a la presidencia y se repetiría el mismo debate de investidura, que requiere de mayoría absoluta en primera votación y de simple en la segunda.

Una vez celebrada la primera votación de la investidura, el plazo de dos meses para la repetición electoral empieza a correr. Si, como máximo, el 25 de agosto no se ha investido a un nuevo president, la legislatura se disuelve automáticamente y Aragonès, como president en funciones, tendría que convocar elecciones de forma inmediata. Los nuevos comicios deben celebrarse en el plazo de 47 días después de la convocatoria. El domingo 13 de octubre sería el primer domingo posible para la repetición electoral si los políticos catalanes fracasan.

Los plazos para la investidura discurrirán en paralelo a los de la aprobación definitiva y la aplicación de la amnistía. Tras el rechazo del Senado, la semana que vien el texto volverá al Congreso para su aprobación definitiva. A partir de entonces, los jueces dispondrán de dos meses, hasta finales de julio, para aplicar la amnistía, una medida necesaria para que Puigdemont pueda ocupar su escaño en el Parlament sin ser detenido.

En apenas tres años, Esquerra Republicana de Catalunya ha pasado de presidir la Generalitat de Catalunya y ser el partido más votado, a perder el Govern de la Generalitat y ser tercera fuerza en el Parlament. Una caída en picado que ha provocado la dimisión del hasta ahora president del Ejecutivo catalán, Pere Aragonès, y el inicio de un proceso interno de renovación donde siempre está de fondo el verdadero líder de la formación, Oriol Junqueras.

Con Neus Tomás, directora adjunta de elDiario.es y responsable de la edición en Catalunya, hablamos del proceso en el que está inmerso un partido imprescindible para la actual gobernabilidad de un lugar clave, Catalunya, y también para la estabilidad de un gobierno de izquierdas en España.

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A una fiesta memorable le suele seguir una resaca complicada. Así le ha ocurrido a ERC este 12M. Tras alcanzar la Generalitat por primera vez desde la Segunda República de la mano de Pere Aragonès, el partido ha sufrido un revés en las urnas que les devuelve a resultados de hace más de una década: 178.446 votos y 13 escaños perdidos, sin ninguna posibilidad de repetir en la presidencia y con la batalla interna en el independentismo también perdida en favor de Junts.

El de este domingo es el peor resultado de ERC en unas elecciones el Parlament desde la debacle de 2010. Hay que retrotraerse a 2006 para encontrar un resultado similar al de ERC. En aquella ocasión, los republicanos obtuvieron 416.355 apoyos, el 14% de las papeletas y 21 escaños. Este domingo han sido 427.135 escaños, el 13,7% y 20 asientos en el Parlament.

Ni de lejos son los peores resultados de la historia de ERC (que bordeó la desaparición en los años triunfales del pujolismo), pero están lejos de los récords que obtuvieron los republicanos al calor del procés.

La aspiración de convertirse en el primer partido de Catalunya dibujada por Oriol Junqueras, que lidera la formación desde la debacle tras el segundo tripartito en 2010, hoy está más lejos, y ERC parece condenada a volver a ejercer de secundario. Actor relevante, pero no protagonista. Tienen de nuevo la llave de la Generalitat, pero no para alcanzar la presidencia.

El ciclo alcista acompañó a ERC –ganadora de las municipales y las primeras generales de 2019 y, en escaños, junto al PSC, de los comicios al Parlament de 2021– gracias al éxito de la fórmula ideada por Junqueras para crecer en tradicionales feudos socialistas de la conurbación de Barcelona así como en los feudos más independentistas del interior.

El batacazo de ERC en estos comicios de 2024 es uniforme en toda Catalunya, si bien más agudo en feudos tradicionales del independentismo, donde llega a caídas de casi 10 puntos. Es el caso de Tortosa –donde ERC pasa de quedar primera a tercera– y Amposta, capitales de comarcas de las Terres de l'Ebre (una de las demarcaciones donde ERC es tradicionalmente fuerte), donde el retroceso alcanza 9 y 12 puntos respectivamente.

También en capitales de comarcas de Girona donde ERC ya era segunda en 2021 por detrás de Junts, los republicanos caen con fuerza. Sirva de ejemplo Olot, donde ERC pierde 12 puntos y pasa de la segunda a la cuarta plaza. O Figueres, donde ERC retrocede 10 puntos y medio y cae del segundo lugar al sexto, viéndose superada no solo por los de Puigdemont, sino también por el PSC, el PP, Vox y la extrema derecha independentista de Aliança Catalana.

En las grandes ciudades, las pérdidas no alcanzan los dos dígitos, situándose en su mayoría entre 5 y 10 puntos, pero dejan resultados dolorosos: ERC pasa de ser segunda a ser cuarta fuerza en Barcelona, Lleida y Tarragona, superada en las tres capitales por PSC, Junts y PP. En conjunto, ERC quedó en primera posición en 248 municipios catalanes en 2021, pero solo en 43 este domingo.

Hay un dato más para la preocupación de la cúpula republicana. En 265 municipios –una cuarta parte del total– ha cambiado el ganador respecto a 2021. En su inmensa mayoría (227) el ganador en 2021 había sido ERC, mientras que ahora Junts se impone en 170 y en 57 el PSC. A falta de conocer los sondeos postelectorales, una primera hipótesis apunta a la abstención como parte destino de la caída de votos de los republicanos, en línea con la desmovilización independentista que se vive en el último ciclo electoral, sin descartar fugas hacia Junts o PSC.

Con su revés de este domingo, ERC prosigue el ciclo de debacles electorales que abrió en las municipales de mayo de 2023 (303.374 apoyos menos) y siguió en las generales de julio (411.976 votos menos). Tras esa última derrota, el partido creó cinco grupos de trabajo para abordar por qué la formación había perdido la confianza del electorado, que no se ha recuperado para las catalanas. A falta de que Junqueras se pronuncie sobre su futuro tras casi tres lustros al frente de ERC, por ahora la crisis de las catalanas tiene una sola víctima en ERC: Pere Aragonès.

Con solo ocho años, Pere Aragonès escribió una redacción escolar sobre la disolución de la Unión Soviética en vez de contar a qué había jugado el fin de semana. Corría 1991 y ese niño ya llevaba la política en las venas. Treinta años después, Aragonès se convirtió en el president de la Generalitat más joven de la historia moderna, pero ya tenía experiencia en la gestión tras ser el protegido de Oriol Junqueras. Su mandato como jefe del Govern ha durado solo una legislatura.

Pere Aragonès (Pineda de Mar, 1982) ha anunciado este lunes que no recogerá su acta de diputado y que deja la primera línea política tras el batacazo del 12M, en el que los republicanos han retrocedido 13 escaños y se han dejado casi 200.000 votos. “Por responsabilidad y honestidad”, ha alegado, para a renglón seguido lamentar que la obra de su gobierno no haya llegado a la ciudadanía.

Hijo de un empresario del sector hotelero que fue exconcejal de Convergència y nieto de uno de los últimos alcaldes de Pineda en las postrimerías del franquismo, Aragonès nunca quiso entrar en el negocio familiar y se centró en la política, a la que ha dedicado casi toda su vida. Empezó de concejal en su pueblo y fue escalando en las juventudes de ERC hasta convertirse en parlamentario ya en 2006, con solo 24 años.

Hábil parlamentario, se especializó en asuntos económicos, lo que llamó la atención de Oriol Junqueras cuando el historiador alcanzó el liderazgo del partido tras el descalabro electoral de 2010 que puso fin al tripartito y zanjó una de las recurrentes guerras internas de los republicanos, que ahora podría reabrirse.

Durante su etapa como parlamentario, en 2012 fue la voz de los republicanos para oponerse a la rebaja de los impuestos al juego que la Convergència de Artur Mas y el PSC pactaron para abrir las puertas de Catalunya al macrocomplejo de ocio y juego en Tarragona. Más de una década después, y rebautizado como Hard Rock, Aragonès vio cortocircuitados sus presupuestos por el rechazo de los comuns al proyecto.

Tras destacar como diputado, Oriol Junqueras se lo llevó a la conselleria de Economía en 2015 en el Govern encabezado por Carles Puigdemont. Consciente de que había que pensar en el día después del referéndum, Aragonès fue apartado a conciencia de los preparativos del 1-O para evitarle cualquier riesgo de evitar la cárcel, como le ocurrió a su jefe. Junqueras pasó cuatro años entre rejas y Aragonès fue el elegido para ser el candidato. Este lunes, su mentor no le ha acompañado en la despedida pública. Aragonès ha comparecido solo ante los medios para anunciar su adiós.

Durante el Govern de Quim Torra, Aragonès ocupó la vicepresidencia y la conselleria de Economía con un enfoque opuesto al de su jefe de Ejecutivo. Si Torra abogaba por la movilización y por continuar el procés, Aragonès fue el encargado de aterrizar la apuesta de ERC por la negociación con el Gobierno y atender los servicios públicos para que la ciudadanía relacionara soberanismo no solo con agitación y banderas sino también con buena gestión. Defensor del independentismo pragmático, a nivel económico Aragonès se sitúa en sitio parecido: una socialdemocracia con toques liberales, alejado de la corriente más izquierdista de ERC.

Aragonès ha encabezado la primera presidencia de la Generalitat de ERC desde la segunda república pero ha sido cautivo de la guerra fraticida con Junts para el liderazgo del independentismo. Junts le hizo sudar la gota gorda para investirle president, y en poco más de un año dio un portazo a Aragonès, abandonó el Govern y dejó al republicano en una minoría muy notable en el Parlament, con solo 33 diputados de 135.

Gran aficionado a la cocina, Aragonès ha vivido una legislatura convulsa, si bien mucho más centrada en la gestión que sus antecesores neoconvergentes: logró cerrar acuerdos con maestros y sanitarios tras varias huelgas, tuvo que lidiar con la peor sequía de la historia y puso en marcha medidas feministas inéditas. Insuficientes para mantener a ERC en la Generalitat.

Pere Aragonès se va. El president de la Generalitat hasta la nueva investidura y todavía líder de ERC ha anunciado a su partido su intención de no coger el acta de diputado y abandonar todas las responsabilidades políticas. “Dejo la primera línea de la política”, ha asegurado Aragonès, que además ha indicado que Esquerra ha asumido los resultados del domingo, por lo que pasará a la oposición.

Con todo, el republicano no ha aclarado cuál será el papel de ERC en los pactos que deben trazarse a partir de ahora para lograr una investidura. “ERC será elemento de desbloqueo”, ha afirmado Aragonès, que sin embargo también ha advertido: “No estaremos para facilitar una investidura del PSC y no participaremos de operaciones que necesiten el acuerdo entre PSC y Junts”.

De esta forma Aragonès ha rechazado que su partido tenga la última palabra sobre la investidura y ha dejado el futuro de Illa en manos de Junts. “La oposición al Govern de izquierdas y republicano ha ganado”; ha apuntado. Con todo, ha dejado la puerta abierta a que ERC no bloquee la investidura de Illa, algo que podría suponer una abstención.

“Responsabilidad y honestidad han sido los dos valores que han guiado mi paso por la política”, ha afirmado Aragonès. “Inicio una nueva etapa con un mismo compromiso, pero desde otro lugar”, ha explicado. A lo que se dedicará en las próximas semanas, ha dicho, es a ayudar en la transición y el relevo tanto del Govern como de la dirección de ERC, por lo que ha dejado abierta la carrera sucesoria, pese a que no se conocen las intenciones de Oriol Junqueras.

ERC ha reunido este lunes a su permanente, después de obtener un resultado en las elecciones que fuentes del propio partido califican como “batacazo”. Los republicanos, que han perdido 13 escaños, anunciaron este domingo que pasarían a la oposición y, por tanto, que renunciaban estar dentro del próximo Govern, sin aún avanzar ninguna decisión sobre posibles pactos.

Sobre qué hará el partido ante el nuevo escenario abierto el domingo, Aragonès ha asegurado que deberá tomar “decisiones de forma colectiva” para “fortalecer el proyecto”. Con todo, el president ha asegurado que “corresponde a PSC y Junts decidir qué quieren hacer” y “entenderse para desbloquear esta situación”.

Salvador Illa ha hecho historia este domingo al ganar las elecciones catalanas en votos y en escaños y con el mejor resultado para el PSC desde 2003. Las buenas cifras del candidato socialista han roto la mayoría absoluta independentista después de más de una década de gobiernos ininterrumpidos de Junts y ERC. Pese a esto, Illa necesitará una alianza para la investidura que podría no ser sencilla, pues deberá reunir el apoyo de republicanos y los Comuns para sumar mayoría absoluta o, si el partido de Pere Aragonès se cierra a esta posibilidad, buscar un pacto transversal a izquierda y derecha para tratar de reunir apoyos en una segunda votación.

“Los electores catalanes han decidido abrir una nueva etapa”, ha proclamado Salvador Illa, que tras agradecer el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se propondrá para la investidura en cuanto se constituya el Parlament. “Catalunya se pone en marcha, con respeto a todo el mundo y con ambición”, ha asegurado un Illa alegre pero no eufórico, a diferencia de su equipo más cercano con el que ha comparecido desde la sede del PSC, donde la alegría era desbordante por un resultado que, se entiende, colocará a Illa en la presidencia de la Generalitat.

Aunque la victoria del PSC es contundente, la gobernabilidad está lejos de quedar garantizada, porque necesitan 26 diputados más para llegar a la mayoría absoluta o 21 para superar un eventual 'no' del conjunto de los partidos independentistas. Illa podría buscar una alianza de izquierdas, con ERC y los Comuns, o también forjar una alianza con Junts, en este caso sin necesitar a ningún otro partido.

La suma del tripartito de izquierdas, con PSC, ERC y Comuns tendría mayoría absoluta. Sin embargo, el problema para esta fórmula podría ser ERC. Los republicanos han sostenido durante toda la campaña que Illa tiene una propuesta que está “en las antípodas” de lo que defiende la candidatura de Aragonès, que esta noche ha perdido cualquier esperanza de mantener la presidencia de la Generalitat. Los republicanos en cambio podrían hacer valer la llave para decidir si hacen posible esa mayoría de izquierdas, para lo que deberían decidir si le otorgan la presidencia a Illa o la bloquean, con el riesgo de que eso suponga una repetición electoral.

“La oposición al Govern republicano, PSC y Junts, ha ganado. Aceptaremos el resultado y ERC pasará a la oposición”, ha asegurado Pere Aragonès en su comparecencia, tras reconocer una severa derrota. El líder republicano ha esquivado así cualquier responsabilidad sobre la gobernabilidad de la Generalitat, que el ya president saliente ha dejado en manos de PSC y Junts, dos formaciones que también pueden sumar aunque en varias ocasiones durante la campaña se han excluido mutuamente.

El independentismo ha sufrido este 12 de mayo una contundente derrota, sobre todo, por el descalabro de ERC y la CUP, que pierden 13 y 5 diputados respectivamente. La bajada de los partidos de la izquierda independentista no se compensa por la menor crecida de Junts, que ha conseguido tres escaños más que en 2021 gracias al revulsivo que ha supuesto que Carles Puigdemont lidere la candidatura. Además, la extrema derecha independentista de Aliança Catalana entra en el Parlament con 2 escaños, por las provincias de Girona y Lleida.

El bloque de los partidos partidarios de la ruptura con España siempre había estado al menos desde 2012 por encima de los 68 escaños y del 47% de voto, unas cifras que parecen lejanas ahora, donde la suma de Junts, ERC, CUP y Aliança ha quedado en 61 escaños y poco más del 43% de los sufragios. Desde el año 2017, el independentismo ha perdido cerca de un millón de votos.

Pese a la debacle independentista y que Carles Puigdemont ha felicitado a Illa por su victoria, el líder de Junts ha mostrado en su primera comparecencia ante los medios que no tira la toalla y que seguirán intentando conseguir la presidencia de la Generalitat con una carambola. “Estamos en condiciones de construir un Govern sólido y de obediencia catalana”, ha dicho Puigdemont, que ha lanzado a la vez una críptica advertencia hacia el PSOE. “La distancia entre el primero y el segundo en el Parlament no es diferente a la del PP y el PSOE en el Congreso”, ha asegurado el aún eurodiputado, recordando así a Sánchez que su partido es clave para la mayoría del Gobierno.

Uno de los partidos más beneficiados de esta jornada electoral es el PP, que ha aprovechado como ningún otro la desaparición de Ciudadanos. La formación consigue situarse como cuarto partido del Parlament, con 15 escaños (desde los 3 que ha tenido en la última legislatura), supera a Vox, que se queda en los 11 asientos que ya tenía, y entra por zonas complicadas para el partido, como Lleida y Girona. El líder Alejandro Fernández se ha consolidado con su buen resultado delante de un PP nacional con el que había tenido enfrentamientos y que había provocado que Alberto Núñez Feijóo llegase a plantearse su sustitución.

“La utilidad con la que asuman estos resultados será la piedra sobre la que construiremos el futuro del partido”; ha advertido Fernández, que ha asegurado que el PP “ha conseguido todos sus objetivos”.

Comuns y CUP, dos formaciones de izquierdas que también han resultado perjudicadas en estas elecciones, han intercambiado su posición en el Parlament, donde ahora la formación de Jéssica Albiach tiene dos diputados más que los independentistas. La líder de la CUP, Laia Estrada, ha hecho una valoración muy negativa de los resultados, que ha asegurado que son “malos para el país” y sobre los que ha destacado el crecimiento de las fuerzas de derechas. Por su parte, los Comuns se han visto afectados, sobre todo, por el crecimiento del PSC, han perdido el diputado que tenían en Tarragona y otro en Barcelona y no han sido capaces de obtener el cargo por Girona al que aspiraban.

Illa ha conseguido un resultado que sigue la estela de su victoria en votos de 2021, que ya supuso resultados contundentes en la mayoría de de los municipios de las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona, pero que ahora se ha disparado con porcentajes también altos en zonas del interior de la provincias de Girona, Lleida y el interior de la provincia de Barcelona.

Los socialistas han conseguido porcentajes de más del 30% de apoyos en seis comarcas y se ha impuesto en 12. En el Baix Llobregat y la Vall d'Aran, el PSC supera el 36% del voto. Por provincias, el PSC crece en todas las provincias, especialmente en Tarragona (+5,39 puntos) y en Barcelona (+4,85).

Carles Puigdemont ha hecho una campaña muy inusual. Situado en la zona del sur de Francia colindante con la frontera catalana, el candidato de Junts ha celebrado mítines diarios en un pabellón de la ciudad de Elna, adonde ha desplazado cada día a centenares de sus partidarios en autobús desde diferentes zonas de Catalunya. Pero, más allá de la cuestión logística, la formación ha tocado la tecla sentimental de su electorado sosteniendo el relato del regreso de Puigdemont tras siete años, cuando sea beneficiado por la amnistía, y convirtiendo este hecho en un activo electoral.