La jueza de Instrucción que ha archivado la investigación por la muerte de Haitam durante una intervención policial justifica su decisión en que no hubiera fallecido de no haber consumido drogas.

“Los actos realizados por los agentes de Policía Nacional no han tenido relación causa efecto” con la muerte, según la jueza, que minimiza el efecto de las descargas táser porque “no causan daños más allá de la inmovilización neuromuscular y dolor”, califica las lesiones de leves y no entra a valorar los efectos de la sujeción con presión a nivel de cuello y tórax descrita en el informe forense aportado por la familia. El auto concluye que la “reacción adversa a las drogas” es la “acción causal” de la muerte y que en ella “no intervienen terceras personas”.

La jueza María José Alcázar archivó provisionalmente la causa el pasado 10 de febrero, y tras recibir el informe de autopsia del Instituto de Medicina Legal (IML), desestimó el recurso de la familia, que ahora ha anunciado que apelará.

El auto que confirma el archivo, al que este medio ha tenido acceso, se sostiene en la preeminencia del informe suscrito por dos forenses del IML sobre el informe aportado por la familia y firmado por el doctor Aitor Curiel, Médico Especialista en Medicina Legal y Forense y presidente de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense.

El del IML dice que la muerte tiene su origen en el consumo de drogas que le produjo un “delirio agitado sobre la base de un corazón patológico”, en lo que se basa la jueza para decir que no hubiera muerto sin drogas. El de la familia dice que no hubiera muerto “de no haberse producido los politraumatismos moderados, presión, sujeción, inmovilización, utilización de irritantes y descargas eléctricas prolongadas y reiterativas”.

La jueza descarta que las dos hipótesis pueden ser ciertas al mismo tiempo, concluyendo que la influencia de las drogas excluye la necesidad de investigar el comportamiento policial.

“Reacción adversa”

El auto recoge que la causa de la muerte es “una reacción adversa” al consumo de drogas. Las pruebas toxicológicas realizadas en Sevilla hallaron rastro de cocaína (0,15 mg/l), MDA (0,03 mg/l), cannabis y ketamina (0,07 mg/l) en sangre. La autopsia sólo analiza la concentración de cocaína, para detallar expresamente que es inferior a las concentraciones letales aunque se encuentra “frecuentemente” en “sujetos fallecidos consumidores de cocaína”. Es la única sustancia de la que se concluye que su consumo fue reciente, ya que se encontraron restos sin metabolizar.

La jueza esgrime este informe, que considera más completo que el particular por contener análisis de orina y sangre, para archivar. Además, asegura que ha analizado los vídeos, de los que extrae que la actitud errática y delirante de Haitam reflejaba “tal grado de excitación” que influyó en su muerte y, junto con los análisis, le permite concluir que la muerte “ha traído causa en el consumo de tóxicos”.

La familia de Haitam dispone de un contrainforme, también elaborado por el doctor Curiel, que rebate las conclusiones del informe oficial. Según este nuevo informe, los niveles de sustancias (ketamina, cannabis, MDMA y cocaína) detectados en sangre están dentro de los rangos de consumo recreativo y en fase metabólica avanzada, de modo que no habrían sido consumidas en los momentos inmediatamente anteriores.

“No existe evidencia analítica que sustente una dosis letal o una sobredosis por toxicidad química directa”, señala Curiel, quien advierte además de que, por el intervalo transcurrido entre la muerte y la muestra, y el tejido de donde se extrajeron, las concentraciones recogidas por el IML podrían estar artificialmente elevadas. Según el forense, la probable tolerancia desarrollada por el consumo habitual hace aún más improbable que esas dosis desencadenaran el “desenlace fatal súbito”.

“No es científicamente riguroso atribuir el fallecimiento, con un alto grado de probabilidad, al consumo de estupefacientes realizado en las horas previas”, señala Aitor Curiel, quien concluye que “en ausencia de dosis letales en sangre, la actuación policial se alza como el elemento más claro, objetivo y compatible con la causa que desencadenó el fallecimiento, superando cualquier riesgo derivado del consumo recreativo previo”.

Las táser “no causan daños”, según el auto

A diferencia de la autopsia oficial, que sólo recoge dos descargas, la jueza señala que en los vídeos oye seis detonaciones, dos de ellas después de que un agente diga “engrilletado”. Este medio contó entre siete y once (hay algunas que no se distingue si son una prolongada o dos). La familia asegura que los registros de las pistolas recogen doce (once en la fase crítica) que suman 18,85 segundos de descargas.

La jueza les resta importancia. Asegura que inmovilizan y causan dolor, pero “no duran más de cinco segundos” y “no causan daños más allá de la inmovilización neuromuscular”. El protocolo de uso de la Policía Nacional aprobado en 2021 dice: “6. Normas básicas de seguridad. Vista la capacidad lesiva del inmovilizador eléctrico se deben extremar las medidas de seguridad así como la diligencia en su manipulación y utilización, con la finalidad de evitar que el propio personal policial o terceras personas puedan resultar afectados por un uso indebido del mismo”. Ese artículo añade que “en cualquier contexto” en que se use “se deben observar las precauciones y normas de seguridad requeridas para cualquier arma de fuego”. El protocolo también exige que se use como último recurso para evitar una agresión o contra alguien que, mostrando “resistencia activa”, ponga en riesgo a los policías.

La jueza no aceptó la petición de la familia de Haitam de pedir que se incorpore el protocolo de uso a las diligencias.

Axon, la fabricante de la táser, advierte de que seguir sus instrucciones “reduce” el “riesgo de muerte o lesiones graves” y desaconseja su uso contra personas bajo los efectos de las drogas o bajo “delirio agitado”, porque su uso en “individuos particularmente susceptibles” puede aumentar el “riesgo de muerte o lesión importante”. Haitam dijo a los agentes de que había consumido drogas. Axon también recomienda acortar las descargas, minimizar su número y evitar descargas simultáneas. En los vídeos, los agentes dicen: “Métele más táser” o “¿Le doy yo?”.

Varias de las descargas sobre Haitam fueron en aplicación directa, un modo de uso cuya prohibición ha pedido el Comité contra la Tortura de la ONU. Axon pide “evitar el uso repetido de descargas de aplicación directa [drive-stuns o aturdimiento] en individuos que no obedezcan”.

La familia pide la reapertura

La familia ha aportado el nuevo informe pidiendo la reapertura del caso, y apelará el archivo. “Iremos a la Audiencia Provincial, al Tribunal Supremo y hasta Europa si hace falta”, aseguró a este periódico el hermano de Haitam, que no se explica cómo se archiva la investigación sin ni siquiera tomar declaración a los agentes que participaron en la intervención: “Sólo pido que un juez valore si es justo que no se investiguen estos hechos”.

Amnistía Internacional ha recordado que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de DDHH establece la “obligación absoluta” de llevar a cabo una investigación “rápida, exhaustiva e independiente” ante una muerte bajo control policial, lo que a su juicio no habría ocurrido. La organización, que ha denunciado el uso del táser en el pasado, ha abierto ahora una campaña de firmas para pedir una investigación profunda de la muerte de Haitam y la revisión del protocolo de uso de estas armas.

La familia de Haitam Mejri, fallecido en un locutorio de Torremolinos durante una intervención policial, asegura que recurrirá el archivo de la causa. “Por mucho que quieran dilatar esto, no nos vamos a cansar. Iremos a la Audiencia Provincial, al Tribunal Supremo y hasta Europa si hace falta”, anticipa su hermano Nasser, que ya preveía que la jueza achacaría la muerte al “delirio agitado” de Haitam, causante a su vez de un fallo cardiaco que le produjo la muerte súbita. “Lo que me sorprende es que después de tantas pruebas y datos hayan preferido encubrir esta locura”, señala Nasser, que ha ejercido de portavoz familiar desde la muerte de su hermano.

La decisión de la jueza de instrucción abre ahora la puerta a que una instancia superior valore si hay algún delito en la actuación policial. “Sólo pido que el próximo juez que lea el recurso mire las pruebas; que no me crea a mí o a nadie, sino que vea los hechos y juzgue si es justo que no se investigue esta causa, sin tomar siquiera declaración a los policías”, proclama Nasser, que ve en el archivo elementos de prevaricación judicial que se sumaría a los presuntos delitos de lesiones, torturas, homicidio, omisión del deber de socorro o falsificación documental que observa en los vídeos: “La jueza no ha querido investigar nada. Seguimos teniendo esperanza en que se haga justicia, pero lo que nos ha tocado dejan mucho que desear y se delatan con sus hechos”.

Los abogados de la familia ya presentaron ante el Consejo del Poder Judicial una queja contra la jueza, por entender que ha entorpecido su derecho a la tutela judicial efectiva denegándoles la práctica de diligencias y limitando su derecho a recurrir.

Reacción de partidos, ONG y sindicatos policiales

El archivo de la causa por la jueza provocó este jueves la reacción crítica de partidos de izquierda y entidades de derechos humanos y la celebración de sindicatos policiales.

“Esto no es hacer justicia: es dar portazo a la verdad. El archivo es un insulto y provoca profunda tristeza por Haitam y por su familia. Vergüenza de actuación judicial. Espero que el recurso prospere y se haga justicia”, escribió Toni Valero, uno de los diputados de IU que ha interpelado al Gobierno por este asunto.

“Sin una justicia plegada al racismo y al mantenimiento de los privilegios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no se entendería esta impunidad insoportable. Nadie con un mínimo de honradez que haya escuchado los audios de la policía puede archivar este caso”, posteó Ione Belarra, secretaria general de Podemos.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) exigió la reapertura del caso, depuración de responsabilidades penales, transparencia y revisión del uso de las táser.

“La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece claramente una obligación del Estado investigar muertes en contextos de actuaciones policiales”, advierte Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, que cita algunos elementos del caso: el uso de táser a una persona bajo los efectos de las drogas o con delirio agitado [el fabricante desaconseja su uso en esos casos] mediante aplicación directa, “que es más doloroso y puede suponer tortura”, el uso de spray estando inmovilizado... “Hay una discusión sobre la relación causal entre estos elementos de la actuación policial y la muerte de una persona que en ningún momento supuso una amenaza vital para los agentes u otras personas. Es una obligación del Estado investigarlo con todos los estándares internacionales en la mano”, señala Canales a elDiario.es.

En un hilo en X, Amnistía Internacional califica de “inaceptable” el archivo basado únicamente en la autopsia.

Defensa “sin matices” de los sindicatos policiales

En cambio, los sindicatos policiales han celebrado el archivo. “Nadie quería ese resultado y dimos en directo el pésame a sus familiares. Ahora bien, nada justifica el acoso que han recibido mis compañeros desde el primer día y espero que esto pare”, señaló Laura García, portavoz de Jupol, que antes había posteado: “Espero que salgan a pedir disculpas todos los que apuntaron a los #policias como autores de su muerte. Pero esperaré sentada porque no lo harán”.

“Hoy no pedimos aplausos. Pedimos memoria. Y, sobre todo, lo que queremos es que esto sirva para recordar cuál debe ser siempre la razón de ser de los sindicatos policiales: defender a los policías, sin matices y desde el primer instante”, señala Unión Federal de Policías.

Algunos de estos sindicatos difundieron durante días versiones apócrifas que achacaban al fallecido intenciones delictivas. El 10 de diciembre, tres días después de la muerte, Jupol tuiteó: “Todo nuestro apoyo a los compañeros que intervinieron en #Torremolinos ante un sujeto muy agresivo que les recibió al grito de Alá es grande esgrimiendo unas tijeras”.

Los vídeos que muestran la intervención completa (3 horas y 40 minutos) no muestran que les recibiera al grito de “Alá es grande” (sí les dijo que iba a rezar, justo después de decirles “voy a colaborar con vosotros”) ni que “esgrimiera unas tijeras”: no se observa ninguna amenaza y sí que lleva unas tijeras escolares que suelta cuando se lo dicen. Jupol no ha retirado su post.

La jueza sólo apunta al consumo de droga

Tras cinco meses de instrucción en los que ha recabado los vídeos y los informes de autopsia, pero no ha tomado declaración ni a los agentes ni a posibles testigos de los hechos, la jueza María José Alcázar ha concluido que la muerte del hombre se debió únicamente a que el consumo de cocaína le causó un cuadro de “delirio agitado” que le produjo la muerte súbita por una parada cardiorrespiratoria, y que la intervención policial no merece ningún reproche penal.

La jueza sustenta el archivo en el informe oficial de autopsia, que concluye que la muerte de Haitam tiene como “causa inmediata” la “reacción adversa por consumo de sustancias tóxicas” y como “causa fundamental” el “delirio agitado sobre la base de un corazón patológico”. La autopsia oficial rebaja a 19 las 86 lesiones documentadas en el informe encargado por la familia al doctor Aitor Curiel.

La autopsia del IML también reduce las entre siete y once descargas táser que se cuentan en los vídeos a sólo dos, en pierna y hombro. “Hasta ahora sólo teníamos el documento que registra el uso del primer táser, que marcaba que se había utilizado cuatro veces. Ahora tenemos también la del segundo, que marca que se ha usado ocho veces. Son once descargas en la franja crítica con 18,85 segundos acumulados de corriente”, señala su hermano. “Métele más táser”, insiste un agente durante la intervención.

Los forenses han encontrado 0,15 mg/l de cocaína y trazas muy inferiores de ketamina, MDMA y cannabis. Señalan que es inferior a las concentraciones letales, pero la sitúan como causa exclusiva del fallo cardiaco, con la intermediación del “delirio agitado”, un cuadro no reconocido por la OMS y cuyo uso habitual en contextos de muertes en inmovilizaciones policiales han denunciado algunas entidades de derechos humanos.

Los vídeos de la intervención policial

Haitam, que tenía 35 años, falleció el pasado 7 de diciembre durante una intervención de seis agentes de policía que le aplicaron entre siete y once descargas táser de entre 1.000 y 2.000 voltios (todas menos una cuando ya estaba en el suelo y tres de ellas cuando ya estaba engrilletado), le golpearon en la cabeza, le rociaron gas pimienta y le presionaron piernas y tórax para inmovilizarlo durante varios minutos, según se observa en los vídeos. Cuando los sanitarios que trataban de reanimarlo preguntaron qué había pasado, no les dijeron que le habían aplicado la táser.

Haitam había entrado buscando un cargador de móvil, muy agitado y bajo los efectos de las drogas. Forcejeó con el dueño del local, que dio el aviso por un presunto intento de robo, que en realidad no era tal, a tenor de lo que se ve en las imágenes: no cogió dinero de la caja registradora abierta, sino que se limitó a buscar el cargador. No portaba ningún objeto peligroso ni amenazó a los agentes, y sí les dijo en reiteradas ocasiones que iba a colaborar, ofreciendo su mano para que lo engrilletaran.

La intervención policial quedó registrada en cuatro vídeos (dos del local y dos de las cámaras asociadas a la táser) que la jueza incorporó a la causa. Su hermano Nasser subraya que las imágenes muestran una evidencia. “Puedo comprar la subjetividad en la causa de la muerte, aunque cualquiera con dos dedos de frente ve lo que hay y sabe a qué se debe. Pero la falsificación documental [en el atestado] y la desproporción usando táser cuando mi hermano estaba reducido son cosas objetivas que no se pueden refutar”.

El informe definitivo de autopsia de Haitam Mejri, elaborado por el Instituto de Medicina Legal, concluye que el hombre, que el pasado 7 de diciembre fue reducido en Torremolinos por seis agentes de policía que le aplicaron entre siete y once descargas eléctricas (según se observa en los vídeos), gas irritante, golpes y presión continuada en tronco y piernas, murió como consecuencia del “síndrome de delirio agitado”, que se habría producido como “reacción adversa” al consumo de drogas, fundamentalmente cocaína, agravada por las patologías cardiacas que padecía Haitam, de 35 años.

La familia Mejri dispone de otro informe, encargado por ellos al doctor Aitor Curiel, que documenta 86 lesiones (entre ellas, las producidas por al menos siete descargas táser de entre 1.000 y 2.000 voltios y una gran herida contusa en la cabeza) y concluye que no habría muerto “en ese momento ni en esa forma” de no haberse producido esa intervención policial.

El síndrome de delirio agitado se describe como un estado de agitación extrema que puede desembocar en muerte súbita. Suele asociarse al fallecimiento bajo custodia policial de personas que han consumido drogas y son inmovilizadas, y es cuestionado por algunas entidades de derechos humanos porque puede enmascarar situaciones de abuso y muertes por asfixia.

Sólo encuentra dos descargas táser

El informe del Instituto de Medicina Legal (IML) llega cinco meses después de la muerte de Haitam, una vez que se han incorporado los análisis del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La muerte de Haitam es “de origen violento” y tiene como “causa inmediata” la “reacción adversa por consumo de sustancias tóxicas” y como “causa fundamental” el “delirio agitado sobre la base de un corazón patológico”, según sostiene el IML, adelantado por Sur y al que este medio ha tenido acceso.

El informe no atribuye a las descargas de táser, las maniobras de sujeción o los golpes que le propinaron los agentes ningún peso en el fallecimiento. Reduce las 86 lesiones documentadas por el doctor Aitor Curiel a sólo 19, ninguna de las cuales supueso riesgo vital y todas “compatibles con mecanismos de compresión y rozamiento probablemente producidas por las maniobras de reducción”.

De las siete descargas que recoge el informe de parte, o las once que cuenta la familia al ver los vídeos, sólo recoge dos, en pierna y hombro. Son las dos que ya consignó la forense que acudió al levantamiento del cadáver, siguiendo lo que le dijeron los agentes.

La conclusión de los dos forenses que lo firman es que Haitam sufrió un “cuadro de delirio agitado”, un síndrome caracterizado por una “alteración aguda del estado mental” junto con “agitación psicomotora extrema, hiperactividad autonómica y pérdida del control conductual”, que puede agraverse por las drogas y “evolucionar rápidamente a muerte súbita”, según el informe.

Un “lugar común” para muertes bajo custodia policial

Se trata de un síndrome controvertido. No está reconocido en el DSM-5 (el manual de referencia en psiquiatría) o por la OMS, pero en los últimos años se ha extendido para explicar muertes durante intervenciones policiales que incluyen la inmovilización mecánica del sujeto.

Algunos especialistas ven en él un cuadro no suficientemente descrito por la literatura científica y sin consenso y que puede servir para atribuir a una causa endógena muertes que, de no mediar la intervención, no se habrían producido. Así lo destaca un informe de Physicians for Human Rights, una ONG internacional de derechos humanos vinculada al ámbito sanitario, que en 2022 concluyó que es un diagnóstico sin fundamento y un “lugar común” para explicar muertes bajo custodia policial en Estados Unidos.

En 2023, el Gobernador del Estado de California modificó la ley procesal para prohibir el reconocimiento del “delirio agitado” como “diagnóstico médico válido o causa de muerte” en los certificados de fallecimiento.

En España, el concepto se importa desde Estados Unidos hace relativamente poco. Un trabajo publicado en la Revista de la Escuela de Medicina Legal en 2009 recopila la literatura científica publicada hasta ese momento: “El estrés producido por la percepción personal de peligro o amenaza a la vida produce un mecanismo de lucha o huida que conduce a un paro cardíaco”. De esta forma, la agitación produce una estimulación del sistema nervioso simpático y una “disminución brusca” de los niveles de potasio tras el cese del forcejeo junto con un incremento en los niveles de catecolaminas que, agravado por el uso de drogas o medicación, o una enfermedad previa, pueden explicar la muerte. Otro estudio de 2010 imputó ocho muertes a este síndrome en Andalucía en el periodo 2003-2009. Ambos estudios están liderados por Fernando Martín Cazorla, autor también de un libro sobre la materia y forense del IML en Málaga, quien no es autor del informe de Haitam.

Mencionado en la respuesta del Gobierno

La forense que acudió al levantamiento del cadáver ya hizo constar que la posible causa de la muerte era “delirio agitado/RADA [acrónimo de Reacción Agónica de Defensa Activa]”. Una de las características de este presunto síndrome es la hipertermia, y el cuerpo de Haitam estaba a 39,6 grados.

El Gobierno también abrió la puerta del delirio agitado en la respuesta parlamentaria que dio a dos diputados de IU, mes y medio antes de que elaborara el informe de autopsia, y a pesar de que la pregunta de los dos diputados no se mencionaba tal síndrome.

El informe del IML se apoya en las pruebas toxicológicas realizadas en Sevilla, que hallaron rastro de cocaína (0,15 mg/l), MDA (0,03 mg/l), cannabis y ketamina (0,07 mg/l) en sangre. El informe sólo analiza la concentración de cocaína, la más alta, y señala que es inferior a las concentraciones letales aunque se encuentra “frecuentemente” en “sujetos fallecidos consumidores de cocaína”. Es la única sustancia de la que se concluye que su consumo fue reciente, ya que se encontraron restos sin metabolizar. El propio Haitam advirtió a los agentes de que había consumido drogas.

El informe del IML también ha hallado varias patologías cardiacas asociadas al consumo de cocaína que habrían influido en la muerte. La familia asegura que en su historial clínico no hay ningún antecedente de estas patologías, y que el único órgano que su perito no ha podido examinar es el corazón.

Archivo provisional hasta recibir este informe

La titular del juzgado de instrucción 1 de Torremolinos archivó provisionalmente la investigación de la muerte de Haitam el pasado febrero, condicionando su reapertura a las conclusiones de este informe. La decisión fue recurrida por la familia, que cree que la actuación policial que se observa en los vídeos grabados por las cámaras del local y las asociadas a las dos pistolas táser usadas por los agentes justifica la investigación por presuntos delitos de lesiones, omisión del deber de socorro, homicidio o incluso asesinato, y cree que hay diligencias que deberían practicarse con independencia de las conclusiones de la autopsia. La familia ha elevado una queja al Consejo del Poder Judicial.

El pasado 7 de diciembre, Haitam irrumpió muy alterado en un locutorio de Torremolinos. Buscaba un cargador para su móvil, y tras forcejear con el dueño, que huyó, desencajó la mampara del mostrador y comenzó a revolverlo todo. Mientras, el dueño llamaba al 112, que dio aviso a la Policía, que envío a una patrulla Zeta (dos agentes) al local con el aviso de un posible robo.

Tal y como desvelaron los vídeos publicados en exclusiva por elDiario.es, el primer agente entró con la táser desenfundada y durante un par de minutos mantuvo con él una conversación en la que Haitam insistió en que quería colaborar y que su única intención era cargar el móvil. Haitam no portaba ningún elemento peligroso (durante unos segundos tuvo unas tijeras escolares que soltó cuando se lo pidieron) ni amenazó a los agentes o les fue hostil.

Cuando fue a darles la mano para que lo engrilletaran se le resbaló el móvil, y al intentar recogerlo se le abalanzaron para sujetarlo, comenzando entonces una intervención de seis policías en la que le dispararon dos táser entre siete y once veces, le golpearon en la cara, le rociaron la boca con spray pimienta y le inmovilizaron colocándose sobre sus piernas y tórax, mientras se animaban a darle “más táser” y él pedía que pararan y advertía de la existencia de cámaras. Con los minutos se fue apagando y murió.

El cuerpo de Haitam Mejri, fallecido durante una intervención policial en Torremolinos (Málaga) el pasado 7 de diciembre, presentaba “un número total de 86 lesiones externas objetivables”, incluyendo traumatismos “de alta energía”, compresión cervical y descargas eléctricas en torso y flancos. Así se recoge en un informe del doctor Aitor Curiel, médico especialista en Medicina Legal y Forense, elaborado a petición de la familia, que recoge los signos visibles por todo el cuerpo: Haitam recibió golpes o descargas en brazos, piernas, cabeza y tronco, según ese documento.  

El objetivo del informe es determinar la cuantía, distribución y naturaleza de los daños sufridos por Haitam aquella tarde. El documento describe minuciosamente los traumatismos y lesiones que el perito observó en el cadáver cuando tuvo autorización para examinarlo. Amplía de esta forma el primer examen, en el que el perito ya concluía que Haitam murió por una “parada cardiorrespiratoria secundaria a una insuficiencia cardiorrespiratoria como consecuencia de un politraumatismo con sujeción, inmovilización y presión elevada a nivel de cuello tórax y las cuatro extremidades, con utilización de irritantes y múltiples descargas eléctricas con táser prolongadas y reiterativas”.

Aunque padecía una “patología cardiaca previa no mortal a corto plazo”, el doctor ya era claro en aquella primera evaluación: Haitam “no hubiera fallecido en ese momento ni en esa forma de no haberse producido los politraumatismos moderados, presión, sujeción, inmovilización, utilización de irritantes y descargas eléctricas prolongadas y reiterativas”.

14 quemaduras que encajan con “al menos siete disparos o aplicaciones”

Ahora, la ampliación entra en detalles para intentar casar el estado en que quedó el cadáver con lo que se observa en los vídeos de la intervención policial (dos de las cámaras interiores del local y dos de las cámaras asociadas a las pistolas táser).

El cuerpo de Haitam, dice el especialista, tenía 86 “lesiones externas objetivables”: diez en cabeza y cuello, 12 en torso y flancos, 29 en extremidades superiores (16 en el miembro derecho y 13 en el izquierdo); y 35 en extremidades inferiores.

El informe describe las lesiones por el uso de la táser, reflejado en varias quemaduras de segundo grado: el cuerpo presentaba 14 lesiones cutáneas que encajarían con “al menos siete disparos o aplicaciones” en cuatro zonas distintas: clavícula izquierda, brazo izquierdo, región lumbar derecha y dorsal baja derecha. El Gobierno respondió por escrito a dos diputados que las descargas sólo se produjeron en hombro y pierna.

El perito observa que recibió tanto descargas directas (sobre la piel) como disparos por sonda. “Debido a la configuración de estas improntas —que incluyen tanto escaras necróticas por impacto de sondas como quemaduras circulares por contacto directo (drive-stun)—, el hallazgo es consistente con la ejecución de al menos 7 disparos o aplicaciones del dispositivo sobre la economía corporal del sujeto”. Algunos de los disparos se realizan sobre el mismo lugar. Axon, fabricante de las táser, recomienda acortar las descargas y minimizar su número, así como evitar descargas simultáneas.

Además de dispararle, los seis agentes que intervinieron golpearon al hombre, le aplicaron gas irritante y le presionaron en diferentes zonas. Entre otras, Haitam tenía una lesión contusa en la cabeza “de gran amplitud que afecta a la región frontal”, alargada e irregular. Sus características “sugieren” una “transmisión de energía cinética de gran intensidad”. En los vídeos se observa a un agente que golpea a Haitam en la cabeza usando un cartel metálico. El especialista señala que el golpe pudo ser de tal fuerza que causara una “depresión” de la pared anterior del seno frontal.

También registra una lesión en el cuello “compatible con maniobras de contención y compresión extrínseca cervical”, por ejemplo un “mataleón”, y una marca que sugiere “lesión por pisada o aplastamiento” en la nuca y dorsal superior. Según se observa en los vídeos, un agente aseguró a los servicios médicos que “en ningún momento” le habían presionado sobre tórax o cuello.

La mayor parte de las lesiones se acumulan sobre el brazo derecho y las dos piernas, especialmente en los tobillos, sobre los que los agentes estuvieron de pie alrededor de 15 minutos con el fin de mantenerlo inmóvil.

“Correlación” entre las lesiones y los vídeos

Curiel resalta que “existe una correlación topográfica entre las lesiones objetivadas y los vídeos visionados” y que todas se produjeron cerca de la hora del deceso: “Todas las lesiones presentan signos de vitalidad (intra-vitam), con respuestas inflamatorias activas que indican su producción en un lapso temporal cercano al fallecimiento”.

A la vista de lo anterior, Curiel concluye que “el mecanismo causal es multitraumático”, “predominando las lesiones producidas mediante el uso de gran fuerza cinética e instrumentos de contención mecánica”. Haitam presentaba un “politraumatismo de moderada-elevada energía”.

Haitam entró aquella tarde en un locutorio de Torremolinos pidiendo un cargador. Estaba muy alterado, presumiblemente bajo efectos de algún estupefaciente. Tras forcejear con el dueño, está salió corriendo y llamó al 112, quien alertó a la Policía, que acudió por un presunto robo. El vídeo completo registrado por las cámaras del local no sostiene esa hipótesis. Tampoco muestra amenazas o la actitud intimidatoria con los policías o terceros. Haitam reiteró en varias ocasiones que quería colaborar, insistió en que sólo quería cargar su móvil y ofreció su mano a la policía. Pero cuando se la dio, y el agente intentó engrilletarlo, el móvil se le escurrió e intentó recuperarlo forcejeando con el agente. Veinte minutos después había muerto.

Los vídeos de aquella tarde, desvelados en su integridad por elDiario.es, muestran que los agentes golpearon en la cabeza, presionaron a Haitam sobre piernas, hombros y tórax, y descargaron su pistola táser (entre 1.500 y 2.000 voltios) en varias ocasiones. Once, según la familia, “al menos siete”, según el perito.

La jueza espera la autopsia del Instituto de Medicina Legal

Aitor Curiel examinó el cadáver minutos después de que la familia recibiera autorización judicial para recuperar el cuerpo. Habían pasado unos veinte días desde el fallecimiento. La familia tomó la precaución de documentar en vídeo el traslado desde el Instituto de Medicina Legal hasta la sala de autopsias para no romper la cadena de custodia.

La ampliación complementa el informe de autopsia encargado por la familia al doctor Curiel,  que debe servir de contraste al informe que elabore el Instituto de Medicina Legal, que aún no ha sido entregado.

El pasado 16 de febrero la jueza, con el apoyo del fiscal, archivó provisionalmente la investigación hasta que llegue el informe definitivo de autopsia del IML, pendiente del análisis toxicológico. Razona que hasta ahora no hay ningún “elemento jurídico ni fáctico” en la causa “que posibilite una calificación jurídica distinta de fallecido”.

En las diligencias ya constan el atestado, el informe balístico de las táser, las cámaras de seguridad y el informe preliminar de autopsia, pero la jueza ha ido rechazando otras diligencias propuestas por la familia (como la toma de declaración de testigos o investigados y el aseguramiento de las comunicaciones) hasta recibir el informe definitivo de autopsia.

Los abogados de la familia han elevado una queja al Consejo General del Poder Judicial. Creen que estas decisiones ponen en riesgo la investigación por la posible alteración de pruebas, y denuncian que está bloqueando su derecho a recurrir al no dar trámite a sus escritos.

Los casos de represión contra el derecho a protesta que se dieron en movilizaciones españolas durante el año 2025 han ascendido un 66,7% con respecto al año 2024. De entre todas las movilizaciones, una cuarta parte de las intervenciones se produjeron durante protestas en solidaridad con Palestina (90 casos), seguidas de vivienda y okupación (67 casos) y antifascismo (61 casos). Son datos que recoge el informe anual de la plataforma Defender a quien defiende, defensora de los derechos humanos y que cada año estudia la situación del derecho a la protesta en el Estado español de forma cuantitativa y cualitativa.

El informe, presentado este jueves por Bernat Aragó (de la asociación NOVACT), Cèlia Carbonell (de la asociación Irídia), Gabriela López Neyra (psicóloga del Centro Sira) e Ibán Vazquez (de BDS Madrid), recoge que la represión se intensifica cada año y lo hace de manera más visible y más sistemática —a más protesta y movilización popular, más represión—. En total, según los datos que ha podido conseguir la plataforma Defender a quien defiende, en 2025 se dieron un total de 380 casos, 1.956 vulneraciones y 1.771 personas afectadas en contexto de protesta.

Tipos de vulneraciones del derecho a protesta

La organización diferencia entre tres tipos de datos. Los casos, según detalla la plataforma, hacen referencia a los episodios concretos vinculados “a una protesta o situación relacionada con el ejercicio del derecho a la protesta” (por ejemplo, una manifestación, un desalojo). Las vulneraciones son intervenciones concretas realizadas “por una autoridad pública o por un actor privado que afecta o restringe el ejercicio de alguno de los derechos que conforman el derecho a la protesta”. Por ejemplo, una carga policial, una detención, una multa administrativa o la apertura de un procedimiento judicial. Y las personas afectadas “se contabilizan por caso y por vulneración”, es decir, una persona identificada y detenida es una persona contabilizada; en cambio, “si se produce una carga policial desproporcionada contra un grupo de personas, pero no se reporta ninguna persona herida, contará como una sola persona”. Si una persona resulta afectada en distintos casos, se contabiliza en cada uno de ellos en los datos de la plataforma.

También se distinguen distintos tipos de vulneraciones. El estudio indica que en 2025 adquieren mayor peso las vulneraciones contra la integridad física y moral (147 casos con 419 personas afectadas) y las detenciones (76 casos con 324 personas afectadas), lo que se traduce en más de una tercera parte de las vulneraciones detectadas, mientras que en 2024 fueron más comunes lss identificaciones y sanciones administrativas (más del 50 % del total de casos registrados). El informe recoge distintos tipos de intervenciones contra el derecho a protesta: multa, identificación, ataques a la integridad física y moral (agresiones, uso desproporcionado de la fuerza, cargas, registros y cacheos, golpes no reglamentarios, amenazas, insultos, coacciones o vejaciones), detención, infiltración (presencia encubierta de agentes de paisano en manifestaciones o actividades en espacios sociales), represión judicial, censura, retención, burorrepresión (obstáculos administrativos, trabas burocráticas o exigencias desproporcionadas que dificultan la organización y participación en movilizaciones), policía sin identificar y otros.

Un cuarto de las retenciones fueron en protestas por Palestina

Las retenciones durante las protestas en solidaridad con Palestina fueron las más recurrentes (el 24,7 % de los casos), y han aumentado casi un 65 % frente al año anterior, sobre todo en casos de ataque a la integridad física y moral. Estos casos de represión se dieorn principalmente en tres acontecimientos del año 2025: el boicot a la celebración de La Vuelta Ciclista entre los meses de agosto y septiembre, las protestas por el secuestro de los activistas de la Global Sumud Flotilla, y la huelga general por Palestina el día 15 de octubre del mismo año. Durante La Vuelta Ciclista en Madrid, la Red de Observación de vulneraciones en contexto de protesta de Madrid registró más de una veintena de manifestantes heridos, “de los cuales cuatro referían heridas graves en cargas desproporcionales ocasionadas por la Policía Nacional”, según el informe de Defender a quien defiende.

Estas intervenciones fueron ejercidas en su mayoría por los cuerpos policiales (54,5%), donde los Mossos d’Esquadra son responsables de un 25,8% de los casos, y la Policía Nacional de un 22,6%. “Este patrón refuerza la tendencia observada en años anteriores, donde las fuerzas policiales representan el principal actor en la represión de la protesta”, explican desde Defender a quien defiende.

Por otro lado, las instituciones públicas y judiciales son responsables del 26,3 % de los casos (111), y el 19,2 % de las vulneraciones documentadas son de actores privados, que entran en juego en protestas como las de vivienda, con la intervención de empresas de desocupación como Desokupa.

El informe también distingue un análisis territorial de los casos, donde se aprecia que Catalunya es la comunidad autónoma donde más casos se han registrado en 2025 (194 de los 380), seguido de Madrid (61 casos) y la Comunidad Valenciana, donde, además de protestas en solidaridad con Palestina, la vivienda y movilizaciones antifascistas, se produjeron muchos episodios vinculados a las protestas por la gestión de la DANA.

El recuento no corresponde a la totalidad de casos existentes pues, según explican en su informe, “en el Estado español no existe ningún mecanismo oficial de recuento o sistematización de vulneraciones del derecho a la protesta”, por lo que la recopilación de estos datos se ha conseguido mediante “observación directa por parte de redes de monitoreo en el terreno, testimonios y documentación aportada por personas afectadas, así como el seguimiento sistemático de medios de comunicación y redes sociales de movimientos sociales”. Defender a quien defiende explican que esta información es “una radiografía basada en los casos detectados y documentados por la plataforma, sin posibilidad de contraste con datos institucionales equivalentes. El volumen real de afectaciones es necesariamente superior”.

Diez años de la Ley Mordaza

El informe de Defender a quien defiende de 2025 coincide con el décimo año desde la aprobación de la Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana) en España, que entró en vigor en julio de 2015. Esta ley ha supuesto el aumento y endurecimiento de las sanciones en los espacios públicos, principalmente en manifestaciones, y que limitan los derechos de los ciudadanos (libertad de expresión y protesta). Desde la plataforma apuntan que “no se debería haber aprobado nunca” y aseguran que fomenta malas prácticas con el material policial.

Este aumento de malas prácticas se ha podido apreciar en el incremento del uso de gases pimienta, pelotas de goma, bastones policiales, proyectiles de foam y otros materiales antidisturbios. La organización afirma que hay casos en los que los cuerpos los utilizan sin seguir los protocolos establecidos para ello, llegando incluso a provocar en activistas fracturas óseas en brazos, piernas y costillas. La plataforma denuncia que en numerosas ocasiones el uso de este material está “injustificado” y exigen la prohibición de los gases y los proyectiles.

De la misma forma, desde Defender a quien defiende critican las nuevas técnicas de control y vigilancia de la ciudadanía en el espacio público, como cámaras de seguridad, cámaras térmicas y de reconocimiento facial, y defienden que “solo una sociedad informada, que comprende los riesgos reales y se reconone como sujeto político en el espacio público, puede resistir la normalización de la vigilancia y movilizarse para construir alternativas democráticas y justas”.

Haitam Mejri, de 35 años, falleció el 7 de diciembre en un locutorio de Torremolinos tras recibir entre ocho y 11 descargas táser, inhalar gas irritante, recibir golpes y ser presionado en piernas y tronco durante una intervención de seis agentes de la Policía. Un juzgado de instrucción ha archivado provisionalmente la investigación a la espera de que el informe final de autopsia determine las causas de la muerte del hombre, que también padecía patologías cardiacas y habría consumido estupefacientes. La familia sostiene que el uso desproporcionado y consciente de la fuerza por parte de la Policía fue decisivo para el fallecimiento, y su abogado apreció indicios de un delito de asesinato en una rueda de prensa.

Durante la semana, elDiario.es Andalucía ha publicado extractos de la intervención completa registrada en vídeo por dos cámaras desde el interior del local, así como de los dos vídeos más cortos grabados por las cámaras asociadas a las dos táser. El vídeo que acompaña a esta información se ha elaborado vinculando las dos grabaciones íntegras registradas por las cámaras corporales.

En ellos se observa sin cortes lo sucedido desde que los dos primeros agentes llegan al locutorio, ya con una de las pistolas en la mano, hasta que los dos agentes que las portaban interrumpen la grabación simultáneamente, tras mantener este diálogo:

– Esto cómo se para de grabar? ¿Dándole o cómo es?

– Le doy yo, que el mío no graba. ¿Le quieres dar?

– El tuyo está grabando, mira la cámara encendida. Está grabando también.

Entre ocho y 11 descargas en nueve minutos

Entre esos dos instantes, dispararon un mínimo de ocho veces entre los dos. La familia cuenta 11. Hay varias ocasiones en las que este medio no ha podido discernir si se trata de dos disparos seguidos o uno largo, de modo que ha escogido la cifra conservadora.

El primer agente ya lleva la pistola desenfundada nada más entrar. Un minuto antes de disparar, cuando ya está cerca, la señala y pregunta a Haitam: “¿Estás viendo esto?”. Un minuto después se dan la mano, pero cuando tratan de engrilletarlo un móvil se resbala y Haitam trata de cogerlo. Ahí arranca el forcejeo, en el que entre tres agentes acaban tumbando al hombre.

Todos los disparos se producen con él en el suelo, según se observa en las grabaciones. Al menos cinco de las descargas, de entre 1.000 y 2.000 voltios, ocurren en un intervalo de unos 30 segundos, mientras él grita y se retuerce de dolor, y las tres últimas descargas ocurren con él aparentemente reducido, minutos después de que uno de los policías diga: “¡Hala, engrilletado!”. Los agentes hablan entonces de evitar “que se venga arriba”, según se escucha en el vídeo.

En varias ocasiones, la grabación recoge que alguno de los policías animó a seguir descargando: “Tráete el táser, tráete el táser”. “Lo tengo aquí”. “Métele otra vez, métele, métele. Métele, que no se venga arriba”. A continuación, llegan dos descargas, casi tres minutos después de la primera (5:29 y 5:34 en el vídeo). Un par de minutos después, se escucha a un agente susurrar “métele más táser” (7:58). “No, porque ya está todo el mundo ahí mirando”, le advierten.

El problema parece ser engrilletarlo también de los pies y sacarlo del local, por lo que piden una ambulancia para darle un “pinchazo”. Sin embargo, finalmente deciden volver a dispararle (9:45), casi siete minutos después del primer disparo, según se escucha. “Dale, dale, dale, que se viene arriba”. Pocos segundos después la grabación se interrumpe.

Los sanitarios, que llegan a la escena minutos después, comentan entre sí su desconfianza hacia el relato inicial de los agentes, y vuelven a pedir explicaciones a los agentes. Según se oye y se ve en los vídeos del local, estos no les informan del uso del táser.

El protocolo pide “extremar las medidas de seguridad”

El Ministerio nunca ha publicado el protocolo de uso de las táser, recogido en una resolución de la Dirección General de la Policía de 21 de diciembre de 2020, ignorando al Consejo de Transparencia, que le instó a hacerlo a instancias de Civio. El abogado de la familia ha solicitado a la jueza que lo incorpore a la causa, pero esta ha denegado todas las diligencias hasta contar con el informe definitivo de autopsia.

Este medio ha tenido acceso al protocolo, que señala que “vista la capacidad lesiva” de la táser “se deben extremar las medidas de seguridad así como la diligencia requerida en su manipulación y utilización, con la finalidad de evitar que el propio personal policial o terceras personas puedan resultar afectados por un uso indebido del mismo”. Las precauciones deben ser las mismas que para cualquier arma de fuego, advierte el documento.  

La táser se puede usar por contacto directo (bornes) como instrumento “eminentemente disuasorio”, “excepcionalmente utilizable como elemento de control y reducción”. “Será necesario haber agotado todas las vías de diálogo, negociación y mediación posibles, advirtiendo de manera clara a la persona requerida que se hará uso del dispositivo si no depone su actitud”. Según se observa en el vídeo, el primer agente que disparó le dijo a Haitam: “¿Estás viendo esto?”.

Su utilización se limita a situaciones en las que haya que “reducir o inmovilizar a una persona que amenace o tenga una actitud violenta” hacia los agentes o terceros y haya habido agresión previa o previsible, si no se puede controlar por otros medios. También se contempla en situaciones donde haya que “reducir o inmovilizar a una persona que muestra una resistencia activa, que ponga en riesgo la integridad física del personal policial, de terceros o la seguridad ciudadana”.

Los vídeos no muestran amenazas ni actitud violenta de Haitam, que señaló en múltiples ocasiones su voluntad de “colaborar” y “trabajar con vosotros”, y soltó las pequeñas tijeras que llevaba en la mano. Cuando fue reducido sí forcejeó con los agentes, según se ve en los vídeos.

Axon recomienda evitar descargas simultáneas

Salvo circunstancias excepcionales en que pueda servir para evitar un daño mayor, no se debe usar “en aquellos espacios o circunstancias en las cuales se pueda poner en riesgo la integridad física de las personas”. Axon, la fabricante de la táser, desaconseja su uso contra personas bajo los efectos de las drogas o bajo “delirio agitado”, porque “puede causar o contribuir a la muerte súbita”. Axon también recomienda acortar las descargas y minimizar su número, así como evitar descargas simultáneas, según el documento publicado por Associated Press y Civio, en España. Nada de esto se incorpora al protocolo de Interior, ni a los protocolos de la decena de municipios analizados por Civio.   

Después de usar la táser se debe informar inmediatamente a la jefatura de unidad, facilitar la asistencia médica e informar a la autoridad judicial. En caso de lesión, aunque sea leve, debe redactarse un parte de intervención y comparecencia para explicar la actuación. En los vídeos de la intervención completa grabados por las cámaras del local no se escucha a los agentes informar a los sanitarios del uso de la táser. Sí informaron al inspector de Homicidios de una “pequeña descarga”, pese a lo cual “ni se inmuta”.

Dos diputados denuncian “numerosas falsedades”

El Gobierno respaldó esta actuación, asegurando en una respuesta parlamentaria registrada el pasado 16 de febrero que los dos agentes que usaron las pistolas táser “cumplieron escrupulosamente” con las directrices para su uso. Según esa respuesta, la actuación se ajustó a los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad” atendiendo al “tipo de situación”, la “forma” en que se usó (“descarga por contacto”, la menos lesiva según se dice) y las zonas del cuerpo donde el hombre recibió las descargas, hombro y pierna.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pidió este jueves esperar a “que la investigación concluya”, y se remitió al protocolo no publicado, asegurando que está “perfectamente definido y diseñado”. 

A la vista de los vídeos publicados en exclusiva por elDiario.es, Toni Valero y Enrique Santiago (diputados de IU integrados en el Grupo Sumar) han registrado una nueva pregunta, en la que denuncian que la primera respuesta del Gobierno contiene “numerosas falsedades”.

“¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar que las respuestas a las iniciativas parlamentarias se ajusten a la veracidad y exactitud debidas, evitando contestaciones que no reflejen fielmente la realidad de los hechos?”, le preguntan, antes de volver a cuestionar si la actuación policial fue correcta y se ajustó a la legalidad. También preguntan si se ha incoado expediente disciplinario o suspendido a los agentes.

Un arma “disuasoria” de uso cada vez más extendido

La táser es un arma disuasoria fabricada por la empresa estadounidense Axon que paraliza al objetivo mediante la aplicación de impulsos eléctricos de alto voltaje, bajo amperaje y corta duración que interfieren en las señales que el cerebro envía a los músculos, incapacitando el sistema nervioso sensorial y motor.

Se puede usar mediante la activación de los bornes de su extremo o disparando los dos cartuchos que contienen dos sondas cada uno, propulsados por un gas inerte hasta el objetivo. El Ministerio del Interior empezó a distribuirlas en 2020. Es necesario estar habilitado para su uso, restringido como último recurso, si existe un riesgo grave para los agentes, la persona o terceros.

Llevan asociadas una cámara corporal que registra lo que sucede en función de pregrabación y se activa automáticamente al desenfundar el arma, quitar el seguro o disparar, según su configuración. Cuando se activa, guarda también los momentos previos. En este caso, una de las grabaciones recoge la intervención desde la llegada de los dos primeros agentes al locutorio. La otra recoge lo ocurrido desde 30 segundos antes de dispararse. Ambas se interrumpen a la vez.

El uso del táser se ha extendido en los últimos años ante la alarma de organizaciones internacionales. El Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura, en su informe de 2009, expresó su preocupación de que el arma se estuviera generalizando entre las policías locales en España e instó a dejar de usarlas por la posible vulneración de los artículos 2 y 16 de la Convención (prevención de la tortura y de trato cruel, inhumano o degradante, respectivamente).

Amnistía Internacional ha pedido que se apruebe una regulación estatal que delimite claramente su uso para evitar posibles abusos. Según una investigación internacional de la organización, los organismos encargados de hacer cumplir la ley “abusan de forma generalizada” de estos dispositivos “debido a la alarmante falta de regulación”.

Haitam Mejri, de 35 años, que murió el pasado 7 de diciembre en Torremolinos durante una intervención policial en la que participaron seis agentes y en la que recibió una decena de descargas eléctricas con pistolas táser, ha estado muy presente en la manifestación antirracista celebrada este sábado en Málaga. En la protesta han participado unas 200 personas y se han coreado consignas como “Haitam, hermano, nosotros no olvidamos”, “No son muertes, son asesinatos” o “No es un caso aislado, es racismo de Estado”.

El acto, convocado por varias asociaciones bajo el paraguas del Movimiento Antirracista de Málaga, ha tenido como eje que este 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Al acto han acudido familiares de Haitam Mejri, al que se ha hecho mención expresa en el manifiesto que se ha leído, en el que se ha denunciado que “no hay seguridad en la injusticia, ni hay justicia en el archivo y falta de diligencias en la investigación de las causas: no hay seguridad en la impunidad”.

El texto carga contra la Policía, que “abrió fuego contra su memoria mintiendo al personal sanitario” cuando llegaron al establecimiento donde el asesinato ocurrió, y “siguieron disparando junto con el Estado, al definir los hechos como una actuación proporcional, tal y como ha respaldado y sostenido el Gobierno más progresista”. Además, “el Estado dispara justificando que esos seis agentes sigan desde ese día en activo”, achacando lo ocurrido a una cuestión de seguridad. “¿Seguridad para quién? Para nuestras comunidades desde luego que no”.

“Fomento” del racismo, la xenofobia y la intolerancia

La marcha ha iniciado su recorrido en la Plaza de Capuchinos, frente al antiguo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, y durante la misma se ha cargado contra una Policía “que no sólo mata a nuestros hermanos, nos criminaliza mediante las detenciones por perfilamiento racial”. Los asistentes han lamentado también que “en una ciudad como la de Málaga” no sólo no se desoyen los mandatos internacionales, “sino que se fomentan el racismo, la xenofobia y la intolerancia”, como cuando el gobierno local del PP “se posicionó en contra la regularización de las personas migrantes bajo pretextos racista”.

Los manifestantes han lanzado también mensajes como “Justicia ya, no a la impunidad”, “Basta ya de abuso policial” o “Aquí estamos, nosotros no matamos ni tampoco torturamos”. Algunos vestían camisetas con el rostro de Haitam Mejri junto a la palabra “Justicia”, portando pancartas con lemas como Tu historia no será silenciada, No nos vamos a rendir, Haitam no merecía morir así o 6 implicados ¿ningún imputado? Justicia!!! o La verdad jamás será silenciada.

La jueza del caso, que está a la espera el informe definitivo de la autopsia, ha decidido archivar provisionalmente las actuaciones hasta que lo reciba, por lo que no ha practicado ninguna de las diligencias solicitadas por los abogados de la acusación. Lo que sí se conoce ya es el informe pericial encargado por la familia, que concluye que el hombre falleció por una insuficiencia cardiorrespiratoria severa causada por la presión que ejercieron los agentes sobre cuello y tórax, unida al uso de gas irritante y una decena de descargas eléctricas con pistolas táser.

Nasser, su hermano: “Esa gente no puede estar en la calle”

En el acto ha habido representantes del Sindicato de Manteros de Sevilla en homenaje a Mamouth Bakoum, el vendedor ambulante senegalés ahogado en el Guadalquivir cuando huía de la Policía, en diciembre de 2024. Y también ha acudido Nasser Mejri, hermano de Haitam, que ha señalado que la familia sigue “impotente y con mucha tristeza” cómo se desarrolla el caso, a la espera de una respuesta de la jueza o del fiscal. 

Tras la publicación por este periódico de las imágenes en las que se apreciaba la muerte de Haitam, su hermano confía en que “con la presión ya no se crean que somos cuatro gatos de Málaga y vean que España entera tiene el foco puesto en cómo instruye la jueza”. La familia espera que la magistrada “sea un poquito más contundente y haga su trabajo como debería hacerlo, porque a la vista está que no se pueden contradecir los vídeos y las imágenes”, lo que contrasta con la situación de los policías: “Esa gente no puede estar en la calle disfrutando de su libertad y mi hermano lleva tres meses enterrado”.

En cuanto a su presencia en la manifestación, Nasser considera que era importante porque simboliza “una lucha en contra de las víctimas racializadas, y mi hermano es un caso de esos”. “No podemos callar ante estas injusticias porque cualquier vida importa por igual”, y pese al impacto por la muerte de Haitam, considera que todavía cuentan con la baza de los vídeos: “Por desgracia, hay mucha gente que su intervención o fallecimiento no ha sido grabado y documentado, y entonces se cree antes al testimonio de un agente de la autoridad que al de la persona o la familia”, casos que en su mayoría “suelen quedar archivados y metidos en el cajón”.

Para Nasser, “lo que me demuestra a mí que fue un acto racista es que en cuanto llegan los sanitarios la primera justificación de ellos es que entró con unas tijeras gritando ”Allah akbar“, como si fuera a poner una bomba”. “Ni mi hermano ni yo sabemos ni leer ni escribir en árabe porque estamos aquí desde la guardería”, ya que su familia lleva alrededor de 30 años, donde regenta un bar.

Los diputados de IU en el Congreso, Enrique Santiago y Toni Valero, han registado una pregunta parlamentaria al Gobierno en el que le piden nuevas explicaciones por la muerte de Hitam Mejri, un ciudadano de 35 años que perdió la vida el pasado 7 de diciembre en un locutorio de Torremolinos (Málaga) tras una intervención de la Policía Nacional. Santiago y Valero, ambos integrados en el grupo parlamentario de Sumar, afirman –en el documento al que ha tenido acceso elDiario.es– que la anterior respuesta del Gobierno a otra pregunta sobre este mismo asunto, presentada por Santiago y Valero el pasado 16 de febrero, contenía “numerosas falsedades”. Inquieren también los diputados si “tiene previsto el Gobierno exigir responsabilidades a quienes elaboraron la respuesta escrita”.

El Gobierno aseguró el mes pasado que los dos agentes que usaron las pistolas táser durante la intervención policial que acabó con la muerte Mejri “cumplieron escrupulosamente” con las directrices para su uso. Mejri murió en un locutorio al que había entrado para pedir un cargador. Forcejeó con el dueño, que lo encerró y avisó a la Policía, que envió a seis agentes que lo redujeron y descargaron sobre él al menos ocho disparos de entre 1.000 y 2.000 voltios cuando ya estaba en el suelo. También le golpearon en la cabeza, le presionaron sobre piernas y tórax y le rociaron un gas irritante.

elDiario.es ha difundido en exclusiva esta semana las grabaciones íntegras del suceso, procedentes de las cámaras de seguridad del local. Según los diputados de IU, dichas grabaciones “evidenciarían importantes discordancias con la respuesta con número de registro 92.4L7 de fecha L6 de febrero de 2026 remitida por el Ministerio del Interior a las preguntas escritas formuladas por Santiago y Valero. Ambos detallan además que ”las grabaciones difundidas reflejan igualmente circunstancias relativas al desarrollo de la intervención, al uso de la fuerza y a la asistencia posterior prestada, así como manifestaciones efectuadas tanto por los agentes intervinientes como por el personal sanitario: Un sanitario, cuando los agentes salen del local, comenta a su compañera: “Me ha engañado”. “Es importante saber qué ha pasado”, les piden luego a los agentes, que comentan a los sanitarios que “en ningún momento” le habían presionado tórax o cuello. El claro retraso diagnóstico y terapéutico de la parada cardiorrespiratoria sufrida (como se objetiva en el vídeo analizado), y un retraso en la asistencia prestada por los agentes que produjo un claro empeoramiento del pronóstico de la misma“.

En su pregunta parlamentaria, los diputados recuerdan que las actuaciones judiciales se encuentran actualmente archivadas de forma provisional, a la espera de la emisión del informe definitivo de autopsia. Pero remiten a un “informe pericial forense” según el cual “la causa del fallecimiento sería una insuficiencia cardiorrespiratoria severa en cuya producción habrían concurrido diversos factores, entre ellos la presión ejercida sobre el cuello y el tórax, la utilización de agentes irritantes y la aplicación reiterada de descargas eléctricas mediante dispositivos táser”.

En el documento, Santiago y Valero plantean las siguientes preguntas al Gobierno: “¿Considera el Gobierno que la actuación policial referida fue correcta y se ajustó a la legalidad vigente? ¿Avalan los informes emitidos la actuación policial?, ¿tiene previsto el Gobierno incoar procedimiento disciplinario en relación con los hechos referidos y, en su caso, se va a acordar la suspensión provisional del servicio de los agentes implicados mientras se tramita dicho procedimiento?, ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar que las respuestas a las iniciativas parlamentarias se ajusten a la veracidad y exactitud debidas, evitando contestaciones que no reflejen fielmente la realidad de los hechos?, ¿Tiene previsto el gobierno exigir responsabilidades a quienes elaboraron la respuesta escrita L8413L739, de fecha 16 de febrero, enviada a estos diputados, considerando las numerosas falsedades que contiene?”.

Marlaska pide que “la investigación concluya lo que proceda”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha abogado este jueves por dejar que la investigación “concluya lo que proceda”. Así se ha pronunciado el ministro en declaraciones a los periodistas en Algeciras (Cádiz), recogidas por Europa Press. El ministro ha recordado que “hay un protocolo al respecto perfectamente definido y diseñado” sobre la utilización de las pistolas táser. Además, ha apuntado que “todos los agentes, al utilizar las pistolas táser, portan cámaras al objeto de garantizar y poder comprobar el desarrollo y la corrección del operativo y de la operación que desarrolla”. “Dejemos que la investigación concluya lo que proceda”, ha señalado el ministro.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha abogado por dejar que la investigación “concluya lo que proceda” en el caso de la muerte de Haitam, de 35 años, en diciembre pasado en Torremolinos (Málaga) por una parada cardiorrespiratoria tras una acción de la Policía Nacional en la que se usaron pistolas táser.

Así se ha pronunciado el ministro en declaraciones a los periodistas en Algeciras, en Cádiz, donde ha sido cuestionado por si en este caso se mantuvo el protocolo y acerca de si se dio la información a los sanitarios sobre que se había utilizado ese tipo de arma, tras la publicación esta semana de vídeos sobre los hechos.

Grande-Marlaska ha recordado que “hay un protocolo al respecto perfectamente definido y diseñado” sobre la utilización de las pistolas táser. Además, ha apuntado que “todos los agentes, al utilizar las pistolas táser, portan cámaras al objeto de garantizar y poder comprobar el desarrollo y la corrección del operativo y de la operación que desarrolla”.

“Que salga la verdad”

“Dejemos que la investigación concluya lo que proceda”, ha señalado el ministro, respecto a este caso, que se instruye en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Torremolinos, que está pendiente de los resultados definitivos de autopsia que aclaren la causa de la muerte, han asegurado fuentes judiciales a Europa Press.

La familia de Haitam Mejri ha impulsado esta investigación y ha mantenido que su único objetivo para ello es el esclarecimiento “completo, objetivo y transparente de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Haitam”, expresando su deseo de que “salga la verdad al 100%”.

Los abogados de la familia sostienen desde el principio un uso supuestamente “desproporcionado” de la fuerza por parte de los agentes, no solamente por la utilización de pistolas táser, sino que consideran que hay “más situaciones violentas”, por lo que han solicitado diligencias “de cara a acreditar que ha habido un homicidio”.

La investigación sobre la muerte de Haitam Mejri durante una intervención policial en un locutorio de Torremolinos el pasado 7 de diciembre sigue atascada en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torremolinos (juzgado de instrucción) de la ciudad tres meses después. Tras recabar las grabaciones y el atestado, la jueza ha rechazado practicar nuevas diligencias de investigación, como tomar declaraciones a testigos, hasta que reciba el informe de autopsia definitivo por parte del Instituto de Medicina Legal. Y eso no ocurre porque un laboratorio en Sevilla aún no ha concluido el informe toxicológico para determinar si el hombre estaba bajo los efectos de alguna sustancia y si esto pudo influir en su muerte. Con el apoyo del fiscal, la jueza ha archivado provisionalmente las diligencias hasta recibir el informe. Entonces decidirá si mantiene el archivo o no.

“Aún no hay, en el presente procedimiento, elemento jurídico ni fáctico, que posibilite una calificación jurídica distinta de 'fallecido'. Aún no cabe, una calificación de homicidio, y por tanto como delito”, razona la jueza de la Sección de Instrucción 1 en un auto, dictado el pasado 11 de febrero, al que este medio ha tenido acceso.

Los vídeos publicados esta semana por elDiario.es muestran que los agentes dispararon las táser al menos ocho veces mientras Haitam estaba en el suelo. También le rociaron con un gas irritante, le golpearon y le presionaron en tronco y piernas. Cuando llegaron los sanitarios no les informaron de que habían usado las táser, que descargan entre 1.000 y 2.000 voltios a cada uso. El Gobierno respaldó esta actuación con las táser en una respuesta parlamentaria hace un mes, asegurando que los agentes cumplieron “escrupulosamente” con su uso, y que este fue congruente y proporcionado.

La familia cree que se produjo un abuso mediante un uso desproporcionado y excesivo de la fuerza, e imputa a los agentes un comportamiento doloso que podría incluso suponer un delito de asesinato. “Sabían que había un riesgo y aun así se emplearon unos medios que pueden causar la muerte”, apuntó Tejada a finales de diciembre.

“Es fundamental conocer la causa de la muerte para continuar con la presente tramitación, por haber indicios de un delito, o sobreseerla porque no hay indicios de actividad delictiva”, añade la jueza en su auto, antes de concluir que cómo aún debe determinarse la causa de la muerte, “procede el archivo” también para impedir que se sobresea la causa por el agotamiento del plazo de instrucción, de seis meses. Habitualmente, los juzgados van ampliando este plazo por periodos sucesivos de seis meses.

El fiscal apoya a la jueza

Los abogados de la familia, Samuel Tejada y Miriam Rosales, creen que la paralización de toda la actividad instructora hasta que se practique la pericial no está justificada y pone en riesgo la investigación, por lo que han elevado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. En ese escrito piden al Consejo que inspeccione a la jueza María José Alcázar y adopte medidas disciplinarias contra ella, quien es también la jueza decana de los juzgados de Torremolinos.

En la queja se expone la frustración de los letrados por la paralización investigadora, que tiene su origen en dos providencias dictadas el 16 y el 17 de diciembre, apenas diez días después de la muerte de Haitam. La jueza ha mantenido la decisión a pesar de las solicitudes de los abogados, que creen que hay pruebas “claramente perecederas” como grabaciones de videovigilancia, registros técnicos, identificación de agentes y testificales.

Según los letrados de la familia, la jueza no ha valorado la necesidad, urgencia o proporcionalidad de las diligencias que han solicitado. Tampoco entienden por qué la práctica de diligencias que podrían arrojar luz sobre la intervención policial deben supeditarse a lo que diga el informe de autopsia.

Hasta ahora, se ha recabado el atestado, el informe balístico de las táser, las cámaras de seguridad y el informe de autopsia, que aún no ha concluido. El fiscal apoya a la jueza, y cree que todo “pivota” en torno a la autopsia, cuyo resultado definitivo marcaría la necesidad de interrogar a los testigos que propone la familia y a los agentes, ya sean estos como investigados o como testigos. Si lo hacen en esta última condición estarán obligados a decir la verdad. El fiscal opina que esta lentitud no merma la tutela judicial efectiva de la familia, sino que se trata de una instrucción que está evitando la precipitación.

“Patrón sostenido de inactividad”

Los letrados creen que la instructora está bloqueando su derecho a recurrir. Frente a las providencias, presentaron recurso de reforma (que debe resolver el mismo juez que ha dictado la resolución recurrida en un plazo de tres días) y, subsidiariamente, de apelación ante el órgano superior, la Audiencia Provincial. Sin embargo, dos meses después la jueza no había resuelto, ni mucho menos elevado la apelación a la Audiencia. La familia presentó un escrito de impulso el 23 de enero, pero todo siguió igual. Por el contrario, la jueza ha decidido archivar, aunque sea de forma provisional mientras llega la autopsia.

“Esta omisión resolutoria prolongada y objetivamente verificable ha tenido como efecto directo impedir el acceso a la segunda instancia”, lamentan. Los abogados deslizan que no es casual, sino que hay un “patrón sostenido de inactividad”, afectando a la tutela judicial de los familiares de Haitam. Además, le achacan haber resuelto la petición de diligencias mediante providencia, y no mediante auto como debería, para así no tener que motivar su resolución y evitar el control del órgano superior.

Los abogados imputan a la jueza dos faltas disciplinarias muy graves, el retraso injustificado y reiterado en resolver asuntos y recursos, la “inobservancia consciente” de deberes procesales esenciales y el “abandono de la función jurisdiccional”. Advierten, incluso, de que podría estar incurriendo en un delito de prevaricación judicial por omisión, que se comete cuando se deja de resolver aquello que tiene “el deber jurídico ineludible de decidir, produciendo un resultado materialmente injusto y lesivo de derechos fundamentales”.

Los agentes que participaron en la intervención policial que acabó con la muerte de Haitam Mejri en un locutorio de Torremolinos ofrecieron un relato incompleto de lo sucedido a los miembros del servicio de emergencias que trataban de reanimar al hombre, quien fue electrocutado entre ocho y diez veces, golpeado, rociado con spray irritante e inmovilizado por el cuello, todo ello mientras ya estaba en el suelo. Así se desprende de los vídeos a los que ha tenido acceso elDiario.es, grabados por dos cámaras instaladas en el local. En ellos no se escucha que los agentes adviertan a los sanitarios del uso de las pistolas táser.

Haitam estaba muerto cuando llegaron al lugar los servicios de emergencias, que no se explicaban lo sucedido, porque lo que le contaban los agentes no encajaba con la primera exploración del cadáver. Así se refleja en los vídeos grabados por la cámara del local, que ha sido incorporado a las diligencias abiertas por el juzgado de instrucción 1 de Torremolinos, que investiga cómo y por qué el pasado 7 de diciembre Haitam murió en un locutorio de la localidad.

La jueza dispone de este vídeo, de los grabados por las cámaras asociadas a las dos pistolas táser utilizadas en la intervención y los registrados desde el exterior por vecinos y curiosos, a todos los cuales ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. Desde distintos ángulos, componen una escena en la que el hombre, que ha entrado al locutorio buscando un cargador muy alterado y ha quedado encerrado por el dueño tras forcejear con él, manifiesta a la Policía su voluntad de cooperar, suelta unas pequeñas tijeras escolares, da la mano al agente y, entonces, es tirado al suelo y electrocutado.

A partir de ese momento los agentes le disparan entre siete y nueve veces más, le insultan, le golpean con un cartel metálico, le rocían con spray irritante y le aplastan piernas, cuello y tórax, mientras él grita y les pide que sean conscientes de que todo se está grabando, según se observa en las imágenes. Veinte minutos después muere.

El Gobierno respaldó la actuación policial en una respuesta escrita a los diputados de Sumar Enrique Santiago y Toni Valero. En ella se asegura que  los dos agentes que usaron las pistolas táser “cumplieron escrupulosamente” con las directrices para su uso, y se dice que cumple los criterios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad” atendiendo al “tipo de situación”, la “forma” en que se usó (“descarga por contacto”, la menos lesiva según se dice) y las zonas del cuerpo donde el hombre recibió las descargas, hombro y pierna. Preguntado tras la publicación del vídeo de la intervención, el Ministerio del Interior ha evitado valorar la actuación o la respuesta, alegando que el asunto está judicializado.

“Se ha caído al suelo”

La llegada de los servicios de emergencia se produce 26 minutos después de que comenzara la intervención policial, apenas tres minutos después de que un agente informe de la parada cardiorrespiratoria.

Mientras hacen un último intento por reanimarlo, los técnicos de emergencias quieren saber qué ha pasado allí. “El tío estaba fuera de sí, con cosas en las manos”, les explica a un agente. Se refiere a dos móviles y unas tijeras infantiles. Haitam soltó las tijeras cuando se lo pidieron, pero se resistía a dejar los móviles. Los vídeos muestran a Haitam nervioso pero cooperativo. “Voy a cooperar con vosotros”, les dice varias veces.

Un agente explica a los sanitarios que el hombre “se ha caído al suelo” cuando intentaba reducirlo. Lo que se observa en los vídeos es que entre cinco agentes lo reducen hasta tirarlo al suelo, no que se caiga. El agente no menciona a los técnicos de emergencias las descargas táser, entre ocho y diez según ha podido contar este medio. El sanitario se da cuenta de que la versión policial no encaja con los signos mortuorios del cadáver, y cuando los agentes salen comenta a su compañera: “Me ha engañado”.

“Es importante saber qué ha pasado”, le piden luego a los agentes, que comentan a los sanitarios que “en ningún momento” le habían presionado tórax o cuello. Para explicar la supuesta resistencia del fallecido, de quien dicen que estaba fuera de sí y con una fuerza descomunal, aseguran que entre seis no habían sido capaces de reducirlo y que había pegado “guantazos”.

Según se observa en los vídeos, Haitam recibió la primera descarga en la zona lumbar, mientras intentaban reducirlo, cayó al suelo y ya no volvió a levantarse, aunque en los primeros minutos trató de zafarse de la sujeción que le hacían.

Cuando certifican la muerte del hombre los sanitarios abandonan la escena. “Dicen que no le han presionado el cuello ni nada”, comenta uno.

“Claro retraso diagnóstico y terapéutico”, según un informe

Un informe médico-legal encargado por la familia concluye que se produjo un “claro retraso diagnóstico y terapéutico de la parada cardiorrespiratoria sufrida (como se objetiva en el vídeo analizado)”, y un “retraso en la asistencia prestada por los agentes que produjo un claro empeoramiento del pronóstico de la misma”. El hombre acabó falleciendo.

Haitam recibió las descargas en un lapso de unos diez minutos, y luego quedó ya vencido, pese a lo cual un agente siguió de pie encima de sus piernas otros diez minutos más, según se observa en los vídeos.

En ellos no se ve que los agentes mostraran alarma mientras el hombre se desvanecía. Durante la intervención, y en los primeros minutos después de lograr la reducción del hombre, uno de ellos comenta que “ya está muerto”, y otro comenta la posibilidad de que ahora vayan a aparecer en una página de Facebook de quejas vecinales o en los periódicos.

Tras varios minutos agonizando, y transcurridos 23 desde que entraron en el local y más de 20 desde que las descargas del táser, los agentes empiezan a practicar maniobras de reanimación, y piden que se avise a una ambulancia ante la probable parada cardiorrespiratoria del hombre. “Escúchame, este está muerto”, dice un agente, antes de pedir una ambulancia.

Le toman el pulso por primera vez veinte minutos después de las primeras descargas táser, y luego comentan en qué posición colocarlo, si sentarlo o no, porque “a más no va a ir”.

“Mala suerte”

Minutos más tarde llegan los forenses y dos miembros del grupo de Homicidios. Son conscientes de que lo que había ocurrido era “un marrón del bueno”, según dice uno de ellos mientras su compañera toma fotos y escucha a los agentes que intervinieron, que nuevamente justifican su actuación: “Se me resbalaba la mano, nos arrastraba a los seis”, destaca el primero en intervenir. Otro hombre presente en la escena califica el asunto de “mala suerte”, “cosas que pasan”, y advierte de que ahora llegarán “la gente, los medios y eso”.

Minutos después el inspector llama por teléfono, presumiblemente a un superior. No cree que haya mucho más que inspeccionar, insiste en que todo quedará bastante claro con las grabaciones, así que le dice: “Vamos a hacer el paripé”. “No hay mucho más que hacer, pero lo voy a hacer más que nada por que luego no digan que se ha hecho a medias”. Cree que le ha dado un infarto, aunque también comenta que la víctima tenía algún “golpecillo, un roce, arañazo…”, pero no “golpes fuertes” y que “iba hasta arriba de lo que fuera”. “Aquí hay una cámara, no sé si funciona o no”.

Los agentes que redujeron a Haitam hasta la muerte elaboraron un primer atestado en el que escribieron que consiguieron “quitarle las tijeras”, abonando la hipótesis de una resistencia violenta por su parte. Sin embargo, en los vídeos se ve que fue el hombre quien las soltó cuando se le pidió en una primera fase amistosa de la intervención.

En el documento describen el primer disparo del táser (entre 1.000 y 2.000 voltios) como una “pequeña descarga”, pese a la cual “el hombre ni se inmuta” (aunque lo cierto es que suelta alaridos cada vez que las recibe) y hacen referencia a que seguía “soltando patadas”, algo que tampoco se percibe en las imágenes.

A la vista de las incongruencias que presentarían los vídeos, las declaraciones de los policías y el atestado, los abogados de la familia no descartan solicitar que se investiguen también posibles delitos de omisión del deber de socorro y falsedad documental. 

El Gobierno aseguró el mes pasado que los dos agentes que usaron las pistolas táser durante la intervención policial que acabó con la muerte de Haitam Mejri el pasado 7 de diciembre en Torremolinos “cumplieron escrupulosamente” con las directrices para su uso. Mejri murió en un locutorio al que había entrado para pedir un cargador. Forcejeó con el dueño, que lo encerró y avisó a la Policía, que envió a seis agentes que lo redujeron y descargaron sobre él al menos ocho disparos de entre 1.000 y 2.000 voltios cuando ya estaba en el suelo. También le golpearon en la cabeza, le presionaron sobre piernas y tórax y le rociaron un gas irritante.

Su muerte estaba siendo investigada por un juzgado de instrucción, que mientras espera al informe de autopsia para determinar posibles afecciones cardiacas y la influencia del consumo de estupefacientes ha decidido archivar provisionalmente la investigación. Su familia cree que la actuación policial fue desproporcionada y contribuyó decisivamente a su fallecimiento.

La posición del Gobierno consta en el escrito de respuesta dirigido a Enrique Santiago y Toni Valero (Sumar), al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. En la respuesta justifica la intervención con táser atendido al “tipo de situación”, la “forma” en que se usó (“descarga por contacto”, la menos lesiva según se dice) y las zonas del cuerpo donde el hombre recibió las descargas, hombro y pierna.

La actuación se ajustó a los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”, dice el Gobierno, “en el marco de la detención de una persona que presuntamente había cometido un delito grave y desobedecía abiertamente las instrucciones de los agentes, lo cual en sí mismo supone la comisión de otro delito”.

El Gobierno advierte en su respuesta, registrada en el Congreso de los Diputados el pasado 16 de febrero, de que los hechos están siendo investigados por un juzgado, y que en ese marco la Policía ha aportado “todos los medios de prueba que se han podido recopilar mediante la elaboración del atestado policial, incluyendo grabaciones de videovigilancia y de las cámaras corporales de los agentes, que van asociadas al uso del inmovilizador eléctrico, así como un informe técnico policial realizado por la Brigada de Policía Científica”.

Tras la publicación de parte de esos vídeos en elDiario.es, este medio ha preguntado el Ministerio del Interior si mantiene esa posición. “Este asunto está, desde el momento del fallecimiento, sometido a un proceso judicial, y tanto el ministerio como la Policía Nacional están a la espera de que concluya dicha indagación”, señala un portavoz.

El hombre, de 35 años, recibió entre ocho y diez descargas eléctricas (hay varias que este medio no ha podido determinar si son dos o una muy prolongada) en tres momentos. La mayoría, de cinco a siete, cuando estaba siendo sujetado entre cinco agentes, en un lapso de apenas un minuto. Dos minutos después recibe otras dos, con la situación ya aparentemente más controlada, según se observa en las imágenes. Seis minutos y medio después recibe la última descarga.

“¿Esto cómo para de grabar?”

Los agentes (primero dos, luego otros cuatro) acudieron al local tras el aviso del dueño por un robo. Sin embargo, los vídeos grabados por las cámaras del propio establecimiento no sostienen esa hipótesis, y sí que el hombre entró al locutorio muy alterado, en estado delirante, presumiblemente bajo los efectos de algún estupefaciente, buscando a toda costa un cargador con el que recargar la batería de sus dos móviles. La Policía llegó poco después.

Este medio ha podido visionar los vídeos que recogen la intervención policial. Mientras dialoga con el primer agente, Haitam señala en varias ocasiones su voluntad de colaborar. “Voy a trabajar con vosotros”, “voy a colaborar”, le dice. Parece nervioso pero no da muestras aparentes de agresividad.

Suelta las tijeras escolares que tenía en la mano, pero no sigue la instrucción de soltar también los móviles y echarse al suelo. El agente le pide en varias ocasiones que, dado que quiere colaborar, le dé la mano. Cuando lo hace aprovecha para engrilletarlo de esa mano con ayuda de dos de sus compañeros, mientras él dice “voy a colaborar he dicho”. Hasta que se le cae el móvil y empieza entonces un forcejeo para mantenerlo tumbado y engrilletarlo de las dos manos, que incluye golpes, descargas táser, sujeciones e insultos en una actuación en la que intervienen seis agentes.

En diez minutos Haitam recibe alrededor de una decena disparos eléctricos mientras trata de zafarse, grita y advierte de que hay cámaras que lo están grabando todo. La intervención queda registrada por los móviles de algunos curiosos que se asoman desde el exterior, por al menos dos cámaras instaladas en el local y por las dos cámaras de los policías, que se activan cuando una táser entra en funcionamiento. Precisamente estas dos se desactivan simultáneamente, justo después de que se produzca este diálogo:

- “Esto ¿cómo se para de grabar? ¿Dándole o cómo es?”.

- “Le doy yo. Le doy yo que, que el mío no… el mío no graba, jaja, ¿le quieres dar o qué?”

-“El tuyo está grabando, mira la cámara encendida”.

A la espera de la autopsia

El Gobierno asegura en su respuesta que todos los agentes reciben formación relativa al uso de la pistola inmovilizadora durante los cursos de ingreso en la Policía Nacional, centrándose en el marco normativo, sus características y las circunstancias que habilitan su uso. Además, los habilitados reciben una instrucción sobre aspectos prácticos del táser.

La respuesta añade que la intervención con personas “que presentan un cuadro de delirio agitado” también se aborda en los cursos de ingreso desde un punto de vista práctico. La pregunta de los diputados de Sumar no aludía al “delirio agitado”, pero la respuesta del Ministerio sí lo menciona. Se trata de un estado de agitación física y psicológica asociada al consumo de drogas, cuya caracterización cuestionan algunos especialistas y entidades de derechos humanos por el uso abusivo en muertes durante intervenciones policiales.

En el caso de la muerte de Haitam, la jueza aún no ha recibido el informe final de autopsia, pendiente del informe toxicológico. Haitam, que sudaba profusamente y estaba alterado, dio a entender que había consumido alguna sustancia estupefaciente. La jueza ha denegado practicar cualquier otra diligencia (como la toma de declaraciones como investigados o testigos a los agentes) hasta recibir el informe completo de la autopsia.

Manifestación el próximo sábado

Colectivos antirracistas de Málaga han convocado una manifestación contra el “racismo estructural” para el próximo 21 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La marcha tiene su punto de inicio en la Plaza de Capuchinos, frente al antiguo Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga.

Según los organizadores, se trata de poner el foco en cuatro pilares donde “el racismo impacta de forma directa sobre la vida y la dignidad”, uno de ellos la “violencia policial”. La marcha rendirá homenaje a Haitam Mejri, Mamouth Bakoum (el vendedor ambulante senegalés ahogado en el Guadalquivir cuando huía de la Policía, en diciembre de 2024), Adberrahim Akhouh (asfixiado por un agente en Torrejón en junio del año pasado), Mohamadou Diawara (un joven con problemas mentales que entró en una comisaría con un cuchillo, muerto por disparos de un policía local de Montornés del Vallès en julio de 2025), y Abdoulie Bah (un gambiano de 19 años que llegó solo a España hace ocho años, cuidaba niños y fue abatido a tiros en el aeropuerto de Gran Canaria el pasado mayo) y Salim Traoré, un temporero maliense muerto a comienzos de febrero por disparos de la Guardia Civil en Huelva.

La investigación de cómo y por qué Haitam Mejri murió en un locutorio de Torremolinos cuando era reducido por seis agentes de Policía está paralizada en un juzgado de Málaga tres meses después. La jueza espera el informe definitivo de la autopsia, y hasta que no lo reciba ha decidido archivar provisionalmente las actuaciones: prefiere no llamar a ningún testigo y no practicar ninguna de las diligencias solicitadas por los abogados de la familia.

Entre tanto, la familia ha encargado y recibido otro informe pericial, que concluye que el hombre falleció por una insuficiencia cardiorrespiratoria severa causada por la presión que ejercieron los agentes sobre cuello y tórax, unida al uso de gas irritante y una decena de descargas eléctricas con pistolas táser.

En el sumario constan ya las grabaciones registradas por dos de las cámaras del local (desde uno de los extremos y tras el mostrador) y las vinculadas a las táser que usaron los agentes. Esos vídeos, que elDiario.es en Andalucía ha podido visionar sin restricciones, confirman lo que ya se deducía de las grabaciones de algunos curiosos desde el exterior del local: Haitam habría entrado al local muy alterado y forcejeado con el dueño, pero no amenazó a los policías ni manejaba ningún elemento peligroso. Recibió al menos entre ocho y diez descargas eléctricas en diez minutos (todas estando ya en el suelo) y falleció después de que varios agentes pasasen varios minutos sobre él.

Haitam Mejri, de 35 años y padre de un niño de siete, murió el pasado 7 de diciembre en un pequeño locutorio de Torremolinos. La jueza dispone desde hace dos meses de la secuencia desde que Haitam está solo hasta que retiran el cadáver, más de tres horas y media grabadas por una cámara del local; también tiene dos vídeos de unos diez minutos cada uno grabados por las cámaras que se activan al usar las pistolas táser.

El vídeo incluido en esta información ha sido elaborado a partir de las imágenes registradas desde una cámara situada en altura en uno de los rincones del local, lo que ofrece una perspectiva más amplia de la escena, así como del grabado al activarse la cámara de una de las pistolas táser.

“Voy a colaborar”

Las imágenes desmontarían la hipótesis de que Haitam amenazase a nadie, como divulgaron algunos sindicatos policiales. Lo que se ve y oye es una intervención en la que varios agentes golpean, gasean, sujetan y disparan al hombre cuando este ya está en el suelo y engrilletado, mientras este se resiste, les insiste en que sean conscientes de que las cámaras están grabando y grita de dolor y rabia.

En el vídeo se observa que el hombre habría entrado muy alterado pidiendo un cargador para recargar la batería del móvil, llegando a desencajar la mampara tras la que estaba el dueño. Tras forcejear con él y salir a la carrera, este lo encerró y llamó al 112. La Policía envió un Zeta (dos agentes) ante el aviso de un supuesto robo. Luego llegaron cuatro policías más.

Al llegar lo encontraron con dos móviles en la mano derecha y unas tijeras escolares (de unos ocho centímetros y punta redonda) en la izquierda, mientras intentaba extraer el cargador de su envoltorio. Registrada por varias cámaras, es una escena que no anticipa lo que va a ocurrir. “Amigo, ponte al suelo”, se presenta el primer agente que entra al local. Lleva ya la pistola en la mano, lo que activa la cámara vinculada. Haitam no se tumba, señala a las cámaras del local y dice: “Voy a trabajar con vosotros”. Mientras, les muestra repetidamente los móviles, aparentemente satisfecho de que ya están cargando. Los agentes no muestran signos de que perciban riesgo grave. Haitam suelta las tijeras e insiste en retener los móviles.

El agente se le acerca mientras le apunta con el táser, cuya cámara graba a pocos centímetros: Haitam suda profusamente, está nervioso, se mueve, balbucea mientras mira los teléfonos, pero no amenaza. “Voy a empezar a rezar”, dice. “Perfecto”, le dice el agente. “Voy a colaborar”, insiste Haitam, que trata de explicarles por qué está allí y llega a decirles: “No quiero morir”. “Si vas a colaborar, dame la mano”, le dice el agente. Es cuando estrechan las manos cuando todo cambia: cuando el policía le alcanza, trata de tumbarlo con la ayuda de otros dos compañeros, uno de los móviles cae y comienza el forcejeo que acabará con Haitam en el suelo y, tras unos minutos agónicos, con su muerte. Seis agentes habrían participado.

“¡Soltadme! ¡Soltadme!”, grita, cuando está en el suelo. Entre tres agentes le acaban de tumbar. El primer disparo de táser lo recibe en la zona lumbar. “¡Quieto o te pego otro!”, le advierte un agente repetidamente, mientras el otro lo engrilleta y él se dirige a quienes observan desde el exterior: “¿Estáis viendo lo que me están haciendo? ¿Lo estáis viendo todos? ¡Hay cámaras ahí!”.

Un agente se sube en las piernas y permanece allí durante varios minutos, mientras otro lo sujeta por el cuello. Los refuerzos se incorporan a la escena, y el vídeo muestra a tres agentes sujetando al hombre, que está en el suelo y no puede mover las manos, mientras los agentes tienen dificultades para amarrarle también los pies. Uno le golpea la cabeza repetidamente pateando un cartel metálico. “Hijo puta, la que ha liado”. “Tráete el táser, tráete el táser”, reclama uno. “¡No me vais a matar!”, se escucha a Haitam, que grita, jadea y tiene ya dificultades para respirar. Otro anima a seguir usando la táser. “Dale, dale”, dicen. “¡Métele!”.

Con la situación ya bajo aparente control, un agente sugiere: “Métele más táser”. “No, porque ya está ahí todo el mundo mirando”, replica otro, según se escucha en uno de los vídeos de las táser. Han pasado siete minutos desde que lo han tumbado y el hombre ha quedado completamente reducido. “Hay que aguantar, ten fe, ten fe”, masculla. Un agente presiona con la pierna en el tronco y otro sigue de pie sobre las piernas.

“¿Esto cómo para de grabar?”, pregunta entonces uno de los agentes. La grabación de las dos táser se corta simultáneamente segundos después, pero siguen grabando las cámaras del local.

“En Torremolinos Se Queja ya se ha publicado”

En total recibe entre ocho y diez descargas (este medio no puede determinar si varias de ellas son diferentes o una prolongada), todas en el suelo y tres de ellas cuando ya está engrilletado de manos, según dicen los propios agentes (“hala, engrilletado”) pasados varios minutos del forcejeo inicial, mientras otro agente está subido sobre sus piernas.

Durante los diez minutos siguientes lo siguen sujetando y los policías entran y salen comentando su actuación. Uno de ellos reconoce el uso de un spray irritante: “Se lo he echado en la boca y lo ha escupido”. Mientras Haitam respira entre estertores, cada vez más débil, se escuchan también estas dos frases: “Bueno, ya ha muerto, ¿no?”, dice alguien. “En Torremolinos Se Queja ya está publicado”, ironiza otro. Con la comprobación de que su respiración es ya muy débil, alguien comenta que “se ha venido abajo”.

Sólo entonces llaman a la central, a la que dan una información que no refleja lo que está ocurriendo: “Aquí hay un detenido bastante agresivo, llama a una ambulancia. Vamos a inmovilizarlo”. Pero Haitam ya llevaba varios minutos inmovilizado. También explican el origen de la trifulca: “Un móvil, quería cargarlo”.  

Los agentes empiezan a ser conscientes de lo que puede haber ocurrido. “A ver si le pillas el pulso”. “Le damos la vuelta que no se vea”. “Creo que le ha dado una sobredosis”. “Vamos a sentarlo en la silla”. “Una ambulancia, parece que este hombre ha entrado parada. Estamos realizando RCP [Reanimación Cardiopulmonar]”, dice un agente, ya por último. Cuando comienzan, pasan 23 minutos desde que la Policía llegó al locutorio, y Haitam probablemente ya está muerto.

“Elevada presión a nivel de cuello y tórax”

La familia denuncia que a Haitam lo mató la fuerza excesiva empleada por los seis agentes. El abogado Samuel Tejada cree que concurren los elementos para imputar un presunto asesinato, y no sólo una imprudencia mortal.

El informe que han encargado, firmado por el forense Aitor Curiel, sostiene esa conclusión. Se trata de una segunda opinión técnica, que se añade a la que aún debe entregar el Instituto de Medicina Legal, que está a la espera del análisis toxicológico.

“La elevada presión a nivel de cuello y del tórax, la inmovilización y sujeción junto con la utilización de un gas/gel irritante y la realización de múltiples descargas eléctricas con TASER produjeron una insuficiencia cardiorrespiratoria severa y la posible producción de arritmias cardiacas letales en un corazón con patología cardiaca previa no mortal a corto plazo y no conocida”, señalan las conclusiones del informe encargado por la familia, a las que este medio ha tenido acceso.

El documento observa que padecía arterioesclerosis coronaria severa y otras patologías coronarias, pero concluye que no hubiera fallecido “en ese momento ni en esa forma” de no haber sido golpeado, presionado, inmovilizado, gaseado y electrocutado reiterada y prolongadamente.

La familia cree que la muerte de Haitam no fue el resultado de una actuación meramente imprudente, sino de un uso “desproporcionado y excesivo” de la fuerza con plena consciencia de lo que podía ocurrir. “Sabían que había un riesgo y aun así se emplearon unos medios que pueden causar la muerte”, señaló su abogado en una rueda de prensa a finales de diciembre.

La familia está muy dolida con versiones apócrifas difundidas en prensa por sindicatos policiales, en las que se imputaba a Haitam agresividad, un intento de robo, amenazas en árabe o el uso de “tijeras de grandes dimensiones”, que los vídeos desmentirían. La muerte de Haitam ha originado varias manifestaciones denunciando el “abuso policial” y el “racismo institucional”.

Haitam Mejri falleció el 7 de diciembre tras una intervención policial en la que recibió entre ocho y 11 descargas eléctricas. El hombre, asentado desde hace tiempo en Málaga con su hijo de siete años, entró a un locutorio en torno a las 19:30 de la tarde y no salió con vida. elDiario.es publicó en exclusiva varias informaciones con los vídeos aportadas a la causa judicial, cuya instrucción, según denuncia la familia, está detenida en el juzgado.

En el sumario constan ya las grabaciones registradas por dos de las cámaras del local (desde uno de los extremos y tras el mostrador) y las vinculadas a las táser que usaron los agentes. Esos vídeos, que elDiario.es en Andalucía ha podido visionar sin restricciones y que recopilamos aquí en su totalidad, confirman lo que ya se deducía de las grabaciones de algunos curiosos desde el exterior del local: Haitam habría entrado al local muy alterado y forcejeado con el dueño, pero no amenazó a los policías ni manejaba ningún elemento peligroso. Recibió al menos entre ocho y diez descargas eléctricas en diez minutos (todas estando ya en el suelo) y falleció después de que varios agentes pasasen varios minutos sobre él.

Estos son todos los vídeos de la muerte de Haitam:

Rebaja sustancial de las condenas a los mossos d'esquadra que agredieron a un joven durante el toque de queda en la pandemia, lo detuvieron de forma ilegal y falsearon un atestado para encubrirse. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha reducido de siete a cuatro años de cárcel las penas más altas para dos de los agentes y ha absuelto a un tercero, que había sido condenado a tres años de prisión.

En su sentencia, la sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC mantiene los hechos probados de la Audiencia de Barcelona sobre una de las actuaciones policiales recientes más desproporcionadas, pero aminora ostensiblemente su reproche penal.

La Audiencia de Barcelona condenó a dos de los agentes a siete años de cárcel (tres por un delito de detención ilegal, otros tres por falsedad documental por el atestado falso y uno por un delito contra la integridad moral); a un tercero, a tres años de cárcel por falsedad documental; y a un cuarto, a un año de cárcel por un delito contra la integridad moral.

Con su rebaja generalizada de penas, el TSJC impone cuatro años de cárcel a los dos agentes condenados a penas más graves; absuelve al tercero y mantiene la pena de un año de cárcel al cuarto. La razón estriba en que donde la Audiencia de Barcelona vio un delito de detención en su modalidad más grave, merecedor de tres años de cárcel, el TSJC lo califica tan solo como leve y lo pasa a castigar con una multa.

Según el TSJC, pese a ser detenido ilegalmente, el joven “fue conducido de forma inmediata a dependencias policiales”, lo que implica que la pena pase de tres años de cárcel a la mínima, una multa de 540 euros. La Sala considera está cantidad “proporcional a la vista de que nos encontramos ante agentes de los Mossos d'Esquadra”.

Por el contrario, la Audiencia de Barcelona había descartado la “brevedad” de la detención para imponer los tres años de cárcel, ya que el joven estuvo toda la noche en comisaría de forma ilegal hasta que fue conducido a la autoridad judicial al mediodía siguiente.

El TSJC, pese a dar la razón a las defensas en cuanto al delito de detención ilegal, mantiene la indemnización de 14.466 euros a la víctima por las lesiones y daños morales que le ocasionaron. También el resto de pronunciamientos de la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que consideró “innecesaria, excesiva y desproporcionada”, la actuación policial.

Al igual que la sentencia de la Audiencia de Barcelona, afea a los agentes que recurrieran a la fuerza para reducir al joven. “La violencia con la que fue tratado, cuando no era necesaria, lesionó su derecho a la integridad moral”, remarcan los togados, que concluyen que la víctima “fue objeto de abuso policial”.

“Nos encontramos pues ante unos hechos de extrema gravedad en que un ciudadano inocente es falsamente inculpado y tiene suerte de que una vecina graba lo ocurrido”, asevera la sentencia, que descarta anular las imágenes grabadas en vídeo de la agresión por una vecina, tal y como pretendían las defensas. “Si se nos permite, son unas imágenes que hablan por sí solas”, apostilla la Sala.

La víctima no había cometido ningún delito cuando fue detenido, sino que, al contrario, había sido víctima de un bofetón y había sido tirado al suelo por parte del cabo que lideraba el operativo policial en el barrio del Raval de Barcelona durante el toque de queda impuesto por la COVID-19 en 2020. La sentencia del TSJC es recurrible ante el Supremo.

La abogada del centro Irídia, Laura Medina, que ejerce la acusación popular, ha celebrado que el TSJC “mantenga que, para justificar la detención, se consignó un relato no ajustado a la verdad en la minuta policial, así como la afectación a la integridad física y moral del denunciante”, si bien ha lamentado que se haya rebajado la pena por el delito de detención ilegal.

Alex Vitale, profesor de Sociología en la Universidad Municipal de Nueva York (CUNY), coordinador del proyecto Justicia Social y Control Policial y autor del libro El final del control policial (Capitán Swing), lleva años estudiando los orígenes, dinámicas y actuaciones de la policía en EEUU. Sus ideas radicales sobre el desmantelamiento del control policial de las sociedades cada vez lo son menos.

Cuando un agente del ICE asesinó a Renee Good en Minneapolis, Vitale dijo a este medio que habría más muertes. Unos días después llegó el segundo asesinato a manos de un agente federal con competencias para luchar contra la migración. La violencia es el resultado inevitable de este proceso, dice.

“La labor de estos agentes federales es intrínsecamente injusta. Cuando nos enfrentamos a este nivel de injusticia, habrá resistencia. El uso del control policial para abordar la resistencia es intensificar la violencia. Mientras esto siga siendo un proyecto fundamentalmente injusto a los ojos del público estadounidense, seguiremos viendo una escalada de la violencia”, sostiene.

¿Cuál es su análisis sobre el uso y el despliegue de los agentes federales por parte de Trump en todo Estados Unidos? Ha triplicado el presupuesto de ICE y ha duplicado sus agentes, pero no se trata solo de ICE, sino también de la Patrulla Fronteriza de la Guardia Nacional...

Trump está inmerso en una especie de teatro político diseñado para intentar convencer al público estadounidense de que está haciendo algo para mejorar sus vidas vilipendiando a los inmigrantes y distrayéndonos de los principales fracasos económicos que ha supuesto entregar la economía a los multimillonarios y las multinacionales.

Pero también está expandiendo una especie de política autoritaria al afirmar que los problemas a los que se enfrenta Estados Unidos pueden resolverse con la movilización de agentes federales armados y vestidos con ropa de camuflaje que persiguen a la gente por la calle, les rocían con spray pimienta y les disparan cuando se resisten.

Todo esto corre el riesgo de que escale a una situación en la que Trump cree una fuerza policial política que también se puede utilizar para subvertir los movimientos democráticos y socavar elecciones libres y justas.

¿Cree que ese es el camino o la dirección que está tomando Estados Unidos en este momento?

Esa es la dirección en la que Trump nos quiere llevar, pero está encontrando tanta resistencia que va a tener que dar marcha atrás en esta estrategia, como ya estamos viendo en Minneapolis, donde el Gobierno ha retirado al jefe de la Patrulla Fronteriza y ha dado señales de que tiene la intención de reducir la escala de la intervención federal ante la creciente oposición nacional.

Sostiene en su libro El final del control policial que la policía siempre ha sido una herramienta política. Aunque esto es más evidente en los regímenes autoritarios, también ocurre en las democracias ¿Podría desarrollar un poco esta idea y cómo se aplica a los Estados Unidos de hoy?

Durante los últimos meses, el pueblo estadounidense ha ido tomando conciencia de la verdadera naturaleza del control policial y, entre otras cosas, de que estas fuerzas siempre han existido con fines políticos, de manera que permiten a los políticos encubrir los fracasos de sus políticas mediante la movilización de trabajadores de la violencia.

Enmarcar los problemas de desigualdad y desestructuración social como problemas de delincuencia que debe gestionar la policía corre el riesgo de crear una fuerza que pueden utilizar los líderes autoritarios no solo para distraernos, sino también para reprimir activamente nuestros movimientos e interferir en el funcionamiento de nuestra democracia.

Todo esto corre el riesgo de que escale a una situación en la que Trump cree una fuerza policial política que también se puede utilizar para subvertir los movimientos democráticos y socavar las elecciones libres y justas

En este sentido, ¿cómo ha evolucionado el uso del control policial contra los migrantes y qué consecuencias tiene?

La idea de que podemos resolver nuestros problemas cerrando las fronteras a la migración ha estado siempre ligada a miedos raciales y a fracasos más generales de la política económica.

Durante muchos años en la historia de Estados Unidos hemos tenido fronteras esencialmente abiertas y esto ha proporcionado enormes beneficios a la sociedad y la economía estadounidenses. Ha sido una fuente enorme de crecimiento e innovación y ha contribuido al estatus de clase mundial de Estados Unidos.

La decisión de intentar cerrar la frontera a algunas personas siempre ha servido para reforzar las nociones de supremacía blanca y para actuar como una herramienta de control laboral que, en realidad, reduce el bienestar general de la clase trabajadora estadounidense.

¿Cómo nació el control policial en la sociedad? Usted sostiene que no fue para hacer que los ciudadanos estuvieran más seguros ¿Traza algún paralelismo entre ese origen histórico con la situación actual en EEUU?

Si nos fijamos en la creación de la policía moderna hace unos 200 años, surgió como una herramienta para gestionar la resistencia a las formas dominantes de explotación económica que existían a principios del siglo XIX. Estas eran el colonialismo, la esclavitud y la industrialización masiva.

Cuando los esclavos se rebelaron, cuando los pueblos colonizados se levantaron y cuando los trabajadores se declararon en huelga y perturbaron el funcionamiento habitual de las empresas, se crea la policía para gestionar esos actos de resistencia.

Lo que tenemos hoy en día no es una situación de colonialismo y esclavitud en el sentido del siglo XIX, pero tenemos un sistema de desarrollo económico neoliberal que ha cerrado el avance económico a la gran mayoría de los trabajadores y ha desplazado los recursos hacia el 0,1% más rico. Al mismo tiempo, se han desmantelado servicios gubernamentales esenciales, dejando a un gran número de personas luchando en los márgenes de la economía.

La Administración Trump está enmarcando esas estrategias que la gente ha tenido que adoptar para sobrevivir como problemas de delincuencia que deben gestionarse mediante una vigilancia policial intensiva, en lugar de adoptar políticas redistributivas y reguladoras que crearían una mayor prosperidad económica.

Pero los asesinatos, las detenciones en los lugares de trabajo y las deportaciones masivas en EEUU no son nada nuevo ¿Qué ha cambiado con Trump?

La historia de la policía está llena de momentos como los que estamos viviendo hoy. En cierto modo, no hay nada particularmente nuevo, sino que es simplemente el ejemplo más reciente de una intensificación y una hiperpolitización de la policía federal.

Durante la Primera Guerra Mundial, tuvimos los denominados disturbios de Palmer, que fueron una resistencia al intervencionismo militar de la Primera Guerra Mundial y el Gobierno federal atacó a esas personas, deportó a un gran número de ellas, las encarceló sin causa justificada, sin el debido proceso, y mató a quienes se resistieron. Así que esto no es del todo nuevo. Es solo el ejemplo más intenso que muchas personas han experimentado en sus vidas.

Muchos analistas denuncian la falta de rendición de cuentas de agencias como el ICE, pero usted afirma que la rendición de cuentas no es el problema en sí, ¿verdad?

Por supuesto que no lo es. La naturaleza del control policial es tener impunidad porque, en última instancia, es una herramienta de las élites para llevar a cabo proyectos políticos y, para que eso ocurra, esas élites políticas proporcionan a la policía una amplia inmunidad.

De vez en cuando [el sistema] sacrifica a algún agente y lo juzga para intentar demostrar que el sistema funciona, pero esto no cambia realmente la misión fundamental y los métodos de la policía. Solo crea un chivo expiatorio.

La idea de que los problemas que estamos experimentando en Minneapolis y a nivel nacional pueden solucionarse mediante la formación o la supervisión de los agentes es ignorar por completo el hecho de que se trata de un esfuerzo fundamentalmente injusto.

Deberíamos dejar de hablar de microgestionar la policía y, en su lugar, abordar directamente el problema político que nos ocupa, que es la búsqueda de chivos expiatorios entre los migrantes ante la ausencia de una política económica real.

La policía moderna surgió hace 200 años como una herramienta para gestionar la resistencia a las formas dominantes de explotación económica que existían a principios del siglo XIX. Estas eran el colonialismo, la esclavitud y la industrialización masiva. Lo que tenemos hoy en día es un sistema de desarrollo económico neoliberal que ha cerrado el avance económico a la gran mayoría de los trabajadores y ha desplazado los recursos hacia el 0,1% más rico

Hemos visto una campaña masiva de reclutamiento para el control policial contra los inmigrantes en el último año. Estas campañas, muchas de ellas en redes sociales, tienen una gran carga política ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la repentina expansión de estas agencias?

Hay mucha preocupación razonable por la llegada masiva de agentes federales mal formados y muy ideologizados, pero los asesinatos que hemos visto en las últimas semanas los han llevado a cabo en su mayoría agentes con experiencia.

Lo que tenemos aquí no es un fallo de experiencia o formación; el problema es la misión. Y mientras los líderes de estas agencias indiquen a los agentes que todo vale en la búsqueda de esa misión, seguiremos viendo violencia y abusos.

Tras el asesinato de George Floyd, Minneapolis intentó desmantelar la policía, pero al final se rechazó en referéndum. ¿Estamos preparados para una transición de este tipo?

El caso de Minneapolis es muy complicado y es importante recordar que alrededor del 45% de los votantes de una importante ciudad estadounidense votaron a favor de una medida electoral que habría creado la posibilidad de reducir drásticamente y transformar la policía.

Hay un enorme apoyo a la idea de eliminar el ICE o quitar gran parte de sus responsabilidades a la policía local e invertirlas en las comunidades y las agencias de servicios sociales. Hemos visto cómo cientos de ciudadanos, sino miles, han comenzado a invertir en iniciativas de seguridad pública no policiales. Esta transformación está ocurriendo, aunque es lenta. Los acontecimientos de las últimas semanas no harán más que acelerar ese proceso.

¿Cree que esta idea de desmantelar la policía es ahora menos radical?

Sí. El problema es que la gente necesita ver cuáles son las alternativas concretas y, cuanto más desarrollemos esa infraestructura, mejor nos irá para trasladar recursos del control policial a otras intervenciones más eficaces.

¿Cuál es el objetivo de la criminalización de la migración, como también ha ocurrido con las personas sin hogar, por ejemplo? Supongo que saben que no van a erradicarlo con intervenciones policiales.

Al igual que los alcaldes locales han utilizado la policía para atacar a las personas sin hogar, porque no tienen un plan real para abordar la falta de vivienda masiva, el Gobierno federal está atacando a los migrantes porque no tiene un plan real para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora estadounidense.

A falta de un plan real, están utilizando un teatro de criminalización y búsqueda de chivos expiatorios para dar la impresión de que están haciendo algo, pero son incapaces de eliminar a los migrantes de la vida estadounidense. En última instancia, este será un esfuerzo fallido y una vez que el pueblo estadounidense se dé cuenta de ello, veremos una tremenda reacción contra esta agenda autoritaria de la derecha.

El Tribunal Superior de Madrid ha confirmado la sanción de un mes de suspensión impuesta a un agente de Policía Nacional que en 2022, en los alrededores del campo del Atlético de Madrid, increpó a una conductora de Uber que había metido el coche en una zona restringida: “Payasita, no me toques la polla que me paso tus derechos por el forro de las pelotas”, llegó a decir el agente en una sucesión de insultos y amenazas que quedaron grabadas por la conductora. Los juzgados decidieron no imputarle por la vía penal pero la Dirección General de la Policía entendió que merecía ser sancionado por una falta grave de desconsideración con los ciudadanos.

Los hechos ocurrieron el seis de noviembre de 2022. El policía formaba parte del dispositivo de seguridad del partido de fútbol que enfrentó al Atlético de Madrid con el Espanyol. Pocos minutos después de que el partido terminara con empate a uno, la conductora de VTC se introdujo en una zona restringida para recoger a un cliente cerca del estadio, momento en que fue interceptada por este agente. Todo quedó grabado por la afectada.

“Salga de puto coche”, “cago en dios, tu eres gilipollas o qué”, “quién pollas te crees que eres”, “eres una imbécil”, “salga del coche o la saco de la puta cabeza”, dijo el agente sin saber que estaba siendo grabado. “Eh, payasita, no me toques la polla, que me paso tus derechos por el forro de las pelotas, tira ya de aquí de una puta vez”. Antes de marcharse, susurró para sí mismo: “Puta perrucha de los cojones”.

En un primer momento la mujer acudió a la vía penal pero los tribunales decidieron que este policía no había incurrido en ningún delito. Un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid decidió archivar las diligencias en febrero de 2023 y entonces la pelota pasó al tejado de la Dirección General de la Policía Nacional, que puso en marcha un expediente disciplinario que culminó con una sanción. Una suspensión de 30 días por una falta grave que ahora, según ha podido comprobar elDiario.es, ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El agente sancionado planteaba dos argumentos principales en su recurso: que el cierre de la vía penal contra él impedía sancionarle por la vía disciplinaria y también que la grabación que había servido para castigarle no había sido correctamente custodiada ni verificada. Los jueces de lo contencioso-administrativo del TSJ madrileño discrepan en ambas alegaciones y confirman su sanción con el apoyo de la Abogacía del Estado.

Sobre la grabación, los magistrados explican que fue “certificada” por el instructor del expediente. Un expediente en el que “ha podido participar” y ha propuesto pruebas sin conseguir desvirtuar la fuerza del audio que recoge sus amenazas e insultos. Sus manifestaciones, dice esta sentencia, “constan grabadas” y “constituyen una desconsideración con una ciudadana y por tanto una infracción grave”.

Tampoco ven los jueces ningún problema en que la Policía Nacional haya decidido imponerle una sanción aunque los tribunales no hayan encontrado material para juzgarle por la vía penal. Un tribunal penal, explica el TSJ, “protege a las personas frente al uso excesivo e injustificado de la fuerza en la actuación policial”. Y un órgano disciplinario, como es la Dirección General de la Policía, “protege al cuerpo policial contra el descrédito y desprestigio” de los agentes que cometen esas infracciones. “En una sociedad democrática la Policía debe poner especial atención en preservar la consideración de la ciudadanía como elemento integrante de la autoridad con la que desempeña sus funciones”.

Una agente de la Guardia Civil ha sido condenada a indemnizar con más de 18.000 euros a un compañero al que pegó varios golpes de porra por la espalda y en la cara al pensar que era un ladrón de teléfonos móviles. El Tribunal Superior de Madrid confirma su condena por un delito de lesiones y también que la Dirección General de la Guardia Civil se debe hacer cargo de forma subsidiaria de la indemnización. Los jueces rechazan el argumento con el que la Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido la absolución de la guardia civil condenada: que había golpeado a su compañero creyendo que estaba cumpliendo con su deber.

Los hechos, según las sentencias a las que ha tenido acceso elDiario.es, ocurrieron en octubre de 2018, en uno de los días de mayor afluencia a las fiestas del municipio madrileño de Boadilla del Monte. La agente condenada formaba parte del dispositivo de seguridad de la Guardia Civil, que en torno a las tres de la mañana recibió un aviso: un grupo de jóvenes estaba sacando teléfonos móviles del recinto ferial. Unos teléfonos que podrían haber sido hurtados a otras personas durante las fiestas.

Los chicos echaron a correr por un paraje irregular y no dejaron de correr cuando la agente y varios de sus compañeros uniformados gritaron: “¡Alto, Guardia Civil!”. Muchos de ellos saltaron una de las vallas y la agente se acercó corriendo a uno de ellos: sacó su defensa extensible reglamentaria de más de medio metro y le dio un primer golpe por la espalda y en las cervicales. El segundo golpe se lo dio en toda la cara. Cuando el supuesto ladrón cayó al suelo sangrando, se escuchó un grito: “¡Es compañero, es compañero!”.

La agente descubrió entonces que no había agredido a ningún potencial delincuente sino a un compañero que formaba parte del operativo en esas fiestas y que iba de paisano para poder vigilar posibles hurtos sin levantar suspicacias. El caso terminó en los tribunales y en un juicio atípico en la Audiencia Provincial de Madrid: una guardia civil y la Dirección General del cuerpo en el banquillo de los acusados, un compañero como víctima, otros ocho agentes testificando y la Fiscalía y la Abogacía del Estado pidiendo la absolución.

Según ha sabido elDiario.es, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado su condena: una multa de 1.450 euros por un delito de lesiones y la obligación de indemnizar con algo más de 18.000 euros al agente al que agredió, una cantidad que incluye los perjuicios de las lesiones, el fisio y las operaciones a las que tuvo que someterse. El guardia civil agredido pasó dos veces por quirófano porque el golpe le desvió la nariz y desde entonces, entre otras secuelas, no respira correctamente.

“¡Es compañero, es compañero!”

Tanto en el juicio como en sus recursos ahora rechazados, la agente condenada alegó que nunca supo que estaba persiguiendo a un compañero de la Guardia Civil y que usó la defensa para repeler una situación de peligro contra un potencial delincuente. Los jueces, que finalmente le imponen una multa y rechazan la petición de cárcel de su compañero, explican que esa agresión con la porra y por la espalda no estaba justificada, ni contra un posible ladrón ni contra otro guardia civil. “La actuación agresiva de la agente acusada no se produjo en un contexto de acometimiento a su persona, de desorden o alteración del orden público, y ni tan siquiera de hipotético peligro o riesgo”.

El TSJ recuerda, al rechazar su último recurso, que en esa persecución no había peligro para ella y, por tanto, ningún motivo para golpear a alguien con su defensa reglamentaria: “Ninguna resistencia hubo, ni el escenario podía propiciar a la agente una intimidación ambiental por situación de riesgo, siendo ella la perseguidora y los otros los perseguidos”. En términos similares se había pronunciado, unos meses antes, la Audiencia Provincial de Madrid: hizo un uso “indebido” de la porra. “No hubo agresión ni legítima ni ilegítima por parte de la víctima de la que defenderse ni tampoco de cualquier otra persona”.

El propio agente agredido lo dijo en su declaración en el juicio. Lo primero que sintió fue un golpe en la espalda y se dio la vuelta esperando encontrarse a uno de los presuntos ladrones huyendo a la carrera. Lo siguiente que vio, ya en el suelo y sangrando por la cara, fueron las botas de su compañera. “No se puede agredir a una persona de esa manera”, dijo ante el tribunal. Los hurtos de móviles que perseguían, además, no habían sido robos violentos o con armas, sino sustracciones al descuido, nada que justificara ese uso de la fuerza. Ya el año anterior hubo seis detenidos por este tipo de robos.

Hasta ocho guardias civiles, entre compañeros y mandos superiores implicados en el operativo de esas fiestas de Boadilla, comparecieron sin arrojar muchos detalles sobre lo que había sucedido. Durante el juicio, la agente acusada y la Dirección General de la Guardia Civil fueron defendidas por la Abogacía del Estado, mientras que el agente agredido tuvo que contratar un abogado privado. La Fiscalía también se puso de parte de la acusada: pidió que fuera condenada a indemnizar al agredido, pero eximida de cualquier otro tipo de condena por haber actuado en cumplimiento del deber.

Los jueces entendieron que no era necesario imponer una condena de cárcel a esta agente además de la multa y las indemnizaciones por el delito de lesiones. Una pena de prisión sería “especialmente rígida”, dijo la Audiencia de Madrid, que también tuvo en cuenta los seis años que pasaron desde los hechos hasta la celebración del juicio.

La sentencia también apuntó a la falta de coordinación del operativo policial como factor relevante en la agresión: “No puede olvidarse la descoordinación del dispositivo policial diseñado para el evento como quedó patente en el plenario y que, de alguna manera, pudo influir de forma circunstancial en los hechos”. Y terminó condenando como responsable civil a la Dirección General de la Guardia Civil “pues la acusada, agente de la Guardia Civil, cometió los hechos en el ejercicio de sus funciones como tal”.

Sami, propietario de un local de comida rápida de Alcorcón que fue objeto de un robo en el pasado día 15 de diciembre de madrugada, ha presentado una queja ante la comisaría de la Policía Nacional de esta localidad tras visionar las imágenes de las cámaras de seguridad y escuchar los comentarios racistas de los agentes que atendieron la incidencia. Tal y como muestran los vídeos a los que ha tenido acceso en exclusiva este medio, los dos policías inspeccionaron el establecimiento mientras realizaban comentarios despectivos tales como “¿Aquí qué vendrán? Moros. Aquí vendrán moros y gente así. Y aquí dan comida a humanos. Bueno, ‘humanos’... Yo no sé si esta gente son humanos o no. Qué asco de sitio. No vendría aquí a comer”. 

El dueño del local fue advertido por la central de alarmas de que había entrado alguien pasadas las cuatro de la madrugada, por lo que se personó inmediatamente para comprobar lo sucedido. Allí se encontraban ya los dos agentes, que habían accedido al establecimiento para realizar las comprobaciones pertinentes. Tras presentar la correspondiente denuncia en comisaría, el propietario visualizó las imágenes de las cámaras de seguridad, que grabaron tanto el robo como la posterior entrada de los agentes. A lo largo de más de una hora, los dos policías inspeccionan el local, que se encuentra cerrado al público desde hace meses, y realizan varias fotografías con sus teléfonos a la cocina y a otros espacios del mismo. Según consta también en las imágenes, uno de ellos golpea y rompe con el pie uno de los rodapiés de una pared, mientras comenta con su compañero que “ya estaba roto”.

Es, sin embargo, el tono en el que los agentes se refieren a los supuestos clientes del establecimiento lo que motiva a Sami a presentar una queja ante la misma Policía Nacional. “Dichas palabras suponen una falta de respeto y un grave acto de vulneración de la dignidad de las personas de otro origen o raza”, manifiesta a este medio. Respecto a los comentarios despectivos sobre el local, el propietario añade que “está completamente fuera de lugar comentar sobre un local del cual no tienen ningún conocimiento sobre su situación o condiciones, dado que este restaurante lleva cerrado varios meses de manera temporal entonces obviamente nadie come ahí ni se limpia al estar cerrado.”

Otro de los comentarios que el propietario denuncia son los respectivos a un estante de bebidas que lleva el rótulo de ‘Palestine Drinks’ (bebidas palestinas), sobre el que realizan varios comentarios y toman fotografías. “Desconozco cuál será el fin de las mismas o si en un supuesto caso se pretende con ello divulgar a sus contactos personales o en redes sociales”, añade el dueño al respecto.

A pesar de que Sami nació en Móstoles y tiene nacionalidad española, tanto su nombre como su color de piel, según explica a este periódico, ha sido a menudo la excusa para ser identificado por la Policía y recibir un trato “peculiar”, con “las preguntas habituales sobre si llevo droga”. Esta última experiencia con los agentes que atendieron el robo a su local lo ha motivado a presentar una queja. “Hay profesionales que hacen bien su trabajo, como en todas partes, pero también este tipo de comportamientos que no podemos dejar pasar”, afirma. Según cuenta a elDiario.es, los agentes que atendieron su queja en comisaría le pidieron disculpas y agradecieron que notificase este hecho “para que no se vuelva a repetir”.

Este jueves ha declarado en los juzgados de Bilbao el agente de la Ertzaintza investigado por herir supuestamente durante el desalojo del gaztetxe de Rekalde el pasado abril al joven Iker Arana que tuvo que ser hospitalizado y, según denuncia, “perdió un testículo por las cargas policiales”. El joven interpuso una denuncia ante la Justicia el pasado 23 de abril con el objetivo de que “se esclarezcan los hechos y para que se juzgue a los responsables de esta actuación policial”. Tanto al agente que me disparó intencionadamente el proyectil como a las personas encargadas del operativo policial, señaló tras lo ocurrido.

En su versión, el agente que ha declarado este jueves le disparó “una bala de 'foam' a propósito” en la entrepierna. En una concentración frente a los juzgados con el apoyo de la plataforma creada para defenderle, Justizia Aranarentzat, ha indicado que pese al cambio de la Ertzaintza de las pelotas de goma al 'foam' se ha demostrado que estas últimas “son altamente lesivas”. En la actualidad está abierta también otra causa por las lesiones sufridas por una mujer, Amaya Zabarte, en otra carga ocurrida en Anoeta en marzo de 2024.

“Los protocolos de lesiones son inexistentes cuando los ertzainas son los culpables. Me cuesta creer que con todos los medios y herramientas que tiene la Ertzaintza hoy en día, no hayan podido conseguir ni una prueba visual y que todas las pruebas visuales que se han conseguido han sido por parte de mi entorno. Me gustaría saber si hubiera sido al revés cómo hubieran sido las cosas”, ha lamentado el joven, tras agradecer el apoyo de la gente que ha acudido a la concentración y asegurar que su caso demuestra que “los métodos que utiliza la Policía no son los más adecuados”.

Desde la plataforma Justizia Aranarentzat han señalado que su objetivo es “hacer frente a la impunidad y a la brutalidad policial”. “El de Iker Arana no es el primer caso. Debemos reivindicar el derecho a la protesta frente a las injusticias. No debemos olvidar que la carga que produjo la mutilación de Iker Arana se produjo en un contexto por el desalojo del gaztetxe de Rekalde y por el hecho de haberse acercado simplemente a mostrar solidaridad por ese espacio”, han detallado desde el colectivo.

Según han apuntado los representantes de la organización se debe “garantizar el derecho a la protesta que hoy en día no está garantizado”. “Es legítimo protestar y es legítimo desobedecer frente a las injusticias y hay que hacer frente a la criminalización de la protesta. Tanto este caso como otros similares de los últimos meses, ponen encima de la mesa la violencia policial y la impunidad de la Ertzaintza”, han reclamado tras exigir que “se esclarezcan los hechos y se asuman todas las responsabilidades”.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, compareció a petición propia en el Parlamento Vasco el pasado mayo para defender que la Policía intervino de modo justificado y “no se puede aceptar con normalidad que la Ertzaintza reciba agresiones y se produzcan disturbios cuando tiene que cumplir con su labor legal, cuando tiene que hacer cumplir la ley”. Aun así, reconoció que hay una denuncia interpuesta. “Mi preocupación ha aumentado viendo la dura denuncia que ha hecho un ciudadano ante la actuación de la Ertzaintza. Según esta denuncia, ha recibido un daño como consecuencia de la incorrecta actuación de la Ertzaintza en los disturbios que se produjeron en Rekalde”, destacó el consejero.

A pesar de ello, Zupiria mostró en el Parlamento Vasco su firme confianza tanto en el dispositivo policial como en los jefes de la Ertzaintza que lo llevaron a cabo aquel día. “Si ha ocurrido como el denunciante asegura, ha sido un comportamiento inadecuado. Creo que el dispositivo policial que tuvo lugar en la víspera del desalojo era necesario y tengo toda la confianza en los jefes de la Ertzaintza que organizaron dicho dispositivo. Conocí de cerca lo que ocurrió y las decisiones que se tomaron e hicieron lo necesario para cumplir con una orden judicial. Los disturbios no los provocó la Ertzaintza, los provocaron quienes actuaron contra la presencia de la Ertzaintza. En ese contexto, ha podido ocurrir que un agente haya tenido una actuación incorrecta. Si eso es cierto, nos corresponde a nosotros investigarlo y ponerlo en manos de la Justicia, quien tendrá la última palabra”, indicó.

“La Ertzaintza tiene legitimidad para utilizar la fuerza a la hora de hacer su trabajo, pero si alguna vez ocurre algo, una conducta, una actuación aislada que pueda poner en duda la actuación correcta de la Ertzaintza, creo que debemos responder con firmeza. La sociedad vasca debe ser exigente con la Ertzaintza. La sociedad ha dado la legitimidad a los miembros de la Ertzaintza para que cuando sea necesario, utilice la fuerza siempre dentro de la ley. Por eso, porque les hemos dado la legitimidad, debemos ser exigentes con el uso de la fuerza, fuerza legítima sí, pero violencia, de ninguna manera”, afirmó el consejero.

Preguntado por el material y equipamiento policial que se utilizó en el dispositivo, Zupiria confirmó que hubo salvas -disparos en vacío- y balas de 'foam' cuando se detectó “peligro”. “En la actuación no se utilizaron pelotas de goma. En un momento determinado, porque vieron un peligro, sacaron las escopetas y las pelotas de los furgones, pero no fueron utilizadas”, matizó. De hecho, este material no se ha empleado nunca desde el fallecimiento de Íñigo Cabacas tras una carga ocurrida en abril de 2012.

“Se utilizaron proyectiles de salva y balas de 'foam'. En la operación hubo 40 'bodycam', se han visto las imágenes de todas y en ninguna ha aparecido la situación que describe el denunciante. Aunque eso no quiere decir nada. El despliegue no está finalizado. Si lo que relata el denunciante es verdad, estaríamos ante una situación grave y considero que ante situaciones graves hay que tener respuestas claras”, subrayó Zupiria.

La orden de desalojo del gaztetxe, un centro social autogestionado y en este caso okupado de Rekalde, estaba prevista para las 09.00 horas de del pasado viernes 4 de abril, pero durante la noche anterior comenzaron los disturbios cuando un amplio dispositivo de la Ertzaintza lo custodió durante la jornada previa a su desalojo, por orden judicial. Tras los incidentes, en los que resultó herido Arana, detuvieron a cinco personas por atentado contra agentes de la autoridad, y según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 15 ertzainas resultaron heridos, pero no de gravedad.

Finalmente, el viernes a las 10.20 produjo el desalojo y se identificó a las cuatro personas que pasaron la noche dentro, a las que se les abrirá un expediente sancionador por obstrucción, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Durante estos desórdenes públicos se cruzaron numerosos contenedores en la calzada y a seis de ellos les prendieron fuego. Según el Ayuntamiento de Bilbao los daños materiales, en un recuento inicial, ascendieron a más de 6.000 euros. Este periódico se puso en contacto con el Ayuntamiento, que aseguró que al tratarse de un edificio privado y de un desalojo ordenado por un juzgado, no realizarían comentarios al respecto.