El exalcalde de Getafe, Juan Soler, ha tomado posesión este jueves como diputado de Madrid la Cámara autonómica. El PP le recupera como cargo público después de que el pasado 23 de enero la Audiencia Provincial de Madrid revocase su imputación por el caso Teatro, las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la adjudicación de los contratos del proyecto

La Audiencia Provincial de Madrid no entró al fondo del asunto para revocar la imputación de Soler, sino que consideró que en su calidad de senador era aforado en el momento de su imputación, incoada en abril de 2015, y que el Juez de Instrucción “carecía de competencia objetiva para sustanciar la investigación, y por consiguiente, también para acordar su prórroga en relación a la misma”.

Una vez librado de la imputación, Soler ha vuelto a la política activa. El exalcalde de Getafe ocupaba el puesto 35 de la lista del PP a la Comunidad de Madrid y han tenido que producirse dos dimisiones para que este jueves haya dispuesto de su acta de diputado autonómico.

El expresidente de la Comunidad de Madrid y senador popular Pedro Rollán y la viceconsejera de Justicia Yolanda Ibarrola renunciaron unos días después, el pasado 31 de enero, a su acta como diputados en la Asamblea de Madrid para centrarse en sus labores como senador y viceconsejera, respectivamente, según argumentaron. Nada impedía a Rollán mantener los dos cargos como ha sucedido en el pasado. En el caso de Ibarrola era la única del Gobierno de Ayuso que no había renunciado a su escaño, como sí habían hecho las diputadas Rocío Albert López Ibor y Nadia Álvarez Padilla

Además de Juan Soler, la que fuera candidata popular al Ayuntamiento de Navalcarnero en 2015, Esther Platero, también ha tomado posesión como diputada del PP en la Asamblea de Madrid.

También ha habido cambios en PSOE y Unidas Podemos después de que algunos de sus diputados hayan pasado a ocupar cargos en el nuevo Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. En el caso del PSOE, Hana Jalloul, nueva secretaria de Estado de Migraciones, ha sido sustituida por Carlota Merchán, que fue diputada por la circunscripción de Madrid en la XII Legislatura y concejala del Ayuntamiento de Madrid (junio 2015-noviembre 2016).

También Óscar Cerezal (PSOE), empleado público de la administración local desde 1996 uy alcalde de Manzanares El Real desde 2007 a 2019, ha tomado posesión este jueves en sustitución del ahora ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes.

En la bancada de Unidas Podemos-IU, la activista feminista y LGTBI Paloma García Villa, que iba en el puesto número 8 de la lista electoral, sustituirá en el Parlamento regional a Beatriz Gimeno, que dejó el acta de diputada regional para ser directora del Instituto de la Mujer del nuevo Gobierno de España.

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la imputación del ex alcalde de Getafe, Juan Soler (PP), por el caso de presuntas irregularidades que se habrían cometido en la adjudicación de los contratos del proyecto por el que se pretendía convertir el antiguo teatro de la calle Madrid del municipio en un Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales.

“Era el auto que esperaba, estaba muy tranquilo porque sabía que no había nada que pudiera afectarme ni a mí ni a los concejales”, ha declarado a Efe el propio Soler, asegurando sentirse víctima de “una persecución injusta”.

Soler ha asegurado que “la imputación era ilegal” y ha recordado que pidió declarar al inicio de la causa, pero “el juez no quiso”, ha dicho, insistiendo en que “si creía que había algo mal, lo tendría que pasado al Tribunal Supremo, como era su obligación”.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la sala recuerda que Juan Soler, en su calidad de senador, era aforado en el momento de su imputación, incoada en abril de 2015, y considera que el Juez de Instrucción “carecía de competencia objetiva para sustanciar la investigación, y por consiguiente, también para acordar su prórroga en relación a la misma”.

Soler fue llamado a declarar el pasado 28 de noviembre, aunque se acogió a su derecho de no hacerlo en base al escrito de apelación interpuesto por su defensa en la Audiencia Provincial contra el auto de fecha 21 de noviembre por el que se le llamaba a declarar como investigado, considerando que existían circunstancias invalidantes en la parte de la instrucción que le afectaba.

El recurso ha sido admitido en la Audiencia, en cuyo auto señala que el juez instructor tendría que haber remitido “la correspondiente exposición razonada” sobre la imputación de Soler a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, siguiendo los plazos que marca la ley, antes de decidir la complejidad de la causa y de prorrogar la instrucción por un plazo de 18 meses.

“Las actuaciones procesales eventualmente seguidas en relación al mismo [Soler] carecen de valor legal”, dicen los magistrados en el auto, en el que declaran de oficio las costas y “deja sin efecto” la imputación del que fuera alcalde de Getafe entre 2011 y 2015.

El exalcalde de Getafe, Juan Soler, tendrá que explicar a la justicia el supuesto amaño de contratos públicos en las obras de un teatro de su municipio cuando estaba al frente del Ayuntamiento, entre 2011 y 2015. El también exdiputado y senador en la etapa de Cristina Cifuentes ha sido citado como investigado por el juzgado de primera instancia e instrucción número cuatro de Getafe. La Fiscalía pidió su imputación en 2018 y ahora el juez lo llama a declarar como imputado, según ha adelantado la Cadena Ser. 

En su escrito dirigido al juzgado, el Ministerio Público relata cómo varios testigos implican a Soler en la modificación del contrato para construir el teatro de Getafe. Al principio lo licitó para dotarlo de una capacidad para 150 personas, pero después cambió las condiciones del contrato con un acuerdo con el  estudio de arquitectura que consiguió el concurso. Y el recinto pasó a diseñarse para acoger a 250 personas. 

La Fiscalía reúne testimonios que apuntan a que todas las modificaciones irregulares se hicieron por encargo directo de Soler. Esas maniobras se repitieron en otros concursos públicos, como la construcción de escuelas infantiles o la remodelación del Mercado Municipal. El escrito sostiene que Soler era “no solo conocedor de la tramitación relativa a estos concursos, sino que también era el impulsor”. 

La petición de la Fiscalía se produjo cuando Soler aún era diputado y senador y, por tanto, estaba aforado. Actualmente el exalcalde ha perdido esta condición porque no ha sido elegido diputado de la Asamblea de Madrid. Pese a su complicada situación con la justicia, Isabel Díaz Ayuso lo incluyó en el puesto número 34 de su lista. El Pp solo obtuvo 30 escaños y se ha quedado fuera de la Asamblea de Madrid, así que finalmente será juzgado de manera ordinaria y no por el Tribunal Supremo. 

La investigación sobre el caso Teatro se inició a raíz de una querella presentada por el activista Roberto Benítez, ahora al frente del partido Impulsa Getafe. Su denuncia dio pie a las indagaciones que han desembocado en la imputación de Soler. 

La Fiscalía insiste en que se cometieron varios delitos durante las licitaciones de Juan Soler al frente de la alcaldía de Getafe y rechaza excluir de esas acusaciones a Miguel Garzón, a quien Cristina Cifuentes fichó para la Comunidad de Madrid pero tuvo que despedir a los pocos días después de que el juez del caso Teatro le imputase. El Ministerio Público le acusa de un delito de prevaricación.

En un escrito dirigido al juzgado de Instrucción Número 4 de Getafe, la Fiscalía responde a la petición que efectuó Garzón para que su acusaciones en el caso Teatro fuese archivadas. También lo solicitó la exconcejal de Urbanismo, y ambos se llevan la misma respuesta. La Fiscalía se remite al informe que presentó a finales de julio en el que concretaba las acusaciones para los más de treinta implicados en este caso.

La investigación se abrió por las irregularidades en la licitación para construir un teatro en Getafe bajo el mandato de Juan Soler, y posteriormente se han ido descubriendo nuevos indicios de delito en otros contratos públicos. En el informe que concretaba las acusaciones, la Fiscalía solicitó al juez del caso que pidiese al Supremo la imputación de Soler, aforado porque aún conserva su acta de senador.

En ese documento, la Fiscalía reseña que Garzón envió un correo a Álvarez, entonces titular de Urbanismo, informando de que iban a convocar plazas en la empresa municipal de limpieza de Getafe (LYMA). En ese correo le preguntó “si tenía compromisos de los de, presumiblemente,  Francisco Felipe González Gervaso, presidente del Grupo de empresas González Gervaso”.

En ese grupo de empresas se encuentra Promogonsa, una sociedad que según la Fiscalía participó en el amaño de contratos del Ayuntamiento. En uno de ellos, los responsables de esa empresa indicaron al consistorio a quiénes debían invitar a presentar ofertas, garantizándose el control del proceso de adjudicación. El escrito acusa al dueño de esa sociedad, el empresario Felipe González Gervaso, de un delito de alteración de precios en concurso público y fraude entre particulares.

Según la Fiscalía, el mail que envió Garzón preguntando por los compromisos con este empresario podría referirse a “compromisos adquiridos por el ayuntamiento/concejalía en contraprestación a favores realizados por este u otros empresarios, como aportar empresas para un concurso aun a sabiendas de que no sería adjudicatario”. De esos favores estarían enterados “el personal de la corporación local”.

El escrito en manos del juez del caso Teatro señala que Garzón “era también conocedor de la tramitación irregular que se estaba llevando a cabo, para construir dos escuelas infantiles y rehabilitar el antiguo mercado municipal”. Por todo ello, le consideran responsable de un delito de prevaricación.

Tras su paso por el Ayuntamiento de Getafe, Garzón dio el salto a la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes le fichó como asesor el pasado 2 de enero. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó que se incorporaba como asesor técnico del gabinete de la ya expresidenta regional, pero la Comunidad no concretó qué funciones iba a realizar y sólo dijo que haría el trabajo que se le encomendase en cada momento.

Cuando Cifuentes le fichó, la Policía ya le había incluido en un informe sobre las irregularidades de los contratos del Ayuntamiento. Pocos días después de incorporarse a su puesto, el 20 de enero, el juez decidía llamarle como imputado. Cuatro días después Cifuentes se veía obligada a cesarle de su puesto en el gabinete de Presidencia.

En el caso de la exconcejal de Urbanismo, la Fiscalía señala en su informe que asistió a negociaciones previas con Juan Soler “mediante las que se adjudicó a  la empresa A-Cero la construcción de tales escuelas, por lo que se considera la posible comisión de un delito de prevaricación”.

El Ministerio Público considera que hay pruebas suficientes de que Álvarez estaba al tanto de las irregularidades en las licitaciones, como máxima responsable de Urbanismo y por su puesto en la empresa pública GISA, a través de la que se hicieron los contratos públicos. Varios testigos la sitúan en reuniones claves y le dan un papel fundamental en los hechos.

Es ella quien firma la propuesta para la contratación del proyecto de derribo del antiguo teatro y quien decide esquivar a la Intervención General, que había puesto pegas, encomendando a GISA la licitación: “Esa encomienda no era una vía más rápida para la gestión de los contratos, sino más laxa al evitar la intervención de los órganos de fiscalización del ayuntamiento, Interventora, mesa de contratación, etc”.

La Fiscalía también le otorga un papel fundamental en las irregularidades para la adjudicación del contrato, que fue a parar a una empresa sin arquitectos contratados, sin el seguro económico necesario y que no había presentado pruebas de su viabilidad financiera. El informe cree probado que conoció que esta empresa era la ganadora a pesar de sus deficiencias porque fue a la única a la que no envió una carta de agradecimiento por haber participado en la licitación.

Además, un asesor del Ayuntamiento imputado en el caso confesó que la exconcejal estuvo en una reunión en la que, antes de iniciar siquiera el concurso, comunican a una de las empresas que será la ganadora.

El nombre de Juan Soler aparece en cada auto del juez el caso Teatro bajo el epígrafe investigado, pero nunca ha estado imputado. La causa judicial sobre la corrupción en su ayuntamiento le ha tenido como protagonista durante los últimos años, pero su condición de aforado ha impedido que el juez le cite a declarar. Ahora, tras más de tres años de investigación, la Fiscalía cree que es el momento de que el Supremo le impute, lo que obligará a los dirigentes del PP a tomar una decisión sobre uno de sus miembros más polémicos, protegido durante los últimos años y erigido en las últimas primarias como uno de los principales apoyos de Pablo Casado.

Soler se afilió al PP con 18 años y consiguió el acta de diputado en la Asamblea de Madrid con 27, en 1987. Medró a la sombra de Esperanza Aguirre hasta conseguir su logro político más importante. En 2011, en las elecciones autonómicas y municipales en las que los conservadores arrasaron, Soler se hizo con la alcaldía de Getafe. Ganó las elecciones y pactó con UPyD para suceder a Pedro Castro, el socialista que llevaba 28 años como alcalde.

En tan solo una legislatura, Soler acumuló escándalos, protagonizó polémicas y las irregularidades en su gestión dieron origen a una investigación que ha afectado a la práctica totalidad de su equipo de gobierno. Aguirre se retiró y Soler perdió la alcaldía en 2015. Sin embargo, ya con Cristina Cifuentes al frente del PP de Madrid, se mantuvo como portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Getafe, siguió de diputado regional y de senador.

Cifuentes consiguió que no volviese a presidir el PP de Getafe, pero le ha tenido durante estos años sentado en su bancada de la Asamblea. El caso de corrupción que le tiene como protagonista le ha supuesto varios dolores de cabeza con cada nueva revelación. De hecho, la expresidenta madrileña se vio obligada a cesar a un asesor a los pocos días de contratarle. Había estado en el gabinete de Soler y fue imputado en el caso Teatro.

Con Cifuentes fuera del partido y de la política, será el próximo líder del PP de Madrid quien tenga que lidiar con las novedades judiciales en torno a Soler. Pero con el cambio en el partido a nivel nacional, el caso también va a afectar a Pablo Casado. Soler ha sido uno de sus principales apoyos durante las primarias, dentro del núcleo de antiguos aguirristas que se ha avalado a Casado.

“Tiene las ideas claras explicándolas sin ofender. Tiene algo ‘kennedyano’, tiene carisma”, escribió en una tribuna que luego usó para sembrar dudas sobre los votos obtenidos por Soraya Sáenz de Santamaría. “La reconstitución del PP pasa por Pablo. Pocos lo dudan”, dice Soler en otra columna. En septiembre, el Supremo decidirá si se cruza en esa reconstrucción con la imputación de Casado por el caso Máster, un tribunal en el que también puede acabar Soler por su gestión como alcalde de Getafe.

Un contrato a la medida de la empresa escogida

Los posibles delitos que cometió se han investigado durante más de tres años, desde que en 2015 el activista contra la corrupción Roberto Benítez presentó la denuncia que dio origen al caso. La Fiscalía ha resumido ahora la investigación en en un escrito de 82 páginas con fecha de 23 de julio que incluye una lista de 34 acusados encabezada por Soler.

Ese escrito recoge cómo Soler prescindió de los requisitos exigibles cuando se licitan obras públicas. Se centra en la construcción de un nuevo teatro en la localidad, cuyas irregularidades comienzan desde el primer trámite. En lugar de encargarse el Ayuntamiento, la licitación quedó en manos de la empresa pública Getafe Iniciativas S.A. (GISA). La Fiscalía concluye que se hizo para saltarse trámites y esquivar la fiscalización de la Intervención General, así como evitar tener que informar al resto de partidos.

Hubo varios concursos para la demolición del edificio antiguo y la construcción del nuevo. El primero se fraccionó para poder otorgarlos a dedo, sostiene la Fiscalía, porque al procedimiento negociado sin publicidad se invitó a tres empresas relacionadas entre sí. Uno de los principales implicados, Julián Vegas, redactó las tres ofertas para el concurso del proyecto de demolición, asegura la Fiscalía.

Ya en el concurso para la obra de demolición fue otra compañía, Promogonsa, la que indicó a los responsables del Ayuntamiento a qué empresas se debía invitar. De hecho, esa empresa presentó físicamente la oferta de otra con la que teóricamente competía. Para la Fiscalía es un caso claro de amaño de concurso en el que varias sociedades, ayudadas por un procedimiento cerrado, presentan falsas ofertas en una adjudicación ya decidida para dar apariencia de legalidad.

Algo similar ocurrido en la licitación para construir el edificio, en el que se invitó a tres empresas relacionadas entre sí. Una de ellas, Vegas Arquitectura, no tenía ningún licenciado en arquitectura entre sus integrantes. La segunda oferta la presentó una socia del dueño de Vegas Arquitectura. La tercera corrió a cargo de un arquitecto técnico cuyo nombre aparece en la primera, como titular del seguro económico que se exigía para participar en el concurso.

Soler propuso que la adjudicación se diese a Vegas Arquitectura, “la oferta más ventajosa”. A partir de ahí, GISA realizó diversos cambios en las condiciones del contrato “sin los cuales Vegas Arquitectura nunca podría haber sido adjudicataria”. Es más, la Fiscalía asegura que se ha demostrado que a esa empresa se le comunicó que sería la ganadora antes incluso de comenzar los trámites del concurso.

Un paraíso para los arquitectos

Todos los implicados, empezando por Soler, conocían las irregularidades con el contrato para construir el nuevo teatro, y lo mismo ocurre con el resto de adjudicaciones investigadas. Por ejemplo, la que se hizo para construir nuevas escuelas infantiles en Getafe, “contactando directamente y sin concurso previo con el estudio de arquitectura previamente seleccionado para la realización del proyecto dejando en su mano la estimación del gasto de su propio trabajo”.

De esta forma era el arquitecto quien diseñaba el concurso a su antojo. En esa ocasión fue el estudio A-Cero, cuyo propietario, Joaquín Torres, cenó en alguna ocasión con Soler para fijar el presupuesto de la licitación.

A-Cero también se hizo con la reforma del Mercado Municipal. Un miembro de esa empresa estuvo sacando fotos del edificio para comunicar luego al Ayuntamiento si al estudio le interesaba o no la reforma. Para la Fiscalía, se daba a este estudio “un poder de decisión sobre los trabajos que realizaba el consistorio fuera de lo normal, ya que era esta empresa quien tenía conocimiento anticipado de los concursos, eligiendo y descartando a su antojo e incluso poniendo el precio de alguno de ellos”.

Algo similar ocurrió con el contrato para rehabilitar la antigua fábrica de harinas. “Antes de la celebración de un concurso para la redacción del proyecto de reforma, se solicita desde urbanismo un presupuesto a una empresa”, en este caso a Javier Fúster Arquitectos. “Esta solicitud de presupuesto se realiza no para sondear el mercado en busca del mejor precio, sino para amoldar los pliegos técnicos con ese informe”, añade el informe.

La Fiscalía cree más que probado que Soler conocía todas estas irregularidades, como muestras emails intervenidos y declaraciones de los implicados. En algunas ocasiones es él mismo quien impulsa el amaño, eligiendo de antemano las empresas que quiere para sus proyectos. Por ello reclama al juez que eleve su caso al Supremo, tres años después de la denuncia, y con Soler resguardado en el paraguas de Pablo Casado.

La Fiscalía cree que el caso Teatro ha reunido ya suficientes indicios como para imputar al exalcalde de Getafe Juan Soler. El ahora senador y diputado autonómico tiene condición de aforado ante el Supremo, por lo que el Ministerio Público ha pedido al juez del caso que envíe una exposición razonada a ese tribunal.

Soler no ha sido imputado nunca en el procedimiento, aunque es el protagonista de este caso de corrupción que investiga el amaño de contratos cuando era alcalde de Getafe. En concreto, seis contratos relacionados con el Teatro de la Calle Madrid y otras obras de Getafe.

Varios empresarios imputados en la causa habrían ayudado al Ayuntamiento a manipular adjudicaciones presentando empresas pantalla, mientras otros se llevaban los contratos con información privilegiada. A algunos se les ofrecía antes de sacarlos a concurso.

Por ello, la Fiscalía, según ha adelantado El Confidencial, ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe un informe en el que reúne los indicios contra Soler y pide que, en su caso, se eleve la causa al Tribunal Supremo.

En el informe se relata cómo varios testigos incriminan a Soler en la modificación del contrato para construir el teatro de Getafe. Primero lo licitó para que tuviese capacidad para 150 personas, pero cambió las condiciones del contrato acordando con el estudio de arquitectura que consiguió el concurso. El recinto pasó a estar diseñado para albergar a 250 personas.

La Fiscalía reúne testimonios que apuntan a que todas las modificaciones irregulares se hicieron por encargo directo de Soler. Esas irregularidades se repitieron en otros concursos públicos, como la construcción de escuelas infantiles o la remodelación del Mercado Municipal. Soler era “no solo conocedor de la tramitación relativa a estos concursos, sino que también era el impulsor”, sostiene el escrito.

El caso Teatro nació tras la denuncia del activista contra la corrupción Roberto Benítez, ahora al frente del partido Impulsa Getafe. Su denuncia permitió abrir la investigación que ahora cerca a Soler, diputado en la Asamblea de Madrid y uno de los apoyos de Pablo Casado durante la campaña de las primarias para dirigir el PP de Madrid.

En un artículo publicado a finales de junio, Soler dijo de Casado que tenía “algo ‘kennedyano’, tiene carisma”. “Muchos amigos socialistas me han confesado que tienen miedo a que gane, para ellos es el candidato más difícil de batir. Quieren decir en realidad que se comería a Pedro Sánchez. Pablo es la estela que anuncia el mejor futuro. Para el PP y para España”, añade en ese artículo.

Tras conocer la noticia, el PSOE de Getafe ha pedido la dimisión de Soler y de tres concejales también imputados que mantienen su acta en la localidad.

Juan Soler quiere acabar con la investigación por corrupción que le acorrala desde hace dos años. El que fuera alcalde de Getafe entre 2011 y 2015 pide al juez que reúne las pruebas de amaños en contratos públicos que deje la investigación en manos del Supremo. El objetivo del ahora senador y diputado de Cristina Cifuentes es presentar ese tribunal un conjunto de alegaciones para tumbar el caso Teatro, en el que ya están imputados los concejales y asesores que le acompañaron en sus años al frente del municipio madrileño.

Soler se enfrenta desde 2015 a una investigación por presuntas irregularidades en al menos seis contratos relacionados con el Teatro de la Calle Madrid y otras obras de Getafe. Varios empresarios imputados en la causa habrían ayudado al Ayuntamiento a manipular adjudicaciones presentando empresas pantalla, mientras otros se llevaban los contratos con información privilegiada. A algunos se les ofrecía antes de sacarlos a concurso.

La defensa del exalcalde, ejercida por el abogado Ignacio Peláez, pidió al Supremo que parase las investigaciones contra él y este tribunal le contestó que eso no era de su competencia. El es titular del Juzgado número 4 de Getafe, Javier Achaerandio, quien se está encargando del caso Teatro. A este le presentaron los mismos argumentos, que los rechazó por una razón muy sencilla: Soler no es aún parte en este proceso, así que no puede pedir nada.

Desde entonces, sus abogados se afanan en conseguir que el juez, al que consideran una pieza de la estrategia del PSOE contra Soler, envíe el caso al Supremo para poder personarse y tumbarlo en este tribunal. Sus intentos han caído por el momento en saco roto, pero no desisten y en el último mes han presentado dos escritos para tal propósito.

Desprestigio social y político

Soler defiende que el caso es un invento del PSOE, que ahora gobierna en Getafe, para desprestigiarle “social y políticamente”. Es uno de los pilares con los que trata de frenar la investigación. El otro es que el juez forma parte de esa estrategia, en la que también estaría implicado el denunciante, el activista contra la corrupción Roberto Benítez.

Según el escrito que presentaron el pasado 24 de febrero para pedir “la nulidad de las actuaciones que se han practicado hasta el momento”, el juez se ha reunido en repetidas ocasiones con Sara Hernández, alcaldesa socialista de Getafe. Lo han hecho, según consta en el documento, para elaborar un protocolo antidesahucios, porque Achaerandio es juez decano de Getafe. Además, el exalcalde del PSOE Pedro Castro le entregó el premio a la trayectoria en 2012, que concede un periódico local.

“Es evidente que (…) existen algunas sospechas o indicios de que el Juez Instructor no va a ser objetivo, independiente e imparcial y (…) tendría que haberse abstenido”, sostienen los abogados de Soler con estas pruebas. Aportan más indicios que, a su parecer, son suficientes para cerrar el caso.

Así, critican por ejemplo que la investigación se mantuviese durante 10 meses bajo secreto de sumario “con una argumentación muy pobre” que provocó indefensión entre los imputados. Acusan también al juez de haber llevado a cabo algunas actuaciones a sabiendas de que no era competente o de haber enviado a los detenidos a los calabozos de Getafe en lugar de a los de Madrid.

Soler y sus abogados también acusan al juez de haberle investigado a sabiendas de que es aforado, lo que en su opinión es una causa más para anular el caso. El juez, sin embargo, les ha contestado que la Justicia no funciona así. El Supremo impone que “sólo una vez se recaben indicios que pudieran incriminar a personas aforadas (...) se debe exposición razonada al órgano judicial de aforamiento”, escribe en un auto fechado a principios de marzo.

Es la misma situación que afecta al ya expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco esperó a tener suficientes indicios de su implicación a la trama Púnica para enviar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Recurso a la Audiencia Provincial

Los argumentos del juez no son suficientes para Soler, que sigue intentando que desista y envíe ya el caso al Supremo, aunque la investigación aún no haya concluido. Para ello ha presentado ya varios escritos, el último a mediados del mes pasado. Se trata de un recurso de apelación enviado directamente a la Audiencia Provincial de Madrid para que tenga a bien imponer al juez que le investiga “que remita las actuaciones” a la Sala Segunda del Supremo.

En ese recurso, al que ha tenido acceso eldiario.es, Soler reúne todas las alusiones que se han hecho hacia su persona durante la investigación para justificar que está implicado en el caso, y por que eso este debe ser enviado al Supremo. Se basa, incluso, en pruebas en su contra que son “claros elementos incriminatorios”.

Por ejemplo, sus abogados incluyen los pantallazos en los que Soler escribía en mayúsculas a sus subordinados que borrasen todo el historial de sus ordenadores antes de abandonar el Ayuntamiento. “Borrad todos los mails” añadía poco después tras el consejo de una trabajadora del consistorio.

Junto a esas pruebas incluyen las resoluciones judiciales y las declaraciones de los imputados que han nombrado en algún momento a Soler. El diputado de Cifuentes se enfrenta también a la Fiscalía, que apuesta por continuar investigando antes de elevar la causa al Supremo.

Ahora será la Audiencia Provincial la que decidirá sobre el recurso. El denunciante del caso ya se ha presentado un escrito en contra argumentando que tanto el juez como la Fiscalía se han opuesto a las pretensiones de Soler de enviar ya el caso al Supremo y critican que este no haya aportado ningún argumento nuevo.

Varios imputados en el caso Teatro han solicitado al juez que imponga al denunciante, Roberto Benítez, una fianza si quiere continuar como acusación en el proceso. El juez ha aceptado y le reclama que pague 1.000 euros antes del 11 de marzo o será expulsado de la causa que investiga el amaño de contratos en Getafe durante la etapa de Juan Soler.

La decisión del juez es una respuesta a un recurso formulado por la exconcejal de Urbanismo Paz Álvarez Sánchez-Arjona, quien pidió que se aclarase si Benítez actuaba como acusación particular o popular y, en este último caso, le reclamase una fianza para continuar su labor de acusación.

Benítez, que no está perjudicado directamente por las supuestas irregularidades del caso, solo puede ser acusación popular, así que ve detrás de esta maniobra un intento de echarle del caso. Al recurso de la exresponsable de Urbanismo de Getafe se han unido otro acusados.

Par afrontar esa fianza, Benítez ha iniciado una campaña de crowdfunding. Asegura que la gente se está volcando y donando dinero, que será devuelto a quien lo preste si el juez devuelve la fianza al final del proceso. Ha recaudado hasta ahora un 60% del total.

Fue una denuncia de este activista la que originó el caso que acecha al senador y diputado regional Juan Soler. Durante su etapa como alcalde de Getafe se produjeron una serie de irregularidades que ahora investiga un juzgado de la localidad. Están imputados exconcejales, antiguos asesores del Ayuntamiento y empresarios de la localidad, acusados de amañar contratos.

La figura del empresario Felipe González Gervaso va ganando peso en la instrucción del caso Teatro. El juez que investiga las irregularidades en Getafe durante la alcaldía de Juan Soler le ha vuelto a llamar a declarar. El motivo es que otro empresario le ha acusado de manipular su oferta a un concurso público de la localidad: subió su importe, falsificó su firma y se aseguró así de que no iba a ganar la adjudicación.

El juez Javier Achaerandio, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe, ha tomado esta decisión después de escuchar a otro empresario imputado. Según fuentes judiciales, José Carlos Jiménez Fernández, al frente de la empresa GEAR Obras y Construcciones, contó en su declaración que había delegado la presentación física de la oferta a otro empresario que también optaba a hacerse con el contrato para el derribo del antiguo teatro. Ese empresario era Felipe González.

Según el testimonio del dueño de GEAR, le entregó un sobre cerrado con su oferta, en la que se comprometía a derribar el edificio con un coste de 120.000 euros. Cuando el juez le preguntó por qué había dejado que otro empresario, con el que competía, presentase su documentación, contestó que era un favor al tratarse de una empresa amiga.

Esa oferta llegó al Ayuntamiento, pero con un precio muy superior al de licitación: 194.000 euros. Por el camino, según este empresario, González cambió los datos de su oferta falsificando su firma. Puso un presupuesto 70.000 euros mayor y se aseguró así que no resultaría adjudicataria. Ante el juez, el dueño de GEAR aseguró que el papel de la oferta no llevaba su membrete y que faltaban datos.

El juez da credibilidad a esta versión. El 17 de febrero tomó declaración a uno de los trabajadores de González, Francisco Mendiola, que habría participado en el amaño comunicándose con los cargos públicos del Ayuntamiento. Salió del Juzgado con una acusación por falsedad documental. que amenaza también a su jefe.

Al final el concurso para el derribo se lo llevó Dragados porque el resto de empresas se presentó fuera de plazo. La Policía cree que la labor de Felipe González era aportar empresas pantalla a este tipo de concursos para darles apariencia de legalidad, cuando en realidad estaban amañados. Los agentes basan sus acusaciones en que un trabajador del empresario envió a un asesor de Urbanismo del Ayuntamiento las empresas a las que debía invitar al concurso.

El Ayuntamiento que dirigía Juan Soler, ahora senador y diputado autonómico del PP, habría agradecido después las gestiones del empresario. Según un informe policial incorporado a la causa, un asesor del alcalde preguntó a la concejal de Urbanismo en un email si tenía algún compromiso con González, porque podía enchufar a alguien en una empresa pública de la localidad.

Ese asesor era Miguel Garzón Andrés, hasta hace unas semanas asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Le fichó a principios de enero y tuvo que cesarle poco después, cuando el juez le imputó por su implicación en los amaños.

Durante su primera declaración, González admitió que en ocasiones había pedido favores al Ayuntamiento, pero los desligó de los amaños. Aseguró que era una práctica común: los políticos le pedían favores, y él pedía favores a los políticos. Ahora el juez le interrogará sobre estas nuevas revelaciones el 16 de marzo, cuando está citado a declarar de nuevo.

González es un empresario de la construcción con numerosos negocios en Getafe. Entre sus fuentes de ingresos se encuentra el alquiler de uno de sus edificios a la Comunidad de Madrid. Sirve como sede a los juzgados de lo penal número 4 y 5 de Getafe por 117.711 euros al año desde 2011, cuando se firmó el contrato con Francisco Granado al frente de la Consejería de Justicia.

Según el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, González y Granados mantenían una relación fluida. Unos meses antes de la detención de Granados en este caso, en octubre de 2014, Velasco argumentó la necesidad de pinchar sus teléfonos por la intensa actividad del exsenador y sus constantes reuniones con empresarios de todo tipo. En concreto, con González, de quien el juez alerta de que se trata de un empresario “vinculado a la promoción inmobiliaria”.

El caso Teatro nació tras la denuncia del activista Roberto Benítez. Ya están imputados varios concejales de la etapa de Soler, alguno actualmente en el cargo, además de asesores y empresarios. Todos están implicados, según la investigación, en el amaño de contratos para la construcción de un teatro municipal y para la remodelación del mercado de la localidad, entre otras obras.

El juez Javier Achaerandio sigue sumando imputados al caso Teatro. En una nueva providencia cita a declarar como investigadas a cinco personas por su relación con el amaño de contratos durante la etapa como alcalde de Getafe Juan Soler, entre los que está José Antonio Saénz Jiménez, exconcejal del PP imputado también en el caso Gürtel, y que esta semana saltó a los titulares por romper a llorar durante su declaración en el juicio.

En la providencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el titular del Juzgado número 4 de Getafe llama también a declarar a un exasesor del Ayuntamiento, a un empresario, a un técnico de contratación y a un trabajador de un hotel. El juez investiga la trama de amaños en favor de empresas de la localidad madrileña durante la alcaldía de Soler, ahora diputado de Cristina Cifuentes y senador por designación de la Asamblea de la Comunidad de Madrid.

Sáenz Jiménez desempeñó en Getafe el cargo de director de Promoción de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Tuvo que dimitir cuando en 2013 el juez Pablo Ruz le imputó en el caso Gürtel, acusado de haber beneficiado a una empresa pantalla de la trama con un contrato cuando era concejal de Pozuelo de Alarcón por el PP.

De hecho, ha tenido que declarar esta semana en el juicio de Gürtel, en el que se enfrenta a una pena de cárcel de algo más de dos años. Sáenz Jiménez ha acaparado titulares porque durante el interrogatorio de su abogada se derrumbó y se puso a llorar en la sala. No pudo seguir contestando a su defensa y el juez dio por terminado el interrogatorio.

En este caso, el exconcejal del PP declarará como imputado porque la Policía asegura que, desde su cargo en la EMVS de Getafe, pagó facturas falsas a cargos del Ayuntamiento.

Sáenz Jiménez se vino abajo cuando intentaba rememorar qué le había supuesto ser llamado a declarar como imputado en esa investigación, un trago por el que tendrá que volver a pasar el próximo 8 de febrero. Ese día también declarará ante el juez Rafael Llamazares, socio del estudio de arquitectura A-Cero, responsable del diseño de algunas de las casas más exclusivas de Madrid.

Según la investigación, A-Cero contaba con información privilegiada en algunos concursos de Getafe, llegando incluso a fijar el precio por el que se debían adjudicar. Los emails intervenidos por la Policía muestran que miembros del Ayuntamiento consultaban con esta empresa si les interesaba el proyecto antes de sacarlo a concurso.

El juez también ha citado a declarar a Álvaro Romero, que fue consejero de la concejalía de Hacienda durante la etapa de Soler, y a Ignacio Contreras, técnico municipal de contratación. El último imputado es Jorge López, trabajador de un Hotel Ada Palace. Este era el establecimiento que presuntamente usaban cargos del Ayuntamiento de Getafe para emitir las facturas falsas.

La lista de investigados del caso, que se inició tras la denuncia del activista Roberto Benítez, sigue así aumentando auto tras auto. Ya están imputados varios concejales de la etapa de Soler, y alguno actualmente en el cargo, además de asesores y empresarios. Todos están implicados, según la investigación, en el amaño de contratos para la construcción de un teatro municipal y para la remodelación del mercado de la localidad, entre otras obras.

La investigación ha obligado a Cristina Cifuentes a cesar a uno de sus asesores. Miguel Garzón Andrés llegó a su gabinete a principios de enero, y no ha terminado el mes en el cargo. Tuvo que abandonarlo tras su imputación en el caso por ofrecer prebendas a los empresarios que colaboraban con el Ayuntamiento.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha hecho efectiva la salida de Miguel Garzón, al que contrató como asesor el pasado 2 de enero. Fuentes cercanas al Gobierno de la Comunidad reconocieron hace solo unos días que el cargo de Garzón pendía de un hilo después de que un informe de la Brigada Provincial de Investigación Judicial de Madrid lo relacionara en la investigación sobre varios casos de corrupción en el Ayuntamiento de Getafe. 

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de este martes recoge que el 20 de enero Cifuentes firma el decreto para “cesar como Asesor Técnico del Gabinete de la Presidenta, a don Miguel Garzón Andrés con naturaleza de personal eventual”.

Garzón ha sido asesor y hombre de confianza de Juan Soler, el exalcalde de Getafe investigado por corrupción. El informe de la Policía recoge un correo electrónico de Garzón a María Paz Álvarez Sánchez-Arjona, quien fuera responsable de Urbanismo, y también imputada. En él, Garzón informa de que se iban a convocar plazas para la empresa pública de limpieza de Getafe (LYMA), y pregunta a la concejal de Urbanismo si tiene “compromisos de los de Felipe González o similar. Urge saberlo para incorporar”.

La Policía cree que “Felipe González” es el empresario de la construcción Francisco Felipe González Gervaso, y que de ese mensaje se deduce que esos compromisos son “prebendas del Ayuntamiento a cambio de favores realizados por este u otros empresarios, como por ejemplo proporcionar empresas pantalla para concursos públicos”.

El informe señala que en muchos de los emails analizados, y en los que se han encontrados indicios de amaño de contratos, aparece en copia Miguel Garzón, por lo que “era también conocedor de la tramitación irregular que se estaba llevando a cabo para construir dos escuelas infantiles y rehabilitar el antiguo mercado municipal”, según la Brigada Provincial de Investigación Judicial. 

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe ha llamado a declarar en calidad de investigado -la figura conocida como imputado- a Miguel Garzón Andrés, asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. El juez le imputa a él y a otros antiguos asesores del exalcalde de Getafe Juan Soler, además de a una concejal, por el amaño de contratos en la localidad madrileña.

Así consta en la providencia que ha dictado el juez Francisco Javier Achaerandio, que investiga el 'caso Teatro', a la que ha tenido acceso eldiario.es. El juez ha decidido llamar a declarar como investigados a otros nueve cargos y empresarios relacionados con los amaños, entre los que está la actual concejal del PP en Getafe María Inmaculada Concepción Lázaro Muñoz.

Según el medio local Elbercial.com, que ha adelantado la decisión del juez, Lázaro fue asesora de Soler cuando este era alcalde de Getafe. Tendrá que declarar el próximo 2 de febrero, el mismo día que lo hará Garzón.

Cifuentes fichó a Garzón como asesor el pasado 2 de enero. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó que se incorporaba como asesor técnico del gabinete de la presidenta regional. La Comunidad no concretó qué funciones iba a realizar y sólo dijo que haría el trabajo que se le encomendase en cada momento.

Garzón ha sido jefe de gabinete de Juan Soler, actual senador del PP, diputado regional en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Getafe. También fue gerente de la empresa pública GISA, investigada en varias causas.

La Policía ya había implicado a Garzón en los casos de amaños de contratos investigados en Getafe. Según un informe elaborado por la Brigada Provincial de Investigación Judicial, Garzón era conocedor de los amaños de contratos en la localidad y participó ofreciendo compensaciones a los empresarios.

El documento recoge un email de Garzón a María Paz Álvarez Sánchez-Arjona, concejal de Urbanismo de Getafe y también imputada. En él, Garzón informa de que se iban a convocar plazas para la empresa pública de limpieza de Getafe (LYMA), y pregunta a la concejal de Urbanismo si tiene “compromisos de los de Felipe González o similar. Urge saberlo para incorporar”.

La Policía cree que “Felipe González” es el empresario de la construcción Francisco Felipe González Gervaso, y que de ese email se deduce que esos compromisos son “prebendas del Ayuntamiento a cambio de favores realizados por este u otros empresarios, como por ejemplo proporcionar empresas pantalla para concursos públicos”.

De hecho, el juez ha decidido imputar también al empresario, que tendrá que declarar como investigado el próximo 27 de enero. También se imputa a Jorge Paumard, exconcejal de Obras Públicas.

En informe también incorpora una serie de emails entre varios asesores imputados, en los que se habla de una adjudicación de unas obras y de los que la Policía deduce que la empresa que ganó el concurso contó con información privilegiada. En esos correos aparece en copia el asesor de Cifuentes.

Fuentes de la Comunidad de Madrid han informado de que Garzón será cesado como asesor tras su imputación, y en aplicación del código ético que se pactó con Ciudadanos.

En el caso teatro, que nació de la denuncia de Roberto Benítez, presidente de la Asociación de vecinos del barrio de El Bercial de Getafe, hay ya imputados casi una treintena de cargos políticos y empresarios. Entre ellos, los exconcejales del PP Fernando Lázaro, Paz Álvarez, Pablo Martínez y Antonio José de Mesa. El caso investiga.

En esta última remesa de imputados está también Begoña Reyero, actual responsable de comunicación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Reyero era asesora en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Getafe.

Roberto Benítez, presidente de la Asociación de vecinos del barrio de El Bercial de Getafe y director de el medio local elbercial.com sigue con su cruzada personal para aportar información que sirva para denunciar los casos de corrupción de su pueblo.

En mayo de 2015, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe admitió a trámite la querella que ha dado lugar al caso Teatro, la concesión ilegal de las obras que convertirían el conocido como Teatro Madrid de la localidad madrileña en un moderno centro de artes escénicas, con la imputación de cuatro concejales y de otros 14 cargos técnicos y empresarios. La demanda ha abierto la investigación policial de más adjudicaciones y ha puesto contra la pared al exalcalde de Getafe, Juan Soler, que hoy es diputado de la Asamblea de Madrid y senador.  

Ahora, Benítez ha presentado la documentación en los juzgados del supuesto amaño en la remodelación del espacio cultural la Fábrica de Harinas. Además, se queja de la escasa colaboración del PSOE, ahora en la alcaldía, que no ha iniciado una comisión de investigación del caso Teatro. Aunque ha sufrido una campaña de difamación, Benítez insiste que seguirá con sus denuncias. 

¿Qué documentación va a aportar en el juicio sobre la remodelación del espacio cultural la Fábrica de Harinas de Getafe?  

En este caso, como en otros, hemos aportado que la empresa adjudicataria, Javier Fuster Arquitectos, empieza a trabajar antes de que se licite la adjudicación. Esta empresa compite con los proyectos de Hector Miguel León López y de Alberto García Sanz, cuando las tres empresas tienen tienen vínculos muy fuertes y trabajan conjuntamente desde 2008, lo que convierte en irregular el concurso. Fue un amaño con empresas concertadas. La licitación se concede en 2012 por 67.000 euros, cifra que coincide con los honorarios que Javier Fuster Arquitectos, previamente a la puesta en marcha del concurso, había remitido por correo a los responsables municipales. Es otra concesión irregular del periodo de Juan Soler en el Ayuntamiento.

¿Cuál era la implicación de Juan Soler en la adjudicación de las obras?

La policía ha aportado a la causa unos mensajes telefónicos en los que Juan Soler da la orden de borrar todos los correos electrónicos y los discos duros de algunos ordenadores del Ayuntamiento justo cuando pierde la alcaldía en las elecciones en 2015. Luego pondrá la excusa de que se trata de información política y por eso pide el borrado.

Hay una persona que no los borra, el asesor de Urbanismo Rudy Lamas, que asegura en su declaración que solo es un vaso comunicador, no tiene capacidad de decisión, y que todas las ordenes le vienen por Juan Soler y por Paz Álvarez, concejal de Urbanismo. Lamas tiene mensajes en los que Soler le da el visto bueno para conceder a la empresa del arquitecto Juan Torres las obras de dos colegios y el mercado de abastos de Getafe. 

Por otro lado, cuando la interventora del Ayuntamiento comienza a poner reparos en el proyecto de construcción del edificio de artes escénicas, Soler firma la encomienda para que la obra pase a la empresa pública Getafe Iniciativas SA (GISA), ya sin los controles del interventor del Ayuntamiento y para acelerar el proyecto, entre otras cosas.

¿Se ha destruido mucha documentación de las licitaciones de obras?

Sí, hay mucha documentación que se ha destruido, las plicas de las adjudicaciones desaparecieron con la excusa de que no eran las adjudicatarias y las normas internas de GISA permiten eliminar la documentación si las empresas no las reclaman. La suerte es que cuando la policía detiene al directivo de Vegas Arquitectura en su ordenador encuentran su presupuesto y las plicas de las otras empresas que se presentaron a la licitación.

Juan Soler ha negado siempre que se tratará de casos de corrupción.

Juan Soler siempre ha dicho que se trata de un errores administrativos, pero la adjudicación de la obra para la construcción del nuevo centro de artes escénicas -que inicia el caso Teatro- fue de más de 2,4 millones, previamente hubo un proyecto básico, de ejecución y otro de derrumbe, con lo que nos ponemos en casi 3 millones de euros. Además, a Dragados se le tiene que compensar con 460.000 euros por la paralización de la obra del edificio, más los intereses de demora de las certificaciones que se han ido haciendo y que no se ha pagado, porque no había dinero en las arcas públicas. Lo único que puede acabar con esta sangría es que el juez declare nulo el contrato. 

Hasta el momento hay seis contratos del Ayuntamiento que se están investigando. ¿Cree que puede haber más?

Sí. Hay, al menos dos contratos más. Tengo la documentación, que estoy preparando junto a mi abogado, pero tenemos que actuar con cautela porque son otro tipo de contratos, por lo que no sabemos si se puede interpretar como una causa separada.

Soler ha contratado al abogado Ignacio Peláez, que consiguió acabar con la carrera del juez Baltasar Garzón.

Juan Soler está tratando de presionar al juez para que deje de instruir la causa que le toca a él más directamente. Lo que busca es que su investigación vaya al Tribunal Supremo, así se lo ha hecho saber ya al juez por dos veces.

¿Por qué ha habido un cambio de posición del arquitecto municipal de Getafe?

Armando García es el arquitecto municipal que trabaja en los proyectos cuando en la operación policial se detiene a una de las técnicas, Gema Garrido. Le manda un mensaje en el que dice que está dolido y que esto no hubiera pasado si se hubiera denunciado antes. Posteriormente, presenta una denuncia de 18 páginas contra el que fuera concejal de Obras, Antonio José Mesa, en el que explica cómo se adjudica ilegalmente la construcción del teatro a Dragados, que se puntúa mucho más los juicios de valor que el precio de licitación, de hecho, Dragados es la empresa que presenta el presupuesto más caro.

Además, denuncia que se admitieron otros elementos de valoración en la adjudicación que no tienen nada que ver con la obra en sí, entre otras irregularidades. En definitiva, denuncia que en esta adjudicación se le ha hecho un guante a la mano de Dragados y que el proyecto de construcción está plagado de irregularidades.

¿Por qué no actuó antes?

El arquitecto municipal asegura que sufre acoso en el trabajo, de hecho lo trasladan del Negociado de Proyectos a la Delegación de Deportes cuando pone objeciones al contrato para la construcción del centro de artes escénicas. Curiosamente lo traslada el que es ahora secretario general del PP de Getafe, Ruben Maireles. Maireles no está imputado pero sí aparece en las direcciones de los correos electrónicos, en poder de la policía, en los que se habla de las adjudicaciones ilegales.

¿Y el resto de los funcionarios?

La mayoría de los trabajadores del Ayuntamiento son personal interino, su puesto de trabajo pende de un hilo del político de turno.

¿Por qué cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, mantiene su apoyo a Juan Soler?

Juan Soler es diputado de la Asamblea de Madrid, senador por la gracia de Cifuentes, ya que ocupa este puesto por designación autonómica, y sigue conservando su puesto como concejal portavoz del PP en el Ayuntamiento de Getafe. Me llamó la atención que Cristina Cifuentes viniese a presentar la gestora del PP a Getafe cuando el caso ya estaba en marcha, da idea de la fuerza y el peso que tiene en el partido.

¿Cómo interpreta la contratación de Miguel Garzón como asesor de Cifuentes?

Me parece muy extraño. Miguel Garzón fue el gerente de GISA mientras era jefe de gabinete de Juan Soler, alternaba las dos ocupaciones. Hay un correo en el que queda patente que Garzón utilizaba a las empresas publicas como agencias de colocación para colocar a personal de limpieza por compromisos con empresarios.

¿Ha dado algún paso el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Getafe además de anunciar que se persona en el caso? 

Me he sentido solo, los concejales del PSOE me decían que la querella no iría adelante. Ahora el Ayuntamiento se quiere personar en la causa a través de la empresa GISA. Podrían haber actuado con más celeridad. Hay incluso una providencia del juzgado en el que pide al Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, una documentación, y si no se la manda, que le dé explicaciones de por qué no la envía. Ni siquiera han puesto en marcha una comisión de investigación por el caso Teatro, algo realmente extraño porque la querella se admite en mayo de 2015 y Sara Hernández es alcaldesa desde junio.

¿Le ha puesto trabas la alcaldesa del PSOE, Sara Hernández, para que no siga investigando?

Un político me llegó a decir que era mejor no mirar al pasado. Pero hay más, soy presidente de la Asociación de Vecinos hace 10 años, he ido a decenas de reuniones en el Ayuntamiento, he formado parte de los consejos de los barrios, cuando se nos traslada información del Ayuntamiento se dirigen a mí por carta pero cuando mando un escrito pidiendo información de un expediente de contratación pública por el proyecto de derribo del teatro, ya con el Gobierno socialista, el gerente de GISA me contestó por carta diciendo que le mande una carta con membrete y sello de la asociación de vecinos y que justifique que soy presidente de la asociación de vecinos, pese a que tienen un registro de asociaciones que se renueva cada año. Todo bastante sorprendente.

Así están las cosas. Tanto el PSOE como el PP me vetaron para que acudiera a declarar en la comisión de investigación de Púnica, a petición de Ahora Getafe, con la excusa de que era un vecino y no tenia nada que aportar.

¿Ha recibido algún tipo de amenaza o presión?

Han aparecido publicaciones con mi nombre en las que se me difama y se me calumnia. Las han buzoneado por todo Getafe, una revista de 16 páginas a todo color, se han gastado mucho dinero. Le han hecho daño a mi familia. A mi mujer le dio un ictus cuando salió este panfleto por la presión que estaba sufriendo, ahora sigue de baja, pero no me voy a amilanar. En este caso los vecinos hemos quedado a años luz de los partidos políticos, porque los que tenían que actuar, los políticos, no lo han hecho.

Miguel Garzón Andrés es desde el pasado 2 de enero nuevo asesor del gabinete de Cristina Cifuentes. Ha sido nombrado para ese puesto después de haber sido asesor y hombre de confianza de Juan Soler, el exalcalde de Getafe investigado por corrupción. Un informe de esa investigación, elaborado por la Policía Nacional, apunta a que Garzón era conocedor de los amaños de contratos en la localidad que han acabado con la imputación de cuatro concejales y de otros 14 cargos técnicos y empresarios.

El informe, al que ha tenido acceso eldiario.es, está elaborado por la Brigada Provincial de Investigación Judicial de Madrid. Con fecha del pasado 16 de noviembre, este grupo de la Policía Nacional informa de sus avances en la investigación del 'caso Teatro' al Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe. Buena parte de la información que recopilan los agentes sale del ordenador de Rudy Lamas, exasesor de Urbanismo en el Ayuntamiento e imputado en la causa.

El documento recoge un email de Garzón a María Paz Álvarez Sánchez-Arjona, quien fuera responsable de Urbanismo, y también imputada. En él, Garzón informa de que se iban a convocar plazas para la empresa pública de limpieza de Getafe (LYMA), y pregunta a la concejal de Urbanismo si tiene “compromisos de los de Felipe González o similar. Urge saberlo para incorporar”.

La Policía cree que “Felipe González” es el empresario de la construcción Francisco Felipe González Gervaso, y que de ese email se deduce que esos compromisos son “prebendas del Ayuntamiento a cambio de favores realizados por este u otros empresarios, como por ejemplo proporcionar empresas pantalla para concursos públicos”.

El empresario ha sido investigado por los agentes por un correo que recibió del asesor de Urbanismo, en el que le enviaba el pliego de prescripciones técnicas y las cláusulas administrativas de un contrato negociado sin publicidad. Lamas pedía al empresario que le indicase con qué arquitecto debía hablar para enviarle la oferta, y un teléfono para ponerse en contacto con él.

Este y otros mails sirven a la Policía para afirmar que “queda acreditado el funcionamiento irregular” de la Concejalía de Urbanismo y de todo el Ayuntamiento de Getafe. Esta forma de proceder, dice la Policía Nacional, “era efectuada por altos cargos políticos, como concejales o consejeros, dirigiendo y encomendando estos trabajos o servicios a sus subordinados, los cuales acataban dichos encargos, aunque tuvieran conocimiento de su irregularidad”.

Era “conocedor de la tramitación irregular”

El informe señala que en muchos de los emails analizados, y en los que se han encontrados indicios de amaño de contratos, aparece en copia Garzón. Algunos de ellos son correos intercambiados entre Lamas y Javier Monsalve, socio del estudio de arquitectura A-cero, a quien la Policía acusa de tener “conocimiento anticipado de los concursos, eligiendo y descartando a su antojo e incluso poniendo el precio de alguno de ellos”.

Así, aunque el juez ha decidido no imputar por el momento a Garzón, este “era también conocedor de la tramitación irregular que se estaba llevando a cabo para construir dos escuelas infantiles y rehabilitar el antiguo mercado municipal”, según la Brigada Provincial de Investigación Judicial.

En uno de esos emails, con copia a Garzón, Lamas recuerda a Monsalve que han hablado por teléfono del “estado de la tramitación” de unas escuelas infantiles, y le reprocha que se haya puesto en contacto directamente con el alcalde para pedir más información sobre el concurso.

Otro de los correos que sirven a la Policía para implicar a Garzón fue enviado por Lamas a este y a Antonio José Mesa, concejal de Getafe también imputado en este caso. En él les informa a ambos de la tramitación de la reforma del mercado municipal.

Según cuenta Lamas a Garzón y Mesa, la concejalía de Urbanismo ofreció al estudio de arquitectura A-cero la remodelación del mercado antes de que esta obra saliese a concurso. Según el mail, Monsalve, socio de A-cero, estuvo en el mercado “sacando fotos” y quedó “en contestar si le interesaba el proyecto”. La empresa A-cero resultó adjudicataria de las obras, pero el proyecto se paralizó por un error en los pliegos.

Garzón aparece también en copia en otro correo que Mesa envía a Lamas. En él, Mesa les informa de que A-cero quiere saber cuál es el presupuesto del Ayuntamiento para la remodelación del mercado, para así “amoldarse en su proyecto”.

Según publicó el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado jueves, Garzón es desde el día 2 de enero “asesor técnico del Gabinete de la Presidenta, con naturaleza de personal eventual”. Desde la Comunidad de Madrid no han sabido especificar qué funciones va a prestar a Cifuentes en su nuevo cargo, y aseguran que los asesores de este tipo no tienen una tarea concreta, sino que se ocupan del trabajo que se les vaya encomendando.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha fichado como asesor a Miguel Garzón Andrés, quien fuera jefe de gabinete de Juan Soler, exalcalde de Getafe investigado por corrupción, y gerente de la empresa pública GISA, investigada por contratos irregulares y gastos sin justificar.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha recogido este jueves el nombramiento de Garzón, que será asesor técnico del Gabinete de la Presidenta, con naturaleza de personal eventual. Él mismo ha incluido ya su nuevo puesto en su página de Linkedin.

Garzón se incorpora como asesor de Cifuentes con un currículum que incluye haber sido jefe de gabinete de Juan Soler, actual senador del PP, diputado regional en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Getafe. Como su jefe de gabinete, desempeñó funciones de “coordinación de las concejalías del Ayuntamiento y seguimiento de los proyectos municipales”, según señala él mismo en su currículum online.

Soler está siendo investigado en el marco del 'caso Teatro' y la Policía le acusa de amañar contratos en favor de la empresa Vegas Arquitectura. Según el sumario, habría modificado el Plan General de Ordenación Urbana del municipio (PGOU) en 2013 para favorecer a la empresa Vegas Arquitectura, para que esta resultase adjudicataria de las obras del nuevo teatro de Getafe.

La Policía cree que estas irregularidades eran una práctica habitual y que se habrían repetido con la construcción de escuelas infantiles y la reforma del mercado de la localidad, entre otros proyectos.

Garzón desempeñó las funciones de hombre de confianza de Soler durante algo más de un año, de octubre de 2013 a diciembre de 2014, después de haber sido asesor de la Alcaldía desde las elecciones de 2011. Se presentó con el PP en el puesto 14 en la lista electoral y su partido ganó, pero él no consiguió asiento de concejal.

En esa lista también estaba Antonio José Mesa, a quien Garzón apoyó durante su campaña para presidir Nuevas Generaciones, durante la que rompió una foto de Luis Bárcenas para reafirmar su compromiso contra la corrupción. Ambos integraron la candidatura Ahora Juntos, que perdió contra la actual presidenta de la organización juvenil del PP, Ana Isabel Pérez.

Los dos se presentaron en la lista del PP de Getafe a las elecciones municipales de 2011. Mesa sí que acabó consiguiendo su acta de concejal en Getafe y ahora está imputado en el 'caso Teatro', acusado junto a otros tres concejales y asesores del Ayuntamiento de prevaricación administrativa.

Tras desempeñar los cargos de asesor y jefe de gabinete, Garzón fue designado en enero de 2015 gerente de Getafe Iniciativas S.A. (GISA). Según la Policía, Soler usó a esta empresa pública en 2012 para gestionar la adjudicación del teatro de Getafe y eludir así el control del Pleno del Ayuntamiento.

“Una maniobra para saltarse la fiscalización de la Intervención, la publicidad en las juntas de gobierno y por lo tanto no informar al resto de grupos políticos, evidenciando una forma de maniobrar cuanto menos irregular”, señala el sumario de la causa publicado por la Cadena SER.

GISA, una empresa bajo sospecha

De hecho, Garzón llegó a la gerencia de GISA tras la dimisión de María Luisa Gil Madrigal, que abandonó su cargo cercada por las investigaciones judiciales. Gil Madrigal está imputada junto a los concejales del 'caso Teatro' y la Fiscalía le acusa de prevaricación en otro caso.

GISA, que en teoría se dedica a “dinamizar la actividad económica y contribuir a la creación de empleo”, ha estado salpicada por multitud de escándalos. El PSOE, tras recuperar la alcaldía en 2015, detectó unos meses más tarde que la empresa tenía 500.000 euros en gastos sin justificar.

Hace unos meses, el PP admitió que pagó con dinero público la red de páginas web que promocionaban la imagen del alcalde de Getafe durante la pasada legislatura, hasta poco antes de que perdiera las elecciones de mayo de 2015, según había publicado eldiario.es. La empresa encargada de crear esas páginas web era IpGlobal, sociedad que al mismo tiempo era adjudicataria de contratos GISA.

Cuatro concejales del Partido Popular de Getafe han sido llamados a declarar como investigados por presuntas irregularidades en al menos seis contratos relacionados con el caso del Teatro de la Calle Madrid y otras obras del municipio. Según medios locales, también se ha citado a un técnico municipal y un antiguo asesor del Gobierno del ex alcalde de Getafe, Juan Soler, además de a varios empresarios y profesionales que, de alguna manera, están relacionados con los contratos investigados.

El exconcejal de Hacienda Fernando Lázaro, la exconcejala de Urbanismo Paz Álvarez, el exconcejal de Cultura Pablo Martínez; y Antonio José de Mesa, exconcejal de Obras, tendrán que responder ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Getafe. Las primeras declaraciones tendrán lugar el próximo 16 de enero y se irán desarrollando durante los días posteriores.

Los cuatro ediles, actualmente en la oposición, son imputados por su gestión durante la época de Juan Soler al frente del Consistorio de Getafe. El exacalde y actual diputado en la Asamblea de Madrid comenzó a ser investigado en mayo de 2015. Apenas cinco semanas después el juez instructor del caso perdió competencias para investigar formalmente a Soler al convertirse en aforado, cuando tomó posesión de su acta de diputado autonómico.

Uno de los concejales investigados, Antonio José de Mesa, también ostentó el cargo de jefe de Gabinete del Gobierno Municipal de Juan Soler. En 2013, cuando se presentaba como candidato a presidente de NNGG, lanzó un alegato contra la corrupción, rompiendo una foto del extesorero del PP Luis Bárcenas para reforzar su mensaje de repulsa. 

La actual alcaldesa de Getafe, Sara Hernández (PSOE), ha censurado la actuación de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en este caso. Es una vergüenza que el 60% de sus concejales en Getafe estén imputados o investigados. “Ahora es Cifuentes quien ha de tomar decisiones, y tienen motivos más que suficientes para hacer dimitir a Soler y al resto de concejales”, ha dicho. 

Antonio José Mesa participó en 2013 en un debate para elegir el nuevo presidente de Nuevas Generaciones (NNGG), supervisado por la expresidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre. Para reforzar su mensaje contra la corrupción, Mesa rompió una imagen del extesorero del partido, Luis Bárcenas.

“Sé que lo aborrecéis, como todos en nuestra organización, así que animo a acabar con cosas como ésta”, dijo el aspirante a responsable de NNGG, que también expresó su rechazo a “la mala praxis de la corrupción”. El momento exacto puede verse en este vídeo, a partir del minuto 7:20 de este vídeo.

Mesa no ganó aquellos comicios internos, pero no se desvinculó del PP. Su carrera dentro del partido le ha llevó a ser concejal del PP en Getafe durante el mandato de Juan Soler.

Ahora, la Policía le investiga a él y al resto de la corporación por la irregularidades en la construcción de un teatro y otras obras de la localidad. Mesa ha tenido que declarar como investigado antes los agentes de la Policía Nacional, que le acusan a él y a otros ediles de Getafe de posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias por su papel en la tramitación de varios contratos públicos, según publica la cadena SER.

Mesa se negó a declarar ante la Policía y dijo que quería hacerlo delante del juez instructor del 'caso Teatro', que investiga el trato de favor a empresas en la localidad madrileña.

La Policía Nacional asegura que el diputado regional y senador del PP Juan Soler participó en el amaño de contratos para la construcción de un teatro en Getafe, localidad de la que fue alcalde entre 2011 y 2015. Soler también habría intentado destruir la información de los ordenadores del Ayuntamiento cuando perdió las elecciones.

Según publica la cadena SER, las acusaciones contra Soler se dan en el marco de las investigaciones sobre los trámites administrativos para construir un “podría estar relacionado con la adjudicación irregular de estos contratos”, adjudicados a dedo a empresas que sabían de antemano que iban a ser adjudicatarias.

La Policía cree que Soler está implicado en esas irregularidades, aunque por el momento no le acusa de ningún delito. El exalcalde habría elegido a una empresa pública para pilotar el proceso, saltándose el control del Consistorio. Una maniobra “para saltarse la fiscalización de la Intervención, la publicidad en las juntas de gobierno y por lo tanto no informar al resto de grupos políticos”.

Según el sumario, Soler también habría modificado el Plan General de Ordenación Urbana del municipio para favorecer a la empresas Vegas Arquitectura, la adjudicataria del teatro. La policía cree que estas irregularidades eran una práctica habitual que se habría repetido con la construcción de escuelas infantiles y la reforma del mercado de la localidad, entre otros proyectos.

La cadena SER también publica que ese sumario recoge las conversaciones  en Whatsapp de Soler y miembros de su equipo municipal. En ellas, el exalcalde pedía que se borrase la información de los ordenadores del Ayuntamiento, un día antes de que la nueva alcaldesa del PSOE, Sara Hernández, tomase posesión.

El ahora diputado de Cristina Cifuentes pidió a sus colaboradores que borraran el historial completo de los ordenadores, y reclamaba a un miembro de su equipo que se asegurase de que todo el mundo seguía sus instrucciones.

En las conversaciones, los miembros del equipo de Soler van informando de que están borrando esa información, y alguno apunta a que deberían hacer lo mismo con los emails. El exalcalde le da la razón y pide que los borren.

El Partido Popular ha admitido que pagó con dinero público la red de páginas web que promocionaban la imagen del alcalde de Getafe durante la pasada legislatura, hasta poco antes de que perdiera las elecciones de mayo de 2015. Como publicó ayer eldiario.es, Juan Soler contaba con una red de webs zombis, de contenido casi idéntico, destinadas exclusivamente a promocionar su imagen en Internet y posicionar en los buscadores noticias positivas del hoy diputado autonómico y senador.

La empresa encargada de crear esas páginas web era IpGlobal, sociedad que al mismo tiempo era adjudicataria de contratos con la sociedad de capital 100% público Getafe Iniciativas S.A (GISA). Esta redacción intentó recabar del PP y del propio Soler las facturas del trabajo para la promoción del político, sin éxito.

Este martes, a través de una nota de prensa, el Partido Popular reconoce que la promoción de Soler era cargada a las arcas públicas. “El alcalde siempre es protagonista de las notas de prensa, de las presentaciones y de las inauguraciones y, por ello, consecuentemente, ese material informativo se utiliza en la promocion en la red. La empresa contratada a tal efecto desarrollaría el trabajo como considerara técnicamente, algo en lo que no tenía opinión directa la empresa GISA”, dice la nota.

Ese trabajo al que alude el PP consistiá en la creación, mantenimiento y posicionamiento de al menos siete páginas web que han podido ser localizadas, aunque después de la primera consulta al PP han desaparecido de la red. Las páginas que fueron localizadas son juansolertwitter.com, juansolersocial.com, juansolerflickr.com, juansolerespiauba.com, juansolerredessociales.com, juansolergetafe.com y juansolerfacebook.com.

Una foto de estudio, con Juan Soler sonriente, encabezaba las páginas web. La instantánea era acompañada, en todas ellas, de la siguiente frase entrecomillada: “De lo que estoy más orgulloso es de haber conseguido bajar los impuestos y aumentar las políticas sociales”. El contenido era casi idéntico en todas ellas. En su nota, el PP asegura que la información de eldiario.es es una “falsedad” y añade que “quiere confirmar la impecable gestión administrativa de toda su actividad al frente del Gobierno municipal”.

Las páginas web solo contenían noticias con Juan Soler como protagonista absoluto, sin que fueran apenas actualizadas. Fuentes municipales apuntan a que el fin de las páginas era, en realidad, posicionar en un lugar destacado a Juan Soler cuando se introducía su nombre en cualquier buscador. La predominancia de noticias sobre un actor argentino de telenovelas con el mismo nombre irritaba al alcalde, según esas mismas fuentes.

'Método Púnica'

Unos hechos similares son investigados por el juez de la Audiencia Nacional en el marco del caso Púnica. Se trata del pago con fondos públicos a Alejandro de Pedro, empresario informático que habría puesto a disposición de varios miembros del Ejecutivo regional, entre ellos el exvicepresidente Ignacio González o su número dos, Salvador Victoria, una red de diarios zombis, con la única misión de posicionar noticias positivas de los políticos en los buscadores y relegar otras negativas en enlaces de medios de auténticos medios de comunicación.

Un vecino de Getafe puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2015 la práctica de la trama Púnica importada al municipio del sur de Madrid por Juan Soler. Roberto Benítez, director del medio local elbercial.com, firma una querella que denuncia presuntas prácticas ilegales en la gestión del Gobierno municipal del Soler, incluida su promoción con cargo a las arcas públicas, según fuentes jurídicas. Benítez es también autor de la querella que ha motivado una investigación contra el exalcalde del PP y varios miembros de su gabinete por un presunto caso de corrupción relacionado con las obras del conocido como Teatro Madrid.

El PP llama “promoción municipal” a la red de web zombis para lucimiento personal de Juan Soler y añade que se trata de “una actividad habitual”. “El fin de la actividad de la empresa pública Getafe Iniciativas SA (GISA) es, en términos genéricos, promover el desarrollo local de Getafe, para lo cual se realizan funciones propias de una empresa de servicios”, dice la nota del PP.

Esta empresa municipal está en el epicentro del caso Teatro Madrid. Su exgerente, María Luisa Gil Madrigal, está imputada en el Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe y es una de las seis personas que fueron detenidas el pasado 8 de marzo en el marco de la citada investigación. También figuran como investigados los exconcejales de Hacienda y Urbanismo, Fernando Lázaro y Paz Álvarez, respectivamente. La actividad de Soler también es investigada, pero por su condición de aforado, el juez no cita al exalcalde en el auto en el que decretó el secreto de las actuaciones.

“De lo que estoy más orgulloso es de haber conseguido bajar los impuestos y aumentar las políticas sociales”. Con esta frase y la misma foto de Juan Soler sonriente como encabezamiento aparecían hasta hace unas semanas varias páginas web cuando se introducía el nombre del exalcalde de Getafe en cualquier buscador de Internet. Esas páginas, ahora desaparecidas, fueron creadas por la IpGlobal, la misma sociedad que cobraba del Ayuntamiento de Getafe para mejorar el posicionamiento de la empresa pública GISA cuando el Consistorio estaba en manos del Partido Popular.

eldiario.es ha tenido acceso a varias facturas que IpGlobal giraba a Getafe Iniciativas S.A (GISA) por distintos conceptos, entre ellos los necesarios para poner en marcha una web. Los albaranes están redactados de forma tan ambigüa que resulta imposible saber exactamente el concepto al que responden, si se trata del posicionamiento de GISA o pertenecen a la promoción personal del exalcalde. Consultada a este respecto, IpGlobal se ha negado a dar explicaciones escudándose en la “confidencialidad” de los trabajos que realiza.

En mayo de 2013, IpGlobal creó, al menos, juansolertwitter.com, juansolersocial.com, juansolerflickr.com, juansolerespiauba.com, juansolerredessociales.com, juansolergetafe.com y juansolerfacebook.com. Todas las que han podido ser consultadas antes de desaparecer mostraban un contenido casi idéntico: mismo encabezamiento, diseño y sucesión de noticias a mayor gloria de Juan Soler.

El 1 de abril de 2014, la misma empresa gallega que creó las webs firmó un contrato el Ayuntamiento de Getafe para la “realización de los servicios de posicionamiento de Getafe Iniciativas”. Las facturas en poder de eldiario.es, siete en total, ascienden a 847 euros mensuales cada una, IVA incluido. Dos de ellas tienen fecha de mayo de 2013, justo cuando se registran los dominios y las páginas web de promoción de Juan Soler. Fuentes municipales aseguran que podría haber muchas más facturas giradas a IpGlobal.

eldiario.es se puso en contacto con Juan Soler, quien remitió al gabinete de prensa del PP de Getafe. Un portavoz del partido no contestó a las preguntas sobre el origen de los fondos para pagar la promoción de Juan Soler en Internet ni atendió a la petición de las facturas que demostrasen que el dinero había salido del partido o del propio político, y no de las arcas municipales.

Un actor de telenovelas, su rival en la red

rivalLa profusión de sitios web con el nombre de Juan Soler posicionaba mejor al alcalde en Internet. Fuentes próximas al político del PP aseguran que le molestaba mucho que la búsqueda de su nombre devolviera referencias a un actor argentino que se llama igual, conocido sobre todo por su trabajo en telenovelas. El político del PP quedaba así relegado a un lugar secundario.

Juan Soler perdió las últimas elecciones municipales, pero su carrera política sigue adelante, ahora de la mano de Cifuentes. Exmilitante del aguirrismo -llegó a ser portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid-, ahora se muestra como un incondicional de la actual presidenta. A partir de junio pasó a estar aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al convertirse en diputado autonómico. Soler fue en el puesto décimo de la lista del PP en las pasadas elecciones autonómicas.

Cristina Cifuentes decidió que fuera senador por designación autonómica y su aforamiento pasó al Tribunal Supremo. De ahí que el juez Francisco Javier Achaerandio se viera obligado a evitar su nombre en el auto por el que decretó el secreto de las actuaciones en el caso conocido como del Teatro Madrid. Sin embargo, Soler es objeto de la investigación desde mayo de 2015, como acredita un informe policial incorporado a la causa cuyo contenido adelantó eldiario.es.

El contrato entre IpGlobal y GISA va firmado, de parte de la empresa pública, por su directora de entonces, Marisa Gil Madrigal. La colaboradora de Juan Soler está imputada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe en el caso de las obras del Teatro Madrid, que afecta también al antiguo regidor, hoy diputado autonómico y senador del PP por elección de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Esta causa investiga la adjudicación irregular de unas obras públicas a una empresa por parte de GISA, con el conocimiento e impulso del propio Soler.

El pasado 8 de marzo, Gil Madrigal fue detenida junto a otras cinco personas en el marco de ese caso. Procedente de la Comunidad de Madrid, su nombramiento al frente de GISA fue una decisión personal de Soler, con quien mantiene una relación de amistad. Marisa Gil Madrigal responderá ante los tribunales el próximo 31 de marzo por una demanda de un antiguo adjunto en la Gerencia de GISA por intromisión en el derecho al honor y daños morales, según fuentes jurídicas.

Las páginas que IpGlobal confeccionó para Juan Soler recuerdan al caso de los diarios zombis que la trama Púnica puso al servicio de destacados dirigentes del PP y de la Comunidad de Madrid y que, presuntamente, fueron pagados con dinero público. Como en el caso de Juan Soler, se trataba de publicaciones desconocidas, a las que nadie acudía. Sin embargo, cuando un usuario introducía el nombre de Ignacio González, Salvador Victoria o Lucía Figar, la página que se abría ante él se inundaba de enlaces a estas publicaciones con loas a los políticos mencionados y relegaba a posiciones menos visibles otras noticias negativas.

Como ejemplo, juansolersocial.com, que mostraba el encabezamiento con el que arranca esta información y debajo ofrecía cuatro links: “Juan Soler en la recepeción oficial de los niños saharauis que pasan sus vacaciones en Getafe”; “Juan Soler en su visita a las obras de la Escuela de Idiomas de Getafe”; “Juan Soler posa junto a un policía local en San Juan, día del patrono de la policía”; y “El alcalde Juan Soler, durante los cursos para mayores del hospital San José”.

Las páginas de noticias positivas sobre Juan Soler dejaron de ser actualizadas hacia marzo de 2015, cerca de la campaña electoral, pero se han podido consultar hasta hace escasas semanas. Cuando se consultó a las partes afectadas, las páginas ya habían sido borradas.