Decenas de profesionales sanitarios se han concentrado este jueves ante hospitales y centros de salud de toda la geografía gallega para denunciar las listas de espera del Sergas, “uno de los principales problemas del sistema sanitario gallego”.

Convocados por la plataforma SOS Sanidade Pública, en Santiago, frente al centro de salud Concepción Arenal, alrededor de una treintena de trabajadores del sector han coreado consignas como 'coa nosa saúde non se xoga' o 'non ás listas de agarda na sanidade pública', según recoge Europa Press.

La misma escena se ha repetido en Vigo, en la rotonda del Álvaro Cunqueiro, algo más numerosa, y donde han denunciado además la situación del área sanitaria de Vigo.

En muchas localidades se han ido celebrando las concentraciones, así como en grandes ciudades como A Coruña, en la rotonda del Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC), en Ourense, a las 11.00 horas en el CHUO; en Pontevedra, a las 12.00 horas en el Hospital Provincial; y en Ferrol, a las 20.00 horas delante del Centro de Salud Fontenla Maristany.

Para la plataforma, las listas de espera del Sergas es “uno de los principales problemas del sistema sanitario”, con un incremento, por ejemplo de las quirúrgicas, del 30% desde 2019. Señalan además que la consellería sigue “ocultando” informes respecto a las listas, sin incluir la estructural, por ejemplo.

Esto se ha agravado, señalan, por los efectos de la huelga “indefinida e intermitente” convocada por los sindicatos médicos. Un derecho “totalmente legítimo” pero que está teniendo un “impacto brutal” en las listas de espera. Desde diciembre se han aplazado un cuarto de millón de consultas.

Entre las medidas que propone la plataforma, están las listas de espera “transparentes”, prioridad a aquellos pacientes con riesgo de muerte o invalidez, optimización del trabajo en los hospitales públicos -en relación a esto han recordado que los privados trabajan durante toda la jornada- en base a una negociación en mesa sectorial con los sindicatos, más personal y la potenciación de la dedicación exclusiva.

Andalucía afrontará otro verano, y ya es el tercero, con la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sin actualizar plenamente y con miles de profesionales sanitarios atrapados en un limbo administrativo que sindicatos y afectados denuncian desde hace años y que afectará a las plantillas que haya en hospitales y centros de salud. Mientras la Junta defiende que se trata de una fase “transitoria” derivada del nuevo modelo de contratación, los profesionales de distintas categorías aseguran que la situación les está dejando fuera del sistema pese a acumular experiencia, formación e incluso plazas aprobadas.

“Llevo cuatro años inscrito en la bolsa del SAS y cuatro años esperando una llamada que nunca llega”, cuenta José María Montero, técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) de Sevilla y actualmente desempleado. Durante este tiempo ha trabajado en el Sistema Nacional de Salud, ha seguido realizando cursos y acumulando méritos para mejorar su posición en la bolsa andaluza, pero asegura que sigue sin ser baremado oficialmente. “He trabajado y he seguido haciendo cursos para sumar puntos. ¿Para qué? Para nada”, lamenta.

Su caso no es aislado. Francisco Carvajal, enfermero con 15 años de experiencia y formación en urgencias y UCI pediátrica, denuncia que el cambio de sistema de bolsa le dejó prácticamente fuera del SAS. Tras casi una década trabajando en Inglaterra, volvió a Andalucía con 66,6 puntos reconocidos en la antigua bolsa y a las puertas de conseguir una interinidad. Con el nuevo sistema, explica, su puntuación cayó a 1,7 puntos por un error de baremación que ha terminado en los tribunales.

“Me supone una inestabilidad tremenda”, dice. “He estado seis meses en paro y ahora estoy trabajando en un ámbito de la enfermería que no me gusta y para el que no me he formado”. El enfermero asegura que ha tenido que denunciar al SAS por la vía contencioso-administrativa y denuncia que, mientras espera juicio, otros compañeros con menos puntuación sí han conseguido interinidades. Una situación que llega, además, en plena preparación del verano, cuando los hospitales y los centros de salud necesitan reforzar sus plantillas por vacaciones, bajas y el incremento de la presión asistencial en zonas turísticas. Y es precisamente ahí donde los sindicatos advierten del riesgo de que el problema vuelva a agravarse y las listas de espera continúen creciendo.

Plantillas mermadas

Porque UGT, CCOO, SATSE y CSIF coinciden en denunciar que el SAS volverá a recurrir este verano a los llamados “listados adicionales”, un mecanismo extraordinario que se utiliza cuando las bolsas oficiales se agotan o no están actualizadas. Aunque el SAS, a preguntas de elDiario.es Andalucía, insiste en que se trata de un procedimiento “regulado” y “transparente”, los sindicatos cuestionan que garantice realmente los principios de igualdad, mérito y capacidad.

“Utilizar los listados adicionales debe ser la excepcionalidad, no la norma”, advierten desde CSIF, que asegura haber alertado ya en las mesas técnicas de que el sistema acabaría colapsando si no se reducían las notas de corte. “Con unas notas de corte tan altas, enseguida se agotan las listas y tienen que tirar del listado adicional. Eso es lo más injusto y lo menos transparente que existe”, sostiene el sindicato.

El origen del conflicto se remonta al cambio del modelo de bolsa impulsado por el SAS en 2021. Hasta entonces, según explican los sindicatos, las bolsas se actualizaban anualmente. La Junta sustituyó el antiguo sistema por una nueva plataforma con la promesa de agilizar y simplificar las contrataciones, pero la transición ha terminado acumulando retrasos durante años, que hacen que la última actualización completa se produjese en 2023, hace ya dos años y medio. “Lo que iba a ser una baremación más ágil ha acabado siendo todo lo contrario”, denuncia Gema Martín, portavoz sanitaria de CCOO Andalucía. Según explica, actualmente hay miles de profesionales inscritos sin baremar oficialmente, especialmente en categorías sanitarias y de alta demanda.

“Puedes estar inscrita en bolsa, pero sin baremar. Entonces no hay un criterio lógico para llamarte antes a ti o antes a mí”, denuncia. El problema afecta especialmente a quienes han terminado recientemente sus estudios o han acumulado experiencia en los últimos años. “Imagínate que terminas enfermería y no te bareman. ¿Cómo entras entonces en el sistema?”, plantea. Los sindicatos denuncian además que el SAS ha establecido notas de corte muy elevadas en algunas categorías, dejando fuera de las bolsas oficiales a miles de personas. Según CCOO y CSIF, esto obliga después a la propia Administración a recurrir nuevamente a listados adicionales porque las listas principales se agotan rápidamente.

“A veces se dan contratos a gente con muchos menos puntos”, sostiene Victorino Girela, de CSIF. José María Montero, el TCAE sevillano que sigue en paro, comparte esa misma sensación de agravio: “Mantienen en un limbo la bolsa oficial y ofertan contratos a personas con muchísimos menos puntos que los que yo tengo actualmente”. SATSE recuerda que el nuevo Pacto de Bolsa firmado en diciembre de 2025 tenía precisamente como objetivo llegar al verano de 2026 con listados actualizados y una herramienta de contratación más ágil y transparente. Sin embargo, desde el sindicato aseguran que miles de profesionales presentaron méritos en marzo con la expectativa de que fueran valorados a tiempo para las contrataciones estivales, algo que no ha ocurrido.

“El retraso puede volver a provocar una fuga de profesionales formados en Andalucía”, advierten las enfermeras, que alertan de las consecuencias que puede tener para la asistencia sanitaria “que un sistema con más de 120.000 profesionales no disponga de una herramienta de contratación ágil, actualizada y transparente”. Al mismo tiempo, fuentes del Sindicato Médico Andaluz (SMA) insisten en que la situación se produce además en un contexto de déficit estructural de facultativos. Las jubilaciones, las vacaciones y las bajas veraniegas reducen todavía más unas plantillas ya tensionadas durante el resto del año.

Falta de planificación

Los sindicatos también reprochan al SAS haber abandonado la planificación anticipada de refuerzos estivales que se realizaba hace años mediante los llamados “planes de costas” o “planes de alta frecuentación”, especialmente importantes en provincias turísticas como Málaga, Cádiz o Almería. “No podemos tener contratos tan cortos y tan a última hora”, critica Gema Martín. “Los profesionales se nos van”. Según explica, la falta de estabilidad y la incertidumbre están empujando a muchos sanitarios a buscar mejores condiciones en otras comunidades o directamente en el sector privado.

Desde el SAS defienden, sin embargo, que la situación actual responde a una “fase transitoria” derivada del nuevo modelo pactado con las organizaciones sindicales y aseguran que los listados adicionales “no constituyen un procedimiento ajeno ni opaco”. La Junta de Andalucía sostiene que durante 2026 se están desarrollando los trabajos técnicos necesarios para implantar plenamente el nuevo sistema y recuerda que ya se han publicado las convocatorias para constituir las nuevas bolsas de todas las categorías. Desde el Ejecutivo regional se insiste además en que el objetivo es “compatibilizar dicha transición con la obligación del SAS de asegurar en todo momento la adecuada continuidad asistencial”.

Pero para muchos profesionales, esa transición lleva demasiado tiempo prolongándose. “Has invertido tiempo, dinero y ganas en algo que nunca llega”, relata José María Montero. Y advierte de las consecuencias que, a su juicio, acaba teniendo todo ello en la sanidad pública: “Hay puestos que no se cubren y profesionales asumiendo ratios inadmisibles. El enfermo no entiende ni de administraciones, ni de bolsas adicionales”.

Las listas de espera quirúrgicas en Osakidetza se están acercando al pico de 85 días alcanzado en agosto de 2022, tras la finalización de las oleadas de la COVID-19. El último dato semestral, conocido este jueves, sitúa la demora media en 77,4 días, muy por encima de los 54,2 de hace medio año. Traducido, son dos meses, dos semanas y media. El Gobierno vasco culpa de este cambio repentino de tendencia a la huelga de los médicos contra el estatuto marco de la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, que son de una semana al mes desde comienzos de 2026, aunque los datos de seguimiento nunca superan el 20%, según los datos que reporta la propia Osakidetza.

La alternativa que se está planteando es incrementar las derivaciones a la Sanidad privada. De hecho, aunque por decreto desde 2006 es una posibilidad automática cuando un paciente supera los 180 días, Osakidetza asegura que ya lo está aplicando desde los 150, esto es, cuando pasan cinco meses y no seis.

“El plan de choque puesto en marcha por Osakidetza y la derivación a centros concertados de pacientes para garantizar en la medida de lo posible que la espera no sea de más de seis meses y que se derivan desde los 150 dias, y que hasta la fecha se cifra en 1.721 personas, ha favorecido que la listas no se desborden en exceso. Aun así, el tiempo medio de espera ha aumentado en veinte días desde finales de noviembre pasado, aunque Euskadi sigue siendo una de las comunidades autónomas con mejores datos en tiempos de espera”, ha explicado el Ejecutivo.

Dice Osakidetza que, en el marco de las huelgas, “el número de pacientes en lista de espera quirúrgica ha pasado de 24.103 a 28.672 personas, con una demora media que aumenta desde los 54,19 días de espera, a los 77,40 días”. “La demora media hace un año, en mayo de 2025, era de 56,61 días”, abunda el Ejecutivo.

Los alrededor de 55 días sin huelgas de finales de 2025, en todo caso, seguían lejos de los registros previos a la pandemia, con 47,9 días de promedio justo antes de los primeros casos de coronavirus, que obligaron a priorizar toda la actividad asistencial y a suspender intervenciones de otras patologías. Justo después del confinamiento el salto fue hasta los 68 días, mejor que ahora también, y siguió empeorando hasta el pico de 85 del verano de 2022. En 2023 cambió la tendencia y bajó ya a 61,9 a finales de ese año.

Las listas de espera son tres. Además de la quirúrgica, está la de consultas especializadas y la de pruebas diagnósticas. Tampoco evolucionan bien. “El tiempo medio de asistencia es de 74,80 días, frente a los 56,54 días de espera media que había a finales de noviembre” en las consultas, expone la información oficial. Se añade que “traumatología y oftalmología son las especialidades que acumulan más tiempo de espera, mientras que hay que destacar que no hay espera en pacientes oncológicos ni de cirugía cardíaca, y que la espera es mínima en servicios como medicina nuclear o radiodiagnóstico”.

Según Osakidetza, “las pruebas complementarias también reflejan el impacto del conflicto laboral” y “la espera media es de 63,74 días frente a los 42,23 de espera media que había a finales de noviembre”. “No todas las pruebas se han visto afectadas de la misma manera ya que, por ejemplo, el acceso a las resonancias magnéticas, equipamiento que se emplea principalmente en el campo de la oncología y de la cardiología, se ha visto reducido en un 19% en los últimos seis meses”, informa el Servicio Vasco de Salud.

Las huelgas, a lo que se suman estrategias de no hacer horas extraordinarias, están generando un conflicto político entre el Gobierno vasco y el español. El PNV lleva meses criticando la postura de la ministra de Sumar y reclamando que si no desea negociar las condiciones laborales en primera persona ceda las competencias a las comunidades autónomas. En Osakidetza, sin embargo, no se ha renovado el convenio desde 2008.

Médicos de Madrid, Catalunya, La Rioja y Navarra han acordado dejar de peonadas, las horas extraordinarias que se hacen por las tardes y que son decisivas para aligerar la lista de espera. Es una medida de presión más, paralela a la huelga que mantienen por el rechazo al estatuto marco, y en protesta por el “inmovilismo de las administraciones”.

En Madrid, facultativos de 42 especialidades de un total de 15 centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid se han adherido a esta protesta y dejarán de hacer las horas extra a partir del 1 de junio. Reclaman la Consejería madrileña una nueva mesa de negociación específica para los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, “con representación exclusiva del colectivo y capacidad negociadora real”.

Igualmente, reclaman a la Consejería un compromiso para abordar, “en un calendario concreto”, cada una de las reivindicaciones del colectivo, “con especial atención a las condiciones que sitúan a Madrid en una posición de desventaja respecto al resto de comunidades autónomas”.

En concreto, entre sus reivindicaciones se encuentran el apoyo “público y explícito” al Estatuto Marco propio para médicos, una mesa de negociación en la que ambas partes estén representadas “con capacidad negociadora real”, “voluntad de llegar a acuerdos y que además no esté condicionada por otros colectivos”.

También la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y la mejora en la remuneración de la hora de guardia con el objetivo de llegar al precio de 175% la hora ordinaria y un compromiso para caminar hacia un modelo donde las guardias sean de carácter voluntario en un plazo de 5 años.

Un problema estructural arrastrado durante años

En La Rioja, los médicos dejarán de operar por las tardes a partir del próximo 1 de junio. En un comunicado, el Sindicato de Médicos de La Rioja asegura que los médicos llevan años sosteniendo el sistema sanitario más allá de su jornada ordinaria contribuyendo de esta forma a la reducción de la lista de espera. “Han asumido una carga asistencial continuada mediante jornadas extraordinarias, prolongaciones de horario y actividad voluntaria”.

Sin embargo, esta situación responde a un problema “estructural arrastrado durante años como es la falta de planificación sanitaria, plantillas insuficientes, envejecimiento poblacional, aumento de la esperanza de vida y cronificación de enfermedades”. Todo ello, apuntan, sin una adecuación real de recursos humanos ni condiciones laborales.

En Navarra, decenas de profesionales de los servicios de Traumatología, Anestesia y Digestivo han anunciado en las últimas horas que no realizarán horas extra. Denuncian sentirse “señalados” por el Departamento de Salud que dirige Fernando Domínguez (Geroa Bai) como “responsables” del aumento del número de pacientes que aguardan por una primera consulta o por una cirugía.

Este anuncio aumenta la crisis generada en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en los últimos meses por los malos datos en las listas de espera, especialmente en Traumatología, especialidad que acumula 14.461 pacientes en lista para una consulta. En verano el consejero anunció que intervendría el área para tratar de reducir las listas, y hace unas semanas anunció un proyecto piloto de pago de incentivos a médicos por atender a más pacientes. Dos medidas que no se consultaron con el personal de Osasunbidea y que han generado rechazo entre la plantilla, que este fin de semana ha anunciado que no hará horas extra.

Al personal de Traumatología del Hospital Universitario de Navarra (HUN), el más grande de los tres públicos que hay en la comunidad foral, se le ha sumado en las últimas horas el de Anestesia y Digestivo, que también han anunciado su negativa a hacer 'peonadas'.

En Catalunya también se estan sumando profesionales de hasta 11 hospitales, entre los que están el Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (CSI), con el 96% del servicio de anestesiología secundando la iniciativa, y otros centros como el Hospital de Sant Pau, el Hospital del Mar, el Hospital materno-infantil San Juan de Dios, el Hospital Taulí de Sabadell, el Hospital de Terrassa (CST) y el Hospital de Terrassa (CST) de Igualada, entre otros.

Los médicos dejarán de realizar actividad extraordinaria y voluntaria “ante la falta de respuestas de las administraciones”, ha informado el Sindicato Médico de La Rioja, que ha trasladado su apoyo a estos profesionales que “suspenderán la actividad extraordinaria y voluntaria, llamadas 'peonadas', a partir del próximo 1 de junio”

Los primeros servicios en tomar esta decisión fueron ayer Cirugía General y Traumatología, y hoy el sindicato ha informado que se unen Urología y Digestivo, mientras otros servicios están valorando adherirse progresivamente en los próximos días.

“Los médicos llevan años sosteniendo el sistema sanitario más allá de su jornada ordinaria, participando activamente en la reducción de listas de espera y asumiendo una sobrecarga asistencial continuada mediante jornadas extraordinarias, prolongaciones de horario y actividad voluntaria”, han señalado.

Sin embargo, para el Sindicato Médico, esta situación responde a un problema estructural arrastrado durante años que pasa por “falta de planificación sanitaria, plantillas insuficientes, envejecimiento poblacional, aumento de la esperanza de vida y cronificación de enfermedades, sin una adecuación real de recursos humanos ni condiciones laborales”.

Además, consideran que resulta “especialmente preocupante” que el debate público se esté centrando exclusivamente en responsabilizar al Ministerio de Sanidad, obviando que las comunidades autónomas, “competentes en la gestión sanitaria”, también tienen capacidad directa para mejorar las condiciones organizativas y retributivas de los profesionales.

A nivel autonómico, las reivindicaciones del colectivo médico “han quedado frecuentemente relegadas o pospuestas dado el porcentaje de representatividad médica existente en la mesa sectorial, muchas de las peticiones específicas de los médicos y facultativos terminan diluyéndose dentro de negociaciones más amplias, pese a la especial responsabilidad asistencial y carga laboral que asume este colectivo dentro del sistema sanitario”.

Para el Sindicato Médico “no se puede seguir utilizando argumentos varios para posponer indefinidamente soluciones necesarias y urgentes para los médicos y facultativos”. “Queremos dejar claro que esta medida no supone una falta de compromiso con los pacientes; muy al contrario, ya que refleja el agotamiento de unos profesionales que durante años han mantenido el funcionamiento del sistema a costa de un sobreesfuerzo continuo”, han añadido.

Finalmente, han reiterado “su disposición al diálogo y reclamamos a las administraciones sanitarias medidas reales, planificación y voluntad política para afrontar la grave situación actual de la sanidad pública”.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha informado de que 800 pacientes han sido derivados a la Sanidad privada en las últimas semanas en aplicación de un decreto de 2006 que garantiza una espera quirúrgica general de menos de 180 días en Osakidetza, que se reduce a 90 días en casos de patologías cardíacas y 30 para pacientes oncológicos. “Vamos a continuar en esta línea”, ha asegurado en el Parlamento durante la sesión de control al Gobierno.

Martínez, que presentó esta posibilidad vigente desde hace dos décadas como novedad en abril, ha defendido que las derivaciones han logrado “frenar la tendencia creciente” en las listas de espera en Euskadi, motivadas por la huelga corporativa de médicos en toda España que implica paros de una semana cada mes. El consejero ha vuelto a lamentar que, por esa movilización, los buenos datos alcanzados en noviembre de 2025, los mejores desde la llegada de la COVID-19, se hayan ido al traste. Ha insistido en que 1.800 personas se han visto obligadas a esperar más de seis meses.

El PNV repite que la responsabilidad es de la ministra de Sanidad. El lehendakari, Imanol Pradales, ha lanzado también en la Cámara una dura crítica a Mónica García, de Sumar. El consejero de Salud ha vuelto a plantear una “transferencia” de las competencias en torno al estatuto marco médico para resolver desde Euskadi el conflicto. Según Martínez, el problema no es que no haya “avances” en la negociación, sino que “ni siquiera ha habido reuniones” para intentarlo. Lo ha contrapuesto con los acuerdos que él alcanza con los sindicatos. Ha citado uno reciente con SME, Satse y CCOO. Sin embargo, Osakidetza no renueva su convenio desde 2008.

Martínez ha intervenido en el pleno de control en respuesta a una pregunta del PP. Laura Garrido ha argumentado que el problema de la Sanidad vasca es muy previo a la huelga y ha añadido que las esperas van mucho más allá de las operaciones. Ha insistido con ejemplos en que se está demorando igualmente las citas en los ambulatorios. El consejero ha negado la mayor, señalando que la media es de “1,7 días” desde que se solicita.

Diego ya ni se acordaba de que tenía pendiente una cita con neurología. Hacía demasiado tiempo. Tanto, que cuando hace unos días recibió un mensaje del Servicio Andaluz de Salud (SAS) avisándole de una consulta programada, pensó que sería un error. Después llegó la llamada telefónica: tenía pendiente una derivación desde 2023. “¿Cómo me llaman en 2026 para una cita de esto?”, se pregunta este vecino de Jaén en conversación con este periódico, que finalmente será atendido el próximo 28 de mayo en el Hospital Universitario de Jaén, 897 días después de que le derivaran al especialista.

Su caso llega en plena campaña electoral andaluza, que ha venido marcada entre otras cosas por la gestión de la sanidad pública en manos del Gobierno del PP. Su líder y aspirante a ser reelegido, Juanma Moreno, que había intentado centrar la atención ciudadana en la “estabilidad” frente al “lío” de depender de Vox, ha acabado entrando de lleno, sobre todo en el último debate electoral, en el terreno más incómodo para los populares y que afecta más directamente a las personas, al margen de los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama: una sanidad que acumula más de un millón de pacientes esperando una operación o una consulta con especialista.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, aportados por la propia Junta de Andalucía y correspondientes a diciembre de 2025, la comunidad cerró el año con 1.052.839 personas en listas de espera sanitarias. Andalucía sigue siendo además la autonomía con mayor demora media para una operación: 173 días frente a los 121 de media estatal. En el caso de Diego, la espera fue tan larga que el problema por el que acudió al médico casi desapareció antes de recibir la cita.

La salida: la sanidad privada

Todo comenzó con un dolor punzante detrás del oído izquierdo. Primero pasó por maxilofacial, después por otorrinolaringología y finalmente fue derivado a neurología. Ningún especialista consiguió encontrar el origen exacto del problema. El dolor aparecía de forma intermitente, a veces durante días enteros. “Un día me levantaba y ya estaba con el dolor todo el día”, recuerda. La consulta con neurología nunca llegó. Pasaron los meses y después los años. Ante la falta de respuesta del sistema público, acabó recurriendo a una consulta privada. “Me fui de pago”, admite. Tampoco allí obtuvo un diagnóstico claro. Con el tiempo, los síntomas fueron remitiendo.

“Yo me había olvidado completamente”, cuenta sobre aquella derivación pendiente. Porque la llamada del SAS ha llegado, pero casi tres años después, cuando el episodio ya había quedado atrás en su vida cotidiana. “Supongo que no será nada grave si no me he muerto”, ironiza.

El Servicio Andaluz de Salud reconoce que el Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Jaén atravesó “una situación de déficit de profesionales” agravada durante los años de pandemia y que eso “ha tenido impacto en las demoras”. Según explica el SAS, el hospital ha pasado de tener nueve a trece especialistas en neurología y se han incorporado nuevas herramientas como la teleconsulta para intentar reducir las listas de espera.

“Aun así, se siguen impulsando medidas específicas para mejorar los tiempos de respuesta y la organización de la atención”, señalan desde la administración sanitaria a este periódico. Mientras tanto, desde la Junta lleva semanas defendiendo que la situación está mejorando. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha llegado a decir que “el Plan de Garantía Sanitaria está funcionando” y que Andalucía avanza hacia “una mejora real y sostenida de la accesibilidad quirúrgica”. Sin embargo, las cifras apenas se han movido respecto al año anterior: el número total de pacientes en espera sólo se ha reducido un 0,7% pese al incremento del gasto sanitario y al aumento de las derivaciones a clínicas privadas.

Mientras el Gobierno andaluz intenta contener el desgaste político, las historias acumuladas detrás de las estadísticas empiezan a aflorar públicamente. Diego asegura que, tras compartir su caso en redes sociales, comenzaron a aparecer decenas de testimonios similares. “Me han contado un montón de casos”, explica. Una realidad que dibuja el “colapso asistencial” que denuncian no solo los usuarios, sino los profesionales y los sindicatos desde hace años, empezando desde la atención primaria, con centros de salud que se sitúan en zonas de difícil cobertura y que no dan la respuesta más óptima para los vecinos.

25 meses esperando una rehabilitación

Vecinos que esperan meses para pruebas diagnósticas. Operaciones retrasadas durante años. Personas a las que les cancelan citas y nunca vuelven a llamarlas. Una de ellas es Ana, vecina de Granada. En enero de 2024 acudió al traumatólogo por un dolor en el brazo izquierdo después de haber sufrido previamente una necrosis en el hombro derecho que requirió cirugía. Tras realizarle una resonancia magnética, fue derivada “con preferencia” al médico rehabilitador.

La cita llegó el pasado 4 de marzo. 25 meses después. “Y lo único que me dan serían cinco sesiones en grupo para aprender unos ejercicios”, lamenta. Ahora continúa esperando otra resonancia magnética por nuevos problemas traumatológicos y asegura llevar ya cinco meses sin respuesta. Ha presentado una reclamación formal.

Los dos casos reflejan un fenómeno que se ha convertido en uno de los principales problemas políticos para el Ejecutivo andaluz. Las protestas de las mareas blancas movilizaron hace unas semanas a miles de personas en las ocho capitales andaluzas, mientras el CIS y el Centra sitúan ya la sanidad como la principal preocupación de la ciudadanía andaluza, por encima incluso del paro.

Consciente del desgaste, Moreno ha intentado desplazar parte de la responsabilidad hacia el Ministerio de Sanidad y las huelgas médicas relacionadas con el nuevo Estatuto Marco. El presidente andaluz sostiene que las movilizaciones han provocado cientos de miles de actos médicos suspendidos y “mucho daño” a las listas de espera. Un argumento que electoralmente está siendo rebatido por los partidos de la izquierda, que acusan al presidente andaluz de tratar de quitarse responsabilidad, especialmente tras la crisis de los cribados del cáncer de mama.

Pero mientras el debate político ha escalado durante la campaña electoral, para muchos pacientes el tiempo sigue detenido entre pruebas pendientes, consultas aplazadas y teléfonos que tardan años en sonar. El caso de Diego, con casi 900 días sin ver a su neurólogo, y Ana, con 25 meses de espera para una rehabilitación, son dos de los ejemplos que explican por qué la sanidad pública y sus cifras determinan que se han convertido en el eje central de un debate político que irá más allá del próximo 17M. Gane quien gane.

La huelga del sindicato médico, que ha hecho que decenas de profesionales del Hospital Universitario de Navarra se hayan negado a realizar las horas extra voluntarias, conocidas como peonadas, ha disparado en el mes de abril las listas de espera en el Servicio Navarro de Salud. Actualmente, son 62.187 pacientes los que aguardan para una primera consulta para un especialista, 1.197 más que en marzo.

La huelga agrandó la crisis generada en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en los últimos meses por los malos datos en las listas de espera.  En verano el consejero anunció que intervendría el área para tratar de reducir las listas, y hace unas semanas anunció un proyecto piloto de pago de incentivos a médicos por atender a más pacientes. Dos medidas que no se consultaron con el personal de Osasunbidea y que han generado rechazo entre la plantilla, que este fin de semana ha anunciado que no hará horas extra.

La lista de espera ha aumentado considerablemente en Traumatología, la especialidad con más demanda, que se incrementa hasta los 14.818 pacientes el mes de abril, 357 más que en marzo, y una lista de espera que se prolonga hasta los 150 días, 19 más que el pasado mes. Quintuplica el máximo recogido en la ley foral de garantías, que establece un máximo de 30 días de espera.

Sin embargo, en cuanto a la lista de espera para cirugía, se ha reducido en 180 personas en abril. Son un total de 10.093 los pacientes que esperan una operación no urgente. A pesar de este descenso, el tiempo medio de espera para acceder al quirófano ha aumentado 2 días, prolongándose a 94 días.

Castilla y León cerró el primer trimestre de 2026 con una demora media para ser operado de 87 días, los mismos que en el último trimestre del 2025, aunque seis días más que los 81 del mismo periodo del año anterior; con hasta 30.984 pacientes pendientes de ser operados a final de marzo, 6.198 más que en diciembre y 2.049 más que hace un año. Y eso a pesar de los intentos de reducir las listas de espera a través de 'peonadas'.

Son datos de las listas de espera de la sanidad de Castilla y León del primer trimestre del 2026, publicados este jueves, y lastrados por la suspensión de operaciones y consultas debidas a la dos semanas de huelga médica registradas entre enero y marzo de este año, dentro de las medidas de protesta para negociar un nuevo Estatuto Marco nacional.

La demora: entre los 144 días del Bierzo y los 33 de Palencia

La demora media para ser operado oscila entre los 144 días del hospital del Bierzo, con 128 días del hospital de Burgos, y los 33 del de Palencia y 36 del hospital Clínico de Valladolid.

Por encima de esos 87 días de demora media autonómica a final de marzo se situaron también el hospital de Miranda de Ebro, con 116 días; el complejo Asistencial de León, con 90 días, y el de Salamanca, con 92.

La espera en el Clínico de Valladolid, 36 días: 83 en el Río Hortega

Y si en el Clínico de Valladolid la demora está en 36 días, en el otro gran hospital vallisoletano, el Río Hortega está en 83, con 58 en el de Medina del Campo.

La demora para ser operado está en 51 días en el hospital de Segovia, con 70 en el de Soria, 68 en el de Zamora y 54 en el de Ávila, con 85 en el de Aranda de Duero (Burgos).

En cuanto al número de pacientes en lista de espera, destacan los hospitales de León, con 4.558; Salamanca, con 4.418, y Burgos, con 4.363; con 3.305 en el Río Hortega, 2.486 en el del Bierzo, y 2.072 en el de Zamora.

Más de 4.000 pacientes en espera de más de medio año

De los 30.984 pacientes que esperan ser operados, 3.711 llevan más de medio año, y 389 más de uno; con el grueso, 20.252 en la lista de menos de tres meses y 6.632 en la de entre tres y seis meses.

En cuanto al criterio de prioridad para ser intervenido –uno de los parámetros más importante a la hora de analizar las listas de espera–, el 100% de los 1.035 pacientes registrados en el nivel 1, es decir, con indicación médica de ser operados antes de 30 días dada su patología, estaba en marzo dentro del rango y con una demora media de 9 días.

En prioridad 2 –operación en menos de 90 días– había en la fecha analizada un total de 4.735 pacientes, con una demora media estructural de 74 días. En prioridad 3 –menos de 180 días para ser intervenido– se han registrado 25.214 pacientes en lista de espera, con demora media de 93 días.

4.234 cataratas

Por especialidades, las que tienen menor demora media estructural en ese primer trimestre son Dermatología (27 días), Oftalmología (47 días) y Ginecología (52 días), mientras que las que acumulan más esperas son Traumatología (112 días) y Cirugía Plástica (117).

De los 30.984 pacientes en espera a 31 de marzo, el 49 % se corresponden con dos especialidades concretas: Traumatología y Cirugía General y Digestivo.

Por diagnósticos, los procesos con mayor número de pacientes en espera de intervención a 31 de marzo de 2026 han sido los siguientes: cataratas (4.234), hernia inguinal (1.619), artrosis de rodilla (1.489), y deformidades de dedos de manos y pie (1.054). Estos diagnósticos suponen el 27 % de toda la lista de espera quirúrgica en Sacyl.

Consultas y pruebas

En cuanto a demoras para una consulta externa hospitalaria en los centros de Sacyl, el balance a final de marzo de 2026 indica que la espera media estructural se situó en 97 días, con siete hospitales por debajo de esa cifra. A final del 2025 esa espera estaba en 89 días de media.

El número de pacientes en espera estructural para una primera consulta externa ascendió en esa fecha a 197.460, frente a las 185.367 de final del 2025.

En cuanto a la demora media estructural de las pruebas diagnósticas, los datos a marzo de 2026 han sido los siguientes: 45 días para un TAC (49 en el último trimestre del 2025) , 74 días para una resonancia magnética (80), 110 días para una ecografía (118) y 36 días para una mamografía (42).

Los pacientes en espera estructural para un TAC suman 3.212; 7.423 para una resonancia magnética; 11.388 para una ecografía; y 697 pendientes de una mamografía.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha presentado como novedad para combatir los efectos en las listas de espera quirúrgicas de la huelga corporativa de médicos, que está ya en 78 días de media por 54 de finales de 2025, la derivación a centros privados concertados por Osakidetza de aquellos pacientes que superen los seis meses de demora, que son ahora prácticamente diez veces más que antes de las protestas, 1.794 frente a 89. “Ofreceremos a las personas que lleven más de 180 días la opción voluntaria de ser operados en centros concertados. Daremos la opción a los más vulnerables. Pueden elegirlo si así lo consideran”, ha explicado a los periodistas en el Parlamento Vasco el titular de Salud.

Sin embargo, se da la circunstancia de que un decreto aprobado en 2006 por el entonces consejero Gabriel Inclán ya prevé que quienes estén más de 180 días en espera puedan ser derivados a la privada con cargo a los presupuestos públicos. Baja incluso a 90 días para pacientes con problemas cardíacos y a 30 en el caso de los oncológicos. Este periódico informó en 2023 de que en 2021 y 2022, dos años de incremento de las esperas a causa de los efectos de la pandemia, de que Osakidetza había destinado del orden de 8,3 millones de euros en 21.960 actos médicos derivados a centros privados.

El consejero Martínez ha dado a entender que la novedad será la actitud proactiva de Osakidetza para informar de ese derecho existente desde hace veinte años. “Vamos a llamar a esas personas”, ha asegurado. El titular de Salud, del PNV, insiste en hacer ver que los problemas en los sistemas autonómicos causados por la huelga son consecuencia directa de la inacción de la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar. “La llave no está en nuestra mano”, ha repetido a los medios de comunicación.

Martínez, que lleva enfrentado a García prácticamente desde que accedió al cargo en 2024, se ha preguntado: “¿Hay alguien en el Ministerio de Sanidad?”. El consejero nacionalista ha repetido que Euskadi se ofrece a asumir todas las competencias para negociar el estatuto marco de los facultativos. “¿Para qué necesitamos un Ministerio de Sanidad?”, ha lanzado ironizando que García parece estar pensando exclusivamente en su carrera como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, confirmada ya por ella misma.

El consejero, según ha explicado, está manteniendo reuniones con profesionales de diferentes hospitales, especialidades y “generaciones” para conocer directamente su opinión. Teme que las protestas -que duran una semana y que se repiten cada mes- se sucedan en mayo “e incluso en junio” por la falta de capacidad de diálogo de la ministra. Como contraste, ha enumerado “catorce” acuerdos profesionales alcanzados en los últimos tiempos y ha anunciado todavía más, aunque siendo consciente que la huelga es de ámbito superior al autonómico. Osakidetza, eso sí, aprobó su último convenio en 2008, hace 18 años.

Este lunes, primer día de la nueva tanda de huelgas, los paros fueron seguidos por un 16% en el turno de mañana y por un 4% en el vespertino. Osakidetza ha subido los servicios mínimos y garantiza que no hay demoras para casos de cáncer o patologías “tiempodependientes”. Como detalle, Martínez ha señalado que el interlocutor legítimo es el SME, cuarta fuerza sindical tras elecciones internas de 2024, y no el movimiento MUD, que algunas voces asemejan a 'Ertzainas en lucha', el movimiento asindical de la Ertzaintza de 2023.

El consejero navarro de Salud, Fernando Domínguez, ha mantenido este miércoles una reunión con los jefes de servicio del Hospital Universitario de Navarra tras la negativa de decenas de sanitarios de este centro a realizar horas extra, las conocidas como peonadas, para reducir las listas de espera. En el encuentro, en el que también ha participado la gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, las partes han acordado “continuar trabajando” para mejorar la situación actual, facilitar las herramientas de gestión necesarias para todos los servicios y la disposición a realizar reuniones individualizadas con cada uno de ellos“.

Así lo han puesto de manifiesto en comunicado desde el Departamento de Salud, tras una reunión mantenida este miércoles entre los jefes y jefas de servicio del HUN, el consejero de Salud, el gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, la dirección del HUN y el director general de Salud.

Desde Salud han reiterado “el compromiso con la ciudadanía y el objetivo compartido que mueve todo el sistema: dar la mejor asistencia sanitaria a cada una de las personas usuarias”.

“Para conseguirlo, como se ha insistido constantemente, el mayor activo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea son sus profesionales y, en este contexto de debate y discusión interna que se ha trasladado al foro externo en los últimos días, no puede quedar duda del reconocimiento de Salud, y del propio consejero, al trabajo realizado por sus profesionales médicos de todos los ámbitos y de todos los servicios”, han indicado.

Según han añadido, Salud “arrastra un problema de accesibilidad reconocido que se ha agravado en los últimos años, pero la ciudadanía debe confiar y tener presente que, ante problemas graves, procesos oncológicos, enfermedades neurodegenerativas, accidentes, etc., o situaciones que requieren atención tiempo-dependiente, somos uno de los mejores sistemas del estado”.

“Y esto no va a cambiar. En estos momentos de discrepancias a nivel público la confianza en nuestros profesionales médicos tiene que estar intacta, y así lo solicita el Departamento a la sociedad navarra”, han concluido desde Salud.

Los principales indicadores de listas de espera sanitaria en Aragón reflejan un deterioro durante los dos primeros años y medio de gobierno de Jorge Azcón, en contraste con sus compromisos de mejora que lanzó en la campaña de 2023. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, a 31 de diciembre, la comunidad no solo no ha reducido los tiempos de espera, sino que ha empeorado en la mayoría de parámetros clave con respecto a 2023. La comunidad suma cerca de 3.000 pacientes más pendientes de una operación y más de 26.000 en consultas externas, mientras la espera quirúrgica se eleva a 132 días —por encima del objetivo fijado— y la demora para ver a un especialista se dispara hasta los 138 días (46 días más que hace dos años y medio), el mayor incremento registrado entre las comunidades autónomas.

El problema sigue recogido en el documento del pacto cerrado entre PP y Vox para la conformación del gobierno de coalición para la próxima legislatura, en el que se contemplan varias medidas en materia de sanidad y políticas relacionadas con la familia, la vida y los hábitos saludables. Entre ellas, se plantea un refuerzo global del sistema sanitario aragonés, comenzando por el compromiso de incrementar el presupuesto de Sanidad “al menos al mismo ritmo que el presupuesto autonómico, con el fin de garantizar recursos suficientes”. Desde el inicio de la legislatura se prevé también un plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas mediante una mejor gestión y el apoyo subsidiario de la sanidad privada.

El primer punto sí fue cumplido por el primer gobierno de Azcón, al aumentar el presupuesto de Sanidad de 2024 sin reedición desde entonces. Sin embargo, eso no ha logrado reducir las listas de espera quirúrgicas ni de consultas de especialidades.

En Aragón hay 2.961 pacientes más en lista de espera quirúrgica que en junio de 2023, al pasar de 22.822 a 25.783, (un 13% más), lo que supone el quinto mayor aumento absoluto entre las comunidades autónomas, solo superado por Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Baleares, regiones con una población significativamente superior. En cuanto al tiempo medio de espera quirúrgica, el anterior Gobierno de Aragón lo situó en 126 días, lo que en ese momento colocaba a la comunidad como la sexta con mayor demora, frente a una media nacional de 112 días. Dos años y medio después, a 31 de diciembre de 2025, Aragón ha pasado a ser la quinta región con mayor tiempo de espera, alcanzando los 132 días, es decir, seis días más que al inicio del periodo, mientras que la media estatal se sitúa en 121 días.

El empeoramiento es aún más acusado en consultas externas. El tiempo medio de espera ha aumentado de 92 a 138 días, un incremento de 46 días —el mayor de todas las comunidades—, y la diferencia con la media nacional se ha disparado hasta los 36 días. Aragón ha pasado de ser la sexta a la tercera comunidad con mayor demora.

Asimismo, el porcentaje de pacientes que esperan más de 60 días para una consulta ha crecido del 46,9% al 73%, superando en más de 11 puntos la media española. En términos absolutos, hay 26.178 pacientes más en lista de espera para consultas externas que al inicio del mandato al pasar de 98.304 con el gobierno de Lambán a 124.482 pacientes a 31 de diciembre de 2025, un aumento del 26,6%.

El 17 de mayo de 2023, en plena antesala de las elecciones autonómicas, Jorge Azcón lanzó una de las promesas más ambiciosas de su campaña al señalar la gestión sanitaria como el principal fracaso del gobierno de Lambán. Con una retórica contundente, calificó la situación de las listas de espera como una muestra del perjuicio que un mal gobierno supone para los ciudadanos, situando la reforma de la Sanidad como la piedra angular de su proyecto de cambio. Su compromiso era claro y cuantificable: modificar el decreto de garantías para rebajar el plazo máximo de espera quirúrgica de los seis meses vigentes en aquel entonces a tan solo cuatro meses. Según sus propias palabras, ningún aragonés con necesidad de cirugía debería esperar más de 120 días, fijando incluso un objetivo optimista de alcanzar los 100 días antes de concluir la legislatura.

Sin embargo, el balance al cierre del año 2025 ofrece una realidad distinta a la proyectada en aquel discurso. A fecha del 31 de diciembre de 2025, tras concluir la XI Legislatura bajo su mandato, el tiempo medio de espera quirúrgica se situaba en 132 días, lo que supone un incumplimiento directo de la palabra dada a los electores. Esta cifra resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que, durante su gestión, Azcón ha presumido de forma casi diaria de un aumento presupuestario en materia de salud, centrado principalmente en las cuentas aprobadas para el ejercicio 2024. Pese a ese incremento en la inversión y a la firmeza de sus críticas iniciales, la administración no ha logrado ajustar los tiempos de respuesta a los límites que el propio presidente definió como la medida indispensable para revertir lo que él mismo denominó un fracaso institucional.

Lista de espera quirúrgica por especialidades

En relación con la evolución por especialidades quirúrgicas, Aragón presenta algunos de los incrementos más elevados en número de pacientes en espera estructural. En cirugía general y del aparato digestivo, los pacientes han pasado de 3.606 en junio de 2023 a 4.721 en diciembre de 2025, lo que supone un incremento de 1.115 personas y un aumento relativo del 30,9%, el mayor entre las comunidades autónomas. En términos absolutos, este incremento solo es superado por Cataluña y la Comunidad de Madrid.

En urología, el número de pacientes en espera ha pasado de 1.802 a 2.841, con un incremento del 57,6%, también el más elevado del conjunto de comunidades, y un aumento absoluto de 1.039 personas, solo por detrás de Madrid y Cataluña. En otorrinolaringología, los pacientes en espera han aumentado de 1.318 a 2.084, lo que supone un incremento del 58,1% y un aumento absoluto de 766 personas, situando a Aragón como la segunda comunidad con mayor incremento relativo.

Consultas externas

En el ámbito de las consultas externas, el tiempo medio de espera ha pasado de 92 días en junio de 2023 a 138 días en diciembre de 2025, lo que supone un incremento de 46 días, el mayor registrado entre las comunidades autónomas. Esta evolución amplía significativamente la diferencia respecto a la media estatal, que se sitúa en 102 días, de modo que Aragón presenta una demora 36 días superior. En términos relativos, el incremento alcanza el 50%, casi tres veces más que el registrado en el conjunto del país.

Como consecuencia, Aragón ha pasado de ocupar la sexta posición en tiempo de espera a situarse como la tercera comunidad con mayor demora en consultas externas.

Asimismo, el porcentaje de pacientes que esperan más de 60 días para ser atendidos en una primera consulta ha experimentado un incremento notable. En junio de 2023, el 46,9% de los pacientes se encontraba en esta situación, lo que situaba a Aragón por debajo de la media nacional, fijada en el 51,6%.

Sin embargo, a diciembre de 2025 este porcentaje asciende al 73%, lo que supone un aumento de 26,1 puntos porcentuales y sitúa a la comunidad 11,5 puntos por encima de la media estatal, que es del 61,5%. Este incremento es más del doble que el registrado a nivel nacional y coloca a Aragón como la tercera comunidad con mayor proporción de pacientes con demoras superiores a 60 días.

En términos de volumen, a 31 de diciembre de 2025 Aragón cuenta con 124.482 pacientes en lista de espera para consultas externas, lo que supone 26.178 más que en junio de 2023, cuando la cifra era de 98.304. Este incremento del 26,6% convierte a Aragón en la segunda comunidad con mayor aumento relativo en este indicador.

El análisis por especialidades en consultas externas muestra igualmente una situación de elevada demora. Aragón se sitúa entre las comunidades con mayores tiempos de espera y lidera la demora en varias áreas.

En ginecología, el tiempo medio alcanza los 88 días, el más alto del país. En oftalmología, la espera se sitúa en 211 días, superando los siete meses, mientras que en traumatología alcanza los 188 días, más de medio año. En dermatología, el tiempo medio es de 143 días, lo que posiciona a Aragón como la quinta comunidad con mayor demora.

Asimismo, lidera la espera en otorrinolaringología con 241 días, más de ocho meses, y en neurología se sitúa como la tercera comunidad con mayor demora, con 127 días. En cirugía general y digestiva, aunque el tiempo medio es menor, con 66 días, Aragón sigue ocupando la quinta posición en términos de mayor espera.

El crecimiento de las listas es generalizado en prácticamente todas las especialidades. En ginecología, el número de pacientes en espera ha pasado de 5.348 a 10.828, lo que supone un incremento de 5.480 personas y un aumento del 102,5%.

En oftalmología, los pacientes han pasado de 27.405 a 30.563, con un incremento de 3.158 personas. En dermatología, el aumento es de 2.281 pacientes, al pasar de 15.666 a 17.947. En otorrinolaringología, la lista crece en 6.599 personas, desde 16.793 hasta 23.392, lo que representa un incremento del 39,3%.

Especialmente relevante es el caso de neurología, donde el número de pacientes en espera para una primera consulta ha pasado de 2.367 a 6.620, lo que supone un incremento de 4.253 personas y un aumento relativo del 179,7%, el mayor registrado entre las comunidades autónomas.

Este incremento adquiere especial relevancia por tratarse de una especialidad vinculada al diagnóstico de patologías graves y de alta prevalencia en población envejecida, como el alzhéimer, el párkinson o las secuelas de ictus. En este contexto, el acceso a una primera consulta no solo tiene implicaciones clínicas, sino también un impacto significativo en el bienestar psicológico de pacientes y familiares, al condicionar el proceso de diagnóstico y la evolución posterior de la enfermedad.

Acuerdos sanitarios del pacto PP-Vox y la prioridad o no nacional

En medio de esta realidad, surge la duda de si la atención sanitaria, hasta ahora universal, se recoge en el reciente acuerdo entre PP y Vox, impresicindible para la conformación del nuevo gobierno de coalición, que tiene como base el principio de 'prioridad nacional', por el que se prioriza a los españoles en el acceso a los servicios públicos. Sin embargo, el propio presidente ha asegurado que no se aplicará en casos de urgencia vital: “En Aragón se va a atender a todo el mundo en los hospitales y en los centros de salud exactamente igual que se les atendía, no va a haber ningún solo cambio, ningún solo cambio”. El presidente en funciones ha apuntado que “es muy irresponsable que se haga política del miedo con este tipo de cuestiones. Es un debate interesado en lo que lo único que se está intentando inocular es el miedo”.

Más allá de la prioridad o no nacional, el documento del pacto alcanzado entre PP y Vox recoge otras medidas genéricas que, en el ámbito de infraestructuras, pasa por la construcción de un nuevo Hospital Royo Villanova en Zaragoza y nuevos centros de salud en Utebo, Arcosur, Zuera y Cuarte de Huerva, además de la ampliación del de Caspe, con avances previstos antes de finales de 2026. Asimismo, se mantendrá y reforzará el sistema extrahospitalario de atención urgente primaria (DUAP) durante toda la legislatura.

En salud mental, se pondrá en marcha un plan específico infanto-juvenil con nuevas unidades en Zaragoza y refuerzo en Huesca y Teruel, además de mejorar la atención a trastornos de la conducta alimentaria, con avances antes de 2026.

También se contempla el refuerzo de los cuidados paliativos desde el primer momento, así como un plan de mejora de los recursos sanitarios que incluye la implantación de radioterapia en Teruel antes de 2027, así como incentivos para cubrir plazas de difícil acceso y la conversión de los hospitales generales en universitarios hacia 2027-2028.

En materia de servicios, se ampliará la atención bucodental infantil hasta los 16 años a partir de 2027.

En salud pública, se endurecerán las sanciones por fraude en el etiquetado de alimentos para garantizar la transparencia sobre su origen, con medidas a desarrollar en 2027. Finalmente, se promoverá el deporte como base de un estilo de vida saludable mediante un plan de infraestructuras deportivas a lo largo de toda la legislatura.

Paralelamente, se reforzará la atención a las personas mayores mediante más plazas en residencias y centros de día, mayor presupuesto y ampliación de conciertos, de forma continuada en cada presupuesto.

El acuerdo incorpora un enfoque transversal de familia en todas las políticas públicas, obligando a evaluar su impacto en este ámbito desde el inicio del mandato.

María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria, ya amaga con lo que será a buen seguro el leitmotiv recurrente con el que el Partido Popular justificará uno de los mayores fracasos de la legislatura de este Gobierno. El Ejecutivo que preside se había comprometido a reducir sustancialmente las listas de espera, así como los tiempos de demora para los usuarios de la sanidad pública cántabra, pero, a falta de un año del fin de legislatura, los datos no solamente no constatan una mejoría, sino, como mínimo, una tendencia al enquistamiento de la lista de espera quirúrgica.

Cantabria ya es la tercera autonomía con mayor tiempo de espera medio para operarse, con 137 días. Solo por detrás de Andalucía y Cataluña en demora quirúrgica, la comunidad supera también la media nacional de 121 días. Según el último informe sobre la situación de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, correspondiente al segundo semestre de 2025, la tasa de personas que estaba aguardando una intervención quirúrgica no urgente en Cantabria era de 24,92 por cada 1.000 habitantes, por encima del 17,69 por millar de la media nacional.

Ante estos datos que presagian el estancamiento a futuro de la 'cola' para operarse, el PP ya sabe cómo justificarse: echándole la culpa a otros, en este caso, a la ministra de Más Madrid/Sumar, Mónica García. En un reciente cónclave cántabro-astur del Partido Popular, la presidenta Buruaga ya echaba la culpa a la ministra de este fracaso sin paliativos de los compromisos programáticos de los populares. A esto se le suele llamar 'ponerse la venda antes de la herida'.

Y sin embargo, dinero parece haber, lo que demuestra que lo público sigue siendo un complemento ideal de lo privado para convertir la profesión sanitaria, no en un medio legítimo para ganarse la vida, sino en un negocio antes de que todo estalle y acabe imperando la sanidad privada. Por de pronto, y en virtud de los acuerdos presupuestarios, se abonarán 43 millones de euros al personal sanitario por complementos.

A diferencia de lo que ocurrió con los docentes, los sanitarios en este caso no tendrán que esperar más de un año para ser 'actualizados' ni mucho menos tendrán que encerrarse en la Consejería cuyas puertas siempre tendrán abiertas. Se abrevian las fases para alcanzar el grado profesional y la financiación ya saldrá de algún sitio.

Las competencias sanitarias fueron asumidas por Cantabria hace años y el Partido Popular hizo de la eliminación de las listas de espera un caballo de batalla programático que reforzó su legitimidad como gobernante. El PP iba a acabar con las listas de espera. Echar ahora la culpa a la ministra en una materia cuya gestión es totalmente autonómica no tiene mucho sentido, máxime cuando, con el mismo argumento, el mismo Gobierno de Pedro Sánchez podía haber acabado con la lista desde Madrid para reforzar al entonces Ejecutivo PRC-PSOE. No lo hizo por la sencilla razón de que es una materia difícilmente controlable desde Madrid al estar transferida la gestión.

No es fácil rebajar las listas de espera. Como ha aventurado el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, cada vez la sanidad va a costar más con resultados paupérrimos. Como dice, y da a entender, el problema está en que la gente cada vez dura más, léase, que la gente se empecina en no morirse cuando debe, léase, cuando sería lo razonable, léase, cuando le supone más gasto a la sanidad pública.

Visto el escaso sentido del patriotismo público de los cántabros, que se empeñan en envejecer y hasta en enfermar con tal de crearle un problema a su Gobierno, la disyuntiva es clara: esperar la feliz venida de la sanidad low cost a 25 euros al mes, con las prestaciones igualmente low cost, o protestar, que es lo que queda. Dimitir es un verbo cuya conjugación solo es aplicable a los demás, está claro.

El diputado regional Miguel González de Legarra ha asegurado que lo que está ocurriendo con las listas de espera en La Rioja “no es una anécdota, sino que forma parte de un patrón de comportamiento general que se repite en casi todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular”. Un patrón “que se fundamenta en ocultar datos, maquillar estadísticas y manipular los sistemas de registro para fabricar una apariencia de eficacia que no se sostiene”.

González de Legarra ha explicado que el ministerio de Sanidad acaba de hacer públicos los datos de las listas de espera sanitarias en España correspondientes al segundo semestre de 2025. Y lo que vemos es “un claro deterioro en el sistema”. Y es que, según estos datos, “en solo seis meses, la lista de espera quirúrgica en La Rioja ha crecido desde las 7.391, a 7.822 personas; 431 pacientes más esperando una operación”. La lista de espera quirúrgica ha crecido, en solo seis meses, “casi un 6 por ciento”. Además, la tasa de pacientes riojanos en espera por cada mil habitantes “ha subido también más de un punto en este tiempo, del 22,64 al 23,80”. 

Pero lo verdaderamente grave, ha dicho el diputado socialista, es que, en estos seis meses, el tiempo medio que tiene que esperar un riojano para operarse “ha pasado de 64 a 78 días; un 22 por ciento de incremento en seis meses”. Pero hay un dato “todavía más preocupante; y es que los pacientes que llevan más de seis meses esperando se han triplicado, pasando del 1,98 por ciento al 6,44 por ciento”.  

Miguel González de Legarra ha asegurado que “cuando aumentan los pacientes, puede que solo obedezca a un incremento coyuntural de la demanda, pero cuando aumentan los tiempos de espera y se disparan las esperas largas, lo que falla es el sistema”. Y esto “tiene todo que ver con la gestión, y el PP en La Rioja lleva gestionando la sanidad más de 20 años”.

Además, González de Legarra ha señalado que La Rioja “está peor que las comunidades de nuestro entorno”. Así, nuestra autonomía tiene una tasa de lista de espera quirúrgica por cada mil habitantes “peor que el País Vasco, Castilla y León, Navarra o Aragón”. En estos momentos “seguimos siendo la tercera comunidad autónoma de España con mayor tasa de pacientes en lista de espera por 1.000 habitantes, superando incluso a Andalucía”.  

El diputado socialista ha denunciado que La Rioja “combina una altísima presión de lista de espera, con una tendencia evidente a empeorar en los indicadores que mejor retratan el sufrimiento real del paciente, que son el tiempo de espera y las demoras prolongadas”. 

Miguel González de Legarra ha recordado que “cada vez que denunciamos esta situación, la consejería de Salud responde con el mismo argumento, asegurando que los datos de las listas de espera son veraces porque los publica el ministerio de Sanidad”. Lo que ocurre es que los informes que publica el ministerio “recogen los datos suministrados en origen por cada comunidad autónoma”.

Por tanto, que el ministerio de Sanidad publique unos datos “no demuestra que previamente no se hayan utilizado por parte del Gobierno de La Rioja criterios discutibles, retrasos en la incorporación a las listas o diferentes subterfugios metodológicos para equilibrar la fotografía final”. Y aquí es donde la conducta del Ejecutivo regional “resulta todavía más reveladora, porque si esos datos son tan fiables, no entendemos los motivos por los cuales no se publican antes, en tiempo y forma, en la propia web del SERIS”. 

“Tener 52 años, haber estado activo toda la vida y ahora estar así, esperando y con tanto dolor, te machaca emocionalmente”. Son las palabras de Pedro, carpintero natural de Mora (Toledo) que lleva esperando 234 días para una operación de cadera.

Pedro Luis Martín comenzó a notar que algo no iba bien alrededor de 2021. En su trabajo un compañero le preguntó si se había dado cuenta de que caminaba distinto: “Me dijo, 'andas de una forma un poco extraña', pero como a mí no me dolía pues yo seguí trabajando”. Dos años más tarde, el médico de cabecera le mandó al Hospital Universitario de Toledo para que le hiciesen una radiografía y vieron que tenía “la cadera fastidiada, que ya no había líquidos y que rozaba el hueso contra el hueso”. Sin embargo, Pedro no quiso darse de baja debido a la situación de incertidumbre del empleo en ese momento: “Me dijeron que me apuntase a la lista de espera y que me diese de baja, pero como me tomaba el medicamento pues seguí trabajando hasta que pude”.

Su diagnóstico: coxartrosis severa de cadera derecha. Se trata de un desgaste del cartílago en la articulación de la cadera y que además de dolor provoca limitación de movimiento, teniendo que ser necesaria una intervención quirúrgica para reemplazarla. En su informe médico se señala que se encuentra “clínicamente muy mal, muy limitado”, según detalla su traumatóloga.

Pedro Luis tuvo que darse de baja en agosto de 2025, después de dos años con dolores y cojeando, “porque llegó un punto que no podía más, no podía seguir”. Asegura que caminaba con la pierna “a rastras, tomando opiáceos como Tramadol, Targin, lo último ya me dijeron que es la morfina”.

Pedro apunta que “la fecha máxima para que te llamen y te operen son 180 días, lo que son seis meses, pero eso en realidad no existe”, pues ya lleva casi ocho esperando por esa operación que nunca llega.

Su día a día: “Dolores y pastillas”

Pedro Luis Martín asegura que su día a día es “muy complicado” y que consta de dos factores: “dolores y pastillas”. Explica que con los cambios de tiempo nota mucho más dolor y que son constantes a lo largo del día: “Es a todas horas. Solo noto un poquito de mejoría cuando me tomo las pastillas, pero cuando pasa un par de horas no puedo poner un pie en el suelo, siento que me voy a caer”. Esta dolencia le limita en su vida diaria, no solo porque no puede trabajar, sino que tampoco puede estar tranquilo: “Estoy sentado en el sillón viendo la tele y tengo que cambiar mil veces de postura. Me meto en la cama y no duermo más de una o dos horas de los dolores que tengo”, expone.

Por otro lado, las pastillas no suponen para él “un gran alivio” ya que hace treinta años le operaron del estómago debido a una úlcera gastroduodenal, que le provoca que la medicación “al ser tan potente, también me está afectando al estómago”.

Una de sus grandes aficiones es tocar el saxofón junto a la banda municipal de su pueblo, pero cuando va a los ensayos tampoco está cómodo: “Voy con las muletas, mi hijo me ayuda a llevar el instrumento, pero tengo que levantarme muchas veces porque tampoco puedo estar mucho tiempo sentado”, matiza.

Si puedo dormir dos horas seguidas me doy con un canto en los dientes

Pedro Luis lleva trabajando ininterrumpidamente desde los 16 años, y el no poder hacer actividad física está haciendo que gane mucho peso. En los siete meses que lleva de baja ha cogido quince kilos, aunque él asegura que no come apenas: “La medicación me quita el hambre. No me quiero ni pesar, porque los pantalones y las camisas ya no me valen”, explica señalando que también se está afectando a su autoestima.

Él no está dispuesto a que le aumenten la medicación, “ya que lo siguiente sería morfina pura, y si lo tomo ya cuando me duela más no habrá nada que me lo calme, eso en el caso de que lo acepte, porque no todo el mundo acepta su cuerpo la morfina”.

Para él su vida “es una mierda ahora mismo, me está afectando psicológicamente, a mí y a mi mujer, porque ella tiene el sueño muy ligero y cuando me despierto y tengo que levantarme lo intento hacer despacito, pero ella se despierta y ninguno podemos dormir”. También con sus hijos. Pedro es padre de dos adolescentes y señala que como durante todo el día está dolorido “cuando ellos quieren hacer algo, yo no tengo ganas y me paso el día de mala leche”, expresa apenado.

“Abandono, silencio y listas de espera interminables”

Esta situación le llevó a escribir una carta en su perfil en la red social Facebook, como él dice para “ver si así se les remueve un poquito las tripas y ponen medios”.

Pedro expone que a consecuencia de su dolencia no puede “tener una vida digna”: “¿De verdad alguien puede defender un sistema sanitario que obliga a un ciudadano a cotizar desde los 16 años y, cuando llega a los 52 [años], después de décadas sosteniendo con su esfuerzo la Seguridad Social, le responde con abandono, silencio y listas de espera interminables? Eso no es un fallo puntual. Eso es un fracaso moral, político y sanitario”.

Defiende que “decir que el sistema sanitario de Castilla-La Mancha funciona es una burla cruel” ya que “no funciona bien un sistema que cronifica el sufrimiento”. En esta carta, Pedro también señalaba que “lo más grave es que esto no solo destruye la salud, destruye la dignidad” porque cuando hay “que mendigar una cita, una prueba el mensaje que recibes es devastador: tu dolor no importa, tu vida no importa”.

Asegura sentir miedo por perder su empleo y que incluso, con la situación que padece, ha recibido una notificación de que “en breve me van a hacer un seguimiento de cómo estoy, donde señalan que si me encuentro mejor vaya a mi médico de cabecera para darme el alta”.

Pedro Luis relata que se siente “engañado” ya que primeramente incluyeron que su caso “era urgente, lo ponía la traumatóloga en el informe, para que me lo pudiesen adelantar todo lo posible”, pero en octubre de 2025 acudió al Hospital Universitario de Toledo para conocer “de primera mano” si su operación estaba más cerca. Asegura que dos meses más tarde, viendo que no recibía la fecha de operación se dirigió a hablar con dirección de Atención al Paciente. “Me dijeron que iban a intentar incluirme en las listas de las personas que derivan al privado para ver si podían adelantarlo”, expone.

No obstante, recuerda que “pasaron las Navidades y volví a preguntar para ver cómo iba el tema, y me dicen que ya han aprobado para poder operar en el privado y hacer las derivaciones, pero que como son bolsas ahora han entrado para hacer operaciones de rodilla, luego llamarán para las de cadera, pero en definitiva, mintiéndome”.

Pedro explica que en marzo de 2026 tuvo una nueva cita con la traumatóloga, “donde vuelve a poner en mi informe que estoy clínicamente fatal y que me tienen que operar rápidamente, pero voy a Admisión y me dicen que es la propia traumatóloga la que tiene que solicitar que me operen, pero la traumatóloga me dice que no, que ya ha puesto que es urgente en el informe, que no puede hacer otra cosa. Se van pasando la pelota de uno a otro. Y no leen la historia clínica, donde pone si es urgente o no. Solo me dicen que estoy en una lista y ya, que ya me llamarán”.

Me dijeron que iban a intentar incluirme en las listas de las personas que derivan al privado para ver si podían adelantarlo

Además de este “ninguneo”, Pedro Luis asegura que de las veces que ha acudido al hospital “justo había huelga de médicos” y esto también ha retrasado su proceso y que le puedan hacer caso. A mediados del mes de abril se presentó de manera presencial en el hospital y explica que “tenía que recibir una llamada de la directora de traumatología para que me diesen una solución y me dicen que no me puede llamar porque tenían una reunión. Bueno, pues después de la reunión que habría allí 40 o 50 personas tenían un vino para celebrarlo, que vi pasar a los del catering. Y los pacientes aquí estamos, un montón de horas esperando”.

En su carta que posteó en la red social Facebook, Pedro también expone su frustración, señalando que “la sanidad pública debería ser el orgullo de una sociedad decente. Pero cuando deja de curar, deja de proteger y deja de responder, se convierte en una maquinaria lenta, deshumanizada y profundamente injusta. Y en Castilla-La Mancha, para demasiados pacientes, esa maquinaria hoy no representa alivio ni esperanza: representa dolor, impotencia y desesperación”.

Plazos de lista de espera para operaciones en Castilla-La Mancha

El tiempo de espera máximo para recibir una intervención quirúrgica de prótesis de cadera en Castilla-La Mancha son 180 días -seis meses-, según el Defensor del Pueblo, tal y como recoge el Real Decreto 1039/2011.

Según se desprende de los indicadores de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS) publicados este pasado miércoles por el Ministerio de Sanidad, en Castilla-La Mancha un total de 36.260 pacientes se encontraban pendientes de una intervención quirúrgica a 31 de diciembre de 2025, con un tiempo de espera medio de 92 días.

Si se consulta el caso concreto de Pedro Luis en el Portal de Transparencia del SESCAM, para el Hospital Universitario de Toledo existen 2.669 pacientes pendientes de una operación para la especialidad de Traumatología, 824 en la misma situación que Pedro (plazo superior a 180 días). Por otro lado, se fija que el tiempo de espera medio es de 121,7 días.

Este medio se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha para conocer qué ocurre con las listas de espera y por qué en este caso no se está cumpliendo con los plazos vigentes, sin haber obtenido respuesta por el momento.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha expuesto este viernes que las listas de espera quirúrgicas en Euskadi van a pasar de 54 a 74 días, es decir, dos meses y medio o tres semanas más, como consecuencia de la menor actividad por la acumulación de huelgas médicas. El Gobierno vasco insiste en que se trata de una protesta “contra el Ministerio de Sanidad”, que es el que tiene las competencias para regular el estatuto marco de la profesión médica, y que las comunidades autónomas son las paganas, particularmente las que tienen más proporción de asistencia pública (98% en Euskadi, según los datos de Martínez).

Las movilizaciones, hasta la fecha, han consistido en huelgas de una semana cada mes. Ahora, el consejero no ha negado que puedan incluir también reducción de las llamadas “peonadas”, las autoconcertaciones consistentes en aligerar actividad pendiente por las tardes con horas extraordinarias, como ha publicado 'El Correo' citando fuentes del MUD, un movimiento corporativo sin representanción en Osakidetza y que suma al SME, el sindicato que sí está en la convocatoria de las protestas. Fuentes sanitarias, en privado, asimilan este movimiento al que en su día se produjo en la Ertzaintza con 'Ertzainas en lucha'.

Martínez ha indicado que “los más sufridores” de estos nuevos retrasos, que van a dar por tierra los costosos avances tras la pandemia de la COVID-19, serán los pacientes con “patologías que pueden esperar”, porque la actividad urgente o la oncológica, por ejemplo, siempre tiene prioriodad. “Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que este conflicto no perjudique a la asistencia y podamos atender sus necesidades de manera efectiva”, ha añadido también, en el Parlamento Vasco, el titular de Salud.

Martínez insiste en que la “competencia” para desatascar las demandas del colectivo médico “es exclusiva del Ministerio de Sanidad”. Ha indicado también que Euskadi ya ofrece mejores condiciones que otras comunidades en la parte que le corresponde a Osakidetza. “En Euskadi tenemos implantadas las 35 horas desde hace mucho tiempo”, ha puesto como ejemplo.

Los datos de la semana de huelga de marzo apuntaban a un seguimiento de la huelga por debajo del 20%. Martínez, sin embargo, ha indicado que, para ser un colectivo, es una cifra “muy importante” que impacta de lleno en la atención. La primera semana de paros fue asumible con reprogramaciones, pero a partir de la segunda la cosa empezó a torcerse, ha indicado. Y ha urgido a que la ministra Mónica García, con la que mantiene una tensa relación desde que accedió al cargo en 2024, ponga toda la carne en el asador para desatascar el conflicto.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha calificado de “poco humanas” las declaraciones de la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, sobre el impacto de la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo central, y ha considerado que “debería arrepentirse” de las mismas.

García Espada había advertido de un posible aumento de la presión asistencial en el Servicio Extremeño de Salud derivado de este proceso, que podría beneficiar a unas 3.000 personas en la región. Frente a ello, Quintana ha defendido que se trata de “ciudadanos que viven en España y que podrán trabajar”, y ha criticado la “estigmatización” de este colectivo.

“Son ciudadanos que viven en España y que podrán trabajar, y en este sentido la petición continua a la Delegación del Gobierno es que se precisan empleados para determinados sectores y estigmatizar humanamente a estas personas…”, ha señalado en declaraciones a los medios.

El delegado ha subrayado además que el refuerzo de personal en las oficinas que atenderán a los beneficiarios de la regularización será “el número que haga falta”, y ha confiado en que Extremadura no sea una de las comunidades con mayores dificultades en este proceso. “Hay que poner el esfuerzo necesario para hacerlo todo bien”, ha añadido, al tiempo que ha destacado el papel de las ONG y asociaciones que trabajan con población migrante.

Quintana ha realizado estas declaraciones antes de asistir a un minuto de silencio a las puertas de la Delegación del Gobierno en recuerdo de las últimas víctimas mortales por violencia de género en el país.

Por su parte, el PSOE de Extremadura ha calificado de “indignas” las palabras de la consejera y ha denunciado que suponen “un ejemplo más” del “desgobierno” que, a su juicio, impera en la comunidad autónoma. Los socialistas han recordado que Extremadura lleva meses sin un gobierno efectivo tras las elecciones de diciembre.

En una nota de prensa, el PSOE considera que de las declaraciones de García Espada “emana un trato deshumanizado hacia las personas migrantes”, al vincular su regularización administrativa con un supuesto riesgo para la sostenibilidad del sistema sanitario público. Asimismo, critica que se traslade a la ciudadanía “una imagen distorsionada que puede generar miedo e inquietud”.

Los socialistas sostienen además que estas manifestaciones buscan desviar la atención de los datos de listas de espera sanitaria publicados recientemente por el Ministerio de Sanidad y denuncian que se pretenda “maquillar una gestión deficiente señalando a colectivos vulnerables como responsables de problemas estructurales”.

En este contexto, el PSOE se pregunta “qué tipo de desgobierno encabeza la presidenta Guardiola” si considera que la incorporación de unas 3.000 personas puede provocar el colapso del sistema sanitario. También plantea interrogantes sobre el impacto futuro de proyectos industriales como la gigafactoría prevista en Navalmoral de la Mata, que implicaría la llegada de unas 2.500 personas a la zona.

Frente a esta visión, los socialistas defienden que el proceso de regularización no supone la llegada de nuevas personas, sino el reconocimiento de derechos a quienes ya residen en Extremadura. “No representan un problema, sino una oportunidad”, concluyen, al considerar que contribuirán a generar riqueza, fijar población y construir futuro en la región.

El tiempo medio de espera para operarse en Cantabria en el segundo semestre de 2025 fue de 137 días: 16 días más que la media nacional (121), 87 más que en Madrid (50), o 73 más que en Euskadi (64). Estos números sitúan a Cantabria únicamente por detrás de Andalucía (173) y Cataluña (142).

Así lo revela el último informe sobre la situación de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad en el segundo semestre de 2025, cuando el volumen de personas que estaba aguardando una intervención quirúrgica no urgente ascendía a 853.509, un 2,5 % más que en el mismo periodo de 2024.

Con ello, la tasa en Cantabria se situó en 24,92 personas por cada 1.000 habitantes, bastante más que la nacional, situada en 17,69/. Otras comunidades con tasas altas son Cataluña (24,84); La Rioja (23,8) y Andalucía (23,51), mientras que las más bajas se registran en la Comunidad Valenciana (9,91), seguida de Castilla y León (10,57); País Vasco (10,81) y Madrid (11,23).

En total, al final del segundo semestre del año pasado, había 14.490 personas esperando una operación en Cantabria.

El 26% de los cántabros espera más de seis meses para operarse

El nuevo balance arroja una espera media para someterse a una operación no urgente de 121 días, frente a los 126 de 2024. Varias comunidades superan esa media, encabezadas por Andalucía, con 173; Cataluña (142); Cantabria (137); Extremadura (135) y Aragón (132). Muy por debajo, por el contrario, están Madrid (50); País Vasco (64); Galicia (73) o La Rioja (78).

Del mismo modo, bajó el número de pacientes que esperan más de seis meses, que suponen el 21,6% del total, 1,3 puntos menos que el año pasado. No obstante, ese porcentaje se supera ampliamente en Andalucía (32,2 %); Cataluña (32%) o Cantabria (26,2%). Por el contrario, en Madrid fue de apenas el 0,8 %, en el País Vasco, del 2,3 % y en Galicia, del 5,7 %.

Se reduce la espera a la consulta con el especialista a 102 días

A 31 de diciembre de 2025, 84,42 de cada 1.000 personas estaban aguardando su primera consulta en atención especializada hospitalaria, una tasa 1,2 puntos superior a la del mismo periodo de 2024. Por el contrario, se esperaron menos días para ella, en concreto tres, hasta los 102. El 61,5% de los pacientes tenía una cita asignada para más de 60 días.

Por comunidades, donde más esperaron al especialista fue en Navarra (152 días); Aragón (138); Andalucía (136); Cataluña (120) y Extremadura (112), mientras que en La Rioja lo hicieron 32, menos que en País Vasco (49); Cantabria (61); Galicia (63); Castilla-La Mancha (64); o Madrid (68).

Cirugía Plástica y Neurocirugía, las mayores esperas

En total, los hospitales de la red del Sistema Nacional de Salud realizan anualmente más de 3,5 millones de intervenciones quirúrgicas, incluyendo tanto las urgentes como las programadas, que son las que conforman las listas de espera.

La especialidad más sobrecargada para operarse es Cirugía Plástica, con 269 días, seguida de Neurocirugía (172); Angiología y Cirugía Vascular (151). Mientras, las menos congestionadas fueron dermatología (64 días), cirugía cardíaca y oftalmología, ambas con 77 días.

Respecto a los cinco procesos quirúrgicos sujetos a garantía de tiempo de espera en el SNS (180 días), el 'by-pass' coronario acumula una espera media de 54 días, con un 1,6% de los pacientes que aguardan más de ese máximo establecido.

Le sigue cirugía cardíaca valvular (71 días y 6,9 % de pacientes); cirugía de cataratas (68 y 2,6 %); el recambio de cadera, con 98 días, y el de rodilla, con 105, son los procedimientos con mayor demora media y porcentaje de pacientes que superan los tiempos máximos (13,7 y 15,9 % respectivamente).

En total, los hospitales de la red del SNS realizan anualmente más de 3,5 millones de intervenciones quirúrgicas, incluyendo tanto las urgentes como las programadas, que son las que conforman las listas de espera.

Mientras, en consultas externas, las mayores esperas se produjeron en Traumatología, con 132 días, y Dermatología (127). En el otro extremo está Cirugía General con un promedio de 61 días, Ginecología (64) y Cardiología (68).

El tiempo medio de espera para operarse en España se redujo en el segundo semestre de 2025 a 121 días, cinco menos que en el mismo periodo del año anterior. El dato a nivel estatal encuentra fuertes contrastes por comunidades autónomas. Mientras en Andalucía se dispararon a los 173 y en Catalunya, hasta los 142, en Madrid y Euskadi se situaron en los 50 y los 64 días, respectivamente, según los datos del último informe sobre la situación de las listas de espera publicados por el Ministerio de Sanidad.

El informe arroja también una cifra récord: 853.509 personas estaban esperando durante el segundo semestre de 2025 a ser llamadas para someterse a una intervención quirúrgica no urgente. Son un 2,5% más que en el mismo periodo de 2024 y suponen 18 pacientes por cada 1.000 habitantes. Las tasas también varían por comunidades. Las más altas aparecen en Cantabria (24,92); Cataluña (24,84); La Rioja (23,8) y Andalucía (23,51), mientras que las más bajas se registran en la Comunidad Valenciana (9,91), seguida de Castilla y León (10,57); País Vasco (10,81) y Madrid (11,23).

El nuevo balance arroja una espera media para someterse a una operación no urgente de 121 días. Las comunidads donde se registran las mayores esperan son Andalucía, con 173; Cataluña (142); Cantabria (137); Extremadura (135) y Aragón (132). Muy por debajo, por el contrario, están Madrid (50); País Vasco (64); Galicia (73) o La Rioja (78).

La espera media se sitúa en unos cuatro meses, aunque el 21,6% de los pacientes superan el medio año de espera, 1,3 puntos menos que el año pasado. No obstante, ese porcentaje se supera ampliamente en Andalucía (32,2 %); Cataluña (32 %) o Cantabria (26,2 %). Por el contrario, en Madrid fue de apenas el 0,8 %, en el País Vasco, del 2,3 % y en Galicia, del 5,7 %.

Se reduce la espera por el especialista a 102 días

A 31 de diciembre de 2025, 84,42 de cada 1.000 personas estaban aguardando su primera consulta en atención especializada hospitalaria, una tasa 1,2 puntos superior a la del mismo periodo de 2024. Por el contrario, se esperaron tres días menos de media, 102. El 61,5 % de los pacientes tenía una cita asignada para más de 60 días.

Por comunidades, donde más esperaron al especialista fue en Navarra (152 días); Aragón (138); Andalucía (136); Cataluña (120) y Extremadura (112), mientras que en La Rioja lo hicieron 32, menos que en País Vasco (49); Cantabria (61); Galicia (63); Castilla-La Mancha (64); o Madrid (68).

En total, los hospitales de la red del SNS realizan anualmente más de 3,5 millones de intervenciones quirúrgicas, incluyendo tanto las urgentes como las programadas, que son las que conforman las listas de espera. La especialidad más sobrecargada para operarse son Cirugía Plástica, con 269 días, seguida de Neurocirugía (172); Angiología y Cirugía Vascular (151). Mientras, las menos congestionadas fueron Dermatología (64 días), y Cirugía cardíaca y Oftalmología, ambas con 77 días.

Respecto a los cinco procesos quirúrgicos sujetos a garantía de tiempo de espera en el SNS (180 días), el 'by-pass' coronario acumula una espera media de 54 días, con un 1,6 % de los pacientes que aguardan más de ese máximo establecido.

Le sigue cirugía cardíaca valvular (71 días y 6,9 % de pacientes); cirugía de cataratas (68 y 2,6 %); el recambio de cadera, con 98 días, y el de rodilla, con 105, son los procedimientos con mayor demora media y porcentaje de pacientes que superan los tiempos máximos (13,7 y 15,9 % respectivamente).

Mientras, en consultas externas, las mayores esperas se produjeron en Traumatología, con 132 días, y Dermatología (127). En el otro extremo está Cirugía General con un promedio de 61 días, Ginecología (64) y Cardiología (68).

Un decreto para dar “transparencia”

El Ministerio de Sanidad trabaja en un real decreto para regular las listas de espera, que se elaboran siguiendo diferentes criterios según las comunidades autónomas, con el objetivo de darles “transparencia y trazabilidad”, según indicó la ministra Mónica García, durante el VI Foro Económico de elDiario.es , en marzo.

“Yo quiero saber cuánto se tarda en ir a una consulta, a la primera consulta de un psicólogo, por ejemplo. Cuánto se tarda en operar un proceso oncológico, que en nuestro país van muy rápidos. Y, sin embargo, estamos midiendo cuánto tardamos en operar una variz, un juanete o una vesícula. Necesitamos la colaboración de las comunidades para darle transparencia al proceso. Queremos saber, desde el ministerio, cuál es el tiempo que pasa desde que un paciente va a atención primaria con cualquier tipo de patología o dolencia hasta que le ven un especialista, le hacen una prueba, le vuelve a ver al especialista y hasta que le operan o no le operan o le dan el tratamiento. Toda esa trazabilidad no la tenemos a día de hoy. No sabemos lo que pasa con nuestros pacientes”, explicó.

El paciente esperaba por una colonoscopia calificada como “preferente” desde febrero de 2023, pero el Hospital Universitario de Canarias (HUC), el de referencia para la población del norte de Tenerife, no le dio cita para esta prueba hasta noviembre, nueve meses después. Para entonces, el cáncer diagnosticado (adecarcinoma) ya se había extendido por metástasis a otros órganos vitales y sólo cabía aplicar cuidados paliativos. Murió a los tres meses, en febrero de 2024. 

Ante la reclamación patrimonial formulada por la familia del fallecido, el Servicio Canario de Salud (SCS) admitió parte de responsabilidad por el retraso injustificado en la prueba diagnóstica, pero no toda. La administración planteó “la concurrencia de cierto grado de autoría del propio paciente” porque “existió cierta pasividad al no advertir de tal retraso ni reclamar su pronta realización”. 

La Consejería de Sanidad pretendía corresponsabilizar al paciente del retraso para tratar de reducir la cuantía de la indemnización que debe pagar a la familia por los daños morales infligidos.

En un dictamen firmado a finales de marzo, el Consejo Consultivo de Canarias, órgano encargado de velar por la legalidad de las decisiones de las administraciones públicas de las Islas, rechaza los argumentos de Sanidad, a quien atribuye la responsabilidad exclusiva de la “pérdida de oportunidad” que sufrió el paciente debido al diagnóstico tardío.

“No cabe sostener” que la respuesta a la urgencia de esa prueba diagnóstica requiriera “un impulso por parte del paciente”, concluye el Consultivo. Al contrario, su necesidad era “apremiante” desde febrero de 2023, desde que se conoció el resultado positivo de la prueba de sangre en heces que había pedido días antes su médico de atención primaria. La prueba fue solicitada el 10 de febrero de 2023. La colonoscopia se practicó el 7 de noviembre. El paciente murió el 8 de febrero de 2024.

Los informes

El propio Servicio Canario de Salud (SCS), a través del Servicio de Inspección y Prestaciones (SIP), admitió que esa “demora prolongada” había favorecido “la progresión tumoral”.

En el informe remitido al Consultivo, el SIP estimaba que en enero de 2023 el tumor ya existía, al menos, en un estadio dos. De haber actuado con la celeridad debida, las posibilidades de supervivencia del paciente habrían sido “sustancialmente mayores”.

La Consejería de Sanidad cuantificaba la “pérdida de oportunidad” para el paciente en un 60%: de un 75% de posibilidades de supervivencia a cinco años en un estadio dos (enero) a un 15% cuando fue diagnosticado (noviembre) en un estadio cuatro (metástasis).

La familia, por su parte, presentó su propio informe pericial, que concluía que el intervalo prudente entre el positivo en la prueba de sangre en heces y la colonoscopia no debió superar el mes o los dos meses. Cuando se realizó, nueve meses después, el paciente “ya presentaba anemia, síndrome constitucional (cansancio, pérdida de apetito y adelgazamiento involuntario), diarreas con nocturnidad y tenesmo”, hallándose en esa prueba diagnóstica “un adecarcinoma rectal avanzado y limitándose las opciones a quimioterapia paliativa con una supervivencia de sólo tres meses desde el diagnóstico efectivo”.

Esta demora asistencial provocó, en opinión del doctor que firma ese informe pericial, “una flagrante pérdida de oportunidad terapéutica”.

La indemnización

En este procedimiento de responsabilidad patrimonial, el Servicio Canario de Salud no ha discutido la existencia del daño ni la legitimidad de los reclamantes (la madre y los tres hermanos del fallecido). Ni siquiera ha cuestionado el importe reclamado por los interesados (95.750,16 euros para la madre y 18.532, 29 para cada hermano).

Lo que pretendía era eludir el pago íntegro de la indemnización descargando parte de la responsabilidad en el propio paciente. A juicio de la administración, este “debió informar al médico de cualquier cambio o empeoramiento en su condición”.

El informe del servicio de Inspecciones y Prestaciones recoge el siguiente tenor literal: “Desde febrero de 2023 hasta el 19 de octubre de 2023 no fue solicitada al servicio sanitario otra atención, ni al médico de familia ni a un servicio de urgencias. Ello pudo contribuir al retraso diagnóstico. Si el paciente no informa de los cambios en sus síntomas, el médico no está al tanto de la verdadera situación a fin de acelerar o no la obtención de un diagnóstico y tratamiento”.

A juicio de Sanidad, “esto tiene una indudable influencia en el resultado final”, puesto que “si bien en modo alguno excluye la responsabilidad del SCS en los hechos, la propia conducta del paciente permite modular los daños causados”. “Estaríamos hablando, por tanto, de una responsabilidad compartida”, concluye.

El Consejo Consultivo rechaza de forma tajante esta interpretación de la Consejería de Sanidad. El retraso diagnóstico no proviene de esa supuesta “pasividad” del paciente, sino del retraso en la realización de una prueba solicitada con carácter preferente. No era necesario que el pacientela impulsada ni tampoco una progresión en los síntomas. “Con o sin dolor abdominal, expresamente manifestado o no por el paciente, la urgencia en la realización de la colonoscopia mantuvo siempre su imperiosidad, su necesidad apremiante por sí misma, tan sólo a partir del resultado positivo de la prueba de sangre en heces”.

Y advierte además el órgano consultivo que lo dicho por la Consejería de Sanidad no es cierto. El SCS obvió en su informe que el paciente sí requiriró entre febrero y octubre de asistencia sanitaria. En concreto, en mayo acudió a su médico de familia, según refleja su historia clínica. No consta que en esa conculsta el facultativo “se hubiera interesado” por la prueba diagnóstico“ y menos aún que, ”advertido el retraso, la reiterara con carácter urgente“.

Por todo ello, niega la existencia de “corresponsabilidad alguna del paciente” en el retraso de la prueba, que es achacable en exclusiva al SCS. El Consultivo remarca que el daño indemnizable no es “el resultado final” (en este caso, el fallecimiento), sino “la probabilidad frustrada de haber alcanzado un resultado clínico más favorable por falta de diligencia en la actuación asistencial”.

En este caso, “el retraso injustificado” en la colonoscopia “privó al paciente de la oportunidad real de recibir un diagnóstico precoz y, con ello, un tratamiento con finalidad curativa o, al menos, con mayores probabilidades de prolongar su supervivencia y conservar su calidad de vida”.

El Consultivo fija la indemnización en la cuantía resultante de aplicar un 60% (pérdida de oportunidad) a las cantidades reclamadas por la familia. Es decir, 57.450,1 euros para la madre y 11.119,37 para cada hermano. En total, 90.808,22 euros.

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) registra los peores tiempos de respuesta para pruebas diagnósticas de los principales centros sanitarios del Archipiélago. Los últimos datos publicados revelan cifras alarmantes, como una espera media de 540 días (un año y medio) para una endoscopia, 183 para una ecografía o 158 para un escáner. Además, lidera las demoras en consultas externas, con más de 42.000 pacientes en lista de espera. 

La Consejería de Sanidad difundió el pasado 30 de marzo un comunicado en el que señalaba que a lo largo de 2025 citó a un total de 291.088 personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años para participar en el Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Colon y Recto de Canarias y que acudieron a la consulta un 38%.