La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Castilla-La Mancha ha denunciado ante la Inspección de Trabajo, y ante el Instituto de las Mujeres estatal, a la empresa Kiabi.

El motivo, es la grabación de un baile coreográfico de carácter público, protagonizado por trabajadoras de la tienda que la firma tiene en Albacete, durante la jornada laboral y con el uniforme de la empresa. Dicha grabación se realizó ante clientes y visitantes del centro comercial con un fin publicitario.

Tal y como se explica en la denuncia “en este caso no concurre ningún consentimiento libre, específico, informado e inequívoco por parte de las trabajadoras afectadas” y que pudiera amparar jurídicamente la conducta empresarial denunciada.

“La captación de su imagen, su utilización con fines comerciales y su difusión masiva, configuran una intromisión ilegítima en su derecho fundamental a la propia imagen y un tratamiento ilícito de datos personales”, señala el sindicato que lo ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo.

El propio secretario general del sindicato Pepe Álvarez señala en una publicación en la red social X que “la dignidad de las trabajadoras no está en venta, no se compra y por supuesto no se puede exhibir como una mercancía”.

Desde su perspectiva, los hechos descritos podrían, en determinadas circunstancias, considerarse un presunto delito contra la integridad moral, y discriminación laboral por razón de sexo por lo que pudieran ser, dice UGT, “constitutivos de infracción penal”.

Cree que la empresa ha comeido “una infracción muy grave por vulneración de la dignidad de las trabajadoras, por discriminación por razón de sexo; y posible infracción en materia de riesgos laborales al incumplir la obligación de evaluar y eliminar los riesgos psicosociales derivados de la práctica denunciada”.

Reclama una multa a la Inspección de Trabajo

El sindicato solicita a la Inspección de Trabajo la imposición de multa en su grado máximo por cada una de las infracciones muy graves, que se requiera a la empresa para que cese de inmediato en la práctica denunciada y en cualquier otra de similar naturaleza.

También pide que la empresa retire el video de todos los canales de difusión, y que adopte un protocolo de actuación preventivo que garantice el respeto efectivo de la dignidad, la igualdad de trato y los derechos fundamentales de todas las personas trabajadoras.

“Esto es vergonzoso y lo decimos alto y claro, desde UGT no vamos a dar un paso atrás. Basta ya de mercadear con nuestros derechos, nuestra imagen no está en venta para conseguir un like o una campaña de marketing”.

Este medio ha contactado con la cadena de ropa francesa para conocer su versión y, de momento, ha declinado realizar comentarios.

La Columna Feminista de Teruel ha denunciado problemas en la atención del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) en la ciudad, tras la visita de una de sus integrantes a la sede para conocer de primera mano los recursos que ofrece el servicio. Según relatan, se detectaron largas esperas, ausencia de personal y falta de privacidad en las consultas, lo que podría afectar especialmente a mujeres en situación de vulnerabilidad. El Instituto Aragonés de la Mujer ha defendido el funcionamiento de su delegación en Teruel.

María Benítez, integrante del colectivo, explica que la visita responde a la necesidad de entender cómo funciona el servicio para acompañar mejor a mujeres que acuden en busca de apoyo. “Habíamos recibido diversos testimonios y queríamos conocer de primera mano cómo se presta la atención”, señala. “Una compañera pidió cita y acudió con su bebé, pero tuvo que esperar más de 40 minutos hasta que llegó la persona que debía atenderla”, añade. Benítez aclara que la crítica “no es a las profesionales, sino a cómo está estructurado el servicio y cómo podría mejorarse a nivel de sistema”.

Entre los problemas detectados, la activista apunta al diseño de las instalaciones: la sala de Psicología está separada por cristales y se escuchan las conversaciones desde el exterior, lo que “compromete el anonimato y la confidencialidad”. Además, denuncia que durante la visita las dependencias permanecieron vacías, mientras sonaban llamadas telefónicas sin que nadie las atendiera. “Si esto le ocurre a una mujer que está viviendo una situación de violencia, puede agravar su estado emocional y generar sensación de desesperanza”, explica Benítez.

Desde la Columna Feminista insisten en que su asamblea funciona como un espacio seguro y confidencial, y recuerdan que muchas mujeres acuden a ellos buscando acompañamiento y orientación. “Ninguna mujer debería sentirse sola o desatendida cuando acude a pedir ayuda”, subrayan. Por ello, reclaman una revisión de los protocolos, la garantía de personal durante todo el horario de apertura y condiciones reales de confidencialidad, accesibilidad y acompañamiento.

El Instituto Aragonés de la Mujer ha defendido el funcionamiento de su delegación en Teruel, que se encuentra actualmente en una ubicación provisional hasta que finalicen las obras de adecuación de la Casa Blanca. Señalan que el servicio cuenta con tres profesionales y se ha reforzado recientemente con un auxiliar administrativo, además de que en Aragón la plantilla del IAM ha pasado de 25 a 35 personas en el último año. En Teruel, además de atención psicológica, hay una educadora social, asesoría laboral y jurídica, personal de la casa de acogida (operativa 24 horas) y personal de guardia para asuntos sociales. El Ejecutivo autonómico recuerda la existencia del teléfono gratuito 900 504 405, operativo 24 horas, 365 días al año, para apoyo psicológico, asesoramiento legal o derivación a la policía, con total confidencialidad.

Asimismo, desde octubre de 2024 funcionan los Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVIS) en Zaragoza, Huesca y Teruel. En el centro turolense trabajan una psicóloga, una trabajadora social y una educadora, además de ofrecer asesoría jurídica. Durante 2025, el CAIVIS de Teruel atendió a 72 personas y desarrolló una veintena de acciones formativas y de difusión que alcanzaron a cerca de mil personas.

La guadalajareña María Teresa López Tomé (Romanones, 1975) ha sido nombrada consejera titular del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha en sustitución de Lourdes Luna, que ha sido cesada.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha publicado sendas resoluciones de cese y nombramiento, según publica este martes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). López Tomé formará parte del Consejo Escolar en representación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Este reemplazo se produce un mes después que López Tomé sustituyera a la propia Luna como presidenta del Instituto de la Mujer. La nueva representante del Consejo Escolar regional compaginará estos cargos con el de concejala en el Ayuntamiento de Guadalajara.

Carrera profesional ligada a la infancia y juventud

López Tomé fue investida concejala por el PSOE en dicho Consistorio tras la renuncia de Sara Simón al puesto cuando fue nombrada consejera de Igualdad. También fue en 2020 jefa de Gabinete del entonces delegado de la Junta en la provincia de Guadalajara, Eusebio Robles. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la infancia, adolescencia y juventud. Además, es experta universitaria en juventud y sociedad.

Por su parte, el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha es el órgano de consulta y asesoramiento del Gobierno Regional para la participación de la sociedad castellano manchega en la programación general de la enseñanza, en los niveles anteriores a la Universidad, dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, tal y como explica el Portal de Educación de Castilla-La Mancha.

Laura –nombre ficticio para preservar su identidad– lleva más de diez años siendo víctima de violencia de género. Sobre su expareja y padre de su hijo pesa una sentencia penal condenatoria y una orden de alejamiento que estuvo en vigor hasta 2022. Dos requisitos que, según su abogada, acreditan su condición de víctima de violencia de género y deberían bastar para obtener el llamado título habilitante, el documento que permite acceder a determinados recursos públicos. 

Sin embargo, cuando Laura fue a solicitarlo ante el Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) de la Macarena, en Sevilla, se encontró con un laberinto burocrático que la hizo sentirse “maltratada” por segunda vez, esta ocasión por la institución que debía protegerla. “No habían dudado tanto de mi palabra ni en el juzgado ni en comisaría”, confiesa al recordar el encuentro que mantuvo a principios de noviembre con el equipo del centro municipal en el que le denegaron la acreditación de víctima de violencia de género.

“Me sentí doblemente maltratada: primero por mi agresor y después por el CIAM Macarena”, asevera, reconociéndose todavía afectada. Laura acudió al CIAM por primera vez en 2015. El equipo de entonces, recuerda, “me ayudó y apoyó mucho tanto psicológicamente como en asesoramiento jurídico”. En cambio, cuando regresó en 2024 –esta vez para pedir atención psicológica para su hijo– el trato que recibió fue “totalmente diferente”.

Una denuncia a la psicóloga y una titulación para la víctima

Tras reanudarse el contacto con el progenitor una vez expirada la orden de alejamiento, Laura afirma que la violencia también se reactivó, esta vez manifestada en forma de violencia vicaria: “El padre instrumentaliza a su hijo para causarme el mayor sufrimiento posible”, relata en conversación con este periódico. Ante esta situación, acude de nuevo al CIAM Macarena demandando ayuda psicológica para el menor de 10 años. Allí le informaron de que no disponían de recursos para atender al menor, así que decidió recurrir a una psicóloga privada.

La reforma del artículo 156 del Código Civil acometida en 2021 establece que si una madre está siendo atendida en un servicio especializado de violencia de género, su hijo puede recibir atención psicológica sin contar con el consentimiento paterno, “siempre que medie un informe emitido por dicho servicio” y se le comunique previamente al otro progenitor.

Sintiéndose amparada por la normativa vigente, Laura informa al padre por escrito de que su hijo va a recibir atención psicológica. El progenitor –condenado por violencia de género– se opone y denuncia a la psicóloga por tratar al menor sin contar con su visto bueno. La profesional había aceptado atender al menor basándose en un certificado del CIAM que confirmaba que la madre era usuaria de ese centro de atención a la mujer desde 2015. Pero, tras recibir la denuncia, el Colegio de Psicología abrió expediente y reclamó expresamente el título habilitante para acreditar que se trata de una víctima de violencia machista.

Hasta ese momento, Laura desconocía que necesitaba “titularse” como víctima de violencia de género para que su hijo pudiera ser atendido sin autorización del padre. Ante el requerimiento del Colegio, solicita formalmente el título ante el CIAM. Desde el Instituto Andaluz de la Mujer reconocen, a preguntas de este periódico, que la atención psicológica a menores en estos casos se rige por el mencionado artículo, no precisando ningún tipo de acreditación previa. Aun así, en el centro municipal concluyen que no procede concederle el título habilitante porque su hijo no ha sido valorado por el equipo psicosocial del juzgado. Un aspecto que la abogada de Laura no reconoce como requisito legal en este contexto.

Fuentes de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla preguntados por este periódico explican que no pueden conceder el título porque la sentencia condenatoria “ha expirado”. Sin embargo, aclaran que “la creemos” y que este documento “no es obligatorio” para que el menor reciba atención psicológica. La solución que ofrecen desde el organismo municipal es que la madre pase por los tres servicios del circuito que atienden –psicóloga, asesora jurídica y trabajadoras sociales– como medida de protección, tanto para la víctima como para el personal, en aras de evitar que el agresor pueda ejercer sanciones contra ellas (como ha ocurrido con el Colegio de Psicología).

Sentirse juzgada en el centro de atención a la mujer

La experiencia de Laura contrasta con la explicación institucional. La víctima afirma haberse sentido “cuestionada” y “juzgada” durante la reunión con el equipo del CIAM. Lejos de encontrar un procedimiento ágil que facilite el acceso a los derechos previstos por la reforma del Código Civil, se topó con personal nuevo que desconocía su historial, un ambiente que califica de “hostil”, y una sucesión de trabas administrativas que siguen obstaculizando su recuperación y la atención integral de su hijo.

Su mayor miedo, confiesa, es que si le deniegan el título, “mi hijo no va a poder recibir ayuda psicológica hasta que cumpla 18 años”. Al respecto, su abogada lamenta que el caso de Laura “está siendo sangrante”. “Una mujer con sentencia favorable no consigue que su hijo acceda a un recurso básico porque la administración interpreta la ley de forma más restrictiva de lo que exige el Código Civil”, resume.

Mientras que la administración dirime el caso, “a ella la marean burocráticamente y la psicóloga que atiende al menor se enfrenta a un expediente disciplinario por cumplir con el artículo 156 y priorizar la protección del niño, una revictimización de libro”, concluye la letrada de la víctima. “La ley es una maravilla, pero en la práctica no se cumple”, zanja.

Al hilo, recuerda que la reforma del artículo 156 “tiene como finalidad evitar la revictimización de mujeres e hijos e hijas víctimas de violencia de género y eliminar los obstáculos legales que antes impedían el acceso a la atención psicológica cuando el progenitor niega su consentimiento”. Sin embargo, el caso de Laura evidencia que esos obstáculos no solo persisten, sino que han derivado en un laberinto administrativo en el que las mujeres se sienten atrapadas y condenadas a seguir siendo víctimas.

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha invita a la ciudadanía a disfrutar de las obras con contenido feminista que ofrece la Biblioteca y Centro de Documentación Luisa Sigea, no solo en su sede física, en la plaza Zocodover de Toledo, sino a través de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha.

A través de un catálogo específico inspirado en el mundo de los viajes, la biblioteca ofrece más de una treintena de recomendaciones dirigidas al público adulto, pero también al público infantil y juvenil que empieza a sumergirse en obras feministas que abordan cuestiones como los roles y estereotipos de género, el empoderamiento o la pubertad en las mujeres.

Como en cada recomendación, la Biblioteca Luisa Sigea ofrece obras vinculados a la narrativa, la poesía, el ensayo, el comic y, en esta ocasión, presenta contenidos de En el Mar Editorial, una microeditorial castellanomanchega independiente con contenidos feministas, orientados también al respeto a la diversidad racial y a personas con distintos tipos de discapacidad.

La directora del Instituto de la Mujer, Lourdes Luna, ha animado a “disfrutar del consumo mucho más relajado y reflexivo que permite el verano para adentrarse en historias, poemas, viñetas y reflexiones que tienen que ver con el feminismo o con la mirada femenina de la realidad, en muchos casos ignorada”.

Explica que se trata de fomentar el contenido feminista que ayude a “entender la necesidad de avanzar en materia de igualdad” y que sirva también como “contrapunto” a muchos contenidos que no tienen en cuenta a las mujeres, a los personajes femeninos, que ahondan en los roles y estereotipos de género o que no fomentan la igualdad“.

Como en otros catálogos, la Biblioteca y Centro de Documentación Luisa Sigea destaca la figura y obras de grandes referentes femeninos de la literatura. En esta edición veraniega, el espacio acerca a la lectora y al lector a la novelista española Ana María Matue, de cuyo nacimiento se cumple este año un siglo. Entre otros hitos y reconocimientos, Matute fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua y obtuvo el Premio Cervantes en el año 2010.

El catálogo puede consultarse en el apartado destinado a la Biblioteca y Centro Documental Luisa Sigea, en la página web del Instituto de la Mujer, en el espacio destinado a recomendaciones literarias. Se trata de un archivo interactivo desde el que se puede acceder directamente al préstamo de cada obra.

A la par que la sociedad va cambiando, han de cambiar y actualizarse las instituciones. Así explica la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, la necesidad de una “reforma integral” de la ley que rige la creación y funcionamiento del Instituto de la Mujer autonómico, proceso que ha comenzado este lunes con la apertura a consulta pública para que la ciudadanía sea también parte de los cambios que experimentará la institución pública.

Varias son las razones que promoverán este cambio, que se reflejará en su propio nombre: en cuanto se apruebe la reforma de la ley, será el Instituto de las Mujeres, siguiendo la estela del organismo estatal. Un cambio del que ya hablaba Blanca Fernández, la anterior consejera de Igualdad, en el año 2020. “Entendemos que ser mujer no es un patrón. Que cada mujer tiene distintas características y problemáticas. No es lo mismo la mujer que vive en el mundo rural, que la mujer que vive en la gran ciudad. Las mujeres sufren diferentes problemáticas, dependiendo de su orientación sexual, son diversas y queremos que el organismo represente y recoja todas las realidades”, resume la consejera.

Desde la Junta castellanomachega reivindican que la comunidad autónoma ha sido “pionera” en el desarrollo de textos normativos para “consolidar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres”, así como enfocados a la erradicación de “todo tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo”.

Queremos que el organismo represente y recoja todas las realidades

Sara Simón — Consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha

El cambio de nombre será seguramente lo más visible, pero la nueva ley quiere que el organismo se adapte a todos los cambios experimentados en la sociedad y, en concreto, las políticas dirigidas a la protección, salvaguardia y garantía de la igualdad. Simón resalta que en la ley, por ejemplo, todavía se cita una ley que hablaba de “malos tratos” y que ya ha sido derogada, la autonómica 5/2001. “Los parámetros en los que nos movemos en cuanto a igualdad y a lucha contra la violencia machista han ido evolucionando, desde luego”, reflexiona la responsable.

El proceso comienza con la apertura del cambio de normativa a consulta pública, en el que se expone a grandes rasgos la necesidad de reorganizar el Instituto de la Mujer y los “problemas” que se quieren solucionar con la modificación. Las personas interesadas en ser parte del proceso, pueden contestar a un cuestionario breve en el que muestren su acuerdo, o no, con la propuesta. Más adelante, se publicará el proceso de participación, y el procedimiento seguirá los cursos habituales hasta su aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha.

“Socialmente, en estos 23 años, España ha cambiado mucho. Hemos avanzado mucho y hemos asumido postulados internacionales, que entendemos deben estar dentro de la ley que regula el Instituto de la Mujer. No solo en el lenguaje, también en los fines y objetivos”, explica Simón a elDiarioclm.es. La responsable apela a la importancia de hablar con “precisión”. “Una cosa es la violencia familiar o intrafamiliar, y otra es la violencia machista. Hace 23 años -cuando se aprobó la ley vigente- todavía había conceptos que no estaban plenamente diferenciados”, recuerda.

Y es que en los últimos 20 años se ha avanzado “muchísimo” en muchos aspectos, pero sobre todo en lo relacionado con la lucha contra la violencia machista. Y en el caso de Castilla-La Mancha, la red de recursos se ha ido adaptando y creciendo. Los planes incluyen ahora mismo incluso un centro específico para víctimas de trata y explotación sexual, que es fruto de la normativa europea, mientras se finiquitan los centros de acogida para víctimas de violencia sexual en todas las provincias.

“Tenemos muchos servicios y cada vez se va trabajando en más políticas en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Esto debe adecuarse, a través de esta reorganización, y las nuevas competencias que vamos asumiendo poco a poco”, señala Simón, que apunta a que las competencias que las distintas consejerías han asumido en los últimos 23 años también son diferentes y que también cada vez hay más personal, como el que trabaja en las Unidades de Igualdad de Género con las que cuentan las distintas consejerías.

En la consulta pública se explica que se deben adaptar las funciones y fines a la estructura y divisiones competenciales actuales del Gobierno regional, para garantizar la implementación “efectiva” de las políticas públicas de igualdad de forma transversal.

“En definitiva, se trata de adaptar el marco legal del Instituto de las Mujeres a las nuevas realidades sociales y jurídicas, integrando de forma más clara la perspectiva interseccional”, señala el portal de la Junta de Comunuidades.

El presupuesto, la “verdadera declaración de intenciones”

El presupuesto, recuerda Simón, tampoco es el mismo de entonces. Para este ejercicio, el de 2025, se contemplan más de 44 millones de euros para políticas de igualdad a través del Instituto. La consejera resalta que son estas decisiones finalmente, la financiación que se pone encima de la mesa, la “verdadera declaración de intenciones” de los gobiernos. “El Instituto de la Mujer existía durante el gobierno de Cospedal, a pesar de que lo que hizo fue recortar de manera drástica su presupuesto. El organismo existía, pero el dinero no estaba”, recuerda. “Lo que blinda las políticas es la voluntad de poner fondos. Me preocupa cuando escucho a algunos partidos políticos hablar de chiringuitos”, reflexiona.

Si la reforma se aprueba durante esta legislatura, el grupo parlamentario de Vox podrá votar, y presumiblemente lo hará en contra. “Efectivamente, son ellos los que hablan de este organismos como chiringuitos y que no son necesarios”, destaca Simón, que apela desde ya al PP para obtener un consenso al respecto. “Tienen que estar a la altura y confío en que apoyen la propuesta para seguir avanzando”, asevera.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha entregado este martes el Premio Emakunde a la Igualdad a las asociaciones IMME-Asociación para la integración de las mujeres musulmanas, y AMUGE-Asociación para la promoción y el empoderamiento de las mujeres gitanas, por “visibilizar y atender las múltiples formas de discriminación que viven tanto las mujeres gitanas como las mujeres musulmanas”. En un acto celebrado en la sede de Lehendakaritza, en Vitoria, el premio ha sido recogido por Tamara Clavería, integrante de AMUGE; y Djamila Zereib, integrante de IMME, de manos del lehendakari, que ha estado acompañado de la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

En su intervención, el lehendakari ha afirmado que el empoderamiento de las mujeres es “un eje fundamental de las políticas” vascas y ha advertido de que “sin ese paso, no hay igualdad posible”. “Tampoco sin el firme compromiso de nosotros, los hombres, y este es un desafío que nos interpela a todas y también a todos nosotros”, ha resaltado. En este sentido, ha reivindicado el programa Gizonduz, el Servicio vasco para el trabajo con hombres y masculinidades por la igualdad que recientemente Emakunde ha renovado, porque “interpela a los hombres”. “Este es un camino compartido”, ha añadido.

También ha destacado “el papel de las asociaciones en este camino” y “especialmente el de quienes trabajan con mujeres que en muchos casos quedan además en los márgenes de la sociedad o están en situaciones de mayor vulnerabilidad”. “Asociaciones como las que hoy reconocemos, AMUGE e IMME, ofrecéis una red social que amortigua la desigualdad, además de que ofrecéis muchísimas herramientas para que la voz de las mujeres sea realmente escuchada”, ha resaltado antes de agradecer su labor por su “trabajo imprescindible”.

Asimismo, ha alertado de “la batalla cultural que están dando los populismos y la ultraderecha en contra del movimiento a favor de la igualdad de las mujeres y de la igualdad real de las mujeres y los hombres”. “Lleva tiempo ocurriendo de manera menos manifiesta y más latente; están intentando corroer el marco de igualdad y de empoderamiento de las mujeres que intentamos construir en este país desde hace décadas”, ha insistido.

Al respecto, ha subrayado “la importancia de trasladar a las nuevas generaciones, a las y los más pequeños, a las y los más jóvenes, la idea de que queremos que decidan su futuro sin limitaciones de género” y cree que “para ello es necesario que tengan referentes y en el caso de las chicas, mujeres cuyo impacto en la sociedad sea además visible y sea reconocido”. “Las dos asociaciones que hoy habéis sido premiadas contribuís a que muchas chicas, a muchas mujeres reivindiquen su protagonismo activo en esta sociedad y que se conviertan también en referentes”, ha resaltado.

La directora de Emakunde, por su parte, ha recordado que la Ley de Igualdad vasca entre sus principios generales, “recoge la interseccionalidad como enfoque inspirador de la intervención pública”. “AMUGE e IMME tienen carácter colectivo y una mirada interseccional necesaria para describir las múltiples vulnerabilidades que atraviesan las mujeres. Ambas asociaciones nos muestran claramente que las mujeres no cabemos en una categoría homogénea”, ha señalado.

Elgarresta ha destacado la labor de las dos asociaciones para “desterrar roles y estereotipos”. “Desde Emakunde agradecemos vuestra labor prestando ayuda a mujeres que están condicionadas y limitadas como consecuencia de los estereotipos y los prejuicios existentes aún en nuestra sociedad”, ha destacado.

Emakunde ha destacado que la Asociación Intercultural para la promoción y el empoderamiento de las mujeres Gitanas de Euskadi es un colectivo “pionero en llevar a cabo un proceso de cambio y evolución hacia un enfoque feminista e independiente, desprendiéndose de la tutela masculina”. “La asociación pone el acento en el trabajo de defensa y promoción de los derechos de las mujeres gitanas en Euskadi, desde una perspectiva del 'feminismo dialógico gitano', en el que confluyen la lucha contra el antigitanismo y contra la violencia machista”, ha señalado.

Además, ha resaltado que “el impacto significativo a través de programas de empoderamiento, salud y formación en género, así como en la lucha contra la discriminación y la violencia machista, han sido argumentos determinantes para la concesión de este Premio”. Las Escuelas de empoderamiento “Tu voz cuenta”, el proyecto de nuevas masculinidades para hombres gitanos, la investigación de la historia de las mujeres gitanas o la visibilización de la criminalización que sufren en espacios públicos a través de publicaciones como “Nos persiguen”, son algunas de sus iniciativas.

Por otro lado, ha explicado que la labor de la Asociación de Integración de Mujeres Musulmanas en la Sociedad Vasca “se centra en el empoderamiento económico de las mujeres, capacitándolas en habilidades laborales” y ha explicado que sus programas educativos “han incrementado el acceso a la formación y la alfabetización, mejorando las perspectivas de futuro de muchas mujeres y sus familias”.

“La asociación ha trabajado para dar voz a las mujeres musulmanas, promoviendo sus derechos y fomentando su participación en la toma de decisiones en sus comunidades. Destacan los proyectos centrados en la sensibilización sobre la violencia de género, proporcionando recursos y apoyo a mujeres, además de influir en la formulación de políticas en las que las voces de las mujeres musulmanas sean consideradas en los procesos de toma de decisiones”, ha indicado. Por último, ha subrayado que, “desde su diversidad, esta organización, realiza una importante aportación al avance de la igualdad de mujeres y hombres, a través de sus acciones, trabajos o proyectos”.

La alumna Carmen Medina Díaz-Bernardo, del CEIP 'José Ramón Villa' de Mora (Toledo) ha sido la ganadora del concurso de dibujo 'Castellanomanchegas, mujeres transformando el mundo 2024', convocado en toda la región por la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI).

La asociación ha recibido cerca de 500 trabajos de alumnado de 5º y 6º de primaria de toda la comunidad autónoma y los ganadores han obtenido premios valorados en 300, 200 y 100 euros respectivamente, como lo establecían las bases de participación.

'Castellanomanchegas, mujeres transformando el mundo' es un concurso de dibujo dirigido a alumnado de quinto y sexto de primaria de los colegios públicos de Castilla-La Mancha con el objetivo de “implicar a los estudiantes en la reivindicación del papel de las mujeres en la sociedad”, además de “promover la eliminación de actitudes discriminatorias”.

Los premiados y premiadas

El primer puesto fue para Carmen Medina Díaz-Bernardo, de 11 años y alumna de 6º del CEIP José Ramón Villa de Mora, Toledo.

El segundo puesto fue para Basma Ibrahimi, de 6º de Primaria del CEIP San Isidro Labrador de Dosbarrios, Toledo.

El tercer puesto fue para Romaina Kiati, de 5º del CEIP Severo Ochoa de Puertollano, Ciudad Real.

Mención especial

Además, recibe una mención especial Samuel Boryanov, de 10 años, de 5º de Primaria del CEIP Cervantes de Albacete.

El jurado del concurso de AIETI ha estado formado por Rosario del Bosque, Vicepresidenta de AIETI; David Martinez Ayllón. representante de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha y de la Biblioteca Solidaria de la región además de Pilar V. Foronda, reconocida artista de la comunidad autónoma.

Este certamen es una de las actividades del proyecto 'Acciones dirigidas a la prevención de las violencias machistas y eliminación de estereotipos sexistas para la construcción de una sociedad libre de violencias'“, que AIETI organiza con el apoyo del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Igualdad a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) ha vuelto a poner en marcha acciones de información y sensibilización en la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, con el apoyo del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

En estas acciones, en concreto, se pone el acento en las mujeres con discapacidad de la comunidad autónoma. El plan de acción de la ONG arrancaba en octubre con una campaña de difusión en sus redes sociales, X e Instagram, que ha tenido un alcance de más de 400.000 personas de la región. El objetivo ha sido el de “visibilizar un problema con alto impacto social” que pone de manifiesto la existencia de “un mayor riesgo de sufrir violencia y abuso por ser mujer y por tener una discapacidad”.

Después y con el objetivo de llegar a un público más joven, se han realizado talleres de sensibilización en varias localidades de la región, en los que han participado casi 200 estudiantes de Integración Social de los institutos 'Atenea' de Ciudad Real, 'Fernández de los Ríos' de Quintanar del Rey, 'Santiago Grisolía' de Cuenca y alumnado de Trabajo Social y Educación Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) de Talavera de la Reina y Cuenca, así como una jornada universitaria en la Facultad de Trabajo Social de la UCLM de Cuenca, con la participación de activistas y ponentes profesionales.

“Buscamos contribuir a la sensibilización y al fortalecimiento de capacidades de la sociedad castellanomanchega sobre el impacto de violencias machistas e interseccionales en las mujeres con discapacidad en Castilla-La Mancha”, apuntan desde el colectivo.

Publicaciones para prevenir

Igualmente, en el marco de esta campaña se han elaborado dos guías, con el objetivo de disponer de herramientas para contribuir a la prevención y erradicación de las violencias machistas, así como para informar sobre esta violencia. La guía realizada para la Prevención de las violencias machistas e interseccionales en mujeres con discapacidad, se ha dirigido a profesionales de la intervención que entre otros materiales, incluye consejos y recursos para trabajar desde una perspectiva feminista e interseccional.

La segunda es una guía práctica, que está dirigida a mujeres con discapacidad, con el objetivo de informar sobre qué es la violencia de género, los distintos tipos de violencia que existen, cómo empieza, los recursos donde acudir.

Después de más de 30 años ejerciendo como profesora de Educación Secundaria Obligatoria, esta leonesa de nacimiento, medio navarra y asturiana de adopción, ha sido reconocida con la máxima distinción Meninas 2024, concesiones otorgadas por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que se entregan en todas las delegaciones del gobierno el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Marián Moreno ha sido reconocida “ por su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, y la lucha contra la violencia de género desarrollados a lo largo de su trayectoria vital y profesional, poniendo el acento en la educación en igualdad”.

Reconoce que siempre se ha considerado profesora de igualdad, porque es lo que ha enseñado durante tres décadas a todas sus alumnas y alumnos de los diferentes institutos públicos en los que ha trabajado, a parte de su asignatura de Lengua y Literatura, y no encuentra mejor broche final a su carrera que el reconocimiento que ahora recibe.

Si echa la vista atrás sigue viendo a aquella niña siempre subida a alguna tapia, con heridas y puntos de sutura, y jugando al fútbol, aunque en los partidos de los domingos le tocaba “chupar banquillo” porque las niñas no podían jugar en los partidos, llamémosles, oficiales. Es una injusticia que como tal ella vivió desde bien pequeña, que nunca olvidará y que constituyó, sin saberlo en aquel momento, el principio de todo. Eso, dice, y haberse criado en una familia con cinco hermanas. Una conciencia que siguió reafirmándose en su interior durante la adolescencia y que ya en la juventud la llevó a empezar a militar en el activismo feminista.

Y así trasncurrió su vida, dando clases de Lengua y Literatura y llevando el feminismo a las aulas, que es, ni más ni menos, lo que ella considera coeducación. Sin embargo, su vida no siempre estuvo ligada a las aulas, ya que hizo pequeños parones para, por ejemplo, participar en la redacción del Plan Skolae, el programa pionero de coeducación puesto en marcha por el Gobierno de Navarra, premiado por la UNESCO y que acabó en los tribunales, sometido a la caza de brujas de la derecha y ultraderecha por “adoctrinar a los niños en la ideología de género”.

Al igual que en Navarra, Marián también formó parte del equipo que redactó el segundo Plan de Educación de Euskadi y ahora, desde 2020, participa en el programa Coeducastur, que el Gobierno del Principado pondrá en marcha en las aulas a o largo de este curso, pues una vez redactado, se ha testado en 20 centros de la región cuyo personal educativo ha dado el visto bueno a todos los materiales.

Coeducar es para esta profesora y escritora una forma de equilibrar, a través de la educación, la sociedad sexista en la que vivimos, que divide por sexos lo que unos pueden hacer y las otras no. Coeducar es trabajar con las emociones, las actitudes, las elecciones. Es llevar la igualdad a clase. Es prevenir la violencia de género. Coeducar es, en definitiva, llevar el feminismo a las aulas. Y tras 34 años haciéndolo, reconoce, “lo que más me asusta es todo lo que aún me queda por aprender”.

Hay un antes y un después del 8M de 2018. El machismo se ha radicalizado más por el miedo que nos tienen a las feministas. Calma, cuando ellos despierten, nosotras seguiremos ahí

Lamenta que la desigualdad esté tan inoculada en la sociedad que se siga señalando a quienes trabajan por ella y asegura que el problema del machismo hoy en día es el pánico que este tiene a la generalización del feminismo, pues hay un antes y un después en el movimiento, un punto de inflexión, que fue el 8M de 2018, con manifestaciones tan enormes, que sorprenden a la sociedad y ponen lo pelos como escarpias al machismo, recuerda. Por eso se ha radicalizado aún más, “por el miedo que nos tienen a las feministas”, pero debemos estar tranquilas, porque hagan lo que hagan, asegura, “como decía aquel cuento, cuando ellos despierten, nosotras, las feministas, vamos a seguir ahí”.

Dejar las aulas para dar el salto a la administración ha sido difícil, dice, pero “creo en la política como servicio público y ayudar a hacer políticas de igualdad es importantísimo”. Reconoce que le falta la alegría del alumnado, de hecho, los momentos más reconfortantes de su carrera están relacionados directamente con sus alumnas y alumnos. Recuerda el mail de una alumna, recibido hace relativamente poco tiempo, quien después de más de veinte años había conseguido localizar a su antigua profesora para agradecerle las enseñanzas que le había impartido en clase y que acababan de ayudarla a salir de una relación de maltrato.

Sin embargo, cuenta Marián, hay que tener en cuenta que en una clase la única que envejece es la profesora, el alumnado siempre tiene la misma edad, y después de tantos años el cansancio va haciendo mella. Ahora, en su nueva aventura, también valora la formación del profesorado como una tarea “apasionante”.

No hay más violencia, hay otras formas de ejercerla

Marián Moreno no cree que haya más violencia ahora que antes, lo que hay es otras formas de ejercerla, por ejemplo, a través de las redes sociales. Reconoce que puede dar la sensación de un aumento en el número de casos porque ahora se evidencia y se denuncia más gracias al feminismo.

Los violentos están “muy subiditos”, pero es porque el feminismo está cada vez más presente, dice. Defiende que la juventud de hoy en día no es más violenta que la de antes, en ningún caso, y se declara optimista ante el aumento de las denuncias porque “si hay más denuncias es porque hay mayor conciencia feminista”.

Es consciente de que el feminismo debe seguir haciendo pedagogía y divulgación, aunque algunas veces tenga que ser volviendo a partir de nuevo de cero, pues nos encontramos en un momento muy importante en el que se ha conseguido poner “negro sobre blanco” la cantidad de acciones que las mujeres llevábamos toda la vida soportando hasta el punto de haber normalizado y a las que hoy en día ya se ha puesto nombre, agresiones sexuales, apunta.

Le agota tener que seguir rebatiendo que el feminismo no odia a los hombres o que todos los hombres no son violadores. No todos los hombres son violadores, pero sí todos los violadores son hombres, explica. De lo que se trata es que los hombres adopten una postura ética ante la vida y se pregunten “qué comportamientos tenemos, que hacen que la mitad de la población nos tenga miedo”.

Denuncias en redes sociales

El caso Errejón ha derivado en la aparición de gran cantidad de grupos que en redes sociales recogen testimonios anónimos de víctimas de agresiones sexuales. Es positivo y necesario que las víctimas tengan espacios seguros en los que hablar desde el anonimato, asegura, pero animaría a todas ellas a denunciar. En Asturias, además, tenemos el Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales, donde pueden encontrar personas especializadas con las que hablar y en ningún caso están obligadas a presentar una denuncia, explica.

Todas nos sentimos identificadas en mayor o menor medida con los testimonio anónimos que leemos en redes sociales, quien más o quien menos ha pasado, alguna vez en su vida, por las mismas situaciones o similares a las que muchas mujeres anónimas narran. Se ataca a las víctimas que cuentan sus experiencias porque lo que hay ahora es mucho miedo a que se cuenten las agresiones sexuales, explica Marián, pero solo los agresores deben tener miedo, “si no has hecho nada, por qué te vas a dar por aludido, ¿no?”

El feminismo lo ha dicho siempre, “no hay nada más parecido a un machista de derechas, que un machista de izquierdas” lo sabemos de toda la vida, apunta Moreno. Es más fácil tejer alianzas en la izquierda que en la derecha, sí, reconoce, pero en la izquierda no hay un entorno idílico de la igualdad, también hay machistas, puteros, agresores...Lo primero de todo es el feminismo, reivindica. En estos casos, como el de Errejón en Sumar, Marián considera que la limpieza es muy importante, y ahí sí cree que se diferencia la izquierda de la derecha, y es en lo inmediato de su reacción en el momento en que se detecta un caso.

Para esta educadora está, por encima de todo y en definitiva, la educación en la familia, en la sociedad y dentro del propio sistema educativo, porque educar es la base para prevenir la violencia machista.

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha denunciado la reciente iniciativa del Ayuntamiento de Toledo que utilizará fondos públicos del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y del Ministerio de Igualdad para impartir talleres de costura dirigidos a menores en los conventos de la ciudad, entre otras propuestas.

Estas actividades se enmarcan en el Plan Corresponsables financiado por el Gobierno de España, con ayudas que canalizan los gobiernos autonómicos y que ejecutan los ayuntamientos, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, así como crear empleo en el sector de los cuidados.

Desde IU consideran que este tipo de actividades -los talleres de costura- “perpetúan estereotipos de género y evocan prácticas propias de la Sección Femenina del franquismo” y expresa su preocupación por que “los fondos destinados a la conciliación de la vida laboral y familiar se utilicen para realizar talleres en conventos, orientados a enseñar a niñas tareas domésticas como la costura”, ha señalado un portavoz regional del Área de Mujer de IU, Isabel Álvarez.

Se ha mostrado confiada en que estas actividades no busquen formar a las menores para ser “buenas esposas”, como se promovía en el decálogo de la perfecta esposa durante la dictadura franquista.

La agrupación también ha mostrado su sorpresa al ver que el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha haya permitido el uso de su logotipo en esta iniciativa, que consideran incompatible con los objetivos de igualdad de género.

“Nos sorprende que se dé vía libre a una propuesta que fomenta roles tradicionales y conservadores de género, utilizando fondos autonómicos y dinero del Ministerio de Igualdad, cuando estos recursos deberían estar destinados a eliminar la violencia de género y promover la igualdad”, han añadido desde IU.

Además, han manifestado su preocupación por el hecho de que el Ayuntamiento de Toledo, gobernado por PP y Vox, promueva este tipo de actividades. “Exigimos explicaciones claras de por qué se ha permitido al PP y a Vox realizar actividades que contravienen los objetivos de la lucha feminista y los fines para los que se destinan estos fondos”, ha manifestado la coordinadora del Área de Mujer.

Izquierda Unida exige transparencia y justificación sobre el uso de estos recursos y pide al Ministerio de Igualdad y al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha que reconsideren la concesión de esta subvención. “Es fundamental que los recursos públicos se utilicen para promover una igualdad real y efectiva, no para reforzar estereotipos que pertenecen al pasado”.

La Consejería de Igualdad: “Hemos pedido información”

Fuentes de la Consejería de Igualdad consultadas por elDiarioclm.es explican que las actividades que programan cientos de ayuntamientos con cargo al Plan Corresponsables “no se supervisan de forma previa”, aunque aseguran que sin se detectan que su ejecución no está dentro de los parámetros contemplados por el plan “se tomarán medidas”.

En este sentido, recuerdan que los adjudicatarios deben justificar que el destino de las subvenciones se ajustan a los fines del Plan Corresponsables y sobre este caso en cuestión aseguran haber pedido “información” al Consistorio, tras la denuncia de IU.

El juez responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Mislata ha aceptado la inhibición cursada por el Juzgado de Instrucción 7 de València, tras la denuncia interpuesta por Manos Limpias contra la exdirectora del Instituto de las Mujeres Isabel García y otra denunciada por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público, en relación a presuntas irregularidades en más de 60 contratos públicos de Ayuntamientos entre los años 2022 y 2024.

El juez ha acordado incoar diligencias previas por esta denuncia y ha encargado una investigación sobre los hechos a la Guardia Civil. Asimismo, ha ordenado que se comunique la existencia de la denuncia a las denunciadas para informarles de los derechos que les asisten, entre ellos el de personación en la causa para tomar conocimiento de la misma, según una información avanzada por El Debate, que han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El instructor considera, no obstante, que “no ha lugar en este momento a citarla a declarar” y rechaza la participación de los denunciantes en las actuaciones de instrucción por “no estar debidamente constituidos como parte procesal”.

Por último, el juez ha pedido un informe al Ministerio Fiscal sobre la competencia territorial del juzgado para continuar la investigación, ya que los hechos denunciados se habrían producido no solo en la Comunitat Valenciana, sino también, al menos, en Madrid o Guipúzcoa.

El Gobierno cesó en julio a Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres, días después de que se hiciese pública que la empresa que comparte con su mujer recibió al menos 64 contratos de puntos violeta con ayuntamientos del PSOE, por los que habría facturado alrededor de 250.000 euros.

El cese, confirmado por Isabel García en la red social X, se produjo tras las críticas del socio de Gobierno Sumar, que reclamó su dimisión. Sin embargo, la ministra de Igualdad Ana Redondo, pidió “paciencia” a la espera de las explicaciones por parte de la directora del Instituto de la Mujer. Por su parte, Isabel García se defendió en todo momento de la acusaciones al asegurar haber cumplido “escrupulosamente” la ley.

Medidas de conciliación personal y profesional, formación para la plantilla en igualdad y varias campañas. Son algunas de las acciones que ha incluido en su día a día la empresa ProIn, especializada en seguridad vial, desde que puso en marcha su plan de igualdad, en el año 2023. En octubre de este año, el plan se someterá a la revisión necesaria. ProIn, que se ubica en la localidad de Cabanillas del Campo, en Guadalajara, no está obligada a tener un plan de igualdad, ya que tiene menos de 50 empleados.

La empresa decidió implantar la herramienta para ayudar a la visibilidad de la igualdad entre su plantilla. “Nuestro sector está bastante masculinizado, por lo que es de especial importancia para nosotros”, explica Patricia Cámara, del departamento de Administración.

Los planes de igualdad han adquirido mayor protagonismo en el ámbito empresarial, después de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, que incorporó cambios “muy significativos”: en concreto, los hicieron obligatorios para las empresas de cincuenta personas o más.

Desde entonces, todos los agentes sociales y las administraciones públicas han trabajado por promover su implantación. Los planes de igualdad son documentos que recogen un conjunto de medidas destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con actuaciones que se realizan, basándose en un diagnóstico previo de la situación en la que se encuentra la empresa. Además, muestran el compromiso que tiene la dirección de la entidad en cuestión por promover este tipo de políticas igualitarias.

Se han tomado una serie de medidas a nivel social para promover la implantación de los planes de igualdad, y ProIn ha respondido ante estos estímulos positivos. “Muchas de las licitaciones que veía fomentaban la creación e implantación de los planes de igualdad”, reflexiona Cámara. Y con la investigación que realizó para crear este documento, la empresa tomó conciencia de la necesidad de impulsar medidas para la igualdad.

“Las medidas de conciliación benefician a todo el personal”

ProIn se apoyó en los servicios de una consultoría para poder formalizar el plan, y tras su implantación, la empresa ha llevado a cabo también varias formaciones en igualdad para su personal. “En concreto, se establecen medidas de conciliación personal y profesional, así como la formación para sensibilizar a la plantilla en temas de igualdad. Además, hemos realizado diversas campañas, por el Día de la Mujer o el Día de Eliminación de Violencia contra las Mujeres”, explica Patricia.

La plantilla, de hecho, acaba de terminar su formación en materia de sensibilización. “No solo tenemos plan de igualdad, ahora también contamos con un protocolo de acoso sexual. Estamos muy involucrados, y así lo transmitimos a nuestros trabajadores”, asegura Cámara. De la plantilla de 15 personas, solo cinco son mujeres. “Pero las medidas de conciliación benefician a todo el personal y se aplican así”, resalta.

Además de esto, el plan de igualdad incluye una “discriminación positiva” a la hora de realizar un proceso de selección. Esto implica que si existen dos personas que resulten igual de aptas para el puesto, por formación o experiencia, se priorizará la contratación de mujeres frente a los hombres.

Pero, ¿qué son los planes de igualdad?

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, determina que todas las empresas están obligadas a negociar y adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, así como a promover condiciones que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

Desde enero de 2021, las empresas con más de 50 personas trabajadoras deben contar con un plan de igualdad, si así lo establece también el convenio colectivo aplicable o en el supuesto de que se haya acordado así por parte de la autoridad laboral.

En el caso de las empresas que no están obligadas, como ocurre con ProIn, deberán consultarlo o negociarlo con la representación legal de los trabajadores. Además de esto, los planes de igualdad deben inscribirse en el Registro dispuesto para ello.

Apoyo a los planes de igualdad por parte del Gobierno regional

Los planes de igualdad son el máximo exponente del desarrollo de las políticas de este tipo en las empresas. Permiten integrar la igualdad en las relaciones laborales, así como en todos los ámbitos de gestión de las organizaciones, y funcionan como un motor para avanzar hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Un total de 468 empresas han registrado ya sus planes de igualdad en el Registro puesto a disposición por parte de la consejería de Economía, Empresas y Empleo. 139 de estos planes tenían carácter voluntario, como el de ProIn, y los 329 restantes, obligatorios.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado desde el año 2016 más de un millón de euros a la creación y desarrollo de más de 180 planes de igualdad en la región.

De esta manera, se quiere mostrar el firme compromiso del Ejecutivo por impulsar la igualdad de género en el mercado de trabajo. Así queda también de manifiesto con la puesta en marcha del Observatorio de Igualdad en el Trabajo, creado en el seno del Consejo de Relaciones Laborales de la consejería de Economía, Empresas y Empleo.

La misión del Observatorio es fortalecer la presencia social de las mujeres, especialmente en el mercado laboral, así como fomentar el conocimiento social sobre la realidad laboral de las mujeres. Además de esto, se quieren aportar datos, estudios y actuaciones relacionados con el empleo y la igualdad.

El Gobierno regional ha impulsado de forma transversal políticas de igualdad, para ayudar a las empresas a responder a las nuevas responsabilidades adquiridas en esta materia. Solo en 2024 se ha dedicado más de 190.000 euros a la puesta en marcha de planes de igualdad.

Las cinco personas que hasta ayer se encargaban de la gestión de la orientación laboral en la Casa de la Mujer en el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza han ganado el juicio por la modificación sustancial de sus condiciones de trabajo impuestas tras la adjudicación a la empresa YMCA, que tendrá que abonar sus despidos.

Estos se producen tras los nuevos pliegos en los que se adjudicó el servicio de orientación laboral de la Casa de la Mujer a YMCA y en los que se establecían cambios en las condiciones de los trabajadores, que han sido los mismos durante 15 años aunque la empresa adjudicataria haya cambiado.

El servicio de orientación laboral de la casa de la mujer está externalizado y se ha adjudicado a diferentes empresas a lo largo de su historia. En la última convocatoria, YMCA fue la que obtuvo la adjudicación y pasó a gestionarlo con unos nuevos pliegos en los que se establecía una modificación de horarios o se suprimía la flexibilidad, entre otras cosas. Estas nuevas condiciones supusieron que el personal subrogado denunciara su nueva “situación laboral ”ante el Juzgado de lo Social de Zaragoza quien ha determinado que algunos de estos cambios en las condiciones laborales eran conforme a los pliegos, pero ha admitido también que suponen una modificación sustancial de dichas condiciones, obligando a YMCA a abonar los despidos.

“Estamos ante una nueva ofensiva del gobierno municipal contra las políticas de igualdad, empujados por la ultraderecha de VOX. Forzando de esta forma el despido de trabajadores y trabajadoras que llevaban más de 15 años realizando estas funciones de asesoramiento”, explica Juan Tamariz, secretario organización sección sindical CCOO Ayuntamiento de Zaragoza.

El sindicato advierte que esta situación puede volver a repetirse con las licitaciones puestas en marcha, recientemente, para las “zonas jóvenes”. CCOO denuncia que esta precarización del empleo supone una pérdida de calidad en los servicios ofrecidos a la ciudadanía, salvo que sea esto lo que realmente se busca.

“El gobierno de Natalia Chueca, mientras sale a hacerse la foto en el balcón consistorial, el 8 de marzo, continúa descabezando las iniciativas para avanzar en igualdad. Un servicio que protege a las mujeres y que ha sido un referente a nivel nacional, derivándolo hacia una gestión que condicionada por VOX. mucho nos tememos, acabará por desaparecer”, asegura Tamariz.

La Generalitat Valenciana examina un contrato del Instituto Valenciano de las Mujeres a la empresa de la exdirigente socialista Isabel García. La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha avanzado que el Ejecutivo está revisando un contrato menor suscrito en mayo por este organismo, que depende de la Administración autonómica y estaba dirigido por el PSPV, a la mercantil de la ya cesada como directora del Instituto de las Mujeres a nivel nacional.

En concreto, según ha apuntado Merino, se examina un contrato de 14.200 euros para la gestión de los puntos violeta en los festivales de la Comunitat Valenciana, suscrito para el periodo estival. La consellera popular ha dicho que están revisando “si existen indicios de trato de favor” por parte del anterior Ejecutivo en relación a este contrato. La consellera ha insistido en que revisarán si había otras empresas que concurrieron y “qué términos y circunstancias acompañaron a este contrato”, recuerda que “ha sido durante años una alta dirigente del PSOE”. La directora del Instituto Valenciano de las Mujeres en la época de la adjudicación era María Such, nombrada por los socialistas. El actual Consell, ha dicho, investigará “el uso que se les ha dado a los puntos violeta y el porqué de la contratación”.

El Consejo de Ministros ha destituido este martes a García como responsable del organismo que depende del Ministerio de Igualdad. El cese llega después de varias semanas de cuestionamiento a la socialista, donde se ha apuntado que la empresa que constituyó en 2022 ha recibido contratos públicos aún siendo ella un cargo público.

El pasado jueves, García aseguraba que cuando fue nombrada para el cargo se puso en contacto con la Oficina de Conflicto de Intereses y siguió sus instrucciones para regularizar su participación en las empresas que compartía con su mujer conforme a su nueva responsabilidad política. La Oficina le comunicó que podía mantener hasta el 10% de la propiedad de las empresas que compartía con su mujer, y ella se quedó con el 8%. Según publicó  según publicó El Español, una de sus empresas ganó dos concursos en el ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) entre marzo y mayo de este mismo año, cuando ella ya estaba en el cargo. En los dos casos se presentaron tres ofertas similares de tres empresas vinculadas a ella. Además, según el Registro Mercantil, no fue hasta marzo de este año cuando se produjo el traspaso de participaciones de las empresas a su pareja. García ha vuelto a emitir un comunicado en el que asegura que se defenderá judicialmente de las acusaciones.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la destitución de la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García. La nueva directora del organismo será Cristina Hernández, según ha podido saber elDiario.es. El cese se produce después de las informaciones sobre dos contratos adjudicados por un ayuntamiento a las empresas de Isabel García cuando esta ya era alto cargo del ministerio. Sin embargo, la polémica comenzó desde su nombramiento por sus declaraciones sobre la ley y las personas trans y sus respuestas en redes a miembros de su propio partido. El socio de Gobierno del PSOE, Sumar, había pedido su cese en varias ocasiones y el malestar había crecido en algunos sectores dentro del propio Partido Socialista, del que procede García.

En su lugar, Igualdad opta por Cristina Hernández (Ciudad Rodrigo, 1979), una especialista en políticas públicas de igualdad y violencia de género y que lleva vinculada al PSOE desde joven. Hernández fue, además, becaria del propio Instituto, y trabajó en uno de los servicios emblema contra la violencia de género: el 016. En los últimos años ha trabajado en el equipo de Adriana Lastra primero, y en el de Andrea Fernandez y Félix Bolaños, después.

La elección de Ana Redondo al frente de Igualdad confirmaba la intención de darle un perfil bajo al Ministerio de Igualdad después de la salida de Irene Montero. Si embargo, la elección de Isabel García para dirigir el Instituto de las Mujeres causó malestar y revuelo desde el principio y ha sido la piedra en el zapato de la ministra durante los últimos meses.

La polémica comenzó cuando, nada más hacer público su nombramiento, activistas y partidos políticos recuperaron algunas de las declaraciones que García había hecho en los últimos años. La directora del Instituto de las Mujeres había hablado de “dictadura queer” o “delirio queer”, parafraseando el lenguaje de la extrema derecha, y había negado la existencia de las mujeres trans. Además del contenido, el tono hostil de sus tuits y las respuestas irrespetuosas a miembros de su propio partido con posiciones diferentes, hacían el resto.

Isabel García pidió entonces disculpas y mostró un apoyo firme a la ley trans. Sumar y Podemos mantuvieron su petición de cese, pero el malestar también se producía dentro del PSOE: un sector socialista no entendía este nombramiento después del esfuerzo por buscar consensos y pacificar al partido alrededor de la ley trans. La elección de García procedía, más bien, de un sector muy beligerante, no solo con la norma sino con la gestión de Irene Montero en general.

No obstante, la ministra Ana Redondo dio por válidas las disculpas de su alto cargo y defendió su continuidad como directora del Instituto al tiempo que aseguraba que el respaldo a la ley trans era una línea indiscutible de su ministerio.

La semana pasada el conflicto con Isabel García subía un escalón: el Español publicaba que las empresas que la directora del Instituto compartía con su pareja obtuvieron varios contratos públicos, dos de ellos cuando ya era alto cargo de Igualdad. Ana Redondo pidió “explicaciones” a García, que publicó un comunicado defendiéndose.

Sin embargo, sus explicaciones no fueron completas. El pasado jueves aseguraba que cuando fue nombrada para el cargo se puso en contacto con la Oficina de Conflicto de Intereses y siguió sus instrucciones para regularizar su participación en las empresas que compartía con su mujer conforme a su nueva responsabilidad política. La Oficina le comunicó que podía mantener hasta el 10% de la propiedad de las empresas que compartía con su mujer, y ella se quedó con el 8%.

La directora del Instituto obviaba que, más allá del porcentaje de la propiedad que tuviera a su nombre, según publicó El Español, una de sus empresas ganó dos concursos en el ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) entre marzo y mayo de este mismo año, cuando ella ya estaba en el cargo. En los dos casos se presentaron tres ofertas similares de tres empresas vinculadas a ella. Además, según el Registro Mercantil, no fue hasta marzo de este año cuando se produjo el traspaso de participaciones de las empresas a su pareja.

Cristina Hernández tomará el mando del Instituto

Cristina Hernández es licenciada en Sociología y especialista en políticas públicas de igualdad y violencia de género. Es, además, una persona de partido: Hernández lleva vinculada al PSOE desde joven. En 2003, con 24 años, fue candidata a la alcaldía de Ciudad Rodrigo y concejala del pueblo. Formó parte del equipo de Adriana Lastra cuando la asturiana fue vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo parlamentario en el Congreso.

Más tarde, Hernández pasó a asesorar a Andrea Fernández, nombrada secretaria de Igualdad del PSOE en octubre de 2021. Fernández fue la elegida para el cargo después de la marcha de Carmen Calvo del Gobierno y de la ejecutiva del partido, en un momento en el que la polémica por la ley trans había dividido al PSOE. En los últimos meses, había pasado a trabajar con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

La nueva directora del Instituto de las Mujeres fue, además, becaria del propio organismo. Más tarde trabajó como responsable de Formación del servicio 016 y como asesora en ONG y entidades públicas. Ha sido profesora asociada de la Universidad de Salamanca, donde impartió las asignaturas de Sociología de las Relaciones de Género y Sociología de los Movimientos Sociales.

Un Ministerio con perfil bajo, alejado de polémicas, centrado en poner en marcha las normas aprobadas en los últimos años y con iniciativas políticas comedidas, dedicadas a asuntos que generen menos controversia. Esa podría ser la descripción del Ministerio de Igualdad del nuevo Gobierno de coalición después de la salida de Irene Montero del departamento. Si bien el ministerio de Montero fue uno de los más prolíficos, fue también el que más ataques, polémicas y cuestionamientos afrontó. El colofón fueron las rebajas de penas aplicadas por algunos tribunales por su interpretación de la ley del 'solo sí es sí'.

[Actualización: El Consejo de Ministros aprueba el cese de Isabel García, directora del Instituto de las Mujeres]

La elección de Ana Redondo al frente de Igualdad confirmaba la intención de sacar al departamento del centro político. Si embargo, un nombramiento echó por tierra ese planteamiento: la elección de Isabel García para dirigir el Instituto de las Mujeres causó malestar y revuelo desde el principio y se ha demostrado la piedra en el zapato de la ministra.

La polémica comenzó cuando, nada más hacer público su nombramiento, activistas y partidos políticos recuperaron algunas de las declaraciones que García había hecho en los últimos años. La directora del Instituto de las Mujeres había hablado de “dictadura queer” o “delirio queer”, parafraseando el lenguaje de la extrema derecha, y había negado la existencia de las mujeres trans. Además del contenido, el tono hostil de sus tuits y las respuestas irrespetuosas a miembros de su propio partido con posiciones diferentes, hacían el resto.

Isabel García pidió entonces disculpas y mostró un apoyo firme a la ley trans. Sumar y Podemos mantuvieron su petición de cese, pero el malestar también se producía dentro del PSOE: un sector socialista no entendía este nombramiento después del esfuerzo por buscar consensos y pacificar al partido alrededor de la ley trans. La elección de García procedía, más bien, de un sector muy beligerante, no solo con la norma sino con la gestión de Irene Montero en general. No obstante, la ministra Ana Redondo dio por válidas las disculpas de su alto cargo y defendió su continuidad como directora del Instituto al tiempo que aseguraba que el respaldo a la ley trans era una línea indiscutible de su ministerio.

Ni comparecencias ni entrevistas

Pero el fuego no se apagó. Por un lado, colectivos trans presentaban un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo para pedir la revocación del nombramiento y convocaban una concentración frente al ministerio. Por otro, la participación de la directora del Instituto de las Mujeres en la inauguración del congreso de la asociación de Docentes Feministas por la Coeducación, una organización que calificó la Ley Trans de “locura antidemocrática”, que habla de “supuestas infancias trans” y que se felicitó por el recorte de las leyes LGBTI y trans de Ayuso en la Comunidad de Madrid, avivó las críticas.

Aunque el ministerio ha intentado salvar los muebles y defender la continuidad de Isabel García, la directora del Instituto de las Mujeres apenas ha estado presente en la agenda pública. García no ha comparecido en el Congreso, como sí lo han hecho durante estos meses la secretaria de Estado de Igualdad, Aína Calvo, y la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, ni ha concedido ninguna entrevista.

Mientras, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha tenido que responder por ella en varias ocasiones, no solo en entrevistas, sino también en interpelaciones en el Congreso. De hecho, ese fue el tema de fondo en su primera intervención parlamentaria en la Comisión de Igualdad. Durante sus comparecencias, la mayoría de los grupos cuestionaron la decisión y pidieron el cese de García. 

“Cuando decidí el nombramiento de Isabel García me guié por su currículum profesional en el ámbito público y privado, por su currículum político y vital. El currículum digital no pesa en mi ánimo. No puede ser un elemento esencial para un nombramiento”, defendía entonces Redondo, que destacaba el propósito de enmienda de García: “Se disculpó. Hizo ese ejercicio de humildad”.

Adjudicaciones a sus empresas

Ahora, la adjudicación de dos contratos a las empresas de las que su pareja y ella eran titulares cuando Isabel García ya era alto cargo del ministerio ha vuelto a poner el foco en la directora del Instituto de las Mujeres en concreto y en el Ministerio de Igualdad en general. Ya no se trata solo del “currículum digital”, sino de la trayectoria de la alto cargo y de su proceder en los últimos meses, cuando ya estaba al frente del organismo. El socio de Gobierno del PSOE, Sumar, ha pedido de nuevo su cese, también Podemos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó el caso para criticar al Gobierno durante la sesión parlamentaria del pasado jueves. Las presiones para que la ministra la cese o ella dimita crecen.

Si bien de momento García se ha defendido, sus explicaciones no son completas. El pasado jueves aseguraba que cuando fue nombrada para el cargo se puso en contacto con la Oficina de Conflicto de Intereses y siguió sus instrucciones para regularizar su participación en las empresas que compartía con su mujer conforme a su nueva responsabilidad política. La Oficina le comunicó que podía mantener hasta el 10% de la propiedad de las empresas que compartía con su mujer, y ella se quedó con el 8%.

La directora del Instituto obviaba que, más allá del porcentaje de la propiedad que tuviera a su nombre, según publicó El Español, una de sus empresas ganó dos concursos en el ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) entre marzo y mayo de este mismo año, cuando ella ya estaba en el cargo. En los dos casos se presentaron tres ofertas similares de tres empresas vinculadas a ella. Además, según el Registro Mercantil, no fue hasta marzo de este año cuando se produjo el traspaso de participaciones de las empresas a su pareja.

Ana Redondo pidió “luz y taquígrafos” y tiempo para que Isabel García diera todas las explicaciones necesarias. Este lunes no había noticias de la directora del Instituto de las Mujeres y el equipo de la ministra anunciaba la cancelación de una reunión con el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, “por motivos de agenda”. Al inicio de ese encuentro, Redondo iba precisamente a atender a los medios de comunicación. La reunión ha quedado, de momento, aplazada hasta el miércoles.

Las últimas horas han sido especialmente trágicas en Andalucía con tres mujeres asesinadas en dos posibles casos de violencia machista. Los hechos han precedido al inicio de la campaña de verano de la Junta de Andalucía contra la violencia sobre la mujer, presentada este lunes por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y por la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión. Con el lema 'Hay cosas que este verano no se te pueden olvidar', la iniciativa pretende hacer énfasis en el peligro de las vacaciones estivales para las víctimas de violencia de género ya que suponen “un aumento del riesgo por el mayor tiempo de convivencia”, ha asegurado la consejera, quien lo ha considerado un “factor agravante” para que se produzcan casos de violencia de género.

Desde la Junta han querido “poner uno de los muchos recursos que tiene el IAM” para luchar contra este tipo de violencia. La consejera también ha querido incidir en la disponibilidad del servicio, que se mantiene “las 24 horas del día los 365 días del año” y, ha recordado que “nosotros nos vamos de vacaciones, pero el Instituto Andaluz de la Mujer no”. Además, López ha anunciado que el teléfono 900200999 se ha conectado recientemente a los servicios del 112, “que permite agilizar tiempos de respuesta e incluso detectar si en una llamada de emergencia oculta un posible caso de violencia de género”.

La directora del IAM, por su parte, ha querido aprovechar el acto para condenar los hechos ocurridos este fin de semana y expresar sus condolencias a las familias de las víctimas. Carrión ha recalcado que “estos son los casos que no podemos evitar”, al no haber habido denuncias previas, “pero hay otros muchos que sí”, insistiendo en la necesidad de “no tratarlos como casos aislados”. También ha querido hacer hincapié en la labor del Instituto en la prevención de estas tragedias, y ha atribuido a la campaña el papel de “lanzar el mensaje de que el IAM siempre va a estar ahí”.

Un contexto trágico

Con ese fin, la consejera ha explicado que la campaña tendrá presencia en autobuses, espacios exteriores, festivales, fiestas, medios de comunicación y redes sociales. Esta iniciativa cuenta con cartelería, vídeo, cuña de radio y piezas para redes sociales, así como diferentes formatos para exterior como mupis, buses y tótem digitales diseñados para festivales y conciertos para llegar al público joven. Su plan de difusión, que se extenderá durante julio y agosto, está diseñado para alcanzar a mujeres desde los 14 a más de 65 años a través de diferentes estrategias que incluyen anuncios en televisión o presencia en redes sociales, según ha detallado la Junta en un comunicado.

Preguntada por si el teléfono de atención a las mujeres pudiera solaparse con el de violencia intrafamiliar que Vox le impuso a la administración andaluza hace cuatro años, López ha dicho que la Junta dispone de “otros recursos” pero que “no debe alejarse el foco” de la lucha contra la violencia machista. La titular de Inclusión Social ha insistido en la importancia del verano como “factor agravante” para que se produzcan los casos de violencia de género, y ha llamado a la ciudadanía a que “este teléfono sea el nuestro” y a que “no quede nadie que lo necesite por llamar”.

Loles López ha aprovechado también el acto para reivindicar el papel de la campaña como “otro paso para luchar todos unidos”, y ha recalcado las distintas acciones que se han promovido desde la Consejería en materia de Igualdad, como la formación del personal de Protección Civil en casos de violencia de género. Además, ha recordado el papel de las redes sociales como “capaces de lo peor y lo mejor”, y ha reafirmado la intención del IAM de usarlas como canal para “prevenir y sensibilizar a la población sobre esta lacra”.

El Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) ha publicado dos guías para prevenir la violencia sexual, una dirigida a profesionales y otra para los jóvenes, y ha puesto en marcha la campaña 'Si hay acoso, no hay diversión', cuyo objetivo es prevenir la violencia sexual en fiestas y festivales.

La primera guía es un documento amplio, con muchos recursos, con la que los profesionales relacionados con esta materia podrán trabajar, ya sea en centros educativos o en los entornos digitales. En ella se explican las diferentes formas de violencia sexual y se alerta sobre la importancia de las figuras de referencia, en la escuela, para que puedan hablar con ellas cuando lo necesiten. Otros temas que se tratan son la educación digital y la afectivo sexual, adaptada a cada etapa educativa.

La segunda guía, dirigida a adolescentes, se centra en la prevención de las violencias sexuales, para lo que ofrece una visión de una sexualidad sana y responsable, así como la ruptura de mitos y percepciones estereotipadas de la misma.

Por otra parte, la campaña 'Si hay acoso, no hay diversión', tiene como finalidad prevenir la violencia sexual en las fiestas y festivales este verano, así como concienciar sobre la necesidad de establecer relaciones afectivas saludables e igualitarias.

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez, ha subrayado que la lucha contra cualquier violencia sobre las mujeres y, en especial, contra la violencia sexual que, lamentablemente, crece cada día“ es una prioridad para el Gobierno extremeño. En este marco ha anunciado que este año estarán en funcionamiento, entre otros recursos, los Centros de Crisis de Atención 24 horas para Víctimas de Violencia Sexual.

“El esfuerzo que se está haciendo desde múltiples administraciones y entidades en sensibilizar e informar sobre la violencia sexual ha propiciado que muchas mujeres denuncien conductas que antes no denunciaban porque ni siquiera eran conscientes de haber sido víctimas de un abuso”, ha afirmado.

Por su parte, la directora del IMEX, Beatriz Arjona, ha expuesto que en los contextos de gran afluencia de gente, donde se consume alcohol y otras sustancias, se produce un incremento de los casos de acoso y violencia sexual, de ahí la necesidad de concienciar sobre el lema de la campaña.

Además, ha sido presentado el protocolo de actuación del personal de los Puntos Violeta contra las agresiones sexistas. El objeto es establecer pautas para la prevención y detección de conductas que atenten contra la libertad sexual y, así, promover condiciones de seguridad para lograr unas fiestas libres de sexismo y de violencias sexuales.

La coordinación de los Puntos Violeta se llevará a cabo por los profesionales de las 36 Oficinas de Igualdad repartidas por toda Extremadura. 

Es asturiana, pero se fue a vivir a Vitoria cuando terminó sus estudios y, el que por aquel entonces era su pareja, encontró trabajo en la capital alavesa. Se casaron en 2014 y los malos tratos comenzaron pronto. Como ella misma relata (prefiere mantener su identidad en el anonimato), los insultos y vejaciones empezaron durante su primer embarazo; la primera agresión física, tras el nacimiento de su hijo mayor.

Después de un periplo judicial que comenzó hace cinco años, cuando lo denunció por malos tratos, consiguiendo una sentencia firme que lo condenó por violencia machista; tras tres años viviendo en Gijón (Asturias) con sus dos hijos, absolutamente integrados en el entorno familiar y escolar; ahora, un juez la obliga a volver a Vitoria para que los niños puedan ver a su padre según el régimen de visitas instaurado en la sentencia del segundo juicio civil que mantuvieron por su divorcio.

La Ley de Protección a la Infancia prohíbe desde 2021 otorgar un régimen de visitas a un progenitor condenado por violencia de género, pero tanto la condena por malos tratos como la sentencia de divorcio son anteriores a esta legislación. Aún así, esta ley menciona también algunos aspectos en pro del interés superior del menor y es a los que se agarra el Juzgado de Violencia de Género de Vitoria-Gasteiz, aludiendo a la condena por malos tratos.

Los maltratos

Sufrió cinco años de matrimonio en los que hubo insultos, gritos, humillaciones y golpes. En agosto de 2019 se decidió a denunciar a su maltratador. La propia víctima relata cómo su exmarido le propinó una patada que la tiró al suelo, mientras ella sujeta a uno de sus hijos en sus brazos, o cómo, en otra ocasión, le dio un puñetazo en la boca mientras iba conduciendo. Fue condenado por tres delitos de violencia de género: un delito de maltrato de obra, un delito de lesiones, y un delito continuado de vejaciones. Por todo ello, cuatro meses y 15 días de prisión y 80 días de trabajos a la comunidad.

“No le conté a nadie lo que me estaba pasando hasta un mes antes de presentar la denuncia. Yo soy fuerte, toda la vida lo fui. ¿Cómo iba a contar lo que me estaba sucediendo?, me sentía tan tonta

“No le conté a nadie lo que me estaba pasando hasta un mes antes de presentar la denuncia, que hablé con mi madre”, relata esta víctima de malos tratos, que reconoce no haber denunciado antes por sentir “vergüenza” de lo que le estaba pasando. “Yo soy fuerte, toda la vida lo fui. ¿Cómo iba a contar lo que me estaba sucediendo?, me sentía tan tonta”, afirma.

Tras el divorcio la custodia de los niños correspondió a la madre, pero con un régimen de visitas para el padre, ya que la jueza consideró en aquel momento que los niños debían mantener a sus “figuras primarias” cerca. Esto incluía que la madre debía continuar viviendo en Vitoria, y así fue. Estuvo un año y medio viviendo allí con sus hijos. Sola, sin familia, aislada y con su maltratador viviendo a 300 metros de su casa.

“Yo vivía en una ratonera. Él se mudó a 20 metros del parque donde llevaba a mis hijos, a 20 metros del centro de salud, su familia me insultaba por la calle, cuando acudía a los intercambios a recoger o a dejar a mis hijos, porque le apoyan a él”, cuenta.

Asegura que dejó de salir de casa y la pandemia la aisló todavía más en una ciudad en la que todo le acabó resultando hostil, su maltratador la acechaba y la soledad la ahogó. Así, en febrero de 2021, se fue a vivir a Gijón para estar cerca de su familia, de su madre y de su gente.

Su exmarido la denunció por llevarse a los niños de Vitoria y fue condenada a nueve meses de cárcel por desobediencia judicial. “Me condenan a nueve meses de prisión por huir de un infierno y a él a cuatro meses por maltrato”, lamenta.

El último proceso judicial

El juez considera en su sentencia que la decisión de mudarse fue tomada unilateralmente por la madre, que ha perjudicado a la relación que los hijos mantienen con su padre y que no queda acreditado que el traslado a Asturias haya sido beneficioso para ellos, por lo que “deviene imprescindible restablecer y restaurar dicha relación paterno-filial”.

Recurrirá esta sentencia ante la Audiencia Provincial de Álava. “Tengo un trabajo fijo, mi gente está aquí, los niños están bien en el colegio y no quieren volver con su padre, le tienen miedo”, asegura la mujer quien aportó durante el proceso judicial el testimonio de dos profesoras del colegio de los niños en el que ambas destacaban la buena integración de los menores en el centro y en su nuevo centro.

También informaban del extraño comportamiento que había manifestado el hermano pequeño tras acudir a dos visitas con su padre. “Se orinó encima”, cuenta su madre. La Fiscalía se alineó con la defensa y pidió que la mujer se quedara con los menores en Gijón.

Además durante el proceso se presentó un informe pericial psicológico de familia, elaborado por un equipo psicosocial judicial y al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, en el que se explicita que la figura paterna revela indicios de “pobre control de impulsos y comportamiento agresivo en el contexto de pareja, con señales de exposición de los menores a episodios de violencia”. Asimismo se incluye que “se observan señales de proyectar su posición de afectado a los menores, sugiriendo dificultades para mantenerlos al margen de la problemática y fomentar relaciones filio parentales positivas y saludables”.

No tengo miedo de lo que me haga a mí, lo que me da miedo es que mate a mis hijos

El lunes pasado le cambió la vida cuando recibió la sentencia, asegura que cuando te decides a poner la denuncia crees que ya se acabó todo, pero no terminas de ver la luz al final del túnel. “Yo tengo que pelearme con la justicia y él, condenado por malos tratos, se siente poderoso”, lamenta.

“No tengo miedo de lo que me haga a mí, lo que me da miedo es que mate a mis hijos”, asegura esta madre que se niega a volver a Vitoria a pesar de que sabe que esa desobediencia le puede costar el ingreso en prisión. “Solo necesitamos vivir tranquilos y sin miedo”, pide.