María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria, ya amaga con lo que será a buen seguro el leitmotiv recurrente con el que el Partido Popular justificará uno de los mayores fracasos de la legislatura de este Gobierno. El Ejecutivo que preside se había comprometido a reducir sustancialmente las listas de espera, así como los tiempos de demora para los usuarios de la sanidad pública cántabra, pero, a falta de un año del fin de legislatura, los datos no solamente no constatan una mejoría, sino, como mínimo, una tendencia al enquistamiento de la lista de espera quirúrgica.

Cantabria ya es la tercera autonomía con mayor tiempo de espera medio para operarse, con 137 días. Solo por detrás de Andalucía y Cataluña en demora quirúrgica, la comunidad supera también la media nacional de 121 días. Según el último informe sobre la situación de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, correspondiente al segundo semestre de 2025, la tasa de personas que estaba aguardando una intervención quirúrgica no urgente en Cantabria era de 24,92 por cada 1.000 habitantes, por encima del 17,69 por millar de la media nacional.

Ante estos datos que presagian el estancamiento a futuro de la 'cola' para operarse, el PP ya sabe cómo justificarse: echándole la culpa a otros, en este caso, a la ministra de Más Madrid/Sumar, Mónica García. En un reciente cónclave cántabro-astur del Partido Popular, la presidenta Buruaga ya echaba la culpa a la ministra de este fracaso sin paliativos de los compromisos programáticos de los populares. A esto se le suele llamar 'ponerse la venda antes de la herida'.

Y sin embargo, dinero parece haber, lo que demuestra que lo público sigue siendo un complemento ideal de lo privado para convertir la profesión sanitaria, no en un medio legítimo para ganarse la vida, sino en un negocio antes de que todo estalle y acabe imperando la sanidad privada. Por de pronto, y en virtud de los acuerdos presupuestarios, se abonarán 43 millones de euros al personal sanitario por complementos.

A diferencia de lo que ocurrió con los docentes, los sanitarios en este caso no tendrán que esperar más de un año para ser 'actualizados' ni mucho menos tendrán que encerrarse en la Consejería cuyas puertas siempre tendrán abiertas. Se abrevian las fases para alcanzar el grado profesional y la financiación ya saldrá de algún sitio.

Las competencias sanitarias fueron asumidas por Cantabria hace años y el Partido Popular hizo de la eliminación de las listas de espera un caballo de batalla programático que reforzó su legitimidad como gobernante. El PP iba a acabar con las listas de espera. Echar ahora la culpa a la ministra en una materia cuya gestión es totalmente autonómica no tiene mucho sentido, máxime cuando, con el mismo argumento, el mismo Gobierno de Pedro Sánchez podía haber acabado con la lista desde Madrid para reforzar al entonces Ejecutivo PRC-PSOE. No lo hizo por la sencilla razón de que es una materia difícilmente controlable desde Madrid al estar transferida la gestión.

No es fácil rebajar las listas de espera. Como ha aventurado el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, cada vez la sanidad va a costar más con resultados paupérrimos. Como dice, y da a entender, el problema está en que la gente cada vez dura más, léase, que la gente se empecina en no morirse cuando debe, léase, cuando sería lo razonable, léase, cuando le supone más gasto a la sanidad pública.

Visto el escaso sentido del patriotismo público de los cántabros, que se empeñan en envejecer y hasta en enfermar con tal de crearle un problema a su Gobierno, la disyuntiva es clara: esperar la feliz venida de la sanidad low cost a 25 euros al mes, con las prestaciones igualmente low cost, o protestar, que es lo que queda. Dimitir es un verbo cuya conjugación solo es aplicable a los demás, está claro.

El diputado regional Miguel González de Legarra ha asegurado que lo que está ocurriendo con las listas de espera en La Rioja “no es una anécdota, sino que forma parte de un patrón de comportamiento general que se repite en casi todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular”. Un patrón “que se fundamenta en ocultar datos, maquillar estadísticas y manipular los sistemas de registro para fabricar una apariencia de eficacia que no se sostiene”.

González de Legarra ha explicado que el ministerio de Sanidad acaba de hacer públicos los datos de las listas de espera sanitarias en España correspondientes al segundo semestre de 2025. Y lo que vemos es “un claro deterioro en el sistema”. Y es que, según estos datos, “en solo seis meses, la lista de espera quirúrgica en La Rioja ha crecido desde las 7.391, a 7.822 personas; 431 pacientes más esperando una operación”. La lista de espera quirúrgica ha crecido, en solo seis meses, “casi un 6 por ciento”. Además, la tasa de pacientes riojanos en espera por cada mil habitantes “ha subido también más de un punto en este tiempo, del 22,64 al 23,80”. 

Pero lo verdaderamente grave, ha dicho el diputado socialista, es que, en estos seis meses, el tiempo medio que tiene que esperar un riojano para operarse “ha pasado de 64 a 78 días; un 22 por ciento de incremento en seis meses”. Pero hay un dato “todavía más preocupante; y es que los pacientes que llevan más de seis meses esperando se han triplicado, pasando del 1,98 por ciento al 6,44 por ciento”.  

Miguel González de Legarra ha asegurado que “cuando aumentan los pacientes, puede que solo obedezca a un incremento coyuntural de la demanda, pero cuando aumentan los tiempos de espera y se disparan las esperas largas, lo que falla es el sistema”. Y esto “tiene todo que ver con la gestión, y el PP en La Rioja lleva gestionando la sanidad más de 20 años”.

Además, González de Legarra ha señalado que La Rioja “está peor que las comunidades de nuestro entorno”. Así, nuestra autonomía tiene una tasa de lista de espera quirúrgica por cada mil habitantes “peor que el País Vasco, Castilla y León, Navarra o Aragón”. En estos momentos “seguimos siendo la tercera comunidad autónoma de España con mayor tasa de pacientes en lista de espera por 1.000 habitantes, superando incluso a Andalucía”.  

El diputado socialista ha denunciado que La Rioja “combina una altísima presión de lista de espera, con una tendencia evidente a empeorar en los indicadores que mejor retratan el sufrimiento real del paciente, que son el tiempo de espera y las demoras prolongadas”. 

Miguel González de Legarra ha recordado que “cada vez que denunciamos esta situación, la consejería de Salud responde con el mismo argumento, asegurando que los datos de las listas de espera son veraces porque los publica el ministerio de Sanidad”. Lo que ocurre es que los informes que publica el ministerio “recogen los datos suministrados en origen por cada comunidad autónoma”.

Por tanto, que el ministerio de Sanidad publique unos datos “no demuestra que previamente no se hayan utilizado por parte del Gobierno de La Rioja criterios discutibles, retrasos en la incorporación a las listas o diferentes subterfugios metodológicos para equilibrar la fotografía final”. Y aquí es donde la conducta del Ejecutivo regional “resulta todavía más reveladora, porque si esos datos son tan fiables, no entendemos los motivos por los cuales no se publican antes, en tiempo y forma, en la propia web del SERIS”. 

“Tener 52 años, haber estado activo toda la vida y ahora estar así, esperando y con tanto dolor, te machaca emocionalmente”. Son las palabras de Pedro, carpintero natural de Mora (Toledo) que lleva esperando 234 días para una operación de cadera.

Pedro Luis Martín comenzó a notar que algo no iba bien alrededor de 2021. En su trabajo un compañero le preguntó si se había dado cuenta de que caminaba distinto: “Me dijo, 'andas de una forma un poco extraña', pero como a mí no me dolía pues yo seguí trabajando”. Dos años más tarde, el médico de cabecera le mandó al Hospital Universitario de Toledo para que le hiciesen una radiografía y vieron que tenía “la cadera fastidiada, que ya no había líquidos y que rozaba el hueso contra el hueso”. Sin embargo, Pedro no quiso darse de baja debido a la situación de incertidumbre del empleo en ese momento: “Me dijeron que me apuntase a la lista de espera y que me diese de baja, pero como me tomaba el medicamento pues seguí trabajando hasta que pude”.

Su diagnóstico: coxartrosis severa de cadera derecha. Se trata de un desgaste del cartílago en la articulación de la cadera y que además de dolor provoca limitación de movimiento, teniendo que ser necesaria una intervención quirúrgica para reemplazarla. En su informe médico se señala que se encuentra “clínicamente muy mal, muy limitado”, según detalla su traumatóloga.

Pedro Luis tuvo que darse de baja en agosto de 2025, después de dos años con dolores y cojeando, “porque llegó un punto que no podía más, no podía seguir”. Asegura que caminaba con la pierna “a rastras, tomando opiáceos como Tramadol, Targin, lo último ya me dijeron que es la morfina”.

Pedro apunta que “la fecha máxima para que te llamen y te operen son 180 días, lo que son seis meses, pero eso en realidad no existe”, pues ya lleva casi ocho esperando por esa operación que nunca llega.

Su día a día: “Dolores y pastillas”

Pedro Luis Martín asegura que su día a día es “muy complicado” y que consta de dos factores: “dolores y pastillas”. Explica que con los cambios de tiempo nota mucho más dolor y que son constantes a lo largo del día: “Es a todas horas. Solo noto un poquito de mejoría cuando me tomo las pastillas, pero cuando pasa un par de horas no puedo poner un pie en el suelo, siento que me voy a caer”. Esta dolencia le limita en su vida diaria, no solo porque no puede trabajar, sino que tampoco puede estar tranquilo: “Estoy sentado en el sillón viendo la tele y tengo que cambiar mil veces de postura. Me meto en la cama y no duermo más de una o dos horas de los dolores que tengo”, expone.

Por otro lado, las pastillas no suponen para él “un gran alivio” ya que hace treinta años le operaron del estómago debido a una úlcera gastroduodenal, que le provoca que la medicación “al ser tan potente, también me está afectando al estómago”.

Una de sus grandes aficiones es tocar el saxofón junto a la banda municipal de su pueblo, pero cuando va a los ensayos tampoco está cómodo: “Voy con las muletas, mi hijo me ayuda a llevar el instrumento, pero tengo que levantarme muchas veces porque tampoco puedo estar mucho tiempo sentado”, matiza.

Si puedo dormir dos horas seguidas me doy con un canto en los dientes

Pedro Luis lleva trabajando ininterrumpidamente desde los 16 años, y el no poder hacer actividad física está haciendo que gane mucho peso. En los siete meses que lleva de baja ha cogido quince kilos, aunque él asegura que no come apenas: “La medicación me quita el hambre. No me quiero ni pesar, porque los pantalones y las camisas ya no me valen”, explica señalando que también se está afectando a su autoestima.

Él no está dispuesto a que le aumenten la medicación, “ya que lo siguiente sería morfina pura, y si lo tomo ya cuando me duela más no habrá nada que me lo calme, eso en el caso de que lo acepte, porque no todo el mundo acepta su cuerpo la morfina”.

Para él su vida “es una mierda ahora mismo, me está afectando psicológicamente, a mí y a mi mujer, porque ella tiene el sueño muy ligero y cuando me despierto y tengo que levantarme lo intento hacer despacito, pero ella se despierta y ninguno podemos dormir”. También con sus hijos. Pedro es padre de dos adolescentes y señala que como durante todo el día está dolorido “cuando ellos quieren hacer algo, yo no tengo ganas y me paso el día de mala leche”, expresa apenado.

“Abandono, silencio y listas de espera interminables”

Esta situación le llevó a escribir una carta en su perfil en la red social Facebook, como él dice para “ver si así se les remueve un poquito las tripas y ponen medios”.

Pedro expone que a consecuencia de su dolencia no puede “tener una vida digna”: “¿De verdad alguien puede defender un sistema sanitario que obliga a un ciudadano a cotizar desde los 16 años y, cuando llega a los 52 [años], después de décadas sosteniendo con su esfuerzo la Seguridad Social, le responde con abandono, silencio y listas de espera interminables? Eso no es un fallo puntual. Eso es un fracaso moral, político y sanitario”.

Defiende que “decir que el sistema sanitario de Castilla-La Mancha funciona es una burla cruel” ya que “no funciona bien un sistema que cronifica el sufrimiento”. En esta carta, Pedro también señalaba que “lo más grave es que esto no solo destruye la salud, destruye la dignidad” porque cuando hay “que mendigar una cita, una prueba el mensaje que recibes es devastador: tu dolor no importa, tu vida no importa”.

Asegura sentir miedo por perder su empleo y que incluso, con la situación que padece, ha recibido una notificación de que “en breve me van a hacer un seguimiento de cómo estoy, donde señalan que si me encuentro mejor vaya a mi médico de cabecera para darme el alta”.

Pedro Luis relata que se siente “engañado” ya que primeramente incluyeron que su caso “era urgente, lo ponía la traumatóloga en el informe, para que me lo pudiesen adelantar todo lo posible”, pero en octubre de 2025 acudió al Hospital Universitario de Toledo para conocer “de primera mano” si su operación estaba más cerca. Asegura que dos meses más tarde, viendo que no recibía la fecha de operación se dirigió a hablar con dirección de Atención al Paciente. “Me dijeron que iban a intentar incluirme en las listas de las personas que derivan al privado para ver si podían adelantarlo”, expone.

No obstante, recuerda que “pasaron las Navidades y volví a preguntar para ver cómo iba el tema, y me dicen que ya han aprobado para poder operar en el privado y hacer las derivaciones, pero que como son bolsas ahora han entrado para hacer operaciones de rodilla, luego llamarán para las de cadera, pero en definitiva, mintiéndome”.

Pedro explica que en marzo de 2026 tuvo una nueva cita con la traumatóloga, “donde vuelve a poner en mi informe que estoy clínicamente fatal y que me tienen que operar rápidamente, pero voy a Admisión y me dicen que es la propia traumatóloga la que tiene que solicitar que me operen, pero la traumatóloga me dice que no, que ya ha puesto que es urgente en el informe, que no puede hacer otra cosa. Se van pasando la pelota de uno a otro. Y no leen la historia clínica, donde pone si es urgente o no. Solo me dicen que estoy en una lista y ya, que ya me llamarán”.

Me dijeron que iban a intentar incluirme en las listas de las personas que derivan al privado para ver si podían adelantarlo

Además de este “ninguneo”, Pedro Luis asegura que de las veces que ha acudido al hospital “justo había huelga de médicos” y esto también ha retrasado su proceso y que le puedan hacer caso. A mediados del mes de abril se presentó de manera presencial en el hospital y explica que “tenía que recibir una llamada de la directora de traumatología para que me diesen una solución y me dicen que no me puede llamar porque tenían una reunión. Bueno, pues después de la reunión que habría allí 40 o 50 personas tenían un vino para celebrarlo, que vi pasar a los del catering. Y los pacientes aquí estamos, un montón de horas esperando”.

En su carta que posteó en la red social Facebook, Pedro también expone su frustración, señalando que “la sanidad pública debería ser el orgullo de una sociedad decente. Pero cuando deja de curar, deja de proteger y deja de responder, se convierte en una maquinaria lenta, deshumanizada y profundamente injusta. Y en Castilla-La Mancha, para demasiados pacientes, esa maquinaria hoy no representa alivio ni esperanza: representa dolor, impotencia y desesperación”.

Plazos de lista de espera para operaciones en Castilla-La Mancha

El tiempo de espera máximo para recibir una intervención quirúrgica de prótesis de cadera en Castilla-La Mancha son 180 días -seis meses-, según el Defensor del Pueblo, tal y como recoge el Real Decreto 1039/2011.

Según se desprende de los indicadores de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS) publicados este pasado miércoles por el Ministerio de Sanidad, en Castilla-La Mancha un total de 36.260 pacientes se encontraban pendientes de una intervención quirúrgica a 31 de diciembre de 2025, con un tiempo de espera medio de 92 días.

Si se consulta el caso concreto de Pedro Luis en el Portal de Transparencia del SESCAM, para el Hospital Universitario de Toledo existen 2.669 pacientes pendientes de una operación para la especialidad de Traumatología, 824 en la misma situación que Pedro (plazo superior a 180 días). Por otro lado, se fija que el tiempo de espera medio es de 121,7 días.

Este medio se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha para conocer qué ocurre con las listas de espera y por qué en este caso no se está cumpliendo con los plazos vigentes, sin haber obtenido respuesta por el momento.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha expuesto este viernes que las listas de espera quirúrgicas en Euskadi van a pasar de 54 a 74 días, es decir, dos meses y medio o tres semanas más, como consecuencia de la menor actividad por la acumulación de huelgas médicas. El Gobierno vasco insiste en que se trata de una protesta “contra el Ministerio de Sanidad”, que es el que tiene las competencias para regular el estatuto marco de la profesión médica, y que las comunidades autónomas son las paganas, particularmente las que tienen más proporción de asistencia pública (98% en Euskadi, según los datos de Martínez).

Las movilizaciones, hasta la fecha, han consistido en huelgas de una semana cada mes. Ahora, el consejero no ha negado que puedan incluir también reducción de las llamadas “peonadas”, las autoconcertaciones consistentes en aligerar actividad pendiente por las tardes con horas extraordinarias, como ha publicado 'El Correo' citando fuentes del MUD, un movimiento corporativo sin representanción en Osakidetza y que suma al SME, el sindicato que sí está en la convocatoria de las protestas. Fuentes sanitarias, en privado, asimilan este movimiento al que en su día se produjo en la Ertzaintza con 'Ertzainas en lucha'.

Martínez ha indicado que “los más sufridores” de estos nuevos retrasos, que van a dar por tierra los costosos avances tras la pandemia de la COVID-19, serán los pacientes con “patologías que pueden esperar”, porque la actividad urgente o la oncológica, por ejemplo, siempre tiene prioriodad. “Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que este conflicto no perjudique a la asistencia y podamos atender sus necesidades de manera efectiva”, ha añadido también, en el Parlamento Vasco, el titular de Salud.

Martínez insiste en que la “competencia” para desatascar las demandas del colectivo médico “es exclusiva del Ministerio de Sanidad”. Ha indicado también que Euskadi ya ofrece mejores condiciones que otras comunidades en la parte que le corresponde a Osakidetza. “En Euskadi tenemos implantadas las 35 horas desde hace mucho tiempo”, ha puesto como ejemplo.

Los datos de la semana de huelga de marzo apuntaban a un seguimiento de la huelga por debajo del 20%. Martínez, sin embargo, ha indicado que, para ser un colectivo, es una cifra “muy importante” que impacta de lleno en la atención. La primera semana de paros fue asumible con reprogramaciones, pero a partir de la segunda la cosa empezó a torcerse, ha indicado. Y ha urgido a que la ministra Mónica García, con la que mantiene una tensa relación desde que accedió al cargo en 2024, ponga toda la carne en el asador para desatascar el conflicto.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha calificado de “poco humanas” las declaraciones de la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, sobre el impacto de la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo central, y ha considerado que “debería arrepentirse” de las mismas.

García Espada había advertido de un posible aumento de la presión asistencial en el Servicio Extremeño de Salud derivado de este proceso, que podría beneficiar a unas 3.000 personas en la región. Frente a ello, Quintana ha defendido que se trata de “ciudadanos que viven en España y que podrán trabajar”, y ha criticado la “estigmatización” de este colectivo.

“Son ciudadanos que viven en España y que podrán trabajar, y en este sentido la petición continua a la Delegación del Gobierno es que se precisan empleados para determinados sectores y estigmatizar humanamente a estas personas…”, ha señalado en declaraciones a los medios.

El delegado ha subrayado además que el refuerzo de personal en las oficinas que atenderán a los beneficiarios de la regularización será “el número que haga falta”, y ha confiado en que Extremadura no sea una de las comunidades con mayores dificultades en este proceso. “Hay que poner el esfuerzo necesario para hacerlo todo bien”, ha añadido, al tiempo que ha destacado el papel de las ONG y asociaciones que trabajan con población migrante.

Quintana ha realizado estas declaraciones antes de asistir a un minuto de silencio a las puertas de la Delegación del Gobierno en recuerdo de las últimas víctimas mortales por violencia de género en el país.

Por su parte, el PSOE de Extremadura ha calificado de “indignas” las palabras de la consejera y ha denunciado que suponen “un ejemplo más” del “desgobierno” que, a su juicio, impera en la comunidad autónoma. Los socialistas han recordado que Extremadura lleva meses sin un gobierno efectivo tras las elecciones de diciembre.

En una nota de prensa, el PSOE considera que de las declaraciones de García Espada “emana un trato deshumanizado hacia las personas migrantes”, al vincular su regularización administrativa con un supuesto riesgo para la sostenibilidad del sistema sanitario público. Asimismo, critica que se traslade a la ciudadanía “una imagen distorsionada que puede generar miedo e inquietud”.

Los socialistas sostienen además que estas manifestaciones buscan desviar la atención de los datos de listas de espera sanitaria publicados recientemente por el Ministerio de Sanidad y denuncian que se pretenda “maquillar una gestión deficiente señalando a colectivos vulnerables como responsables de problemas estructurales”.

En este contexto, el PSOE se pregunta “qué tipo de desgobierno encabeza la presidenta Guardiola” si considera que la incorporación de unas 3.000 personas puede provocar el colapso del sistema sanitario. También plantea interrogantes sobre el impacto futuro de proyectos industriales como la gigafactoría prevista en Navalmoral de la Mata, que implicaría la llegada de unas 2.500 personas a la zona.

Frente a esta visión, los socialistas defienden que el proceso de regularización no supone la llegada de nuevas personas, sino el reconocimiento de derechos a quienes ya residen en Extremadura. “No representan un problema, sino una oportunidad”, concluyen, al considerar que contribuirán a generar riqueza, fijar población y construir futuro en la región.

El tiempo medio de espera para operarse en Cantabria en el segundo semestre de 2025 fue de 137 días: 16 días más que la media nacional (121), 87 más que en Madrid (50), o 73 más que en Euskadi (64). Estos números sitúan a Cantabria únicamente por detrás de Andalucía (173) y Cataluña (142).

Así lo revela el último informe sobre la situación de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad en el segundo semestre de 2025, cuando el volumen de personas que estaba aguardando una intervención quirúrgica no urgente ascendía a 853.509, un 2,5 % más que en el mismo periodo de 2024.

Con ello, la tasa en Cantabria se situó en 24,92 personas por cada 1.000 habitantes, bastante más que la nacional, situada en 17,69/. Otras comunidades con tasas altas son Cataluña (24,84); La Rioja (23,8) y Andalucía (23,51), mientras que las más bajas se registran en la Comunidad Valenciana (9,91), seguida de Castilla y León (10,57); País Vasco (10,81) y Madrid (11,23).

En total, al final del segundo semestre del año pasado, había 14.490 personas esperando una operación en Cantabria.

El 26% de los cántabros espera más de seis meses para operarse

El nuevo balance arroja una espera media para someterse a una operación no urgente de 121 días, frente a los 126 de 2024. Varias comunidades superan esa media, encabezadas por Andalucía, con 173; Cataluña (142); Cantabria (137); Extremadura (135) y Aragón (132). Muy por debajo, por el contrario, están Madrid (50); País Vasco (64); Galicia (73) o La Rioja (78).

Del mismo modo, bajó el número de pacientes que esperan más de seis meses, que suponen el 21,6% del total, 1,3 puntos menos que el año pasado. No obstante, ese porcentaje se supera ampliamente en Andalucía (32,2 %); Cataluña (32%) o Cantabria (26,2%). Por el contrario, en Madrid fue de apenas el 0,8 %, en el País Vasco, del 2,3 % y en Galicia, del 5,7 %.

Se reduce la espera a la consulta con el especialista a 102 días

A 31 de diciembre de 2025, 84,42 de cada 1.000 personas estaban aguardando su primera consulta en atención especializada hospitalaria, una tasa 1,2 puntos superior a la del mismo periodo de 2024. Por el contrario, se esperaron menos días para ella, en concreto tres, hasta los 102. El 61,5% de los pacientes tenía una cita asignada para más de 60 días.

Por comunidades, donde más esperaron al especialista fue en Navarra (152 días); Aragón (138); Andalucía (136); Cataluña (120) y Extremadura (112), mientras que en La Rioja lo hicieron 32, menos que en País Vasco (49); Cantabria (61); Galicia (63); Castilla-La Mancha (64); o Madrid (68).

Cirugía Plástica y Neurocirugía, las mayores esperas

En total, los hospitales de la red del Sistema Nacional de Salud realizan anualmente más de 3,5 millones de intervenciones quirúrgicas, incluyendo tanto las urgentes como las programadas, que son las que conforman las listas de espera.

La especialidad más sobrecargada para operarse es Cirugía Plástica, con 269 días, seguida de Neurocirugía (172); Angiología y Cirugía Vascular (151). Mientras, las menos congestionadas fueron dermatología (64 días), cirugía cardíaca y oftalmología, ambas con 77 días.

Respecto a los cinco procesos quirúrgicos sujetos a garantía de tiempo de espera en el SNS (180 días), el 'by-pass' coronario acumula una espera media de 54 días, con un 1,6% de los pacientes que aguardan más de ese máximo establecido.

Le sigue cirugía cardíaca valvular (71 días y 6,9 % de pacientes); cirugía de cataratas (68 y 2,6 %); el recambio de cadera, con 98 días, y el de rodilla, con 105, son los procedimientos con mayor demora media y porcentaje de pacientes que superan los tiempos máximos (13,7 y 15,9 % respectivamente).

En total, los hospitales de la red del SNS realizan anualmente más de 3,5 millones de intervenciones quirúrgicas, incluyendo tanto las urgentes como las programadas, que son las que conforman las listas de espera.

Mientras, en consultas externas, las mayores esperas se produjeron en Traumatología, con 132 días, y Dermatología (127). En el otro extremo está Cirugía General con un promedio de 61 días, Ginecología (64) y Cardiología (68).

El tiempo medio de espera para operarse en España se redujo en el segundo semestre de 2025 a 121 días, cinco menos que en el mismo periodo del año anterior. El dato a nivel estatal encuentra fuertes contrastes por comunidades autónomas. Mientras en Andalucía se dispararon a los 173 y en Catalunya, hasta los 142, en Madrid y Euskadi se situaron en los 50 y los 64 días, respectivamente, según los datos del último informe sobre la situación de las listas de espera publicados por el Ministerio de Sanidad.

El informe arroja también una cifra récord: 853.509 personas estaban esperando durante el segundo semestre de 2025 a ser llamadas para someterse a una intervención quirúrgica no urgente. Son un 2,5% más que en el mismo periodo de 2024 y suponen 18 pacientes por cada 1.000 habitantes. Las tasas también varían por comunidades. Las más altas aparecen en Cantabria (24,92); Cataluña (24,84); La Rioja (23,8) y Andalucía (23,51), mientras que las más bajas se registran en la Comunidad Valenciana (9,91), seguida de Castilla y León (10,57); País Vasco (10,81) y Madrid (11,23).

El nuevo balance arroja una espera media para someterse a una operación no urgente de 121 días. Las comunidads donde se registran las mayores esperan son Andalucía, con 173; Cataluña (142); Cantabria (137); Extremadura (135) y Aragón (132). Muy por debajo, por el contrario, están Madrid (50); País Vasco (64); Galicia (73) o La Rioja (78).

La espera media se sitúa en unos cuatro meses, aunque el 21,6% de los pacientes superan el medio año de espera, 1,3 puntos menos que el año pasado. No obstante, ese porcentaje se supera ampliamente en Andalucía (32,2 %); Cataluña (32 %) o Cantabria (26,2 %). Por el contrario, en Madrid fue de apenas el 0,8 %, en el País Vasco, del 2,3 % y en Galicia, del 5,7 %.

Se reduce la espera por el especialista a 102 días

A 31 de diciembre de 2025, 84,42 de cada 1.000 personas estaban aguardando su primera consulta en atención especializada hospitalaria, una tasa 1,2 puntos superior a la del mismo periodo de 2024. Por el contrario, se esperaron tres días menos de media, 102. El 61,5 % de los pacientes tenía una cita asignada para más de 60 días.

Por comunidades, donde más esperaron al especialista fue en Navarra (152 días); Aragón (138); Andalucía (136); Cataluña (120) y Extremadura (112), mientras que en La Rioja lo hicieron 32, menos que en País Vasco (49); Cantabria (61); Galicia (63); Castilla-La Mancha (64); o Madrid (68).

En total, los hospitales de la red del SNS realizan anualmente más de 3,5 millones de intervenciones quirúrgicas, incluyendo tanto las urgentes como las programadas, que son las que conforman las listas de espera. La especialidad más sobrecargada para operarse son Cirugía Plástica, con 269 días, seguida de Neurocirugía (172); Angiología y Cirugía Vascular (151). Mientras, las menos congestionadas fueron Dermatología (64 días), y Cirugía cardíaca y Oftalmología, ambas con 77 días.

Respecto a los cinco procesos quirúrgicos sujetos a garantía de tiempo de espera en el SNS (180 días), el 'by-pass' coronario acumula una espera media de 54 días, con un 1,6 % de los pacientes que aguardan más de ese máximo establecido.

Le sigue cirugía cardíaca valvular (71 días y 6,9 % de pacientes); cirugía de cataratas (68 y 2,6 %); el recambio de cadera, con 98 días, y el de rodilla, con 105, son los procedimientos con mayor demora media y porcentaje de pacientes que superan los tiempos máximos (13,7 y 15,9 % respectivamente).

Mientras, en consultas externas, las mayores esperas se produjeron en Traumatología, con 132 días, y Dermatología (127). En el otro extremo está Cirugía General con un promedio de 61 días, Ginecología (64) y Cardiología (68).

Un decreto para dar “transparencia”

El Ministerio de Sanidad trabaja en un real decreto para regular las listas de espera, que se elaboran siguiendo diferentes criterios según las comunidades autónomas, con el objetivo de darles “transparencia y trazabilidad”, según indicó la ministra Mónica García, durante el VI Foro Económico de elDiario.es , en marzo.

“Yo quiero saber cuánto se tarda en ir a una consulta, a la primera consulta de un psicólogo, por ejemplo. Cuánto se tarda en operar un proceso oncológico, que en nuestro país van muy rápidos. Y, sin embargo, estamos midiendo cuánto tardamos en operar una variz, un juanete o una vesícula. Necesitamos la colaboración de las comunidades para darle transparencia al proceso. Queremos saber, desde el ministerio, cuál es el tiempo que pasa desde que un paciente va a atención primaria con cualquier tipo de patología o dolencia hasta que le ven un especialista, le hacen una prueba, le vuelve a ver al especialista y hasta que le operan o no le operan o le dan el tratamiento. Toda esa trazabilidad no la tenemos a día de hoy. No sabemos lo que pasa con nuestros pacientes”, explicó.

El paciente esperaba por una colonoscopia calificada como “preferente” desde febrero de 2023, pero el Hospital Universitario de Canarias (HUC), el de referencia para la población del norte de Tenerife, no le dio cita para esta prueba hasta noviembre, nueve meses después. Para entonces, el cáncer diagnosticado (adecarcinoma) ya se había extendido por metástasis a otros órganos vitales y sólo cabía aplicar cuidados paliativos. Murió a los tres meses, en febrero de 2024. 

Ante la reclamación patrimonial formulada por la familia del fallecido, el Servicio Canario de Salud (SCS) admitió parte de responsabilidad por el retraso injustificado en la prueba diagnóstica, pero no toda. La administración planteó “la concurrencia de cierto grado de autoría del propio paciente” porque “existió cierta pasividad al no advertir de tal retraso ni reclamar su pronta realización”. 

La Consejería de Sanidad pretendía corresponsabilizar al paciente del retraso para tratar de reducir la cuantía de la indemnización que debe pagar a la familia por los daños morales infligidos.

En un dictamen firmado a finales de marzo, el Consejo Consultivo de Canarias, órgano encargado de velar por la legalidad de las decisiones de las administraciones públicas de las Islas, rechaza los argumentos de Sanidad, a quien atribuye la responsabilidad exclusiva de la “pérdida de oportunidad” que sufrió el paciente debido al diagnóstico tardío.

“No cabe sostener” que la respuesta a la urgencia de esa prueba diagnóstica requiriera “un impulso por parte del paciente”, concluye el Consultivo. Al contrario, su necesidad era “apremiante” desde febrero de 2023, desde que se conoció el resultado positivo de la prueba de sangre en heces que había pedido días antes su médico de atención primaria. La prueba fue solicitada el 10 de febrero de 2023. La colonoscopia se practicó el 7 de noviembre. El paciente murió el 8 de febrero de 2024.

Los informes

El propio Servicio Canario de Salud (SCS), a través del Servicio de Inspección y Prestaciones (SIP), admitió que esa “demora prolongada” había favorecido “la progresión tumoral”.

En el informe remitido al Consultivo, el SIP estimaba que en enero de 2023 el tumor ya existía, al menos, en un estadio dos. De haber actuado con la celeridad debida, las posibilidades de supervivencia del paciente habrían sido “sustancialmente mayores”.

La Consejería de Sanidad cuantificaba la “pérdida de oportunidad” para el paciente en un 60%: de un 75% de posibilidades de supervivencia a cinco años en un estadio dos (enero) a un 15% cuando fue diagnosticado (noviembre) en un estadio cuatro (metástasis).

La familia, por su parte, presentó su propio informe pericial, que concluía que el intervalo prudente entre el positivo en la prueba de sangre en heces y la colonoscopia no debió superar el mes o los dos meses. Cuando se realizó, nueve meses después, el paciente “ya presentaba anemia, síndrome constitucional (cansancio, pérdida de apetito y adelgazamiento involuntario), diarreas con nocturnidad y tenesmo”, hallándose en esa prueba diagnóstica “un adecarcinoma rectal avanzado y limitándose las opciones a quimioterapia paliativa con una supervivencia de sólo tres meses desde el diagnóstico efectivo”.

Esta demora asistencial provocó, en opinión del doctor que firma ese informe pericial, “una flagrante pérdida de oportunidad terapéutica”.

La indemnización

En este procedimiento de responsabilidad patrimonial, el Servicio Canario de Salud no ha discutido la existencia del daño ni la legitimidad de los reclamantes (la madre y los tres hermanos del fallecido). Ni siquiera ha cuestionado el importe reclamado por los interesados (95.750,16 euros para la madre y 18.532, 29 para cada hermano).

Lo que pretendía era eludir el pago íntegro de la indemnización descargando parte de la responsabilidad en el propio paciente. A juicio de la administración, este “debió informar al médico de cualquier cambio o empeoramiento en su condición”.

El informe del servicio de Inspecciones y Prestaciones recoge el siguiente tenor literal: “Desde febrero de 2023 hasta el 19 de octubre de 2023 no fue solicitada al servicio sanitario otra atención, ni al médico de familia ni a un servicio de urgencias. Ello pudo contribuir al retraso diagnóstico. Si el paciente no informa de los cambios en sus síntomas, el médico no está al tanto de la verdadera situación a fin de acelerar o no la obtención de un diagnóstico y tratamiento”.

A juicio de Sanidad, “esto tiene una indudable influencia en el resultado final”, puesto que “si bien en modo alguno excluye la responsabilidad del SCS en los hechos, la propia conducta del paciente permite modular los daños causados”. “Estaríamos hablando, por tanto, de una responsabilidad compartida”, concluye.

El Consejo Consultivo rechaza de forma tajante esta interpretación de la Consejería de Sanidad. El retraso diagnóstico no proviene de esa supuesta “pasividad” del paciente, sino del retraso en la realización de una prueba solicitada con carácter preferente. No era necesario que el pacientela impulsada ni tampoco una progresión en los síntomas. “Con o sin dolor abdominal, expresamente manifestado o no por el paciente, la urgencia en la realización de la colonoscopia mantuvo siempre su imperiosidad, su necesidad apremiante por sí misma, tan sólo a partir del resultado positivo de la prueba de sangre en heces”.

Y advierte además el órgano consultivo que lo dicho por la Consejería de Sanidad no es cierto. El SCS obvió en su informe que el paciente sí requiriró entre febrero y octubre de asistencia sanitaria. En concreto, en mayo acudió a su médico de familia, según refleja su historia clínica. No consta que en esa conculsta el facultativo “se hubiera interesado” por la prueba diagnóstico“ y menos aún que, ”advertido el retraso, la reiterara con carácter urgente“.

Por todo ello, niega la existencia de “corresponsabilidad alguna del paciente” en el retraso de la prueba, que es achacable en exclusiva al SCS. El Consultivo remarca que el daño indemnizable no es “el resultado final” (en este caso, el fallecimiento), sino “la probabilidad frustrada de haber alcanzado un resultado clínico más favorable por falta de diligencia en la actuación asistencial”.

En este caso, “el retraso injustificado” en la colonoscopia “privó al paciente de la oportunidad real de recibir un diagnóstico precoz y, con ello, un tratamiento con finalidad curativa o, al menos, con mayores probabilidades de prolongar su supervivencia y conservar su calidad de vida”.

El Consultivo fija la indemnización en la cuantía resultante de aplicar un 60% (pérdida de oportunidad) a las cantidades reclamadas por la familia. Es decir, 57.450,1 euros para la madre y 11.119,37 para cada hermano. En total, 90.808,22 euros.

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) registra los peores tiempos de respuesta para pruebas diagnósticas de los principales centros sanitarios del Archipiélago. Los últimos datos publicados revelan cifras alarmantes, como una espera media de 540 días (un año y medio) para una endoscopia, 183 para una ecografía o 158 para un escáner. Además, lidera las demoras en consultas externas, con más de 42.000 pacientes en lista de espera. 

La Consejería de Sanidad difundió el pasado 30 de marzo un comunicado en el que señalaba que a lo largo de 2025 citó a un total de 291.088 personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años para participar en el Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Colon y Recto de Canarias y que acudieron a la consulta un 38%.

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha logrado en marzo, por segundo mes consecutivo, reducir ligeramente las listas de espera, que sufrieron un repunte tras la Navidad. Son 60.990 personas las que esperan a ser atendidas por un especialista, 487 menos que en febrero.

La lista de espera también es menor en Traumatología, la especialidad con peores cifras. Son 14.461 los pacientes en espera. Para tratar de reducir la lista en esta especialidad, el Servicio navarro de Salud ha puesto en marcha un proyecto piloto de pago de incentivos a médicos por atender a más pacientes y lograr que descienda la lista.

Con todo, el tiempo media de espera para ser atendido sigue duplicando al máximo recogido en la ley foral de garantías (30 días) y se sitúa en los 77 días de media para ser atendido, uno más que en el mes anterior. En el caso de Traumatología este tiempo asciende a los 131 días.

En cuanto a la lista de espera para cirugía, en marzo se ha reducido en 147 personas y son 10.273 los pacientes que esperan por una operación no urgente. El tiempo medio de espera se sitúa en los 92 días, uno menos que en febrero.

El Servicio Navarro de Salud cambió en julio el sistema de recuentro de la lista de espera para una primera consulta con especialista, dejando de contabilizar a aquellos pacientes que hayan renunciado a una cita por motivos personales para así “homogeneizar” la contabilidad a la del resto de comunidades autónomas.

Las listas de espera sanitaria (quirúrgica, pruebas diagnósticas y consultas) han crecido en marzo en Cantabria tanto en relación al mes anterior como respecto al cierre de 2025, si bien la demora media ha bajado en todos los casos.

Concretamente, el tercer mes del año se cerró con 14.960 personas a la espera de someterse a una operación quirúrgica, 180 más que en febrero (+1,22%) y 470 más que a cierre de 2025 (+3,24%).

La demora media se sitúa en 135,3 días (unos cuatro meses y medio), lo que supone 1,2 días menos que en febrero y 1,5 que en diciembre.

Por otra parte, en lista de espera para una prueba diagnóstica había al finalizar marzo 42.847 personas, un 5,9% más que en febrero (40.455) y un 6,7% superior a las registradas a la conclusión de 2025 (40.156).

Sin embargo, la demora media se ha recortado casi una semana, concretamente 6,6 días, desde diciembre. Así, se ha pasado de los 74 a cierre del pasado ejercicio a 67,4 en marzo (aproximadamente dos meses y una semana), dato también menor que el de febrero, cuando era de 70,1.

La misma tendencia se da en las listas para una consulta: crecen las personas que esperan pero baja la demora media. Concretamente, al finalizar marzo había 39.943 personas a la espera de una consulta, lo que suponen 2.612 más que en diciembre (+7%) y 1.351 más que en febrero (+3,5%).

En el primer trimestre del año, la demora media se ha reducido en este caso más de una semana (7,1 días), hasta situarse en los 53,9 días -en diciembre era de 61-. Con respecto a febrero, también ha disminuido 1,2 días.

Hay que tener en cuenta en los datos de las listas de espera el impacto de las huelgas médicas para reivindicar un estatuto propio para la profesión celebradas a nivel nacional tanto en diciembre (del 9 al 12), como en febrero (16-20) y marzo (16-20) y que han supuesto suspensión de operaciones, consultas y pruebas. Hay previstas también huelgas en abril (27-30), mayo (18-22) y junio (15-19).

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea pondrá en marcha entre abril y junio un “proyecto piloto” en el que, en lugar de pagar la “actividad extraordinaria en la asistencia especializada” por “hora de trabajo”, las conocidas como peonadas, lo hará “por objetivos”, con el fin de “empezar un nuevo sistema de optimización de la gestión e incentivos” para reducir la lista de espera en las especialidades más demandadas. Según comunican desde Salud, “conforme al diagnóstico actual y la situación”, el sistema se implantará primero en Cirugía Ortopédica y Traumatología y de Rehabilitación.

En la revisión de “la evolución del gasto en productividad” ligado a los planes “de reducción de las listas de espera”, Salud ha expuesto que la inversión hecha hasta ahora ayuda a “contener” su aumento, pero no siempre logra “la reducción buscada” ni en relación con lo que se gasta. Según han comunicado, así figura también en “informes y auditorias” externas.

Por ello, este “proyecto piloto” se fija como “objetivo”, para poder cobrar un “incentivo”, aumentar “la actividad ordinaria” y “reducir la lista de espera de primeras consultas”, teniendo en cuenta la plantilla disponible y la demanda.

Además, el incentivo “es diferente y adicional respecto al pago” por horas extra en “jornada extraordinaria”. De forma que, tras evaluar su evolución, “el objetivo e intención” es su ampliación “en el sistema” para que se acabe sustituyendo también “el pago por horas con coeficientes por el pago por procesos y consecución de objetivos”, explica este periódico Ignacio Iriarte, director de Profesionales de Osasunbidea. Aunque aclaran que, en un futuro, “no necesariamente” se aplicaría con el único fin de reducir las listas de espera de primeras consultas, sino para alcanzar los objetivos “que en cada momento se establezcan”.

Para controlar el nuevo sistema de pago, “se hará un control trimestral a efectos de pago en 2026, que posteriormente podría ser anual, y un seguimiento mensual de datos e indicadores” para aplicar las medidas de ccorrecciónen la gestión y “lograr mejores resultados”.

Si el proyecto alcanza los “objetivos de reducción de listas de espera y aumento de actividad ordinaria”, que se evaluará entre julio y agosto, se barajará ampliarlo “al resto de servicios” los dos meses siguientes para, finalmente, determinar su implantación en “toda la organización”.

Por su parte, el Sindicato Médico de Navarra ha mostrado su rechazo “frontal” al nuevo sistema de pago. “Esta iniciativa se quiere implantar sin ningún tipo de negociación previa con la representación mayoritaria de los médicos y facultativos, así como del resto de representantes sindicales”, afirman. Y han señalado que “esta forma de proceder supone un grave menosprecio hacia el colectivo facultativo”, incluido a los del servicio “de Rehabilitación y Traumatología, directamente implicados en esta iniciativa”.

Desde el punto de vista de fondo, el sindicato médico mayoritario de Navarra ha considerado que esta estrategia para la disminución de las listas de espera se ha planteado “sin tener en cuenta la situación sanitaria actual”, achacando el problema a “la escasez de plantilla médica”.

A Esther, a sus 55 años, la vida se le escapaba de las manos en apenas unos días. Esta granadina, que había acudido a las urgencias hospitalarias del Hospital San Cecilio de Granada por una simple caída el pasado mes de enero, empeoró notablemente en unas horas críticas que estuvieron a punto de acabar en tragedia. “Podría haber muerto”, reconoce tras haber vivido en primera persona cómo la situación asistencial de las urgencias en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) da pie a episodios como el suyo.

La segunda semana laboral completa de huelga convocada por los sindicatos médicos contra el Estatuto Marco del Gobierno de España afronta su recta final. Mientras, la cuestión sanitaria ha entrado de lleno, si no lo había hecho ya, en la precampaña electoral a tres meses de los comicios. El caso de Esther es extremo, pero representa el sentir de profesionales, pacientes y sindicatos de la sanidad pública andaluza. Porque la falta de personal en todos los ámbitos da pie a jornadas maratonianas que extenúan a los profesionales porque no pueden dar abasto con el volumen de usuarios que reciben, especialmente en los periodos de alta frecuentación que se producen en invierno por las patologías asociadas a las enfermedades respiratorias fruto del frío. En la historia de Esther se cruzan todos los factores que explican lo que para los sindicatos de la mesa sectorial es, desde hace años, el “desmantelamiento” de la sanidad pública.

Porque Esther, que desarrolló asma crónica por culpa del tabaco, estuvo a punto de perder la vida por una neumonía no diagnosticada. “Llegué a despedirme de mi marido y cuando me dijeron que tendría que entrar en la UCI pensaba que me moría”. No se equivocaba, puesto que el personal médico que la atendió advirtió a sus familiares de que el cuadro clínico que presentaba era muy malo y que podía pasar lo peor. Afortunadamente, sobrevivió, pero el relato de los cuatro días que pasaron entre su caída y el ingreso en la UCI desvelan la falta de recursos que hay incluso en hospitales tan importantes como el San Cecilio de Granada.

Sin estadísticas oficiales ni un tiempo de respuesta determinado por decreto, las urgencias hospitalarias y de centros de salud responden a la buena voluntad de los profesionales, a la afluencia de usuarios y, a veces, a la suerte. El caso de Esther es paradigmático: se cayó y notó una fuerte presión en el pecho por la que acudió a urgencias. Una vez allí, se limitaron a hacerle una exploración sin rayos que no detectó un grave hematoma que tenía. Tras pasar varias horas en urgencias, fue derivada a su casa con antiinflamatorios, pero seguía sufriendo “dolores insoportables”. Tras otras dos visitas los siguientes días en urgencias, acabó siendo hospitalizada porque había contraído una gripe que le había generado una neumonía que no le habían diagnosticado y que, por poco, casi le cuesta la vida.

Historias como la de Esther no son las únicas. Pilar, de 88 años, vivió un proceso aún más prolongado antes de recibir un diagnóstico correcto. Desde que su médica de cabecera la derivó a urgencias el 21 de octubre hasta que finalmente fue ingresada en la UCI el 13 de diciembre con un diagnóstico de síndrome coronario agudo, transcurrieron casi dos meses. Durante ese tiempo acudió en tres ocasiones al servicio de urgencias y regresó a casa sin un diagnóstico claro ni un tratamiento que aliviara sus síntomas. Fueron semanas de dolor, sufrimiento y desconcierto en las que su estado fue empeorando progresivamente pese a que su edad avanzada y sus antecedentes coronarios podían haber alertado de un posible problema cardíaco.

La situación cambió el 13 de diciembre, cuando el agravamiento de los síntomas la obligó a regresar de nuevo a urgencias. Esta vez fue ingresada de inmediato y trasladada a la UCI. A pesar de la dureza del proceso, Pilar reconoce el trabajo del personal sanitario que finalmente la atendió. “Ese día apareció la sanidad pública que recordaba, la atención y la profesionalidad con la que mi familia y yo siempre habíamos contado”.

Su experiencia, sin embargo, le deja preguntas que van más allá de su propio caso. “¿Qué ocurre con las urgencias? ¿Cuáles son sus protocolos y criterios para atender a las personas? ¿Quién decide sobre los profesionales y los equipos que están al frente? ¿Son más importantes los planteamientos de rentabilidad económica que los de atención a las personas?”. “Estas preguntas no son retóricas”, advierte. “Tienen respuesta. Y víctimas”.

Profesionales al límite

Quienes trabajan en primera línea reconocen que la saturación de las urgencias no siempre tiene su origen en los propios hospitales, sino en las dificultades de acceso a la atención primaria. Marta es médica en el centro de salud de Atarfe, en el área metropolitana de Granada. Según explica, el dispositivo de urgencias de este centro atiende a una población que supera los 40.000 habitantes y que incluye municipios y zonas dispersas como Albolote, Colomera, El Chaparral o el entorno del pantano de Cubillas. Además, a partir de las tres de la tarde las urgencias de Albolote se derivan a Atarfe, lo que incrementa aún más la presión asistencial.

A pesar de ese volumen de población, el servicio funciona con solo dos equipos de guardia. “Con que uno salga a un aviso domiciliario, el otro se queda solo atendiendo todo lo que entra, y eso revienta el servicio”, explica. La situación se agrava, según relata, por las dificultades para conseguir cita en la atención primaria. “Si te dan cita para dentro de dos semanas, entiendo que la gente vaya a urgencias, aunque no sea el sitio. Cuando tienes un problema de salud, lo que quieres es que se solucione”.

El personal sanitario llevaba tiempo reclamando la incorporación de un tercer equipo de urgencias para poder repartir la carga asistencial. Sin embargo, la petición ha sido denegada por la administración autonómica. “Ese tercer equipo estaba previsto, pero al final lo han rechazado. Lo decide Sevilla y nosotros nos quedamos con dos equipos para una población enorme”, lamenta. En ese contexto, las guardias se convierten en jornadas extenuantes. Según explica, cada médico puede llegar a atender cerca de un centenar de pacientes durante una sola guardia. “Es un trabajo a destajo. Durante la madrugada tampoco paran de venir pacientes. Con dos médicos es inasumible”.

La presión asistencial también se deja sentir en los hospitales comarcales, donde la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población añaden dificultades adicionales. Mar trabaja desde hace siete años en las urgencias del Hospital de Baza y explica que la demanda no ha dejado de crecer en ese tiempo. Este centro sanitario da servicio a una amplia comarca del norte de Granada, con numerosos municipios pequeños y una población especialmente envejecida. “Aquí la gente es muy mayor y eso supone una mayor carga asistencial”, señala.

A su juicio, el principal problema vuelve a estar en la saturación de la atención primaria, que debería actuar como primer filtro del sistema sanitario. Cuando ese primer nivel no puede absorber la demanda, los pacientes terminan acudiendo directamente a urgencias. “Si la primaria falla, todo acaba degenerando aquí, porque la gente busca una solución”. Aunque actualmente la plantilla del hospital está completa, el volumen de trabajo ha crecido hasta el punto de hacer los turnos cada vez más exigentes. “Ahora mismo estamos todos los médicos, pero aun así los turnos son mucho peores porque hay muchísima más demanda”.

Ese incremento de pacientes se traduce en tiempos de espera más largos, sobre todo para los casos menos urgentes. Situaciones que antes podían resolverse en aproximadamente una hora ahora se alargan considerablemente más. La prolongación de esas esperas también tiene impacto en la relación con los pacientes. “Cuando la gente tiene que esperar más tiempo llega más enfadada y se genera una especie de retroalimentación negativa que hace más difícil el trato”, explica.

Desde los sindicatos reconocen que la presión asistencial en las urgencias varía según el momento del año y el centro sanitario. Victorino Girela, portavoz de sanidad de CSIF en Andalucía, señala que los tiempos de espera no siempre responden a un colapso estructural, sino a picos de demanda asociados sobre todo a las epidemias invernales de gripe y otras infecciones respiratorias.

“El tiempo medio de espera en urgencias es muy variable. Depende del centro y del momento epidémico en que nos encontremos”, explica. Según indica, una vez superados los picos de alta frecuentación propios del invierno, “no hay más que las demoras habituales”. El representante sindical asegura que no tiene constancia de retrasos generalizados fuera de esos periodos, aunque sí señala casos concretos donde los tiempos se han alargado por falta de personal. “El Hospital Virgen del Mar de Cádiz ha mantenido tiempos de espera más altos por falta de profesionales”, apunta.

Donde sí reconoce una presión más evidente es en la atención primaria. En muchos centros de salud, los pacientes pueden esperar más de una semana para ser atendidos por su médico de cabecera. “Los tiempos medios de espera superan los ocho o diez días para ver a tu propio médico, y en muchos casos la consulta es incluso telefónica”, afirma.

La respuesta de la Junta

La Consejería de Salud y Consumo no ha respondido directamente a las preguntas de este medio sobre el posible colapso de las urgencias ni sobre los tiempos medios de atención en el sistema sanitario andaluz. En su lugar, se han remitido a una intervención del consejero de Salud, Antonio Sanz, durante una sesión parlamentaria en la que defendió el funcionamiento general del sistema sanitario.

En esa intervención, el consejero pidió analizar la situación a partir de “indicadores objetivos” y no de casos concretos. Según explicó, el sistema sanitario andaluz gestiona cada año 588 millones de datos sanitarios, por lo que considera inevitable que puedan producirse incidencias puntuales. En el ámbito de la atención primaria, cuyo colapso denuncian sindicatos y profesionales como la clave de bóveda que genera el resto de problemas, aseguró que el tiempo medio de respuesta “no supera los cinco días”, una cifra que, según defendió, refleja la media del sistema.

Sanz reconoció, no obstante, que pueden existir demoras en procesos no urgentes o programados y defendió que la Junta está adoptando medidas para reforzar el sistema sanitario andaluz, entre ellas la aprobación de 3.983 nuevas plazas en el Servicio Andaluz de Salud o la puesta en marcha de un decreto para facilitar la cobertura de puestos de difícil acceso en zonas rurales. También señaló que el sistema sanitario andaluz, con más de 130.000 profesionales, 1.514 centros de salud y más de medio centenar de hospitales para atender a una población de 8,6 millones de personas, es el mayor del país, lo que a su juicio explica que puedan producirse incidencias en la actividad asistencial.

Mientras tanto, para pacientes como Esther o Pilar, la cuestión no se mide en estadísticas ni en indicadores de gestión, sino en el tiempo que pasa entre el momento en que acuden a urgencias y el instante en que alguien consigue poner nombre a lo que les ocurre. Un tiempo que, en algunos casos, puede marcar la diferencia entre una recuperación difícil y una tragedia.

“Estoy que no puedo más”. Así define Delphine Crespo, una paciente crónica con covid persistente, la espera de más de dos años para una revisión en Neurología: “Después de la primera consulta me dijeron que tendría revisión a los cuatro meses, esto fue en noviembre de 2023”, explica. Algo similar cuenta Miguel Terrado: “En agosto de 2023 me dijeron que la espera para Neurocirugía era de un año o un año y medio y todavía me aparece como pendiente de fecha”.

En ambos casos se trata de consulta de especialidades, que se realizan en los centros específicos y no en los hospitales de referencia. En el caso de Crespo, la consulta debería ser en el centro Ramón y Cajal, que “está muy saturado”, y en el de Terrado en el Inocencio Jiménez. 

La espera prolongada provoca que estos pacientes acudan a urgencias, tal y como explica Terrado: “No tengo ningún seguro privado, no he hecho ninguna gestión para agilizar, he estado a la espera de esta comunicación que se ha retrasado ya en dos años y medio. En este tiempo he tenido que acudir dos o tres veces a urgencias por cuestiones que tendrían que ver con esta especialidad. En definitiva, han pasado más del tiempo máximo de espera y a partir de ahora no hay ninguna comunicación”, relata. En su caso, la consulta está recomendada por los departamentos de Otorrinolaringología y de Neurología del Hospital Clínico. 

Crespo sí que ha presentado varias reclamaciones por la espera, ya que se le prescribió un tratamiento en 2023 que no se ha revisado desde entonces. Padece covid persistente y acudió al neurólogo por las fuertes migrañas que sufre. Explica que en julio de 2025, año y medio después de la primera consulta, acudió a citaciones para preguntar: “Me dijeron que la lista de espera era mínimo de dos años y me dijeron que mi primera visita había sido en febrero de 2024, aunque yo les expliqué que fue en noviembre de 2023. Me dijeron que me llamarían para febrero de 2026, estamos a mitad de marzo y no he sabido nada”. 

“Soy paciente crónica compleja con una enfermedad con otros síntomas neurológicos que nadie me está viendo, me parece grave y creo que está hecho a propósito porque es una enfermedad nueva que nadie quiere”, explica. Considera que, a los pacientes que sufren covid persistente, “se nos quitan de encima” y critica la “falta de seguimiento”. 

Relata que, dentro de la Asociación Long COVID Aragón, hay más personas que le han comentado situaciones parecidas: “Una de ellas lleva tres años esperando para Neumología, tuvo que ir varias veces a urgencias. Al final, su médico de cabecera consiguió derivarla al Miguel Servet, llevaba tres años esperando en el Ramón y Cajal”. Considera que lo que está viviendo los pacientes es un “abandono asistencial”: “Llevo dos años y cuatro meses esperando una cita de revisión”. 

Listas de espera

Fuentes del Departamento de Sanidad explican que, del total de especialidades médicas, hay 14 en las que se deben garantizar los tiempos máximos en primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos, con un tiempo máximo de respuesta de 60 días. Neurología es una de ellas, pero Crespo está esperando una segunda consulta, por lo que su caso no se rige por esta norma. Exponen que en 2025 el número total de consultas en esta especialidad fue de 67.776, un 1,62% más que en 2022. 

Neurocirugía no figura entre las especialidades que tienen un tiempo mínimo de atención, aunque desde Sanidad añaden que el número de consultas ha aumentado en un 23,83% en estos tres años hasta los 14.273 de 2025. Aseguran que estos datos “reflejan el esfuerzo por atender a más personas y el trabajo por mejorar la asistencia”. 

Los datos de consulta de especialidades médicas no aparecen como tal publicados, aunque en la lista de espera quirúrgica aparece Neurocirugía con una demora media de 356 días y 584 pacientes que llevan más de seis meses en espera. En el caso de la lista de espera de consultas externas, la demora media que comunica el Gobierno de Aragón es de 129 días en Neurología. 

Todos los indicadores con los que se analiza la evolución de las listas de espera han empeorado en Galicia. Al cierre de 2025, los pacientes de la sanidad pública tenían que aguardar más que en 2024 tanto para someterse a una operación como para ver a un médico o hacerse una prueba. Los datos del año pasado muestran no solo un empeoramiento con respecto al ejercicio anterior, sino también que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) sigue sin recuperar los tiempos que había antes de la pandemia (54 días para pasar por quirófano en 2019).

Los datos los ha explicado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que ha tratado de justificar los malos resultados señalando que ha habido un aumento de la actividad y atribuyendo el incremento de las listas de espera a la huelga de médicos convocada a nivel estatal contra el Estatuto Marco a finales del año pasado. No ha hecho referencia, sin embargo, a las convocatorias que han afectado específicamente a la sanidad pública gallega, con paros en atención primaria en noviembre, y también en la actualidad.

Los datos del Sergas indican que la espera media para una operación era, con los datos al cierre de 2025, de 72,8 días, frente a los 67,1 de demora de 2024. Es decir, los pacientes tienen que esperar 5,7 días más. El incremento en la demora afecta a todas las prioridades, aunque en diferente medida. La prioridad 1 ha empeorado en 3,1 días y tiene una espera media de 20,2 días. La prioridad 2 es la peor parada: la demora es de casi 73 días, seis más que en 2024. Y la prioridad 3 registró una espera de 75,7 días de media, es decir, 5,8 más que el año anterior. La Xunta apunta que, pese a que han ido a peor, los tiempos gallegos están por debajo del estándar que establece un plazo de 30 días para las intervenciones más urgentes.

También sube el porcentaje de pacientes que deben aguardar más de seis meses para una operación. Al término de 2025 eran 2.810, el 5,7% del total. Un año antes representaban el 3,9%. El Sergas indica que, en total, se hicieron 207.409 intervenciones en la sanidad pública el año pasado, que son casi 2.600 más que el ejercicio anterior. Sin embargo, entre las de prioridad 1, la cifra cayó de 27.740 a 27.560.

En cuanto a las esperas para las consultas médicas, la demora media se situó en 62,6 días (eran 60,8 un año antes), algo más de dos meses, y los gallegos en lista de espera eran 205.248. De ellos, algo más de cuatro de cada diez (41,2%) afrontaban una demora de más de 60 días, frente al 36% que tenía que esperar más de dos meses en 2024. Para hacerse pruebas estaban aguardando casi 124.000 pacientes al finalizar 2025, con un tiempo medio de 97,8 días. Al cierre de 2024, la espera era de 87,3, es decir, 10,5 días menos.

En las vías rápidas establecidas para varios tipos de cáncer, el tiempo medio de espera no registró apenas variación entre 2024 y 2025 en el cómputo global, pero los resultados fueron dispares en cada caso. La vía rápida del cáncer de mama aumentó la espera en 2,5 días, de casi cuatro a algo más de seis. Las cifras son similares en el oncohematológico y también empeoraron en el de vejiga, que pasó de 3,8 a 5,2.

Gómez Caamaño aseguró que la tendencia era positiva hasta noviembre y achacó que el empeoramiento de los indicadores se debió a las huelgas de médicos posteriores. La Xunta asegura que por este motivo se tuvieron que suspender 1.086 cirugías y 27.800 consultas en el mes de diciembre.

En la actualidad, la sanidad gallega afronta otras protestas de los profesionales que reclaman cambios en las políticas autonómicas. Este jueves la Consellería ha informado de que los paros convocados en atención primaria por CIG y O'Mega han tenido useguimientoto del 5,98% en el turno de mañana. O'Mega lleva ya ocho jornadas de huelga, que han provocado la suspensión de 38.696 consultas en Galicia, según los cálculos de la Xunta. El sindicato informa de que las protestas han saltado también a los médicos especialistas y hay profesionales negándose a hacer peonadas en hospitales de toda la comunidad.

Este sábado, día 14 de marzo, la plataforma 'Toledo por la Sanidad Pública' convoca a la ciudadanía a una concentración en defensa de este servicio para que sea “cien por cien público, universal y de calidad”, y en contra de las listas de espera, la “privatización” y las “reducciones presupuestarias”. La protesta comenzará a las 12.00 horas y tendrá lugar en el Paseo Federico García Lorca, frente al Centro de Salud del Polígono de Toledo.

“No nos podemos quedar parados ante la constante agresión a nuestra sanidad por parte de instituciones públicas y empresas privadas. Las listas de espera en progresión al alza y continua, la privatización descarada de servicios sanitarios y no sanitarios, la reducción de los presupuestos públicos en este ámbito y demás agresiones al sistema sanitario público, no conllevan más que un retroceso en nuestros derechos sociales duramente conseguidos y un peligro para la salud colectiva e individual. Un deterioro que tiene por objetivo último el beneficio económico para el sistema privado sanitario”, señala este colectivo.

En su manifiesto, la plataforma acusa al Gobierno regional de la “mala gestión, descoordinación y desinterés” por la sanidad pública, cuyo “deterioro” atribuye a las mencionadas “privatizaciones” y también a “subcontrataciones” en todos los aspectos, desde el mantenimiento de las instalaciones, la comida o la limpieza, hasta la atención sanitaria.

“Si para algo nos sirve la memoria, es para recordar esos casos de contagios mundiales como el ébola, gripe aviar, o la pandemia de Covid, contra los que no se puede luchar sin medidas sanitarias generales, y no podemos caer en la indiferencia ante la falta de recursos económicos de los enfermos”, apunta.

Los protocolos de atención “no funcionan”

Por eso destaca la necesidad de “mejorar la calidad y adaptarse a las nuevas necesidades” y resalta como uno de los mayores problemas que los protocolos de atención “no funcionan en muchos casos” y originan unas listas de espera “que afectan a la calidad y a la buena atención de nuestras enfermedades”. De hecho, alerta de que la falta de asistencia a tiempo “derivará en agravar las consecuencias de nuestros males o incluso la muerte de enfermos por no haber sido atendidos en el momento adecuado”.

Otro problema que enumera es la dificultad para conseguir una cita en Atención Primaria a través del teléfono, donde “puedes esperar durante horas” o “te derivan a una centralita”. Esto provoca que la gente tenga que acudir a los centros de salud continuamente, “colapsando el departamento administrativo”.

Posteriormente, añade, una vez conseguida la cita, los plazos de esa atención “pueden ser de más de quince días”. “O en caso de ser urgente o que no puedas esperar ese tiempo, debas acudir directamente a las urgencias, sobrecargando este nivel, y recibiendo una atención que debería ser prestada por tu médico de familia, conocedor de tu historial”, concluye.

Tras el repunte registrado en enero, las listas de espera en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea han descendido ligeramente en el mes de febrero, una vez finalizado el periodo navideño. Con todo 61.477 personas, 502 menos que el mes pasado, aguardan para ser atendidos por un especialista en la comunidad foral.

Especialmente preocupante es el caso de Traumatología, especialidad que el consejero de Salud, Fernando Domínguez, ya planteó intervenir por los malos datos. 14.685 pacientes esperan para una primera consulta, 115 menos que en enero.

El tiempo media de espera para ser atendido sigue duplicando al máximo recogido en la ley foral de garantías (30 días) y se sitúa en los 76 días de media para ser atendido, los mismos que en enero. En el caso de Traumatología este tiempo asciende a los 129 días.

En cuanto a la lista de espera para cirugía, en enero se ha reducido en 253 personas y son 10.420 los pacientes que esperan por una operación no urgente. El tiempo medio de espera se sitúa en los 93 días.

El Servicio Navarro de Salud cambió en julio el sistema de recuentro de la lista de espera para una primera consulta con especialista, dejando de contabilizar a aquellos pacientes que hayan renunciado a una cita por motivos personales para así “homogeneizar” la contabilidad a la del resto de comunidades autónomas.

Las agresiones a los sanitarios en Andalucía no paran de crecer. Según los datos oficiales que aporta el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la cifra se ha disparado hasta casi duplicar los casos que se reportaban hace un lustro, en lo peor de la pandemia de la Covid-19. El año pasado se cerró con 1.976 ataques contra los profesionales de la sanidad pública, mientras que 2020 se quedó en 1.043. Datos que confirman una tendencia creciente que preocupa a sanitarios y sindicatos.

El principal diagnóstico que hacen los representantes sindicales sobre el aumento de las agresiones es que “faltan medios”. Desde la mesa sectorial llevan años alertando a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que la reducción de plantillas por jubilaciones, bajas médicas y pérdida de profesionales jóvenes están disparando las listas de espera, lo que hace que el clima entre los sanitarios y los usuarios sea cada vez más tenso. Un escenario en el que la Junta de Andalucía dice estar trabajando a través de sus propios protocolos, pero que no logra atajar la problemática.

Para los profesionales, las explicaciones del Ejecutivo regional se parecen más a “excusas” ya que, como cuenta Elena González, médico de familia en Granada, el personal está extenuado hasta el punto de que se producen bajas por salud mental y dimisiones sin que “nadie tome parte del asunto”. No en vano, las estadísticas también reflejan que las agresiones se producen sobre todo contra las mujeres, siendo estas el 74% de las víctimas, lo que también desvela un machismo estructural que tiene incidencia en el SAS.

Bajas por ansiedad

De ahí que testimonios como el de Elena González sean tan relevantes. La doctora trabajaba en un centro de salud rural de la provincia de Granada cuando sufrió una agresión que la mantiene de baja por accidente laboral desde hace tres meses. “Llevábamos meses avisando de que aquello era un peligro”, relata. Durante semanas estuvo sola en el consultorio en amplias franjas horarias, sin personal administrativo, sin seguridad y sin sistemas de alarma. A pesar de tener reducción de jornada por conciliación familiar, atendía la misma carga asistencial que sus compañeros. “No tenemos timbre, no tenemos absolutamente nada. Estamos solos la mayor parte del tiempo”, resume.

El episodio que colmó el vaso llegó cuando un paciente con antecedentes penales y un historial de conductas violentas acudió a la consulta armado con un cuchillo, tras semanas de amenazas y episodios de tensión por la negativa a prescribirle determinados fármacos. “La sala de espera entera estaba asustada”, recuerda. González asegura que había alertado reiteradamente a la dirección del centro, al distrito sanitario y a la Delegación de Salud, sin que se adoptara ninguna medida. “Es más fácil contratar a un sustituto que poner seguridad”, lamenta, al tiempo que denuncia una “normalización” de la violencia y respuestas que minimizan lo ocurrido. “Te dicen que esto nos pasa a todos todos los días y que hay que asumirlo”.

Lo que ocurre en los centros de salud se replica también en los hospitales. Antonio Córdoba, médico de Urgencias en el Hospital San Agustín de Linares (Jaén), asegura que las agresiones forman parte del día a día del servicio. “Episodios de este tipo los vivimos prácticamente a diario, de forma directa o indirecta”, afirma. Empujones, amenazas, intentos de golpes o agresiones durante traslados en camilla son escenas habituales en un entorno saturado donde “todo drena”: pacientes graves, personas con problemas de salud mental y usuarios que no pueden acceder a Atención Primaria y acaban en Urgencias.

Córdoba apunta además a un fenómeno que, según denuncia, se ha ido consolidando con los años: la agresividad como estrategia. “Hay gente que sabe que si grita, si monta el espectáculo, se le va a atender antes”, explica. La falta de control de accesos y el incumplimiento de las normas —como el límite de acompañantes— contribuyen a un clima de tensión constante. “El control es un coladero. Te encuentras a familiares esperándote en la puerta de la consulta”, añade. A ello se suma la infradenuncia: “Muchas agresiones no se denuncian por miedo o porque sabes que eso va a tener poco recorrido”.

Agresiones machistas

Los datos oficiales respaldan buena parte de estos relatos. En 2025 se registraron 1.589 agresiones no físicas —insultos, amenazas o coacciones— y 387 agresiones físicas, el dato más alto de toda la serie histórica. Algo más de la mitad de los ataques se produjeron en Atención Primaria (51,37%) y el resto en hospitales. Las mujeres fueron las principales víctimas y más del 80% de las agresiones se dirigieron contra personal sanitario, especialmente médicos y profesionales de enfermería.

Desde el Servicio Andaluz de Salud, dependiente de la Consejería de Salud, se insiste en que se está trabajando en la prevención a través de la formación y la mejora de los protocolos. En el último año, el SAS asegura haber formado a 743 profesionales en técnicas de desescalada verbal y haber realizado un centenar de simulacros en centros sanitarios. También defiende que el incremento de las agresiones en 2025, del 5,9% respecto al año anterior, supone una “contención” frente a subidas más acusadas como la de 2024, cuando los ataques crecieron un 19%.

Sin embargo, los sindicatos cuestionan esa realidad y consideran que la Junta pone el acento en la formación mientras deja de lado los problemas estructurales. Desde la mesa sectorial (UGT, CSIF, CCOO, Sindicato Médico, SATSE) sostienen que ni el Plan de Prevención ni el Observatorio de Agresiones han logrado frenar la violencia y denuncian la falta de personal, de seguridad y de medios materiales en los centros. “Solo el 13% de las agresiones tiene relación con la atención prestada por el profesional, mientras que el resto responde a demandas del usuario, al funcionamiento del centro o a causas sin identificar”, explican desde los sindicatos.

Para las organizaciones sindicales, el hecho de que las agresiones sigan aumentando en siete de las ocho provincias andaluzas confirma que no se trata de episodios aislados, sino de un problema enquistado. Mientras tanto, profesionales como Elena González o Antonio Córdoba continúan trabajando en un clima de tensión permanente, con la sensación de que la violencia se ha convertido en parte del paisaje cotidiano de la sanidad pública andaluza.

El Sindicato Médico de Cantabria estima en un mínimo de 700 las intervenciones quirúrgicas suspendidas en lo que va de semana en la comunidad autónoma por la huelga de sanitarios convocada en contra el Estatuto Marco, ante la que la Consejería de Salud ha avanzado que tendrá que diseñar un plan de recuperación de la actividad perdida.

Según el sindicato, este jueves, cuarta jornada del paro semanal -que se repetirá en los próximos meses hasta junio-, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander las consultas están “muy vacías”.

Además, el consejero de Salud, César Pascual (PP), ha detallado que ha vuelto a haber 23 quirófanos cerrados en Valdecilla -en la jornada previa fueron 22-, y la actividad tanto quirúrgica como de consultas se ha reducido en todos los hospitales, aunque “afortunadamente” se mantiene en Urgencias y hospitalización.

El seguimiento de la huelga continúa en términos similares a los días anteriores, oscilando entre el 19% y el 22%. Al respecto, Pascual ha explicado que, “aunque las cifras puedan parecer pequeñas, está impactando mucho en la actividad asistencial”.

“Cuando se tocan servicios clave, el impacto en la asistencia es muy alto y muy grave”, ha advertido a preguntas de los medios, al tiempo que se ha referido al impacto de este paro en las listas de espera, que ha provocado que “el objetivo ya no sea disminuirlas, sino contenerlas”.

Al hilo, ha lamentado que en los últimos meses se había incrementado “un 120%” la actividad extraordinaria en Cantabria, y “ahora es muy difícil seguir aumentando esas cifras”. “Las posibilidades de seguir creciendo se reducen, por imposibilidad física o por imposibilidad de disponer de profesionales”, ha apostillado.

No obstante, ha avanzado que se ha pedido a todas las gerencias del Servicio Cántabro de Salud que hagan un plan de recuperación de la actividad perdida, y también ha descartado la derivación de pacientes a la sanidad privada porque “tenemos una capacidad de derivación limitada con el presupuesto”.

Finalmente, el consejero ha agradecido la labor que están haciendo los profesionales para “dar más altas” y así tener la capacidad de hacer más ingresos si en algún momento lo requieren las Urgencias.

“Eso está funcionando muy bien. Hemos tenido días de tener más altas que ingresos, por lo que ahí hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo los profesionales, pero obviamente si consultas, pruebas diagnósticas y quirofano frenan, la actividad se resiente”, ha sentenciado.

Recientemente se ha publicado el Barómetro Sanitario 2025 elaborado por el Ministerio de Sanidad y el CIS. He complementado con algunos datos que he encontrado en medios de comunicación que matizan algún aspecto, pero que en conjunto nos da una fotografía fiel sobre el sistema sanitario en Castilla-La Mancha.

El Barómetro Sanitario 2025 nos dibuja un sistema nacional donde algo más de la mitad de la población cree que la sanidad pública funciona bien o bastante bien, mientras que en torno a un 45% considera que necesita cambios importantes o profundos. Esa fotografía incluye a Castilla-La Mancha, que aporta alrededor del 5% de las entrevistas y comparte el mismo patrón: confianza en el sistema, pero acompañada de una sensación de desgaste estructural.

Entre quienes han utilizado los servicios sanitarios en el último año, más del 80% valora positivamente la atención recibida, lo que refleja una alta confianza en los profesionales y en la capacidad clínica. Sin embargo, esa buena experiencia directa convive con la percepción de que el sistema “no da más de sí” y que los problemas de acceso, tiempos y organización se cronifican, especialmente en territorios extensos y dispersos como nuestra región.

En el relato oficial, Castilla-La Mancha es una comunidad que “apuesta” por la sanidad: los presupuestos de 2025 destinan alrededor de 3.780 millones de euros, lo que equivale a más de 10 millones diarios y más de 1.900 euros por persona protegida, claramente por encima de hace una década.

Se anuncia además un incremento adicional de la inversión sanitaria de cara a 2026, superando los 2.000 euros por persona, con el objetivo de consolidar servicios, tecnología y plantillas. Pero cuando se pregunta a la ciudadanía, el balance se ya no es tan deslumbrante, sino que se ensombrece.

El Barómetro 2025 constata que las listas de espera siguen siendo uno de los principales problemas percibidos en todo el país y que una proporción importante de personas cree que han empeorado en el último año. En Castilla-La Mancha, este malestar encuentra respaldo en los datos: solo en enero de 2025, el SESCAM declaraba casi 95.000 pacientes en lista de espera para cirugía, consultas o pruebas diagnósticas, y distintos análisis señalan aumentos sostenidos y 'ajustes' de registro cuando hay que remitir cifras al Ministerio.

La paradoja que se produce es clara, cuando la administración en su discurso puede presumir de récord de inversión, por el ciudadano lo que sigue midiéndolo son los días de espera y citas diferidas. Mientras la Consejería habla de millones diarios, el barómetro recuerda que la vara real de medir es el Gempo que pasa entre la petición de una cita y la resolución efectiva del problema de salud. Para quienes somos defensores de la sanidad pública, uno de los mensajes más positivos y elocuentes del Barómetro 2025 es que, incluso entre quienes tienen seguro privado, alrededor de un 60% seguiría eligiendo la sanidad pública ante un problema de salud grave.

Esta preferencia indica que el 'corazón' del sistema, su capacidad resolutiva y su profesionalidad, sigue siendo el principal referente de seguridad para la ciudadanía. En una región como Castilla-La Mancha, donde la red privada es limitada y la mayoría de la población depende casi exclusivamente del sistema público, ese dato se lee en doble sentido: por un lado, confirma la centralidad del SESCAM como garante de la salud colectiva; por otro, convierte cada recorte, cada demora y cada cierre de dispositivo en un golpe directo a la única red disponible para miles de personas.

El ciudadano puede perdonar un pasillo abarrotado, pero no un sistema que se vuelve inaccesible o imprevisible. Los resultados del Barómetro insisten en una brecha que persiste: la percepción general del sistema es más negativa que la valoración que realizan quienes lo han usado recientemente, que suelen mostrar niveles de satisfacción superiores al 80%. Es decir, el contacto directo con los profesionales mejora la opinión, mientras que el ruido de las noticias sobre listas de espera, las de saturación y la experiencia de intentar conseguir cita la empeoraban.

En Castilla-La Mancha, el relato institucional insiste en la mejora de infraestructuras, en los récords de intervenciones anuales y en el incremento de plantillas o de actividad hospitalaria, como muestran los datos difundidos desde áreas como la de Cuenca. Pero el Barómetro recuerda que no basta con que el sistema 'haga más cosas': la legitimidad se juega en la percepción de que ese aumento de actividad reduce tiempos, mejora accesibilidad y refuerza la continuidad asistencial, especialmente en zonas rurales donde un desplazamiento no es una molestia, sino un obstáculo real.

Leído desde Castilla-La Mancha, el Barómetro Sanitario 2025 no ofrece un titular triunfalista ni tampoco una catástrofe, sino un aviso serio: la ciudadanía sigue creyendo en la sanidad pública, pero empieza a dudar de la capacidad del sistema para sostenerse sin cambios profundos.

La combinación de alta valoración del trato profesional y malestar creciente por las listas de espera y la accesibilidad es un síntoma clásico de un modelo tensionado que se sostiene gracias a la implicación de sus trabajadores más que por la solidez de su organización. Una región con un presupuesto sanitario creciente, pero con demoras persistentes, corre el riesgo de refugiarse en el relato de la contabilidad y olvidarse que el indicador decisivo está fuera de las comparecencias en el Parlamento regional: en la agenda de un centro de salud, en las listas de espera de un hospital comarcal y en la decisión de una familia que, cuando puede, contrata un seguro privado 'por si acaso'.

El Barómetro 2025 deja claro que, por ahora, la mayoría seguiría confiando su vida a la sanidad pública; lo que no está garantizado es que esa confianza se mantenga si Castilla-La Mancha continúa normalizando la espera como parte inevitable de nuestro paisaje sanitario.

Las últimas cifras publicadas por Sanidad indican que en enero de 2026 la demora media para consultas externas se ha agravado en prácticamente todas las especialidades. Son listas publicadas en la página web, pero no en nota de prensa, como sí hizo el Ejecutivo autónomo durante la campaña electoral con la lista quirúrgica, donde sí bajaron las ratios.

Sin embargo, los centros de especialidades siguen registrando largos plazos de espera. Entre los casos más significativos, destaca la especialidad de Dermatología en Teruel, cuyo plazo de casi dos años. En el conjunto de Aragón, sobresale Otorrinolaringología, con algo más de ocho meses de demora media (243 días), especialidad que registra también el mayor incremento absoluto: 99 días más desde que echó a andar el gobierno de Azcón en agosto de 2023, pasando de 144 días a 243, un 68,7% más.

Oftalmología le sigue con cerca de siete meses de demora media (204 días), 73 días más que en agosto de 2023 (+55,7%). En la especialidad de Dermatología la cifra es de 183 días, un 34,56% más que hace dos años y medio. También Neurología registra un significativo incremento anual relativo (132,1%). De 53 días de demora ha pasado a 123 (4 meses), más del doble.

Zaragoza

En la capital aragonesa, el sector Zaragoza I cuenta con en atención especializada con el Centro de Especialidades Médicas (CME) Grande Covián y el Hospital Nuestra Señora de Gracia y Hospital Royo Villanova. En Otorrinolaringología, la demora media para consultas externas es de más de seis meses (189 días), pero lo más llamativo es el incremento relativo: 220,34% (130 días más), ya que en agosto de 2023 eran 59 días. Es decir, se ha triplicado. En Aparato digestivo también destaca en empeoramiento relativo: un 215,4%. A 31 de enero de 2026 son cinco meses y medio de demora media. De 52 días en agosto de 2023 hemos pasado a 164: 112 días más. La cifra se ha más que triplicado.

Cardiología presenta también una evolución negativa: la espera ha aumentado un 116,67%. A 31 de enero de 2026 son más de cuatro meses de demora media (130 días). De 60 días al inicio del Gobierno de Azcón se ha pasado a 130: 70 días más (más del doble). En Oftalmología la demora media es de más de siete meses (214 días), y el incremento relativo es de 48,6% (70 días más), pues en agosto de 2023 eran 144 días.

En el sector Zaragoza II, la Atención especializada cuenta con el Centro de Especialidades Médicas (CME) San José y CME Ramón y Cajal y el Hospital Universitario Miguel Servet. En este sector, los más perjudicados son los pacientes en espera de acudir a Otorrinolaringología: deben esperar casi 11 meses (326 días), frente a los 131 días en agosto de 2023. La espera se ha más que duplicado (aumento del 148,85%). En oftalmología son 245 días de espera (más de ocho meses), un aumento del 61,2 %. En Cirugía ortopédica y Traumatología, la espera es de seis meses y medio (194 días), frente a los 99 días en agosto de 2023, es decir, casi el doble. En Dermatología son cinco meses y medio de espera (165 días), y en Neurología, más de cinco meses, con un aumento del 297,4 %, casi el cuádruple de la cifra de agosto de 2023.

En el sector de Zaragoza III, cuenta con el Centro de Especialidades Médicas (CME) Inocencio Jiménez, CME Ejea y CME Tarazona, así como con  el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y el Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Señora del Pilar. El servicio de Cirugía ortopédica y Traumatología protagoniza la mayor espera: más de sies meses , seguido de Oftalmología, con cuatro meses.

Huesca y Teruel

Aunque Huesca es el sector que presenta mejores cifras, destaca la evolución de Neurología: el incremento absoluto es de 67 días, pasando de 28 a 95, más del triple. Además, encabeza la mayor demora media para consultas externas, que en enero de 2026 fue de más tres meses (95 días). Huesca atiende 14 centros de salud de la provincia y la atención especializada se presta en los hospitales de Jaca, Huesca, Centro Rehabilitación Psicosocial Santo Cristo de los Milagros y Hospital Sagrado Corazón de Jesús

En Teruel, la Atención especializada se presta en el Hospital Obispo Polanco, Centro de Rehabilitación Psicosocial San Juan de Dios y Hospital San José. En este sector, la consulta de Dermatología se demora casi dos años y lidera la demora media para consultas externas en enero de 2026, 686 días. Encabeza también el incremento absoluto: 441 días más, pasando de 245 días en agosto de 2023 a 686 en enero de 2026 (cerca del triple), un 180 % más. En Oftalmología, la demora se ha casi septuplicado, con 214 días más (siete meses más): de 35 días en agosto de 2023 a 249 días en enero de 2026 ( más de 8 meses) (+611,4%).

Retrasos en los hospitales periféricos

En el sector de Calatayud, la atención especializada se ofrece en el Hospital Ernest Lluch Martín. La mayor parte de las consultas experimentan aumento, y destaca el caso de Neumología, con una demora media para consultas externas en enero de 2026 de cinco meses y medio. El incremento relativo es aún más significativo, siendo más del quíntuple, un 438,7% (136 días más). Neurología también destaca en términos negativos, ya que en enero de 2026 era de más de seis meses (187 días) frente a los 26 días de agosto de 2023: ahora son 187 días, es decir, un aumento del 619,23% (siete veces más).

En el sector de Barbastro, la  Atención Especializada se presta en Centro de Especialidades Médicas Monzón y hospitales de Barbastro y Centro Sanitario Bajo Cinca-Baix Cinca de Fraga. Gran parte de las especialidades sufren aumentos: Encabeza la mayor demora para consultas externas Cirugía Ortopédica y Traumatología, con un año y dos meses (423 días), un 20,5% más. En Cardiología son ocho meses y medio (259 días) de espera: el empeoramiento es de 111 días, en términos relativos un 75% más. La especialidad que destaca por mayor incremento relativo es Ginecología y Obstetricia, que pasó de 21 días de demora media para consultas externas en agosto de 2023 a cinco veces más: 115 días en enero de 2026 (casi cuatro meses), de forma que la cifra ha aumentado un 447,6%.

En Alcañiz, la atención especializada se presta en el Hospital de Alcañiz. Sobresale el caso de Cirugía Ortopédica y Traumatología, cuya demora media para consultas externas ha sido de más de 15 meses (455 días) en enero de 2026. El aumento desde agosto de 2023 ha sido uno de los más significativos: 144 días más (un 46,3%). También cabe destacar el incremento relativo en Otorrinolaringología, con 205 días más, una cifra que se ha casi quintuplicado, al aumentar un 379,63%. De 54 días se ha pasado a 259 (ocho meses y medio). En Aparato Digestivo, la espera es de casi diez meses (297 días). De 150 días se ha pasado a 297 (+98 %), casi el doble. En Ginecología, la espera ha pasado a ser de seis meses y medio (192 días), con un aumento del 174,3 %, es decir, casi el triple. Son 122 días más que los 70 del inicio.