El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha presentado este viernes, 6 de marzo, el Proyecto de adaptación integral del Campus Palmas Altas como Ciudad de la Justicia de Sevilla. Este diseño supone “un nuevo concepto” de espacio judicial para el que será el segundo complejo más grande de España.

Asimismo, Nieto ha reseñado que Justicia publicará el proyecto a finales o principios de 2026, mientras que las obras se desarrollarán entre 2027 y 2028 de la forma “más breve posible”, en aras de finalizar el traslado antes de finalizar el año 2028. Todo ello, tras una revisión que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía durante el traslado al nuevo complejo y la valoración de una “visión en conjunto” que ha permitido “corregir errores del principio” y “optimizar” las posibilidades de las instalaciones.

Así, contará con 130.000 metros cuadrados y acogerá a 2.000 profesionales y 250 usuarios, que recibirá a diario. El Proyecto Básico de adaptación integral de los siete edificios del Campus de Palmas Altas, se completará con otro de nueva construcción en una parcela anexa.

Dos bancadas

El Proyecto Básico de adaptación del Campus de Palmas Altas --redactado por la UTE formada por los estudios de arquitectura Vidal y Asociados y Argenia Ingeniería y Arquitectura-- ha incorporado cambios en cuanto al reparto de las jurisdicciones, salas de vistas y distintos servicios entre los siete bloques existentes.

El proyecto divide el conjunto de bloques en dos bancadas: la bancada norte formada por los edificios A, B, C y D y la bancada sur que integran los edificios G, E y F. Los edificios de la bancada norte se destinarán a todas las jurisdicciones del área Penal, la Fiscalía, el TSJA y la Audiencia Provincial mientras que en los de la bancada sur se ubicarán las jurisdicciones Civil, Mercantil y Contencioso-Administrativa.

Se reordena así el uso actual de los bloques A y B, donde ahora se ubican los órganos Mercantiles y Contenciosos y de Primera Instancia respectivamente, ya que la visión de conjunto ha permitido “corregir errores del principio” y “optimizar al máximo las posibilidades de las instalaciones”.

65.000 metros cuadrados

El proyecto integral supone la adaptación de 65.000 metros cuadrados de espacio de trabajo, con 512 despachos y 56 salas de vistas, más aparcamientos y archivos, los espacios verdes. Los servicios con más tránsito de público se situarán en los edificios más cercanos al acceso principal. Así, el Juzgado de Guardia se instalará en el edificio A y el Registro Civil en el G.

Otro de los cambios sobre la idea inicial prevista, según la Junta, es no agrupar todas las salas de vistas en un edificio sino repartirlas en los distintos bloques, principalmente en las plantas bajas de los de la bancada norte y en la planta sótano de los de la bancada sur.

Nieto ha destacado que de las 41 que hay ahora fuera de Palmas Altas se pasará a 56 (a las que se sumarán más en el edificio de nueva construcción), “pero lo más importante es que dispondremos de 54 salas multiusos con sistemas de grabación en las que se podrán realizar multitud de actuaciones que ahora los jueces tienen que hacer ocupando las salas de vistas”.

La Consejería ha puesto en marcha las de Granada -donde ya se ha presentado el proyecto para adaptar el edificio El Cubo-, Cádiz -donde han comenzado los primeros trabajos en los antiguos terrenos y edificios de Tabacalera-, Jaén -cuyas obras se licitarán- y Huelva, así como las de grandes ciudades como Algeciras, Jerez y Marbella, que cuenta ya con un estudio de implantación o anteproyecto. También proyectos en partidos judiciales intermedios como Roquetas de Mar -ya en construcción- o Alcalá de Guadaíra.

La temporada anterior acabó en alto: 350 millones de euros dilapidados en un proyecto megalómano que iba a servir para levantar una docena larga de edificios públicos firmado por los mejores arquitectos del planeta y de los que solo se terminó uno, el Instituto de Medicina Legal. Cinco altos cargos del Gobierno que alumbró la idea condenados a penas de cárcel, acusados de prevaricar y malversar fondos públicos en 24 contratos entre 2005 y 2011. Al que fue consejero de Justicia y vicepresidente, Alfredo Prada, le cayeron siete años en la Audiencia Nacional. Otros cargos públicos de la época han recurrido al Supremo para no entrar en la cárcel. La jefa de todo, Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid con mayoría absoluta y plenos poderes desde 2003 a 2012, la misma dirigente que había viajado de Nueva York a Singapur y otras capitales para exhibir las maquetas (presentadas hasta 72 veces) volvió a quedar libre: contó al tribunal que nada de la Ciudad de la Justicia había sido idea suya y que su error fue aceptar la sugerencia de su consejero y vicepresidente durante un tiempo, Prada.

Igual que con sus otras dos manos derechas que pasaron por la cárcel, Ignacio González y Francisco Granados, Aguirre tampoco tuvo que ver gran cosa con el proyecto estrella de su Gobierno. Así se ha escrito la historia en los tribunales.

Este jueves la Ciudad de la Justicia estrenó la secuela. Ha pasado un año y un mes después de la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a cinco altos cargos del aguirrismo, pero sobre todo sentenció una forma de hacer política y aquella oda al despilfarro. Los jueces concluyeron que los promotores del Campus de la Justicia “obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos” y “se alejaron cada vez más del objeto social” en los sucesivos contratos que adjudicaron durante seis años seguidos en dos gobiernos consecutivos.

En la segunda temporada, Isabel Díaz Ayuso y su comitiva institucional en la que estaban desde el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a la fiscal superior, Almudena Lastra, colegios de abogados, procuradores y otros cargos del PP, han regresado este jueves al lugar del crimen. El gigantesco descampado en Valdebebas, zona norte de Madrid, sigue ahí: entre el recinto ferial de Ifema y el aeropuerto de Barajas, cerca de donde se levantó el controvertido hospital Zendal, aquel que iba a “sorprender al mundo” y que hoy no tiene quirófanos ni apenas pacientes.

El comunicado de prensa de la Comunidad de Madrid anunció así la expedición a la Ciudad de la Justicia: “La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, visita en el barrio madrileño de Valdebebas el inicio de las obras de la Ciudad de la Justicia de Madrid, que será el complejo judicial más grande del mundo y donde se unificarán las 26 sedes dispersas en la capital”.

Ya no hay planos de Norman Foster, ni de Zaha Hadid, como en el proyecto original que Esperanza Aguirre presentó por el mundo (¿qué necesidad tendrían los neoyorquinos de saber cómo iba a quedar la Audiencia Provincial de Madrid?), pero la megalomanía del proyecto se mantiene dos décadas más tarde. “La más grande, la más digitalizada y la más accesible del mundo”, la definió haciendo de telonero el portavoz del Gobierno de Madrid, Miguel Ángel García Martín.

Cuando se le preguntó la víspera qué controles se van a establecer para que esta vez el proyecto no ocasione otro boquete de cientos de millones en las cuentas públicas y sea un proceso limpio, García Martín echó balones fuera y apeló al futuro ahorro en alquileres, que cifró en 120 millones de euros (se supone que en muchos años, pero tampoco se detalló ni cuántos ni por qué conceptos).

En el acto dentro de una carpa en mitad de la nada, nadie osó citar al exconsejero Pradas, que estuvo en una ceremonia parecida hace 17 años, ni del resto de altos cargos de aquellos Gobiernos del PP que siguen pendientes de recursos en el Supremo para no entrar en prisión. A estas alturas, el que fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid, como Ignacio González, como Granados, como López Viejo y como tantos otros, ya son solo viejos recuerdos en los álbumes de las mayorías absolutísimas del mismo PP de Madrid que repite a diario que el de Sánchez es el Gobierno más corrupto de la democracia.

No estuvieron en la literalidad de los discursos pero los fantasmas de aquel pasado no tan lejano en la familia política de Ayuso sobrevolaron durante la visita institucional al reinicio de las obras. En el mismo solar donde en veinte años solo se ha edificado el Instituto de Medicina Legal, con su forma de donut gigantesco, se evaporaron varios cientos de millones de euros desde mucho antes de que se moviera la primera tierra. Incluso después de que la faraónica obra se suspendiera en 2008, se pagó un contrato de más de diez millones de euros al estudio de Norman Foster, aunque este no llegase a colocar un solo ladrillo en la explanada.

Entonces, el 31 de enero de 2007, cuando también se convocó a la prensa para la colocación de la primera piedra, Aguirre hizo los honores: “Hoy empieza la construcción del Campus de la Justicia de Madrid, que como ustedes saben acogerá la mayor concentración de órganos judiciales, yo iba a decir de toda España, aquí [en el discurso] está escrito de toda Europa y el presidente del Tribunal Supremo ha dicho de todo el mundo, por lo tanto, no vamos a quedarnos en menos”.

Diecisiete años después de aquello, en Valdebebas no hay rastro del aguirrismo, pero su pupila, exgestora de redes sociales y hoy presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró desde el mismo lugar: “Hoy es un día muy importante para la Comunidad de Madrid y para la Justicia en España. Sobre estos terrenos, aquí en Valdebebas, se va a edificar la Ciudad de la Justicia el complejo judicial más grande del mundo, una de las obras de edificación pública de mayor envergadura de nuestro país con una inversión que va a superar los 753 millones de euros [...] Va a ocupar 471.000 metros cuadrados en 2029, que será el año en que acaben las obras. Será cuatro veces mayor que el Tribunal de Justicia de París, por ponerles un ejemplo”.

Ni ella ni el portavoz de su gobierno hicieron una sola mención a sus antecesores en el PP ni a los Gobiernos que compraron esas parcelas. Ni siquiera cuando se mencionó el único edificio puesto en marcha, el Instituto de Medicina Legal, que se veía allá al fondo. Ayuso aludió a él como si hubiera crecido solo entre la maleza. Como en tantos otros episodios, el pasado no existe en el PP ni en la Comunidad de Madrid.

Lo que ahora se pone en marcha con la Ciudad de la Justicia —ya no se llama Campus como en el proyecto original— es el cuarto intento de construir un gran complejo para unificar las sedes judiciales de Madrid, desperdigadas en una treintena de edificios por toda la ciudad.

La operación detrás del estrambótico proyecto de Esperanza Aguirre se basaba en el ladrillo: consistía en vender todas esas sedes para financiar las obras de sus arquitectos estrella que levantarían edificios circulares. La burbuja estalló... y el resto de excesos quedaron escritos en otra sentencia por corrupción en la Audiencia Nacional. El heredero político de Aguirre, Ignacio González, presentó su propio plan en 2015, pero se quedó en un cajón con la llegada a la Puerta del Sol de Cristina Cifuentes. El que arrancó este jueves es el segundo intento de Isabel Díaz Ayuso, después de que el primer concurso se quedara desierto. Su primera idea, al poco de llegar al Gobierno, planteaba una concesión a 35 años y un canon anual que se iba a pagar a la empresa adjudicataria:1.750 millones de euros, en total por construir los edificios. Las obras se iban a iniciar en 2022 y algunas sedes estarían listas en 2025, según anunciaba el entonces consejero de Justicia, Enrique López

Sucede que López es hoy un jubilado de la política y en la parcela desde entonces no se ha movido una piedra. Así que la nueva fórmula opta por una adjudicación directa en lotes de edificios por parte de la Comunidad a un conglomerado de constructoras. El presupuesto es de 653 millones de euros para levantar “el mayor palacio de Justicia del mundo, 26 sedes judiciales en 470.000 metros cuadrados” y que todo esté terminado en 2031, 27 años después de ser concebido por primera vez. Acciona y ACS edificarán el lote de edificios principal, mientras OHLA, Azvi y Rover, acometerán la otra fase.

Este jueves no hubo primera piedra, pero sí cierto movimiento de tierras con dos excavadoras de atrezzo que arrancaron justo cuando alguien dio la orden para que las cámaras pudieran grabar. En el primer día se ha plantado un roble, según el portavoz del Gobierno de Ayuso, “el árbol que representa la fuerza, la rectitud, la sabiduría y la vocación de permanencia de la Justicia, sus raíces profundas evocan el arraigo en los principios democráticos que nos dimos en la Constitución de 1978 que ahora más que nunca tenemos que defender y sus ramas abiertas simbolizan el derecho de todos a una tutela judicial efectiva y nos recuerda que todos somos iguales ante la ley”.

Si esta vez salen adelante, el arbolito y el macrocomplejo, en esa zona norte de la capital quedarán ubicados el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial (secciones Civil y Penal), la Fiscalía, el acceso a los juzgados de guardia, además de archivos, depósitos y dependencias de seguridad. Junto a ellos, y al Instituto de Medicina Legal, el único que pasó de las maquetas al cemento en el fallido proyecto de Esperanza Aguirre, se levantará un gigantesco aparcamiento público de 2.900 plazas y otro de casi 500 para el personal de justicia y los abogados.

El plazo máximo para tener finalizadas las obras es de 48 meses. Otoño de 2029. Un cuarto de siglo y más de 1.000 millones de euros después de que fuese concebido por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Salvo que La Ciudad de la Justicia, con su corrupción, sus políticos encarcelados, sus arquitectos estrella y los cientos de millones de euros perdidos por el camino, den todavía para una tercera temporada.

De nuevo, una presidenta de la Comunidad anuncia la construcción de la Ciudad de la Justicia. Un complejo en Valdebebas, al norte de la región, para concentrar todos los juzgados y tribunales hasta ahora dispersos por la región. En otros mandatos, como los de Esperanza Aguirre, esta propuesta ha terminado en los tribunales, no para realizar la presentación del proyecto, sino para juzgar a algunos de los altos cargos que participaron en su adjudicación. 

La Audiencia Nacional confirmó la condena al exvicepresidente Alfredo Prada a siete años de cárcel por el descontrol de la Ciudad de la Justicia bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre. Los magistrados defienden que el también exconsejero de Justicia cometió un delito continuado de prevaricación y malversación por 24 contratos para impulsar entre proyecto entre 2005 y 2011.

Este lunes, la presidenta ha participado en un acto en la sede de la Presidencia regional centrado en promocionar de nuevo este proyecto. En junio comenzarán las obras de la nueva Ciudad de la Justicia. Un proyecto que el Gobierno de Ayuso ha promocionado como el “complejo judicial más grande, accesible, digitalizado y eficiente energéticamente del mundo”.

Los plazos con los que trabaja Ayuso determinan que “en 2026 estarán finalizados los edificios que albergarán el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial y todos los juzgados de Primera Instancia”, indica la Comunidad de Madrid en una nota de prensa. Un año después esperan que estén construidas “el resto de las jurisdicciones, a excepción de la Penal, que estará lista en 2028, coincidiendo prácticamente con la llegada del Metro a Valdebebas según las previsiones estadísticas”.

El Gobierno autonómico ha celebrado que gracias a esta iniciativa se unificarán “26 sedes judiciales de la Comunidad”, agrupadas en “más de 470.000 metros cuadrados” para construir el “mayor palacio de la justicia del mundo”. El desembolso económico que prevé el Ejecutivo oscila los 653 millones de euros.

Ayuso ha reconocido que este proyecto, junto a la Ciudad de la Salud, es uno de los proyectos estrella de su programa. “En los próximos 15 años esperamos que la Comunidad de Madrid supere los 8 millones de habitantes y como Gobierno tenemos que plantearnos ese Madrid del futuro”, ha apuntado la mandataria. 

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la condena de siete años de cárcel al que fuera vicepresidente y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada por el descontrol en el macroproyecto fallido de la Ciudad de la Justicia bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre.

El tribunal mantiene la condena impuesta a Prada por delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con delito continuado de malversación agravada, pero reduce de 40 a 10 millones la indemnización que Prada y otros condenados deben pagar a la Comunidad de Madrid. Esta modificación se debe a que los magistrados entienden que de los 25 contratos del Campus de la Justicia por los que Prada fue condenado en primera instancia, no todos pueden considerarse irregulares. Sostienen que la mitad de ellos han reportado algún grado de utilidad y podrían servir ahora o en el futuro a la continuidad del proyecto.

Tras el análisis de la prueba, la Sala de Apelación entiende que todos esos contratos son constitutivos de prevaricación porque se adjudicaron de forma arbitraria sin cumplir con los requisitos legales. Pero respecto a la malversación, defiende que se cometió este delito en la mitad los contratos —un total de 13—, que son los que se alejaron del fin social del proyecto y sirvieron para el autobombo. Esto es, para publicidad y comunicación, en vez a proyección y edificación pública.

Entre dichos contratos se encuentran las distintas campañas de publicidad que se pusieron en marcha, con un coste de más de cinco millones de euros; el alquiler de una lona publicitaria en una fachada del centro de Madrid; la cobertura fotográfica o la creación de una revista digital. Todo ello, por una suma total de 10,3 millones de euros. Esta cifra, calcula la Sala, supone en torno a un 25% de los más de 40 millones totales del proyecto dedicado al Campus de la Justicia.

La Sala de Apelación sostiene que los contratos presentan considera, tal y como estableció la sentencia de la Sala Penal, que los contratos presentan “irregularidades esenciales” porque se ideó y puso en marcha un sistema “elusivo de la transparencia y la concurrencia contractual” en el que el único propósito era “posibilitar la arbitrariedad de la autoridad que los decidía y adjudicaba”.

La defensa de Prada rechazó en su recurso la existencia de delito de malversación bajo el argumento de que ni los acusados ni los adjudicatarios de los contratos se lucraron personalmente. Para la Sala, el exvicepresidente se olvida de que ese dinero era “de los ciudadanos que los aportan a través de sus impuestos” y que él ni los podía adjudicar caprichosa y arbitrariamente ni los podía administrar deslealmente. El tribunal añade que lucraban con contratos inservibles a los adjudicatarios que caprichosamente elegían para prestarlos y los dedicaban a “mera autopropaganda”.

Respecto al resto de acusados, el fallo confirma la pena de tres años y medio de cárcel para el director financiero del Campus de la Justicia, Alicio de las Heras, por delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada, mientras que absuelve de este último tipo penal al director general técnico Isabelino Baños y al director de Seguridad Andrés Gómez Gordo. A todos los anteriores les mantiene la condena de inhabilitación por el delito de prevaricación administrativa.

En el caso del acusado Félix José García de Castro, asesor jurídico del proyecto, se le rebaja la condena inicial de tres años y medio de prisión a la de un año y medio por el mismo delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con delito continuado de malversación agravada, mientras que para Mariano José Sanz Piñar se confirma su absolución.

El 31 de enero de 2007, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, puso la primera piedra de lo que iba a ser un megaproyecto para centralizar todas las sedes judiciales de la región que, ya entonces, estaban muy deterioradas. Casi dos décadas después, del boceto de lo que iba a ser la Ciudad de la Justicia sólo queda un descampado con un edificio a medio hacer tras un gasto de 100 millones de euros, una sentencia judicial que acredita el amaño de muchos de sus contratos y la promesa de un nuevo complejo judicial que se demorará al menos seis años. Y, entre tanto, sus supuestos beneficiarios siguen sufriendo unas sedes judiciales todavía más deterioradas, donde las averías son cada vez más frecuentes y graves. 

Hace sólo unas semanas, se desprendió el falso techo de la sala de vistas de uno de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla y se inundó el suelo. Sus funcionarios tuvieron que apañárselas para hacer en otra sala las declaraciones señaladas. El pasado miércoles pudieron volver a celebrar juicios —16 en una misma mañana—, pero varios testigos confirman que el olor a humedad todavía era muy fuerte a pesar de tener la ventana abierta en todo momento. La tarima del suelo también seguía abombada. “Es un peligro constante. No hay día que no pase algo”, afirma Julia Damià, delegada de prevención de CCOO. 

Los sindicatos han denunciado que en los últimos meses se han desplomado los falsos techos de varios juzgados por la acumulación de agua debido al deterioro de las tuberías, lo que también ha provocado cortes de suministros. La situación fue especialmente complicada este verano, cuando se sucedieron los fallos en la climatización de varias sedes judiciales. “Hasta cinco personas sufrieron lipotimias como consecuencia de las altas temperaturas. Es indigno tener que recibir en estas condiciones a personas que tras meses e incluso años de espera se juegan una indemnización por un despido o que se les otorgue una incapacidad”, señala una magistrada. Otras funcionarias hablan de la “falta de material de trabajo” e incluso de aseo personal, como jabón de manos o papel higiénico.

Los juzgados de lo Social están situado en un edificio de la céntrica calle Princesa, junto a la conocida como Plaza de los Cubos. Se trasladaron a ese inmueble, ahora propiedad de la inmobiliaria Merlin, cuando la Comunidad de Madrid vendió en 2006 por 62 millones de euros el edificio en el que se ubicaban muchos de ellos, en la calle Hernani. El objetivo era obtener liquidez para la construcción de la después fallida Ciudad de la Justicia, que iban a diseñar arquitectos como Norman Foster. 

Pero la viabilidad económica de ese proyecto se sustentaba en la buena venta de los antiguos edificios judiciales. Una lluvia de millones en pleno boom inmobiliario que propició que en el boceto de la Ciudad de la Justicia se pasara de proyectar un gasto de 1.000 o 1.100 euros por metro cuadrado a barajar la cifra de 2.000 o incluso más, según explicó en una comisión parlamentaria en la Asamblea de Madrid el que fuera consejero del Campus en 2008 y recogió el diario El País.

Entre tanto, lo que se pensó como una solución transitoria se ha ido eternizando en el tiempo tras el fracaso de ese primer plan de unificación de sedes. Una circunstancia de gran impacto para las arcas públicas, pues la Comunidad de Madrid gasta cada año más de cuarenta millones de  euros en alquiler las sedes judiciales que no son de su propiedad. 

Esa provisionalidad también se deja ver en el estado de las instalaciones de la calle Princesa. Algunos juzgados no tienen ventilación ni luz natural. Las salas de espera del público son muy reducidas y compartidas hasta para ocho juzgados, lo que hace que cada día se agolpen en ellas decenas de personas entre demandantes, demandados, testigos, abogados… “En verano es asfixiante. No son condiciones dignas ni para los trabajadores, ni para los ciudadanos”, dice una funcionaria. 

Cuatro días sin agua corriente

En los juzgados de Plaza de Castilla, al norte de la capital, la situación es casi peor. “Cada año, con el cambio de estación se producen durante unos días situaciones de falta de calefacción o de refrigeración como consecuencia del deficiente mantenimiento”, explica Damià. Tras muchos años de parches, ese verano se produjo una avería en la bomba y las instalaciones pasaron cuatro días sin agua corriente y con temperaturas superiores a 32 grados, según denunciaron los sindicatos.

El complejo de Plaza de Castilla lo forman varios edificios que ocupan una superficie de más 50.000 metros cuadrados y donde hay juzgados de guardia que permanecen abiertos y en funcionamiento las 24 horas. Por allí pasan cada día alrededor de 5.000 personas entre trabajadores y público. 

La situación límite de este verano obligó a mover ficha a la Consejería de Justicia, que licitó un contrato de emergencia de 2,5 millones de euros gracias al que se compraron nuevos de equipos autónomos y se llevaron a cabo “mediciones diarias con termómetros calibrados”, según la Consejería de Justicia. Una portavoz de este departamento asegura que desde 2017 se han invertido 6,5 millones de euros para el “mantenimiento, mejora y rehabilitación” de este edificio. La consejería declinó la petición de elDiario.es de poder acceder al edificio para comprobar in situ su estado por estar en “obras” y permitirse únicamente “la entrada a personas que van a juicio”. 

La citada portavoz afirma que solo en los últimos meses, el Gobierno regional ha realizado trabajos concretos en este inmueble como la reforma del salón de actos o la limpieza de fachadas y cristales, así como la firma de un nuevo contrato de mantenimiento y limpieza, con mayor presupuesto y nueva empresa encargada de esta labor. Sin embargo, entre sus trabajadores, la sensación de total desatención. 

“Es un abandono absoluto”, resume otra funcionaria con años de experiencia. “Cuando se desprendió el falso techo de mi juzgado había agua por todos lados. En el baño parecía directamente una ducha. Cuando no es una cosa es otra”, añade. “En el juzgado de guardia casi siempre hay algo estropeado y es muy frustrante porque eso retrasa nuestro trabajo y tenemos enfrente a personas en situaciones muy difíciles”, dice otra. “Llevo 15 años destinado aquí y han limpiado los cristales una vez. Es solo un ejemplo más de la dejadez de la Administración”, apunta un tercero. 

A la deficiente situación de las infraestructuras se suma un alto volumen de trabajo. Y el hecho de tener que dar la cara ante ciudadanos que, en ocasiones, llevan meses e incluso años esperando por que se resuelva un pleito. Una situación que contribuye a incrementar todavía más la imagen de la Justicia, que sufre una endémica falta de medios. “Ahora estamos señalando los despidos urgentes para junio de 2026”, relata una funcionaria. Es decir, a más de dos años vista. Para las reclamaciones de cantidad —un salario impagado, por ejemplo— la demora es todavía mayor, hasta mayo de 2027. 

En 2023, ingresaron en la Comunidad 1.023.755 asuntos y se resolvieron 971.115, según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Sin embargo, al cierre de año seguían sin resolver en los cajones un total de 606.366. Una cifra al alza desde 2022, cuando se superó por primera vez el medio millón de asuntos pendientes. 

Más allá de estos inevitables parches, la mirada del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está dirigida ahora a retomar el macroproyecto de la Ciudad de Justicia en el mismo descampado de Valdebebas que fue testigo del fracaso de la iniciativa de Aguirre. Pero el proyecto se llevará a cabo en varias fases y las obras se demorarán al menos seis años. 

Los trabajadores de la Justicia madrileña tienen todavía más de un lustro por delante en unos edificios que ya estaban muy deteriorados hace dos décadas, cuando se empezó a hablar de la reunificación de sedes. “La sensación generalizada del personal es que no se siente segura en su puesto de trabajo, que esto no pasaría en una empresa privada. Es un ejemplo más del deterioro de lo público”, sentencia la representante de CCOO. 

Esperanza Aguirre tomó posesión de la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003 y no la abandonó hasta casi nueve años después. En la primera de las tres veces en que juró el cargo, la lideresa prometió que contaba con “el mejor equipo” para gestionar la región de toda la “historia del estado autonómico de España”. Más de 20 años después, seis personas de su máxima confianza durante sus tres gobiernos han sido condenadas o están al borde del banquillo. Alfredo Prada, que entre 2003 y 2008 ocupó la segunda vicepresidencia y la Consejería de Justicia de su ejecutivo, acaba de sumarse a la lista que integran nombres como Francisco Granados o Ignacio González con una condena de siete años de cárcel por malversar 40 millones de euros públicos

Todos ocuparon algunos de los puestos de mayor responsabilidad que pueden ostentarse en un gobierno regional. Vicepresidencias a la diestra de la presidenta regional, consejeros de Presidencia y de Justicia, portavoces y gestores de empresas públicas por cuyas manos pasaban, año tras año, decenas de millones de euros. En el caso de Alfredo Prada, ocupó la cartera de Justicia y la vicepresidencia segunda desde el primer día de Aguirre en la Puerta del Sol hasta 2008, cuando apoyó a Mariano Rajoy en el congreso del PP en Valencia y se ganó su enemistad política sin matices.

Prada fue rápidamente puesto al frente de una de las grandes promesas electorales de Esperanza Aguirre: la Ciudad de la Justicia. Un complejo en Valdebebas, al norte de la región, para concentrar todos los juzgados y tribunales hasta entonces dispersos por la ciudad. El plan parecía no tener fisuras: la Comunidad conseguía los terrenos gratis, hacía caja vendiendo algunos edificios y levantaba una ciudad judicial a la altura de los que existen, por ejemplo, en Barcelona y Valencia.

Altos cargos de Esperanza Aguirre en la CAM condenados, o a la espera de juicio, por corrupción

Alberto López Viejo

Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007

Condenado a 27 años y 10 meses de cárcel por la pieza principal del caso Gürtel

Alfredo Prada

Vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2008

Condenado a 7 años de cárcel por la fallida Ciudad de la Justicia

Francisco Granados

Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid de 2004 a 2011

Condenado a 2 años de cárcel por el chivatazo de la Operación Púnica y a la espera de juicio en varias piezas de la trama

Ignacio González

Vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2012

A la espera de juicio en varias piezas de la trama Lezo

Isabel Gallego

Directora general de Medios de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2015

A la espera de juicio en una pieza de la trama Púnica

Beltrán Gutiérrez

Gerente del PP de Madrid hasta 2014

A la espera de juicio en la trama Púnica y condenado a 8 meses de cárcel por las tarjetas black de Caja Madrid

Ildefonso de Miguel 

Director gerente del Canal de Isabel II desde 2003 hasta 2009

A la espera de juicio en varias piezas del caso Lezo

Altos cargos de Esperanza Aguirre en la CAM condenados, o a la espera de juicio, por corrupción

Alberto López Viejo

Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007

Condenado a 27 años y 10 meses de cárcel por la pieza principal del caso Gürtel

Alfredo Prada

Vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2008

Condenado a 7 años de cárcel por la fallida Ciudad de la Justicia

Francisco Granados

Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid de 2004 a 2011

Condenado a 2 años de cárcel por el chivatazo de la Operación Púnica y a la espera de juicio en varias piezas de la trama

Ignacio González

Vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2012

A la espera de juicio en varias piezas de la trama Lezo

Isabel Gallego

Directora general de Medios de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2015

A la espera de juicio en una pieza de la trama Púnica

Beltrán Gutiérrez

Gerente del PP de Madrid hasta 2014

A la espera de juicio en la trama Púnica y condenado a 8 meses de cárcel por las tarjetas black de Caja Madrid

Ildefonso de Miguel 

Director gerente del Canal de Isabel II desde 2003 hasta 2009

A la espera de juicio en varias piezas del caso Lezo

Lo que sucedió en realidad, según la Audiencia Nacional, es que más de 40 millones de euros se invirtieron en promocionar y publicitar el proyecto mientras la Ciudad de la Justicia no era viable. Más de 13 millones de euros solo en contratar al arquitecto Norman Foster. Otros 100.000 euros más en presentar las maquetas. Más de un millón de euros en una exposición. Un autobús para recorrer Madrid dando a conocer el proyecto. Todo para que, al final, fuera abandonado.

La Audiencia Nacional hace máximo responsable a Alfredo Prada, no solo como consejero del ramo sino como gestor de la empresa creada para impulsar el proyecto, y le impone siete años de cárcel por prevaricación y malversación. Los jueces usan palabras como “esquilmar” o “suma gravedad” para definir lo que hicieron entonces Prada y sus colaboradores. En esos años, además, el vicepresidente de Aguirre ejercía de padrino político de Pablo Casado, que tuvo la idea de convertirle en el vigilante anticorrupción del PP poco antes de su imputación en esta causa.

La condena cuestiona de lleno una de las grandes promesas electorales del primer gobierno de Esperanza Aguirre. No solo por ser un proyecto fallido, sino por haberse hundido gracias a la malversación de sus responsables, que tendrán que poner 40 millones de su bolsillo para pagar el agujero. Y aunque los jueces destacan el “entusiasmo” de la propia presidenta regional, Esperanza Aguirre ha conseguido atravesar sin peligro un nuevo campo sembrado de minas en sus años dorados al frente de la política madrileña. Tal y como ha conseguido hacer en los casos Gürtel, Púnica o Lezo, donde sí ha tenido que declarar en un juicio lo ha hecho como testigo, a salvo de cualquier condena.

Tanto en el juicio que ha terminado en la condena de Prada como después, Aguirre ha centrado sus esfuerzos en blindarse con dos argumentos: ella nunca conoció ninguna irregularidad y el proyecto era un clamor judicial y político, no una ocurrencia suya. Palabras que llevan a lo que ha afirmado en otros procesos penales donde sus subordinados han acabado procesados e incluso condenados.

Alberto López Viejo es el caso más añejo en la nómina de lo que ella misma denominó “ranas”. Viceconsejero de Presidencia hasta 2007 y después Consejero de Deportes, en la actualidad cumple una condena de 27 años y 10 meses de cárcel por aprovechar sus cargos –primero en el Ayuntamiento y después en la Comunidad– para favorecer a las empresas de Francisco Correa a cambio de comisiones de cientos de miles de euros.

Buena parte de ese botín salió de los contratos que se adjudicaban para organizar actos a los que asistía Esperanza Aguirre. López Viejo, según los jueces, “diseñó una novedosa política de comunicación con mayor presencia de la presidenta”. Todos ganaban: ella tenía una visibilidad inédita y la trama Gürtel se llenaba los bolsillos. Entre varias decenas de actos, lleva el sello de la corrupción la toma de posesión de Esperanza Aguirre en junio de 2007 estrenando su primera mayoría absoluta. Ese día, según los apuntes del contable de la trama Gürtel, López Viejo se llevó una comisión del 50%.

Las distintas sentencias, autos de procesamiento y escritos de acusación de la Fiscalía apuntan en esa dirección: actos de corrupción que, supuestamente, beneficiaron la carrera política de Esperanza Aguirre sin que ella haya pisado un banquillo.

Francisco Granados también fue lo que en política se denomina “hombre fuerte” de Aguirre. Después de dominar la política en Valdemoro, al sur de Madrid, dio el salto al kilómetro cero como consejero, entre otras cosas, de Presidencia y Justicia. Fue detenido en 2014 como uno de los cabecillas de la bautizada como 'operación Púnica', término en latín que designa al granado.

En esa causa, por el momento, Granados ya ha recibido una sentencia firme: dos años de cárcel por intentar reventar la operación aprovechando un chivatazo de un guardia civil. Pero está a la espera de juicio en varias piezas separadas de la causa. Una por irregularidades en la adjudicaciones de suelo público de la Comunidad y otra por las ilegalidades que impulsaron económicamente la campaña con la que Esperanza Aguirre arrasó en las elecciones de 2011.

Granados, considerado uno de los grandes escuderos de Aguirre, dejó morir su relación con su antigua jefa a medida que avanzaba la causa judicial y empezó a lanzar acusaciones contra ella en las diligencias que investigaban si su campaña de 2011 se financió de forma irregular. Una causa en la que, a modo de excepción, el juez Manuel García Castellón imputó a Esperanza Aguirre antes de dejarla fuera del procesamiento y, en la práctica, a salvo de un juicio que todavía está por celebrar.

El auto de apertura de juicio oral, dictado hace unos meses y pendiente de ser ratificado en una futura sentencia, que el modus operandi del PP de Madrid en aquellos años era siempre el mismo cuando llegaban unas elecciones: autorizar gastos electorales que no eran declarados a la Cámara de Cuentas. Usar “empresarios afines” para hacer los trabajos pero después, con ingeniería contable, no hacer saltar las alarmas de las autoridades. Y todo a mayor gloria de una candidata que, según la Audiencia Nacional, no tenía por qué saber que cabalgaba a lomos de la supuesta corrupción de sus colaboradores.

El juicio estudiará cómo se pagó el buzoneo de sus papeletas, las banderas que ondeaban en sus mítines o el mismísimo coche usado para el transporte de Aguirre. Y en el banquillo no solo estará Granados. También estará Beltrán Gutiérrez, gerente del PP madrileño durante más de una década y condenado por las tarjetas black de Caja Madrid a quien el juez hace responsable de esta contabilidad ficticia, salvado por la prescripción de responder también por comicios anteriores. Encima de la mesa, entre otros, hay un delito electoral en su modalidad de falseamiento de las cuentas.

En la política no todo el poder está en las consejerías, las concejalías o los ministerios. Y en la Comunidad de Madrid, durante el reinado de nueve años de Esperanza Aguirre, la dirección general de medios también se ubicó a la diestra de la presidenta regional con Isabel Gallego a la cabeza, en ese departamento desde 2003 hasta 2015. En sus recursos y alegaciones, por ahora rechazados, Gallego se ha intentado desmarcar de esta 'caja B' del PP madrileño asegurando que “la encargada de Comunicación era Lucía Figar y la de redes sociales Isabel Díaz Ayuso”.

El último nombre de esta lista de altos cargos es el de Ignacio González. El único consejero que estaba allí el día en que Aguirre tomó posesión como presidenta por primera vez en 2003 y que seguía en Sol para, en 2012, coger el testigo después de su primera dimisión. González, presidente regional entre 2012 y 2015 después de Aguirre y antes de Cifuentes, fue detenido como uno de los cabecillas de la operación Lezo, sucesora de Gürtel y Púnica, centrada también en la Comunidad de Madrid pero en otros departamentos poco explorados por los jueces, sobre todo el Canal de Isabel II.

González tampoco ha sido condenado pero está a la espera de juicio en hasta tres piezas separadas del caso Lezo con la Fiscalía pidiendo condenas de cárcel para él. Después de ser exonerado en una causa por blanqueo, la Audiencia Nacional tiene pendiente juzgarle por la ruinosa compra de la empresa brasileña Emissao cobro de comisiones mediante, por las irregularidades en la construcción del eterno proyecto de llevar el tren a Navalcarnero y, finalmente, por las ilegalidades que también rodearon la construcción de un campo de Golf en Chamberí. Junto con él irá al banquillo Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal de Isabel II en esos años.

La detención de Ignacio González en 2017 fue la gota que colmó el vaso de la capacidad de Esperanza Aguirre para afirmar que ella había destapado tramas que, en realidad, si fuera por su actuación nunca habrían llegado a manos de la Justicia. A las puertas de la Audiencia Nacional, tras declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel donde Alberto López Viejo esperaba su condena, Aguirre rompió a llorar al ser preguntada por Ignacio González, otra de sus manos derechas engrilletadas: “Si es culpable, sería un gran palo”.

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid por el PP entre 2003 y 2012, recibía ayer la noticia de que Alfredo Prada, uno de sus colaboradores más estrechos en sus dos primeras legislaturas, ha sido condenado a siete años de cárcel. Una condena que viene por la malversación de 40 millones de euros en uno de sus proyectos estrella de sus primeros años como presidenta: la fallida Ciudad de la Justicia. Un día después de conocer la sentencia, la expresidenta y hoy tertuliana se ha referido al asunto en 'Todo es Mentira', el programa de Risto Mejide, para repetir lo que ya dijo como testigo en la Audiencia Nacional: que todo el mundo pidió la Ciudad de la Justicia y que ella no sabía que los millones de euros se iban en actos de promoción en vez de en asegurar el proyecto.

“Esta Ciudad de la Justicia no es de Esperanza Aguirre”, ha dicho, casi calcando su declaración como testigo en el juicio celebrado hace unos meses. Ha asegurado que el entonces ministro de Justicia “que era del PP” le exigió unas instalaciones judiciales centralizadas para Madrid “como la que tiene Barcelona, Valencia...”. El Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha añadido, también le exigió poner en marcha ese proyecto. “Todo el mundo quería la Ciudad de la Justicia, yo no me invento la Ciudad de la Justicia”.

También se ha defendido, como ya dijo en el juicio, explicando que en la foto de la primera piedra del proyecto hace dos décadas no solo estaba ella, sino las máximas autoridades judiciales del país. Una forma de desligarse del proyecto que contrasta con lo que dice la propia Audiencia Nacional en su sentencia, llegando a culpar los jueces a su exconsejero Prada pero sin dejar de señalar que actuó “ciertamente con el entusiasmo compartido por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad con su Presidenta al frente”.

Este martes en el programa de Mejide, tal y como hizo en el juicio para desligarse de cualquier irregularidad, Aguirre ha repetido que en 2008 expulsó a Alfredo Prada de su gobierno porque decidió apoyar la candidatura de Mariano Rajoy en el congreso de Valencia. Y ha defendido, después de repetir varias veces que “a diferencia del PSOE respeto las decisiones judiciales”, que nadie “se llevó dinero a su bolsillo”.

Dos décadas después, Aguirre no tiene problema en reconocer que, según la Justicia, su administración tiró millones de euros en promocionar un proyecto al que, mientras tanto, no daban viabilidad. “Demasiado dinero, para la sentencia, se había gastado en exposiciones, cosas de publicidad, arquitectos famosos... y yo lo respeto”, ha dicho. Arquitectos famosos como Norman Foster, quien según la sentencia costó más de 10 millones de euros y, según dijo Prada en el juicio, fue una orden directa de la propia Aguirre.

“Pero cómo me voy a dar cuenta”, ha dicho Aguirre cuando el presentador ha preguntado en varias ocasiones si sabía que uno de los grandes proyectos de su primera legislatura era un sumidero de dinero público. “¿Qué voy a sospechar?”, se ha preguntado.

La Audiencia Nacional ha impuesto condenas de hasta siete años de cárcel a los antiguos altos cargos y responsables del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, entre ellos su exconsejero Alfredo Prada, por el descontrol en el macroproyecto fallido de la Ciudad de la Justicia. Los jueces imponen siete años de presidio a Prada, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y le obliga a pagar a las arcas públicas madrileñas 40 millones de euros junto con varios acusados. Los otros cuatro son condenados a penas de tres años y medio de presidio.

Junto con Prada son condenados Isabelino Baños, Alicio de las Heras, Andrés Gómez Gordo y Félix José García de Castro, todos miembros del equipo que participó en el desarrollo del proyecto. Es absuelto uno de los acusados, Mariano José Sanz, entonces subdirector general técnico del proyecto. Las condenas son ligeramente más bajas por la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. Prada es condenado por prevaricación y malversación, y el resto como cooperadores necesarios.

La sentencia de la Audiencia Nacional relata el descontrol en la contratación de casi todos los pasos necesarios para poner marcha el proyecto. Existió una “intensa actividad de contratación” en la que los acusados, encabezados por el hombre de confianza de Aguirre, “obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos” y adjudicaron contrato tras contrato que “se alejaron cada vez más del objeto social”.

La sentencia cuantifica el agujero malversador del proyecto estrella del Gobierno de Esperanza Aguirre: 40,4 millones de euros. Una cuantía que, según los jueces, es de “suma gravedad”. Fue ella quien, según el juicio, afirmó que había que contratar al arquitecto Norman Foster y solo eso costó “más de 13 millones de euros”, destacan los jueces. En total, más de 40 millones que forman parte de la malversación. “Tal cantidad es de una extraordinaria relevancia y ha incidido de forma clara en la producción de un daño al servicio público”.

Ninguno de los contratos que suman 40 millones de euros sirvieron “al interés público” y generaron un “evidente perjuicio”. El fracaso del proyecto, analiza la Audiencia Nacional, “se debió en gran medida a los gastos sin límite dedicados a fines que guardaban poca relación con el objeto social, gastos superfluos o inútiles en los que se empleó gran cantidad de recursos sin previsión de costes”. Estos gastos, zanja la sentencia, “esquilmaron” la Ciudad de la Justicia.

La sentencia todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo, pero en caso de ser considerada firme implicaría la entrada en prisión obligatoria de todos los condenados, al superar sus sanciones por un único delito los dos años de prisión, aunque ninguno tiene antecedentes penales. Los jueces otorgar a Prada, entonces hombre de confianza de Aguirre hasta su caída en desgracia en Madrid por apoyar a Mariano Rajoy en la pugna interna por el poder del PP, un papel protagonista. Y denuncian que la Comunidad de Madrid gastó más dinero en promocionar el proyecto que en asegurar su viabilidad.

“La construcción del Campus pasó a ser algo secundario y Campus empleó recursos económicos muy cuantiosos en actividades de promoción y publicidad al tiempo que dichos recursos se apartaron del fin para el que se constituyó la sociedad, que no era la promoción de proyectos de arquitectura, sino la ejecución de los mismos”, denuncia la Audiencia Nacional. En algunos de esos actos, revela la hemeroteca, participó la propia Aguirre para promocionar uno de los grandes proyectos de su primera etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid antes de empezar a encadenar mayorías absolutas.

Un “parque temático del autobombo”

El juicio quedó visto para sentencia el pasado mes de mayo con la Fiscalía haciendo definitivas sus peticiones de cárcel, hasta ocho años de prisión para Alfredo Prada, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid durante ese mandato de Esperanza Aguirre y máximo responsable del proyecto. Tanto él como el resto de acusados negaron las irregularidades mientras que el fiscal del caso fue claro al afirmar que el proyecto sepultó cientos de millones de euros de dinero público para poner en marcha un fallido “parque temático del autobombo”.

“Firmé lo que me pidieron”, dijo Prada a lo largo de su declaración. Fue una alegación constante entre antiguos altos cargos y responsables del Campus de la Justicia, negando irregularidades o descargando en sus superiores las decisiones controvertidas. Una de ellas fue Esperanza Aguirre, que también compareció como testigo para defender desde la primera hasta la última piedra del proyecto fallido que ahora intenta resucitar Isabel Díaz Ayuso con una nueva inversión millonaria.

“No, en absoluto”, dijo la expresidenta madrileña cuando le preguntaron por el rosario de irregularidades que, según los investigadores a lo largo del proyecto. Los imputados, dijo, no tenían ninguna obligación de darle información pormenorizada sobre cómo iba la construcción. “Era una cosa que todo el mundo estaba de acuerdo, no era una ocurrencia de Esperanza Aguirre como se dice por ahí, no se me habría ocurrido nunca”, afirmó.

Un consorcio formado por ACS y Acciona y otro compuesto por OHLA, Azvi y Rover han sido seleccionados por la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso para adjudicarse respectivamente los dos lotes para la construcción de la futura Ciudad de la Justicia en Valdebebas por 542 millones de euros.

Según consta en las actas de la licitación consultadas por Somos Madrid, la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Dragados (la constructora de ACS, compañía presidida por Florentino Pérez) y Acciona se ha impuesto en el segundo de los dos lotes en los que se ha dividido el contrato, de mayor cantidad. En concreto, llevará a cabo la redacción de los proyectos y ejecución de la obra para la construcción de la jurisdicción civil, penal y fiscalía de estas instalaciones por un importe de 378,6 millones de euros. Se trata de la oferta más barata (378 millones), pero solo la tercera en méritos técnicos (14,88). La más valorada, de la UTE San José-Avintia (25,41), situó su ejecución económica en 393 millones. Así, la rebaja económica del proyecto ganador es de apenas el 4%.

Por su parte, la UTE de OHLA, Azvi y Rover se ha posicionado en primer lugar en el lote 1, que incluye la redacción de proyectos y ejecución de obra de la construcción del aparcamiento público y de los edificios del Tribunal Superior de Justicia y audiencias provinciales por 161,4 millones de euros, de nuevo la oferta más económica y la tercera en puntuación técnica. También en este caso la UTE San José-Avintia recibió la mejor valoración sobre proyecto (28,23). Su oferta dineraria fue de 166,9 millones de euros, solo un 3% superior a la de la adjudicataria.

“Madrid tiene un problema con la arquitectura de calidad. Habiendo propuestas mejor evaluadas siempre gana la que ofrece el menor precio, la baja económica. Con resultados de sobra conocidos”, manifestó este sábado en X Antonio Giraldo, concejal y portavoz del PSOE en la Comisión de Urbanismo. El edil considera este tipo de maniobras “un desprecio constante al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid [COAM] y a la Ley de Calidad de la Arquitectua”. Giraldo opina que la “baja económica luego no es tal, ya que al ser una baja irreal genera sobrecostes posteriores”. “Al final nos quedamos con un proyecto peor al precio de lo que hubiéramos tenido uno mejor. Un sinsentido”, concluye el urbanista.

El arquitecto Jesús San Vicente, cabeza de lista de NEXOCOAM (principal grupo de oposición en la Junta de Representantes del COAM), recuerda que pese a la división en dos lotes “el pliego obliga a coordinar los proyectos de los dos lotes oara conseguir un proyecto unitario”. Cree que después de ello “los presupuestos ofertados serán papel mojado”. Desde su punto de vista, “un 3% de baja no es nada, porque luego las obras tienen como mínimo un 20%+10% de aumento (lo legal), pero es suficiente para ganar un concurso con mucha peor valoración al proyecto”. Para San Vicente esto es “muy perverso y malo para la Arquitectura”.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha planteado en esta ocasión, a diferencia de la pasada legislatura, gestionar la Ciudad de la Justicia de manera directa. El Ejecutivo autonómico unificará en un solo complejo ubicado en el barrio de Valdebebas un total de 27 sedes judiciales repartidas ahora por la capital. Se levantarán entre 10 y 13 edificios.

La Ciudad de la Justicia de Madrid ocupará alrededor de 236.000 metros cuadrados sobre rasante y 198.000 bajo rasante en un solar con una superficie de 132.000 metros cuadrados, lo que supone un aumento del 61% respecto a la suma de toda el área destinada a estos organismos en estos momentos. Además, se crearán zonas de reserva con un espacio adicional del 28% sobre el total para absorber el crecimiento de la planta judicial durante, aproximadamente, los próximos 40 años.

Este proyecto lo inició en 2004 la antecesora de Isabel Díaz Ayuso y también expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. El nuevo impulso llega después de casi dos décadas de vaivenes, sospechas de corrupción y derroche por decenas de millones de dinero público.

El proyecto para construir una Ciudad de la Justicia que aglutinara cientos de juzgados y tribunales en Madrid fue una de las grandes promesas de Esperanza Aguirre en los nueve años que estuvo al frente de la Comunidad. Su ejecutivo promocionó con todos los medios a su alcance un diseño firmado por los mejores arquitectos del mundo con el que pretendía cambiar el paradigma europeo de la Justicia desde Valdebebas. Una década después la Audiencia Nacional juzga el boquete millonario de dinero público en el que se convirtió el proyecto con los principales imputados desvinculándose de cualquier decisión comprometida y apuntando a gente que no se sienta en el banquillo: implicados que quedaron fuera del juicio o, incluso, a la entonces presidenta regional, una vez más como testigo en una causa de supuesta corrupción nacida de sus gobiernos.

El proceso ha juntado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia a antiguos responsables de la Comunidad de Madrid y su consejería de Justicia. Algunos, como Esperanza Aguirre, a salvo de cualquier acusación. Otros, como la exsecretaria de la sociedad pública implicada Lourdes Manovel, también como testigos pero después de haber estado imputados. Y finalmente los seis acusados, entre ellos el exvicepresidente regional Alfredo Prada, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide hasta ocho años de cárcel.

Prada, una de las múltiples manos derechas de Aguirre que ha terminado en el banquillo de los acusados, fue el primer imputado en declarar y en sus más de dos horas de comparecencia apuntó en dos direcciones: hacia arriba por la responsabilidad política del proyecto y hacia abajo por la posible responsabilidad penal de las irregularidades. “Hicimos lo que pudimos bajo la batuta de un gobierno (...) todo iba al Consejo de gobierno con informe favorable de la Intervención y los servicios jurídicos (...) eran mandatos de un gobierno”, dijo en media docena de ocasiones. “He firmado lo que me han pedido que firmara”, llegó a afirmar.

El juicio gira en torno al supuesto descontrol en decenas de procedimientos de contratación para sacar adelante el proyecto. Desde llevarlo a Second Life hasta contratar a Norman Foster como arquitecto. La iniciativa, dijo Prada en el juicio, fue de la propia Aguirre: “Salió de ella porque es muy anglófila”. Lo contrario a lo que afirmó Esperanza Aguirre en su testifical, obligada a decir la verdad: “Es una idea que me trasladó Alfredo Prada y me pareció bien”, dijo la expresidenta.

También la de externalizar una parte de la gestión del proyecto que acabó en manos de la empresa Bovis, uno de los puntos principales de la investigación: “Es una decisión política del gobierno. La presidenta es una persona muy liberal, hemos visto que ha estado en la toma de posesión de Milei en Argentina. Y dice: externaliza los servicios. Es una decisión política de gobierno. Externaliza lo que sea necesario”, dijo Prada sobre Aguirre.

Según Prada, las directrices generales que acabaron en posibles delitos de malversación venían de Esperanza Aguirre, y todas las decisiones que cuestiona Anticorrupción venían condicionadas desde abajo: de los técnicos y altos cargos de la empresa Campus de la Justicia que estuvieron imputados durante buena parte del proceso y que se convirtieron en testigos cuando la Audiencia Nacional definió quién debía sentarse en el banquillo y quién debía estar obligado a decir la verdad.

Una de ellas es Lourdes Manovel. La entonces secretaria general técnica de la Consejería de Prada compareció hace unos días como testigo, visiblemente incómoda, repitiendo una y otra vez que no tenía nada que ver con las decisiones cuestionadas y apuntando al propio Prada como responsable de todas las firmas. “Llegó como imputada, llega a este juicio y nos miente, mintió descaradamente, es todo mentira”, contestó el exconsejero de Aguirre. “Siempre firmé lo que la señora Manovel me dio”, afirmó en otra ocasión. “No puede decir ahora, una persona que despachó conmigo, que no tiene absolutamente nada que ver”.

“Sinceramente, me equivoqué”

Prada también dedicó buena parte de su declaración a negar irregularidades o saber de lo que se le estaba hablando mientras el fiscal, con un amago de risa, le recordaba que él era el consejero encargado del proyecto. Otros imputados también se han desvinculado de las decisiones cuestionadas, como Alicio de las Heras, entonces director financiero del proyecto: “Nunca he realizado funciones ejecutivas (...) me llegaba una factura y a partir de ahí empezaba mi trabajo de contabilizar esa factura”, explicó en su declaración, apuntando también hacia arriba: “Yo despachaba personalmente con el señor Prada, mi interlocutor directo era el señor Prada”, dijo a preguntas de la presidenta del tribunal.  

Félix García de Castro se incorporó Campus de la Justicia como letrado asesor externo y formó parte de sus organismos de contratación. “A mi nadie me pidió nunca un informe de control de legalidad”, dijo ante el tribunal para rechazar cualquier irregularidad. “Yo jamás tuve que pensar qué hacía porque se me vino impuesto”, dijo Andrés Gómez Gordo. Inspector de Policía Nacional y exasesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, fue director de seguridad de Campus de la Justicia y la Fiscalía pide seis años de cárcel para él por su participación en tres contratos. También está procesado en la operación Kitchen.

“Sinceramente me equivoqué”, reconoció Gómez Gordo ante el tribunal al hablar de uno de los contratos. “Pero no cometí ninguna injusticia”, añadió. “Mis contratos fueron siempre por el menor precio posible y para ahorrar lo máximo posible. Trataba el dinero público como si fuera mi casa”. Añadió también que, en esa época y en la Ciudad de la Justicia, las cosas se adjudicaban “a marchas forzadas”. “No planteé ningún contrato, me fueron impuestos y me fue impuesta la no participación de la mesa de contratación”, añadió al final de su declaración.

Después de dos meses, y una vez comparecidos todos los acusados, el juicio sobre la Ciudad de la Justicia de Madrid llegará a su fin en los últimos días de mayo. Un proceso penal sobre un agujero de 350 millones de euros que arrancó en 2018, cuando un informe de la Cámara de Cuentas dejó negro sobre blanco que la Ciudad de la Justicia no solamente era un proyecto fallido que no se había llegado a construir, sino que había constituido una sucesión de adjudicaciones irregulares.

Un nuevo proceso judicial en torno a los proyectos del Gobierno de Esperanza Aguirre sin Esperanza Aguirre en el banquillo y con sus colaboradores más cercanos en la mirilla de la Fiscalía Anticorrupción. En el caso Gürtel fue su viceconsejero condenado Alberto López-Viejo, en el caso Púnica su número dos Francisco Granados y en Lezo su antigua mano derecha, Ignacio González, estos dos últimos a la espera de juicio. En este caso de la Ciudad de la Justicia es Alfredo Prada, su entonces vicepresidente, que ha defendido su legado político desde el banquillo.

El exconsejero madrileño Alfredo Prada ha negado este lunes en el juicio sobre su gestión de Campus de la Justicia que cometiera irregularidades en la adjudicación de contratos, asegurando que “no disponía de los fondos caprichosamente” y que no tuvo “ni la más mínima advertencia” de que incurriera en alguna.

Durante su declaración como acusado en la Audiencia Nacional, Prada ha indicado además que toda la contratación, “de personal y de todo tipo”, “cumplió con los requisitos de concurrencia y publicidad”, señalando que anunciaban las ofertas en páginas web, boletines oficiales, tablones de anuncio y medios de comunicación.

“Yo no firmé nada que no tenía que firmar y que no tuviera el visto bueno de la Secretaría General Técnica. Y quiero añadir una cosa que me parece importantísima: no tuve ni una nota, ni un mensaje, ni un correo, ni siquiera de viva voz, de la más mínima advertencia de que lo que yo estaba haciendo o yo estaba firmando incurría en la más mínima irregularidad. Ninguna”, ha declarado.

En este sentido, el exconsejero de Justicia e Interior y exvicepresidente segundo de Esperanza Aguirre (PP) ha expresado que toda la contratación que llevaba su firma contaba con el informe previo de los servicios jurídicos si era obligatorio por la cuantía. Respecto al contrato que se adjudicó al arquitecto Norman Foster para el diseño de edificios, ha expresado que se hizo conforme a la legalidad, es decir, con informe previo, negando que fuera a dedo.

“Si no, que alguien me explique cómo es posible que el contrato de Norman Foster, que firma la presidenta de la Comunidad de Madrid, no está previamente hablado y visto el informe jurídico y técnico. ¿Usted cree que una presidenta va a sentarse a firmar un contrato sin tener previamente eso aprobado”, se ha preguntado, para remachar que el informe “existía”: “Porque, además, yo lo vi”.

Defiende al resto de acusados

Prada ha señalado que informaba de las contrataciones al consejo de administración de la sociedad pública y que firmaba las facturas porque era su “obligación”, pero que la cuenta bancaria se abrió a nombre de Campus. “Yo no disponía de los fondos caprichosamente, ni mucho menos”, ha subrayado.

La Fiscalía pide 8 años de cárcel para Prada por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación y 6 años para los otros cinco acusados, que formaban parte del equipo directivo: Isabelino Baños (director general técnico), Mariano José Sanz (subdirector general técnico), Alicio de las Heras (director financiero), Félix García de Castro (letrado asesor externo) y Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad).

Sobre quienes le acompañan en el banquillo de los acusados, Prada ha garantizado “su profesionalidad y buena fe”, para añadir que eran muy cualificados en su terreno y grandes profesionales. “No tengo la más mínima duda de todos ellos”, ha afirmado.

Necesidad objetiva de proyecto

Prada ha indicado que el proyecto era un mandato que recibió del Gobierno de la Comunidad de Madrid y que de la constitución de la empresa se encargó la Consejería de Hacienda, no la de Justicia e Interior que dirigía.

Ha indicado que existía plan de viabilidad y ha querido recordar la declaración de Aguirre como testigo en el juicio sobre “la necesidad, parecía que objetiva, de poner en marcha el proyecto”.

Lo que se somete a juicio es una causa que se abrió en agosto de 2018 al admitir el juez instructor una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción tras un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid que arrojaba diversas irregularidades en Campus de la Justicia.

El proyecto, impulsado en 2005 por el Gobierno autonómico de Aguirre para reunir en un mismo espacio de Madrid las sedes judiciales regionales, finalmente resultó fallido, dado que no se terminó de construir y quedó abandonado, habiéndose gastado 355 millones de euros.

Sobre que solo se construyera el Instituto de Medicina Legal y una serie de túneles, cuando se habían previsto 14 edificios, Prada ha pedido que “no se minusvalore la urbanización como mínima”: “Porque es una gran urbanización la que se ha realizado”.

El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) ha emitido este jueves un comunicado en el que denuncia los métodos empleados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a la hora de adjudicar los diferentes proyectos, especialmente el de la Ciudad de la Justicia en el que la administración no ha contado con ellos y justifica su actuación “a través de la urgencia y excepcionalidad de este procedimiento de proyecto y obra”. El colegio recuerda que, en el resto de casos, el concurso de proyectos se realizó “con una amplísima participación profesional, incluso internacional” y, pese a mantener su mano tendida, lamentan que en la Comunidad de Madrid no se haya producido del mismo modo.

La organización defiende que, hasta hace 15 años, en la región se pensaba en “embellecer y mejorar” el espacio público, pero en la actualidad esto ya no es así. “Sufrimos la época de la 'arquitectura para la legislatura', la que se anuncia y se pretende inaugurar en cuatro años”, denuncian desde el comunicado en el que evidencian las quejas que llevan arrastrando desde hace tiempo. Además, afirman que la Comunidad de Madrid utiliza “atajos” que, bajo su interpretación, le permite la Ley de Contratos del Estado para justificar la excepcionalidad que se “limita extraordinariamente la concurrencia por las exigentes demandas de solvencia”.

Sin embargo, el colegio reconoce que este procedimiento es legal, pero que dista mucho del interés general de la ciudadanía y de la calidad de la arquitectura, como exige la Ley de Calidad de la Arquitectura. Desde COAM consideran que el proyecto de la Ciudad de la Justicia es fundamental, y por ello hay que cuidar al detalle su imagen.

“Es necesario separar proyecto y obra, se debe garantizar primero la mejor arquitectura y, luego, que se construya con la mayor calidad, al precio más razonable”, reafirma el colegio que destaca que los valores fundamentales para la realización de cualquier obra se deben sustentar en embellecer y mejorar el espacio público y en ningún caso por la “urgencia” que se dicte desde la Puerta del Sol.

El COAM insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a llegar a un acuerdo entre ambas partes para que se “haga justicia con la sociedad”. Para ello consideran que es necesario un cambio estricto en el criterio para para “garantizar la consecución de un entorno y unos edificios lo más funcionales, sociales y democráticos posibles” a través de un concurso abierto de proyectos, similar al que se ha producido en otros lugares como Huelva, Valencia, Vigo, Jaén, Córdoba, Málaga o Barcelona. A Partir de ahí aseguran que “juntos podrían conseguir la mejor arquitectura posible”.

El edificio en el que se encarna la Ciudad de la Justicia prosigue con sus pleitos desde que la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, comenzara a declarar el pasado mes de marzo en relación proyecto que sepultó más de 350 millones de euros de dinero público se centra en la figura de Alfredo Prada, su mano derecha. Qué acabará pasando con el lugar sigue siendo una incógnita a todas luces, sin embargo y hasta entonces, persisten las disputas en uno de los edificios más emblemáticos de la capital.

Es bien sabido que a veces, en cuanto a trámites y burocracia se refiere, las horas de espera y largas colas son igualmente inevitables y molestas. Ya sea para darse de alta en un censo municipal, entrar en la consulta del médico o para acudir a un tribunal a declarar como acusado en un caso de corrupción, a nadie le hace gracia que otra persona se cuele. Y eso es lo que le ha pasado este martes a una mujer con Eduardo Zaplana, expresident de la Generalitat Valenciana y exministro, a su llegada para declarar en la audiencia provincial por el caso Erial. “A las nueve y media tengo cita y viene este hombre aquí con la cara dura, con las cámaras”, “no”, “haga cola”, le ha repetido.

Zaplana acudía a prestar declaración junto a su abogado y había sido recibido por diferentes periodistas y cámaras, que le han acompañado hasta las puertas del control de seguridad en la Ciutat de la Justicia de València. De entre el ruido de las cámaras y las preguntas de los periodistas, se colaba entre los micros una pregunta: “¿Dónde está el dinero de los valencianos?”. Aunque quien se ha llevado el protagonismo de la escena ha sido otra persona diferente.

Una mujer, que esperaba a entrar en el edificio público, lo ha tenido claro en cuanto ha visto al expresident con intención de pasar por delante de ella. “Haz la cola, haz la cola”, le ha repetido en varias ocasiones. “Haz la cola, que yo estoy desde temprano”, le ha vuelto a insistir, mientras las cámaras captaban el momento. “A las nueve y media tengo cita y viene este hombre aquí con la cara dura, con las cámaras”, “pues háganme fotos a mí también, no, haga la cola detrás de mí”, ha dicho la mujer, que se negaba a dejar pasar al exministro. “Descarado que eres”, ha añadido, visiblemente molesta.

Finalmente, los guardias han permitido que Zaplana entrara, y ella lo ha seguido. “Pues yo también”, ha dicho, mientras entraba en el centro. Según el censo oficial, el expresident está dado de alta en el Colegio de Abogados de Alicante, con lo que en principio sí podría saltarse la cola, ya que tanto letrados como periodistas no tienen por qué respetar el orden de llegada.

Acusado en el caso Erial

Eduardo Zaplana declara hoy por el caso Erial, por el que se investiga el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.

El expresident se enfrenta a una pena, tal y como le reclama el ministerio fiscal, de 19 años de prisión por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa dentro del conocido como caso Erial. Además, le reclama una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros.

El fiscal anticorrupción cifra en 20.606.364 euros el total del dinero obtenido de forma delictiva mediante operaciones de corrupción por parte de Zaplana y su organización, un grupo acusado de operar a través de sociedades radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico, según consta en la calificación de la acusación pública.

De este importe, 6.734.026 euros fueron decomisados en cuentas suizas. En total, el fiscal acusa, junto con Zaplana, a otras 14 personas más, vinculadas directamente al 'expresident' y que le ayudaron en la operativa.

De ellos, reclama la mayor pena de prisión, tras el exministro, al que fuera su jefe de Gabinete, Juan Francisco García, para el que pide 14 años de cárcel por blanqueo, cohecho y falsedad, la misma condena que solicita para los hermanos Vicente y José Cotino, adjudicatarios de los planes eólico y las ITV tras el proceso cuestionado. En la causa estuvo también investigado hasta su fallecimiento Juan Cotino, exconseller y expresidente de las Cortes Valencianas, sobrino de los anteriores. Informa Europa Press

Abril de 2008. Esperanza Aguirre se rodea de las togas más ilustres del país para poner la primera piedra del que, según reconoció, era su reto “más ambicioso”: la Ciudad de la Justicia. El complejo judicial más moderno del mundo con una quincena de edificios para decir adiós a los obsoletos juzgados de Plaza de Castilla, Julián Camarillo o la calle Hernani.

Dieciséis años después, los jueces de Madrid siguen trabajando en las mismas sedes ruinosas, la Ciudad de la Justicia ejerce como monumento al despilfarro en las afueras y todo el proyecto está siendo juzgado en la Audiencia Nacional. Algunos responsables del agujero de cientos de millones de euros de dinero público se sientan en el banquillo mientras que Aguirre, a salvo como testigo, ha reconocido ante los jueces que su proyecto más ambicioso fue un desastre: “Pensamos –mal pensado seguramente– que ancha es Castilla, que esto no nos va a costar, pero nos costó”.

La lideresa que llegó a disputar el dominio del PP nacional a Mariano Rajoy, hoy tertuliana de televisión y testigo en los juicios por las decisiones de su propio Gobierno, exhibía entonces su primera mayoría absoluta y dejaba atrás el trampolín electoral del 'tamayazo'. Lo hacía con proyectos faraónicos como la inauguración de líneas de metro, con la construcción de siete hospitales públicos de gestión privada –cuyos cánones siguen sangrando las arcas públicas a día de hoy– y con una Ciudad de la Justicia llamada a poner fin a la dispersión de los juzgados madrileños.

No hizo falta un escuadrón de fiscales anticorrupción para concluir que este último proyecto fue un fracaso total. Nadie sabe cuándo fue el acto de colocación de la última piedra de un complejo reducido a un 'donut' que se vislumbra, con dificultad, desde las carreteras que rodean el aeropuerto de Barajas y la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Más de 350 millones de euros quedaron sepultados en un proyecto que no llegó a los tribunales hasta 2018: cuando un informe de la Cámara de Cuentas esgrimido por la Fiscalía certificó que la Ciudad de la Justicia no solo había sido un proyecto fallido. También había sido un carnaval de adjudicaciones ilegales.

El juicio se celebra estos días en la Audiencia Nacional. Un nuevo proceso judicial en torno a los proyectos del Gobierno de Esperanza Aguirre sin Esperanza Aguirre en el banquillo y con sus colaboradores más cercanos en la mirilla de la Fiscalía Anticorrupción. En el caso Gürtel fue su viceconsejero condenado Alberto López-Viejo, en el caso Púnica su número dos Francisco Granados y en Lezo su antigua mano derecha, Ignacio González, estos dos últimos a la espera de juicio. En este caso de la Ciudad de la Justicia es Alfredo Prada, su entonces vicepresidente, el que defiende su legado político desde el banquillo.

La propia Comunidad de Madrid, acostumbrada ya a ejercer la acusación contra sus antiguos gestores del PP en casos de corrupción, pide 12 años de cárcel para su exconsejero y, en la práctica, que no se le permita volver a acercarse a un cargo público de por vida. Prevaricación, fraude y malversación. La Fiscalía deja la petición de presidio en ocho años, y le hace máximo responsable de las ilegalidades de contratación que llevaron al desastre. Lo que los investigadores han denominado una “ineficacia global” del proyecto, un “reflejo de la ineficacia de los contratos”.

El demoledor informe de la Cámara de Cuentas cimenta una acusación de la que se salvan muy pocos flecos del fallido proyecto. Alfredo Prada, entonces vicepresidente y consejero de Justicia del ejecutivo de Aguirre, fue puesto al frente de una sociedad nutrida exclusivamente de dinero público que repartió millones y millones, según la Fiscalía, como la peor de las empresas privadas: sin control ni procedimientos administrativos. Mientras el gobierno regional del PP presumía de haber contratado a un arquitecto con pedigrí mundial para diseñar el proyecto, Prada y su equipo adjudicaban de forma ilegal los pilares maestros del Campus.

La lista, según se juzga estos días en la Audiencia Nacional, roza lo interminable. También lo inabarcable, porque el “caos” del archivo de expedientes descuartizados en 432 cajas diferentes no ha hecho fácil buscar las pruebas. Pero la conclusión, a la espera de la sentencia que salga de este juicio, es que casi ningún contrato se hizo con arreglo a la ley. Ni los grandes expedientes para contratar al arquitecto Norman Foster, ni la gestión integrada del proyecto, ni la asistencia técnica ni el asesoramiento jurídico. No se salvan, según la Fiscalía, ni los 16.628 euros invertidos en recrear la futura Ciudad de la Justicia en Second Life.

En la actualidad, la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso ha convertido la Ciudad de la Justicia en uno de sus proyectos más importantes para los próximos años. Un presupuesto de 680 millones de euros adicionales para unificar, por fin, las sedes judiciales madrileñas antes de 2029, junto con dos macroaparcamientos. Mientras tanto, los responsables originales del proyecto fallido dan explicaciones en la Audiencia Nacional, en un juicio marcado por la declaración como testigo de Esperanza Aguirre.

“No era una ocurrencia de Esperanza Aguirre”

El juicio, en el que todavía tienen que declarar los acusados, ha consistido en estas primeras jornadas en un desfile de testigos que, como contratistas o contratadores, pasaron por la Ciudad de la Justicia como espectadores de su ruinosa gestión. Algunos, imputados durante la investigación y testigos en el juicio, centran su declaración en dejar muy claro que no tuvieron nada que ver con las irregularidades: “Yo no estaba participando en nada de la creación del Campus de la Justicia”, dijo en media docena de ocasiones y visiblemente incómoda Lourdes Manovel, secretaria general técnica de la Consejería de Alfredo Prada desde 2003 hasta 2007.

Todos los testigos que tuvieron cargos de responsabilidad han apuntado a Prada como el responsable de todas las decisiones, al mismo tiempo que niegan haber visto ninguna ilegalidad. “No hubo nada que sonase raro”, dijo Paloma Mateo, entonces asesora en la Consejería. Álvaro Renedo, presidente de Telemadrid, reveló que Esperanza Aguirre le ofreció sin éxito estar al frente de Campus de la Justicia: “Me dijo que era un trabajo apasionante”. Nieves Sobrino, directora del archivo regional de la Comunidad de Madrid, no pudo dar detalles del “caos” documental que rodea a todos los expedientes de contratación de la Ciudad de la Justicia.

Entre otros muchos testigos ha comparecido Elena Collado. Actualmente miembro de la vicesecretaría de Economía del PP de Alberto Núñez Feijóo, Collado fue responsable de compras en el Ayuntamiento de Madrid cuando tuvo lugar la estafa de Luis Medina y Alberto Luceño en la compra de material sanitario. Hace más de una década también pasó por la Ciudad de la Justicia pero, como explicó en el juicio, llegó en 2011 cuando el asunto ya estaba plenamente paralizado y en descomposición.

La testifical más esperada era la de Esperanza Aguirre, que hizo equilibrismos entre el triunfalismo de 2007 y los lamentos de 2024. “No era una ocurrencia de Esperanza Aguirre como dicen por ahí, no se me habría ocurrido nunca”, dijo para enfatizar que había consenso en el mundo judicial para acometer el proyecto. “No recuerdo, es que hace mucho tiempo”, dijo sobre algunos de los puntos oscuros como el concurso internacional de ideas. Sobre quién decidió contratar al arquitecto Norman Foster, apuntó a Alfredo Prada, que observaba desde el banquillo con los brazos cruzados a su antigua presidenta. “Era una idea que me trasladó Alfredo Prada y me pareció bien”.

Este es uno de los múltiples procesos judiciales de corrupción política en los que Aguirre ha testificado a una distancia prudente del banquillo de los acusados, física y procesal. Procesos que, en ocasiones, tienen que ver con los proyectos que abanderó cuando tenía mayoría absoluta para hacer y deshacer en la Comunidad de Madrid. La Ciudad de la Justicia pero también las líneas de Metro y los colegios que inauguró de forma compulsiva están o han estado bajo la lupa de la Audiencia Nacional en diferentes causas de corrupción, además de la propia financiación de su partido en Madrid.

“El señor Prada apoyó al señor Rajoy”

Ante el tribunal que juzga el gran proyecto de su primera mayoría absoluta, Esperanza Aguirre no dejó de ser Esperanza Aguirre y explicó por qué prescindió de Alfredo Prada en 2008. No fue, afirmó con aplomo, por abrir un agujero de más de 350 millones de euros con un proyecto ruinoso. “Yo estaba muy contenta con la gestión del señor Prada”, dijo al tribunal. La Ciudad de la Justicia “no tuvo nada que ver”. Fue, afirmó tajante, un cese “por razones políticas”.

En 2008, la lideresa negó que la salida de Prada y de otro de sus consejeros, Manuel Lamela, respondiera a una “purga” política. Todo era para “reducir el gasto” y combatir la crisis que desembarcaba entonces en España. En el juicio de la Ciudad de la Justicia, obligada a decir verdad y ante la atenta mirada de Prada, reconoció que sí fue una purga política: le echó del gobierno regional porque ese año apoyó a Mariano Rajoy en el congreso nacional del PP en València y eso le costó la vicepresidencia y la consejería.

“El señor Prada apoyó al señor Rajoy. Por razones políticas, a él y a otro consejero en ese momento, a la vuelta del Congreso los cesé. Por razones puramente políticas, de partido”, dijo Aguirre sin titubear mientras Prada asistía al relato de su defenestración en primera fila. Prada, posteriormente, no tuvo problemas para volver a la cúpula del PP: padrino político de Pablo Casado, fue puesto al frente de la Oficina del partido encargada de velar por la integridad y el perfil de sus miembros y candidatos. El propio Prada pidió la baja del PP en 2021 tras la apertura de juicio oral contra él.

Aguirre también tuvo tiempo para relatar al tribunal cómo el triunfante proyecto de la Ciudad de la Justicia se fue por el sumidero de las obras públicas fallidas. Los terrenos de Valdebebas habían sido cedidos a la Comunidad y “no nos iba a costar dinero”. Su idea, además, era ahorrarse el alquiler de algunas sedes judiciales y vender otras. Los números nunca salieron y la crisis, dijo, se llevó por delante todo lo demás. Preguntada por el acto de colocación de la primera piedra del proyecto, la Aguirre más televisiva hizo un breve acto de aparición para ligar el asunto con uno de los principales enemigos declarados de su partido: “Sale el señor Conde-Pumpido en primer plano”, dijo con sorna. Cándido Conde-Pumpido es el actual presidente del Tribunal Constitucional.

Esperanza Aguirre ha comparecido este martes como testigo en el juicio sobre el agujero millonario de la Ciudad de la Justicia y las irregularidades que, según Anticorrupción, trufaron todo el proceso. Con su exconsejero Alfredo Prada en el banquillo, la expresidenta madrileña ha defendido la limpieza del proceso pero ha negado haber tenido conocimiento o haber recibido explicaciones de los pormenores que la Fiscalía pone bajo sospecha: “No, no tenía ninguna obligación de dármelas, ni el señor Prada ni ningún otro consejero”, ha dicho.

La Audiencia Nacional acoge desde hace dos semanas el juicio contra el faraónico y fallido proyecto de la Ciudad de la Justicia, retomado recientemente por la administración que dirige ahora Isabel Díaz Ayuso. Entre los acusados está Alfredo Prada, exconsejero de Justicia e Interior con Aguirre, y el comisario Andrés Gómez Gordo, entonces director de seguridad del recinto y actualmente procesado en el caso Kitchen.

La Fiscalía Anticorrupción pide condenas de hasta ocho años de cárcel para los seis encausados, acusados de ponerse de acuerdo para cerrar contrataciones con “deliberada, generalizada y reiterada elusión de los requisitos normativos y principios elementales de contratación”. Seleccionando adjudicatarios “al margen del procedimiento y, en numerosas ocasiones, previamente al mismo”. Según el juez que investigó el caso en la Audiencia Nacional, a veces eran las propias adjudicatarias las que redactaban los pliegos.

Como testigo y obligada a decir verdad, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha defendido tanto el proyecto como su limpieza, aunque ha negado haber tenido conocimiento de todos los detalles, descargando la responsabilidad en su exconsejero Alfredo Prada. “Era una cosa que todo el mundo estaba de acuerdo, no era una ocurrencia de Esperanza Aguirre como se dice por ahí, no se me habría ocurrido nunca”, ha dicho. Todo el mundo judicial, afirma, coincidía en la necesidad de concentrar las sedes judiciales madrileñas en un único edificio.

En pleno 'boom' inmobiliario, afirma, la Comunidad de Madrid se encontró con una oferta insuperable: los terrenos de Valdebebas serían cedidos gratuitamente. “El caso es que el suelo no nos iba a costar dinero, nosotros no íbamos a poner un duro”, ha dicho, aunque después llegó la crisis económica y el proyecto se paralizó. “Vino la crisis y lo que nos pagaban por los edificios ya no nos lo pagaban, era imposible que pudiéramos afrontar la deuda”, ha lamentado. “Nos pareció que era más prudente garantizar la seguridad de lo que ya estaba hecho”. “En absoluto”, ha dicho, detectó ninguna ilegalidad.

“Pensamos señoría, seguramente mal pensado, que ancha es Castilla, que no nos iba a costar, pero nos costó”, ha explicado Aguirre. Sobre el papel de Alfredo Prada como consejero de Justicia en ese momento, Aguirre ha asegurado que su gestión “fue muy buena” y que cualquier decisión que pasara por el Consejo de Gobierno de la Comunidad tenía que contar con los informes favorables de los organismos internos de control. Pero Prada, ha dicho, no le daba ni le tenía que dar detalles de los pormenores del proceso.

En esos detalles, según la Fiscalía Anticorrupción, están las irregularidades que se pueden traducir en varios años de cárcel para los responsables. Aguirre ha confirmado, por ejemplo, que fue Prada quien le habló de un concurso internacional para conseguir un arquitecto de renombre: “Era una idea que me trasladó Alfredo Prada y me pareció bien”. Su primer objetivo era conseguir a Santiago Calatrava, pero al final el elegido fue Norman Foster.

La contratación de Foster le pareció correcta. “Es un señor conocido mundialmente, nos pareció muy bien. Queríamos que hubiera arquitectos españoles y por eso, en ese momento, el más prestigioso era Calatrava, lo intentamos pero no fue posible”.

Las obras se abandonaron, ha explicado, por la crisis económica. “Nosotros hubiéramos querido dejarlo todo mejor pero la crisis se nos vino encima. En aquel momento parecía que iba a ser una cosa temporal, que lo podríamos retomar, pero no fue así”.

La expresidenta madrileña ha explicado también las circunstancias del cese de Alfredo Prada como alto cargo de su gobierno, desvinculando su salida de este procedimiento. Fue, ha dicho explícitamente, porque en el congreso del PP que en 2008 encumbró a Mariano Rajoy, Prada se equivocó de bando. “El señor Prada apoyó al señor Rajoy y por razones políticas a él y a otro consejero, a la vuelta del congreso, los cesé. Por razones puramente políticas, de partido”, ha relatado.

La Audiencia Nacional acoge desde este lunes el juicio por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del faraónico proyecto del Campus de la Justicia, que no llegó a culminarse y que ahora retoma el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Anticorrupción pide ocho años de cárcel para ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid y antiguo consejero de Justicia e Interior Alfredo Prada y seis años de cárcel para otras cinco personas relacionadas con el proyecto. Entre el resto de acusados está el comisario Andrés Gómez Gordo, que fue director de Seguridad del recinto entre 2007 y 2009, procesado en el caso Kitchen. A todos les atribuye delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración Pública.

La misma condena a seis años de cárcel solicita Anticorrupción para Isabelino Baños, arquitecto y director general técnico del proyecto; Mariano Sanz Piñar, subdirector técnico; Alicio de las Heras, director del área financiera; y Felix José García de Castro, letrado asesor. La Fiscalía les acusa de “concertar” contrataciones con “deliberada, generalizada y reiterada elusión de los requisitos normativos y principios elementales de contratación”. “De este modo se produjo una selección del adjudicatario al margen del procedimiento y, en numerosas ocasiones, previamente al mismo”, dice el escrito. Durante la instrucción, el juez José de la Mata detectó casos en los que las compañías adjudicatarias habían redactado los propios pliegos del concurso.

El proyecto se inició en 2004 bajo la presidencia regional de Esperanza Aguirre, aunque las primeras ideas habían surgido ocho años antes, cuando Alberto Ruiz Gallardón planteó unificar las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. El sumario se centra en la actuación de la Consejería de Justicia en la época de Alfredo Prada, que ocupó entre 2005 y 2008 el cargo de presidente y consejero delegado de la empresa creada para desarrollar el proyecto, del que sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, “aunque inacabadas y en la actualidad en situación de abandono, al menos parcialmente”. 

Prada es uno de los padrinos políticos de Pablo Casado y fue su primera elección para presidir la oficina del Cargo Popular, un órgano que creó Mariano Rajoy dentro de la estrategia de aplicar más transparencia interna tras los escándalos de Gürtel y cuyo primer presidente fue Manuel Cobo. Prada fue nombrado para ese puesto en el verano de 2018,  cuando Casado resultó elegido presidente del partido, y destituido menos de un año después, en marzo de 2019, tras trascender su imputación en este caso. 

Gómez Gordo, por su parte, trabajó como encargado de la seguridad de este proyecto por su vinculación con Francisco Granados. Después fue nombrado director general de Documentación y Análisis de la Junta de Castilla-La Mancha cuando María Dolores de Cospedal era presidenta regional, entre 2011 y 2015. Y a partir de ese año regresó al servicio activo y se dedicó a controlar de cerca al chófer Sergio Ríos, el topo de la brigada política en el entorno de Luis Bárcenas que había conocido años atrás, cuando ambos trabajaban para Granados. Gómez Gordo está siendo investigado en la operación Kitchen, también en la Audiencia Nacional. 

La Cámara de Cuentas de Madrid ya alertó del despilfarro y la corrupción en torno a este proyecto en un informe de 2018 que ha servido al juez De la Mata de base para su instrucción. Aquel prolijo documento destapó que se habían gastado 355 millones en un proyecto del que solo se había conseguido levantar un edificio que permanecía medio abandonado. La mayoría, en contratos formalizados pero también en modificaciones, prórrogas, indemnizaciones o gastos sin que haya contrato de por medio.

Ayuso retoma el proyecto

El pasado mes de febrero, el actual Gobierno de la Comunidad de Madrid ofreció novedades sobre el renovado proyecto. Será una de las obras más importantes que afrontará la Comunidad de Madrid en esta legislatura, con el objetivo de trasladar 26 sedes judiciales de la capital hasta el distrito de Barajas. El actual consejero de Justicia, Miguel Ángel García, entregó el 4 de febrero el anteproyecto con el que se inician los trámites del concurso, que saldrá a la luz en abril.

Entre las novedades aportadas están los plazos de los trabajos, que arrancarán previsiblemente en el año 2025 y finalizarán en 2028, un año antes de lo inicialmente esperado. El coste total de la obra es otra de las noticias de este lunes: el presupuesto será de 680 millones de euros (frente a los 660 de los que se habló en octubre), que en la licitación estarán divididos en dos lotes.

Parece que no las tienen todas consigo las señorías que en breve tienen que mudarse del Edificio Viapol a la nueva Ciudad de la Justicia de Sevilla, que el pasado martes entró en funcionamiento con un solo juzgado y que irá albergando más órganos conforme avance el cronograma previsto por la Junta de Andalucía, competente en las infraestructuras judiciales. Ya lo advirtió el consejero de Justicia durante la inauguración: los jueces tienen la última palabra en la mudanza. Entre líneas se apreciaba que las negociaciones no estaban siendo fáciles y que había habido desencuentros al respecto entre la administración y la judicatura. Pues bien, aquellos que tienen el traslado más inminente, en apenas diez días, no parecen estar por la labor porque, entre otras muchas cuestiones, no habían visto en sus futuros despachos el retrato del rey y su nueva mesa de trabajo “no responde al concepto de dignidad de la función judicial”.

Tal cual consta en el acta de la junta de jueces de ambas jurisdicciones, celebrada el martes (el mismo día en que José Antonio Nieto presumía de unas instalaciones modernas y espaciosas) y que este viernes ha distribuido a los medios el TSJA. Con ese único punto en el orden del día, el inminente traslado de sus juzgados a Palmas Altas (previsto por la Consejería del 13 al 24 de noviembre), los magistrados y jueces dicen haber constatado que “no se ha resuelto el acceso de vehículos a los aparcamientos”, si bien no mencionan que existen numerosos espacios para vehículos en el exterior de la nueva sede judicial, según comprobó SevillaelDiario.es en la visita organizada por la Consejería.

Entre otras cosas, lamentan que “el despacho carece de toguero y banderas” (aunque en la imagen se haya fotografiado uno con banderas), “así como retrato de S.M. el Rey”, elementos que “apenas caben en escaso espacio”. “Habrá que ubicar los armarios en el exterior, con el consiguiente déficit de seguridad”, protestan, detallando una cuestión: “la mesa de trabajo no responde al concepto de dignidad de la función judicial”.

Ni sillones ni puertas correderas

“En la planta primera, tras visita a la planta baja, donde se ubican las salas de vistas, se carece de rotulación alguna con la que poder discernir el equipo rector así como los funcionarios pertenecientes a ese órgano”, relatan los jueces, que afirman haber constatado “lo escaso de las dimensiones del despacho de los magistrados y jueces, de forma que, con la mesa y equipamiento informático, apenas cabe un armario de pequeñas dimensiones, cuyas baldas no podrán contener el número de procedimientos y material de trabajo como libros, asuntos pendientes, etc.”.

Respecto a las salas compartidas destinadas a ser utilizadas cada dos despachos, “no hay puertas correderas que faciliten la comunicación interior”, un espacio que “podría acoger los togueros y otros elementos”, sugieren. “Faltan sillones en la salas de espera” y “no están instalados los equipos informáticos de los funcionarios”, denuncian también. El martes, la Consejería ya informó a la prensa de que no se podían trasladar los ordenadores a los nuevos puestos ya que hasta el día en que se 'muden' los empleados judiciales deben seguir trabajando en su sede habitual. El traslado, como ya se informó, será progresivo durante los próximos años, concluyendo en principio en 2028 teniendo en cuenta que aún falta por construir un edificio para albergar la jurisdicción penal al completo.

De hecho, fuentes de la Consejería de Justicia comentan a este periódico que lo mismo ocurre con los cuadros, banderas o togueros, es decir, que se trasladarán la tarde-noche anterior al día en que cada juzgado vaya a 'mudarse', sin querer entrar a comentar las apreciaciones de los jueces acerca del tipo de mesas, “acordes al edificio”, comentan escuetamente desde la Junta a ese respecto.

Las fuentes apuntan que no tienen constancia de este acta de los jueces, algo sobre lo que muestran su extrañeza porque la administración competente en estas cuestiones debiera ser “la primera” en enterarse. “El tamaño de los despachos estaba consensuado con los jueces”, añaden, “y sabían que iba a haber despachos compartidos para cada dos jueces”. Detallan que no tienen puerta corredera porque cuando la utilice uno de ellos para reuniones y demás “si fuera de cristal no iba a tener una insonorización completa”. “Se gana más en confort y así que con puertas correderas”, añaden las fuentes.

Muchos creían que nunca la verían pero, veinte años después de que Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla firmaran levantar un nuevo complejo judicial, la Ciudad de la Justicia es una realidad en Palmas Altas. Al menos, una realidad en parte, porque la mudanza de los órganos judiciales será progresiva hasta 2028 a partir de la entrada en funcionamiento del Juzgado de lo Mercantil número 4, que este martes se ha de poner forzosamente en marcha al ser de nueva creación. Más de un centenar de órganos judiciales esperan su momento. A lo largo de noviembre se mudarán los otros tres mercantilles y los 13 contencioso-administrativos, y en junio los primeros de Primera Instancia. El “horizonte” es el año 2028, cuando se prevé culminar el proceso de traslado, pero sin “ciencia ficción” en cuanto a los plazos, que también dependen de los operadores jurídicos.

Así se ha pronunciado este lunes el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que se ha interesado este lunes por los últimos retoques a las dependencias ya habilitadas de una macrosede judicial de siete edificios, adquirida a Abengoa hace un par de años y que albergará todos los órganos judiciales de Sevilla, y los nuevos que se creen, a partir de ahora. La mudanza será progresiva, pero el “hito” en su apertura le ha servido a la Junta para presumir de haberlo conseguido tras muchos años de intentos frustrados en otros emplazamientos y para “cubrir una necesidad que ha estado mucho tiempo encima de la mesa”, según lo comentado por Nieto en una visita a medios de comunicación organizada por la Consejería.

El calendario de traslado previsto por la Junta de Andalucía volvió recientemente a retrasarse de nuevo porque los jueces, fiscales y abogados de Sevilla, verdaderos usuarios de la sede judicial de Palmas Altas, solicitaron una mudanza progresiva. Primero iba a ser en agosto y luego se aplazó hasta este 'puente' de Todos los Santos, pero la administración autonómica, competente en las infraestructuras judiciales, ha tenido que renegociar incluso el contrato con la empresa de mudanzas para ajustarlo a los nuevos plazos, según el propio consejero.

¿Cómo es la nueva sede?

Así las cosas, el traslado a Palmas Altas de los primeros 17 juzgados (trece de lo Contencioso y cuatro de lo Mercantil, las jurisdicciones con menos presión de asuntos) se desarrollará al completo durante el mes de noviembre. Ya en 2024 está prevista la mudanza al Edificio D de los primeros órganos de Primera Instancia, pero hasta dentro de cinco años no está previsto que terminen las mudanzas a un complejo que “se irá definiendo” en cuanto a su concreta distribución de acuerdo a las primeras experiencias y los señalamientos de juicios, siempre y cuando se desarrolle con éxito el “diálogo” con los operadores jurídicos, principalmente los jueces, ha expuesto Nieto.

El consejero, quien ha calificado de “odisea” hablar de plazos muy concretos porque “los jueces nos van cambiando los plazos” en ese sentido, se ha mostrado en todo caso compresivo con aquellas “resistencias y dudas” ante un “cambio radical” como el previsto para la Justicia sevillana, esperando que “todos se darán cuenta del salto que damos al pasar de una Justicia del siglo XX a una del XXI”. Recordemos que Sevilla tienes sus edificios judiciales cercanos entre sí pero dispersos entre las viejas instalaciones del Prado de San Sebastián, la avenida de la Buhaira (Edificio Noga) y el Edificio Viapol.

Espacios diáfanos para el funcionariado judicial, nuevos despachos para los magistrados, salas de vistas para los juicios y salas de espera para testigos son algunas de las características de los edificios de cuatro plantas que se irán poniendo en marcha tras la obras de adaptación y reforma de las oficinas que fueran de Abengoa. Con la amplitud del lugar, de este primer Edificio A que este martes entrará en uso, y del resto de sedes, con similares características, se prevé hacer frente al crecimiento de la planta judicial en los próximos años. “En cualquier otro emplazamiento, la Ciudad de la Justicia hubiera nacido pequeña”, ha defendido Nieto, quien ha insistido en “ir viendo qué nos pide la sede” para ir consolidando los traslados por jurisdicciones e “ir viendo necesidades”. Aún falta por licitar el octavo edificio, que albergaría los órganos y secciones de la Audiencia Provincial del ámbito penal.

“Podríamos haber metido ahora más juzgados, pero eso no hubiera respondido a la calidad que queremos dar a la principal sede judicial de Andalucía”, ha explicado Nieto. “Hoy estamos 'tocando' el Juzgado de lo Mercantil número 4 después de muchas maquetas y alguna que otra primera piedra”, ha dicho el consejero defendiendo la apertura de la Ciudad de la Justicia tras los frustados intentos por parte del anterior gobierno socialista en la Junta.

Nueva línea de autobuses y protestas sindicales

Representantes de los sindicatos UGT, CSIF y SIJEA han dado la 'bienvenida' al consejero a su llegada a Palmas Altas, protestando por la “incomunicación” de la macrosede judicial. “Es una necesidad para Sevilla ir poniendo esta sede en marcha”, les ha dicho al acercarse a la entrada. Después, ante la prensa, ha agradecido la “voluntad explícita” del Ayuntamiento de Sevilla que, a través de Tussam, ha puesto en servicio este mismo lunes una nueva línea que conectará el Prado de San Sebastián con la Ciudad de la Justicia. Nieto confía en que el Metro llegue también a la Ciudad de la Justicia, tal y como prevé la Junta en los próximos años, en que las comunicaciones y conexiones sean totales cuando la macrosede funcione a pleno rendimiento y hacia la que la movilidad no suponga un problema.

Nieto ha defendido que “no estamos en mitad de la nada”, prueba de ello es la ubicación del centro comercial Lagoh, inaugurado en 2019 y al que las familias acuden a diario, de acuerdo a sus argumentos. El consejero no entiende “esos planteamientos” de falta de accesibilidad porque “cuando se mejora, uno tiene que adaptarse”, poniendo como ejemplo cuando a un empleado de una entidad privada se le dice que la empresa cambia físicamente de sede. Nieto ha anunciado que la Junta está “estudiando” la posibilidad de poner en marcha otras lanzaderas desde estaciones de autobuses procedentes de otros puntos de la provincia.

De momento, la Línea CJ de autobuses tiene una longitud total de 16 kilómetros, ocho por sentido, y prestará servicio de 7.00 a 23.30 horas con un modelo de lanzadera con objeto de proporcionar “la mayor rapidez posible” a los desplazamientos, que tendrán un tiempo de viaje, entre cabeceras, de entre 20 y 25 minutos. Su frecuencia de paso será de 15 minutos en horario de mañana y 20 minutos en horario de tarde, según detalla el Consistorio en una nota de prensa. Este servicio tendrá su cabecera en la Avenida del Cid, circulando posteriormente por Avenida de María Luisa, Paseo de las Delicias, donde dispondrá de parada en ambos sentidos, Avenida de la Palmera, Avenida de Jerez, Avenida de Alemania, Avenida de Dinamarca, CC Lagoh (con parada), finalizando en la Ciudad de la Justicia donde establecerá su cabecera en su entrada principal.

El décimo consejero

Un poco de historia respecto a la Ciudad de la Justicia de Sevilla. No fue hasta el 27 de diciembre de 2021 cuando la Junta de Andalucía formalizó la compra del complejo de Palmas Altas y de dos parcelas anexas para ubicar definitivamente el complejo judicial por un importe de 70,6 millones de euros. Fue el entonces consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín. Su sucesor a cargo de las competencias judiciales, José Antonio Nieto, es el consejero definitivo que le da la botón para la puesta en marcha del nuevo complejo judicial. Pero nueve antes que él se propusieron lo mismo, manteniendo la promesa de unas instalaciones judiciales dignas, demandadas por todo el sector desde hace muchos años pero sin sin grandes avances hasta la compra de Palmas Altas aprovechando la salida de la multinacional Abengoa.

Carmen Hermosín (2000-2004), María José López (2004-2008), Evangelina Naranjo (2008-2009), Begoña Álvarez (2009-2010), Luis Pizarro (2010-2011), Francisco Menacho (2011-2012), Emilio de Llera (2012-2017), Rosa Aguilar (2017-2019), Juan Marín (2019-2022) y José Antonio Nieto (2022-) tuvieron que hacer frente a la pretendida Ciudad de la Justicia, cada cual a su manera. Después del primer intento serio de Carmen Hermosín, al firmar el 8 de octubre de 2003 con el entonces alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín un protocolo para construirla en Los Gordales y de la propuesta de María José López de llevar el macroproyecto a la zona del Puerto de Sevilla ante las dificultades para recepcionar los terrenos de por parte del Estado, Evangelina Naranjo tuvo la 'suerte' de poder inaugurar en abril de 2009 el balsámico edificio Noga, que ha servido para albergar los juzgados de lo Penal. Se le llamó también 'edificio puente' con la optimista esperanza de que pronto llegara la Ciudad de la Justicia, que ha tardado otros 14 años en empezar a convertirse en realidad.

Álvarez, Pizarro y Menacho apenas tuvieron tiempo, con poco más de un año en el cargo cada uno, de meterle mano al eterno proyecto. Emilio de Llera estuvo cinco años en el cargo sin avances visibles (de “ciencia ficción” lo llegó a calificar), y posteriormente Rosa Aguilar, con similares resultados. Los presupuestos autonómicos fueron contemplando partidas destinadas a impulsar los trabajos previos relativos a la parcela de Los Gordales, emplazamiento por el que principalmente apostó la Junta, si bien el proyecto también se llegó a 'mudar', además de a la zona portuaria del Muelle del Batán, al entorno del Prado, al cuartel de Alfonso XII, a Bellavista, a La Cartuja o a Palmas Altas, lugar definitivamente elegido, con instalaciones ya construidas.

Las dificultades económicas están detrás de esos retrasos. Al margen de la finaciación autofinanciada, utilizada por ejemplo para estas obras de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, una de las soluciones a la imposibilidad presupuestaria para otras sedes judiciales de Andalucía es establecer convenios o protocolos con ayuntamientos “solventes” económicamente, de partidos judiciales no excesivamente grandes, para que se encarguen de construir nuevos edificios a fin de que, a futuro, alberguen los órganos y servicios judiciales, de lo cual ya se encargaría la Consejería de Justicia.

Isabel Díaz Ayuso ha decidido dar un giro completo a su estrategia, en su empeño por sacar adelante el proyecto de la Ciudad de la Justicia, una macroinfraestructura proyectada en la zona de Valdebebas de Madrid para aunar las sedes judiciales de la región, que inició en 2004 su antecesora Esperanza Aguirre. Tras casi dos décadas de vaivenes, sospechas de corrupción y derroche por decenas de millones de dinero público, Ayuso retomaba la pasada legislatura el proyecto después de que Cristina Cifuentes lo paralizase. La dirigente madrileña, no obstante, se ha visto obligada a cambiar su plan inicial de privatizar el complejo durante cuatro décadas para poder ver materializado uno de sus proyectos estrella –heredado de Aguirre–, recurriendo a la gestión directa, como pedía la oposición.

En un primer momento la presidenta regional decidió no acometer la obra con fondos propios, sino a través de lo que el PP de Madrid ha llamado “colaboración público privada”. Su idea pasaba por que una empresa construyera, conservara y explotara la Ciudad de la Justicia a través del alquiler 10.000 metros cuadrados de edificios y una concesión de más de 2.200 millones a lo largo de 37 años –el canon anual rondaba los 60 millones–. Esta fórmula fracasó el pasado mes de julio al quedar por segunda vez desierta la licitación a la que se presentaron ACS y Acciona: “La proposición del único licitador presentado ha sido rechazada ya que el programa económico aportado no incluye todos los parámetros y partidas mínimas”, explicó el ejecutivo. Ahora, el último intento de la dirigente del PP de Madrid para que el complejo sea una realidad pasa por recurrir a la gestión directa, el modelo que la izquierda de la Asamblea de Madrid había reclamado durante años.

El mecanismo es similar al empleado para levantar el Hospital Zendal: licitar por un lado las obras, asumiendo el coste de manera directa y, por otro, sacar a concurso los servicios de mantenimiento cuando los juzgados vayan estando en funcionamiento. Con este modelo, ya no habrá una empresa que ostente la propiedad de las instalaciones durante cuatro décadas, como pretendía el Ejecutivo madrileño, sino que la propietaria será la administración regional y esta será a su vez la encargada de explotarla y contratar el resto de servicios de suministros, mantenimiento y seguridad, entre otros gastos.

El proyecto que maneja la Consejería de Presidencia y Justicia, en manos de Miguel Ángel García Martín, supone levantar diez edificios a lo largo de una superficie de 236.475 metros cuadrados por un total de 660 millones de euros, 150 millones más que los que el anterior gobierno de Ayuso había calculado que costarían las obras si una empresa se hacía con la concesión por 37 años. Entonces, el ejecutivo presupuestó la construcción por parte de la empresa concesionaria en 507 millones de euros.

El macrocomplejo, que quiere aunar las 28 sedes del partido judicial de Madrid, no estaría terminado en su totalidad hasta 2030, según los plazos que se ha fijado el gobierno regional. Pero la idea es ir construyendo los edificios por fases para poder ir trasladando sedes de manera progresiva en los próximos años.

La fase inicial de redacción del anteproyecto, licitación y adjudicación ya está en marcha, aseguran desde la consejería. Una vez adjudicadas las obras, que se dividirán en dos lotes, las obras comenzarían a principios de 2025. La previsión del gobierno regional es que los traslados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), además de la Audiencia Provincial de Madrid y otros 105 juzgados de primera instancia (la región tiene 130) lleguen una vez termine esta primera fase de construcción a lo largo de 2026.

La segunda fase comenzará a finales de esta legislatura, en 2027, y en ella se pretenden levantar 19 juzgados de lo mercantil, 49 de lo social y 34 de lo contencioso-administrativo, además de sus aparcamientos subterráneos y demás servicios propios. Las siguientes fases comenzarán en la siguiente legislatura con la finalización de tres edificios para penal y otros espacios como la Fiscalía y el archivo judicial territorial.

Hacerse con la gestión directa, que en un primer momento había rechazado Ayuso y que era una reclamación de la oposición, supondrá un ahorro para las arcas públicas, asegura el consejero de Presidencia y Justicia. Actualmente, la Comunidad de Madrid gasta 40 millones de euros al año en el alquiler de edificios para albergar las sedes judiciales, unos contratos de arrendamiento que se cancelarían. Además consume otros 30 millones de euros anuales en servicios de mantenimiento y seguridad y otros cinco en consumo (luz, agua...), un coste que el ejecutivo cree que se verá reducido al aunarlo todo en un mismo lugar. Los cuatro edificios propiedad de la administración, como es el que alberga actualmente el TSJM, el gobierno estudiará si es viable conservar el patrimonio para usarlo para otros servicios que ahora se prestan en inmuebles alquilados o procede a su enajenación, explica el consejero.

100 millones que investiga la Justicia

Solo el evento a bombo y platillo para poner la primera piedra del macroproyecto, en 2007, costó 1,4 millones de euros. Una de las empresas que se hizo cargo de esa factura pertenecía a José Luis Ulibarri, un constructor implicado en Gürtel que luego recibió contratos que nunca llegaron a cerrarse y que fue condenado a un año y medio de cárcel tras confesar los delitos de fraude a las administraciones públicas, falsedad documental, tráfico de influencias, contra la Hacienda pública y por prevaricación en la trama que afecta a algunos municipios madrileños gobernados por el Partido Popular, lo que le ha permitido ver rebajada su pena.

Ya en 2009, con la crisis económica haciendo estragos en España, la Comunidad dejó el proyecto en punto muerto tras haber enterrado por el camino más de 100 millones de euros de dinero público en contratos que investiga la Audiencia Nacional. Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de cárcel y 13 de inhabilitación absoluta para el consejero de Justicia de Aguirre, que era también presidente y consejero delegado de la empresa pública que se creó para la gestión del proyecto, y seis años de prisión y de inhabilitación para otros cinco altos cargos y asesores de aquel Gobierno. El ministerio fiscal considera que entre 2005 y 2008 se adjudicaron contratos por valor de más de 330 millones de euros en los que “se ha acreditado, en general, la ausencia de documentación justificativa del proyecto, de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad o de rendición de las cuentas”

Aunque Ignacio González quiso retomar el proyecto de Aguirre en 2014, finalmente prefirió esperar. Y ya con Cifuentes como presidenta, el entonces consejero de Justicia de Cifuentes, Ángel Garrido, admitió que el dinero invertido en el proyecto no había servido “para absolutamente nada” y trató de marcar distancias con el de González. Ante el bloqueo de este segundo intento, las empresas que habían sido señaladas como adjudicatarias –entre ellas OHL– llevaron a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por no ratificar la adjudicación de las obras. El Tribunal Superior de Justicia madrileño emitió una sentencia en 2017 en la que no les daba la razón. La decisión judicial ahorraba a la Comunidad un gasto previsto de 1.750 millones de euros.

En marzo de 2020, el Supremo ratificó aquella sentencia y dejó las manos libres a la Comunidad de Madrid, ya bajo la tutela de Isabel Díaz Ayuso. Ayuso admitió que la sentencia “despeja el camino para los planes” de la Comunidad de Madrid para la concentración de sedes judiciales y se puso manos a la obra para lanzar el tercer intento, aunque la idea inicial similar a la de Aguirre de privatizar la explotación de los edificios, ha sido de nuevo un fracaso.

Sin grandes diseños

De los 15 edificios proyectados por Aguirre, solo se ha levantado uno, el conocido como 'donut', diseñado por Alejandro Zaera Polo, que terminó Ayuso y que no fue utilizado hasta la pandemia de COVID. Se empleó primero como morgue y después se instaló allí el Instituto Anatómico Forense de Madrid. El nuevo recinto estará compuesto por 10 inmuebles, que albergarán las 28 sedes judiciales de la región.

Si la idea inicial de Aguirre incluía edificios de arquitectos de reconocidísimo prestigio y altos honorarios, como Zaha Hadid o Norman Foster, que llegaron a cobrar por proyectos que jamás se realizaron, la nueva licitación ha dejado a un lado los criterios de diseño y calidad arquitectónica, aunque el consejero de Justicia asegura que se ha reservado el edificio que albergue el TSJM como el que presente la mayor “singularidad” en diseño.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha informado este jueves de que, tras conversaciones con las autoridades judiciales y los sindicatos, ha resuelto incorporar algunas de sus reivindicaciones para la adecuación de los espacios de la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla. Además, se ha establecido la fecha de septiembre para el traslado de los primeros juzgados al edificio A del complejo de Palmas Altas, facilitando así la mudanza después del periodo vacacional.

Como se informaba previamente, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía licitó hace meses las obras de acondicionamiento del edificio A del recinto de Palmas Altas, destinadas a acoger despachos, salas de vistas, archivos y servicios complementarios de los juzgados que serán trasladados al nuevo emplazamiento. Está previsto que los juzgados de lo Contencioso y de lo Mercantil sean los primeros en trasladarse, seguidos de los órganos de Primera Instancia en 2024, para un total de 21 unidades judiciales en el edificio A y B.

La mudanza progresiva continuará hasta el año 2028, cuando la nueva Ciudad de la Justicia centralizará la actividad del servicio público actualmente repartido en Sevilla entre la Audiencia Provincial y los Juzgados de Instrucción del Prado de San Sebastián y otras ubicaciones.

No obstante, la Junta de Jueces de Sevilla avisaba después de toda una serie de “deficiencias” en el proyecto, que hacían “inviable” la mudanza hasta la resolución de tales incidencias, con lo que pedía al Gobierno andaluz “reconsiderar” los términos iniciales de la operación.

La Junta de Personal

CCOO, de su lado, avisaba de que la junta de personal de Justicia de Sevilla había denunciado el “ninguneo” de la Consejería y el Ministerio de Justicia al personal funcionario, por supuesta “falta de información” en tales planes de mudanza.

Ahora, tras la mesa de trabajo constituida entre las partes de la mano del consejero, José Antonio Nieto, su departamento ha informado de que “se han incorporado algunas de sus peticiones al proyecto de adecuación del primero de los inmuebles que será ocupado”, el mencionado edificio A, donde se ubicarán todos los órganos de la jurisdicción Contencioso-Administrativa (trece) y Mercantil (cuatro).

Además, “también de acuerdo con jueces y sindicatos, se ha acordado realizar la mudanza de estos 17 juzgados en septiembre, ya que la mayoría del personal está de vacaciones en agosto al ser un mes inhábil para la actividad judicial”, tras la intención inicial de comenzar a inicios de verano.

Los edificios del complejo de Palmas Altas que albergarán la nueva Ciudad de la Justicia contarán con grandes salas de espera para el público, mientras que la zona de despachos de los jueces y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) será de acceso restringido, según informó el consejero a la Junta de Jueces de Sevilla en una reunión para exponerles los últimos avances de las obras de adecuación del edificio A, tras las reticencias de los mismos.

En dicho encuentro, los jueces realizaron algunas propuestas de mejora, tras su aviso inicial reclamando modificar los términos de la mudanza, que la Junta ha “decidido incorporar en aras de ofrecer las mejores condiciones a los operadores jurídicos y, sobre todo, la prestación del servicio al ciudadano”.

Doble circulación

Así, se va a garantizar la doble circulación dentro del edificio para diferenciar el acceso del público en las zonas de salas de vista del de los jueces.

Además, también se va a preservar el confort laboral de los funcionarios, mejorando las medidas de aislamiento en las plantas altas del edificio, donde se situará la oficina judicial.

Igualmente, se va a dar mayor amplitud de las salas de vistas e incluso se ha previsto un espacio por si en un futuro fuera necesario ampliar el número de estas, según la Junta. No obstante, la Consejería en la reunión que mantuvo con los sindicatos les otorgó un mes de plazo para entregar nuevas aportaciones si así lo consideraban necesario.

“Los servicios técnicos de la Consejería están trabajando en una distribución exacta de cada uno de los juzgados, contando para ello con los datos del número de funcionarios del que disponen, de forma que el personal de cada órgano contará con módulos de mobiliario independientes y separados entre sí procurando la mayor cercanía entre los integrantes del mismo órgano judicial”, detalla la Junta.