Delcy Rodríguez ha jurado su cargo como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela este lunes unos minutos después de las 15.00 horas en Caracas (las 20.00 horas en España) tras la agresión militar lanzada por el gobierno de Estados Unidos que supuso el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado sábado.

Rodríguez ha jurado, con la mano izquierda sobre la Constitución de la República venezolana y la mano derecha levantada y ante el presidente de la Asamblea Nacional, su hermano Jorge Rodríguez, “como vicepresidenta ejecutiva” de Nicolás Maduro Moros. La primera presidenta de Venezuela ha declarado que jura “con dolor” por la situación del hasta el sábado presidente venezolano a quien ha descrito como rehén, junto a su esposa Cilia Flores, de Estados Unidos.

“Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, ha señalado la nueva presidenta en un acto retransmitido por la televisión estatal de Venezuela VTV.

Delcy Rodríguez también ha jurado su cargo por Hugo Chávez, Jorge Antonio Rodríguez y “por los niños de Venezuela” para garantizarles su futuro. “No voy a dar descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, para ver a Venezuela en el destino que le corresponde” como “una nación libre, soberana e independiente”, ha declarado ante un ejemplar de la Constitución.

La nueva presidenta ha terminado su juramento, que ha sido supervisado directamente por Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Maduro, asegurando que garantizará un gobierno “que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política”. Ha pedido además a toda la nación que jure “como un solo país” en “estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación”.

Esta tarde, durante la apertura de la Asamblea Nacional venezolana, Maduro Guerra, que es diputado por el PSUV, ha dado su “apoyo incondicional” a la presidencia de Delcy Rodríguez, donde defendido que su padre y su madrastra, Cilia Flores, han sido “secuestrados” por EEUU.

“Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca”, ha afirmado,

Durante su larga intervención, Maduro Guerra ha destacado que su nombre también aparece en “la misma acusación con la que fueron secuestrados”: “Mi familia está siendo perseguida”. “Su delito es ser revolucionarios venezolanos que no entregaron al país ni se venderán. La verdad triunfará”, ha dicho el diputado que también ha adelantado que “volverán y nuestros ojos lo verán” y “será un momento histórico”.

“La mentira es el arma histórica del imperialismo, pero esta vez se encontraron con el pueblo bolivariano que no es amnésico”, ha dicho.

Delcy Eloína Rodríguez arranca su mandato, que tiene una duración de hasta seis años (hasta 2032), bajo la amenaza explícita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que este domingo evidenció la posibilidad de nuevos ataques sobre el territorio venezolano si no ofrece la “colaboración” deseada por el magnate neoyorquino o no cede el petróleo venezolano.

Esta mañana durante su primer consejo de ministros como presidenta encargada, Rodríguez creó una comisión para gestionar la liberación del mandatario Nicolás Maduro, capturado en territorio venezolano durante la operación militar de EEUU, y ofreció al país abordar una “agenda de cooperación”.

Poco antes, Rodríguez, en un comunicado publicado en Telegram que ya firmó como presidenta encargada, extendió una “invitación al Gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y (que) fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.

“Damos prioridad al avance hacia unas relaciones internacionales equilibradas y respetuosas entre Estados Unidos y Venezuela, y entre Venezuela y otros países de la región, basadas en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto del mundo”, ha dicho.

“Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento”, añadió Delcy Rodríguez.

“Por primera vez el pacto en la Diputación de Valencia está en serio peligro”. El secretario general de Ens Uneix y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, se ha pronunciado en estos términos este lunes tras presentar junto al alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista, David García, una iniciativa legislativa popular (ILP) con el objetivo de reducir el listón electoral del 5% al 3% en la Comunitat Valenciana.

El órdago de Rodríguez se produce después de que el grupo popular de las Corts haya presentado una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos que endurece las condiciones para la presentación de este tipo de iniciativas.

Según Rodríguez, “la línea roja de Ens Uneix en la Diputación siempre ha sido el hecho de que Vox no entrara al Gobierno y desde luego un buen paso que podría hacer el PP si de verdad cree que es positivo para ellos mantener la Diputación es retirar esta propuesta que aún no se ha tramitado, que es absurda y que además supone una perversión del uso de la Ley de Presupuestos de la Comunitat Valenciana intentando colar una reformar de las iniciativas legislativas populares a través de una reforma que no es la oportuna, por lo tanto, la línea roja para nosotros siempre es Vox y que se retire esta propuesta que pensamos que no es buena para la democracia”.

Lo ajustado de los resultados electorales en los pasados comicios dieron la llave de la gobernalidad a la única diputada de Ens Uneix en la corporación provincial, la actual vicepresidenta Natalia Enguix. Finalmente decantó la balanza hacia el PP y apoyó la investidura del presidente, Vicent Mompó, con Vox dando sustento, pero fuera del equipo de Gobierno.

Rodríguez, además, ha reconocido un acercamiento al PSPV: “El PSPV, como cualquier partido grande, sabe leer las oportunidades y dentro de esa labor que tanto Carlos Fernández Bielsa como Diana Morant han anunciado en muchos casos de reconstruir las relaciones o de descongelar las relaciones es cierto que en este caso se sitúa en una descongelación vía microondas en lugar de vía solecito caliente”.

Preguntados por la compensación desde la Diputación de Valencia de algunos de los recortes anunciados por el Gobierno valenciano del PP con el apoyo de Vox, la vicepresidenta Enguix ha comentado que desde el principio han defendido los cuatro pilares de Ens Uneix que son “la igualdad, la memoria democrática, la cooperación internacional y el fomento y el uso de la lengua valenciana”. En ese sentido, ha añadido que están haciendo lo que dijeron desde el principio que ha sido “incrementar progresivamente las partidas en los asuntos mencionados y en el caso del fomento del valenciano, aunque pertenece a presidencia, desde vicepresidencia siempre hemos tenido buenas relaciones y las seguimos manteniendo con la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)”. En este sentido, ha explicado que en una reunión que mantuvieron con su presidenta la semana pasada le trasladaron que intentarán contrarrestar esos recortes que la Generalitat pretende hacer.

“Vamos a proponer a presidencia que incremente las partidas en esos asuntos tan importantes y también a través de presidencia y de nuestra influencia con la AVL colaborar en lo que la semana pasada intentamos concretar con ellos que principalmente serán asuntos relacionados con actividades, publicaciones o exposiciones que la AVL tenía pendiente hacer este año y que si se aplican los recortes no lo podrán hacer”, ha explicado.

Ens Uneix, la formación comarcalista liderada por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, cumple un año gobernando en la Diputació de València con el PP de Vicente Mompó. La vicepresidenta de la institución provincial, Natàlia Enguix, ha valorado la gestión del primer ejercicio de gobierno “desde el diálogo para alcanzar el máximo consenso, siempre de la mano de los responsables de cada ayuntamiento”. El papel de Ens Uneix, según ha destacado Enguix, se centra en dar estabilidad al pacto con el PP que arrebató a la izquierda la única institución valenciana en la que PSPV-PSOE y Compromís tenían opciones de gobernar tras las últimas elecciones autonómicas y municipales.

La traumática salida del PSPV-PSOE de Jorge Rodríguez, a consecuencia de su imputación en el 'caso Alquería', del que fue absuelto, propició la creación de una nueva formación con sede en Ontinyent pero que, tras su incorporación a la Diputación de València, aspira a aliarse con otros partidos independientes de carácter local. La última batalla ha sido en Sueca, con la moción de censura pactada entre el PP, Compromís y Sueca per Davant, vinculada a Ens Uneix, para desalojar al alcalde socialista Dimas Vázquez. En una entrevista el pasado lunes en Les Notícies del Matí de À Punt, Enguix sostuvo que la formación pretende aliarse con partidos homólogos más allá de la comarca de la Vall d'Albaida.

Por su parte, Roger Cerdà, alcalde socialista de Xàtiva, ha anhelado que la intención de Ens Uneix “no sea abrir la puerta de salida al PSPV de los gobiernos municipales”, en referencia a la moción de censura en Sueca. Cerdà ha afirmado este martes en À Punt que los socialistas valencianos mantienen un “proceso de diálogo constante” con la formación de Jorge Rodríguez “con la firme esperanza de que este partido municipalista apoye las políticas progresistas”. Enguix, por su parte, reitera la invitación cursada al PSPV-PSOE y a Compromís para negociar los próximos presupuestos de la institución provincial. “Confío plenamente en la capacidad de negociación de este equipo de gobierno”, apostilla.

Por lo demás, Ontinyent y la Diputació de València siguen siendo los puntos cardinales de Ens Uneix. La vicepresidenta primera destaca “el buen tándem” con el PP y el equipo de Vicent Mompó, alcalde de Gabarda, “desde el respeto y una visión muy similar del municipalismo y sus necesidades”.

“Nunca hemos ocultado nuestra implicación con Ontinyent y la comarca de la Vall d’Albaida, entre otras cosas porque era de justicia garantizar los fondos para transformar una ciudad y una comarca que estuvieron aisladas hasta la llegada de Jorge Rodríguez a la alcaldía de Ontinyent hace ya 13 años”, afirma Enguix. La formación comarcalista asumió las áreas provinciales de Cooperación, Igualdad o Memoria, “de gran importancia para las vecinas y vecinos de todos los municipios valencianos”, a juicio de Natàlia Enguix.

La batalla de la Memoria Democrática

Sin embargo, Enguix ha destacado con su gestión al frente del área de Memoria, en la que ha ejercido una suerte de contrapeso al abandono en la materia protagonizado por la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón. Así, la Diputació de València ha financiado numerosas actuaciones de exhumaciones de fosas situadas en la provincia mientras que el PP y Vox aprobaron en el Parlamento autonómico la polémica 'ley de Concordia'.

Mientras su socio del PP deroga la legislación autonómica de memoria, con un texto criticado por las universidades públicas y por el Consell Valencià de Cultura, Enguix ha recriminado al Ejecutivo de Pedro Sánchez no haber desarrollado ni aplicado la ley estatal. “La legislación no sirve de nada si no se ejecuta y, en el caso del Gobierno central, debe ponerse las pilas y activar el registro de personas fusiladas o facilitar los trámites para obtener la condición de víctima del franquismo. En definitiva, aplicar una Ley de Memoria Democrática que se ha quedado en un anuncio, como la inversión de medio millón de euros en proyectos de Memoria que no han sido desarrollados en nuestra provincia”, afirma Enguix.

La vicepresidenta primera de la Diputació de València recuerda que la institución provincial “invierte cada año más de un millón de euros en ayudas a familiares para la exhumación e identificación de víctimas; a los ayuntamientos para memoriales e infraestructuras de la memoria como refugios y trincheras, y también en la parte pedagógica, fundamental para dar a conocer la historia completa y que no se vuelva a repetir esa parte oscura de nuestro pasado reciente”.

Natàlia Enguix sostiene que la Diputació de València se ha convertido en “un muro de contención para proteger la Memoria”. “Pero también me gustaría trabajar de la mano con otras instituciones, como la Generalitat y por supuesto el Gobierno que aprobó una ley que no está aplicando”, agrega.

Jorge Rodríguez, el expresidente de la Diputación de València expulsado del PSPV-PSOE tras su detención e imputación en el 'caso Alquería', se enteró de su absolución dos días después de las elecciones del pasado 28 de mayo. Tras ser detenido el 27 de junio del 2018 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Rodríguez fue expulsado de su partido y creó otra formación que barrió a los socialistas en la comarca de la Vall d'Albaida. Tras las últimas elecciones, su nueva formación —Ens Uneix— se decantó por pactar con el PP y dar la presidencia de la Diputación de València al popular Vicente Mompó, dejando de paso a una exhausta izquierda sin la única institución a la que podía optar tras la debacle electoral. Así se convirtió Natàlia Enguix, de Ens Uneix, en vicepresidenta de la institución provincial mientras que Rodríguez conserva la alcaldía de Ontinyent.

Tras la sentencia absolutoria, dictada por la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia, el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, recurrió el fallo. El PP, que ejercía la acusación popular en el 'caso Alquería' junto con la entidad Acción Cívica contra la Corrupción, no recurrió la absolución y ni siquiera se adhirió al recurso del Ministerio Fiscal. Y es que los populares estaban en plenas negociaciones para arrebatarle al PSPV-PSOE la única institución valenciana que podía quedar en manos del espacio progresista.

La actuación de las acusaciones populares ha sorprendido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), que ha avalado la sentencia absolutoria. La extrañeza del alto tribunal autonómico encabeza el primer apartado de los fundamentos jurídicos de la sentencia de apelación. “Sorprendentemente las acusaciones populares ejercidas por el Partido Popular y por la entidad Acción Cívica contra la Corrupción ni formularon su propio recurso ni se adhirieron al interpuesto por el Ministerio Fiscal”, afirma la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV.

En su discurso de investidura, el pasado 14 de julio, Vicente Mompó agradeció a Jorge Rodríguez que hubiera aceptado sus disculpas —tardías pero sinceras, dijo— y le pidió perdón, algo que Rodríguez echó de menos en su anterior partido y, singularmente, en Ximo Puig. “El dolor que habéis tenido que soportar no lo merece nadie”, reconoció Mompó. “Nos equivocamos”, apostilló en referencia al ejercicio de la acusación popular en el 'caso Alquería', una causa que se prolongó durante cinco años, incluyendo la fase de instrucción y el juicio, y que supuso un alto coste personal para los acusados.

Más allá de los imprevisibles caminos que puede tomar la política institucional, la sentencia del TSJ-CV avala de plano la absolución de Rodríguez y de los otros 13 acusados, vinculados al PSPV-PSOE y a Compromís, y rechaza que se celebre un nuevo juicio oral ante un tribunal distinto al que dictó la sentencia inicial, tal como solicitaba Anticorrupción en su recurso. El fallo vuelve a destacar que el Ministerio Fiscal es el “único recurrente”, ya que “las acusaciones populares decidieron no apelar”.

El fiscal consideraba que Rodríguez y su equipo, además de Agustina Brines, vicegerente de Divalterra, de Compromís, contrataron altos directivos en la empresa pública de la institución provincial por afinidad política. Y también señalaba, a diferencia de la sentencia absolutoria, que las empresas o fundaciones públicas no sirven para “implantar políticas” sino para una “mejor gestión de los servicios públicos”. “No están puestas al servicio de los políticos sino de los ciudadanos”, argumentaba el representante del Ministerio Público.

Sin embargo, el TSJ-CV considera que se trata de “meras alusiones legales” de Anticorrupción y destaca las “dificultades” que hubo durante el mandato de Rodríguez para “determinar con claridad cuál era el procedimiento idóneo para la contratación” de los siete altos directivos. Tampoco cree que se pueda afirmar “tajantemente” que resultara de aplicación en las contrataciones el Estatuto Básico del Empleo Público, un farragoso debate jurídico que sobrevoló gran parte del juicio oral. Además, la sentencia sostiene que el encargo de numerosos informes sobre la materia no tuvo un “propósito espurio”. 

Posibles irregularidades pero no delito

El fiscal también lamentaba que el análisis de la interventora del Estado, designada en funciones de auxilio judicial, tampoco se tuvo en cuenta en la sentencia absolutoria, algo que el TSJ-CV rechaza al afirmar que el informe de la funcionaria se contempló “expresamente”.

“Es posible apreciar que pudiese haberse cometido alguna irregularidad en las labores llevadas a cabo por los acusados”, concede el alto tribunal autonómico. Sin embargo, esas supuestas irregularidades “no llegan a eliminar la consideración acerca de que su proceder estuvo sustancialmente ajustado a los criterios marcados en los informes de referencia”, agrega.

Otro argumento central del recurso de la Fiscalía era que las contrataciones de alta dirección no pasaron o incluso de ocultaron al consejo de administración de la mercantil publica. Sin embargo, el TSJ-CV alega que a pesar de que “es factible admitir que esa omisión supuso una irregularidad procedimental”, no habría tenido la “trascendencia que se pretende, al menos desde la óptica del delito de prevaricación”. 

“Se podrá compartir o no no compartir por este tribunal de apelación lo dicho por el tribunal de primera instancia, pero no es posible afirmar que sus apreciaciones sean contrarias al sentido común, a la lógica o a la experiencia, ni por tanto que sean absurdas, arbitrarias, inconsistentes o incoherentes”, concluye el TSJ-CV, que avala la absolución —“tanto si la comparte como si no”— porque, en definitiva, “no está carente de sentido”.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha confirmado la absolución del expresidente de la Diputación Provincial de Valencia Jorge Rodríguez y de los otros 13 acusados en el marco del ‘caso Alquería’.

El TSJ-CV ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra la sentencia del pasado mayo, dictada por la que la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia que absolvió a todos los encausados de los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en los contratos de alta dirección firmados por Divalterra (antes Imelsa, la empresa pública de la institución provincial) entre 2015 y 2018, durante el mandato de Rodríguez.

La sentencia, que no es firme, concluye que la declaración de hechos probados en el fallo inicial “no permite fundamentar la condena que se pretende”.

Además de Jorge Rodriguez, también fueron absueltos Agustina Brines (vicegerente de la empresa, de Compromís) y José Ramón Tiller (del PSPV), el jefe de gabinete del entonces presidente, Ricard Gallego, y el asesor Manuel Reguart. También los siete altos directivos contratados, todos afines al PSPV y a Compromís.

Las acusaciones (además de la Fiscalía Anticorrupción figuraban el PP y la entidad Acción Cívica contra la Corrupción) mantenían que los máximos responsables de Divalterra diseñaron un sistema artificioso de áreas de dirección en la empresa únicamente para favorecer a miembros, afines o simpatizantes de los partidos políticos que dirigían entonces la corporación provincial.

La Audiencia de València consideró que no había resultado acreditado que la mercantil pública resultase perjudicada económicamente por ese nuevo modelo de gestión y tampoco apreció la comisión de ninguno de los delitos atribuidos a sus responsables. La Fiscalía Anticorrupción fue la única acusación que recurrió la sentencia absolutoria. El PP declinó esa posibilidad y, actualmente, gobierna en la Diputación de València con Ens Uneix, la formación que creó Rodríguez tras ser expulsado del PSPV a consecuencia del 'caso Alquería'.

Por su parte, el TSJ-CV ha ratificado ahora la sentencia absolutoria al entender que está suficientemente motivada en virtud de la prueba practicada en el juicio oral.

“Se podrá compartir o no por este tribunal de apelación lo dicho por el tribunal de primera instancia, pero no es posible afirmar que sus apreciaciones sean contrarias al sentido común, a la lógica o a la experiencia, ni por tanto que sean absurdas, arbitrarias, inconsistentes o incoherentes”, señala el alto tribunal valenciano.

“Cuanto menos concurren dudas razonables al respecto, y esta apreciación del tribunal de instancia se respeta por este tribunal de apelación, dado que las razones tomadas en consideración por aquél son razonables y acordes con el sentido común, la lógica vulgar y la experiencia ordinaria”, concluye.

Natàlia Enguix es Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, experta en Igualdad y cuenta con un máster en derecho y violencia de género. Feminista y de base progresista, ha sido la mano derecha de Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, expulsado del PSOE por su imputación en el Caso Alquería, del que fue absuelto un día después de las elecciones municipales tras cuatro años cuestionado.

Enguix es desde hace un mes la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, en virtud de un acuerdo de su partido, Ens Uneix, con el PP, en la única institución grande en la que la izquierda tenía mayoría en la Comunitat Valenciana. Su voto, a su propia formación, decantó la balanza hacia la derecha; con el sí de Vox, el candidato del PP Vicente Mompó obtuvo la presidencia.

La vicepresidenta, que durante la entrevista ejerce de presidenta en funciones, gestiona las áreas de memoria democrática, igualdad, cooperación municipal e internacional, las más sensibles en un contexto en el que la extrema derecha ha entrado en los Gobiernos. En el PSPV, su antiguo partido, les acusan de haberse vendido a la derecha; ellos a su expartido de haberlos maltratado mientras la causa judicial estuvo abierta.

¿Cómo están siendo estos primeros días?

Para mí esta es mi segunda casa. Empecé como secretaria de presidencia de la Diputación, después fui asesora, luego diputada y ahora vicepresidenta. Tengo una visión global de todas las áreas. Estoy bien, cómoda, muy tranquila. Conozco a los compañeros, tanto a los funcionarios como a los diputados. Ya hemos tenido la primera reunión de gobierno y encuentro buena sintonía. Tengo ganas de trabajar, de empezar a poner en marcha todas las áreas.

¿Por dónde van a empezar?

Empezaremos manteniendo reuniones con asociaciones de mujeres, memorialísticas, ayuntamientos y mancomunidades que tengan asuntos pendientes. Tengo que ponerme al día con el área de cooperación municipal, continuar el trabajo que se ha hecho y continuar atendiendo a los alcaldes y alcaldesas. Lo que quiero es tener contacto con las entidades y los alcaldes.

No se ha entendido muy bien el pacto de gobierno con el PP, si fue algo previo, algo posterior a la investidura... ¿Cómo se ha gestado todo eso?

Previo no hubo nada. Empezamos las negociaciones reuniéndonos con el PP y el PSPV con una hoja en blanco. Con la idea de ver con quién podíamos pactar, qué sintonía había, cómo venían a las negociaciones y qué nos ofrecían... Y así se fue gestando la decisión de votarnos a nosotros mismos. Ahora, intencionadamente, se está planteando si teníamos un pacto con el PP. Nosotros le propusimos al PSPV pactar: que nos votaran a nosotros, que compartiéramos la presidencia durante un tiempo; esa fue nuestra condición de pactar. Lo que no puede ser es que quieras pactar con nosotros y no te podamos pedir nada.

Pero sí que pidieron a ambos partidos una serie de inversiones mientras negociaban.

Sí, nosotros planteamos al PSPV y al PP una serie de necesidades en la comarca. Somos un partido municipalista, comarcalista; yo soy la diputada del partido judicial de La Vall d'Albaida, tengo que mirar y defender los intereses de los ciudadanos de la comarca. Hablamos con los alcaldes y planteamos una serie de inversiones. Más allá de eso, tenemos el derecho de pedir lo que consideramos que en el pacto tiene que estar. Pero como dijo Jorge Rodríguez, se fueron dando una serie de acontecimientos en las últimas semanas que nos hacían dudar de la fiabilidad y de la confianza que el PSOE nos podía dar. No es que no quisiéramos pactar con ellos; queríamos llegar a un acuerdo, y a quién primero se lo planteamos fue al PSOE. Les dijimos que necesitábamos un margen de tiempo en el que arreglaran su situación interna, algo dicho por ellos, para poder confiar.

¿Durante las negociaciones, Carlos Fernández-Bielsa -el candidato a la presidencia de la Corporación por el PSPV y secretario general provincial- dijo en algún momento que tuvieran una situación complicada?

Bueno, el congreso del PSOE [valenciano] está pendiente de realizarse. Y ellos saben perfectamente que quieren hacer un cambio en la secretaría general. Que lo consigan o no es un problema de ellos; de aquí a unos meses veremos si era la intención que tenían. Lo que no puedes hacer es usar la Diputación para tu carrera política. La Diputación es una institución que tiene que servir a los alcaldes. Creo que se están equivocando en el ambiente que están creando de conflicto. Los alcaldes no quieren una Diputación que se base en el conflicto, quieren una Diputación de consenso, como siempre ha sido, quitando de algunas épocas... Cuando Jorge Rodríguez entró a la Diputación en 2015 volvió el consenso y la armonía.

Precisamente esa es la acusación que se vuelve contra ustedes. Rebeca Torró, la portavoz del PSPV, en una entrevista con elDiario.es, dijo: “El partido de Jorge Rodríguez ha pasado de llorar a facturar”.

Bueno, ya nos conocemos desde hace muchos años. La que más ha rentabilizado la traición a Jorge Rodríguez ha sido ella. Una persona que nunca se ha presentado a unas elecciones y que nunca ha ganado nada. En las municipales el PSPV quedó como quinta fuerza política; en las autonómicas quedaron por detrás del PP y Compromís. Las pocas veces que se ha presentado ha sido para perder, a diferencia de Jorge Rodríguez, que lleva tres mayorías absolutas. La gente del PSOE se tendría que mirar que el problema no lo tienen los líderes nacionales, Pedro Sánchez ha ganado las elecciones; el problema lo tienen los líderes autonómicos y locales. Y el problema en concreto lo tiene ella, que en Ontinyent no la quieren porque saben que ha traicionado a Jorge Rodríguez, que ella era su mano derecha, a cambio de un puestecito en la Generalitat.

¿Este ambiente con el PSPV cómo se ha trasladado a la Diputación?

Nosotros queremos que las cosas se calmen. Nos vamos a centrar en la gestión, en exportar el modelo de Ontinyent. Llevamos tres mayorías absolutas, conocemos la Diputación como nuestra casa, tenemos capacidad de gestión y experiencia, vamos a llevar áreas vertebradores y muy importantes en cuanto a valores, al tipo de sociedad que queremos. Vamos a demostrar que somos los mismos. Tenemos una base progresista, sabemos de dónde venimos.

¿Cómo se define Ens Uneix ideológicamente?

Priorizamos gobernar para las personas más allá de las siglas políticas. Todas las personas, nuestras alcaldías, son personas que han venido a buscarnos por nuestra manera de hacer política. Jorge [Rodríguez] ya lo dijo: ser socialista no te lo da un carnet. En los últimos cinco años no hemos hecho más que trabajar, demostrar que lo hemos hecho bien. En Ontinyent hemos demostrado que somos un ayuntamiento saneado, llevamos años sin subir impuestos, con un superávit de 2,5 millones de euros, hemos mejorado los servicios sociales, el área de igualdad, la promoción económica... Creo que esa gestión es lo que tenemos que explicar. Independientemente de eso, tenemos una base progresista y la gente que viene con nosotros lo sabe. No nos escondemos. Tenemos a gente que ha salido del PP y está con nosotros; otros han venido y no se han quedado. Tenemos un proyecto político que abarca a quién quiera estar con nosotros.

¿Cómo encaja esa base progresista y esa defensa de los servicios públicos de la igualdad, con gobernar con el PP, en un momento en el que pacta con Vox?

Nosotros nos hemos votado a nosotros mismos. A partir de ahí los números han hecho que gobierne el PP. Ellos nos plantearon que entráramos en el gobierno. También lo dijimos desde el principio: queríamos estar, creemos que tenemos mucho que aportar. Es la segunda vez que sacamos el diputado provincial y si no lo hubiéramos sacado nosotros lo hubiera sacado el PP. Si tenemos que esperar a que lo saque el PSOE... Nosotros somos quienes le arrebatamos el diputado al PP en La Vall d'Albaida, por 17 votos; somos nosotros quienes hemos parado a la extrema derecha porque nuestro diputado ha permitido que el PP no gobierne con Vox y gobierne con nosotros. Eso el PP lo tenía claro desde el primer momento: si podían elegir, preferían estar con nosotros a estar con Vox. Por eso insistimos en que hemos parado a la ultraderecha. A partir de ahí hemos recibido confianza del PP, de Vicent Mompó, porque somos personas serias, responsables y con experiencia. Él confía en nuestra manera de hacer las cosas. Vamos a tener cuatro años para demostrar lo que podemos hacer en las áreas que pedimos gestionar

Según los números, va a faltar un voto para sacar adelante los presupuestos y otras medidas en el pleno. Todo apunta que el voto, por inclinación ideológica del PP, lo va a buscar en Vox. ¿Qué harán ante ese escenario?

Nosotros vamos a gobernar para todos. Hará falta el apoyo de otros grupos políticos: está el Vox, Compromís y el PSOE. Vamos a tender la mano a los tres por igual. En función de su responsabilidad decidirán.

¿No van a tener un socio preferente?

No. Pero si tenemos que pactar con Vox, Compromís o el PSPV, lo tendremos que hacer.

Pero tanto los programas electorales como las medidas de gobierno que anuncia Vox son radicalmente opuestas a las áreas que gestiona usted.

Ellos nos conocen y nosotros a ellos también. Hay una predisposición a hablar. Pero lo que tenemos claro ambos es que no queremos una Diputación que se base en el conflicto, que no se pueda gestionar. Queremos una Diputación que beneficie a todos los municipios. A partir de ahí, cada uno tiene su responsabilidad. No vamos a hacer lo que nos hizo el PSOE en el anterior mandato; a Ens Uneix no nos pidieron apoyo y nunca votamos en contra del equipo de gobierno. No han tendido puentes con nosotros durante cuatro años. Nunca nos han agradecido nada. Nosotros no vamos a ser así, vamos a hablar y negociar con todos; todos los grupos políticos tienen la misma importancia.

¿Y el equipo que lidera Bielsa, que también formaba parte de la Diputación en el pasado mandato, ahora es distinto? Por lo que cuenta parece que les han hecho el vacío.

Nos han hecho el vacío durante cuatro años. Nos han tratado como una marca blanca del PSOE, como uno más. No se han sentado con nosotros para pedirnos el voto. No han tenido ninguna consideración con nosotros. Si querían tender puentes, nos podrían haber dado una delegación, como hemos hecho nosotros en el Ayuntamiento de Ontinyent. Creo que no se esperaban que la situación fuera la que ha sido. Si consideraban que éramos progresistas y que podríamos ir de la mano se lo tendrían que haber trabajado más. Y aún así, al negociar, lo hicimos dejando todo eso de lado. No nos hemos dejado llevar por el rencor, hemos tenido cuatro años para gestionar lo que nos pasó.

Cuando sale Jorge Rodríguez a decir que hasta que no haya un congreso que renueve al secretario general, Ximo Puig, no se puede negociar con el PSPV... Parece que atrás no ha quedado.

Es que en las últimas semanas hubo hechos que indicaban que la negociación no la estaba llevando Bielsa. La llevaban Ximo Puig y Alfred Boix. No hemos podido formar gobierno en Adzaneta de Albaida; su candidata dijo que su presidente nunca la dejaría pactar con nosotros. En Villalonga, nuestro concejal pedía una media liberación para formar parte del equipo de gobierno; nos dijeron que sí, con un acuerdo firmado, y no se la dieron. Diana Morant [la ministra de Ciencia y número 1 del PSOE por Valencia] vino a La Vall d'Albaida y no pasó por Ontinyent...

¿La dirección autonómica del PSPV ha boicoteado la negociación de la Diputación?

Sí. Eran mensajes. No somos tontos. Pero a Bielsa le faltó trabajárselo más. Daban por hecho que íbamos a apoyarles porque veníamos del PSOE. Pero ya no lo somos y no tenemos ningún trauma. También tenemos derecho a cambiar de opinión. Parece que ellos sí tienen derecho a negociar con el PP cuando quieren, como han hecho en muchos municipios. La política municipal y en las diputaciones es muy diferente. Tendrían que hacer autocrítica; Ens Uneix no tiene la culpa del fracaso de la izquierda valenciana. Han perdido la Generalitat, muchísimos municipios... En lugar de criticarnos deberían pensar por qué han sido incapaces de mantener el Pacto del Botánico hace ochos años.

¿Pero no les parece algo extraño distanciarse del PSOE y de su dirección por la expulsión del partido, a raíz de la causa judicial, que terminó en absolución, y acercarse al partido que encarnaba la acusación popular en esa causa?

Partíamos de una posición muy complicada. A Jorge Rodríguez Ximo Puig le pidió que dejara la Diputación la misma noche que entró en el calabozo. No hemos recibido apoyo en estos cuatro años. Pues ellos se lo pierden. Si tienes un líder como Jorge, que gana elecciones una tras de otra... Yo no lo dejaría escapar.

Volviendo a Vox: ¿Está cerrada la puerta para que entren en el gobierno de la Diputación?

Fue una condición que pusimos desde el principio y Vicent Mompó la aceptó.

¿Para toda la legislatura?

Veremos lo que pasa. No me quiero adelantar, pero esa fue nuestra condición. Tenemos clarísimo que no íbamos a gobernar con Vox.

¿Si ellos entraran, ustedes saldrían?

Entendemos que eso no va a pasar. Nosotros confiamos en el presidente y en las negociaciones que hemos cerrado con él.

En algún momento se planteó la posibilidad de una moción de censura, un cambio de gobierno en la Diputación.

No estamos en ese momento. Eso se enmarca en las negociaciones. Esto es un pacto sólido que le da estabilidad al gobierno de la Diputación. Nosotros queremos gestionar y exportar el modelo de Ontinyent. Tengo muchas ganas de empezar la legislatura.

¿Cómo va a gestionar sus áreas?

Seguir la línea que empezó Jorge Rodríguez en materia de memoria democrática con la exconsellera Rosa Pérez, continuar con la línea de las exhumaciones, trabajar con el museo de Etnografía... En igualdad; que empezó con Isabel García y con nosotros en Presidencia [en 2015, con el PSOE], antes no tenía área, me gustaría reforzar la Xarxa municipal contra la violencia de género, reforzar la formación a las policías locales, ver cómo están las Casas de la Dona, ayudar con los recursos en materia de personal y memoria, reunirme con asociaciones feministas... En cooperación municipal hay muchas necesidades, especialmente en el interior. Y en cooperación internacional, quería continuar también esa línea. Estamos revisando las subvenciones de la pasada legislatura, con la entidad externa que la evalúa, para ver cómo mejorar.

¿Y cómo está Jorge Rodríguez?

Bien. Está centrado en Ontinyent. Han sido cuatro años muy duros en lo político y lo personal, pero ahora está bien.

¿Ens Uneix aspira a ser un partido que salga del ámbito comarcal?

Queremos ser una mancha de aceite, expandirnos a las comarcas próximas. En estas elecciones no queríamos ir más allá de lo que podíamos hacer, acabábamos de pasar un juicio... Hemos conseguido 6 alcaldías, que para nosotros es un éxito, pero nos quedan municipios de La Vall. Queremos extendernos por las comarcas limítrofes, pero ir despacio, con pie firme. Lo más importante ha sido Ontinyent, si no tenemos Ontinyent no tenemos nada; es nuestra patria. Es lo que nos ha hecho sobrevivir estos cuatro años. Todo lo que nos quite tiempo de Ontinyent o la Diputación... iremos poco a poco.

Ens Uneix, el partido que tenía la 'llave' para formar gobierno en la Diputación de Valencia, ha solicitado al presidente de la corporación, Vicent Mompó (PP), más inversiones para la comarca de la Vall d'Albaida, junto a actuaciones que son competencia de la Generalitat.

“Una vez elegido el nuevo presidente, y después de conocer la oferta de Vicent Mompó para formar parte del gobierno de la Diputación, con una vicepresidencia primera y la gestión de aquellas áreas que consideramos más adecuadas, creemos que nuestra presencia en el gobierno de la Diputació es más importante que nunca”.

Así se pronuncia la formación que lidera el alcalde de Ontinyent y expresidente socialista de la Diputación, Jorge Rodríguez, un día después de que Mompó anunciara la composición del gobierno, formado de momento únicamente por cargos del PP a pesar de estar en minoría. El pasado viernes, Mompó resultó elegido presidente al representar a la lista con más diputados, puesto que durante las dos votaciones se mantuvo el empate a 15 entre los bloques PP-Vox y PSPV-Compromís al no cambiar de voto Ens Uneix para deshacerlo.

En este escenario, a través de un comunicado, Ens Uneix explica que este jueves han transmitido a Mompó sus demandas de inversiones en Ontinyent y en la comarca, así como “la necesidad de que el acuerdo vaya más allá de la Diputación e incluya actuaciones que son competencia de la Generalitat”.

“Estamos convencidos de que su presidente, Carlos Mazón, las asumirá como propias, teniendo en cuenta que se trata de inversiones que corresponden por derecho a Ontinyent, como la finalización y apertura del nuevo Hospital General, cuya gestión debe continuar siendo pública, la construcción del nuevo Palau de Justicia, el desdoblamiento de la ronda sur que da acceso al nuevo hospital y, por descontado, el desdoblamiento de la carretera CV-60”.

También reclama la creación del clúster del textil autonómico, con sede en Ontinyent, y la implicación directa de la Generalitat en la gestión del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana que se está construyendo en la ciudad con fondos públicos.

Exponer el acuerdo a los militantes

Todo ello, señala Ens Uneix, ante el ofrecimiento que les realizó Mompó este miércoles para formar parte del gobierno de la Diputación para “dar estabilidad y aislar a la extrema derecha”. Este acuerdo será expuesto a la militancia y a los cargos institucionales del partido el próximo martes, en su sede en Ontinyent.

Como balance, el partido liderado por Rodríguez vuelve a destacar su vocación comarcal y municipalista y defiende que con esa premisa fue a las negociaciones con PP, PSPV y Compromís para formar gobierno, aunque reconoce que “lamentablemente” no fue posible que apoyaran a su candidata a presidenta, su diputada provincial, Natàlia Enguix.

Además, asegura que “todas las formaciones políticas que participaron en las negociaciones asumieron la necesidad de ejecutar dichas inversiones en un territorio claramente infrafinanciado”. “Como partido de gobierno, hemos mostrado nuestra clara voluntad de colaborar en la gobernabilidad de la Diputación”, insiste, y repite que su prioridad son los vecinos de la comarca.

El partido del expresidente socialista de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez entrega la corporación provincial al PP. La decisión de la única diputada de Ens Uneix, Natàlia Enguix, de apoyarse a sí misma provoca que automáticamente gobierne la lista más votada como marca la ley electoral, en este caso la del PP. Vicente Mompó, alcalde de Gavarda y diputado en las Corts Valencianes, será el nuevo presidente de la institución tras ocho años de gobierno de la izquierda. La Diputación de Valencia era la última baza que tenía la izquierda valenciana de conservar la representación institucional.

La presidencia para el PP llega después de dos votaciones, donde ninguna opción ha conseguido la mayoría absoluta. El PP cuenta con 13 representantes, Vox con 2; mientras que el PSPV tiene 12 y Compromís 3. Enguix, de Ens Uneix, era la diputada que inclinaba la balanza y ha optado, como anunció su formación, por respaldarse a sí misma en ambas votaciones, dejando un empate a 15. Mompó ha recibido también los votos de Vox.

Minutos antes del pleno, el expresidente de la Diputación y secretario general de Ens Uneix, Jorge Rodríguez, ha reiterado su negativa a apoyar al candidato del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, que sí cuenta con el respaldo de Compromís. Rodríguez ha justificado esta decisión en la desconfianza sobre su expartido y propone a su diputada como una solución transitoria, hasta que “el PSPV sea de nuevo confiable”, en una acusación clara hacia el secretario general, Ximo Puig.

Rodríguez ha indicado que la confianza volvería “cuando haya un Congreso nacional -máximo órgano del PSPV- que haga que aquellos que han puesto palos en las ruedas en esta negociación desaparezcan del escenario que tanto daño le ha hecho al Botànic”. Preguntado en concreto por Puig, ha dicho: “El que ha perdido las elecciones tiene que irse, pero esa reflexión debe hacerla quien pierde las elecciones”. “No se trata de venganza, se trata de dignidad y de generosidad”, ha reiterado.

Rodríguez ha insistido en que no han encontrado en los socialistas ningún gesto que permita “reevaluar la situación” y ha recordado que en el pasado mandato, cuando Ens Uneix también obtuvo un diputado provincial, “no nos llamaron para nada”. Tras varias semanas de negociación, el dirigente, que fue expulsado del PSPV tras su detención en el caso Alquería, del que ha sido absuelto, comunicó el pasado jueves su decisión e invitó a PSPV y Compromís a votar a su representante. El PP ejerció de acusación en el proceso judicial que se prolongó cinco años, con Vicente Mompó en los poderes notariales del partido.

Tras el pleno, Enguix, ha asegurado que su partido está dispuesto a entrar en el gobierno de la corporación provincial presidido por el PP, aunque no ha querido confirmar si gobernarían con Vox, que marcaron como línea roja. “Para nosotros es muy importante estar en este gobierno, porque creo que nos lo merecemos y que podemos aportar muchísimo en lo que tiene que ver con los pueblos, con la cooperación municipal, con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”, ha subrayado la diputada.

Mompó ha apuntado que ofrecerá un lugar al partido comarcal, que con su decisión ha facilitado que la presidencia recaiga en el PP, aduciendo que “nadie más que ellos se lo merecen”. Sin querer aclarar las responsabilidades de Vox, el dirigente del PP ha enfatizado: “Si hoy estamos aquí es por los votos de Vox, pero también tenemos que ser conscientes que el votarse a sí mismos nos ha dado la posibilidad de que estemos hoy en la presidencia”.

En su discurso de toma de posesión, el líder popular, que ejerció de acusación en el caso Alquería, ha pedido perdón a Ens Uneix y a Jorge Rodríguez: “Nos equivocamos y es justo reconocerlo aquí y ahora en el pleno de la Diputación”, ha dicho, para lamentar que “el dolor por el que ha pasado no se lo merece ninguna persona y menos gente honesta”.

Sobre su gestión en la corporación provincial, ha apuntado: “Me preocuparé por nuestra cultura y por nuestras señas de identidad, especialmente, por nuestra lengua, el valenciano; por nuestra agricultura; por la mayor pandemia de los pueblos, la despoblación; por el turismo; por la gestión forestal; por que se mejoren las instalaciones existentes y por la protección del patrimonio”, ha prometido.

El expresidente socialista de la Diputación de Valencia pone al que fuera su partido entre la espada y la pared. El alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez, líder de Ens Uneix, rompe la baraja y anuncia que su única representante en la corporación provincial, Natàlia Enguix, se votará a sí misma para romper el empate técnico entre bloques. El PP y Vox suman 15 diputados, los mismos que PSPV y Compromís, por lo que esta fuerza comarcal es la que tiene la llave de la Diputación, la única institución que la izquierda puede conservar en la Comunitat Valenciana.

Tras varias semanas de negociación, el dirigente, que fue expulsado del PSPV tras su detención en el caso Alquería, del que ha sido absuelto, ha comunicado este jueves su decisión y emplaza a los socialistas y los valencianistas a votar a su candidata, Natàlia Enguix. Rodríguez considera que Enguix es la dirigente “progresista” que debe encabezar la corporación provincial y desbloquear la situación: si las formaciones “de verdad tienen conciencia de que es importante que PP y Vox no lleguen a las instituciones” pueden dar su apoyo a una persona “de izquierdas y progresistas” como ella.

Durante las negociaciones el partido comarcal ha exigido una batería de inversiones concretas para La Vall d'Albaida tanto al PP como a los socialistas; también ha reclamado alguna vicepresidencia, según apuntan fuentes de la negociación, y tener competencias en el gobierno supramunicipal. A su vez, Rodríguez había indicado que su línea roja era gobernar con la extrema derecha, una cuestión que a priori hacía imposible un gobierno de derechas en la Diputación. “Hemos dicho siempre que para nosotros había dos líneas básicas: los intereses de Ontinyent y de la Vall d'Albaida y hacer lo que estuviera en nuestras manos para impedir un gobierno con Vox en la Diputación”, ha expuesto.

Sobre la posibilidad de un acuerdo con la formación conservadora, ha indicado que para la mayoría absoluta requerida en primera votación “serían necesarios 17 votos” y así es “imprescindible unir los votos de PP, Vox y Ens Uneix”, algo que ha considerado “absolutamente inasumible” para el partido que lidera. Preguntado por la salida ante un posible empate ha respondido que “habrá que ver cuál es la solución”. “No se sabe si una moneda al aire o si el partido con más votos de la ciudadanía”, ha indicado, además de señalar que la ley lo tiene recogido. El reglamento apunta a que gobernaría la lista más votada en caso de no haber una mayoría suficiente. Con ello, sin acuerdo entre las fuerzas de izquierdas, la Diputación sería para el PP.

Hasta la fecha las negociaciones se habían planteado siguiendo la representación de cada partido: Carlos Fernández Bielsa, del PSPV, como presidente, con un pacto con Compromís como segunda fuerza y Ens Uneix. Sobre un gobierno liderado por el socialista, ha apuntado que “dificultaría mucho la relación” de la institución provincial con la Generalitat“, que estará liderada por el PP en coalición con Vox, y ha añadido que le genera ”muchas dudas“ saber si cuando habla con el PSPV lo hace ”realmente con quien tiene voz y capacidad de compromiso“ en ese partido, en referencia a la disputa entre Bielsa y el secretario general, Ximo Puig.

El dirigente ha cargado duramente contra su expartido y sus dirigentes, afeando algunas intervenciones a Rebeca Torró o Diana Morant. “Todos los esfuerzos de Bielsa y de su equipo negociador no han podido llegar a buen puerto porque la Ejecutiva de la Comunitat Valenciana no quiere que sea presidente. Por tanto, no sabemos hasta qué punto Bielsa puede mantener los compromisos que asuma con la comarca” ya que “parece que no cuenta con el apoyo del partido”, ha insistido, acusando a la dirección de Puig de “poner palos en las ruedas” al acuerdo. “Lo lamento profundamente por Carlos Fernández Bielsa y por su equipo negociador, que ha hecho todo lo que estaba en su mano por ganarse nuestra confianza, pero es imposible poder creer en la palabra de un candidato al que su partido desdice y ningunea”, ha añadido el dirigente, muy molesto con la dirección del partido socialista valenciano.

PSPV y Compromís no tiran la toalla

Ante el órdago de Ens Uneix, los negociadores de PSPV y Compromís mantienen su posición de seguir con las negociaciones. El entorno del alcalde de Mislata, el representante socialista más votado en el 28M, confía en seguir negociando “hasta el último momento” para lograr un “pacto de progreso” en la Corporación provincial. “Nosotros seguimos con la intención de convencerles de que una Diputación progresista es lo mejor”, apuntan los socialistas, que recuerdan que hasta el día 14, cuando se constituirá la Diputación, hay tiempo para negociar.

Por su parte, Compromís, que cuenta con tres diputados, se ha ofrecido a mediar entre socialistas y Ens Uneix “si así lo consideran” y ha asegurado que continuará trabajando “hasta el último momento” para conformar en la Diputación de Valencia un “espacio de progreso y respeto mutuo”.

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia de absolver al expresidente de la Diputación por el PSPV y actual alcalde de Ontinyent por Ens Uneix, Jorge Rodríguez, y a los otros 13 juzgados en el caso Alquería, según han confirmado a Europa Press fuentes del procedimiento.

La sala absolvió a los acusados al no ver delito en su actuación en relación con las contrataciones de altos directivos en la empresa pública Divalterra entre 2015 y 2018 para favorecer a personas afines a PSPV y Compromís: ni prevaricación administrativa, ni malversación de caudales públicos ni falsedad documental.

El proceso arrancó precisamente con una denuncia de Fiscalía Anticorrupción, tras denuncias previas de dos exdirectivos de la empresa pública dependiente de la Diputación y ya liquidada. En total, en este procedimiento había 14 acusados, entre ellos Rodríguez, quien siempre mantuvo que era inocente y que en los comicios del 28 de mayo obtuvo mayoría absoluta en la localidad.

Fiscalía es la única de las acusaciones que han decidido recurrir la sentencia ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ya que el PP y Acción Cívica, que ejercieron la acusación popular, han renunciado a hacerlo al ver técnicamente fundada la resolución de la Audiencia.

Las tres partes pedían ocho años de prisión para Rodríguez; su jefe de gabinete, Ricard Gallego; para el asesor Manuel Reguart y para los dos exgerentes de Divalterra: Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV) por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

Además, el fiscal pedía para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección seis años de prisión: uno por falsedad documental y cinco más por malversación de caudales por cooperación necesaria; y otros seis para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, por falsedad, malversación y prevaricación.

La Audiencia concluyó que no había resultado acreditado que Divalterra resultase perjudicada económicamente por el nuevo modelo de gestión implantado en la empresa pública, sino que la nueva estructura de la sociedad “permitió ampliar significativamente su actividad sin que lo hiciera su presupuesto”. Y señalaba que la nueva estructura no obedecía “a la necesidad o voluntad de contratar a determinadas personas, como una forma de pagar favores o conceder prebendas”.

Jorge Rodríguez (Ontinyent, 1979) presidió la Diputación de Valencia hasta su detención el 27 de junio del 2018 por la Unidad de Delincuencias Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el marco del 'caso Alquería', relativo a las contrataciones de altos directivos y del que, cinco años después, ha sido absuelto. Tras su imputación y su expulsión del PSPV-PSOE, partido del que llegó a ser líder emergente, Rodríguez creó 'La Vall Ens Uneix', una formación que arrasó en la comarca de la Vall d'Albaida y que barrió a los socialistas. La sentencia absolutoria, dictada por la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia, se notificó a las partes dos días después de las elecciones autonómicas y municipales del 28M, en las que la diputada provincial de la formación de Jorge Rodríguez se ha convertido en la clave para que la izquierda mantenga la única institución que no estará en manos del PP: la Diputación de Valencia.

En esta entrevista con elDiario.es, Rodríguez repasa los cinco años de instrucción y los casi tres meses de juicio y denuncia la “absoluta indefensión” que dice haber sufrido. Las negociaciones para conservar la Diputación de Valencia no están exentas de tensiones a raíz de su expulsión del PSPV-PSOE. El líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, habló por teléfono con Jorge Rodríguez tras la absolución pero el actual alcalde de Ontinyent recuerda que en su momento “no tuvo piedad”.

¿Cómo se siente tras su absolución en el 'caso Alquería'?

Feliz y satisfecho de que la verdad se haya abierto camino. Hemos pasado cinco años de absoluta indefensión por parte de un juez instructor y un fiscal que nos negaron cualquier defensa. Durante todos estos años hemos sentido una impotencia enorme de ver que cómo la novela que se creyó el fiscal de dos enchufados de [Marcos Benavent, autodenominado] 'yonqui del dinero' era la única versión del caso.

¿Cómo recuerda la detención?

Pues te quedas en shock. De los peores momentos de tu vida. Uno que sepa que hace cosas malas puede pensar que cualquier día le pueden pillar y que la policía vaya a tu casa. Pero una persona honrada, como es nuestro caso, nunca puede imaginarse un escenario así. Es todo lo contrario de lo que te imaginas y más cuando ves toda la operación policial que se montó para detener a unas personas como nosotros.

La detención fue de los peores momentos de mi vida

¿Cómo ha vivido estos cinco años de instrucción y los casi tres meses de juicio?

La instrucción fue un calvario que no se lo deseo a nadie. Suerte que en el juicio encontramos a un tribunal muy profesional y tuvimos a unos abogados y peritos excelentes, que fueron capaces de desmontar una a una las patrañas de los denunciantes, José Luis Pellicer y José Luis Castellote, enchufados en su momento por el 'yonqui del dinero', y de José Luis Vera, 'el jurista de reconocido prestigio' [investigado en el 'caso Azud] que nos puso [el exdirigente socialista José Manuel] Orengo y que luego nos traicionó. 

La sentencia considera que las contrataciones de altos directivos no fueron ilegales. ¿Volvería a crear puestos de dirección en una empresa pública que ocuparan personas de partidos del gobierno si presidiera la Diputación de Valencia?

La sentencia deja claro que, en contra del discurso antidemocrático imperante, contratar a personas altamente cualificadas de un partido político y de confianza es lo más oportuno para salvar a una empresa pública del desastre. Otra cosa es rodearse de ganapanes que no van a trabajar. Eso es lo delictivo. En nuestro caso lo que hicimos fue crear una estructura directiva de gente preparada y de confianza que en tres años levantó una empresa que el 'caso Alquería' destruyó. Por eso decimos que el 'caso Alquería' sólo ha servido para generar mucho dolor y un gasto público incalculable del que ni el fiscal ni el juez instructor van a tener que rendir cuentas.

El 'caso Alquería' sólo ha servido para generar mucho dolor y un gasto público incalculable

¿Qué opina de la reacción a la sentencia del PSPV y, singularmente, de Ximo Puig?

Ya dije que, en política, primero están las personas y luego lo demás. Y eso hay gente que no lo tiene claro. Es triste que todo un presidente de la Generalitat no tenga la empatía de pedir disculpas públicas a unos excompañeros con los que no se portó bien. Nos echó del partido como apestados, sin contemplaciones, y no fue capaz de dar ninguna explicación. Estos días me ha llamado y hemos hablado, pero el dolor no lo borra una llamada de teléfono.

Estos días me ha llamado Ximo Puig y hemos hablado, pero el dolor no lo borra una llamada de teléfono

La Vall Ens Uneix se ha convertido en un actor clave tras el 28M en la única institución que puede conservar la izquierda valenciana. ¿Cómo encara la negociación?

Nuestra idea es formar parte del Gobierno. Llevamos 12 años gobernando en Ontinyent, transformamos la Diputación durante los tres años que la gestionamos, así que estamos en condiciones de asumir responsabilidades. Nuestra diputada, Natàlia Enguix, conoce bien la casa y hará un buen trabajo. 

¿Están Ens Uneix y el PSPV-PSOE condenados a entenderse?

Condenados no, porque el PSPV no tuvo piedad con nosotros y, a nivel local, se ha pasado la campaña insultándonos. También es verdad que han quedado por detrás de Vox, lo que da a entender cuál es su peso social. Nosotros venimos de donde venimos, es cierto, pero no vamos a dar ningún cheque en blanco.

Nos reunimos con el PP antes del juicio para que retiraran la acusación

¿Hasta qué punto la dura vivencia personal por el caso Alquería’ influye en la negociación política?

Ya he comentado que en el caso del PSPV-PSOE hay infinidad de agravios. Pero es que el PP pidió ocho años de prisión para nosotros. Y eso que nos reunimos con ellos antes del juicio para que retiraran la acusación. Era un caso que ni les iba ni les venía y se negaron. Fue una torpeza por su parte, la verdad, aunque también es cierto que en la vida hay que pasar página. De todas formas, nuestra gente está tranquila porque sabe que vamos a decidir lo mejor para Ontinyent y la Vall d'Albaida.

El juicio del 'caso Alquería' encara sus últimas sesiones con las conclusiones de las acusaciones populares y las defensas. La letrada de la entidad 'Acción Cívica contra la Corrupción', Miriam Salmerón, ha señalado al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez como el máximo responsable de los contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra enjuiciados. Rodríguez, ha apostillado la abogada, “ocultó la contratación ilegal a los miembros del Consejo de Administración que no eran miembros del equipo de gobierno y ocultó los informes jurídicos negativos previos y posteriores”.

La Fiscalía Anticorrupción solicita en el juicio del 'caso Alquería' penas de hasta ocho años de prisión y dos décadas de inhabilitación por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

La abogada ha trazado una panorámica sobre los cargos contratados en la firma, afines al PSPV-PSOE y a Compromís: “Fueron un engaño pues no se les otorgaban poderes ni facultad alguna; sus beneficiarios, todos ellos compañeros de partido político, no obligaban a la empresa ni dirigían su gestión, no formalizaban compras, no realizaban pago alguno, no tenían autonomía ni asumían responsabilidad alguna, algunos no tenían ni presupuesto, ni personal a cargo, otros ni siquiera acudían con regularidad al puesto de trabajo, alguno ni trabajó”.

La acusación popular ha recordado que, tras el cese de siete de los contratados de alta dirección, Divalterra “siguió funcionando sin cubrir dichos puestos”. La letrada, en la línea de la Fiscalía Anticorrupción en su exposición de conclusiones, ha destacado que el empleo público la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad “está fuera de toda duda”.

Las defensas sostienen que existe un debate jurídico sobre los contratos de alta dirección (el policía encargado de la investigación reconoció que desconocía este extremo). Sin embargo, la acusación popular argumenta que en los contratos del 'caso Alquería' “se seleccionó directamente a dedo sin ningún tipo de análisis de la capacidad de los contratados”. “Se maquinó” para “contratar a dedo” a los altos directivos “sin evaluar ningún tipo de mérito ni capacidad”, ha denunciado Miriam Salmerón.

La acusación popular ha pedido al tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia una sentencia condenatoria. Una absolución, ha dicho, “lesionaría gravemente la prevención general y específica del derecho penal para toda la clase política porque la impunidad de la corrupción es un crimen en sí misma”.

El letrado de la otra acusación popular, que ejerce el PP, también ha señalado a Jorge Rodríguez como el “principal instigador” de los contratos de alta dirección y ha aludido a una “intencionalidad directa” de saltarse la ley, según recoge Europa Press. “Se hizo una trama de contratación ilegal en perjuicio del erario público”, ha abundado el abogado Vicente Ibor.

La acusación popular del PP ha recordado que los contratos no pasaron por el Consejo de Administración de Divalterra. “¿Por qué no se hizo, pese a que PSPV y Compromís tenían mayoría en el Consejo?”, se ha preguntado el letrado, y ha contestado: “Es evidente que no llevaron los contratos al Consejo porque no podían contar con los informes favorables preceptivos”.

“Todo se hizo de forma deliberada”, ha apuntado el abogado, quien ha añadido que había una “ilegalidad” en el modo de la elección de los contratados, un “clientelismo político”.

Jorge Rodríguez “no dio ningún nombre”

La defensa de Jorge Rodríguez, que ejerce la letrada Ángela Coquillat, ha dado una versión diametralmente distinta. “No participó en los contratos de altos directivos ni enchufó a nadie. Tampoco sabía nada de su presunta ilegalidad”, ha dicho. Su cliente tampoco participó en el acuerdo de Gobierno de 2015 entre el PSPV-PSOE, Compromís y València en Comunitat que repartió las áreas, según ha destacado la letrada. También ha negado que Rodríguez tuviese la intención de enchufar a afines a su antiguo partido (tras su detención por el 'caso Alquería' dejó de militar en las filas socialistas y creó La Vall Ens Uneix, formación con la que revalidó su mandato como alcalde de Ontinyent). “De haber sido así también hubiera nombrado a otros directivos en otras empresas públicas que gestionaba. Y no se hizo”, ha añadido.

Cuando Rodríguez llegó a Divalterra, ha proseguido, “se necesitaba control y había mucho que hacer”, lo que justificó, a su entender, el nombramiento de cogerentes. “Había que poner controles en la empresa y se pusieron. Y así lo decía el exjefe jurídico José Luis Vera en un informe”, ha manifestado.

“Era una empresa [Divalterra] muerta y sin futuro y tan solo utilizada para intereses espúreos de algunas personas. Se quiso trabajar y solucionar este problema y, para fomentar la transparencia, se buscó una empresa auditora externa”, ha dicho, y se ha preguntado: “¿Qué sentido tiene que vigilen tu legalidad si tu intención es hacer ilegalidades?”.

La letrada ha recordado que hubo dos informes favorables a las contrataciones de alta dirección. “Rodríguez no participó entregando ningún currículum ni en las entrevistas. Solo le informaron sobre las capacidades de ellos. No dio ningún nombre ni mandó ningún correo o WhatsApp enchufando a nadie. No participó en la redacción de contratos ni se le advirtió de ningún problema de forma inicial, ni por parte de los expertos ni de los técnicos jurídicos de Divalterra”, ha aseverado.

No fue hasta noviembre de 2015, una vez efectuados los contratos, cuando supo por parte del exgerente Víctor Sahuquillo que podía haber alguna irregularidad. Y a la vista de sus manifestaciones, fue cuando pidió a los gerentes que solicitaran a José Luis Vera un informe, en el que sólo se hablaba de “dudas” pero no de “ilegalidades”. “Salvo esos correos ninguna irregularidad se le hizo saber a Rodríguez”, ha dicho la letrada.

La defensa del expresidente de la Diputación de Valencia ha reconocido que los contratos no pasaron por el Consejo de Administración: “No cabe duda de ello, pero tampoco hay duda de que no había ninguna reticencia ni nadie informó que la hubiera. Y de ahí a que no se conociera que se había contratado a siete personas, eso no. Se ha acreditado que estos nombramientos se hicieron a bombo y platillo y se les dio publicidad”, ha subrayado.

El fiscal anticorrupción Pablo Ponce ha desglosado las conclusiones de la acusación pública en el juicio del 'caso Alquería', por el que se sienta en el banquillo el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez. “El empleo público no tiene que ser para las personas que designen los políticos, tiene que ser para las personas que reúnan la condición de mérito y capacidad”, ha remarcado Ponce ante la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia, que juzga la contratación presuntamente irregular de una decena de altos directivos de la empresa pública Divalterra vinculados al PSPV-PSOE y a Compromís. 

El representante del Ministerio Público ha defendido la actuación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, encargada de las pesquisas: no se ha probado “en absoluto” que la actuación policial haya tenido “halo de ilegalidad” alguno, como han deslizado las defensas de los acusados. El fiscal sostiene que los contratos de alta dirección tramitados en la empresa pública de la Diputación de Valenciana, que han supuesto un “quebranto para las arcas públicas” de 1,1 millones de euros según Anticorrupción, se efectuaron “al margen de la legalidad” y omitiendo el procedimiento y las normas estatutarias.

Junto a Jorge Rodríguez, en el banquillo de los acusados se sienta también la excogerente de Divalterra Agustina Brines, de Compromís, además de varios cargos en la institución provincial, para los que el Ministerio Público solicita penas de hasta ocho años de prisión y dos décadas de inhabilitación. Los hechos, según la Fiscalía Anticorrupción, serían constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

Los contratos de alta dirección “constituyen una argucia legal para evitar el procedimiento de la empresa”, todo con el objetivo de “colocar única y exclusivamente a determinados miembros de uno u otro partido político”, ha expuesto Pablo Ponce, que también ha desvinculado el 'fichaje' de los altos directivos del pacto político por el que los partidos progresistas, tras las elecciones del 2015, se hicieron con el control de la institución provincial. 

La “única cualificación de mérito o capacidad es la adscripción a determinado partido político”, ha recordado el fiscal, que ha remarcado que un pacto político “no puede justificar una contratación pública”. La empresa pública Imelsa (cuya marca se rebautizó como Divalterra) fue el foco principal de la corrupción investigada en el 'caso Taula', del que se encarga precisamente el fiscal Pablo Ponce. “Imelsa ya venía de un clientelismo político perfectamente conocido”, ha recordado.

“Ya veníamos del clientelismo, partidismo y enchufismo objeto de otro procedimiento [el 'caso Taula'] y es triste que los nuevos gestores de la sociedad realicen estas mismas actuaciones cuando se incorporan en 2015”, ha lamentado el fiscal, que incide en que los acusados realizaron los contratos de alta dirección a sabiendas de su ilegalidad, con decenas de informes en contra, además de la negativa del primer secretario de la empresa pública. “Se obvia al consejo de administración hasta que se consigue un secretario afín”, ha dicho.

Sahuquillo no era “el charcutero o el florista de enfrente”

El representante de la Fiscalía Anticorrupción ha repasado pormenorizadamente los correos electrónicos intervenidos por la UDEF. Especialmente los de Agustina Brines, en los que muestra su preocupación por los contratos de alta dirección y anhela que “la mierda del PSOE” no salpique a Compromís. “Brines tenía perfecto conocimiento de la ilegalidad de esas contrataciones en 2015”, ha concluido.

Sin embargo, los correos que mejor apuntalan la tesis de Anticorrupción son los que envió Víctor Sahuquillo, excogerente socialista de la empresa pública, a Jorge Rodríguez, presidente de la institución provincial: “Son todos a cada cual más elocuente”. En su declaración, Jorge Rodríguez vino a decir que Sahuquillo no tenía precisamente el don de la síntesis y que ni siquiera leía sus informes. El fiscal, por el contrario, ha destacado que Víctor Sahuquillo era el cogerente de Divalterra, no “el charcutero o el florista de enfrente”. En sus proféticos correos “dice que son ilegales los contratos de alta dirección”.

Los investigadores de la UDEF también hallaron una conversación de WhatsApp entre Jorge Rodríguez y Manuel Reguart, también acusado, en el que discuten sobre el presunto reparto de los cargos de alta dirección y en el que el entonces presidente de la Diputación lamenta que los socialistas sólo se quedan “dos chorradas de medio ambiente”. El mensaje, además de “mostrar la importancia que le da a la alta dirección” (en referencia al concepto de “chorrada”), evidencia según el fiscal que la creación de las áreas era “única y exclusivamente” para repartirlas entre el PSPV-PSOE y Compromís.

El fiscal anticorrupción ha tildado de “impensable” que se hiciera una proceso de selección de altos directivos en una empresa pública sin publicidad. “Estoy acostumbrado a verlo, se simulan contrataciones para dar apariencia de legalidad. Si no, ¿cómo se va a pagar un sueldo público si no se hace este artificio?”, se ha preguntado.

Ricard Gallego, el número dos de Jorge Rodríguez, ha declarado este miércoles ante el juez del caso Alqueria, y se ha desvinculado de las posibles irregularidades en las contrataciones de altos directivos en Divalterra.

Para empezar Gallego ha destacado que, pese a que los contratos en cuestión fueron firmados en 2015, él accedió al puesto de gabinete en 2016, cuatro meses después de la firma, y que él supo de la existencia de informes contradictorios en 2018, tras salir publicados en prensa. Añade que la firma de estos contratos no se encontraba entre sus preocupaciones “porque había un equipo técnico y jurídico de garantías, o eso se decía, para gestionarla”. Detalla de este modo que había “dos gerentes, un director jurídico de reconocido prestigio, el secretario de la Diputación, el interventor, auditorías contables y de legalidad...”. Y se pregunta: “¿Y nosotros teníamos que estar pendientes de cómo se contrataba a siete personas?”.

De este modo Ricard Gallego ha apuntado a su predecesor como jefe de gabinete en la Diputación, José Manuel Orengo, quien en su momento también declaró ante el juez como testigo para asegurar que el “empastre” se produjo con posterioridad a su etapa.

Acabar con el proyecto de Rodríguez

Ricard Gallego en su declaración, que no ha omitido respuestas a ninguna de las partes aunque la Fiscalía no le ha interrogado, ha cuestionado la necesidad de detener al entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y a su equipo por un caso como este: “A todo el mundo le pareció una barbaridad”.

El número dos de Jorge Rodríguez también ha puesto de manifiesto que “algunos y alguna aprovecharon el caso para intentar acabar con el proyecto político de Jorge Rodríguez, pero en Ontinyent les pararon los pies”. De esta forma se refería a su renovada mayoría absoluta en la capital de la Vall d'Albaida donde la amplió hasta los 17 concejales con su nueva formación independiente.

A su salida del juzgado Gallego ha añadido que “en el caso Alqueria no verán ni cuentas en Luxemburgo, ni testaferros, ni sobornos porque sólo se trata de determinar si siete personas estuvieron mal o bien contratadas en una empresa pública”.

La guerra desencadenada entre los sectores de poder dentro de Caixa Ontinyent que está tensionando las relaciones entre los partidos del Botànic (PSPV y Compromís) con el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, (exsocialista, ahora en La Vall ens Uneix), tuvo este jueves una última batalla que ha enfrentado al propio Rodríguez con la Universitat de València.

El choque se produjo en la elección de los dos vocales que representan a la Fundación Universitaria de la Vall d'Albaida (FUVA) en Caixa Ontinyent, enmarcada dentro de la renovación de 29 vocalías que se debe hacer ahora. Esta fundación tradicionalmente ha presentado sus dos candidatos por consenso, pero esta vez se rompió al presentarse diferentes candidaturas de los dos bandos.

Según explican fuentes cercanas a Jorge Rodríguez hace unos 15 días se presentó una propuesta con un candidato por cada familia: Eduardo Úbeda (por parte del Ayuntaiento de Ontinyent) y Dolors Montagud (por parte de sindicatos, Universitat de València y Mancomunitat de la Vall d'Albaida -controlada por PSPV y Compromís-). No obstante este segundo bando optó por presentar dos candidatos próximos, Montagud y Jordi Belda, con la abstención de Caixa Ontinyent y de las empresariales ATEVAL y COEVAL, lo que provocó que Rodríguez decidiera suspender la votación por no conseguirse el consenso.

Desde los círculos de Jorge Rodríguez se ha visto la mano por detras del 'Palau', en referencia a Ximo Puig, señalando que se pidió a la rectora de la UV Mavi Mestre que apoyara a sus candidatos. Esto ha sentado mal al alcalde de Ontinyent y sus fuentes cercanas recuerdan que “ha habido una buena relación histórica con la UV, con el anterior rector Esteban Morcillo esto no ocurrió, siempre se daba respaldo a lo que proponía el preisente de la FUVA”, que es el alcalde de Ontinyent.

Esta situación además ha servido para que los cercanos a Rodríguez recordaran la buena relación histórica que se ha tenido con la UV que ha fructificado con un nuevo campus así como la ampliación de grados. Pero ahora subrayan que la FUVA está financiada “únicamente con dinero del Ayuntamiento y de Caixa Ontinyent, nadie más aporta fondos”.

Finalmente este jueves se volvió a reunir la FUVA para votar a los vocales y ya se produjo una delimitación clara de dos bandos: los que apoyaban a Montagud y Belda, con la UV (2 votos), UGT (1), CCOO (1) y Mancomunitat (1); y por otra parte Eduardo Úbeda y Àngela Cobos, con el Ayuntamiento (3), ATEVAL (1) y COEVAL (1), empresariales que no asistieron a la reuión pero delegaron su voto en Rodríguez. De esta forma se produjo un empate ya que Caixa Ontinyent (con 3 votos) se abstuvo, y al final decidió el voto de calidad del presidente, de Jorge Rodríguez, nombrándose a estos últimos candidatos.

Críticas

Así los elegidos son un director de Operaciones de una empresa juguetera y una profesora de Economía de la UV, pero desde la universidad se critica que Úbeda es hermano de un concejal del equipo de gobierno de Rodríguez, Pablo Úbeda. A ello se responde que ya era miembro del consejo de Caixa Ontinyent de antes de que su hermano fuera elegido concejal.

Además también se ha acusado a los círculos de Jorge Rodríguez de haber “presionado” durante el tiempo de suspensión de la elección para conseguir nombrar a sus candidatos, a lo que se respondió que “a los empresarios no se les necesita convencer de que no voten a los candidatos de los sindicatos”.

Finalmente también se ha acusado de proferir amenazas contra el vicerrector de proyeccion territorial, Jorge Hermosilla. Esta acusación, según las fuentes próximas a Jorge Rodríguez se basaría en la poca duración de la reunión del patronato, de la cual se quejó Hermosilla afirmando que “no hacía falta venir para tan poco tiempo”, a lo que fue replicado que “para votar contra el presidente, mejor no vengas”.

Presidencia de Caixa Ontinyent

Pero este capitulo que ha sido definido como “una tormenta en un vaso de agua” según los próximos a Rodríguez, tiene como telón de fondo la misma presidencia de Caixa Ontinyent, que en principio no debe ser cambiada hasta el año 2023. No obstante estos últimos días se ha recordado que en 2017, la renovación de Antonio Carbonell (en el cargo desde 2011) fue pactada con Jorge Rodríguez asumiendo un relevo a medio mandato, que pasaría entonces a manos del catedrático de Organización de Empresas de la UV, Josep Pla Barber.

No obstante tras la salida de Rodríguez del PSPV por su investigación en el caso Alquería se rompieron las influencias políticas y este pacto ya no se contempla desde las filas socialistas, entendiendo que Pla es una persona próxima a Rodríguez. Ahora en principio Carbonell seguirá hasta el fin de su mandato, pero siempre condicionado a tener apoyo de la asamblea.

No obstante los próximos a Jorge Rodríguez afirman que no tienen nada en contra de Carbonell, recordando así que ya fue apoyado en su nombramiento en 2011 con Rodríguez ya como alcalde, y que en 2017 fue reelegido siendo nombrado vocal precisamente a propuesta de la FUVA

El juez del caso Alquería ha aceptado que preste declaración la antigua cogerente de Divalterra, Agustina Brines, testimonio que se realizará a petición de la propia Brines. La declaración también tendrá lugar el 30 de enero, el mismo día en el que decarará también un perito económico a propuesta de Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y principal investigado en el caso.

Se trata del Economista-Auditor José Andreu, autor de un informe pedido por el mismo Rodríguez, y en el que se niega perjuicio alguna en Divalterra por la gestión del expresidente de la diputación en el periodo 2015-2018.

En dicho informe pericial se afirma que “la gestión del órgano de Administración y su Presidente Don Jorge Rodríguez Gramaje no ha perjudicado económicamente la Entidad Divalterra S.A.”. El documento consta de 20 páginas, y a lo largo de su escrito se afirma que “se observa una reducción importante de los costes (personal y explotación) registrados por la sociedad, lo cual supone un importante beneficio para la Administración Pública (socio único de Divalterra, S.A.) al verse reducidas las necesidades de financiación (subvenciones) de la entidad participada…”.

En las conclusiones de dicho informe se indica que las cuentas de Divalterra fueron auditadas de forma externa y que dichos informes no presentaron salvedad alguna.

El exportavoz socialista en la Diputación de Valencia José Manuel Orengo y otros dirigentes del PSPV y de Compromís comparecerán en calidad de testigos los próximos lunes y viernes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga el conocido como caso Alquería.

De acuerdo a la petición formulada por la defensa del expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez, Orengo ha sido citado este lunes 16 de diciembre a las 9.30 horas, y tras él la actual secretaria autonómica de Eficiencia Energética y exalcaldesa de Moncada, Concha Andrés.

Este lunes también están citados el diputado de Compromís Xavier Rius y los exdiputados de esta formación Emili Altur y Josep Bort.

El viernes día 20 de diciembre deberán comparecer la exdiputada de Compromís María Pilar Moncho y Francisco Pastor Laparra.

El juez, sin embargo, ha descartado las comparecencias del ex diputado provincial y ex portavoz socialista Pablo Seguí; y la de la vicepresidenta de la Diputación María Josep Amigó (Compromís), por constar ya sus declaraciones en la causa.

La intención de la defensa de Rodríguez, según explicaron fuentes del caso a EFE, era la de tratar de acreditar que la contratación de supuestos “enchufados” en la empresa pública Divalterra se hizo para sustituir a un número todavía mayor de directivos de la empresa pública Imelsa (posteriormente Divalterra) que fueron cesados cuando cambió el Gobierno de la corporación provincial.

Además de estos nueve supuestos “enchufados”, el juez investiga al expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez y a quienes han ocupado el cargo de cogerentes de Divalterra: Agustina Brines (de Compromís), Josep Ramón Tiller (PSPV) y Javier Simó (del PSPV); al secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda, y a dos asesores de la Diputación, Ricard Gallego y Manuel Reguart.

El juez instructor del caso Alquería que investiga a Jorge Rodríguez y otros colaboradores en un presunto caso de malversación y otros delitos ha reclamado a las defensas más motivación para llamar a declarar como testigos a varios dirigentes políticos de PSPV y Compromís.

Así concretamente ha pedido a las defensas de Rodríguez y de otros acusados “que dé razón de ciencia de tal petición en relación con el caso que se investiga. Los testigos llamados a declarar són Jose Manuel Orengo, Concha Andres y Pablo Seguí (todos ellos del PSPV) y Maria Josep Amigó, Emili Altur, Josep Bort y Xavi Rius (de Compromís).

De esta forma las defensas pedían tomar testigo a los principales negociadores del pacto a la Diputación de València en 2015, negociación en la que se abordó la gestión de la antigua Imelsa, que había provocado la apertura del caso Mesa. Hubo quién quiso cerrarla en un primer momento, aunque después se impuso la tesis de mantenerla en funcionamiento cambiándola de nombre por Divalterra.

Pero por otro lado además el juez ha denegado la declaración de Vicente Boquera, secretario del consejo de administración de Divalterra “por constar ya su declaración en autos”. Tampoco se acepta el testigo de Adrián Serrano y de Carlos Alfonso Mellado por la ratificación de los informes periciales “por resultar esta prueba superflua para las investigaciones, dado que ya constan en la misma, además de ser conocidos y admitidos en su momento por las partes personadas en el

procedimiento“.

No obstante la resolución judicial no es firme y cabe interponer recurso de reforma ante el juzgado en un plazo de tres días, recurso que las defensas ya han dicho que presentarán.

La Vall ens Uneix no quiere quedarse solo en la Vall d'Albaida. El partido independiente impulsado por Jorge Rodríguez y dirigentes afines provenientes del PSPV de dicha comarca pretende dar el salto a comarcas vecinas de la provincia de València una vez alcanzada una cabeza de puente como son tres alcaldías en la Vall d'Albaida (Ontinyent, el Palomar y Bufali) y un diputado provincial.

El alcalde de Ontinyent explicaba que su objetivo es “consolidarnos en los lugares donde ya estamos, pero también expandir nuestro proyecto a toda la Vall d'Albaida y al resto de comarcas vecinas de la provincia de València”. El proyecto que Jorge Rodríguez ha impulsado tras su salida del PSPV por su investigación en el caso Alquería se inició presentando candidatura en seis municipios (Ontinyent, el Palomar, Bufali, Albaida, Agullent y Benissoda) todos ellos en la partida judicial del diputado por Ontinyent, centrando así sus esfuerzos en este objetivo que alcanzaron con unos 13.000 votos, aupando a Joan Sanchis al escaño en la Diputación de València.

Ahora, menos de medio año después de las elecciones municipales abren una nueva etapa en la que pretenden ir más allá, para ello apuntan que contactaran con formaciones independientes con concejales en diferentes municipios. Jorge Rodríguez señala así dos motivos para emprender el proyecto, primero que “cada vez estamos notando más un cierto cansancio hacia las formas de los viejos partidos, de los partidos grandes, de los partidos institucionalizados”, y por otro lado poder aglutinar a las formaciones independientes “y poder tener una fuerza común que les permita levantar la voz ante otras administraciones supramunicipales”.

Organización

El anuncio de expansión lo ha realizado Jorge Rodríguez durante la explicación pública que se ha hecho de la estructuración orgánica que se va a realizar de la Vall ens Uneix, “un partido independiente, transversal y con clara vocación comarcalista”.

Acompañado por el alcalde del Palomar, Jordi Vila, Rodríguez señalaba que la organización va a conformarse a los próximos días con las creación de sus órganos de dirección, que serán paritarios e incluirán una Ejecutiva Comarcal y Ejecutivas Locales en Ontinyent, Palomar, Bufali y Benissoda. Unos órganos con los cuales “empleando la palabra y el diálogo como herramienta de trabajo, queremos defender los intereses de Ontinyent y de los pueblos de la Vall d'Albaida a las instituciones, al margen del color político de los ayuntamientos”, destacaba Jorge Rodríguez.

La constitución de los órganos se iniciará este viernes 18 de octubre en la sede de la Vall ens Uneix en Ontinyent, con la elección del Secretario General de Ontinyent intermediando un sistema de primarias abiertas a través del voto individual y secreto de la militancia de las agrupaciones que conforman el partido. Para optar a la Secretaría General será necesario aportar un 5% de avales de la militancia. Así mismo, aquella persona que sea elegida presentará su Ejecutiva, pero “vamos a exigir que esa Ejecutiva, como en el resto de órganos del partido, sea absolutamente paritaria para conseguir la igualdad real que venimos defendiendo”, avanzaba Jorge Rodríguez.

Los actos se retomarán sábado 26 de octubre, jornada en la cual tendrá lugar la constitución de la Asamblea General, que pasará a ser el máximo órgano de la formación comarcalista.

María del Carmen Hernández Bento y Jorge Rodríguez ocuparán los puestos dos y tres, respectivamente, en la lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas durante las próximas elecciones del 28 de abril, una plancha que estará liderada por Guillermo Mariscal.

Por su parte, el miembro de la Ejecutiva Nacional, Sergio Ramos, cuyo nombre se barajaba para ocupar la segunda posición en la lista a la Cámara Baja por Las Palmas, irá como número uno en la candidatura al Senado por la isla de Gran Canaria, seguido de Rosa Viera.

Se resuelven de esta manera las discrepancias abiertas en el PP canario por la elaboración de las listas, una diferencia de criterios que el presidente del partido en las islas, Asier Antona, minimizó este jueves al afirmar que había una “perfecta sintonía” entre la dirección regional y la nacional.

En este sentido, Génova contaba con las planchas canarias desde la jornada de ayer y ha dado su visto bueno este viernes, mientras que las mismas fuentes han señalado que los aspirantes populares presentarán este lunes las candidaturas a las próximas elecciones generales ante la Junta Electoral Provincial.