El polifacético Hernando Gómez Buendía —abogado, filósofo, sociólogo y economista— cumplió 80 años en febrero. Su análisis afilado lo impulsó a publicar Colombia después de Petro (Planeta), un estudio político del “Gobierno del cambio”. Admite que la investigación lo convirtió, a marchas forzadas, en un experto en el presidente Gustavo Petro o, como describe él irónicamente, en “un petrólogo consumido, más que consumado”.

El entrevistado sonríe afable en el salón de su casa, al oeste de Bogotá, y declara que tras el primer cuatrienio de un gobierno de corte progresista en dos siglos de vida republicana, “el orden conservador —que aún domina los medios, la gran empresa, las relaciones con Washington y los gremios— no ha descifrado a Petro. Ni tampoco hallado una propuesta alternativa para un país que la necesita, sin duda”.

Colombia elige este domingo a los nuevos integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes, antesala de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, a las que llegan como favoritos, según las encuestas, el senador de izquierdas Iván Cepeda, del partido de Petro, y el abogado ultra Abelardo de la Espriella. Una victoria del candidato avalado por el presidente respondería principalmente, según el experto, al avance “inusitado” en la representación de las clases desfavorecidas: “ese país que había permanecido sumergido” durante el largo dominio de formaciones tradicionales de derecha.

¿Cómo explica su tesis de que Petro ganó hace cuatro años la presidencia, pero no el poder?

Es un punto fundamental que repite la misma izquierda en Colombia. Para empezar, la tarea principal del presidente en nuestro país es tratar de manejar el Congreso y a pesar de que el Pacto Histórico de Gustavo Petro logró una bancada de izquierdas sin precedentes, no pudo sostener las alianzas para llevar a cabo su proyecto de cambio. Los sectores conservadores se dedicaron durante cuatro años a domesticar la gran mayoría de iniciativas y reformas sociales del oficialismo. Jugaron al desgaste, pero no quisieron comprender por qué se había dado esa ruptura histórica.

¿Cuál es, entonces, el mayor logro del Gobierno?

Hizo mucho más de lo que la oposición cree. Habiendo encontrado, además, una pésima situación económica. Pero para decirlo con claridad: el principal avance de Petro es simbólico. Y fue canalizar la voz de una ciudadanía que ha sido etiquetada como los “nadies”. Los de abajo. Cambió la conversación nacional y puso sobre la mesa problemas medulares como la pobreza, la desigualdad, los líos ambientales o territoriales.

Todo eso lo captó en su discurso y, lejos de la temida revolución comunista o castrochavista, impulsó un primer intento de agenda diferente de la que habían planteado sus antecesores. Llena de contradicciones, con una evidente incapacidad para ejecutar su programa de gobierno. Bajo el supuesto de que es el gran representante del pueblo, desarrolló una narrativa que emociona, pero que a menudo sacrifica la verdad por argumentos morales como la exclusión o la dignidad.

¿Podría profundizar en esa idea?

Por ejemplo: desde su campaña a la presidencia anunció la necesidad de un acuerdo nacional para bajarle la tensión al nivel de polarización. Con un pequeño detalle que no se ha entendido aún: Petro se refiere a un diálogo con el pueblo, como si fuera uno e indivisible. No le interesan los tecnócratas, ni los expresidentes como interlocutores. En un país cuyos dirigentes han hablado siempre desde arriba, él elige hacerlo desde abajo. Por eso divide e incómoda, porque sigue actuando como un opositor desde el poder. Repite cada vez que puede que se siente mejor entre los pobres.

Petro confundió sus creencias sobre la violencia organizada con la realidad. Redujo la presión militar y como consecuencia se expandieron los grupos armados, el miedo y los cultivos de coca

¿Y cuál ha sido su mayor fracaso?

La política de “paz total” es una equivocación absoluta. Es su gran fracaso y quizás el que más daño le hizo a Colombia porque impidió completar un proceso que nos había costado 20 años para reducir la violencia, desmovilizar a guerrilleros y paramilitares. Petro quiso romper el patrón de las políticas de seguridad de mano dura y negociar con los criminales en vez de reprimir, dignificar a los campesinos cocaleros, reformar el enfoque con un ministro de Defensa abanderado de los derechos humanos. Pero se equivocó en el diagnóstico. Confundió sus creencias sobre la violencia organizada con la realidad. Redujo la presión militar y como consecuencia se expandieron los grupos armados, el miedo y los cultivos de coca.

Pero respetó los cuatro límites del poder que usted identifica como líneas rojas para no caer en una dictadura como la venezolana o la cubana.

Sí. Y aunque en algunos casos los empujó hasta donde pudo, nadie puede decir que Petro no haya respetado la separación de poderes, o que haya utilizado la fuerza para quedarse más tiempo en el poder. Además, no tiene el control del Ejército, que ha sido adiestrado en la lucha contrainsurgente. Es de derecha. En Colombia el único peligro de golpe militar habría sido contra él. Por otra parte, su manejo macroeconómico también mantuvo el equilibrio dentro de los límites de nuestra realidad. Donde quizás hubo más desafíos fue en la relación con Estados Unidos, un factor con el cual conviene no estrellarse porque Colombia no podría vivir jamás bajo un bloqueo norteamericano.

En su libro menciona que el país está atrapado en la cárcel de las ideologías.

Para empezar Petro, como todos, es prisionero de su pasado. Basta ver sus discursos. Insiste en que el Estado está cooptado por unas élites egoístas que bloquearon el cambio. Tiene, sin duda, elementos populistas, pero sobre todo dogmáticos. Descree de los expertos, de la ciencia, del mercado, porque supuestamente están todos al servicio del neoliberalismo. Al mismo tiempo simplifica la historia con un cuento que separa entre culpables del norte y víctimas pasivas del sur.

Por otra parte, la derecha sigue, a grandes rasgos, con la idea de que este Gobierno es un paréntesis desorganizado, lleno de caos y corrupción que les va a quitar el manejo de los negocios. Pero en cuatro años no quisieron enterarse ni romper sus propios sesgos. No pasaron del fastidio o del desconcierto y aún no entienden que el discurso del presidente se legitima en las urgencias de unas mayorías que pasan hambre o viven en medio de unas injusticias terribles, y eso es innegable.

¿Eso explica que Iván Cepeda, candidato de la izquierda, siga liderando la mayoría de las encuestas para las presidenciales? 

Claro. Los niveles de aprobación de Petro, y el hecho de que Cepeda sea una opción con tanta fuerza, no se explican con la idea trivial, convencional, de que todo ha sido un fracaso. Para muchos es difícil verlo, pero si uno habla con una persona que se gana la vida limpiando parabrisas en un semáforo, con los campesinos despojados de sus tierras o los indígenas arrinconados en regiones olvidadas se encuentra que, quizás, la vida no les cambió mucho en los últimos cuatro años, pero sí hubo un avance inusitado en la representación de ese país que había permanecido sumergido. Solo así se puede empezar a comprender de dónde diablos sale el 30 o 35% de apoyo a Cepeda. 

El orden conservador en Colombia aún es muy fuerte y ensayar grandes cambios es muy difícil. La reacción de la derecha también puede ser muy dura

¿Por qué responsabiliza a los medios colombianos de la baja calidad del debate?

Las redacciones de los periódicos, la televisión y la radio se dedicaron a aturdir a la opinión pública, más que a analizar. Otra vez volvemos al problema con las ideologías, que aciertan con nitidez en lo que ven y se equivocan en lo que dejan de ver. Los medios, en manos de los grandes empresarios tradicionales, se dedicaron a subrayar los retrasos del presidente, la improvisación en sus discursos, sus trinos impertinentes de madrugada [sus tuits en la red X]. En general, se quedaron en la superficie y magnificaron asuntos que no eran de fondo. Fueron incapaces de mantener una conversación bien argumentada y mientras enfatizaban las viejas verdades e intereses de sus dueños, ignoraban otras realidades que les son inconvenientes. Por eso la democracia perdió calidad y Petro aprovechó para denunciar la “dictadura de los medios”.

¿Un segundo gobierno de izquierdas rompería de verdad con la estructura política del orden conservador que ha regido durante dos siglos?

Esa es una pregunta abierta y la incertidumbre es muy grande todavía. Pero claro, ocho años empujando los límites de los que hablé… Retando a Trump, con un déficit fiscal delicado y creciente… Sin embargo, el orden conservador en Colombia aún es muy fuerte y ensayar grandes cambios es muy difícil. La reacción de la derecha también puede ser muy dura. En concreto: pienso que el panorama es muy confuso porque ninguna de las propuestas de los candidatos es aterrizada. Ninguna aborda el principal problema que es la falta de generación masiva de empleos productivos. Y sospecho que la peor tragedia que nos puede pasar es insistir en un país que está en una crisis más delicada de lo que imagina la clase dirigente.

Una Bolivia en crisis, hundida por la recesión económica y polarizada por el fantasma del racismo, acude este domingo a votar para elegir a su nuevo presidente en una inédita segunda vuelta electoral donde dos candidatos de derecha, Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, pelean por gobernar el país andino tras casi 20 años de hegemonía de la izquierda.

Casi ocho millones de ciudadanos están habilitados para votar en el balotaje, el primero que se celebra en la historia política de Bolivia, tras una primera vuelta en la que ninguno de los dos candidatos alcanzó el 50% ni suficiente ventaja sobre el otro para evitar la segunda votación. Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), fue la gran sorpresa al alcanzar el primer lugar, con el 32,1%, seguido por Quiroga, de la Alianza Libre, con el 26,7%. Los resultados echaron por tierra las previsiones de las encuestas.

Las mismas encuestadoras ubican como favorito para el balotaje al expresidente Quiroga (2001-2002), el aspirante más radical de los dos, por diferencias que oscilan entre los cuatro y los ocho puntos, pero con un 10% de indecisos que podrían resultar determinantes para definir al ganador.

La izquierda queda fuera de la elección definitiva, impedida por la división del voto entre dos candidaturas y el boicot de Evo Morales, que llamó a sus partidarios al voto nulo en la primera vuelta tras ser inhabilitado constitucionalmente.

Para esta segunda ronda, Morales no ha dado consignas a sus simpatizantes sobre los candidatos, muy alejados de su proyecto político. Sin embargo, no han faltado voces, en especial desde la Alianza Libre, que han denunciado un “pacto secreto” no comprobado entre el líder cocalero y el PDC. A su vez, Morales ha declarado abiertamente que Quiroga es el “candidato de Lucho Arce”, el aún presidente de Bolivia y antes su ministro de Economía, con quien ha librado en los últimos años una lucha intestina que ha acabado por desarticular al proyecto político de izquierda.

Desde el jueves, en Bolivia rige el “silencio electoral”, que impide las campañas y la propaganda electoral en medios de comunicación. Sin embargo, la veda no se respeta en las redes sociales, donde seguidores de ambos frentes revelan el clima de crispación e incertidumbre política que impera en el país.

Con recesión y sin combustibles

Bolivia se apresta a votar en segunda vuelta solo cinco días después de que su Instituto Nacional de Estadística (INE) reportara un crecimiento negativo del -2,4% durante el primer semestre de 2025. La nación andina no registraba una tasa similar de decrecimiento económico desde 1986, según datos del Banco Mundial. Con la excepción del periodo de la pandemia de COVID-19, la economía boliviana solo había tenido números positivos durante los últimos 39 años. El Gobierno de Arce atribuye la recesión técnica a los “bloqueos políticos” y los conflictos sociales en el país.

La nación sudamericana enfrenta una crisis económica palpable en la vida cotidiana de sus habitantes. Calles y avenidas de las principales ciudades del país están colapsadas por vehículos que hacen filas interminables en las gasolineras. Este desabastecimiento, que ha paralizado parcialmente el sector productivo, es un problema prácticamente naturalizado en el país desde hace poco más de un año. La petrolera estatal petrolera YPFB, responsable de la provisión energética, se defiende diciendo que no cuenta con los dólares suficientes para importar los carburantes.

En Bolivia, ser propietario no equivale a ser capitalista, así como tener propiedad privada no significa tener capital

Gonzalo Colque — Economista

La escasez de la moneda estadounidense es, precisamente, otra fuente de angustia para los bolivianos, a los que los bancos han impuesto cupos para hacer transacciones en moneda internacional, al tiempo que se ha disparado la cotización paralela. Un brete por el que el Gobierno de Luis Arce responsabiliza a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que ha bloqueado sistemáticamente sus solicitudes de créditos internacionales.

El sofocante clima económico ha sido el núcleo de la campaña electoral de los dos aspirantes a la presidencia. El aún senador Rodrigo Paz Pereira (Santiago de Compostela, 1967) ha hecho de la promesa “capitalismo para todos” el eslogan de su programa económico, que apunta a promover el emprendimiento privado en los diferentes sectores productivos del país, en especial, los populares. Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, el senador muestra una posición más distante con los industriales del oriente del país, asociados a una oligarquía económica que busca conservar sus privilegios económicos.

Por su lado, Jorge 'Tuto' Quiroga (Cochabamba, 1960) ha procurado seducir al electorado ofreciéndole “un país de propietarios”, lo que, en la práctica, implicaría la privatización de gran parte de las empresas estratégicas de Bolivia, a las que achaca el elevado gasto público. Quiroga ya fue presidente incidental entre 2001 y 2002 tras la renuncia por enfermedad de Hugo Banzer, dictador que gobernó con mano de hierro entre 1971 y 1978 y que volvió a dirigir el país —esa segunda vez pasando por las urnas— entre 1997 y 2001, con Quiroga como vicepresidente. Este ofrece hoy gestionar recursos millonarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) para paliar la escasez de dólares y garantizar el suministro de combustible.

La similitud de las propuestas genera dudas entre algunos analistas. El economista Gonzalo Colque de la Fundación Tierra, especializada en desarrollo rural sostenible, observa que, mientras Quiroga defiende a capa y espada la propiedad privada, Paz abandera una suerte de economía popular formalizada. Dos ofertas que, al margen de sus aparentes diferencias, “plantean lo mismo: libertad económica basada en el esfuerzo personal, la meritocracia y la liquidación del Estado clientelista, burocrático y corrupto que asfixia la iniciativa privada”.

“Sin embargo, esta narrativa oculta un problema estructural: la libertad económica no brota ni florece espontáneamente en contextos de precariedad, desigualdad y baja productividad. En Bolivia, ser propietario no equivale a ser capitalista, así como tener propiedad privada no significa tener capital”, dice Colque. 

El fantasma del racismo

Como pocas veces antes en Bolivia, los candidatos a la vicepresidencia de los dos binomios en competencia han cobrado un protagonismo inusitado en la campaña electoral. Por un lado, el expolicía y abogado Edman Lara, acompañante de Paz, ha ocupado constantemente la agenda pública debido a sus intervenciones en redes sociales, principalmente realizadas a través de su cuenta de TikTok. En ella ha vertido declaraciones que han levantado mucha polvareda, desde anunciar que encarcelaban a su candidato a la presidencia hasta afirmar que tendría más poder que el propio Paz en caso de victoria.

Frente a la locuacidad circunstancial de Lara, al candidato a la vicepresidencia de Libre, el empresario Juan Pablo Velasco, lo vienen asediando los fantasmas del pasado. El más persistente ha sido el del racismo. En medio de la campaña emergieron unos tuits de 2010 atribuidos a Velasco, en los que este llama a matar a los “collas”, denominación empleada para identificar a los habitantes del occidente andino del país (La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca). Aunque desmentidas por él y sus allegados, las publicaciones calaron inexorablemente en la población boliviana.

Tampoco ayudó a Libre que, con las sospechas de racismo sobre Velasco aún frescas, uno de sus diputados electos, Juan Carlos Velarde, aludiera despectivamente a los bolivianos que acullican hoja de coca como “mascacoca hediondos”. Una declaración realizada en una transmisión en vivo que el asambleísta no pudo negar y que, a la postre, lo llevó a renunciar al cargo para el que ya había sido elegido en la primera vuelta.

“No hay proyecto de país de ninguna naturaleza en ninguna de las dos propuestas”

Eduardo Paz — Sociólogo de la Universidad Mayor de San Andrés

El sociólogo de la Universidad Mayor de San Andrés Eduardo Paz advierte de que esta actitud no es puntual. “No es solamente Velasco, sino que alrededor de Quiroga hay muchos y muy conocidos defensores de viejos privilegios oligárquicos, de castas, de las clases altas. Los tuits de Velasco son una golondrina de una primavera derechista mucho más amplia”, analiza Paz.

Esta “primavera derechista” a la que alude el sociólogo agrada a EEUU. “Ambos candidatos que se presentan a la segunda vuelta quieren relaciones sólidas y mejores con Estados Unidos y otra oportunidad transformadora allí”, saludó esta semana el secretario de Estado, Marco Rubio.

Gane quien gane, la composición del parlamento, sin mayorías claras, obliga a las diversas derechas a buscar acuerdos, también con la alianza Unidad del empresario Samuel Doria Medina.

Paz cree que la alianza de la derecha es factible. “Las posibilidades de gobernabilidad dentro de la Asamblea son favorables en el marco de una gobernanza neoliberal, siendo que la izquierda ha sido arrinconada y cuenta con apenas algunos representantes. Parece posible para las fuerzas de derecha llevar adelante unas reformas de carácter restaurador en un esquema neoliberal”, pronostica.

Sin embargo, esta unión coyuntural no será estable a largo plazo, vaticina el sociólogo. “No hay proyecto de país de ninguna naturaleza en ninguna de las dos propuestas”, alega. “Simplemente, se trata de reponer el diésel, la circulación de dólares; pero no hay un proyecto que enamore a la gente en la construcción de alguna, cualquiera que sea, imagen ideal de lo que se quiere del país”.

El senador Rodrigo Paz Pereira (Santiago de Compostela, 1967) y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (Cochabamba, 1960) se medirán en una inédita segunda vuelta electoral en Bolivia, donde las elecciones generales de este domingo 17 borraron virtualmente del mapa político al Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de izquierda entronizado en el poder por casi 20 años en el país andino.

Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), Rodrigo Paz dio una sorpresa mayúscula en la jornada de votación que convocó a casi ocho millones de votantes. Pese a que las encuestas lo ubicaban entre el tercer y quinto lugar, muy por debajo del empresario Samuel Doria Medina y de Quiroga, el aspirante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se hizo con la victoria con un 32,14% de la votación, seguido por el aspirante de la alianza Libre, que obtuvo un 26,81%, según el cómputo al 95,41% del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre).

“Lo que queremos es reconstruir la reconciliación de la patria, la producción de la patria, queremos retomar la fuerza productiva, necesitamos estabilizar y generar gobernabilidad, y generar un cambio en la economía para que sea de la gente y no del Estado”, aseguró Paz, en declaraciones recogidas por EFE.

Con estos resultados quedó fuera de la contienda Doria Medina, favorito de las encuestas, quien, a poco de conocerse los datos del conteo oficial, ofreció su apoyo al ganador de cara al balotaje.

El 19 de octubre es la fecha fijada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia para la segunda vuelta, en la que competirán Paz y Quiroga, al no haber ninguno de ellos alcanzado más del 50% de la preferencia electoral ni más del 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo, tal como lo establece la ley electoral para ganar en primera vuelta.

La izquierda boliviana, representada por el senador Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular (AP), debió contentarse con un discreto cuarto lugar, al cosechar únicamente el 8,22% de los sufragios. Peor le fue al candidato oficialista (MAS), Eduardo del Castillo, que se quedó con el 3,16%, un porcentaje que apenas le alcanza para salvar al partido aún gobernante de la desaparición.

Frente al 55% con el que había vencido el actual presidente Luis Arce en las elecciones de 2020, el rendimiento de estos comicios es un golpe de realidad para un proyecto político fracturado por las tensiones internas entre Arce y el expresidente Evo Morales, y desprestigiado por el malestar social ante una aguda crisis económica que se expresa en una inflación galopante y la escasez de combustibles.

Morales, histórico dirigente del MAS, fue inhabilitado constitucionalmente para participar en esta elección, tras cuestionados fallos legales que observaron sus consecutivas reelecciones entre 2005 y 2019. Peleado a muerte con Arce y decepcionado de Andrónico, llamado a ser su heredero político, el exmandatario promovió el voto nulo entre sus militantes, principalmente concentrados en el Trópico de Cochabamba, la región en la que vive refugiado y asediado por órdenes judiciales para detenerlo.

Tan contundente ha sido el rechazo del “evismo” hacia Andrónico, que este fue apedreado poco después de emitir su voto, en la población cocalera de Entre Ríos.

“Enceguecidos por el poder, emprendieron una batalla incesante en nuestra contra, como si fuésemos enemigos mortales, olvidándose de los verdaderos adversarios políticos o, más bien, abriendo camino para ellos”, criticó Rodríguez.

Aunque los datos del Sirepre no los consignan, los votos nulos alcanzaron un 17,5% de la votación, mientras que los blancos registraron un 2,7%, según el conteo rápido difundido por la cadena de televisión Unitel, encargado a la empresa encuestadora Ipsos Ciesmori.

Un duelo de derechas

Si bien las encuestas apuntaban a una segunda vuelta entre candidatos de derecha, no previeron que en esta se metería Paz Pereira; menos aún que Doria Medina quedaría fuera de la disputa final. Quiroga es el único candidato con el que acertaron, al anticipar su presencia en el balotaje.

La victoria de Paz ha dejado atónitos a gran parte de los actores políticos y analistas que siguieron de cerca este proceso. La primera interpretación de su éxito es que el candidato del PDC supo capitalizar los “votos residuales” (indecisos, nulos y blancos) que aparecían en las encuestas.

En un comentario publicado a poco de difundirse los resultados, el sociólogo Ricardo Alonzo Fernández dijo que los encuestas volvieron a equivocarse en sus proyecciones, pero también los análisis que veían en Andrónico un beneficiario más probable de las preferencias invisibilizadas por los estudios de opinión. “En este caso, el voto oculto (al que no llegan las encuestadoras), el sesgo histórico y los indecisos en su gran parte se fueron a Rodrigo Paz, algo inédito, que nadie bajo el nivel de incertidumbre que se tenía podía acertar”, escribió el investigador, doctorando en Estadística de la Universidad de Granada.

En un sentido similar, el docente y analista Óscar Gracia Landaeta reconoció que, hasta hace algunos días, era impensable depararle al aspirante del PDC un lugar tan privilegiado como el que finalmente consiguió este domingo. Incluso su filiación con la derecha más tradicional resulta compleja, advierte Gracia, pues sus credenciales políticas son tan inciertas como su plan de gobierno.

Aun así, su triunfo en la votación de este domingo es, para Gracia, un indicador concluyente del fin del ciclo hegemónico de la izquierda en Bolivia, que de la mano del MAS viene gobernando el país desde 2006 con apenas una interrupción de un año (2019-2020). Pero, también, lo ve como un “voto castigo” contra toda la clase política tradicional boliviana. “Parece ser un voto castigo a todo aquello marcado como relativamente tradicional en esta elección, es decir, actores y partidos que estaban asociados al pasado político de Bolivia”, explica. “Un candidato relativamente nuevo se ha favorecido enormemente del hartazgo de la gente”.

El resultado de Quiroga era más previsible: representa al electorado abiertamente más contrario a las gestiones del MAS y a los proyectos de izquierda dentro y fuera de Bolivia.

La victoria de la derecha también se expresa en los números preliminares que arroja la elección de senadores y diputados. Además de presidente y vicepresidente, en estas elecciones se votó para recomponer la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), integrada por 175 parlamentarios, entre senadores, diputados y representantes supraestatales.

Siguiendo los datos del Sirepre, el PDC de Paz ganó la elección en cinco departamentos, Libre de Quiroga en dos y Unidad de Doria Medina en dos. Esa distribución le daría al partido ganador de la primera vuelta 15 de 36 senadores, al segundo 12, al tercero ocho y a Súmate, de Manfred Reyes Villa, 1. Estos cuatro partidos son de derecha.

La presencia de la izquierda apenas asoma en la Cámara de Diputados, donde la AP de Andrónico tendría 5 representantes y el MAS 1. Por el lado de la derecha, las estimaciones prevén que el PDC sumaría 45, Libre 37, Unidad 28 y Súmate 6. Otros 8 aún estarían por definirse.

Estos números confirman una mayoría legislativa abrumadora de la derecha como no ocurría en Bolivia desde 2002, la última vez que ganó un candidato conservador, Gonzalo Sánchez de Lozada.

Los resultados con los que se cerraron la jornada de votación corresponden al Sirepre y a algunas encuestadoras privadas. Los datos del cómputo oficial serán dados a conocer en las siguientes horas. Sin embargo, las proyecciones advierten que no habría mayores variaciones ni sorpresas. La segunda vuelta está servida para Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, el 19 de octubre. El ganador asumirá la presidencia el 8 de noviembre.

El empresario Samuel Doria Medina (centroderecha) y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (derecha) parten como favoritos para ganar este domingo en Bolivia las elecciones presidenciales, que apuntan al fin de la hegemonía política de casi 20 años del Movimiento al Socialismo (MAS), hoy golpeado por una de las peores crisis económicas del último medio siglo en el país andino. De fondo asoma el fantasma de la abstención, toda vez que el histórico líder Evo Morales, inhabilitado para la contienda, ha abogado por el voto nulo.

Asumidas como históricas por los actores políticos en pugna, las elecciones de este domingo, en las que podrán participar casi ocho millones de personas, se encaminan a clausurar el ciclo en el poder del MAS, asociado al “socialismo del siglo XXI” que desde 2005 viene gobernando Bolivia a través de Evo Morales (2006-2019) y de Luis Arce (2020-2025). Una gestión que fue solo interrumpida por el régimen transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020), encaramada al poder con una polémica maniobra tras las elecciones de octubre de 2019 que dieron por vencedor al MAS de Evo.

Por primera vez desde 2005, el MAS no es el favorito para ganar. Su actual candidato, el exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo, de 36 años, aparece séptimo u octavo en las más recientes encuestas difundidas por los principales medios de comunicación del país, con base en Santa Cruz, al este. En todas ella alcanza un 2% entre los potenciales votantes, porcentaje que, de confirmarse, derivaría en la desaparición legal del partido —que sustenta el Gobierno en funciones—, toda vez que la ley electoral establece la pérdida de personalidad jurídica de las organizaciones políticas con menos del 3% de votación.

La paupérrima intención de voto del oficialismo contrasta con los elevados porcentajes cosechadas entre 2005 y 2019. El MAS llegó al gobierno en cuatro oportunidades, tres con Evo Morales y una con Luis Arce, tras vencer a sus rivales en primera vuelta con más del 50% del apoyo electoral.

Esos números parecen de otro país si se los compara con los que ostentan los candidatos hoy en carrera. Según las encuestas avaladas por el Tribunal Supremo Electoral, la mayoría muestra a Doria escasamente por delante —apenas uno o dos puntos— de Quiroga en intención de voto, con entre el 21% y el 24% de los apoyos.

Como ninguno de los candidatos podrá, previsiblemente, superar el 50% de los votos, habría que celebrar una segunda vuelta que, según el calendario electoral, debería celebrarse el 19 de octubre.

Por detrás de Doria Medina, de 66 años, y candidato de la alianza Unidad, y Quiroga, de 65, apoyado por la alianza Libre, viene a gran distancia un pelotón de aspirantes. Entre el tercer y quinto lugar se ubican Rodrigo Paz (Partido Demócrata Cristiano), Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) y Manfred Reyes Villa (APB-Súmate), con números inferiores al 10% y diferencias mínimas entre sí. Mientras que Paz y Reyes Villa se reivindican como firmes representantes de la derecha e implacables detractores del socialismo, Rodríguez es el único postulante alineado a la izquierda con alguna posibilidad de pelear por los primeros lugares en estas elecciones.

El factor Andrónico y las dudas sobre los sondeos

Formado como dirigente sindical de los productores de coca del Trópico de Cochabamba, el mismo movimiento social del que emergió Evo Morales, Rodríguez es aún senador del MAS y preside la Cámara de Senadores de Bolivia desde el inicio de la gestión de Arce. Sin embargo, ha debido alejarse del partido gobernante por sus diferencias con el bloque político del presidente y, en los últimos tiempos, también ha tomado distancia de Morales, quien, lejos de verlo como su heredero, lo considera un traidor.

Hasta hace unos meses, las encuestas proyectaban a Rodríguez como uno de los favoritos para disputar la presidencia. No obstante, su desempeño ha caído drásticamente en los más recientes estudios de opinión, lo que algunos analistas atribuyen a su vinculación con el régimen masista y a la campaña en contra del propio Morales, quien, al haber sido inhabilitado para competir en estas elecciones, promueve el voto nulo.

Pese a su declive en las encuestas, hay quienes creen que Andrónico, como es conocido, aún puede escalar y dar la sorpresa el día de la votación. El sociólogo e investigador Ricardo Alonzo Fernández se muestra escéptico respecto a los números que pronostican los estudios de opinión y para eso vuelve la mirada a 2020, año en que Luis Arce ganó las elecciones con el 55%, un promedio muy superior al que le vaticinaban las encuestas.

Ese desfase, “una de las mayores desviaciones registradas en la región en los últimos años”, se debió a “un severo sesgo de subcobertura, donde las metodologías, a menudo telefónicas, fueron incapaces de alcanzar al electorado rural, un bastión histórico del MAS que representa a un segmento significativo de la población”, dice Fernández, doctorando en Estadística de la Universidad de Granada.

El especialista cree que el problema de fondo de las encuestas persiste hoy debido a que las empresas encargadas no han sido capaces de superar el “sesgo de subcobertura” por limitaciones logísticas “al no poder, o no saber, medir con precisión a un electorado rural y a un voto oculto que se ha mostrado consistentemente reticente a revelar su preferencia en climas de alta polarización”, advierte.

La observación sobre el “voto oculto” no es gratuita. Además de la ventaja de Doria Medina y de Quiroga, si algo comparten las encuestas es el importante porcentaje de indecisos, que rondan el 15%, que sumados a las potenciales papeletas nulas o en blanco bordean el 33%.

Estos porcentajes llamados “residuales” son los que sostienen la cautela con que Alonzo y otros analistas siguen el proceso electoral. Es el caso del investigador Óscar Gracia Landaeta, quien no descarta una segunda vuelta con un candidato de derecha y otro de izquierda. “El porcentaje importante de votos indecisos podría modificar el escenario, en la medida en que tienda a brindar un apoyo generalizado al candidato del bloque popular”, dice Gracia, jefe de la carrera de Relaciones y Negocios Internacionales de la Universidad Privada Boliviana (UPB-Cochabamba), en alusión al bloque de organizaciones sociales escindidas del MAS.

Fin del MAS y segunda vuelta

Además de presidente y vicepresidente, en las elecciones del domingo se votará para elegir a 175 parlamentarios de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de los cuales 130 se eligen directamente. En todo caso, la segunda vuelta se antoja inevitable, según Fernández, aunque con un matiz: “La suposición de que será una contienda exclusiva entre partidos de derecha se basa en datos de encuestas cuya fiabilidad puede cuestionarse”.

Coincide en esta lectura Gracia, para quien el escenario del balotaje “parece estar consolidado”. De ser así, lo más probable, añade el investigador, es que en la segunda vuelta se imponga “un gobierno de derecha”, ya sea el de Doria Medina o Quiroga. Su pronóstico se desprende de un diagnóstico a su entender inapelable: los dos soportes que mantuvieron al MAS en el poder se han caído a pedazos. El primero al que alude es la concentración del poder político en el proyecto del MAS tras el quiebre del sistema de partidos tradicionales vigente desde los años 90.

El segundo es el fin del “superciclo” de altos precios internacionales del gas natural y los minerales bolivianos. “Ambas circunstancias ahora ya no están presentes. Hay una crisis de legitimidad en el discurso de la izquierda y en la figura tanto de Evo Morales como del MAS. Por otra parte, se ha llegado al fin de un ciclo económico y existe la percepción de que se necesitan nuevas formas de encarar los proyectos de desarrollo para el país y combatir la crisis económica”, observa. Fernández cree igualmente que el modelo del MAS, que “financió la expansión del gasto público y los subsidios con los ingresos del gas, ha llegado a su límite”.

El fin del ciclo lo confirman los indicadores macroeconómicos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la economía boliviana creció en apenas un 0,73% durante el pasado año. Incluso reconociéndole un rendimiento algo mayor (1,4%), el Banco Mundial indicó que Bolivia fue el país de menor crecimiento de Latinoamérica y el Caribe en 2024. La inflación, a su vez, alcanzó un 16,92% hasta finales de julio de 2025, según el mismo INE.

Las cifras macroeconómicas se traducen en un encarecimiento galopante del costo de la vida, pero también en fenómenos como la escasez de dólares en el sistema financiero y el desabastecimiento crónico de combustibles para los sectores públicos y privados.

Los retos de un mandato popular débil para las derechas

El malestar desatado por estas carencias es el que pretenden rentabilizar políticamente los candidatos de derecha como Doria Medina, otrora ministro en el gobierno del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (1989-1993), quien se presenta como un empresario exitoso —es considerado uno de los hombres más ricos de Bolivia—; o como Tuto Quiroga, vicepresidente de Hugo Banzer (1997-2001) a quien sucedió durante un año tras renunciar este por enfermedad. Banzer fue elegido democráticamente en 1997 tras haber gobernado Bolivia con mano de hierro tras un golpe de Estado entre 1971 y 1978. Varios miles de bolivianos fueron obligados a buscar asilo en países extranjeros, arrestados, torturados o asesinados durante este periodo de los años 70, conocido como “el Banzerato”.

Tanto Doria como Quiroga perdieron contra Evo Morales en anteriores comicios y nunca como ahora se habían hallado tan cerca de hacerse con la presidencia, pero no necesariamente del poder, según advierten los analistas. Su primer escollo será concretar la gobernabilidad legislativa. “El próximo presidente, ya sea de derecha o de izquierda, llegará al poder con un mandato popular débil, representando a una minoría de la población, y deberá enfrentar un congreso donde cada ley requerirá frágiles negociaciones multipartidistas”, predice Fernández.

Aun de asegurarse la gobernabilidad parlamentaria mediante alianzas con otras formaciones, al siguiente presidente le tocará sortear un escollo tanto o más peliagudo que el control legislativo, en opinión de Gracia. “La gobernabilidad social me parece algo más complejo. Porque todo apunta a que vamos a tener una importante población no representada por las fuerzas políticas en el Parlamento y eso puede generar expresiones que no necesariamente vayan por lo institucional, sino por las calles”, vaticina.

Los doce miembros de un jurado de Nueva York acaban de plantear a sus conciudadanos estadounidenses una pregunta sencilla: ¿están dispuestos a elegir a un criminal convicto para la Casa Blanca?

En el juicio por sobornos, Donald Trump ha sido declarado este jueves culpable en las 34 acusaciones por falsificación de registros comerciales. El veredicto convierte a Trump en el primer expresidente culpable de delitos graves en los casi 250 años de historia de Estados Unidos.

Este momento histórico, en el que el país se suma a otras democracias del mundo capaces de demostrar que están dispuestas a hacerle rendir cuentas a los líderes políticos, también representa todo un terremoto de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, donde sondeo tras sondeo Trump mantiene una pequeña ventaja sobre Joe Biden, pese a los intentos del presidente por cambiar la tendencia. Si la condena no lo consigue, tal vez nada pueda lograrlo.

El juez dictará su sentencia el 11 de julio, pocos días antes de la convención nacional republicana de Milwaukee, donde Trump se convertiría en el primer delincuente convicto en ser nombrado candidato presidencial por su partido. Un viajero en el tiempo que viniera desde el 2014 se quedaría pasmado.

Durante las siete semanas que ha durado el juicio, sórdido en más de una ocasión, una cuestión ha preocupado especialmente a Washington: el tema es relevante para los historiadores, es relevante para los periodistas, y es claramente relevante para los cómicos de los programas nocturnos de la tele, ¿pero será relevante para los votantes?

A Trump le benefició que no se permitieran cámaras de televisión en la sala, una decisión que hizo al juicio menos dramático y espectacular que el del Watergate o el de OJ Simpson.

Las encuestas demuestran de manera sistemática la polarización que vive Estados Unidos, con una mayoría de las opiniones sobre Trump ya definidas. Estamos hablando del hombre que dijo que disparar contra una persona en la Quinta Avenida no le haría perder votantes.

Trump tiene otros tres casos penales por delante, pero es posible que el actual juicio sea el único en tener lugar antes de las elecciones de noviembre.

¿Qué dicen los sondeos?

En uno de los últimos sondeos, el de PBS NewsHour/NPR/Marist, el 67% de los votantes dijo que un veredicto de condena no cambiaría su voto en noviembre; y un 76% afirmó que un veredito de inocencia no lo cambiaría. En torno a un 25% de los republicanos dijo que si un jurado declaraba culpable al expresidente aumentaría la probabilidad de su voto por Trump.

En una encuesta de abril que la Universidad de Quinnipiac encargó para todo el territorio nacional, un 21% de los votantes dijo que una condena los haría menos propensos a apoyar a Trump, y un 62% dijo que no cambiaría nada.

Cada voto cuenta. En 2016, Trump ganó la presidencia por menos de 78.000 votos en tres estados: Michigan, Pensilvania y Wisconsin. En 2020, Biden ganó la presidencia por menos de 45.000 votos, también en tres estados: Arizona, Georgia y Wisconsin.

Con esos márgenes todos los temas son relevantes, desde el veredicto de culpabilidad de Trump hasta la situación en Gaza, pasando por la inflación y por el mal tiempo que pueda hacer el día de las elecciones.

Eso es lo que claramente piensa la clase política. Frente al edificio del tribunal de Nueva York estuvieron desfilando republicanos deseosos de mostrar su lealtad a Trump, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. La mayoría vestía el uniforme Trump: camisa blanca y corbata rojo carmesí.

Esta semana le tocó al equipo de campaña de Biden, que mandó a Robert De Niro, un actor conocido por sus papeles de gángster, a decir por fuera del tribunal que Trump era el mayor gángster de todos. En un momento muy neoyorquino, De Niro hasta se enzarzó en una pelea verbal con simpatizantes de Trump.

Es posible que la batalla en tribunales de los equipos jurídicos haya terminado ya. Prepárense ahora para la guerra total en la batalla de los tribunales de la opinión pública.

Trump, que últimamente ha tentado a la suerte haciendo muchas referencias a Al Capone y a Hannibal Lecter, salió el jueves del tribunal con el ceño fruncido para declarar, como no podía ser de otra manera, que había sido “un juicio amañado, una vergüenza”.

Su equipo de campaña trabajará ahora sin descanso para desacreditar lo que consideran un lawfare [golpe judicial] diciendo que Biden y sus compinches pusieron al sistema judicial en contra de Trump.

“Acabo de ser condenado en un juicio amañado por una cacería de brujas con motivos políticos: NO HICE NADA MALO”, decía un correo electrónico de recaudación de fondos enviado por su equipo inmediatamente después del veredicto. En el título del mensaje, las palabras “Preso político”.

Para su alegato victimista, Trump cuenta con unos aliados formidables en los medios de derechas. Llevan semanas condicionando a sus espectadores para este día. “En Estados Unidos hemos caído por un precipicio”, dijo en la cadena Fox News la juez Jeanine Pirro.

Todo esto era fácil de prever. No es ningún secreto que millones de votantes de Trump se descolgaron hace tiempo y que el veredicto no los cambiará. O tal vez sirva para que redoblen su fe en él. La cuestión verdaderamente clave es cómo gestionará este veredicto su adversario electoral.

Biden se ha mantenido lejos del tema del juicio en Nueva York para que no lo acusaran de injerencias políticas. Pero ahora que se ha llegado a un veredicto que podría desincentivar la opción Trump para los votantes independientes, ¿qué dirá Biden a la nación?

El tono que emplee el presidente es crucial. También tendrá que decidir la intensidad y frecuencia con las que sacar el tema de la condena penal de Trump en los debates cara a cara y durante la campaña electoral. Su rival acaba de poner en sus manos el arma de campaña soñada para cualquier candidato. Ahora Biden tiene que saber usarla con precisión.

Traducción de Francisco de Zárate

Los lituanos votaron este domingo por la continuidad al conceder una holgada victoria al actual jefe de Estado, Gitanas Nauseda, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que muchos votantes tuvieron en cuenta la seguridad nacional en un país de la OTAN fronterizo con Rusia.

Nauseda, economista de formación y presidente de Lituania desde 2019, centrista con tendencias conservadoras, consiguió el 74,64 % de los votos, frente al 23,85 % que obtuvo su rival, la primera ministra desde 2020 Ingrida Simonyte, según los datos preliminares de la Comisión Electoral. Entre ambos rivales no había muchas diferencias, especialmente en política exterior y de defensa, cuestiones de los que se encarga principalmente el presidente, aunque sí había matices en temas internos como la económía o la unión civil de parejas del mismo sexo, en la que Simonyte es más progresista.

En esta segunda vuelta participó el 49,61% del censo electoral. Tras la primera vuelta el pasado 12 de mayo, el exbanquero de 60 años, que contó con el apoyo del Partido Socialdemócrata Lituano, recibió también el respaldo de la Unión de Campesinos y Verdes. Son los octavos comicios desde el restablecimiento de la independencia de Lituania y Nauseda ha logrado un apoyo récord en unas presidenciales, según la cadena de televisión LRT.

“Podré utilizar bien esta confianza depositada en mí, en primer lugar, para lograr objetivos de bienestar para todo el pueblo de Lituania”, dijo un sonriente Nauseda en la sede de su campaña. Al mismo tiempo, otras dos esferas de trabajo de las que se ocupa el presidente, la política exterior y la seguridad, están adquiriendo una gran importancia, agregó.

“La independencia de Lituania, la libertad de Lituania, es como un frágil recipiente que debemos cuidar, proteger, evitar que se resquebraje, y por eso habrá que hacer mucho para que el sistema de seguridad colectiva, la OTAN, nuestra asociación con los países de la Unión Europea funcionen para el bien común, y a favor de Lituania”, sostuvo. Según él, los principales aliados de Lituania siguen siendo Estados Unidos, Alemania, Polonia y los países bálticos.

Nauseda, uno de los políticos más populares de Lituania, es un férreo defensor de Ucrania frente a Rusia, y unas de las voces que más claramente advierten a los otros socios europeos de la amenaza imperialista del jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

Durante su presidencia, en la que no sólo tuvo que hacer frente a la pandemia del coronavirus sino también a la invasión rusa de Ucrania, el político ha abogado por elevar el gasto en defensa hasta el menos el 3% del PIB lituano. Actualmente está en el 2,8%. También ha logrado que Alemania despliegue en el país báltico una brigada permanente.

El jefe de Estado, profundamente proestadounidense, ha impulsado sus ideas de un estado de bienestar, pero es conservador en asuntos como las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

El inesperado giro del principal canal de televisión estadounidense en español, Univision, en su cobertura sobre Donald Trump, en el arranque del largo año electoral hacia las presidenciales en EEUU, ha desatado en las últimas semanas las críticas internas a la cadena. La más sonada ha sido la de uno de sus presentadores más reconocidos, Jorge Ramos, quien en un artículo de opinión se pronunció sobre la dócil entrevista de una hora, sin repreguntas, que la cadena le hizo al magnate el pasado 9 de noviembre en Mar-a-Lago. “La democracia es algo que se debe defender todos los días. Y para los periodistas la manera de hacerlo es preguntando. Aunque duela. Aunque incomode. El silencio casi nunca culmina en buen periodismo”, escribió Ramos. “Es un insulto a la comunidad hispana”, dijo el expresidente de la cadena, Joaquín Blaya, tras la emisión de la entrevista.

A principios de noviembre, tres altos ejecutivos del grupo mexicano Televisa, propietario de la cadena, acudieron a la cita en el club privado del expresidente en Florida, el mismo donde el FBI encontró el año pasado miles de documentos gubernamentales, cientos de ellos con material clasificado. Allí, presenciaron la entrevista realizada por el periodista Enrique Acevedo, que no puso en ningún aprieto al magnate, ni matizó sus palabras cuando este aseguraba que en la frontera con México solo entran “drogadictos, violadores y personas que deberían estar en un asilo”.

La entrevista, según revela el Washington Post, fue organizada por Jared Kushner, el yerno y exasesor de Trump en la Casa Blanca, que mantendría una relación estrecha con la dirección de la cadena, propiedad el grupo mexicano Televisa. A pesar de que Trump dijo el año pasado que esta vez no quería que Kushner ni su mujer, Ivanka Trump, se involucraran en la campaña electoral, la ayuda entre bastidores con el público latinoamericano podría serle de gran ayuda para vencer a Joe Biden en 2024.

Del desprecio al elogio a Univision

“Trump nunca me hubiera dado a mí una entrevista”, escribe Ramos, que lleva cuatro décadas trabajando en Univision, en su crítico artículo de opinión titulado 'El peligro de no confrontar a Trump'. “No podemos normalizar un comportamiento que amenaza a la democracia y a la comunidad hispana, ni ofrecerle a Trump un micrófono abierto para que difunda falsedades y sus teorías de conspiración. Hay que cuestionar y verificar todo lo que hace y dice”, aseguró el presentador en su texto.

En 2015, después de que Trump se convirtiera en candidato presidencial, Ramos buscó durante meses una entrevista con él. Pero no tuvo éxito. El magnate, que se presentaba como el candidato antiestablishment, veía en Univision –y en todos los principales medios que no fueran Fox– a un canal aliado de la causa demócrata. Ramos aprovechó una rueda de prensa tras un mitin en Iowa para lanzarle una pregunta sobre inmigración, que Trump rechazó, pero él decidió no callar y siguió preguntando. El jefe de seguridad de Tump decidió expulsar al periodista a empujones de la sala de prensa.

Ha llovido mucho en los ocho años que han pasado desde ese momento. El mes pasado, en el mismo canal de televisión, Acevedo dejó al expresidente el espacio para mentir deliberadamente durante 60 minutos sobre los éxitos de su presidencia, acusar al “estado profundo” de cometer una caza de brujas contra él, venderse como el único capaz de “evitar la tercera guerra mundial” y promover su agenda antiinmigración sin ser contestado.

E insistió poco en los cuatro casos judiciales en los que Trump está imputado por mover hilos para amañar las elecciones en 2020, por tratar de evitar el traspaso pacífico del poder a Biden, por llevarse y retener documentos clasificados de la Casa Blanca y por falsificar documentos para esconder su soborno a una actriz porno.

Cada vez más hispanos apoyan a Trump

Al inicio de la entrevista, Acevedo le preguntó a Trump por la reciente encuesta de Siena para The New York Times, que le da la victoria en cinco de los seis estados clave (swing states) y un apoyo del 42% entre los latinoamericanos, sin precedentes para un republicano. “Los votantes latinos son increíbles. Tienen unas habilidades y energía increíbles, y son muy emprendedores. Solo hay que mirar a los propietarios de Univision: son unos emprendedores increíbles, y me quieren a mí”, respondió el magnate.

Recientemente, la cadena canceló varios anuncios de la campaña de Biden que ya habían sido contratados, así como una entrevista pactada con la Casa Blanca. Además, Univision promovió, junto con Fox Business, el segundo debate de las primarias presidenciales republicanas, el 27 de septiembre pasado en California. Esta serie de acontecimientos revelan un giro en la línea editorial del medio de comunicación, al que el mismo Trump definió en 2020 como “un aparato de propaganda izquierdista y un altavoz del Partido Demócrata”.

Cuatro años después, Univision sigue siendo muy influyente entre la principal minoría étnica del país, los hispanos, que conforman el 19,1% de la población, según el censo estadounidense. Su creciente peso en la demografía del país convierte al voto latino en esencial para ganar las elecciones: Biden lo necesitó en 2020 y lo volverá a necesitar, en caso de que gane las primarias, en 2024. Pero las últimas encuestas no le auguran un buen resultado: en los seis estados considerados clave, el 42% de los hispanos se inclina hacia Trump y tan solo el 50% prefiere a Biden, un 15% menos que en 2020, según The New York Times. Si entonces el demócrata venció por la mínima, la huida del voto latino podría terminar de decantar la balanza hacia Trump, que por primera vez lidera la intención de voto frente a Biden, 46% a 44%.

Joe Biden, el presidente más mayor de la historia de Estados Unidos, y Donald Trump, el único exmandatario imputado, han perdido la capacidad de interpelar a sus votantes que tenían en 2020. Y no es únicamente por la edad del primero, 80 años, o por las cuentas pendientes con la justicia del segundo, 91 cargos en cuatro acusaciones. Es también por una mezcla de hastío, desconexión y desapego de la clase política. Sin embargo, mucho tendrían que cambiar las cosas para que en noviembre de 2024 no se repita el duelo de las últimas presidenciales: Biden contra Trump.

En este escenario, la última encuesta disponible indica un panorama desolador para el demócrata: si las elecciones se celebraran hoy, perdería en cinco de los seis estados considerados clave para vencer en los comicios presidenciales, según la estimación de Siena College para The New York Times. Trump ganaría en Nevada, Georgia Arizona, Michigan y Pensilvania, cinco estados donde Biden le venció en 2020 con un estrecho margen.

En otra encuesta de Ipsos y Reuters publicada el jueves, los demócratas dicen estar más motivados por impedir el regreso de Trump a la Casa Blanca que por apoyar a Biden. De acuerdo con las encuestas de Five Thirty Eight, un 55,5% de la población desaprueba a Biden. En el caso de Trump, el porcentaje llega al 54,4.%

“Biden no solo pierde en cinco de los seis swing states, sino que además sus índices de aprobación son todavía más bajos que los que tenía Trump a estas alturas en las últimas elecciones”, dice a ElDiario.es el director de Siena College y responsable de la encuesta, Don Levy.

La edad es uno de los factores más determinantes, a pesar de que solo le separan tres años de su rival. “El 71% de los electores, y el 50% de los demócratas creen que Biden está demasiado mayor para ser presidente, y el 62% lo ve falto de la agudeza mental necesaria”, subraya Levy.

Si es elegido, Biden terminaría su segundo mandato con 86 años. El presidente es cuatro años mayor que Trump. “Tan solo el 38% de los encuestados responde a nuestras encuestas que Trump es demasiado mayor: es una diferencia significativa”, remarca Levy. El director de Siena College explica que este resultado se debe a que “la campaña de Trump ha sido efectiva en caricaturizar a Biden como un viejo senil, con expresiones como sleepy Joe (el dormilón Joe)” y que “su lenguaje simple y directo conecta con más capas de la sociedad”.

Sin embargo, para Levy la edad no es el único factor determinante en una de las elecciones con los candidatos más impopulares de la historia. Trump se ha beneficiado de sus problemas judiciales para que los republicanos cierren filas con él y lidera de forma arrolladora las primarias republicanas, pero eso le pasaría factura en una elección general.

“El 54% de los votantes en los estados más disputados creen que cometió delitos penales graves y sus índices de desaprobación son similares a los de Biden”, sostiene Levy. Además, “un 10% de los votantes republicanos cambiaría su opinión si Trump fuera, no solo imputado, sino condenado antes de las elecciones”.

La economía castiga a Biden y el aborto, a Trump

Hay una continuidad histórica en las elecciones presidenciales de EEUU: “Cuando preguntamos a los electores en qué basarán su voto, si en cuestiones económicas, como el coste de la vida o los impuestos, o sociales, como el aborto, las armas o las amenazas a la democracia, siempre termina ganando la economía”. Y cuando Siena College pregunta a qué candidato fiarían los asuntos de su bolsillo, Trump gana a Biden por un margen de 20 puntos.

A pesar de que esta percepción es tradicional en la sociedad estadounidense, que en la historia reciente ha confiado más en los republicanos en cuestiones económicas, esto se explica en gran parte por la elevada inflación que ha marcado el mandato del demócrata. Y esto a pesar de ser un fenómeno global, impulsado por la reactivación del consumo tras la pandemia y por el aumento de los precios de la energía con la guerra de Ucrania, y del que no se puede atribuir toda la responsabilidad a Biden.

Durante su mandato, los precios del consumo llegaron el pasado junio a su pico más alto desde los años ochenta (9,1% interanual), pero desde entonces la inflación se ha ido reduciendo progresivamente hasta el 3,7% actual. Pero, a pesar de que con su bidenomics el mandatario hace bandera de sus políticas económicas, como la Ley de Reducción de la inflación o la Ley de Infraestructuras, que priorizan la inversión en la industria y el campo estadunidense, Biden no termina de convencer a los votantes.

Mientras Biden flojea en la economía, Trump lo hace en cuestiones de derechos sociales como el aborto, que está desprotegido en el país desde el fallo del Tribunal Supremo que derogó la histórica sentencia de 1973 Roe v Wade. Desde entonces, los estados liderados por republicanos han tenido carta blanca para implementar una serie de límites y prohibiciones, que a la luz de las encuestas y los resultados electorales son impopulares.

Concretamente, el 62% de los estadounidenses en los estados clave opinan que el aborto debería ser legal en todos los casos o en la mayoría. “Hay una tensión: muchos de los votantes que prefieren a Trump están en contra del aborto. Lo vimos durante la noche del 7 de noviembre”, asegura Levy, cuando el derecho al aborto salió reforzado en varios balotajes en las elecciones estatales y locales.

Los ciudadanos de Ohio votaron en referéndum proteger el derecho en su constitución estatal, mientras que el aborto también jugó un papel importante en la elección del gobernador demócrata de Kentucky, Andy Beshear, o en las legislativas de Virginia, donde los demócratas mantuvieron el control de ambas cámaras.

A estos elementos se le añade uno de los que más ha definido el mandato de Biden: el apoyo a sus dos aliados en guerra, primero Ucrania y ahora Israel. A pesar de que ambos países tienen el apoyo mayoritario de la población estadounidense, las reticencias llegan, a izquierda y derecha, cuando se les pregunta si hay que enviar asistencia militar adicional. Concretamente, Biden envió en octubre una solicitud “urgente” de 106.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania (61.400 millones) e Israel (14.300 millones), así como para Taiwán (7.400 millones), para suministrar ayuda humanitaria (9.000 millones) y para reforzar la frontera sur con México (14.000 millones).

Todos estos elementos harán que las próximas elecciones terminen siendo muy ajustadas, como ya ocurrió en 2016 y en 2020. “En la mayoría de estados, vamos a ver como un 40% tiene el voto asegurado al Partido Demócrata, y otro porcentaje similar no se moverá del republicano. Así que la elección recaerá en el 20% restante, que tendrá que elegir entre los dos candidatos, no votar, o decidirse por un tercer candidato independiente”, concluye Levy.

¿Hay alternativa a Biden y Trump?

Ninguno de los más que probables candidatos a la presidencia convencen a los estadounidenses. Pero a estas alturas, cuando queda apenas un año para los comicios, tampoco parece probable que surjan alternativas viables. Los demócratas ni siquiera consideran seria las candidaturas de Dean Phillips o Marianne Williamson, los dos rivales oficiales de Biden. Y es lógico que no las haya: presentarse a unas primarias contra el presidente del país suele significar, con pocas excepciones en la historia, la muerte política del candidato.

En el caso republicano sí hay un escenario más disputado, pero parece que la disputa es más bien por el segundo puesto o, en palabras de Trump, “parece que estén compitiendo por el trabajo de vicepresidente, pero ninguno da la talla”. El magnate va tan sobrado que ni siquiera ha acudido a ninguno de los tres debates republicanos.

Sin embargo, su alargada sombra estuvo presente desde el principio: la primera pregunta de la noche se la hicieron los presentadores al gobernador del estado anfitrión, Ron DeSantis: “¿Por qué los republicanos tendrían que elegirle a usted y no a Trump para enfrentarse a Biden dentro de un año?”. Los otros cuatro contrincantes presentes también respondieron a la misma pregunta: Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, Chris Christie y Tim Scott.

Trump lidera de manera arrolladora las encuestas, con el 56,5% del apoyo republicano, y DeSantis, el único remotamente capaz de hacerle frente, lo mira de lejos con un 13,9% de los apoyos.

En este escenario aparece el nombre de Robert F. Kennedy, el último representante de la dinastía política más influyente de la historia del país, que se presenta como candidato independiente tras retirarse de las primarias demócratas por falta de apoyo. “Cuando pides a los electores que elijan entre Biden, Trump y Kennedy, es sorprendente que este último, que no es un gran conocido en la política estadounidense, consiga cerca de un 25% de los apoyos”, destaca Levy. “Tiene unos números que no hemos visto nunca en un tercer candidato desde Ross Perot en los años 90, lo que demuestra el descontento con los dos candidatos líderes”, añade.

Kennedy, conocido por su largo historial antivacunas, se vende como un candidato antiestablishment, denostado por el Partido Demócrata, al que perteneció también su padre, el fiscal general Robert F. Kennedy, y su tío, el expresidente John F. Kennedy. Habitual de los espacios mediáticos de la ultraderecha –como Fox News o los podcasts de ultraconservadores como Steve Bannon (The War Room), Alex Jones (Infowars), Jordan Peterson o Joe Rogan–, su campaña está yendo a la caza del electorado trumpista y del desencantado por los dos partidos tradicionales.

Aunque su candidatura podría influir y decantar la balanza hacia uno de los otros dos candidatos, no parece que sea factible su llegada al Despacho Oval. “Es un tipo poco conocido entre los votantes y, a pesar de que a sus 69 años conecta más con el público joven y que tiene el dinero de importantes donantes para financiar su campaña, se va a encontrar con una fuerte resistencia por parte de republicanos y demócratas”, resume Levy.

Un encuentro informal de apenas 15 minutos con Andrés Manuel López Obrador hace 23 años fue el inicio de la carrera política de Claudia Sheinbaum. Ahora será la candidata del partido Morena en las elecciones de 2024 y buscará no solo mantener al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el poder, sino convertirse en la primera mujer presidenta de México.

Después de las elecciones del 2 de julio de 2000, López Obrador citó a Claudia Sheinbaum en una cafetería del sur de Ciudad de México, meses antes de que él asumiera la jefatura del Gobierno local. En un par de entrevistas en las que ha mencionado aquella reunión, Sheinbaum recuerda que López Obrador le dijo que lo que él quería era bajar la contaminación atmosférica, que entendía que ella sabía cómo hacerlo y que conocía a los científicos que se dedicaban a eso.

Su primer encargo

Así, a sus 38 años, Claudia Sheinbaum aceptó su primer encargo en la administración pública: sería la secretaria de medio ambiente de la capital del país. Desde la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, Sheinbaum fue militante de base, pero nunca se involucró en la estructura del partido. Conocía, por supuesto, a López Obrador –quien dirigió la formación entre 1996 y 1999– pero no habían cruzado palabra hasta que José Barberán, asesor de él y amigo de la familia de ella, los puso en contacto.

Tras su triunfo, López Obrador comenzó con la selección de su gabinete, y para el tema del medio ambiente necesitaba a una persona con conocimiento científico, pues el entonces Distrito Federal registraba altos índices de contaminación. Consultó a Barberán, quien de inmediato pensó en Sheinbaum, que desde finales de la década de los noventa investigaba, de la mano del Premio Nobel de Química Mario Molina, la contaminación atmosférica de Ciudad de México.

En los 23 años que siguieron a aquella primera charla, Sheinbaum se terminó convirtiendo en una de las personas más cercanas al actual presidente López Obrador.

Fue su secretaria de Medio Ambiente y operadora de los segundos pisos ―una de sus obras emblemáticas como jefe de Gobierno―, entre 2000 y 2006; portavoz de la campaña en aquella cerrada elección; integrante del Gobierno Legítimo durante el sexenio de Felipe Calderón; fundadora y promotora de Morena en el primer trienio de Enrique Peña Nieto; jefa delegacional en Tlalpan de 2015 a 2017, y Jefa de Gobierno de Ciudad de México a partir de diciembre de 2018. 

Es tal su cercanía que desde hace más de dos años se le menciona como la más probable sucesora de López Obrador en la presidencia de la República. Arrancó como favorita en el proceso de selección y hoy es quien recibirá el bastón de mando de Morena, y se convertirá en candidata presidencial en los comicios de 2024.

Una vida de activismo

Claudia Sheinbaum nació el 24 de junio de 1962 en Ciudad de México. Se graduó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como licenciada en Física, con mención honorífica, y cuenta con maestría y doctorado en Energía. Fue la primera mujer en ingresar al doctorado en energía en la UNAM y, como parte de esos estudios, realizó una estancia de investigación en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, en California (EEUU).

Desde muy joven participó en movimientos sociales. Ella misma ha dicho en sus mítines que la primera ocasión que participó en una marcha fue para apoyar el movimiento de estudiantes rechazados, a finales de los años 70. De ahí que el tema educativo se haya convertido en una de las causas por las que destacó en sus años universitarios.

A mediados de los años 80, Sheinbaum formó parte del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), movimiento que logró frenar la reforma promovida por el entonces rector, en la que se proponía eliminar la gratuidad en las colegiaturas de la Universidad. “Desde que era estudiante luchaba por la democracia, por la justicia social y contra el modelo neoliberal del que se beneficiaban solo unos pocos”, dijo Sheinbaum en X (antes Twitter), donde compartió una foto de la época.

Si bien desde joven se interesó y participó en movimientos sociales, Sheinbaum no se involucró en la vida política electoral. Participó en las manifestaciones contra el fraude electoral de 1988, militó en el PRD desde su fundación, en 1989, pero su vida estaba en la academia: primero como estudiante y después como docente e investigadora.

Lucha contra la contaminación

Desde que estaba en la Facultad de Ciencias de la UNAM, Sheinbaum comenzó a estudiar la contaminación atmosférica en Ciudad de México. Años más tarde, a finales de los noventa, Molina la invitó a formar parte de un equipo multidisciplinario para investigar este tema. Su conocimiento en la materia la hizo aceptar la invitación de López Obrador y convertirse en secretaria de Medio Ambiente, en el 2000.

Durante su gestión, trabajó para mitigar la contaminación ambiental a través del impulso del transporte urbano como las ciclovías o la primera línea del Metrobús. La puesta en marcha de ese sistema de transporte público no fue fácil, pues Sheinbaum tuvo que enfrentarse a la negativa de los microbuseros que se negaban a abandonar la Avenida de los Insurgentes y a la crítica por la construcción del segundo piso del Periférico, el cual se inauguró el 23 de enero de 2005 bajo los señalamientos de privilegiar la construcción de infraestructura para el uso de los automóviles (una crítica que se mantiene hasta hoy en día).

En marzo de 2004, mientras ella encabezaba la Secretaría de Medio Ambiente del entonces distrito federal, su esposo, Carlos Imaz –quien era jefe delegacional en Tlalpan– fue exhibido en televisión nacional recibiendo fajos de dinero del empresario Carlos Ahumada, como parte del episodio conocido como “los videoescándalos”, que también involucró a otros personajes cercanos a López Obrador, como René Bejarano, su secretario particular, y Gustavo Ponce, su secretario de Finanzas.

Según relata el periodista Arturo Cano en su libro Claudia Sheinbaum: presidenta, un par de días después de la divulgación de los videos en los que aparecía Imaz, Sheinbaum solicitó ver a López Obrador para presentarle su renuncia. “López Obrador le dijo que ella no tenía por qué renunciar y la acogió durante un rato (ella estaba devastada) en uno de los espacios de su oficina”, escribe Cano.

Las tres campañas de Sheinbaum

En julio de 2005, cuando López Obrador se separó de la jefatura de Gobierno para irse a su primera campaña por la presidencia de México, Sheinbaum dejó su cargo como secretaria de Medio Ambiente local y, poco tiempo después, fue nombrada portavoz de su campaña. Desde ese momento, se dedicó a un objetivo: llevar a López Obrador a la presidencia.

En 2006, tras las polémicas elecciones en las que el panista Felipe Calderón le ganó por una diferencia de menos del 1% de los votos, Sheinbaum acompañó a López Obrador en la denuncia de fraude electoral, la toma del Paseo de la Reforma y, en noviembre de 2006, en el establecimiento del 'Gobierno Legítimo'. En una ceremonia multitudinaria celebrada en el Zócalo, Sheinbaum ayudó a colocarle la banda presidencial a López Obrador y, en el mismo acto, ella fue nombrada secretaria de Defensa del Patrimonio Nacional.

En 2012, tras su segunda campaña por la presidencia, López Obrador perdió frente a Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, pocos meses después de los comicios, decidió romper en definitiva con el PRD, partido en el que militó durante 23 años y que –dirigido por la corriente de “Los Chuchos”– se aprestaba a firmar el Pacto por México con el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN), partidos que defendían una agenda de reformas respecto a la que tenía serias objeciones.

Desde el 2 de octubre de 2011, López Obrador ya había fundado el Movimiento de Regeneración Nacional, pero en noviembre de 2012, aprovechó su ruptura con el PRD para formalizarlo como asociación civil e iniciar, en enero de 2013, el proceso para convertirlo en partido político. En todo ese proceso, Sheinbaum participó activamente.

El 9 de julio de 2014, tras un complejo proceso burocrático, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el registro de Morena como partido político y, en 2015, el lopezobradorismo compitió por primera vez en unas elecciones como una fuerza política distinta al PRD.

Sheinbaum fue propuesta candidata a la jefatura delegacional de Tlalpan, cargo que ganó con el 29,52% de los votos, y se convirtió en una de las cinco candidatas morenistas que le arrebató al PRD una tercera parte de las 14 delegaciones que gobernaba: Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Azcapotzalco y Cuauhtémoc.

Un terremoto en su carrera

Entre 2015 y 2017, el PRD (aún con fuertes bases en Ciudad de México) buscaba la manera de recuperar el terreno que había perdido en la elección intermedia, por lo que echó a andar protestas y manifestaciones en las delegaciones de Morena y en las reuniones que sostenían sus funcionarios en la entonces Asamblea Legislativa.

El 14 de noviembre de 2016, por ejemplo, cuando Sheinbaum debía comparecer a la ALDF, un grupo de personas que exigían vivienda se postraron a las puertas del legislativo local y levantaron un improvisado muro con ladrillos. Afirmaban que no dejarían pasar a quien llamaban despectivamente “embajadora de Tlalpan” hasta que les diera una solución.

Sin hacerse acompañar de ningún miembro de su equipo, Sheinbaum –con su bolsa de mano cruzada y unos documentos que abrazaba a su pecho– caminó a un costado de ellos y entró al recinto de Donceles. Nadie la reconoció y, cuando ya estaba dentro, los diputados del PRD, PRI y PAN tuvieron que regresar al salón en donde se llevaría la comparecencia, pues habían dado por hecho que la protesta impediría su ingreso.

Como este episodio, la entonces jefa delegacional tuvo que sortear otras crisis durante su gestión. Sin embargo, el sismo del 19 de septiembre de 2017 la colocó en el ojo del huracán, cuando el Colegio Rébsamen colapsó y cobró la vida de 19 niños y siete adultos. 

En la parte superior de las instalaciones escolares, la directora Mónica García Villegas construyó dos departamentos que durante el sismo se convirtieron en una trampa mortal para los niños y adultos que murieron, pues el peso de la estructura cayó sobre la ruta de evacuación.

Minutos después del sismo, Sheinbaum se apersonó en el Colegio Rébsamen en donde coordinó y supervisó labores de rescate. Días después, con documentación en mano, afirmó que su administración no había entregado los permisos para que se construyeran departamentos arriba del colegio, sino que eso era responsabilidad de anteriores administraciones.

Había autorizaciones, reconoció, pero eran irregulares, por lo que insistió en que su Gobierno no era responsable. Durante su administración, la dueña del colegio, Mónica García Villegas, fue detenida y recluida en el Penal de Santa Martha. A pesar de ello, las críticas y acusaciones en su contra no han cesado hasta la fecha.

El 2 de febrero de 2023, exactamente cinco años, cuatro meses y 14 días después del sismo –y cuando ella ya estaba en su promoción como posible candidata presidencial de Morena– la aún jefa de Gobierno de Ciudad de México ofreció una disculpa pública a los padres y familiares de las 26 víctimas del Colegio Rébsamen.

En los difíciles días del sismo y de la reconstrucción de la ciudad, la elección presidencial y para la jefatura de Gobierno de la capital del 2018 estaban a la vuelta de la esquina y Morena debía definir los perfiles que competirían en las urnas. Como es costumbre en Morena, se dio pie a las encuestas para definir las candidaturas: López Obrador para la presidencial y Sheinbaum para el Gobierno capitalino, tras ganar a Ricardo Monreal.

Al frente de Ciudad de México

Con el 47% de votos (más de dos millones), Sheinbaum ganó los comicios del 1 de junio de 2018 y se convirtió en la primera mujer que ocuparía la jefatura de Gobierno por voto popular. Fue tendencia al publicar un video en el que mostraba que en su oficina había encontrado que las ventanas estaban blindadas. “No necesito ventanas blindadas, les informo que vamos a empezar a revisar el día de hoy para poder quitar las puertas blindadas de la oficina. La jefa de Gobierno no tiene miedo”, escribió.

Conformó un gabinete en el que priorizó el conocimiento técnico y científico de las distintas materias, antes de allegarse de perfiles políticos. Apostó por el cuidado al medio ambiente y la movilidad sostenible, además de que tenía el reto de disminuir los índices de inseguridad. Dos líneas de Cablebús, un trolebús elevado, la construcción de dos universidades, 300 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) y becas al 100% de los estudiantes de educación básica son algunos de las acciones que Sheinbaum consolidó durante su gestión al frente de Ciudad de México.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Sheinbaum tuvo que enfrentarse a duras críticas que involucraron los constantes fallos y accidentes mortales en el Metro capitalino: el choque de trenes en Tacubaya, el incendio del Puesto Central de Control (PCC1), el colapso de la Línea 12 y el choque de trenes en La Raza, accidentes que en conjunto cobraron la vida de 29 personas, han dejado a cientos de heridos y un sistema de transporte que no opera al 100%.

Otro de los reproches que Sheinbaum tuvo durante su gestión fue su política de “contención” en las manifestaciones feministas que ha sido definida como acciones de represión, además de la crítica permanente sobre la inseguridad en Ciudad de México, aunque ella asegure que durante su administración se redujeron en 60% los delitos de alto impacto.

Camino a las presidenciales

El 15 de junio pasado, en un evento multitudinario en el Monumento a la Revolución, Sheinbaum se despidió de la capital, presionada para separarse del cargo antes de que iniciara el proceso interno de Morena.

Apenas unos días después del triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México, la sucesión presidencial se aceleró de la mano del también aspirante, Marcelo Ebrard, quien renunció a su cargo como secretario de Relaciones Exteriores y solicitó que todos aquellos que querían participar en la encuesta de Morena hicieran lo propio.

En el plan de Sheinbaum no estaba contemplado dejar su cargo, pues parecía cómoda con sus giras de fin de semana saliendo de Ciudad de México y promoviéndose en los estados del país, casi siempre arropada por gobernadoras y gobernadores de su partido.

Los recorridos y “asambleas informativas” la sometieron, además, al escrutinio público. Su estilo de hacer campaña, su forma de hablar, su desempeño en entrevistas y hasta su forma de vestir, fueron revisadas con lupa por rivales y simpatizantes en este periodo. Al mismo tiempo, su campaña adelantada le generó cientos de quejas y denuncias ante el Instituto Nacional Electoral, donde acumula más de 300 expedientes promovidos por panistas, perredistas, priistas, militantes de MC y por sus propios compañeros de Morena.

Antes de ser proclamada candidata, deberá someterse a la fiscalización del INE, que deberá auditar los gastos de mítines multitudinarios, transporte, propaganda, anuncios espectaculares, bardas, objetos utilitarios repartidos en sus eventos y miles de folletos y panfletos que se han imprimido y repartido en estos más de dos meses.

A 23 años de aquel café en el Sanborns de San Ángel, en donde Sheinbaum y López Obrador se conocieron, la científica y académica, especialista en energía y cambio climático, ya hizo historia, al arrancar como favorita la carrera presidencial de 2024.

Pero le queda aún un largo camino: más de 200 días de precampaña y la campaña antes de los comicios del 2 de junio de 2024, y una intensa contienda frente a Xóchitl Gálvez, la panista que, desde hace unos días, ya es formalmente la candidata opositora.

En primera vuelta, Ecuador decidió el domingo que el balotaje presidencial se disputará entre la hija política de Rafael Correa, la también economista Luisa González, y el empresario Daniel Noboa, hijo del también empresario millonario Álvaro Noboa, cinco veces candidato presidencial.

En segunda vuelta, Guatemala dio el mismo domingo la presidencia de la República al político y académico Bernardo Arévalo, hijo del ex presidente centrosocialista Juan José Arévalo, que venció a su contrincante, la empresaria derechista Sandra Torres, exesposa y viuda del expresidente Álvaro Colom.

Debut de la izquierda guatemalteca

En ambos casos, en Ecuador y en Guatemala, las cuatro figuras rivales son de familias políticas cuya presencia recubre el entero siglo XXI y, en el caso de Arévalo, se remonta al corazón del siglo XX, y aún más atrás. En los dos casos, son del mundo empresarial privado las candidaturas de la derecha y son académicas las candidaturas de la izquierda.

Pero la novedad está en Guatemala: por primera vez en tres cuartos de siglo habrá en el Palacio Nacional de la Cultura (sede del Ejecutivo) un presidente democrático que no responde a las antiguas derechas tradicionales autoritarias.

De candidatura menospreciada en las encuestas, Bernardo Arévalo se erigió el domingo 20 de agosto en la gran sorpresa nacional e internacional. El también sociólogo y doctor en Filosofía, y candidato del partido Movimiento Semilla ya había ido en contra de todos los pronósticos cuando logró meterse al balotaje para disputarle la presidencia a la favorita de los sondeos, la mujer de negocios y candidata de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres.

Los sondeos también vacilaron, antes de la segunda vuelta presidencial, sobre cual de los dos saldría triunfante. Sin embargo, esta vez, el segundo de la primera vuelta fue el primero de la segunda. Arévalo venció, la izquierda ganó. Es más, computado el 99,8% de las mesas electorales y considerando el total de votos emitidos, un 58,04% daba a Arévalo la victoria sobre Torres con unos 20 puntos porcentuales de diferencia.

Cuando el actual gobernante Alejandro Giammattei -otro empresario derechista más, repudiado como ningún otro al fin de su período- entregue el mando al vencedor del balotaje del domingo, Guatemala tendrá otro presidente, que gobernará el país por cuatro años.  

Guatemala 1944-2023 y 2024-2028

La historia de la familia Arévalo tiene raíces profundas en la historia de Guatemala. Juan José Arévalo, padre de Bernardo, fue el militar, elegido democráticamente para ejercer la Presidencia del país entre 1944 y 1951, como candidato designado por la Junta Militar emergente de la revolución que derrocó al general Jorge Ubico.

Arévalo padre completó su mandato y su gobierno de un socialismo benigno, que evitaba cualquier alineación con el comunismo, en aquellos tiempos de caliente Guerra Fría. Tras el derrocamiento orquestado por la CIA de su sucesor y correligionario, Jacobo Árbenz, en 1958 Juan José Arévalo se vio obligado a permanecer en el exilio en Uruguay, donde nació Bernardo, quien regresaría a Guatemala en la década de 1970 con toda su familia.

Diez años después, Bernardo ingresó en la Cancillería. Su carrera diplomático lo llevó a ser viceministro entre 1994 y 1995, además de embajador en España. Posteriormente, trabajó en organizaciones de distintos continentes y fue asesor en diversos temas en la ONU y en instituciones de políticas públicas y académicas en EEUU.

Cuando pasó de la vida diplomática y académica a la política activa, Arévalo participó en el movimiento social de protesta que en 2015 exigió la renuncia del entonces presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, cuyas causas de corrupción y, sobre todo, aquella corrupción que quedaba a salvo del procesamiento judicial, secuestraban mente y cuerpo de la opinión pública movilizada.

Fue entonces cuando formó, junto a otras figuras intelectuales, el flamante partido, de doctrina socialdemócrata, ecologista y progresista: el Movimiento Semilla.

Con el nuevo partido, Arévalo fue precandidato presidencial en 2019, pero renunció a su candidatura para promover a la exfiscal Thelma Aldana, quien finalmente no pudo participar de las elecciones de ese año. Fue elegido diputado al Congreso, donde su actuación se dirigió principalmente a temas y problemas relacionados con la seguridad, las relaciones exteriores y los derechos humanos.

Ideológicamente, Arévalo se ubica como un candidato de izquierda moderada y ha centrado su mensaje en esta campaña en la necesidad de combatir la corrupción en su país, con la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción. Arévalo pretende hacer frente al problema de seguridad en Guatemala con el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y el control de las cárceles.

En la letra, ni uno solo de esas promesas faltaban en la plataforma y las arengas hoy caducas de su contrincante. Tras la victoria del domingo, Arévalo le aseguró a su rival (favorita en el interior rural del país asistido por un denso y personalista sistema clientelar) y a toda la ciudadanía que él trabajará por el respeto de sus derechos y la atención de sus necesidades.

Un elemento clave, sin embargo, faltaba en el plan de Sandra Torres, mientras que es una prioridad en el programa del presidente electo Bernardo Arévalo para 2024-2028: la generación de empleo mediante la inversión en obra pública.

El comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés) de Donald Trump, Save America, la organización encargada de financiar al expresidente, se está quedando sin dinero. Si comenzó el año pasado con 105 millones de dólares, ahora solo le quedan 4 millones, después de haber invertido una buena parte en abogados y honorarios legales.

Save America se ha gastado en la primera mitad de 2023 alrededor de 20 millones de dólares en asuntos legales entre los que hay pagos a más de 40 bufetes de abogados, según los datos oficiales presentados por el comité. The Washington Post, sin embargo, eleva esa cifra a 40 millones citando fuentes cercanas.

Estos gastos salpican tanto a Trump como a algunos de sus socios, como su asistente Walt Nauta y su empleado Carlos de Oliveira, ambos acusados junto al exmandatario en el caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago. La tercera imputación recibida este martes por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 dificultará todavía más la compleja situación financiera del magnate.

El expresidente está quemando el dinero de su campaña a un ritmo de récord. Un dinero que debería ir destinado a pagar anuncios de televisión, propaganda en redes sociales y mítines electorales, se está invirtiendo en los costes derivados de las numerosas condenas e imputaciones históricas del expresidente. Cierto es, sin embargo, que sus líos judiciales se han convertido en un importante factor movilizador a favor de Trump entre los votantes republicanos. El expresidente lidera las encuestas en solitario, con un 53,4%, frente al 15,6% del gobernador de Florida, Ron DeSantis, el único candidato que cuenta con alguna opción de arrebatarle la nominación.

Después de cada imputación, el exmandatario ha lanzado nuevas campañas para que sus simpatizantes insuflen el PAC Save America con dinero para luchar contra lo que él llama “persecución política” y “caza de brujas” por parte de “Joe Biden y su familia criminal”. Aunque estas iniciativas se han traducido en decenas de millones de dólares –entre contribuciones de grandes donantes y, a menor escala, seguidores convencidos del expresidente que compran merchandising y hacen pequeñas donaciones–, no parecen suficientes para mejorar la situación financiera del magnate inmobiliario.

De hecho, las finanzas de Save America se encuentran tan ajustadas que el grupo ya ha solicitado un reembolso de 60 millones de dólares de una donación que hizo en el pasado al Super PAC de Trump, Make America Great Again Inc, que, según el New York Times, podría tratarse del mayor reembolso de estas características en la historia del país. El PAC Save America tiene prohibido por ley financiar directamente la campaña del expresidente, algo que sí puede hacer dicho Super PAC. Trump eludió la prohibición financiando con 60 millones al Super PAC, un dinero que ahora ha pedido que se reembolse a Save America para financiar sus gastos legales.

De este modo, Make America Great Again ya ha devuelto 12,25 millones de dólares al grupo que paga los líos judiciales del expresidente, una suma que está cerca de igualar el dinero recaudado de los donantes durante la primera mitad de este año: 13,1 millones de dólares.

Entre las donaciones se incluye un millón de dólares del padre del yerno de Trump, Charles Kushner, a quien el expresidente indultó por delitos federales en sus últimos días como presidente y ahora éste parece estar devolviéndole el favor.

Horizonte judicial complejo

Los gastos de la campaña suelen acrecentarse a medida que se acerca la fecha de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 5 de noviembre del próximo año. Del mismo modo, también se incrementan los montos de las donaciones. Si Trump es capaz de ganar las primarias de su partido, algo que parece muy probable, está casi asegurada una reedición del embate presidencial que se dio en 2020 entre Biden y Trump y se prevé que la batalla por la Casa Blanca esté muy igualada.

En estos momentos, la última encuesta deja un panorama muy parejo entre ambos candidatos: ambos se encuentran en el 43% de los apoyos, según los datos de Siena College publicados este martes. De hecho, los datos muestran un apoyo ligeramente superior para Trump, ya que los votantes republicanos registrados lo votarían en un 88%, mientras que los demócratas tan solo lo harían con Biden en un 83%.

En este contexto, Trump se enfrentará durante el próximo año al menos dos (el 25 de marzo y el 20 de mayo), y probablemente tres o cuatro juicios, después de que el fiscal especial que lo ha imputado, Jack Smith, haya asegurado que hay argumentos legales para que se dé un “juicio rápido”, y de que en Georgia esté a punto de caer su cuarta imputación. Esto significa que los gastos en honorarios de abogados también se pueden ver incrementados significativamente.

La situación deja a los donantes la decisión de si seguir financiando los líos legales ­–en detrimento de la campaña– del primer expresidente en sufrir dos juicios políticos y tres imputaciones penales en la historia del país o dar su apoyo a otras opciones.

La mayoría de votantes del partido han demostrado que eso no influye y han seguido aportando en cifras elevadas a pesar de que se ha incrementado el número de votantes que creen que ha cometido “delitos federales graves” (un 17% más de los que tienen pensado votarle). Sin embargo, el rumbo del comité de acción política del expresidente dependerá en gran parte de las donaciones multimillonarias de grandes empresarios, que desde las pasadas elecciones presidenciales están virando hacia otros candidatos, como DeSantis, Pence, Ramaswamy o, incluso, el demócrata Robert Kennedy.

El republicano Mike Pence, que fue vicepresidente de EEUU entre 2017 y 2021, ha presentado la documentación ante la Comisión Federal de Elecciones de ese país para concurrir a las primarias de su partido, de las que saldrá el candidato presidencial para los comicios de 2024.

Pence se suma a varios aspirantes a la nominación republicana para la Presidencia, una carrera en la que, de momento, Donald Trump (2017-2021) parte como favorito, según la media ponderada de sondeos efectuada por la web FiveThirtyEight. Le sigue el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la exembajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, y el empresario, Vivek Ramaswamy.

Entre los que han presentado su candidatura están el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, y el senador por Carolina del Sur, Tim Scott; también los empresarios Ryan Binkley y Perry Johnson, además del locutor Larry Elder.

Pence tiene previsto lanzar oficialmente su candidatura este miércoles, con un vídeo y un encuentro con ciudadanos organizado por la cadena CNN en Des Moines, la capital del estado de Iowa, coincidiendo con su 64 cumpleaños ese día.

El exvicepresidente se embarca así de nuevo en la carrera hacia la Casa Blanca, dos años después de haberla abandonado junto a Trump, del cual se desmarcó durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando, en calidad de presidente del Senado, desoyó los llamamientos del mandatario saliente para que obstruyera la ratificación del demócrata Joe Biden como nuevo presidente de EEUU tras ganar las elecciones presidenciales de 2020.

Antes de ser vicepresidente de Trump, fue congresista entre 2001 y 2013, y gobernador de su estado natal, Indiana (2013-2017). Es visto dentro del partido republicano como el único candidato conservador al viejo estilo, que se ha desmarcado de la línea populista de Trump, destaca la agencia de noticias AP.

Además, es un político reconocido, que cuenta con el importante apoyo financiera del súper PAC “Committed to America” (organización para recaudar fondos para la campaña), que lanzó a mediados de mayo y que copreside junto al excongresista de Texas Jeb Hensarling y al veterano consultor republicano Scott Reed. Un Súper PAC puede obtener donaciones de individuos, corporaciones y sindicatos, y gastar cantidades ilimitadas de fondos.

Hombre de profundas convicciones religiosas, Pence puede ser un fuerte reclamo para los votantes evangelistas, a los que se dirige a menudo hablando de su fe y de asuntos morales, como las políticas contrarias al aborto y a favor de la libertad religiosa. El candidato ya ha dejado claro que respalda que los estados aprueben leyes restrictivas para limitar el acceso al aborto y, a nivel federal, que exista una legislación que prohíba la interrupción del embarazo después de la semana 15 de gestación. Asimismo, cree que debe dejarse de comercializarse la píldora abortiva Mifepristone, la que más se usa en EEUU.

Desde principios de año el presidente turco ha hecho frente a varias crisis, incluido el terremoto que arrasó el sureste del país y que evidenció algunos fallos en su gestión. Esos fallos son aún mayores en el ámbito financiero y monetario, tal y como apuntan los expertos, pero la mayor parte del electorado ha confiado en que Erdogan pueda resolver la situación y seguir liderando el desarrollo económico del país, así como su creciente papel en la escena internacional. ¿Cuáles serán sus principales retos y tareas?

La crisis económica

Si bien Erdogan había relanzado la economía turca, desde el año pasado sus medidas han suscitado muchas críticas y dudosos resultados. Su decisión de mantener bajos los tipos de interés para fomentar el gasto, la producción y el empleo ha contribuido a que la inflación haya alcanzado el 45 % (aunque economistas independientes la sitúan en más del doble), repercutiendo sobre todo en la clase media turca. Además, sus decisiones en política monetaria han hecho que la lira caiga a mínimos históricos frente al dólar (ha perdido un 7 % de su valor desde comienzos de 2023) y que aumente la desconfianza de los inversores extranjeros, que hoy no han celebrado su victoria.

Desde noviembre de 2022, el mandatario ha destituido a dos gobernadores del Banco Central Turco: primero, a Murat Uysal, tras la fuerte depreciación de la moneda local; y, más recientemente, a Naci Agbal, quien elevó el tipo de interés de referencia para controlar la inflación. Erdogan nombró a continuación a Sahap Kavcioglu, un antiguo miembro de su partido, el islamista AKP. Un cambio de su política respecto a los tipos de interés es “poco probable”, según un experto consultado por Reuters, ya que el mismo Erdogan alardeó anoche durante su discurso tras proclamarse ganador que los ha bajado y prometió que hará que disminuya también la inflación. 

La oposición ha tratado de jugar la carta de la crisis económica en las elecciones presidenciales para atraer, precisamente, el voto de la clase media más golpeada, que es también la más liberal y progresista; pero Erdogan ha demostrado que sigue contando con el apoyo de sus bases: la población conservadora, de zonas rurales y barrios empobrecidos, que se ha beneficiado de los servicios ofrecidos por el AKP.

El post-terremoto

El devastador terremoto que el pasado febrero dejó más de 50.000 muertos en el sureste del país y destruyó ciudades enteras afectó a la imagen del Gobierno, acusado no solo de la mala gestión de la emergencia, sino de corrupción urbanística - miles de edificios fueron levantados sin licencia en las zonas afectadas. En esas localidades, el AKP obtuvo menos votos en las elecciones parlamentarias del 14 de mayo, pero Erdogan consiguió un porcentaje muy similar al de los comicios presidenciales de 2018.

El presidente prometió, poco después del seísmo, que la reconstrucción tendrá lugar en un año y anoche reiteró que todos los esfuerzos del Gobierno estarán puestos en esta tarea. “Nuestros corazones y manos seguirán estando en la región del terremoto”, dijo desde la capital, Ankara. Según las estimaciones del Banco Mundial, el desastre natural causó daños por más de 34.000 millones de dólares (el equivalente al 4 % del PIB de Turquía en 2021) y la recuperación y reconstrucción posteriores podrían costar el doble (unos 65.000 millones de euros).

“Es probable que el gasto necesario para hacer frente al terremoto haga que el gobierno incumpla sus objetivos presupuestarios”, explicó un mes después del seísmo Selva Bahar Baziki, de Bloomberg Economics, a la CNN. El gasto público para hacer frente a los efectos del terremoto, según el experto, sería de un 2,6 % del PIB a corto plazo.

Las voces críticas

Los opositores y críticos con el Gobierno turco se preparan para una mayor represión y censura, después de que Erdogan haya recibido el respaldo de las urnas. Los kurdos han estado en el punto de mira durante toda la campaña, desde que el partido pro-kurdo HDP apoyara al candidato presidencial socialdemócrata Kemal Kiliçdaroglu, el cual obtuvo un mejor resultado en las zonas de mayoría kurda, en el este del país. Erdogan acusó a su adversario en la segunda vuelta de recibir el respaldo de los “terroristas”, ya que Ankara vincula al HDP con el grupo armado PKK, contra el que el presidente ha emprendido diferentes acciones, incluida la intervención militar en el norte de Siria.

Anoche, afirmó que las “organizaciones terroristas” han perdido en estos reñidos comicios que, según su principal rival, han sido “las elecciones más injustas de los últimos años”. Kiliçdaroglu se refería a las oportunidades desiguales que ha tenido la oposición, por ejemplo, en los medios de comunicación, controlados en su mayoría por los hombres del presidente.

La misión de observación electoral de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) volvió a criticar el clima en el que se celebraron las votaciones “como en la primera vuelta, la cobertura mediática parcial y la falta de igualdad de condiciones dio una ventaja injustificada” a Erdogan.

Según el partido socialdemócrata CHP, la radiotelevisión pública TRT ha dedicado a Erdogan 50 horas de emisión en la campaña, frente a 50 minutos para el líder de la formación, Kiliçdaroglu.

La OSCE también denunció que representantes y simpatizantes del Partido Izquierda Verde (YSP) y del HDP “han continuado enfrentándose a la intimidación y al acoso”.

Las relaciones con Occidente

La Unión Europea y la OTAN han seguido de cerca el desarrollo de las elecciones en Turquía y un posible cambio de Gobierno, que hubiera reorientado la política exterior de Ankara hacia Occidente. Sin embargo, con la continuidad de Erdogan al frente del país, las cuestiones pendientes y las fricciones entre Turquía y los dos bloques permanecen inalteradas.

El ministro de Exteriores sueco, Tobias Billström, informó hoy de que se reunirá con su homólogo turco, Mevlüt Cavusoglu, en los márgenes del encuentro de titulares de Exteriores de la OTAN que se celebrará este jueves en Oslo, para tratar la adhesión de Suecia a la alianza atlántica. “Ahora sabemos con quién hablar. Estoy deseando cambiar de marcha y aumentar el ritmo (de las negociaciones)” con Ankara.

Turquía y Hungría son los dos miembros que siguen vetando el ingreso de Suecia, aunque dieron luz verde al de Finlandia, después de que ambas naciones nórdicas solicitaran formalmente la adhesión en la cumbre de la OTAN del año pasado en Madrid, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

Precisamente el primer ministro húngaro, Viktor Orban, fue el primer líder europeo en felicitar a Erdogan, antes incluso de que hubiera resultados oficiales: “Felicidades al presidente Erdogan por su incuestionable victoria electoral”.

Mientras, las autoridades comunitarias han expresado su deseo de seguir mejorando la relación con Turquía, siempre tensa por los derechos humanos y la migración irregular. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó a Erdogan -cuyo desplante a la mujer en una reunión oficial en 2021 no se olvidará fácilmente- y manifestó su voluntad de “continuar construyendo la relación UE-Turquía”.

Desde el este, el presidente Vladímir Putin destacó que la reelección de Erdogan es una prueba del apoyo popular a sus políticas, que en la arena internacional buscan cada vez más protagonismo e independencia de Washington y Bruselas. “Me gustaría confirmar nuestra disposición a continuar nuestro diálogo constructivo sobre temas de actualidad en la agenda bilateral, regional e internacional”, añadió el presidente ruso, en una nota difundida por el Kremlin. Y es que Erdogan se ha convertido en un mediador clave en el conflicto de Ucrania logrando, por ejemplo, la exportación de grano de los puertos ucranianos, gracias a un acuerdo con Moscú sellado en julio de 2022 y que se ha ido renovando periódicamente - la última vez este mayo por un nuevo periodo de dos meses-. 

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, no necesita campañas multimillonarias para ganarse la atención de todo un país. Ni siquiera ha anunciado su candidatura para las primarias republicanas de 2024, pero es un secreto a voces que los ultraconservadores hastiados de Donald Trump esperan con gran entusiasmo. Las leyes que está impulsando desde su tribuna estatal serán la mejor carta de presentación de su propuesta para el país: “Make America Florida”. Después de prohibir el aborto y la participación de personas trans en acontecimientos deportivos en los institutos y universidades, de deportar inmigrantes con autobuses hacia ciudades gobernadas por demócratas y de criminalizar por ley las protestas pacíficas, entre otras controvertidas medidas, ahora Florida se dispone a ir un paso más allá en la agenda radical de DeSantis.

De Santis “ha indicado en privado que tiene la intención de postularse para presidente”, informa el Washington Post este viernes.

“Os puedo prometer que todavía no habéis visto nada”, dijo este martes el gobernador en su discurso del estado de Florida ante el Congreso estatal. Así dio inicio a una sesión legislativa de 60 días, en que la supermayoría que ostentan los republicanos en las dos cámaras debatirá un centenar de iniciativas lideradas por el gobernador. En esta lista interminable de propuestas, destacan la ampliación del derecho a llevar armas, la limitación —aún más— del debate LGTBI en las aulas, los ataques a la libertad de prensa y la ampliación de las restricciones al derecho al aborto. El poder legislativo estatal, que hasta ahora ha actuado con total servilismo hacia el líder ultraconservador, se dispone a aprobar leyes que se relacionan directamente con la centenaria Constitución, concretamente con la primera y segunda enmienda, y que probablemente acabarán siendo recurridas en los tribunales.

Armas sin licencia

La ley de Seguridad Pública regularizará llevar armas ocultas sin licencia a todo aquel ciudadano de Florida que no tenga antecedentes relacionados con delitos graves o con el abuso de sustancias. En la actualidad, el estado exige una licencia de armas que puede obtener quien se haya sometido a una comprobación de antecedentes, a la toma de huellas dactilares y a un curso de formación, además de disparar el arma ante un instructor. Todo esto no hará falta cuando se apruebe la ley, algo que ha asustado a muchos vecinos y, especialmente, al sector del turismo, motor económico del estado.

“Es algo que siempre he apoyado”, dijo DeSantis, quien ha convertido esta ley en una de sus prioridades para la sesión. Para hacerla más digerible de cara a la galería, así como para los legisladores, los republicanos han añadido a esta iniciativa una serie de medidas que, según afirman, aumentarán la seguridad en las escuelas. Concretamente, crearán un proceso estandarizado de evaluación de amenazas en las escuelas y ampliarán un programa que permite a los empleados de los centros educativos llevar armas. 

Esta estrategia ha sido duramente criticada por los demócratas, que piden que se voten ambas propuestas en dos iniciativas distintas. “No tienen nada que ver”, lamentó el senador Jason Pizzo. Pero también ha suscitado las críticas de algunos miembros del Partido Republicano, como la misma presidenta del senado Kathleen Passidomo, quien ampara su postura en la oposición de la Asociación de Sheriffs de Florida. “Los sheriffs a los que respeto profundamente, que están en el negocio, que entienden los problemas, no apoyan que se puedan portar armas sin licencia en Florida, ya que eso es contrario a la constitución”, dijo el martes en una conferencia de prensa. A pesar de la negativa de la presidenta de la cámara alta, y de la influencia política de los sheriffs sobre varios representantes, se espera que la mayoría conservadora apruebe esta ley.

Ampliación de la ley “no digas gay”

La legislatura se dispone a ir un paso más allá también en su censura hacia los contenidos LGTBI en las escuelas, que ha dejado vacíos los estantes de algunas aulas del estado. Concretamente, tiene previsto ampliar la ley conocida por sus detractores como “no digas gay”, que se aprobó el año pasado y prohíbe a los maestros enseñar materias relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género. La ley, que recuerda al pin parental defendido por Vox en España, prohibía el debate en clase sobre estos asuntos hasta el tercer grado (8-9 años) en escuelas públicas. La nueva legislación ampliará esta prohibición hasta el octavo grado (13-14 años) y se hará efectiva también en escuelas concertadas. 

Además, también prohibirá en las escuelas referirse a los alumnos con los pronombres “que no correspondan a su sexo”, lo que, de facto, negará la posibilidad de obtener título a aquellos alumnos que quieran utilizar pronombres diferentes de los de su sexo biológico. “El sexo es la división binaria de los individuos basada en la función reproductora” y es “un rasgo biológico inmutable”, dice textualmente la iniciativa legislativa. Este conjunto de medidas ha recibido el rechazo frontal de organizaciones como Equality Florida, que considera que la legislación “tiene que ver con un falso pánico moral, cocinado por DeSantis, para demonizar a las personas LGTBI en el beneficio de su propia carrera política”.

Ataques a la libertad de prensa

Otra iniciativa legislativa podría entrar directamente en conflicto con la Primera Enmienda. Si se aprueba la futura ley, llamada “Difusión de Información” requerirá a los blogueros que quieran escribir en internet sobre el gobernador o los legisladores estatales la obligación de registrarse previamente mediante un formulario. Esta ley, que excluiría los periodistas acreditados, obligaría a los blogueros a informar mensualmente sobre lo que han cobrado por escribir sobre estos asuntos. La negativa a registrarse implicaría una multa de 25 dólares por día y hasta los 2.500 por publicación. Aun así, varios juristas aseguran que esta ley probablemente no podrá sobrevivir a una demanda judicial. “Es difícil imaginar una propuesta que viole más la Primera Enmienda”, ha asegurado el abogado Ron Kuby a la cadena de televisión NBC.

El congreso de Florida también ha registrado una iniciativa que facilitaría demandar a los medios de comunicación por difamación. Con ese fin, el proyecto de ley HB 991 rebajaría el listón de quién se puede considerar una figura pública, algo que el The New York Times ha calificado como un “desafío directo a los precedentes del Tribunal Supremo”. Además, entre otras provisiones, la propuesta también haría que las citas anónimas se presuman falsas por defecto y protegería bajo la libertad de expresión las declaraciones que discriminen sobre raza, sexo, identidad de género u orientación sexual.

El aborto, todavía más restringido

Además, la mayoría ultraconservadora ha introducido otra propuesta que ilegalizará el aborto después de seis semanas de embarazo, excepto para las víctimas de violación e incesto, en lugar de las 15 semanas que prevé la ley actual, firmada el año pasado por el DeSantis. La iniciativa, defendida por el gobernador, como las otras, durante el discurso del estado de Florida del pasado martes, también busca impedir que las instituciones educativas y las entidades dependientes del gobierno utilicen dinero público para ayudar económicamente a las mujeres que viajen a otro estado para abortar. 

De este modo, si finalmente el proyecto se convierte en ley, después de la firma de DeSantis, Florida prohibirá el aborto antes de que muchas mujeres ni siquiera sean conscientes de su embarazo. Los republicanos quieren aprovechar la corriente contraria al aborto iniciada el verano pasado, cuando el Tribunal Supremo eliminó la protección al derecho a escala federal y desató una oleada de ilegalizaciones en estados gobernados por republicanos y un aumento de abortos en los estados donde continúa siendo legal. Sin embargo, en Florida el 64% de los residentes creen que el aborto debería ser legal en “la mayoría” o “todos” los casos, según una reciente encuesta de Public Religion Research Institute.

Estas son tan solo algunas de las medidas más polémicas de la agenda ultraconservadora de DeSantis, la nueva estrella republicana, que ha declarado la guerra a su padre político, Donald Trump, y a los derechos de las minorías (o como él se refiere, “la ideología woke”). Recientemente, ha publicado un libro titulado La valentía de ser libre, de carácter autobiográfico, donde propone llevar a todo EEUU el modelo de Florida, con su persecución racista a los inmigrantes, su censura LGTBI en las aulas, sus recortes de impuestos a los ricos y su discurso anticiencia. Si finalmente se presenta a las elecciones de 2024, parte de su éxito dependerá del recibimiento que tengan estas medidas entre los votantes republicanos de todo el país. 

Los ciudadanos de la República Checa acuden esta semana a las urnas para elegir nuevo presidente, una contienda que podría encarrilar al país por la senda del populismo o llevar al poder a una figura unificadora que prometa sanar las divisiones abiertas por el polémico Milos Zeman, el actual presidente.

Ocho candidatos rivalizan por suceder a Zeman que, tras dos legislaturas sucesivas de cinco años, está obligado constitucionalmente a dejar el cargo. La primera vuelta de las elecciones se celebrará este viernes y sábado. Casi con toda seguridad, habrá una segunda ronda electoral dentro de 15 días.

Está en juego un cargo venerado, que tiene su sede en el imponente castillo de Praga y una gran autoridad moral y simbólica de la que, según los críticos, Zeman, de 78 años, abusó al expresar su apoyo a Vladímir Putin (luego se retractó, cuando Rusia invadió Ucrania), promover el acercamiento a China y menospreciar la labor de los servicios de espionaje checos.

Tres favoritos

A pesar del amplio abanico de candidatos, las elecciones se han reducido a una reñida pelea entre tres favoritos que competirán por ocupar una de las papeletas de la segunda vuelta los días 27 y 28 de enero.

El ex primer ministro Andrej Babis, el general retirado y exjefe del Estado Mayor del Ejército Petr Pavel y la economista académica y única candidata mujer Danuse Nerudova registran un apoyo en torno a los 20 puntos en las últimas encuestas.

Los problemas legales que Babis arrastra desde hace tiempo han sobrevolado toda la campaña. El magnate multimillonario ha recibido un posible espaldarazo electoral esta semana, cuando un tribunal de Praga lo absolvió de los cargos de fraude que se le imputaban por supuestamente obtener de manera indebida fondos de la UE destinados a pequeñas empresas para usarlos en un hotel y centro de conferencias que forman parte de su imperio empresarial.

El fallo judicial podría dar a Babis el empujón extra para clasificarse para la segunda ronda. Pero si lo logra, los encuestadores consideran probable que pierda ante Pavel o Nerudova, cuyos partidarios de orientación progresista pueden unirse contra un candidato cuyo mandato como primer ministro generó las mayores protestas multitudinarias del país desde la caída del comunismo en 1989. Se le considera incapaz de captar muchos votos fuera de la base electoral de su partido populista ANO (por las siglas, en checo, de Alianza de Ciudadanos Descontentos).

De 68 años, Babis esperó hasta finales de octubre para anunciar su candidatura, tras meses apostando sobre seguro y recorriendo el país en autocaravana en una campaña extraoficial en la que despreció a los 400.000 refugiados ucranianos que se calcula que hay en República Checa y expresó sus dudas sobre la ayuda militar occidental a Ucrania.

Esta postura lo enfrenta a Pavel, un hombre de 61 años que fue presidente del comité militar de la OTAN y defiende con firmeza el apoyo activo a Ucrania y el lugar de República Checa dentro de la alianza occidental.

Ambos comparten pasado en el régimen comunista de la antigua Checoslovaquia. Se descubrió hace años que Babis, nacido en Eslovaquia, fue agente de la ŠtB (la policía secreta en la época comunista). A pesar de que un tribunal eslovaco lo confirmó, él lo sigue negando.

Pavel, por su parte, se afilió en 1985 al entonces gobernante Partido Comunista. Dos años después, escribió una biografía en la que se justificaba la invasión soviética de Checoslovaquia de 1968 y se matriculó en un curso de tres años supervisado por la unidad de inteligencia militar del régimen. Dice que condena la invasión y que solo se afilió al partido porque quería seguir una carrera militar.

“Los votantes mayores van a ser cruciales”

A sus 44 años, Nerudova es la candidata más joven. Ha tratado de sacar beneficio del oscuro pasado de los otros dos aspirantes presentándose como “el futuro” frente a rivales que cataloga como reliquias políticas, muy alejadas de las generaciones más jóvenes que han crecido en democracia y libertad. “En estos momentos, los jóvenes tienen muy pocas ganas de participar porque los políticos de esta época no entienden ni se ocupan de los problemas de la generación joven”, dice a The Guardian.

Nerudova ha acusado de machismo a Pavel después de que su rival sugiriera que podría nombrarla experta contable de su presidencia debido a su formación como especialista en política fiscal. Pavel rechazó la acusación. Pero el auge electoral de Nerudova se frenó con el escrutinio de los medios checos a su candidatura por una presunta trama fraudulenta ocurrida en la Universidad Mendel mientras ella era rectora. Al parecer, en esta universidad de Brno (la segunda ciudad del país) se concedieron doctorados a estudiantes extranjeros tras unos estudios mínimos y a cambio de dinero. Nerudova ha dicho que en aquel momento no sabía nada de esa supuesta práctica.

Sus críticos también dicen que se enfrentaría a conflictos de intereses si llegase a la presidencia porque su marido es socio del mayor despacho de abogados de República Checa y representa a clientes empresariales. El presidente del país puede nombrar altos jueces y personalidades judiciales, también en el tribunal más importante del país.

Según el activista y analista político checo Bohumil Kartous, el pasado soviético del exgeneral lo hace paradójicamente atractivo para los votantes. “Su militancia anterior en el Partido Comunista atrae a la gente mayor, porque pensarán que todos hemos tenido una vida dura y la hemos pasado juntos, y por eso él sabe más que Danuse Nerudova”, asegura Kartous, que conoce a los dos candidatos. “Los votantes mayores van a ser cruciales para el resultado final”, concluye.

Traducción de Francisco de Zárate.

Con su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024 oficialmente en marcha, Donald Trump en apariencia partía con ventaja en la carrera republicana. Los grupos que le apoyan presumen de tener unos 95 millones de dólares (casi 90 millones de euros), suficiente para que los republicanos que compiten contra él se lo piensen dos veces.

Pero la realidad es otra en cuanto se escarba un poco bajo la superficie. Según un análisis de su red de recaudación llevado a cabo por el periódico The Guardian, dentro de esos 95 millones hay unos 78 millones que no pueden destinarse directamente a su campaña presidencial.

Es más, hay indicios de que se está agotando el flujo de pequeños donantes que financiaron sus campañas anteriores. Algunos grandes donantes muy conocidos lo han abandonado. Y una organización que supervisa la financiación de campañas electorales ha presentado una queja contra Trump ante la comisión electoral federal por una supuesta violación de las leyes de “dinero blando” [donaciones que aprovechan una laguna jurídica para eludir la regulación estadounidense para la financiación electoral] ante lo que parece un esquema para esconder el dinero recaudado.

“Son un montón de variables, pero hay muchas razones para creer que a Trump le está costando recaudar dinero más que en los últimos años”, dice Robert Maguire, director de investigación de Citizens for Responsibility and Ethics, una organización dedicada a la transparencia de las instituciones públicas en Washington.

En los últimos años, los fondos recaudados por Trump han alcanzado sumas impresionantes. Para las elecciones de 2020 recaudó 882 millones de dólares (unos 834 millones de euros) y desde entonces, ha recaudado otros 500 millones (unos 473 millones de euros). Pero los ahorros se han esfumado con la defensa legal del propio Trump, las facturas personales de Melania Trump y la ayuda a los protagonistas del asalto al Capitolio del 6 de enero.

Fondos para otras elecciones

En los últimos años, Trump y sus aliados se han beneficiado de una red de financiación cada vez mayor, compuesta por al menos una docena de grupos de apoyo (lo que en Estados Unidos se conoce como “comités de acción política” o PACs, por sus siglas en inglés) con nombres similares: el “comité conjunto de recaudación de fondos Trump salvar a Estados Unidos” y “comité conjunto de recaudación de fondos salvar a Estados Unidos” como ejemplos típicos.

En este ciclo el más prolífico ha sido el comité “de liderazgo salvar a Estados Unidos”: de los 111 millones de dólares que recaudó aún quedaban 21 millones tras las elecciones legislativas de mitad de mandato. Pero la regulación federal estadounidense prohíbe que Trump utilice esos 21 millones en su campaña porque pertenece a esos grupos “de liderazgo” que solo se pueden emplear para lo que fueron creados (en este caso el apoyo a candidatos republicanos que se presentaban a esas elecciones de noviembre), aunque sí está permitido su uso en la financiación de grandes mítines, un pilar central de la campaña electoral.

Hay otros 57 millones de dólares distribuidos en varios grupos de apoyo llamados súper PAC, que pueden apoyar de manera más genérica a una causa. Aunque estos fondos pueden emplearse en apoyar la campaña de Trump o en atacar a sus rivales, hay una restricción legal que impide usarlos de manera coordinada con su estrategia de campaña.

En total, todo eso significa que de los 95 millones de dólares disponibles a 28 de noviembre hay unos 78 millones que no pueden destinarse directamente a la campaña de Trump.

Maniobras

Pero estas leyes no han impedido que el ex presidente tratase de transferir hacia los grupos de apoyo a su campaña el dinero recaudado por los grupos en teoría para otros candidatos, en una maniobra legalmente cuestionable. El 3 de octubre, el grupo “de liderazgo salvar a Estados Unidos” hizo una donación de 20 millones de dólares al grupo de apoyo a Trump “Make America Great Again” (“restaurar la grandeza de Estados Unidos”) que tiene menos restricciones para gastar su dinero. Pero la maniobra llamó la atención de organizaciones de supervisión jurídica, que denuncian una violación evidente de las disposiciones sobre “dinero blando” previstas en la Ley Federal de Campañas Electorales.

El 14 de noviembre, la organización Campaign Legal Center se basó en numerosas declaraciones y en el total de fondos recaudados para denunciar ante la comisión electoral que la transferencia desde el grupo de liderazgo hacia el grupo de apoyo al expresidente se hizo cuando Trump ya era candidato a la presidencia. “Es decir, que Trump violó la ley federal que prohíbe ese tipo de transferencia de 'dinero blando'”, asegura Saurav Ghosh, que dentro de su organización es responsable de la división que trabaja a favor de una reforma en la financiación de las campañas federales.

Trump también parece estar eludiendo las normas que prohíben la coordinación de los grupos de recaudación externos con su estrategia de campaña. “Los súper PAC son nominalmente independientes del candidato, pero con Trump hay que poner muy entre comillas lo de independiente”, denuncia Ghosh. “Claramente, cuando tienes un súper PAC como este, organizado por aliados de Trump y por gente que trabajó en sus campañas anteriores, lo de la independencia es una ilusión”, dice.

El expresidente ha dejado claro su desprecio por estas normas. “Las leyes de financiación de campañas son increíblemente estúpidas y extremadamente complicadas”, dijo en agosto de 2021 al canal de noticias Fox News. Una entrevista en la que aprovechó para insinuar claramente su presentación como candidato. Según Ghosh, esa “entrevista te dice todo lo que necesitas saber”.

Números rojos

El nuevo grupo que recaudará oficialmente los fondos de la campaña presidencial de Trump se llama 'Donald J Trump para presidente 2024'. Pero es posible que dotarlo de fondos acudiendo a los donantes habituales sea ahora más difícil que antes.

Esta dificultad creciente se debe, en parte, a la aparente disminución en las donaciones de poca cuantía que sirvieron para financiar las campañas anteriores, algunas de ellas mediante unos cuestionables planes de pagos recurrentes. El 'comité conjunto de recaudación de fondos Trump salvar a Estados Unidos' ha fusionado su grupo de “liderazgo salvar a Estados Unidos' y el oficial del candidato.

El comité conjunto presumió de haber recaudado 24 millones de dólares entre julio y septiembre, pero una revisión posterior de los registros demostró que había gastado 22 millones para conseguirlo. En los tres meses previos a las elecciones, los números rojos de su red de grupos de apoyo de recaudación ascendían a un total de 13 millones de dólares, alimentando los rumores sobre el agotamiento de los pequeños donantes.

Además, antes de las elecciones del pasado noviembre, la campaña mostró recibos por 111 millones de dólares, una cantidad que se ha reducido a unos 95 millones después, ya que los gastos superan a la capacidad recaudatoria de fondos.

Donantes para DeSantis

Según Maguire, Trump aún “cautiva a un grupo enorme de pequeños donantes dispuestos a seguir dándole dinero”. “Todavía tiene capacidad para recaudar dinero de la multitud de MAGA [por las siglas en inglés de Make America Great Again], pero la pregunta es si eso se va a enfriar y si hay suficiente en la caja, eso está por ver”, asegura.

Entre los desertores del batallón de grandes donantes figuran los que en 2016 fueron sus donantes principales, Robert y Rebekah Mercer, según la CNBC. En lugar de apoyar al expresidente, los multimillonarios están donando esta vez al gobernador de Florida y probable rival de Trump en las primarias, Ron DeSantis.

El gestor de fondos de inversión Ken Griffin, que metió 67 millones de dólares en las elecciones legislativas de mitad de mandato, también está respaldando a DeSantis. “Me gustaría pensar que el Partido Republicano está listo para dejar atrás a alguien que en tres ocasiones ha significado una derrota para este partido”, dijo en septiembre durante el Foro de Nueva Economía de Bloomberg.

En esa línea está también la opinión del financiero y consejero delegado del fondo de inversión Blackstone, Stephen Schwarzman (que gastó 34 millones de dólares en las elecciones de mitad de mandato). “A Estados Unidos le va mejor cuando sus líderes se centran en el hoy y en el mañana, no en el hoy y el ayer”, dijo en un comunicado. “Es hora de que el Partido Republicano recurra a una nueva generación de líderes y tengo la intención de apoyar a uno de ellos en las primarias presidenciales”.

Bloqueo comisión electoral

Pero DeSantis afronta un problema similar al de Trump. Gracias a su grupo de apoyo para su campaña en el estado de Florida, ha recaudado una cantidad enorme de dinero, pero es un dinero que no puede transferirse a una campaña federal. La sospecha de Ghosh es que DeSantis tratará de transferir ese dinero a otro grupo de apoyo, igual que Trump.

Eso podría provocar otra queja del Campaign Legal Center, aunque es poco probable que llegue lejos. El número de miembros de la comisión electoral elegidos por los demócratas es el mismo que el de los elegidos por republicanos, y las diferencias entre los dos partidos han hecho que la institución lleve años estancada en un punto muerto.

“Se trata de infracciones graves porque el sistema federal se ha diseñado para aislarlo de los gastos que superan los límites”, indica Ghosh. “Pero la comisión electoral rara vez hace cumplir las leyes, y en el caso de Trump su historial es especialmente nefasto, así que no espero que vayan a cambiar ahora. Por supuesto, espero que lo hagan, ya que se trata de una violación evidente, pero sabemos a qué nos estamos enfrentando”, dice.

Traducción de Francisco de Zárate

La salida en bloque de los simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT) en el centro de São Paulo este domingo por la noche se pareció mucho a la de hace 20 años, cuando Luiz Inácio Lula da Silva alcanzó por primera vez la presidencia de Brasil. Entonces, como ahora, caravanas de conductores petistas que celebraban la victoria de Lula hicieron sonar el claxon, y sus pasajeros encaramados a las ventanillas corearon consignas y ondearon banderas.

Después de tres intentos infructuosos, aquel fue un triunfo especialmente dulce. La actual victoria, tercera de Lula, tal vez sea aún más gratificante: el exlíder sindical ha salido de la cárcel, se ha enfrentado a sus enemigos políticos, y ha condenado a la derrota a su némesis, Jair Bolsonaro.

Este domingo por la noche también había una cierta sensación de alivio en la celebración porque, al menos de momento, las siniestras amenazas del ultraderechista sobre una posible anulación del resultado electoral no se habían materializado.

Un país dividido

Pero el Brasil que gobernará Lula da Silva será muy diferente al de principios de 2003, cuando llegó a la presidencia por primera vez. Las elecciones de este domingo muestran lo dividido que está el país. Durante el último año y medio, los sondeos de opinión han subestimado sistemáticamente el apoyo del que goza Bolsonaro, algo que puede deberse a la resistencia de muchos conservadores a participar en las encuestas o a sus reservas para decir cuáles son sus creencias.

Antes de la primera vuelta de las elecciones, las encuestas sugerían que Bolsonaro no sacaría más del 37% de los votos, y sin embargo obtuvo el 43%. Antes de la votación de este domingo, la mayoría de los sondeos predecían una ventaja de entre cuatro y seis puntos porcentuales para la victoria de Lula. Pero en el escrutinio final, Bolsonaro ha reducido esa diferencia a 1,8 puntos.

Además, Bolsonaro ha ganado en 14 de los 27 estados de Brasil, imponiéndose en una franja de territorio que se extiende desde la costa atlántica hasta las tierras de la sabana en el centro-oeste. En los estados más ricos y desarrollados, ha ganado por amplias mayoría.

Fernando Haddad, candidato presidencial derrotado hace cuatro años y miembro clave del equipo de campaña de Lula, celebró el triunfo junto al presidente electo en el autobús de la victoria. Pero lo cierto es que en las elecciones a gobernador del estado de San Pablo, la región más poblada del país, Haddad ha sido derrotado con contundencia por el candidato de Bolsonaro, el exsoldado e ingeniero Tarcísio de Freitas. Bolsonaro también triunfó de manera espectacular en el próspero cinturón agrícola del centro-oeste.

Lula ganó por los pelos en el estado de Minas Gerais, pero su éxito nacional se debe a la victoria conseguida en los diez estados relativamente pobres del noreste. Las encuestas mostraron que las personas que viven con ingresos inferiores a 400 dólares al mes eran más proclives a votar a Lula y que las personas con mejor situación económica tendían a favorecer a Bolsonaro. El 70% de los habitantes de Bahía, el estado con mayor población negra, votó a Lula.

La fuerza de la derecha

Los cristianos evangélicos suelen ser también seguidores de Bolsonaro. Este grupo representa ahora un tercio de la población, quizás el doble del que tenía cuando Lula llegó al poder por primera vez.

La fuerza de ese bloque conservador ayuda a explicar por qué la derecha obtuvo tan buenos resultados en la primera ronda. En 2018, la derecha ganó a costa de los partidos socialdemócratas de centro que, de una manera o de otra, venían jugando un papel clave en los gobiernos desde el final de la dictadura militar en 1985. Este cambio se consideró una especie de terremoto político. Lo destacable de las elecciones de este año es que la derecha ha profundizado aún más esa tendencia.

El hecho más llamativo este año ha sido la elección como representantes en el Congreso de algunas de las figuras más polémicas de la presidencia de Bolsonaro. Un ejemplo es el general Eduardo Pazuello, destituido de forma ignominiosa como ministro de Sanidad tras su desastrosa gestión de la pandemia de COVID-19, que ha obtenido un escaño en la cámara.

La búsqueda de equilibrios

En general, los partidos de derecha han aumentado su representación en la Cámara Baja, pasando de 240 a 249 diputados, ligeramente por debajo de la mitad de los 513 que hay en total. El PT de Lula y sus aliados solo tiene 141 diputados, por lo que el presidente electo deberá acercarse al centro si quiere gobernar con eficacia.

Esto significa que probablemente tenga que llegar a acuerdos con exactamente los mismos líderes políticos que en los últimos dos años y medio se han aliado con Bolsonaro: el llamado centrão (gran centro), el bloque de partidos conservadores con el cual los distintos gobiernos necesitan pactar para garantizar la gobernabilidad.

Esto complicará enormemente la tarea de gestionar la economía y controlar el creciente déficit fiscal (que se espera que llegue al 8% del PIB en 2023). En los últimos meses, Bolsonaro ha dado dinero a los votantes, repartiendo subsidios y prestaciones sociales desenfrenadamente. Los líderes progubernamentales del Congreso han canalizado sumas enormes hacia los proyectos favoritos de los legisladores leales.

Los equilibrios en el Congreso podrían incluso obstaculizar el avance en áreas como el medio ambiente, donde Lula podría avanzar simplemente revitalizando los organismos estatales que Bolsonaro descuidó y dejó sin financiación.

Entre 2004 y 2012, los gobiernos liderados por el PT fueron elogiados internacionalmente por el éxito obtenido en la reducción de la deforestación en la selva amazónica. Para conseguirlo, fueron fundamentales organismos como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables. Pero el presidente electo tendrá que conseguir un acuerdo del Congreso para reanudar los proyectos de estos organismos. Los dirigentes del Centrão seguro que le exigirán un alto precio por su apoyo.

Lula se va a hacer cargo de un país profundamente dividido y con problemas. Para tener éxito, va a necesitar todas sus legendarias habilidades como negociador.

Richard Lapper es autor del libro 'Beef, Bible and Bullets: Brazil in the Age of Bolsonaro' [Carne de vacuno, Biblia y Balas: Brasil en la era de Bolsonaro].

Traducción de Francisco de Zárate.

“No sé cuál es el estado psicológico del presidente, pero hay incompetencias de parte de su equipo. Creo que están un poco desesperados al percibir que tienen posibilidades de perder las elecciones”, dijo este jueves Luiz Inácio Lula da Silva, durante una de las últimas entrevistas concedidas a diarios y emisoras de radio de Brasilia antes de las elecciones del domingo. “Él encarga y estudia las encuestas y sabe que va a perder”, apuntó.

El líder del Partido de los Trabajadores, que se presenta para volver al poder, achacó el nerviosismo del presidente actual, Jair Messias Bolsonaro, al último episodio protagonizado por su cuartel general, que presentó una demanda al Tribunal Superior Electoral (TSE) por “irregularidades” en las transmisiones de radio y televisivas obligatorias y gratuitas de propaganda electoral. Para Bolsonaro, ese trato desigual podrá tener repercusiones en los votos recibidos por cada uno. Y ese hecho justificaría una suspensión temporal del escrutinio. 

La idea de suspender las elecciones marca la incertidumbre con la que se llega a la segunda vuelta por la presidencia de Brasil. Incertidumbre y ansiedad en las vísperas de unas elecciones decisivas y que marcarán el futuro del país más grande de América del Sur. 

Las encuestas dan como ganador a Lula. Pero la última, publicada por Datafolha, indica un margen más ajustado que en anteriores sondeos para un posible victoria del expresidente: un 49% de intención de voto para Lula y un 45%, para Bolsonaro.

¿Una tercera vuelta?

Más allá de los modelos económicos en pugna, de la violencia diaria, de la inflación, del desempleo, de la pobreza y del futuro de la Amazonia, lo que está en juego es la democracia. Este domingo, más de 150 millones de personas votarán entre dos opciones muy diferentes. Una es una alianza socialdemócrata que rodea a Lula da Silva con sectores políticos que incluso fueron adversarios en otros tiempos. Por otro lado, una extrema derecha encabezada por Bolsonaro con simpatías claras por los regímenes militares y que hizo de la crueldad una marca. Solo hace falta recordar cómo el actual presidente durante la pandemia se burlaba imitando en público a quienes morían asfixiados por falta de oxígeno por la COVID-19.

Por eso, hay pocas elecciones como estas en términos de lo que se juega. De ahí también la duda sobre qué hará el actual presidente ante una posible derrota. En el último tramo de campaña, Bolsonaro pidió a la justicia electoral que investigara el caso de las irregularidades en las publicidades electorales. El magistrado Alexandre de Moraes, presidente del TSE, rechazó la solicitud. Y este miércoles, todos los jueces de esa instancia respaldaron la resolución. 

Los analistas políticos sugieren que Bolsonaro trata de encontrar, estos días, un elemento que le permita revertir la ventaja de su oponente. Apostaría así a crear las condiciones de lo que la prensa ha definido aquí como “una tercera vuelta”. Sería algo parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos el 6 de enero de 2021, cuando partidarios de Trump asaltaron el Capitolio durante la certificación formal de la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020. 

El expresidente Lula da Silva ante la inestabilidad que representa su adversario, se presenta como la posibilidad de un Gobierno predecible, algo que logró en su anterior mandato. Con la educación como pilar central y la no discriminación en el acceso al sistema educativo de los más vulnerables como motor de una movilidad social que sacó a millones de la pobreza. 

“Por su cuenta y riesgo”

Ante los intentos de una tercera vuelta, son los aliados de Bolsonaro quienes aluden a la “inutilidad” de ese tipo de acciones. Señalan que el actual presidente no sólo no consiguió algo “bueno” para conquistar más espacio, sino que su campaña está manchada “con acontecimientos muy negativos”. Como, por ejemplo, lo ocurrido el pasado domingo, cuando el ex parlamentario Roberto Jefferson, un aliado íntimo, se enfrentó con ráfagas de ametralladora y granadas de mano a una patrulla de la Policía Federal que fue a detenerlo por atentar contra el orden democrático. 

Es esa percepción la que llevó a los políticos asociados a su campaña a pedirle al presidente que frene sus actitudes de cuestionamiento a la legitimidad de las elecciones. Esta nueva crisis entre el Poder Ejecutivo y los máximos niveles de la Justicia fue interpretada por la Corte como un “factor creado artificialmente” con el objetivo de favorecer la impugnación de los resultados del domingo, en caso de derrota del mandatario. El abogado de Bolsonaro, Tarcísio Vieira, indicó al diario Folha de Sao Paulo que todavía estudia “posibles nuevas medidas” al respecto, pero “desde un punto de vista estrictamente jurídico”. 

No obstante, el gobernante no cuenta con el apoyo de todos sus aliados. Muchos de ellos, como el presidente de la Cámara de Diputados Arthur Lira, le pidieron que desista de crear situaciones de ruptura: “Si Bolsonaro apuesta a pedir el atraso de la segunda vuelta, será por su cuenta y riesgo”.

En estas horas que quedan de campaña, crece la sensación de derrota inminente entre los partidarios de Bolsonaro. Lula, que presidió el país entre 2003 y 2010, obtuvo el miércoles un respaldo fuerte del también expresidente Fernando Henrique Cardoso. En un vídeo difundido a través de las redes sociales, el fundador del Partido Socialdemócrata de Brasil pidió: “Amigos y amigas, ustedes que mejoraron su vida con el Plan Real y cree en Brasil, vote en el número 13 (el de Lula)”. Estas son las circunstancias que rodean unas elecciones trascendentales para Brasil y también para América Latina.  

La escopeta de Adriano es antigua, por no decir vieja. La lleva al hombro, cartuchos rojos en la mano. No va a ir lejos de las casas, quizás camine un kilómetro o menos, y en ese trecho puede haber de todo: comida o muerte. Avanza y señala árboles, arbustos. “Este es el fruto de la bacaba”, dice. “Allá cultivamos plátanos. Esta huella de jabalí es de ayer”. Entonces guarda silencio, da media vuelta, se encoge y empieza a caminar como un mimo: ha visto un ciervo cruzarse por el camino, ir entre el verde. Carga el arma, se aleja, busca a la presa. Y la pierde.

El ciervo debe saber que Adriano no lo va a perseguir por esas huellas, porque esas huellas van a un área que ninguno de los karipuna quiere recorrer, una de las tantas invadidas por los madereros.

“Estamos cercados por los invasores en nuestro territorio. Nuestro miedo es ser asesinados en nuestra propia aldea”, dice, escopeta al hombro.

Hace mucho tiempo que el arma no solo le sirve para cazar. En la última ruta de vigilancia que hizo con su hermano André encontró un nuevo camino ilegal, a solo tres kilómetros de las casas. Eso es muy lejos de los límites de sus tierras, eso es muy cerca de una amenaza.

Los karipuna –Adriano, André, su familia, sus ancestros– viven en la selva amazónica desde antes de que Brasil fuera Brasil, cuando todo aquello era un territorio inmenso salvaje y no blanco. Brasil, casi un subcontinente por su dimensión (8,5 millones de kilómetros cuadrados en los que viven 210 millones de personas), declaró su independencia de Portugal en 1822, y todavía se debate entre preservar y explotar la Amazonia. Y ahí, en medio de todo, los habitantes de esos bosques primarios: Adriano, André, tantos otros.

La Amazonia brasileña ocupa más de cuatro millones de kilómetros cuadrados, y en esa enormidad viven unos 180 pueblos indígenas: son unas 440.000 personas que salpican el territorio espeso. La mayoría vive en alguna Tierra Indígena (TI), una de esas áreas delimitadas por ley, de propiedad de todos los brasileños y de uso de los pueblos indígenas, y, en teoría, protegidas.

Y aquí viene la clave: lo más deforestado en los últimos 20 años se concentra fuera de las tierras indígenas. Las tasas de deforestación más bajas están en las áreas demarcadas. Esto se explica porque la forma de vida de los pueblos indígenas preserva y cuida el bosque. Ni siquiera tienen la capacidad económica de deforestar. 

Una tierra indígena amazónica, cualquiera de las cientos que hay, tiene más verde, más bosque, más suelo que todo lo que la rodea. El problema es que son un imán de acaparadores de tierras. Entonces, a veces los números se invierten, y las invasiones –quema y tala mediante– llevan a las tierras indígenas a procesos de deforestación veloces y devastadores.

La verdadera disputa por la selva –y por las tierras indígenas– está impulsada por la transformación de la región en un área de economía agrícola, tal como antes había movido los hilos la economía extractivista: la búsqueda de un desarrollo más allá de cualquier impacto.

La despensa vacía

Francisco pertenece a los mura, un pueblo con pasado de guerreros feroces, que ocupan decenas de aldeas en 40 Tierras Indígenas repartidas en un área muy extensa en el complejo hídrico que forman los ríos Madeira, Amazonas y Purus. Los padres de Francisco, de hecho, llegaron hasta aquí desde otras aldeas. Les pareció bonito, vieron comida, se instalaron, como habían hecho más o menos siempre. Solo que ese lugar, a la vera del río, ahora es un lugar codiciado por otros.

Él es el tuxawa de su aldea, algo así como “cacique”. Alguna vez ese cargo fue de su padre, ahora todos lo reconocen a él como líder: su hermana, la familia ampliada de su hermana, sus hijos, hijas, sus cónyuges y su prole.

Hay un solo teléfono en la aldea, y es de Francisco. Se lo dieron los organismos de derechos humanos cuando lo evacuaron a Manaos durante seis meses, para evitar que los fazendeiros [dueños de enormes granjas de producción agrícola-ganadera] que invaden sus tierras cumplieran sus promesas de matarlo. Ahora que volvió a la aldea, le sirve para mandar mensajes por WhatsApp a algún pariente de la ciudad y para grabar vídeos. En uno, sale descalzo: camina hacia el río, una lanza de tres puntas en la mano derecha. Sigiloso, se acerca al agua, arroja la lanza, la busca. Acaba de pescar un pacú con uno de los métodos más tradicionales de la tradición amazónica. Sonríe a cámara.

“Hace 20 años, aquí había de todo: pescábamos con facilidad, había caza, había de todo. Era una despensa. Hoy la despensa está vacía”, dice. Pescar hoy, asegura Francisco, es casi un acontecimiento digno de ser grabado. La deforestación de las tierras que rodean su aldea tiene un impacto directo y mensurable en sus vidas. “Nuestra aldea se va empobreciendo, se vuelve muy difícil la subsistencia. La selva está cada vez más lejos, porque al salir de aquí, uno se encuentra con campo”, asegura.

El gran problema de este grupo de indígenas mura es que parte de sus tierras lleva décadas en un proceso de demarcación que no termina nunca. La Tierra Indígena Guapenú, en el municipio de Autazes (Amazonas), empezó con la identificación en 1985, y ahí sigue, a merced. Mientras tanto, los fazendeiros van entrando en tierra mura, en ese esquema que se repite en toda la Amazonia: derribo, quema, toma de tierras. Solo que aquí la destrucción no termina con la desaparición de los árboles: aquí están metiendo búfalos. 

Y los búfalos no son mansos. Son animales enormes, pesados, que bajan al agua, capaces de cruzar un río a nado y de romper todo lo que se les cruce. Tiran las cercas, destrozan las plantaciones de la familia de Francisco, y, sobre todo, destruyen el igapó, un bosque típico de la Amazonia que está sumergido estacionalmente y que es clave en todo el equilibrio del ecosistema de la zona. Y después está la cuestión de las heces, porque allí donde viven y pasan, los búfalos contaminan el agua. Y es el agua que beben Francisco y sus parientes: “Si se acaba esta agua, acaba con nosotros también”.

La casa de Francisco es de madera, está en una orilla alta y sobre pilotes. Tiene tres habitaciones, aunque en realidad son apenas unas tablas y cortinas que generan espacios separados. Viven ahí su esposa, todavía algunos de sus hijos, su nuera, el más pequeño de sus nietos. La hermana de Francisco, Ana, tiene una cabaña casi igual, a 100 metros. Las casas se parecen entre sí: la diferencia, en todo caso, es cuántos muebles tienen, si hay camas o hamacas para dormir, sillones o banquitos o adornos. El televisor, de tubo, está en el salón. Fuera, la antena que recibe la señal satelital.

Una isla rodeada de devastación

La Nasa, según la información recogida por sus satélites, dice que, desde la década de los 70, el derribo de árboles en la Amazonia redujo el tamaño de la selva en un 17%. Es como si le hubieran sacado un área más grande que todo Chile. Desde el cielo, la tierra karipuna –la tierra de Adriano y André, en el estado de Rondonia– parece una isla. Es una mancha verde rodeada de devastación marrón, con unas líneas que delatan los caminos que se usaron y se usan para sacar todo lo verde que había y llevarlo al mercado. Es una isla que espera ser engullida por el agronegocio y la especulación de tierras.

La aldea donde viven André y Adriano tiene un nombre que suena a los años 70: Panorama. Tiene un aire de película, con su bruma subiendo lenta desde el río, la canoa amarrada, el muelle enclenque y los perros sueltos. Ahí, en lo bucólico del paisaje primitivo, Bureté se sienta a la sombra del árbol rodeado de casitas, en medio de la comunidad. Tiene estudiado el lugar, es el único donde la señal del wifi satelital que les provee el Gobierno da para una videollamada. En la pantalla aparece su hijo, lejos, en su casa de la ciudad de Porto Velho, con paredes de ladrillos y ventanas de cristal, donde vive desde que dejó la aldea para estudiar Ingeniería. 

“Me prometió que si consigue un trabajo va a comprarme una casa en la ciudad”, dice Bureté. Explica que ella quiere mejorar la comunidad, hacer algo. Le gusta estar acá, cocinar, charlar con el papagayo multicolor, y reírse.

Cuando termina la llamada, muestra las fotos atesoradas en el teléfono. Están su hijo mayor, guapo, puro músculo, con su novia, grácil y rubia, maquillada, futura ingeniera. “Si se casan, tendría que traerla a vivir a la aldea”.

La aldea está lejos –cuatro horas de lancha o tres de moto, por caminos intransitables seis de cada 12 meses–, casas de madera, peces y víboras. Hay tres clases de mosquitos –de distintos tamaños, algunos casi invisibles– que se turnan para picar durante todo el día. Bureté sale, cuando es época, a recolectar castañas junto a su marido. Todo el año prepara harina de mandioca y la vende en la ciudad: así puede sostener las carreras universitarias de sus hijos. A su hija más joven, adolescente, le gustaría seguir a sus hermanos en Porto Velho y ser, algún día, policía militar. 

SOS Karipuna

En 2019, un operativo organizado por ocho instituciones emitió 15 órdenes de aprehensión y 34 órdenes de allanamiento, y se secuestraron bienes por más de nueve millones de euros. Encontraron delitos de todo tipo: malversación, hurto ilegal de madera, invasión de tierras, deforestación ilegal, blanqueo de capitales, delitos contra el orden fiscal y constitución y participación en organización criminal. La operación se llamó SOS Karipuna: se hizo en las tierras que normalmente defienden solos André, Adriano y Bureté, la misma que los madereros volvieron a invadir este año, y el año pasado. 

Para los karipuna, la deforestación es un paisaje habitual: están acostumbrados a encontrar maquinaria pesada dentro de su tierra, ver pasar camiones que se llevan centenas de troncos cortados ilegales. Es un negocio lucrativo, que conserva y reproduce la antigua lógica de ocupar la Amazonia, con la anuencia de los Estados.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, repite que hay mucha tierra para poco indio, que hay que acabar con lo que llama “la industria de multas ambientales”, que hay demasiadas áreas de conservación, que no se demarcará una sola Tierra Indígena mientras él sea presidente y que hace falta permitir la minería en esas áreas. Los incendios descontrolados y el aumento de la devastación en la Amazonia son las principales marcas de su Gobierno en el área medioambiental. En 2021, la deforestación fue la más alta de los últimos 10 años.

También en 2021 fueron asesinados 176 indígenas, según datos del Consejo Indigenista Misionario (CIMI). En 2020, habían sido 182. Este año, posiblemente, supere todos los récords: la posibilidad de que Luiz Inácio Lula da Silva gane las elecciones este domingo avivó la voracidad por conseguir más tierras antes de que se acaben los vientos de cola.

Un pie en la tumba

“Uno de los vaqueros del fazendeiro apuntó con un dedo a mi rostro y me dijo que yo era hombre muerto, que me iba a matar”, dice Francisco. A cada lugar que iba, todos le decían lo mismo: tuxawa, ten cuidado, estás con un pie en la tumba. Francisco supo pronto que ahí, en medio de la espesura de la selva mura, donde la mano del Estado es invisible, ya no estaba seguro. Fue a Autazes, la ciudad más cercana, habló con algunos organismos que estaban ayudándolo a presentar denuncias contra los invasores, y juntos decidieron que saliera de la aldea.

Francisco, nacido y criado en la selva, vivió entonces seis meses en unas oficinas que el Consejo Indigenista Misionario tiene en Manaos, casi todo el tiempo solo, porque los empleados del organismo pasaban los meses de aislamiento por la pandemia en sus casas. Ahí tenía su cocina, su cama, algunos libros. Se decidió que no trabajara, porque las mafias de la tierra también tienen sede en las ciudades. Salir, aunque fuera en medio del cemento, también tenía su riesgo.

“Fue muy feo, solo, sin costumbre de la ciudad, lejos de la familia, de la comunidad. Pensaba en venir y desobedecer, romper las reglas, y llegar aquí también desamparado, ¿qué iba a pasar? No fue nada fácil”, dice. Su esposa y uno de sus hijos pudieron visitarlo. Viajaron ocho horas desde la aldea, se quedaron algunos días, tuvieron miedo juntos.

Cada diez o 15 días, Francisco iba hasta el supermercado más cercano, compraba arroz, frijoles y pollo con el dinero que le daban mientras estaba acogido, y pasaba las mañanas, las tardes y las noches leyendo libros de derecho, porque no tenía ni televisión. Aquello, pensó, no era vida. “Vivía como un prisionero”, dice.

Cuando Francisco y su hermana eran jóvenes, las cosas en la aldea eran bien distintas. En la naciente del río que pasa por la puerta de su casa hubo, alguna vez, un pequeño paraíso. “Ahí había una montaña de piedra y arena, de donde descendía agua cristalina. Pero los fazendeiros invadieron y no tuvieron conciencia ni respeto. Derribaron la mata y el ganado pisoteó toda la naciente del río y la mató. La montaña de arena desapareció”.

Ahora, Francisco y sus familiares evitan acercarse al área invadida, y si lo hacen, van armados. También se ocupan de la cuestión del agua potable, tan vital. Almacenan y decantan agua del río y con eso se bañan, se lavan, lavan los platos, cocinan. Y cada vez que van a la ciudad, a Autazes, buscan agua de un grifo público. “Tengo una hora de viaje, gasto ocho litros de gasolina para ir, 50 reales (diez euros). Y no todos pueden ir a buscar, muchos están bebiendo el agua del río”.

Sin los diez euros que necesitan para el viaje, sin las garrafas, muchos en la aldea beben agua contaminada, que tratan con hipoclorito de sodio (cuando el Gobierno les provee) y que provoca vómitos y diarrea, amebas y parásitos, hepatitis.

Campo y bueyes

Brasil es el mayor exportador de carne de res del mundo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que un 80% de la pérdida de bosques en Brasil se relaciona directa o indirectamente con la ganadería. Francisco traduce estos números: “Ahí donde era mata y nosotros cazábamos, ya no hay más mata: hay campo y bueyes”.

La deforestación, que había bajado drásticamente durante los gobiernos de Lula Da Silva, ha vuelto a aumentar de forma descontrolada en la última década. La causa, como bien saben los mura, no es tanto el tráfico de madera sino la ganadería: ese es el primer uso que se da a las tierras deforestadas en Brasil porque es la forma más sencilla de conseguir ilegalmente un título de propiedad de la tierra.

Cuando los fazendeiros, los acaparadores de tierras o los madereros deforestan, la devastación es casi irreversible. En los últimos 30 años, de cada diez hectáreas de bosques primarios deforestados en la Amazonia Legal, seis se convirtieron en pastizales de baja productividad, tres fueron abandonados y solo una hectárea se convirtió en suelo agrícola productivo o infraestructura urbana. Y la devastación suele venir acompañada de pobreza y violencia.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está teniendo un verano complicado. El Tribunal Supremo de Estados Unidos tumbó el precedente del caso Roe v. Wade de 1973, poniendo fin a las protecciones nacionales para el acceso al aborto. Aunque los precios de la gasolina han empezado a bajar, siguen siendo elevados y la inflación ha registrado su mayor aumento anual en más de 40 años. El senador demócrata de Virginia Occidental, Joe Manchin, ha acabado finalmente con las esperanzas que tenía el presidente de aprobar un proyecto de ley sobre la crisis climática en el Congreso, ya que sin su voto no era posible poner en marcha el paquete económico que contemplaba fondos para luchar contra el cambio climático. Con un Senado completamente dividido, las opciones de Biden para abordar estos problemas -o para impulsar cualquier otra de sus prioridades legislativas- son poco prometedoras.

El pueblo estadounidense ha tomado nota. El índice de aprobación del presidente no ha dejado de caer desde abril, y ahora se sitúa en torno a los 30 puntos. Una encuesta reciente del Instituto de Sondeos de la Universidad de Monmouth muestra que solo el 10% de los estadounidenses cree que el país avanza en la dirección correcta.

En medio de este pesimismo, los demócratas se preparan para una posible paliza en las elecciones legislativas que se celebran en el ecuador del mandato presidencial este noviembre, ya que los republicanos parecen dispuestos a recuperar el control de la Cámara de Representantes. Ante el desalentador panorama para su partido en 2022, algunos demócratas ya piensan en las elecciones presidenciales de 2024 y se preguntan si Joe Biden es la mejor opción para liderar el Partido Demócrata y el país.

Las encuestas

Las dudas sobre si el presidente debería presentarse a la reelección en 2024 han ido en aumento en las últimas semanas. Una encuesta del New York Times y el Siena College realizada este mes muestra que el 64% de los demócratas prefieren otro candidato para 2024. Entre los demócratas menores de 30 años, esa cifra se eleva al 94%.

Ellen Sciales, portavoz de Sunrise Movement, una organización que aboga por la acción política en torno al cambio climático, dice que a los votantes de su generación les han decepcionado Biden y otros líderes del Partido Demócrata. Sciales señala que, tras acudir a votar a niveles que prácticamente batieron récords en 2020, los jóvenes votantes observan ahora con consternación cómo la crisis climática se acelera y se les ha privado de sus derechos reproductivos.

“Los demócratas deberían interpretar el hecho de que han perdido la confianza de mi generación como una amenaza a su existencia”, dice Sciales. “Hemos estado advirtiendo a los demócratas de que, a menos que aprueben inmediatamente políticas que sean significativas de verdad, como lo prometido en el marco legislativo Reconstruir Mejor de Joe Biden (Build Back Better), van a perder el apoyo de muchos votantes, lo que amenaza sus posibilidades de ganar en las legislativas de 2022, en las presidenciales de 2024 e incluso en un futuro más lejano”, apunta.

La pregunta de la edad

Al margen de su índice de aprobación, que se hunde, Biden se enfrenta a preguntas cada vez más punzantes sobre su edad. A sus 79 años, ya el presidente más mayor de la historia de Estados Unidos, y si es reelegido, tendría 86 años cuando termine su segundo mandato. El sondeo del Times ha evidenciado que la edad y el poco éxito en las iniciativas impulsadas durante su presidencia son las dos razones principales por las que los demócratas afirman que Biden no debería volver a presentarse en 2024.

La Casa Blanca ha minimizado públicamente la preocupación por la edad del presidente. “No es una pregunta que debamos hacer”, dijo el mes pasado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Pero, en privado, algunos de los asesores de Biden cuentan otra historia. Según un articulo del New York Times, el personal de la Casa Blanca ha expresado sus dudas sobre la programación de largos viajes internacionales para el presidente, por temor a que sean demasiado agotadores. También les preocupa que el andar más lento y tambaleante de Biden pueda provocarle caídas, y les inquieta su tendencia a mezclar palabras en los discursos. David Axelrod, que fue el principal estratega de la campaña de Barack Obama y su asesor en la Casa Blanca, dice que la edad del político podría ser un “problema importante” si se presenta a la reelección.

Un columnista del New York Times escribió la semana pasada un artículo titulado “Joe Biden es demasiado mayor para ser presidente de nuevo”, pero señaló que se trataba de un problema más amplio de la política estadounidense. “Hay un problema que va más allá del propio Biden. Estamos gobernados por una gerontocracia. Biden tiene 79 años. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tiene 82 años. El líder de la mayoría de la Cámara, Steny Hoyer, tiene 83 años. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, 71 años. A menudo, no está claro si comprenden hasta qué punto este país está quebrado”, dijo.

Biden insiste en que sigue pensando en presentarse de nuevo en 2024, siempre que su salud le acompañe. “Siempre he respetado el destino. A lo largo de mi vida el destino ha tenido un peso decisivo, muchas veces”, dijo en diciembre. “Si tengo la salud que tengo ahora, si tengo buena salud, entonces, me presentaré de nuevo”, apuntó.

Posibles primarias

Los comentarios de Biden no han acallado las reservas en torno a las presidenciales de 2024, incluso entre compañeros demócratas. Interrogada sobre su apoyo al presidente en 2024, la congresista progresista Alexandria Ocasio-Cortez se mostró reticente.

“Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él”, dijo Ocasio-Cortez en junio. Unos días después, la congresista esquivó las preguntas de Stephen Colbert en su programa nocturno de actualidad política y comedia sobre si consideraría lanzar su propia campaña presidencial en 2024.

Si Ocasio-Cortez u otro líder progresista decidiera desafiar a Biden en unas primarias del Partido Demócrata, sería una candidatura histórica. Ningún presidente demócrata en funciones se ha enfrentado a un desafío en las primarias desde 1980, cuando Ted Kennedy decidió presentarse contra Jimmy Carter mientras el país se enfrentaba a una inflación récord, a un aumento de los precios del petróleo y de gas, y a la escasez de su suministro. Carter pudo derrotar a Kennedy en las primarias, pero finalmente perdió las elecciones generales ante un candidato republicano que prometió “Devolver a Estados Unidos su grandeza”: Ronald Reagan.

Jon Ward, autor de Camelot's End (El fin de Camelot), que relata las primarias demócratas de 1980, señala que hay algunos paralelismos claros e importantes distinciones entre Carter y Biden. Mientras que Carter tuvo un claro oponente en Kennedy, sigue sin estar claro quién -si es que hay alguien- de las filas más altas del partido demócrata desafiaría a Biden.

Ward indica que un factor que juega a favor del presidente es el tiempo. Las elecciones presidenciales de 2024 están todavía a más de dos años de distancia, lo que da a la economía un cierto margen para volver a un lugar de mayor estabilidad.

“Hay tiempo para que la inflación disminuya y para que la economía se recupere”, dice Ward. “Sin embargo, no está claro que nos dirijamos en esa dirección, ya que hay muchos pronósticos de recesión e incluso la perspectiva de la misma 'estanflación' que paralizó a Carter”, apunta.

Foco en las legislativas

Los aliados de Biden insisten en que tiene tiempo para mejorar la economía y las perspectivas generales del país, y en general desestiman las encuestas que indican que debería dar paso a otro candidato en 2024.

“Las encuestas son una instantánea del momento”, dice Antjuan Seawright, estratega demócrata y asesor principal del Comité de Campaña Demócrata del Congreso. “A decir verdad, lo que es caliente hoy podría ser frío mañana, y lo que es frío hoy, podría ser muy caliente mañana”, indica.

Seawright minimiza los comentarios sobre la candidatura de Biden para 2024 por considerar que es “un problema que se han inventado unos pocos en nuestro partido”, sugiriendo que los que se han dedicado a especular sobre la candidatura de Biden en 2024 deberían centrar sus esfuerzos en las elecciones legislativas. 

Incluso, algunos de los progresistas que no apoyaron a Biden en las primarias presidenciales demócratas de 2020 se hacen eco de este punto. Rahna Epting, directora ejecutiva del grupo progresista MoveOn, dice que todavía no está pensando en las elecciones presidenciales de 2024 ya que está centrada en las elecciones legislativas de 2022. 

Epting destaca la importancia de las próximas elecciones legislativas, y subraya que algunas de las elecciones a gobernador, a las cámaras y otros cargos locales que se celebran este año tendrán profundas implicaciones para 2024. Varios candidatos republicanos que han apoyado a Trump cuando ha mentido y ha afirmado que las ultimas elecciones presidenciales fueron fraudulentas y que Biden no las ganó, se presentan en 2022 a puestos que podrían ayudarles a determinar las reglas electorales en 2024.

“En función de quién termine en determinados cargos en 2022 sabremos si las elecciones presidenciales de 2024 serán libres y justas”, dice Epting. “En este ciclo electoral se deciden las bases de nuestra democracia y nuestro sistema electoral”, concluye.

Traducción de Emma Reverter.