Ya hay convocatoria formal de la huelga general del próximo 11 de noviembre y también anuncio de los empresarios de que la impugnarán. El paro ha sido registrado ante las autoridades laborales por los sindicatos mayoritarios y varios minoritarios, unidos de mano del Sindicato de Inquilinas, que impulsó esta movilización. La convocatoria contempla los motivos del paro, entre los que destaca la vivienda digna y accesible, pero también varias razones exclusivamente laborales, como la insuficiencia de los salarios ante los precios disparados, la denuncia de horas extra ilegales y el acento en el contexto de márgenes empresariales en máximos, recoge el documento presentado por CCOO y UGT.

La huelga general, que alcanza a todos los trabajadores (públicos y privados), tendrá lugar durante la jornada del día 11 de noviembre de 2026, “comenzando a las 0.00 horas y terminando a las 24 horas del citado día 11”, con algunas excepciones para los trabajos a turnos, recoge el registro presentado por los sindicatos mayoritarios, al que ha accedido elDiario.es.

El paro también cuenta con el respaldo de varios sindicatos minoritarios (CGT, CNT, Intersindical, Cobas, entre otros), que han presentado sus propios registros ante las autoridades laborales, así como de sindicatos regionales con mucha implantación en sus territorios, como los vascos ELA y LAB y la gallega CIG.

Por su parte, en el plano social, el Sindicato de Inquilinas ha presentado también este lunes una página web, Huelgaporlavivienda.org, en la que recogen los motivos sociales para secundar el paro y acudir a las manifestaciones que se celebrarán el 11N. Desde el derecho a la vivienda a unos salarios y pensiones dignas, la reducción de la jornada laboral y el refuerzo de los servicios públicos.

Ante el cuestionamiento de la legalidad del paro por la patronal, que finalmente ha confirmado que lo impugnará por “electoral”, las centrales sindicales han trabajado en este documento con la previsión de que podía ser recurrido en los tribunales. Los sindicatos insisten en su seguridad y tranquilidad por la legalidad de la huelga, con motivos socioeconómicos, políticos y laborales, como muchos otros precedentes de paros respaldados por los tribunales.

A continuación, se resumen los principales motivos recogidos en la convocatoria formal de la huelga de los sindicatos mayoritarios. El documento recoge los “objetivos de la huelga general” en cinco hojas, en las que argumentan las razones que habilitan a las organizaciones de trabajadores a convocar este paro de 24 horas.

La vivienda, el objeto central para “parar el país”

Los sindicatos han comparecido este lunes ante el Ministerio de Trabajo de la mano del Sindicato de Inquilinas, que ha impulsado esta gran huelga general, con el objetivo central de “parar el país” por la crisis de vivienda que atraviesa España y que estalló socialmente en las calles con el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años y fallecida en el hospital tras la expulsión de su hogar.

Así, la vivienda ocupa el primer punto y papel central de las razones del paro registrado ante el Ministerio de Trabajo. “Hacer efectivo el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada establecido en el artículo 47 de la CE” (Constitución Española), recoge el documento, así como “exigir que los poderes públicos, cada uno en el ámbito de sus competencias, cumplan con el mandato constitucional”.

Los sindicatos señalan que este derecho no es efectivo para amplios sectores de la población “debido a que las políticas desarrolladas durante las últimas décadas han sido muy débiles y regresivamente orientadas como para hacer efectivo este derecho”.

La convocatoria destaca que esta crisis de la vivienda, con precios disparados en compra y alquiler, “impacta de diferentes formas a las personas trabajadoras”, sobre todo a colectivos más vulnerables y jóvenes, con unos salarios insuficientes para poder pagarla. “La vivienda se ha convertido en el principal factor de desigualdad de la sociedad española”, con una “transferencia de rentas del trabajo al capital inmobiliario” que anula buena parte de las mejoras salariales pactadas y agrava una desigualdad que los poderes públicos deben combatir.

El documento registrado menciona la mayor vulnerabilidad de las mujeres ante los desahucios y, con un gesto a la mujer que desencadenó esta movilización, añade que “tampoco hay que olvidar que un colectivo muy precarizado en términos de vivienda son las mujeres mayores que viven solas”.

Subir los salarios

La siguiente premisa central de la huelga general es reclamar a los empresarios una subida salarial digna en España, que permita recuperar poder adquisitivo a los trabajadores, perdido en los últimos años de elevada inflación.

“Los salarios en España están aumentando en términos nominales en estos últimos años, pero esa subida no está siendo suficiente para superar el aumento del coste de la vida y por tanto permitir que los hogares que dependen del salario como fuente principal de ingresos dispongan de una mejor situación económica”, recoge el documento.

La huelga persigue, por ello, la renovación del AENC —el gran pacto estatal de negociación colectiva entre empresarios y sindicatos—, caducado en 2025 y aún por negociar con la patronal, a la que las organizaciones de trabajadores exigen incrementos que garanticen el poder adquisitivo.

La propuesta sindical de CCOO y UGT plantea un mínimo del 4% anual en 2026-2028 y hasta el 7% en los sectores de salarios inferiores a la media, con además una cláusula de revisión según la inflación. Además, se reclama la incorporación a los convenios de “medidas de acceso a la vivienda en los territorios y sectores más afectados”.

Horas extras ilegales: “Trabajadas y no pagadas”

Las organizaciones de trabajadores incluyen en los motivos del paro del 11N las “horas extras trabajadas, pero no pagadas por los empleadores, siguen siendo un abuso habitual que afecta a cientos de miles de trabajadores”.

“Es una forma de explotación laboral que lleva presente décadas y que, si bien se ha reducido en los últimos años, no se ha eliminado, a pesar de la aprobación de normativa específica como el registro obligatorio de la jornada de trabajo”. Los líderes de CCOO y UGT reclamaron hace unos días al Gobierno que apruebe el refuerzo de este control horario, pactado con sus organizaciones y aún pendiente.

A día de hoy, recuerdan que más de 400.000 personas trabajan semanalmente horas extras no pagadas, situadas en los 2,54 millones según datos de la EPA (INE).

“Las horas extra no pagadas equivalen a 68.000 empleos a jornada completa, y suponen un coste laboral de 3.378 millones de euros al año no pagado en términos de salario bruto y cotizaciones sociales. A nivel individual, cada persona explotada con horas extras no pagadas realiza 5,8 horas no pagadas a la semana de media, con un coste laboral no pagado de 148 euros a la semana de media y 7.696 euros al año”, recoge el documento.

Márgenes empresariales en récords

En este contexto de pérdida de poder adquisitivo e insuficiencia de muchos salarios, los sindicatos señalan la otra cara de la moneda: la buena marcha de los beneficios empresariales en los últimos años. “Los márgenes empresariales se sitúan en niveles históricamente altos y han consolidado el salto de rentabilidad registrado tras la crisis inflacionaria de 2022, según datos del Observatorio de Márgenes Empresariales”, destacan.

“El fuerte aumento de la rentabilidad empresarial se hace a costa de una menor participación de los salarios en el valor añadido generado. Con la crisis de inflación en 2021 y 2022 y su desigual impacto y reparto de esfuerzos, los salarios perdieron participación en el valor añadido bruto generado en las empresas a favor de las rentas del capital (resultado bruto de explotación)”, critica la parte trabajadora, que exige a la parte empresarial que se siente a negociar subidas salariales para impedir que este nuevo pico de inflación de 2026 se cebe con el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras.

Cada día de huelga le cuesta a un docente unos cien euros, arriba o abajo según la etapa en la que trabaje, su experiencia y otras circunstancias personales. Con ese punto de partida, un paro indefinido como el que se desarrolla en la Comunidad de Madrid estos días es todo un reto para quienes lo quieren seguir de manera intensa. Y, quizá no todavía, pero el desgaste irá haciendo mella, son conscientes los convocantes. “Estos días estamos notando muchísimo seguimiento”, explican desde el colectivo de docentes Menos Lectivas, “y aunque sabemos que irá bajando, obviamente, necesitamos que se mantenga la presión y se note la ausencia de profesorado en los centros”, reflexionan.

La experiencia de las compañeras de Educación Infantil, en huelga indefinida desde el pasado mes de abril alrededor de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), está siendo de mucha utilidad, explican estas docentes. El apoyo familiar, los mercadillos solidarios, la venta de merchandising de todo tipo, las cajas de resistencia y los turnos para faltar en el centro (en algunos casos) son los principales elementos que ayudan a sobrellevar el varapalo económico que supone exigir mejoras por la vía de la huelga.

La organización varía según el centro. En algunos institutos, los docentes han recurrido a un sistema de turnos para distribuir los días de huelga, de manera que nadie tenga que faltar todos los días y asumir todo el gasto y a la vez se pueda garantizar que se mantiene un porcentaje de participación similar durante las distintas jornadas. “Hemos hecho un cuadrante donde se ha repartido la gente según la huelga para que todos los días haya el mismo porcentaje de gente haciendo huelga”, explica una docente en una de las concentraciones que ha tenido lugar frente a la Consejería de Educación esta semana. Esta planificación, añade, “permite distribuir el esfuerzo entre el profesorado y garantizar unos servicios mínimos”.

"Si [en las próximas semanas] mantienen un 20% de seguimiento será un éxito", asegura una directora veterana. "Eso en mi centro, línea cinco, significa que tengo cuatro o cinco clases simultáneamente sin profesor durante todo el día", ilustra, lo que le supone un problema organizativo grave

Como explican desde Menos Lectivas, el objetivo del paro es que tenga impacto en los centros todos los días, para lo que es necesario que falte un mínimo del claustro docente. Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama y presidenta de Adimad, la asociación de directivos de centros públicos de Secundaria de Madrid, cuenta que en su centro, con un seguimiento que ronda el 20% —de los más bajos, según los datos que maneja la media en los institutos fue del 40% los primeros días—, ya sufren las ausencias.

“Si [en las próximas semanas] mantienen un 20% de seguimiento será un éxito”, sostiene. “Eso significa [en su centro, con cinco grupos por curso] que tengo cuatro o cinco clases simultáneamente sin profesor durante todo el día”, ilustra. Un problema que debe resolver ella, que como directora forma parte de los servicios mínimos obligatorios impuestos por la Comunidad de Madrid, junto al jefe de Estudios y un docente por cada 90 estudiantes en el caso de la ESO. Una profesora de un centro con 104 docentes explica que han calculado que con que falten 17 de ellos ya se genera un problema organizativo.

Otro elemento a tener en cuenta es que la huelga se sufre en los centros, pero se pelea en la calle. “Vamos a ir viendo cada semana cuáles son los días que consideramos estratégicos, sobre todo aquellos en los que se hacen acciones por la mañana, que es cuando queremos que haya más gente”, ilustran desde Menos Lectivas.

También hay centros, como el de Valentín Rafael, en los que no hay pacto alguno: huelga todos los días todo el que quiera. De momento va bien, explica. “Quedó claro desde el principio que la huelga era indefinida, así que tiramos para delante. Sabemos que hay gente que se sumará algún día y otros no, pero como norma nosotros seguimos diciendo que es indefinida. Si las maestras de infantil que cobran mil euros lo pueden hacer, nosotros también”.

Las cajas de resistencia

Para afrontar las dificultades económicas que genera secundar una huelga se trabaja en varias direcciones. La más clásica, que se está instaurando en algunos centros, es crear una caja de resistencia que permita hacer frente a las pérdidas salariales de los trabajadores.

CGT, una organización con dilatada experiencia en huelgas y la ventaja que da el tamaño, alimenta la suya con las aportaciones individuales de las personas, pero también con ayuda de otros sindicatos presentes en la confederación, explica Valentín, “igual que nosotros aportamos para los compañeros de Tubacex” (en huelga indefinida también desde el 9 de septiembre). En su caso, se utiliza para aliviar económicamente a los afiliados con un criterio de precariedad. “Tienen preferencia los compañeros precarios, los interinos, la gente que hace medias jornadas o personas con situaciones concretas que se puedan detectar”, ilustra el profesor.

Con menos brega a sus espaldas, Menos Lectivas también ha montado su propia caja, diferente de la CGT. “Es complicadísimo”, explican. “Nosotras tenemos una, en principio para poder sostener las protestas, comprar el material que requiere la huelga, pagar cosas que hacen falta para las acciones... Otra cuestión muy importante es la parte antirrepresiva. Si hay detenciones, multas en las acciones, las tenemos que poder pagar. En nuestro caso hemos establecido que si no se llega a un mínimo de dinero en la caja no se podrá empezar a pagar sueldos de gente”, cuentan desde el colectivo.

Para esta asamblea resulta más práctico que cada centro haga su propia caja. En algunos institutos y colegios, explican algunas profesoras desde la concentración frente a la Consejería, además de las aportaciones voluntarias también se recurre al merchandising. “Estamos vendiendo un montón de cosas, yendo a mercadillos del municipio todos los fines de semana, hemos hecho rifas”, señala otra profesora, que indica que también se ha abierto la posibilidad de que los docentes donen “una parte pequeña de su nómina” para apoyar a la gente que sí secunde el paro. “Nos planteamos incluso hacer nuestra propia caja vendiendo algunas cosas o lo que sea para poder sostenerla”, sostiene.

Sin embargo, esta posibilidad no está al alcance de todos los equipos. Marta, profesora de servicios a la comunidad, explica que no cuentan con ninguna caja de resistencia y que la sobrecarga laboral les deja sin tiempo para poner en marcha iniciativas de este tipo. “Estamos superdesamparadas”, asegura. “En mi caso, en el equipo de Orientación, no hay ninguna caja de resistencia y la mayoría de las compañeras se plantean la huelga como unos días puntuales y ya está, porque no pueden sostener más. En mi caso, que sí que voy a apostar por la huelga en principio todo octubre y a ver qué es posible, porque sí tengo la preocupación de no tener ninguna caja de resistencia y es bastante complejo el asunto”.

Hay que resistir, cree Valentín, nadie dijo que fuera a ser fácil. “Una huelga es sufrimiento. No es bonito y no es divertido”, cierra.

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha recibido este viernes el IV Premio 'Por un Poder Andaluz', concedido por la Fundación Alejandro Rojas-Marcos en reconocimiento a su trayectoria sindical, su compromiso con los derechos de las personas trabajadoras y su contribución al diálogo y la concertación social en Andalucía.

Durante el acto, celebrado en la sede regional del sindicato en Sevilla, Martín ha pronunciado una intervención marcada por la emoción, el agradecimiento y una firme reivindicación del papel de la clase trabajadora en la construcción del presente y el futuro de Andalucía.

“El verdadero poder andaluz está en la clase trabajadora”, ha afirmado el dirigente sindical, defendiendo que la fortaleza de Andalucía no depende únicamente de sus instituciones, sino de la capacidad de su sociedad para organizarse, participar, alcanzar acuerdos y avanzar hacia un proyecto colectivo de prosperidad compartida.

En este sentido, ha subrayado que el reconocimiento recibido trasciende su trayectoria personal y pertenece también a los miles de hombres y mujeres que, desde el movimiento sindical, trabajan diariamente por mejorar las condiciones laborales y sociales de la ciudadanía.

El poder andaluz como instrumento de justicia social

Martín ha reivindicado la capacidad de Andalucía para decidir sobre las cuestiones que afectan directamente a su ciudadanía, desde la sanidad y la educación hasta los servicios públicos, el desarrollo económico y las oportunidades laborales.

Para ello, ha recuperado el legado de Blas Infante y de las movilizaciones históricas del 4 de diciembre de 1977 y del 28 de febrero de 1980, que permitieron a Andalucía conquistar su autonomía y contribuir a la construcción de un modelo territorial basado en la igualdad. “Hoy, los andaluces y andaluzas, tenemos que volver a ser lo que fuimos”, ha señalado, recordando que aquellas conquistas no fueron únicamente fruto de decisiones políticas, sino de la movilización de una sociedad que se negó a aceptar una autonomía de segunda.

El dirigente sindical ha destacado especialmente la participación del movimiento obrero, las organizaciones vecinales y el mundo de la cultura en aquel proceso, defendiendo la necesidad de mantener vivo ese espíritu reivindicativo para afrontar los desafíos actuales.

“Andalucía no puede crecer sobre la precariedad laboral”

Durante su intervención, Oskar Martín también ha realizado un análisis de los principales retos económicos y sociales que afronta Andalucía, entre ellos el desempleo, la marcha de jóvenes en busca de oportunidades, las desigualdades territoriales y laborales y la necesidad de transformar el modelo productivo.

El secretario general de UGT Andalucía ha defendido que la comunidad dispone de fortalezas suficientes para convertirse en un territorio más competitivo, innovador y sostenible, gracias a sus universidades, empresas, sectores estratégicos, recursos naturales y, fundamentalmente, al talento de su ciudadanía.

Sin embargo, ha advertido de que ese potencial debe ir acompañado de una mejora efectiva de las condiciones de vida de las personas trabajadoras. En este sentido, ha insistido en que “Andalucía no podrá avanzar en competitividad si su crecimiento económico continúa apoyándose en la precariedad laboral”, y ha reivindicado salarios suficientes, empleo estable y de calidad, igualdad entre mujeres y hombres y una prevención de riesgos laborales que sitúe la vida y la salud de las personas en el centro.

Martín ha defendido igualmente el papel de la negociación colectiva como instrumento fundamental para redistribuir la riqueza y garantizar que los beneficios del crecimiento económico lleguen al conjunto de la sociedad. Para el líder andaluz de UGT, el desarrollo económico solo puede considerarse un verdadero progreso cuando se traduce en bienestar, derechos y oportunidades para la mayoría social.

Diálogo social frente a la confrontación

Otro de los mensajes centrales del discurso ha sido la defensa del diálogo social y de la concertación como herramientas fundamentales para el progreso económico y social de Andalucía. Martín ha destacado que el verdadero poder de una comunidad se fortalece “cuando sus universidades investigan, sus empresas innovan, las administraciones cooperan y las organizaciones sociales participan activamente en las decisiones que afectan al conjunto de la ciudadanía”.

Asimismo, ha reivindicado la capacidad de sindicatos y empresarios para alcanzar acuerdos desde posiciones diferentes, siempre que prevalezca el interés general. En este contexto, ha puesto en valor la importancia de mantener espacios de entendimiento entre instituciones, organizaciones sindicales y empresariales, especialmente en un momento en el que, según ha señalado, la confrontación política y el ruido amenazan con desplazar el debate sobre los verdaderos problemas de la ciudadanía.

El secretario general de UGT Andalucía ha defendido que el diálogo no debe confundirse con la renuncia a las propias convicciones, y ha reiterado su compromiso de continuar trabajando desde la independencia sindical, el criterio propio y la firmeza cuando resulte necesaria.

Una Andalucía de la que nadie tenga que marcharse

A lo largo de su discurso, Martín ha destacado la necesidad de invertir en talento, proteger los servicios públicos, impulsar el diálogo social y construir una comunidad capaz de ofrecer oportunidades laborales y proyectos de vida dignos a sus ciudadanos.

Ha reivindicado una Andalucía en la que “nadie tenga que abandonar su tierra por falta de oportunidades, donde ninguna persona quede excluida y en la que el crecimiento económico avance siempre acompañado de justicia social”.

En su mensaje final, ha insistido en que el futuro de Andalucía depende de la capacidad colectiva para trabajar desde la unidad, el respeto y el compromiso con el bienestar del conjunto de la sociedad.

El dirigente sindical ha concluido su intervención reivindicando la fortaleza del movimiento obrero y el papel de la ciudadanía en la construcción de una Andalucía más justa, con un llamamiento a seguir avanzando desde el diálogo, la participación y la defensa de los derechos sociales.

El andalucismo en la defensa de los derechos 

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha agradecido a la Fundación Alejandro Rojas-Marcos el reconocimiento concedido a Oskar Martín y ha reivindicado el papel histórico del sindicalismo en el desarrollo económico, social y autonómico de Andalucía. En este sentido, ha destacado que el andalucismo de los siglos XX y XXI tiene una de sus principales raíces en la defensa de los derechos de los andaluces y andaluzas, recordando cómo el Estatuto de Autonomía contribuyó al progreso de la comunidad, a la reducción de la emigración y a la recuperación del orgullo por una tierra, una cultura y una forma de hablar que durante mucho tiempo fueron menospreciadas.

Álvarez ha subrayado que el avance de Andalucía no puede entenderse sin la contribución de las organizaciones sindicales y, especialmente, de UGT, cuyo compromiso con los derechos laborales y sociales ha acompañado el proceso de transformación de la comunidad autónoma. Asimismo, ha recordado su participación en el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía andaluz, destacando la colaboración mantenida entonces entre UGT Andalucía y UGT Cataluña.

Por último, el secretario general de UGT ha defendido la necesidad de reivindicar hoy un andalucismo vinculado a los derechos sociales y al fortalecimiento de los servicios públicos. En concreto, ha señalado la importancia de garantizar una financiación adecuada de las universidades públicas, el acceso a una vivienda digna, una sanidad pública de calidad y una atención adecuada a las personas mayores y dependientes, acompañada de unas condiciones laborales dignas para quienes trabajan en el sector de los cuidados.

Luis Castro, el único liberado en la comarca de As Pontes (A Coruña) por la central nacionalista CIG –el principal sindicato de Galicia– fue agredido en la mañana de este martes mientras colocaba una pancarta frente a un supermercado de la localidad en el arranque de la jornada de huelga en el sector de la alimentación en la provincia. Según denunció ante la Guardia Civil, se le acercó un hombre reivindicándose como ultraderechista y, al grito de “rojo de mierda” y “nacionalista de mierda”, lo amenazó diciéndole que iba a “acabar con vosotros” antes de asestarle varios puñetazos. Castro sufrió la rotura de un diente y contusiones en la mandíbula y la zona lumbar por lo que tuvo que acudir al centro de salud, donde lo derivaron al hospital de Ferrol.

“Estoy bien, estoy bien”, relata Castro por teléfono a elDiario.es tres días después de lo sucedido y después de que la CIG hiciese pública la agresión y mostrase su “total condena y repulsa” al ataque sufrido por su compañero. El sindicato “alerta” del incremento de este tipo de agresiones, que no duda en calificar como “fascistas”, y que se han repetido en los últimos tiempos en la comarca de Ferrolterra. Señalan, entre otros, las pintadas xenófobas en las instalaciones de Cruz Roja o las sufridas en su propio domicilio por un “conocido activista”. En agosto, también fue vandalizada la sede del PSOE en la ciudad departamental.

En As Pontes, una localidad con larga tradición industrial y obrera, “no se veían actitudes así desde hace mucho tiempo”, cuenta Castro, que sí nota últimamente un “caldo de cultivo extraño”. “Nunca nadie me había dicho nada antes por mi trabajo sindical, pero ahora se detectan unas actitudes envalentonadas. No digo que antes no hubiese gente que pensase estas mismas cosas, pero no se atrevían a decirlas y, mucho menos, llegar a la violencia física”.

El martes, a las 8:30 de la mañana, Castro estaba colocando la pancarta ante uno de los supermercados de As Pontes mientras esperaba la llegada de los piquetes. Fue entonces cuando se le acercó su agresor, un individuo “de aspecto pintoresco” al que conocía “de vista” aunque nunca habían hablado. “Esto es As Pontes [un municipio que no llega a los 10.000 habitantes] y él no pasa desapercibido”.

El hombre llegó insultando –“rojo de mierda, nacionalista de mierda”–, reivindicándose como ultraderechista y añadiendo: “Voy a acabar con vosotros”. El sindicalista le contestó que se fuese, que allí “no pintaba nada” y fue entonces cuando el otro lo golpeó, en la cara y la espalda, antes de irse. Mientras se marchaba, Castro, dolorido, le llamó “facha”. El agresor volvió sobre sus pasos, se quitó la camiseta “en plan Rambo” y le dio otros dos puñetazos antes de meterse en un portal a escasos metros de allí.

Para la CIG, se trata de “un ejemplo más” del “incremento de la violencia física y verbal contra la izquierda y, en concreto contra el sindicalismo nacionalista por todo lo que representa de resistencia y lucha frente a la derecha más españolista y reaccionaria”. La central acusa a PP y Vox de “fomentar los discursos de odio y los mensajes racistas, machistas y antinacionalistas mientras promueven una exaltación aberta del franquismo y la represión”.

La huelga general del 11 de noviembre está centralizada por la crisis de la vivienda, por el estallido social tras el desahucio de Maricarmen, pero incluye también otras reivindicaciones laborales. La denuncia de los bajos salarios es la principal que habían adelantado ya los sindicatos, pero además prevén incorporar la defensa del sistema público de pensiones y de la protección social de las bajas laborales ante los recientes discursos de PP y de Vox, que han hecho sonar las alarmas de posibles recortes si llegan a La Moncloa.

Así lo explicaron este martes en rueda de prensa los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), que advirtieron de que ambas formaciones de la derecha están difundiendo una serie de mensajes que cuestionan ambos pilares de protección social.

Por un lado, el sistema público de pensiones —dado por muerto directamente por Vox, que aboga por ir a un sistema privatizado con pensiones de capitalización individual—, y por otro sobre la subida anual de las pensiones según la inflación media, sobre la que el PP no es claro cuando le preguntan al respecto.

“¿A qué se refiere Feijóo cuando dice que va a ser un Gobierno que pida sacrificios?”, ha sostenido Unai Sordo, que junto a Pepe Álvarez ha pedido “claridad” a las formaciones políticas sobre sus programas y propuestas en pensiones y otras materias laborales de cara a las elecciones anticipadas de 29N.

Por otro lado, los ataques continuos del líder del PP al “absentismo” y al supuesto “fraude” masivo por el aumento de las bajas laborales ya se han concretado en varios anuncios que supondrían recortes en la prestación o salario cuando los trabajadores están enfermos, y una importante reforma del actual sistema público en favor de las mutuas (que son organizaciones empresariales).

Feijóo ha anunciado que permitirá a las mutuas dar altas en bajas médicas de “determinadas patologías”, que ahora solo pueden autorizar los médicos del sistema público de salud.

“Nunca pondría a la zorra a cuidar a las gallinas”, ha respondido Pepe Álvarez sobre la iniciativa, con el recordatorio de que las mutuas son gestionadas por empresarios, como por ejemplo el líder de la patronal de Castilla-La Mancha que llamó “memos” a los jóvenes de baja por salud mental, y que es gerente de la mutua Solimat.

El registro del paro en marcha, con dudas sobre si lo denunciarán

Los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios han explicado que ambas organizaciones están inmersas en la redacción de la convocatoria formal del paro de 24 horas del próximo 11N, que registrarán CCOO y UGT en la Dirección General del Trabajo en los próximos días. El paro impulsado por el Sindicato de Inquilinas cuenta con el apoyo de más sindicatos: desde minoritarios como CGT, Cobas y Solidaridad Obrera, a regionales muy potentes en sus territorios como la CIG gallega y ELA y LAB en Euskadi.

Aunque los líderes de CCOO y UGT afirmaron que los dos sindicatos registrarían su convocatoria propia para dar cobertura a los trabajadores en todo el territorio estatal –al ser las organizaciones con más representatividad y más delegados sindicales (alrededor de 230.000, según sus cifras)–, finalmente se ha optado por presentar una convocatoria común con todos los sindicatos que se adhieran a la huelga. Este registro se presentará el próximo lunes, 19 de octubre, explican en CGT.

Aunque aún no se ha anunciado formalmente ninguna denuncia a la huelga del 11N, la patronal CEOE situó en el discurso público su posible ilegalidad y en los sindicatos no descartan que pueda haber algún recurso judicial a la convocatoria. No obstante, en las organizaciones de trabajadores están tranquilos sobre la legalidad del paro, dada su vinculación sociolaboral y los precedentes de paros “mixtos” en España, con reivindicaciones políticas.

Así, el registro formal de la huelga incluirá en primer plano la crisis de la vivienda, pero también la subida de salarios y la necesidad de negociar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) con los empresarios, así como estas otras cuestiones laborales de las pensiones públicas y las bajas laborales entre sus reivindicaciones.

Una huelga “heterodoxa” que señala a muchos actores

El secretario general de CCOO ha reconocido que la huelga del 11N es “heterodoxa”, al partir de una reclamación del movimiento social en defensa de la vivienda y celebrarse en un contexto preelectoral. En este punto, y ante las críticas de una “huelga política” contra la oposición, los sindicalistas han subrayado que son los propios partidos de la derecha quienes están dibujando en sus discursos una hoja de ruta de recortes, ante los que las organizaciones de trabajadores reaccionan en defensa de los derechos actuales.

También es “heterodoxa” por no ser una huelga “defensiva” ante el “ataque” del gobierno de turno —como una reforma laboral o un recorte de derechos—, ha explicado Sordo, sino que se trata de un paro en el que la ciudadanía pone sobre la mesa sus reivindicaciones de manera proactiva para que sean escuchados por múltiples actores implicados. “Desde las Comunidades Autónomas”, los empresarios, los ayuntamientos y el Estado, ha afirmado Pepe Álvarez, que ha recordado que los gobiernos autonómicos tienen muchas competencias en el ámbito de vivienda.

De cara al próximo Gobierno que salga de las urnas del 29N y a los representantes públicos que ocupen sus escaños en el futuro Parlamento, los sindicatos mayoritarios reclaman varias reformas, entre las que pedirán que se legisle para impedir el actual boicot de varias Comunidades del PP a la Ley de Vivienda para limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas, ha sostenido Sordo. También, reclamarán la construcción de un parque público de vivienda estable, un fondo para construir “100.000 viviendas al año asequibles” y la limitación del precio de los alquileres, ha sostenido Álvarez.

“Pedimos a los trabajadores y trabajadoras participar activamente en esta jornada de lucha”, ha animado el líder de UGT. “No solo para que sea un éxito de paro de 24 horas, sino también para que sea un lugar para debatir de los problemas que preocupan a los trabajadores y trabajadoras”.

“Gaur eszenatokiak hutsik. Bilboko Konpartsak teknikariekin bat” (“Hoy los escenarios vacíos. Bilboko Konpartsak con los técnicos”) es el cartel que se encontraba en las diferentes txosnas de Aste Nagusia ubicadas en el Arenal este miércoles 26 de agosto durante la cuarta jornada de huelga de los técnicos de espectáculos y eventos de Euskadi que llevan desde el pasado 15 de mayo con paros y movilizaciones ante el “bloqueo” por parte de la patronal a la hora de negociar un nuevo convenio que mejore sus condiciones laborales. La de este miércoles ha sido una huelga que ha vaciado los principales escenarios de Bilbao, con cerca de 50 espectáculos cancelados y un mayor seguimiento que las jornadas de paros anteriores, el 5 de agosto en Vitoria, el 14 de agosto en Donostia y el 15 de mayo en todo el territorio convocadas por Teknikariok, ESK, LAB, UGT, ELA, CCOO y CNT.

El espectáculo más esperado anunciado para el miércoles era el del grupo alavés En Tol Sarmiento (ETS) que “por el respeto y solidaridad con los trabajadores” optó por adelantar un día su concierto. Algo que despertó las críticas de los trabajadores en huelga. “Desconocemos quién ha decidido adelantarlo ni las cláusulas del contrato que tiene el grupo, pero este cambio demuestra justo lo que estamos reivindicando. Nos avisan cinco días antes de que tenemos que trabajar el martes y no el miércoles. Independientemente de la huelga es algo que ocurre de forma habitual. Muchas veces no sabemos nuestros horarios hasta última hora y tenemos que tener disponibilidad absoluta”, aseguraron los trabajadores a este periódico.

El cambio de fecha ha hecho que este miércoles por la noche no haya ningún concierto en el Parque Europa. Tampoco ha actuado ningún artista de la programación de las txosnas, organizada por Bilboko Konpartsak, ni tampoco han tenido lugar los pases de las 20.00 horas y de las 23.00 horas de la verbena Laprast Erromeria que se iban a celebrar en la Plaza Circular. Por su parte, la sesión de bertsolaris de la Plaza Santiago a las 13.00 horas se ha llevado a cabo sin técnicos de sonido, con el objetivo de que se vea el trabajo que realizan y lo que supone para el propio espectáculo. En cuanto al Teatro Arriaga, no ha ofrecido su función de 'La Cubana: la cuisine de ma cuisine', una obra de teatro disponible hasta el 13 de septiembre que el próximo miércoles queda cancelada por la huelga. En total, han sido más de 47 los eventos cancelados.

En cuanto a los espectáculos que sí que han tenido lugar, los trabajadores han llevado piquetes a la Pérgola por la mañana, donde se han celebrado las Bilbainadas y se han vivido momentos de tensión entre los huelguistas y los técnicos que se encontraban trabajando en el evento. “Hoy, durante la jornada de huelga, los piquetes informativos se han desplazado a la Pérgola, donde se han vivido algunos momentos de tensión por parte del personal técnico. Queremos dejar claro que nuestra lucha no es contra el público ni contra los artistas. Nuestras reivindicaciones buscan mejorar las condiciones laborales de todo el personal del sector del espectáculo. Nuestra lucha es por el gremio y por unas condiciones laborales dignas”, han argumentado los trabajadores en huelga tras el suceso.

Por la tarde ha tenido lugar una concentración en el Arriaga, en la que un grupo de representantes de los trabajadores ha explicado que con estos paros se ha “cubierto una etapa” y, que a partir de ahora, estudiarán si el siguiente paso es interponer denuncias para “sacar a flote las irregularidades en las empresas que les contratan, que se llevan repitiendo durante décadas”. Como ejemplo, han citado que empresas grandes en Euskadi “no tengan empleados o tengan muy pocos para el volumen de trabajo que manejan, y que ganan licitaciones públicas”.

Tras la concentración los trabajadores se han trasladado al Palacio Euskalduna donde han realizado piquetes informativos a los eventos 'Operación maletero: Kastañuela Western', 'Menú Cerrado', 'Z.U.K.U.A.', 'El amor no se reproduce en cautividad', y 'Cabaret el musical en KitKat Club'. Mientras que, por la noche han irrumpido en la 'Noche de boleros: Pan con chile' de la Pérgola, en el Parque de Doña Casilda, en Abandoibarra durante el concierto de Urtz con la Bilboko Orkestra Sinfonikoa (BOS) y en el Muelle Evaristo Churruca, durante el concierto de Karmento.

En el caso del concierto de Urtz con la BOS, los trabajadores irrumpieron en el inicio de la actuación al grito de 'Borroka da bide bakarra' y pitidos y un cartel en el que se leía 'Teknikariok borrokan'. A los pocos minutos, los músicos de la BOS abandonaron el escenario. Finalmente, una hora después, los músicos regresaron tras la marcha de los piquetes y el evento se produjo.

Los trabajadores han asegurado que confían en que la patronal se “dé cuenta de la fuerza que pueden tener los trabajadores y trabajadoras cuando están unidos”, y que pueden parar el evento “más grande que había en Aste Nagusia”. “No entendemos la huelga como un fin, sino como una herramienta para llegar a acuerdos entre la patronal y la parte social”, han concluido.

A pesar de que la jornada de huelga en Bilbao ha tenido una mayor repercusión en cuanto a cancelaciones de eventos, en las fiestas de La Blanca de Vitoria, el día 5 de agosto se anularon los conciertos que estaban previstos en las txosnas de Chocolate Remix, Arranbe y Maruxak, además de las sesiones de DJ Izenordainak, DJ Radio Patio y DJ 3katu, y los espectáculos de cada agrupación, en solidaridad con los huelguistas. Además, La Txama canceló su concierto en la plaza del Machete, y la actuación de Mariachi Imperial Guanajuato, en la plaza de la Provincia, y se suspendió la función de teatro 'La pasión infinita', con Pepón Nieto, en apoyo a la huelga.

Mientras que en Aste Nagusia de Donostia, durante la jornada del 14 de agosto se suspendieron todos los conciertos que estaban programados por el colectivo Donostiako Piratak lo que dejó fuera de la programación la actuación en La Flamenka del grupo de ska y reggae Skabidean, así como al programa de actividades de la Plaza de la Trinidad. Además, se canceló por la huelga el espectáculo de danza ‘PICASSa’, que iba a representarse en dos sesiones dentro del ciclo Tabakalera Dantzan de la Quincena Musical.

Como la gota que colma un vaso o el aleteo de una mariposa que desata un huracán. El conflicto laboral en Airbus España iniciado este verano ha sorprendido y superado todas las expectativas. No solo de la dirección de la multinacional, sino también de los sindicatos, que han visto cómo la “chispa” del recorte del teletrabajo reveló una ola de indignación mucho más profunda por los salarios y otras condiciones laborales. Este próximo lunes se aborda una cita clave, con varias asambleas de trabajadores que debatirán si iniciar una nueva huelga, en este caso indefinida, desde este martes 25.

En la última semana, Airbus ha lanzado varias propuestas a los sindicatos convocantes de estos nuevos paros —UGT, CGT y Útil—, que tras varios plantones a la parte empresarial se sentaron a negociar durante toda la jornada del viernes en el organismo de mediación SIMA.

La multinacional se ha abierto a considerar varias de las peticiones de la plantilla, como garantizar el IPC en las subidas salariales y acelerar la recuperación del poder adquisitivo perdido, indican fuentes de CGT y UGT.

Otras reclamaciones quedan abiertas a una futura negociación, a partir del día 25, para la que los mediadores han propuesto la suspensión de la huelga para facilitar un contexto “más propicio” de diálogo, explican desde UGT. En Airbus insisten en negociar en “un clima de calma y paz social”. Todas estas cuestiones se llevarán a las asambleas de trabajadores del próximo lunes para ser debatidas, que serán claves para la reanudación (o no) de los paros.

El estallido del conflicto hay que situarlo en un contexto de beneficios récord de Airbus, que en 2025 ganó 5.221 millones de euros, un 23% más que el año anterior. En el primer trimestre de este 2026, la multinacional de aviación ha elevado aún más sus ganancias, un 47% respecto al mismo periodo de 2025, hasta los 2.243 millones de euros.

“Airbus está en la mejor situación de su historia. Mientras su competidor Boeing está bastante mal, Airbus tiene beneficios récord año tras año”, subraya Gustavo Retamosa, portavoz de CGT en Airbus Getafe. Las cifras históricas de beneficios se explican en parte debido al importante auge de los pedidos del área de Defensa.

En cambio, mientras, la plantilla ha registrado una pérdida de poder adquisitivo de sus salarios, que han subido por debajo de la inflación. Además, los trabajadores han visto deteriorarse otras condiciones laborales, pactadas en convenio colectivo (como el recorte del complemento por enfermedad como medida contra el “absentismo”) o a través de decisiones unilaterales de la empresa, como la imposición de la fecha de parte de sus vacaciones y la reducción del teletrabajo anunciada en junio. Esta fue “la gota que colmó el vaso”, reconocían en SIPA, hace unas semanas, en el mes de julio.

La gente ha dicho basta. Hasta aquí. Es un movimiento social de los trabajadores, que ha obligado a los sindicatos a ir a la huelga

Gustavo Retamosa, CGT

“La gente ha dicho basta, hasta aquí”, explica también Gustavo Retamosa (CGT), que subraya que este es “un movimiento social de los trabajadores, que ha obligado a los sindicatos a ir a la huelga”. Con un gran poder de movilización de las asambleas de trabajadores, y de los grupos de trabajo formados en ellas, el conflicto se fue extendiendo como la pólvora a todos los centros de Airbus en España.

Entre sus reivindicaciones, Edmundo Otero, responsable de UGT en la compañía, destaca volver a garantizar el IPC en las subidas salariales, así como recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, restaurar el teletrabajo, la libertad de elegir vacaciones que había hasta el momento, y la reversión del recorte del complemento en las bajas por enfermedad, entre otros. Este ya fue considerado ilegal en varios de sus puntos por la Audiencia Nacional, tras la denuncia de UGT, pero Airbus recurrió la resolución ante el Tribunal Supremo.

“La actual movilización no puede entenderse como consecuencia de una decisión aislada. Es el resultado de un deterioro progresivo de la confianza entre los trabajadores y la empresa”, explica el manifiesto de la página web #EnfadadosconAirbus, que denuncia que en un momento de tanta solidez de la multinacional “no se haya aprovechado para reforzar el compromiso con las personas, sino para seguir erosionando unas condiciones laborales y una relación de confianza construidas durante décadas”.

Si en movilizaciones pasadas han sido más activos los trabajadores del taller, explican en CGT, en esta ocasión la explosión de la indignación provino de la parte más técnica. Y de ahí al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la multinacional, que protagonizaron varias marchas multitudinarias en el mes de julio.

Una crisis profunda, que ha puesto en guardia a Airbus

La crisis laboral en Airbus España es profunda, como reflejó el seguimiento masivo de la huelga de julio, que se alargó más de 20 días con un seguimiento incluso superior al 90% en varias jornadas, según los sindicatos, que señalan la movilización como “histórica” en la multinacional. La empresa no ha dado cifras al respecto, como sí hace en otras ocasiones, lo que desde la parte sindical consideran que refleja el “éxito” de la movilización.

Su trascendencia del conflicto laboral ha quedado evidenciada también por la apertura a la negociación de Airbus tras varias jornadas en las que crecía el pulso de la plantilla. La multinacional reconoció la “fuerte expresión de insatisfacción” por varias condiciones laborales, entre ellas los salarios, y afirmó públicamente en un comunicado que “tomaba nota”.

Airbus ha implicado en su gestión al propio CEO global de la compañía, el francés Guillaume Faury, que vino a España para conocer la situación de primera mano y formó un grupo de cuatro directivos para tratar de desactivar esta crisis.

La empresa se abrió en julio a subidas salariales de hasta el 12% en los próximos dos años y a suspender los recortes en el complemento a las bajas, entre otras medidas que suscribió con la mayoría sindical (CCOO, ATP y SIPA). Pero los trabajadores dijeron 'no' al acuerdo, en una ajustada votación, con casi 50% noes y 46% síes, según la empresa.

Tras fracasar este intento, Airbus ha contratado al bufete Baker Mckenzie para liderar las conversaciones con la representación de la plantilla ante esta nueva convocatoria de huelga indefinida. En varias reuniones de mediación en el SIMA, estos han “dejado a un lado” a otros negociadores habituales de la Dirección de Recursos Humanos, sostienen fuentes sindicales.

Además, Airbus ha anunciado en medio de esta crisis el relevo del hasta ahora director de Recursos Humanos en España, Antonio Lasaga, tras más de 10 años al frente de esta división, que ahora liderará Soledad Muñoz. Fuentes sindicales señalan que este relevo “ya estaba previsto” desde antes de la huelga, aunque señalan a Lasaga como “uno de los máximos responsables” de la desafección y los problemas laborales de Airbus en España.

“Ruptura” y “malestar” de la plantilla con los sindicatos

El conflicto ha evidenciado otro frente de esta crisis: una importante distancia entre la plantilla y los sindicatos que les representan. La primera muestra fue el propio germen de la movilización. Los paros celebrados en julio se convocaron en un inicio solo por SIPA, pero el sindicato dio el paso tras la creación de un grupo de Telegram por parte de trabajadores que cada vez sumaba más “enfadados” con Airbus que exigían la movilización.

Ante su asistencia arrolladora, el resto de organizaciones sindicales se fueron sumando a la huelga (CGT, UGT, ATP y Útil). La última fue CCOO, el sindicato mayoritario, tras consultarlo a su militancia a mediados de mes.

“En esta huelga los trabajadores mandan y los sindicatos obedecen, por lo que no se van a aceptar fácilmente acuerdos que no pasen por las asambleas”, indica Pablo (nombre ficticio), empleado en el centro de Getafe (Madrid).

Y la desafección con los representantes de la plantilla no hizo más que crecer con la gestión del preacuerdo de Airbus con CCOO, SIPA y ATP, que se plasmó con la firma de un “acta de acuerdo” antes de consultar su contenido a la asamblea de trabajadores. Un movimiento que varios miembros de la plantilla tachan de “traición”. “La gente no daba crédito, sobre todo por SIPA, que había negado expresamente que haría algo así”, apuntan desde CGT.

Finalmente, la plantilla rechazó el acuerdo, lo que desde CCOO reconocen como el reflejo de cierta “ruptura” o “malestar” de los trabajadores con los sindicatos, que les lleva a “un análisis muy profundo” de la situación, afirma Alfonso Mora, representante del sindicato mayoritario. CCOO, no obstante, defiende como positivo el preacuerdo alcanzado, que considera que cumple con la gran mayoría de las demandas de los trabajadores y, por ello, rechaza la nueva huelga convocada. El sindicato analizará los siguientes pasos a seguir con su afiliación, indica Mora.

Tras la última reunión de mediación en el SIMA de este 21 de agosto, en la que Airbus se ha abierto a mejorar en varios puntos el acuerdo de julio (como retirar el recurso del Supremo sobre el complemento de bajas médicas), todas las miradas se vuelven a las asambleas de trabajadores convocadas el lunes. En este espacio, los sindicatos convocantes de la huelga expondrán las medidas y la apertura a la negociación mostrada por Airbus para que la plantilla decida si se inicia finalmente la huelga indefinida o no.

Desde Airbus han insistido en las últimas semanas en su voluntad de negociar y evitar unos nuevos paros. Fuentes de la compañía sostienen que “la huelga en España no está teniendo un impacto en las entregas de los aviones comerciales de Airbus”, pero en CGT creen que –de replicarse otra huelga– los márgenes de la empresa se podrían ver comprometidos. “Esto puede hacer un roto millonario por día. Y en Francia y Alemania nos están mirando muy de cerca. Si el conflicto salta los Pirineos, tienen un problema terrible”, sostiene Gustavo Retamosa.

Durante 1.021 días, una docena de talleres y ochenta mecánicos suecos demostraron algo que ninguna chequera puede comprar: que se puede resistir casi tres años frente al hombre más rico del planeta sin doblar la rodilla. Ahora, el sindicato IF Metall ha desconvocado la huelga después de que Tesla haya indemnizado, uno a uno, a los trabajadores afiliados que mantenían el conflicto. La empresa nunca firmó el convenio colectivo; se limitó a vaciar el piquete a golpe de talonario.

Es tentador interpretar este desenlace como el certificado de defunción de una época, como la constatación de que la solidaridad obrera nada puede hacer ante el capital ilimitado. Yo mismo defendí en estas páginas que la fuerza del modelo sueco resultaría imbatible. Corresponde ahora mirar lo ocurrido de frente, sin edulcorantes: no hay convenio firmado, no hay victoria formal y el sindicato se ve obligado a replantear su estrategia. Sin embargo, catalogar esto como una derrota histórica del sindicalismo implica leer de forma superficial la crónica de lo sucedido.

Empecemos por lo que Tesla ha necesitado para desactivar el conflicto: pagar. Indemnizar a ochenta familias, una a una, tras casi tres años de desgaste logístico, con estibadores bloqueando barcos en los puertos, carteros negándose a entregar sus matrículas, electricistas rechazando conectar sus cargadores y limpiadores sumándose al boicot desde Malmö hasta Oslo. Ninguna corporación compra la salida individualizada de una plantilla si puede sentarse a esperar su rendición incondicional. Que Elon Musk haya preferido el desembolso multimillonario a la negociación no es una demostración de fortaleza: es la factura que ha tenido que abonar porque la erosión reputacional y operativa se volvió insostenible. Se puede comprar el retiro de ochenta mecánicos; no se puede ocultar que hicieron falta 1.021 días y una suma astronómica para lograrlo.

El segundo factor clave es sistémico: en Suecia, nueve de cada diez trabajadores desarrollan su labor bajo la cobertura de un convenio colectivo. Tesla no ha derribado el modelo nórdico de relaciones laborales; ha ratificado que sigue siendo la anomalía extravagante dentro de él. Ninguna otra gran multinacional asentada en el país ha osado imitar su política de tierra quemada. Si la resolución de esta huelga demostrase que desafiar a la representación colectiva sale gratis, asistiríamos a un efecto contagio inmediato. No lo hay. El resto del tejido empresarial comprende que la factura de Tesla —en dinero, pleitos judiciales, bloqueos indirectos y desgaste público— supera con creces el coste de suscribir un marco colectivo estándar.

En tercer lugar, este conflicto nunca afectó únicamente a ochenta mecánicos. Constituyó el primer ensayo general a escala real de cómo un sindicalismo nacional activa redes de solidaridad interprofesional —puertos, correos, energía, servicios— frente a una transnacional sin centros de producción propia en el territorio donde se le plantea batalla. Eso no es un incidente aislado: es un manual de táctica. IF Metall ha anunciado una revisión exhaustiva de lo actuado. Conviene afinar el oído: no es una autopsia, es un reajuste de fuerzas. Es la conducta propia de una organización que analiza el terreno para el próximo asalto, no de una fuerza que se declara vencida. El sindicalismo europeo y nórdico diseccionará qué palancas funcionaron, dónde faltó presión y cómo bloquear la capacidad del capital para vaciar conflictos mediante indemnizaciones individuales. La lección existe porque se sostuvieron 1.021 días de pulso.

El conflicto ha puesto al descubierto, eso sí, una limitación estructural: una corporación con la liquidez de Tesla puede, si asume el desgaste político, aguantar financieramente más que ochenta familias privadas de salario regular durante tres años, por sólida que sea la caja de resistencia. Ahí reside la agenda inmediata: articular mecanismos europeos de apoyo financiero intersindical, incrementar la presión regulatoria sobre multinacionales que operan al margen de la negociación colectiva regional y coordinar acciones transnacionales que no descansen únicamente en la resistencia de una pequeña plantilla.

Habrá quienes pretendan convertir este final en una fábula ejemplarizante para despachos y tertulias, vendiendo la idea de que plantar cara al gran capital es una temeridad inútil. Que la cuenten como quieran, pero que la cuenten completa. La enseñanza fundamental de estos tres años no es el triunfo de Tesla, sino la constatación de que ochenta trabajadores, sin fábrica en el país pero respaldados por la fraternidad de carteros, estibadores y electricistas, mantuvieron en jaque al hombre más rico del mundo y le obligaron a comprar su salida en lugar de regalársela.

Marie Nilsson, presidenta de IF Metall, calificó a sus afiliados de héroes. No es retórica de consuelo; es la definición precisa de su lucha. Frente a quienes apresuran el réquiem por la acción colectiva, la realidad es otra: la resistencia no ha muerto, ha acumulado experiencia, analiza sus costuras y prepara la siguiente fase. La huelga ha concluido, pero la gran cuestión de nuestro tiempo —quién fija las reglas cuando una multinacional pretende situarse por encima de la sociedad— permanece intacta, ahora respaldada por 1.021 días de valiosa enseñanza combativa.

Después de la tercera jornada de huelga convocada el pasado 19 de junio por el sindicato en Iberdrola en demanda del convenio colectivo y tras el cierre de las negociaciones con la empresa, los sindicatos alertan de más movilizaciones si no se consigue avanzar en las propuestas de mejoras laborales. La plantilla lleva más de un año exigiendo la renovación del convenio colectivo, caducado desde diciembre de 2024, y “medidas para recuperar el poder adquisitivo perdido que supera el 19%”. “Lo dijimos en la mesa y lo repetimos ahora. Si por el diálogo no se puede, será por la movilización, ya que es de justicia que nos reconozcan algo tan básico”, exigen desde el sindicato ELA.

Según critican, tras más de año y medio de negociaciones, la dirección mantiene “bloqueada” la negociación al rechazar la vinculación salarial al IPC. Es algo que según los sindicatos “contrasta con los resultados económicos de la compañía”, ya que, mientras Iberdrola “incrementó sus beneficios un 12% durante el último ejercicio, hasta alcanzar los 6.285 millones y elevó la retribución al accionista un 14%, la subida salarial aplicada a la plantilla fue del 0,685%, frente a un IPC del 2,9%”. “No solo eso, la empresa ha aprobado incentivos y retribuciones para cerca de 400 directivos por valor de más de 400 millones de euros, mientras rechaza una actualización salarial para las más de 8.000 personas trabajadoras incluidas en el convenio”, denuncia ELA.

Además de estas cuestiones el sindicato muestra su preocupación por el “progresivo traslado” de centros de decisión y nuevas vacantes desde Bilbao a Madrid, así como por la “escasa presencia del euskera en la compañía”. En este sentido, denuncia “la ausencia de requisitos lingüísticos, formación y uso normalizado del euskera tanto en oficinas como en las comunicaciones internas”.

Tras la última reunión celebrada con la empresa y después de que la dirección se negara a tomar en cuenta la posición de los sindicatos, desde ELA emplazan al resto de sindicatos a plantear “una respuesta conjunta basada en movilizaciones, huelgas y otras iniciativas de presión”. “En este escenario creemos que la única y más potente herramienta que debemos utilizar es la huelga. Si la misma unidad sindical que ha rechazado la oferta convocara una huelga indefinida el seguimiento sería más amplio y la empresa cedería en su chantaje”, subrayan.

“Los intereses de la empresa son contrarios a los de la plantilla y no es cuestión de convencerles. Ellos lo saben de sobra. Sus salarios, sí que suben por encima del IPC y saben distinguir entre consolidable y no consolidable sin ningún problema, es cuestión de arrancarles un convenio justo por la fuerza y ELA está dispuesta a plantar batalla”, concluyen.

Este periódico ha tratado de recabar la posición de la empresa, pero por el momento no ha recibido respuesta.

Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado públicamente lo que considera una “grave actuación de represalia” por parte de la entidad Arpa Autismo Rioja. Según ha trasladado la organización sindical, la dirección del centro ha abierto expedientes de despido disciplinario a varias trabajadoras de la plantilla, una medida que coincide cronológicamente con sus gestiones para promover una candidatura del propio sindicato para las elecciones al comité de empresa

Desde CCOO señalan que esta coincidencia resulta “demasiado grave para pasarla por alto” y apuntan a la existencia de indicios claros de vulneración de derechos fundamentales. La entidad, que ya ha vivido episodios previos de conflictividad laboral en el pasado, vuelve a situarse en el foco sindical por recurrir a la vía disciplinaria en lugar de apostar por el diálogo social, cortando de raíz el intento de la plantilla por dotarse de representación legal democrática.

ARPA Autismo Rioja ha querido manifestar que “los expedientes disciplinarios abiertos se circunscriben exclusivamente al ámbito de las relaciones laborales entre la entidad y sus empleados, dentro de los procedimientos previstos por la legislación vigente” y niegan que estos expedientes guarden relación con el proceso de elecciones sindicales ni con la libre organización sindical de la plantilla. “ARPA rechaza cualquier interpretación que vincule estas actuaciones con el ejercicio de derechos sindicales y reitera su máximo respeto a la libertad sindical y al marco legal que la protege”.

Sin embargo, el sindicato alerta de las consecuencias colaterales que esta decisión tiene sobre el conjunto de la plantilla de la organización sociosanitaria. A juicio de la central sindical, la apertura de estos expedientes busca inocular una política del miedo para amedrentar al resto de profesionales, enviando la consigna de que el ejercicio de la acción sindical o la reclamación de mejoras laborales puede derivar en sanciones directas o despidos.

Esta denuncia se produce escasos días después de que el propio sindicato hiciera público un patrón de conducta similar en la empresa Salsa Rica, lo que desde Comisiones Obreras califican como una tendencia “especialmente preocupante” de prácticas antisindicales en el tejido empresarial riojano. Ante este escenario, el sindicato ha exigido a la dirección de Arpa Autismo Rioja la paralización inmediata y el archivo de los expedientes abiertos, el cese de cualquier injerencia en el proceso electoral y el restablecimiento del diálogo respetando la Constitución.

La central sindical ha avanzado que pondrá a disposición de las trabajadoras afectadas sus servicios jurídicos y la cobertura sindical necesaria para garantizar la defensa de sus puestos de trabajo. “Organizarse no puede costarle el empleo a nadie”, han enfatizado desde la organización, ratificando su compromiso de acudir a la inspección de trabajo y a los tribunales si la entidad no da marcha atrás de forma inmediata.

El histórico dirigente sindical Francisco Prado Alberdi, el primer secretario general de CCOO de Gijón, ha fallecido este jueves, ha informado la organización.

Prado Alberdi (Bustiello, Mieres, 1945) ocupó durante más de veinte años la presidencia de Fundación Juan Muñiz Zapico y fue coordinador local de IU en Gijón, donde recibió en 2010 la Medalla de Plata del Ayuntamiento.

“Conocía como nadie el sindicato y sus reflexiones nos ayudaban a avanzar. Era un hombre con una curiosidad innata y fraternidad de clase”, ha señalado, en un comunicado, el máximo representante del sindicato en Asturias, José Manuel Zapico.

Trabajador siderúrgico, estuvo presente en la dirección en la clandestinidad de CCOO de Asturias, fue secretario general de la unión comarcal de Gijón y posteriormente volvió a su trabajo, a la fábrica como electricista, donde se jubiló para luego ocupar la presidencia de la Fundación Juan Muñiz Zapico.

IU de Gijón ha lamentado su fallecimiento y ha destacado que era un “referente de la izquierda” y “sindicalista autodidacta que hizo política como parte de su compromiso con la defensa de la clase trabajadora.

Las matronas que trabajan el servicio en la OSI Barrualde-Usansolo, que abarca a buena parte del interior de Bizkaia y del norte de Álava, y en el hospital de Cruces, en Barakaldo, representadas por el sindicato Satse, han suspendido los nueves días de huelga convocada entre el 17 de junio y el 2 de julio. La decisión llega tras “largas e intensas conversaciones” con la dirección de Osakidetza en las que han acordado, entre otras cuestiones, el aumento del número de profesionales en las plantillas para poder realizar sustituciones en verano y de la duración de las contrataciones, además de una reunión el próximo 5 de octubre para abordar “de manera real” las reivindicaciones históricas del colectivo y buscar soluciones “al grave problema de falta de matronas que afecta a la sanidad pública vasca”.

La huelga estaba convocada para denunciar la “grave falta de matronas que afecta tanto a la Atención Primaria como al ámbito hospitalario”, lo que está, según lamentan, “deteriorando y comprometiendo la calidad de la atención que reciben las mujeres en Euskadi”. “Se han dado pasos organizativos importantes, pero actualmente hay una matrona para más de 2.600 mujeres, por lo que resulta imposible garantizar una atención de calidad. Osakidetza sigue sin disponer de una planificación adecuada para hacer frente a las jubilaciones previstas, ni de un cálculo real de las ratios matrona-mujer que permita dimensionar correctamente las necesidades asistenciales”, critican desde Satse.

Según detectan, la situación “se agrava especialmente” durante los periodos vacacionales, cuando en algunas organizaciones sanitarias las sustituciones “son inexistentes o claramente insuficientes”. Aun así, aclaran que “la escasez de matronas ya no es un problema exclusivo del verano, sino una realidad permanente que afecta a la cobertura de bajas, permisos y reducciones de jornada durante todo el año”.

El sindicato reconoce que la suspensión de la huelga responde a una “decisión de responsabilidad” y a la voluntad de dar “margen a la negociación abierta con Osakidetza”. No obstante, el colectivo de matronas mantiene un “profundo escepticismo” ante la posibilidad de que los compromisos adquiridos se traduzcan finalmente en “medidas concretas y efectivas”. “Las matronas llevan años denunciando una situación insostenible y no vamos a conformarnos con anuncios o buenas palabras. Necesitamos hechos, compromisos firmes y soluciones estructurales que permitan garantizar una atención segura y de calidad para las mujeres”, defienden desde Satse.

“Las compañeras de Cruces han conseguido que las 10 matronas de día que iba a haber en el hospital sean 11. Y en la OSI Barrualde-Usansolo hemos conseguido que los contratos de seis meses revisables pasen directamente a ser de nueve meses, como en un primer momento nos prometieron. También hemos pedido un nuevo contrato para hacer el 50% de nuestra supervisora con un contrato del 50% para que ya sea un 100% y así cubrir contingencias y cosas que surjan. Además, Osakidetza ha aceptado celebrar una reunión el 5 de octubre para trabajar en la base del problema y conseguir los ratios matrona-mujer que nos corresponden. Se ha acordado también el precio real de las horas extra para todas las OSI para que no tengamos nosotras que ir negociando en cada OSI. Si vemos que después de la reunión de octubre Osakidetza pasa de nuestras reivindicaciones iremos a huelga”, explican las trabajadoras a este periódico.

Así, el próximo 5 de octubre se celebrará una reunión específica entre representantes de las matronas y la dirección general de Osakidetza, en la que se revisarán “una por una todas las reivindicaciones planteadas por el colectivo y el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos”. “Será una cita determinante para valorar si existe una voluntad rea” de resolver el problema estructural de falta de matronas en Osakidetza o si, por el contrario, la situación continuará cronificándose“, alertan desde el sindicato.

“El conflicto no desaparece. Lo que hacemos es dar una oportunidad a la negociación y esperar a comprobar si realmente se producen avances efectivos con las medidas comprometidas. Las profesionales están cansadas de promesas incumplidas y de seguir sosteniendo un sistema sin los recursos necesarios. Las reivindicaciones del colectivo siguen plenamente vigentes y son una contratación estable y planificada, cobertura real de bajas, vacaciones y permisos, el reconocimiento de la categoría como puesto de difícil cobertura y una planificación ajustada a las necesidades reales de la población”, explican desde el Satse.

El sindicato subraya que las consecuencias de esta falta de profesionales “repercute directamente” en la salud de las mujeres, ya que las matronas desarrollan “funciones esenciales” relacionadas con el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia, la salud sexual y reproductiva, la prevención de enfermedades, la menopausia o la detección de situaciones de violencia machista. Por todo ello, la central sindical concreta que, si el próximo otoño no se producen “avances reales y verificables”, no descartará “ningún tipo de acción sindical”. “Si Osakidetza no pone fin a los problemas estructurales que venimos denunciando, retomaremos las movilizaciones necesarias, incluida la posibilidad de convocar una huelga indefinida”, concluye.

Hace apenas dos semanas, el 2 de junio, se firmó el I Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector de Comercio Textil y del Calzado. Lo han suscrito la patronal Asociación Retail Textil España (ARTE) y los sindicatos CCOO y Fetico. Su ámbito abarca todo el territorio del Estado y afecta a las grandes cadenas del sector con más de 400 empleados y presencia en al menos tres comunidades autónomas. Afecta a más de 120.000 personas en empresas como Zara, H&M, Uniqlo, Mango, Primark o Springfield… Es un convenio que no existía. Que nadie había negociado antes. Y eso, por sí solo, ya es una noticia relevante.

Pero lo es mucho más por lo que representa. Porque este convenio no es solo un acuerdo laboral: es también la reparación de un absurdo. El absurdo de que personas de la misma empresa, haciendo el mismo trabajo, vean sus condiciones marcadas por la provincia en la que está ubicado su centro de trabajo, en lugar de que respondan a la realidad económica de su empresa, que es la misma para sus compañeras y compañeros del resto de centros de trabajo presentes en otras provincias. Este nuevo convenio es un paso para superar la atomización de la negociación colectiva, una de las causas que explica la debilidad sindical que padecen muchos sectores económicos de nuestro país.

La negociación colectiva no es un tecnicismo jurídico reservado a especialistas. Es el instrumento mediante el cual millones de personas que trabajan por cuenta ajena regulan colectivamente derechos y obligaciones, algo tan concreto como cuánto cobran, cuántas horas trabajan, la clasificación profesional, la formación y promoción, qué descansos tienen o cómo se organiza su jornada. No es casualidad que cuando un convenio colectivo está bien negociado, con equilibrio entre las partes, no solo mejora la vida de quien trabaja, también obliga a las empresas a competir por eficiencia y calidad en lugar de hacerlo por el abaratamiento del coste laboral. Es, en definitiva, una de las palancas más eficaces de las que dispone una sociedad para distribuir de forma más justa la riqueza.

España tiene más de cinco mil convenios colectivos. Cinco mil. Una cifra que, leída deprisa, podría parecer una muestra de vitalidad negociadora. En realidad, es el síntoma más claro de una debilidad estructural que arrastramos desde los tiempos del franquismo. Tras reiterados intentos de reforma entre las confederaciones empresariales y sindicales, ni estas ni los diferentes gobiernos han sido capaces de corregir esta realidad y modernizar suficientemente la estructura de la negociación colectiva.

La explicación hay que buscarla en las resistencias de quienes, en muchos ámbitos y sectores, no están dispuestos a abandonar espacios de negociación sostenidos por débiles patronales provinciales representadas, en la mayoría de los casos, por despachos de abogados que hacen de esa función su principal actividad. El resultado es conocido: centenares de convenios provinciales de múltiples sectores, con décadas de inercia, contenidos desfasados y una capacidad reguladora mínima, con salarios rozando o directamente superados por el Salario Mínimo Interprofesional. Resultado, en última instancia, de la debilidad sindical fruto de la fragmentación y disgregación de la fuerza de sus trabajadoras y trabajadores.

Quien conoce las leyes de la negociación colectiva sabe que el ámbito condiciona el contenido de un convenio colectivo, y en este caso, el de las grandes cadenas del textil y el calzado, es el mejor ejemplo. Empresas con marcas globales, gestionadas globalmente y de forma integrada en todo el territorio, con plantillas distribuidas por decenas de provincias y políticas de personal centralizadas, tenían enfrente, hasta este nuevo convenio de ámbito estatal, a unos sindicatos fragmentados en múltiples mesas provinciales en las que no coincidían en el espacio ni en el tiempo. No es difícil entender que ese no era el escenario más equilibrado para los trabajadores y trabajadoras, ni la mejor estrategia sindical para construir la identidad colectiva que es condición indispensable para generar la fuerza necesaria para proponer, negociar, movilizar y acordar un convenio colectivo.

Así funcionan, desde hace décadas, la mayoría de los sistemas de negociación colectiva en Europa, articulados en torno a convenios sectoriales de ámbito estatal como columna vertebral. Y con todo, la firma de este convenio ha recibido el rechazo —más allá del contenido, que supone claras mejoras salariales, de jornada, de empleo, sociales y de organización del trabajo, además de mayores garantías de contratación, incluida la garantía de que los convenios provinciales vigentes con condiciones superiores se mantienen— de aquellas organizaciones sindicales cuya lógica y razón de ser responden única y exclusivamente a su comunidad autónoma. Este es el caso por ejemplo de la Confederación Intersindical Gallega (CIG). La lógica de quienes solo negocian en clave autonómica es comprensible desde su identidad, pero deja sin respuesta cómo equilibrar fuerzas con empresas que operan de forma integrada en todo el país. No todos los sindicatos han suscrito este convenio, y ese debate merece un análisis propio. Una contradicción que, en todo caso, no es nueva ni particular de este convenio: es la misma problemática que han encontrado todos los convenios colectivos de ámbito estatal hoy vigentes.

Pero más allá del contenido concreto de este nuevo convenio, que introduce mejoras sustanciales en tiempo de trabajo, descansos semanales, garantías de contratación y salarios, aporta algo más difícil de medir pero igual de importante a medio y largo plazo: construir la identidad de un mismo sector distribuido por todo el país. La identidad que nace de afrontar unidos la interlocución con una patronal fuerte y cohesionada como es ARTE.

La negociación colectiva necesita una reforma profunda en España. Se sabe y viene reiterando desde hace décadas. El I Convenio Estatal de Grandes Marcas del Textil y Calzado puede ser un buen ejemplo y un acicate para impulsar esa reforma pendiente. Demuestra que con constancia —más de tres años desde el inicio de su negociación— es posible dar pasos en la dirección correcta, aunque cueste, aunque genere resistencias, aunque no todos se suban al tren a la vez.

¿Cómo se monta una huelga unitaria entre dos sindicatos de clase, dos profesionales conservadores, dos anarcosindicalistas, otro intersindical progresista, una asociación de familias, un colectivo de docentes, otro transversal y dos asociaciones de estudiantes? A esa pregunta tratan de responder estos días CCOO, UGT, ANPE, CSIF, CGT, CNT, STEM, CSIT, la confederación de AMPAS Confapa, la asamblea Menos Lectivas, la Marea Verde, el Sindicato de Estudiantes y el Frente de Estudiantes para organizar una protesta que, idealmente, paralice la educación madrileña, a imagen y semejanza de la huelga docente en la Comunitat Valenciana.

La idea se concretó la semana pasada, cuando UGT y CCOO, por un lado, y CGT y la asamblea de profesores Menos Lectivas anunciaron el mismo día de manera independiente que convocarían sendos paros el próximo curso. CCOO y UGT explicaron desde el primer momento que su idea era sumar al resto de organizaciones para lograr un frente común que dote de fuerza al movimiento y también aprender de las lecciones que deja la pelea en el Levante: es más fácil empezar unidos que acabar unidos.

La tarea requerirá flexibilidad de todos. Como explican desde el sindicato STEM, “la unidad de acción sindical en nuestra Comunidad se encuentra actualmente muy deteriorada, con apenas espacios de coordinación entre los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial [CCOO, UGT, CSIF y ANPE] y aquellos que trabajamos fuera de esta [STEM, CGT, CNT, CSIT]”, entre otras cuestiones motivada porque los primeros firmaron un acuerdo con la Comunidad de Madrid que los segundos rechazaban por insuficiente y que acabó siendo una treta del Gobierno regional.

Para explorar hasta dónde puede llegar la unidad, las 13 organizaciones se reunieron el pasado lunes —con una cierta protesta de algunos sindicatos porque les convocaran a algo ya planteado en vez de incluirlos desde el principio— con el objetivo de poner elementos en común y empezar a diseñar una agenda que acabe en una convocatoria de huelga indefinida. La reunión fue positiva para casi todas las partes, según han relatado a este diario varias personas presentes en la cita.

Ahora, cada organización debe respaldar o no la movilización y en qué términos la apoya. Unas ya han hecho ese proceso, otras están consultando a sus bases. El próximo jueves 11 se vuelven a reunir para definir posturas ya de manera oficial y empezar a dar pasos.

Donde hay bastante acuerdo, más allá de aterrizarlo más adelante en cifras o reivindicaciones concretas, es en las áreas de reclamación: mejores salarios, más docentes, especialistas para atender la diversidad, menos horas lectivas, más recursos en general, la falta de plazas públicas en la FP, medidas contra el calor en los centros...

Es más lo que nos une que lo que nos separa", dice UGT; "Hay una burbuja con las protestas del 0-3, con la Comunitat Valenciana, Catalunya... es ahora o nunca", sostiene CCOO. "Hay una intención clara de que haya unión y coordinarnos", opina Menos Lectivas. "Nadie se puede permitir fallar aquí", sostiene CGT

“Creo que es más lo que nos une que lo que nos separa”, expresa Chema Pinto, de UGT, un sentir optimista mayoritario entre las organizaciones. “En este momento hay una burbuja con las protestas del 0-3, con la Comunitat Valenciana, Catalunya... es ahora o nunca”, sostiene Aída San Millán, de CCOO. “Los movimientos sociales, esto está estudiado, van y vienen. Y este puede no volver en 20 años”, cierra. “Hay una intención clara de que haya unión y coordinarnos”, corroboran desde el colectivo docente Menos Lectivas. “Nadie se puede permitir fallar aquí”, ahonda Rafael Valentín, de CGT, “creo que vamos en el buen camino para solucionar este asunto, que es conseguir mejoras laborales que necesitamos como agua de mayo”.

La primera toma de contacto sirvió para ver dónde está cada uno y empezar a abordar los asuntos que marcarán la convocatoria: quién se va a unir —las dudas atañen principalmente a ANPE y CSIF, el resto está a favor de movilizarse—; en qué fecha empezarán los paros —hay propuestas de septiembre, octubre o incluso enero—; quién negociará con la Consejería de Educación llegado el momento —hay acuerdo en que será un comité mixto que incluya también a organizaciones que no están presentes en la mesa sectorial—; el rol de la asamblea unitaria que se reunirá el próximo día 24 para votar sobre todas estas cuestiones –si será consultiva o vinculante–; y cómo se articularán esas votaciones —quién puede votar y cómo se establece un método fiable—.

ANPE es el sindicato que parece plantear más dudas. “Plantear una huelga a finales de curso para dentro de varios meses sin saber cómo van a venir las instrucciones de inicio de curso, que se publican ahora, y cuando en el seno de la mesa sectorial la administración estaba proponiendo abrir un proceso negociador sobre diversos temas... Nos sorprendió”, explica Esteban Serrano, vicepresidente de ANPE Madrid. “Nosotros somos más de la vía de comenzar con una negociación, intentar llegar a acuerdos y, si la Administración no atiende a razones, entonces plantear medidas reivindicativas”, argumenta.

CSIF Madrid emitió un comunicado en el que señala que los servicios mínimos que suele imponer la Comunidad de Madrid hacen las huelgas poco efectivas y, como ANPE, advierte de que “los descuentos en nómina podrían ser muy abultados y no serviría nada más que para dar un balón de oxígeno” al Gobierno regional, aunque concluye que “no descarta adherirse a esta convocatoria o a otras y tomará en breves fechas una postura definitiva, siempre valorando el interés general de los docentes y por supuesto en pro de la unidad sindical de acción”. A nivel estatal, el sindicato comunicó después que empieza en septiembre una “campaña de movilizaciones” que no descarta concluya en una huelga.

Cuándo se para

La fecha de la convocatoria es de los primeros elementos a resolver. CCOO y UGT habían propuesto que el curso ni empezara (hacerla en septiembre), mientras Menos Lectivas, de la mano de CGT, apostaba por enero. No parece que este vaya a ser un gran escollo, en cualquier caso.

“Nosotros vamos a la huelga, a eso ya estamos comprometidos por mandato de la asamblea”, explica San Millán, de CCOO. “No nos importa flexibilizar las fechas”.

Exactamente la misma palabra utilizado por Valentín, de CGT. “Nosotros la preferimos en enero, con alguna movilización y quizá incluso paros antes, en octubre. Pero si CGT tiene que cambiar su propuesta de hoja de ruta para la huelga, se cambia. Es una propuesta flexible, lo importante es que salga bien para que sea masiva, eficaz y efectiva contra la consejería, que está muy muy muy –la triple repetición es suya– en contra de los derechos laborales”.

Una persona presente en la reunión, no adherida a ninguna de estas dos formaciones y que prefiere no identificarse, pondera ambas propuestas: “Una huelga indefinida a partir de septiembre es complicada, no veo tanto mimbres como en la Comunitat Valenciana. Y a la de CGT le veo el problema de que si a una indefinida en enero le metes unas jornadas previas puede resultar desmotivador”, y apuesta por una especie de tercera vía: huelga en enero, pero sin grandes alharacas previas, como mucho algún paro parcial para no desgastar al profesorado. El paro en enero tiene la ventaja, cierra esta fuente, de que da más tiempo para organizar cajas de resistencia, etc. y llegaría con la paga extra de navidad recién ingresada, que ejercía de colchón.

Quién negocia

Aunque no hay nada cerrado a la espera de la reunión del próximo jueves, varias fuentes coinciden en que hay un cierto consenso en que las futuras negociaciones deben recaer en un comité mixto de huelga que represente a todas las organizaciones y no dejar ese rol solo a quienes están presentes en la mesa sectorial de Educación (CCOO, UGT, CSIF y ANPE), el órgano oficial de negociación entre sindicatos y Gobierno regional. Entre otras razones, para que no se dé la paradoja de que alguien que eventualmente no apoye la huelga (si fuera el caso de ANPE O CSIF) negocie en nombre de otros que sí.

“Era una propuesta que llevábamos varios y un acto de confianza”, sostiene Millán, aunque otras organizaciones dicen que más bien “lo aceptaron”. Su compañero Pinto cree que “no es el momento de egos”, y también menciona que “hay que restablecer la confianza”, alusión a las diferencias pasadas entre organizaciones. En STEM dudan de que las asociaciones estudiantiles formen parte de ese comité porque es una huelga de profesores lo que está sobre la mesa y deben ser ellos quienes negocien, argumentan.

En cualquier caso, ahonda San Millán, “es un lugar complejo, porque la huelga la hacen los trabajadores, pero tenemos mucha responsabilidad los convocantes. Y es igual de importante saber dibujar la puerta de entrada que la de salida. Un comité mixto es la forma más realista y honesta de negociación de salida de una huelga”, sostiene.

Quién decide

Uno de los aspectos que más debates puede levantar es quién tendrá el poder de decisión sobre los movimientos del colectivo durante la huelga. Sobre si una eventual propuesta de la Consejería de Educación se acepta o no. Sobre hasta dónde forzar.

De momento las organizaciones han convocado una asamblea unitaria de profesores el próximo día 24, como siguiente paso a la reunión del jueves 11. En esa gran cita se debe votar la fecha de la convocatoria y dibujar una tabla de reivindicaciones, idealmente con unos máximos y unos mínimos “de salida” a partir de los cuales una propuesta merece ser votada por el colectivo de trabajadores.

La duda es si esta asamblea debe ser consultiva o vinculante. Si su voto es decisión o si luego cada una de las 13 organizaciones debe validarla por su cuenta y método: algunas con sus propias asambleas, otras no. Y aquí las posturas difieren algo.

“CGT quiere que la asamblea sea vinculante. Sabemos que cuando se negocia, se debaten cuestiones, se puede ganar o perder. Nosotros queremos que sea vinculante para que no pase eso de 'tú has ganado y tú has perdido', sino que la asamblea pueda decidir cosas y se respeten, independientemente de cada sindicato”, sostiene Valentín, de CGT. CCOO también cree que la asamblea del 24 debe decidir, pero STEM no lo tiene claro.

“En STEM los acuerdos pasan por la asamblea de STEM”, expone Sergio López. “Nuestra asamblea nos suele dar mandatos abiertos, un plan A y un plan B, según el contexto. Está en nuestros estatutos consultar”, justifica.

¿Un censo para votar?

Lo que apela a la cuestión de la unidad, de las reivindicaciones mínimas, de qué se acepta y qué no. Qué se vota (¿tiene sentido plantearle a la asamblea una oferta de subida de, por ejemplo, 50 euros al mes, si se están reivindicando varios cientos?) y cómo y quién. Los sindicatos le dan vueltas a cómo establecer un mecanismo por el que un sindicato no se pueda desmarcar por su cuenta aceptando un acuerdo que el comité de huelga rechaza en su conjunto, una situación que se acabó dando en la Comunitat Valenciana.

“Tenemos algunas propuestas”, desliza San Millán, que prefiere reservarlas para el jueves 11. “Hubo hasta quien propuso firmar algo ante notario, pero no sé si es legal. Debería haber un compromiso de mínimos, una línea roja común. Y también establecer de alguna manera que si se consulta algo y sale que no, sea que no para todos”.

Lo que tiene que quedar es clara la función de la asamblea, pide Valentín, de CGT. “Sería importante que si se establece que es vinculante, sea vinculante, no vale bajarse del carro”.

STEM también planteó en la reunión del lunes, que para su sindicato es importante, tanto como posible motivo de autoexclusión si no se da, establecer un mecanismo para votar posibles propuestas que sea transparente. “Que todo el profesorado tenga la oportunidad de decidir sobre el tipo de movilización en cada momento. Si se mantiene, si se suspende, que pueda opinar sobre cualquier propuesta de acuerdo. Esto no es incompatible con asambleas unitarias, que nos permiten ir modulando acciones. Pero en los momentos clave, que se dé la oportunidad a todo el profesorado de opinar. Y, habida cuenta de que no somos capaces de juntar a los más de 50.000 que somos a día de hoy, plantear consultas telemáticas fiables y verificables, como han hecho en la Comunitat Valenciana y en Catalunya”, explica López.

CCOO ve con buenos ojos la propuesta. “Es importante articular mecanismos de voto, pero con censos”, sostiene San Millán. “Quizá a través del email de la consejería”, desliza.

Con estos frentes abiertos, las organizaciones se disponen a avanzar. Hay optimismo porque, dicen, el profesorado “no puede más” y está dispuesto al paro, según les cuentan en sus visitas a sus centros. Llamar hoy a un sindicalista es que te explique que acaba de salir de un colegio o instituto y muchos profesores, todos, dicen algunos, les muestran su hartazgo y su disposición a parar. Solo STEM tiene dudas de este espíritu y ANPE duda de la conveniencia del momento y del orden de los factores.

Pero todos son conscientes de la importancia del momento y del movimiento, y de los riesgos de que salga mal. Lo resumen STEM: “La huelga es uno de los instrumentos de lucha más importantes de los que nos dotamos los trabajadores y trabajadoras y su utilización a la ligera puede ser contraproducente, más aún la huelga indefinida por el elevado desgaste que supone y el riesgo de derrota que puede suponer de no organizarse correctamente”.

* Este artículo ha sido editado. Entre los convocantes de la huelga que anunciaron Menos Lectivas y CGT no estaba CNT, como se informó en una primera versión del texto, pero el sindicato sí apoya el paro indefinido previsto para el próximo curso.

Los trabajadores de espectáculos y eventos de Euskadi pararán este viernes, 15 de mayo, para denunciar la precariedad de su sector y ante el “bloqueo” por parte de la patronal que denuncian a la hora de negociar un nuevo convenio que mejore sus condiciones laborales. Según critican, en 2024 se constituyó por primera vez la asociación Euki, una patronal integrada por empresas con domiciliación fiscal Euskadi, que comenzó a reunirse con representantes del sindicato Teknikariok y los sindicatos mayoritarios ELA, LAB, ESK, CCOO y UGT con el objetivo de negociar un convenio colectivo propio del sector del espectáculo en vivo. Así se constituyó la primera mesa negociadora del Convenio de Espectáculos y Eventos de Euskadi. No obstante, tras dos años de reuniones, pese a que se han alcanzado acuerdos “mínimos”, los sindicatos se han plantado para denunciar el “bloqueo” de la patronal en cuanto a lo que consideran “uno de los puntos centrales” de la negociación: la flexibilidad laboral.

En concreto, una de las líneas rojas de los trabajadores es poder contar con un mes de preaviso en la asignación de turnos y horarios. Sin embargo, las empresas se niegan a asumir ese compromiso sin reservarse la posibilidad de modificarlos con solo cinco días de antelación respecto al evento. “Para quienes no estén familiarizados con este sector, conviene señalar que se trata de uno de los más históricamente precarios y desestructurados del tejido productivo. Las razones son múltiples: una industria cultural escasa y casi siempre condicionada por la subvención pública; una eventualidad crónica y una falta de estabilidad laboral estructural; jornadas de trabajo interminables; la proliferación de falsos autónomos al servicio de empresas a su vez subcontratadas; el incumplimiento sistemático de los descansos entre jornadas; y la ausencia de compensación por festivos, descansos semanales o vacaciones”, denuncian desde la Sección Sindical de CNT del Teatro Arriaga, quienes hacen un llamamiento a los trabajadores a secundar la huelga de este viernes. “Que no suban los telones, que los micros no suenen y que las luces no se enciendan. No participéis en ningún concierto, obra de teatro, espectáculo de danza ni evento alguno, y salid a las movilizaciones para que las reivindicaciones suenen más alto”, defienden tras añadir que el llamamiento también es para la ciudadanía, a quienes piden no asistir a ningún teatro, concierto, danza o evento para poder apoyar su lucha.

“El nuestro es un sector donde la vulneración de derechos y la precariedad marcan el día a día de tantos trabajadores que por fin han decidido organizarse. Las especificidades organizativas y productivas de nuestro sector han sido tradicionalmente aprovechadas por muchas empresas para evitar que, en la práctica, lleguen al día a día de los trabajadores incluso algunos de los derechos mínimos ya consagrados en el Estatuto de los Trabajadores. Derechos básicos que se dan por sentado en la mayoría de profesiones son, sin embargo, pisoteados en la nuestra bajo el pretexto de la intermitencia que caracteriza nuestra actividad”, lamentan los sindicatos.

Además de la huelga, los trabajadores han comenzado a interponer denuncias ante la Inspección de Trabajo por los contratos que, según aseguran, son “abusivos e ilegales”. “Desde Euki se pretende que los trabajadores renunciamos a la conciliación familiar y personal mediante la entrega de horarios, calendarios y turnos de trabajo con una antelación totalmente inaceptables. Quieren manejar cómoda y flexiblemente su actividad a costa de imposibilitar que cualquier empleado organice mínimamente su vida (y la de su entorno) y permanezca a continua disposición de la empresa. Todo ello sin ofrecer compensaciones de ningún tipo y afirmando que ya han hecho su última oferta, pese a que lo propuesto en ella se encuentra incluso por debajo de los mínimos que marca el Estatuto de los Trabajadores”, critican.

Las movilizaciones convocadas para el viernes, 15 de mayo, se llevarán a cabo en las tres capitales vascas, pero se realizarán piquetes informativos en eventos de todo el territorio. En Bilbao, la concentración será frente al Teatro Arriaga a las 11.30 horas; en Vitoria se realizará en el festival Batbatean, en Mendizabala, a las 18.00 horas y en Donostia será a las 19.00 horas en el Teatro Victoria Eugenia. Además, a las 18.30 horas en Leioa, durante la celebración de Umore Azoka los trabajadores del sector realizarán una kalejira y concentraciones en los distintos escenarios del espectáculo.

Cancelaciones y parones por la huelga

Entre los espectáculos anunciados para el viernes, 15 de mayo está la obra de teatro 'Fronteras', protagonizado por Carolina Yuste y Eneko Sagardoy a las 19.30 horas en el Teatro Arriaga; la obra de teatro '¿Quieres pecar conmigo?', con Ana Villa, Maria Petri, Arantzazu Ruiz, Marta Fíguls, Ernest Fuster y Victor Fajardo a las 20.00 horas en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, 'Tarzán, el musical' en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia a las 20.00 horas -una hora después de la concetración de los trabajadores en el mismo teatro- o el concierto de Bad Gyal en Bilbao Arena a las 19.00 horas.

Pero una de las citas más esperadas del viernes será el concierto de Fito y Fitipaldis de fin de gira en el BEC de Barakaldo a las 19.00 horas. Por el momento, desde el grupo, que ha vendido todas las entradas, no han realizado ninguna comunicación sobre la huelga. Tampoco de los teatros ni conciertos mencionados en este artículo. Sí que se ha pronunciado, en cambio, Nacho Vegas, quien ha cancelado su concierto previsto en el Kafe Antzokia de Bilbao por la huelga de los trabajadores del sector de espectáculos. “Yo mismo y todo el equipo que forma parte de la gira 'Vidas semipreciosas' hemos tomado la decisión de suspender este concierto hasta nueva fecha para solidarizarnos con los y las trabajadoras del sector. Sin técnicos ni técnicas no podríamos dar ni asistir a conciertos y queremos solidarizarnos especialmente con la gente más precarizada y apoyar esta huelga que defiende sus derechos laborales más básicos”, ha anunciado el artista, que ha destacado que no se trata de una decisión tomada en contra del Kafe Antzokia en concreto, sino una decisión tomada por “conciencia política”.

Por su parte, el festival Batbatean de Vitoria ha anunciado un parón a modo de solidaridad con la huelga desde las 21.00 horas hasta las 22.00 horas. En un comunicado el equipo del festival ha explicado que durante los últimos días ha mantenido “varias reuniones con los diferentes agentes que han impulsado la convocatoria” y ha escuchado “de primera mano las reivindicaciones y preocupaciones en torno a las situaciones de precariedad laboral que se dan en el sector de la música en directo y los espectáculos”. “Aunque compartimos muchas de las peticiones y reivindicaciones planteadas resulta logísticamente imposible suspender por completo la primera jornada, debido a las consecuencias que ello tendría a nivel organizativo, técnico y contractual”, han asegurado desde el festival, que finalmente ha optado por realizar un parón de una hora. “Batbatean es un festival formado por personas que forman parte activa de la industria musical de Euskal Herria, y conocemos de cerca, y en muchos casos también sufrimos, la situación de precariedad del sector del ocio y los espectáculo”, han recalcado.

Las críticas contra “la España sindicalizada” y la labor de tres inspectoras de Trabajo para investigar los abusos laborales en Glovo que el juez Álvaro Lobato efectuó en una sentencia han quedado sin castigo. Así lo confirmó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en diciembre, según ha podido saber ahora elDiario.es.

El juez Lobato, titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, trasladó su ideología antisindical que antes había expuesto en artículos de prensa y en actos de la fundación en la que participa en la sentencia por la que rechazó la demanda por competencia desleal de Just Eat contra Glovo.

En su resolución del pasado julio, el magistrado cuestionó la profesionalidad de las inspectoras de Trabajo que testificaron en la vista, a las que atribuyó “un indiscutible sesgo de grupo”, y consideró que su “proceso de toma de decisiones está inevitablemente contaminado por tendencias psicológicas que tienen profundos anclajes biológicos”.

“En todas las declaraciones [de las inspectoras] parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada, 'el mundo de ayer' administrado y burocrático”, apostilló el juez.

Además de desestimar la demanda de Just Eat, que consideraba que los falsos autónomos de Glovo implicaban una competencia desleal contra las compañías de reparto que sí tenían contratados a sus repartidores, el juez Lobato incluyó en su sentencia elogios al modelo laboral de la compañía fundada por Óscar Pierre. El Supremo declaró ilegal el modelo laboral de Glovo en 2020, pese a lo que la compañía lo mantuvo hasta que su fundador fue imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Las inusuales manifestaciones del juez en su resolución provocaron que varias instituciones, como el Ministerio de Trabajo, el sindicato CCOO o la Unión Progresista de Inspectoras e Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (UPIT), remitieran escritos de queja ante el CGPJ. La UPIT alertó del “grave precedente” de los ataques “misóginos” del magistrado, a quien afearon sus “flagrantes faltas de equidad y objetividad”.

Pese a la petición de la central que en Catalunya encabeza Belén López, el Govern rechazó sumarse a las quejas ante el CGPJ contra Lobato tras participar el año pasado en el acto de los 10 años de la compañía junto a representantes de UGT, CCOO y las patronales pocos días antes del juicio. El acto fue esgrimido por la defensa de Glovo en su juicio por la demanda de Just Eat.

Según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, tras las quejas presentadas por distintas instituciones, el CGPJ incoó una diligencia informativa (una investigación preliminar antes de decidir si se abre un expediente sancionador) que se archivó el pasado mes de noviembre al no considerar las consideraciones del juez Lobato pudieran suponer una infracción disciplinaria.

Un mes después, la comisión permanente del CGPJ tomó conocimiento por mayoría del carpetazo de las quejas. El vocal Carlos Hugo Preciado, elegido a iniciativa de Sumar, fue el único que votó en contra del archivo al considerar que el magistrado cometió una falta de desconsideración porque sus manifestaciones fueron impertinentes y despectivas.

Lobato llegó al juzgado mercantil 2 de Barcelona hace cuatro años. Se reincorporó así a la carrera judicial, de la que había cogido una excedencia en 1996 para pasar por grandes despachos privados como Gómez-Acebo y Pombo y DLA Piper. También fundó su propio bufete. En la actualidad, es secretario de la fundación Fide.

En un vídeo de hace once meses de la fundación, el juez había cuestionado abiertamente el papel de los sindicatos. “Se está produciendo un desplazamiento de lo colectivo a lo individual. En el seno de una empresa, las jerarquías rígidas y autoritarias pierden pertinencia. ¿Qué sentido tiene hoy la defensa colectiva de los intereses que ya no son homogéneos de los trabajadores de una empresa? Planteo el tema, que ya sé que es vidrioso, de los sindicatos...”, se preguntaba el juez Lobato.

Tras 28 días encaramados a una grúa de Navantia San Fernando (Cádiz), los soldadores Manuel Barber y Jesús Galván pusieron este martes los pies en tierra firme. Lejos de dar por cerrado un conflicto, aseguran que su protesta va mucho más allá de su caso personal. Horas después de bajar, acudieron a la comisaría de la Policía Nacional para conocer los cargos derivados de la denuncia presentada por la empresa pública. Ya anuncian que devolverán la denuncia a Navantia por maltrato y delito de odio.

La primera noche fuera de la grúa no fue una celebración. “Dormimos poco, pero tranquilos”, resumen. Aún conservaban la voz ronca, el gesto endurecido y el cansancio de casi un mes expuestos al frío, al viento y a la intemperie, a 25 metros de altura. Llegaron escoltados por sus compañeros, que en los últimos días han tenido que seguirles desde lejos. Cada vez más lejos. “Al principio nos dejaban estar en el aparcamiento del astillero, pero lo han vallado y en los últimos días no era posible”, explican varios de ellos.

En las puertas de la comisaría isleña, Barber y Galván relatan una protesta complicada, pero que aseguran haber llevado con entereza. “Nos conocemos bien, hemos vivido muchos años fuera y hemos compartido muchas situaciones difíciles”, explican. “Nosotros hubiéramos aguantado lo que hiciera falta. Sabíamos que éramos fuertes mentalmente, pero incluso a nosotros mismos nos ha sorprendido la capacidad de resistencia que hemos tenido”.

El encierro comenzó el 8 de abril como una acción límite para denunciar la existencia de supuestas listas negras en Navantia y en empresas auxiliares contra trabajadores vinculados a la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM). Barber y Galván sostienen que llevan cerca de una década sin poder trabajar en los astilleros de la Bahía de Cádiz pese a contar con alta cualificación y experiencia en el extranjero y en otras partes de España. Según su versión, varias empresas intentaron contratarlos, pero la entrada les fue vetada desde la empresa pública. “Tenemos la declaración del jefe que nos iba a contratar diciendo que Navantia le comunicó que éramos personal no grato y que estábamos en listas negras”, asegura Galván. “Eso ya lo tiene la Inspección de Trabajo”.

Durante semanas, la imagen de ambos sobre la grúa se convirtió en parte del paisaje del astillero isleño y en un símbolo incómodo para una empresa pública con elevada carga de trabajo. La protesta fue creciendo con el respaldo de CTM y concentraciones en distintos puntos del estado, en paralelo a un contexto político marcado por la campaña electoral andaluza. “Antes había dos en la grúa y mil organizando. Ahora hay mil y dos más que vamos a seguir dando la pelea”, resume Galván.

Los primeros días fueron los más duros. “Dormíamos sobre chapas estriadas y húmedas, con los huesos pegando en el suelo”, recuerda Barber. “Pasamos mucho frío, dormíamos muy poco y también comíamos poco”. Ambos relatan que la situación llegó a ser extrema por las dificultades iniciales para subir alimentos y material básico. “Si no llega a ser por la intervención de nuestra abogada y de los compañeros, aquello era inhumano. Nos dejaron sin luz y no podíamos usar nuestros móviles. Hasta los presos de Puerto II estaban más comunicados que nosotros”, afirma Galván. Por eso hablan de maltrato por parte de Navantia. La empresa ha insistido en los últimos días en que ambos fueron alimentados convenientemente y se les suministró abrigo y material de descanso.

El desenlace llegó con un amplio despliegue policial alrededor de la grúa. “Estábamos tranquilos hasta que vimos todo cercado”, explica Barber. “Nos dijeron que, si no bajábamos, subirían a por nosotros”. La escena les dejó una sensación que repiten varias veces: “Como si fuéramos terroristas”. La intervención policial atendía una denuncia presentada por Navantia a finales de abril, en la que se alertaba de la presencia de dos trabajadores en una grúa en condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas. Finalmente, descendieron de manera voluntaria. “Nos querían llevar detenidos, pero al final nos dejaron dormir en casa si acudíamos a comisaría al día siguiente. Somos dos trabajadores honrados”, insiste Galván. “No hemos robado, no somos terroristas. Nos dijeron que viniéramos hoy a las nueve y media y aquí estamos”.

Buena parte de sus críticas se dirigen al PSOE. “Está evidenciando que no se comporta como socialista obrero”, afirma Galván. “Se comporta como un partido de derechas que vuelve a reprimir a los trabajadores”. Tampoco se salva la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada. “Dice que desde el primer día atendió nuestros llamamientos y eso es mentira. Ni siquiera cogió el teléfono”, sostienen. Contra el PSOE hay convocadas este jueves 7 de mayo concentraciones en las sedes del partido en las capitales andaluzas.

El conflicto ha servido, en su opinión, para desenmascarar a los actores del sector. Acusan a UGT y CCOO de haberse alejado de los trabajadores eventuales y precarizados. “Esto ha puesto de relieve quién defiende a los obreros y quién no”, señala Barber. Ambos vinculan las listas negras a un modelo basado en el miedo. “Las factorías se han convertido en campos de concentración”, llega a decir Galván. “La gente entra ya con autorrepresión, con miedo a perder el puesto”.

Pese a la trascendencia de su protesta, remarcan que nunca buscaron paralizar la producción. “Pedimos a los compañeros que siguieran trabajando”, explica Barber. “Para perder ya estábamos nosotros”.

Durante el conflicto, relatan, se les hicieron dos ofertas de empleo. La primera, anterior al encierro, fue vetada por Navantia. La segunda la consideran una maniobra para desactivar la protesta. “Querían mandarnos a Burgos y cambiaban continuamente las condiciones”, dice Barber.

A la espera del recorrido judicial del caso, anuncian nuevas denuncias contra Navantia y Dragados Offshore, e incluso la posibilidad de acciones legales por delito de odio por el trato recibido durante estos años.

Lejos de asumir la bajada como una derrota, la presentan como un cambio de fase. “Esto no acaba aquí”, repiten. Antes de entrar en comisaría, Galván resume el sentido de la protesta: “No pedimos privilegios. Pedimos trabajar en nuestra tierra y hacerlo con dignidad”. Confían en que la documentación enviada a la Inspección de Trabajo, “con audios y documentos”, sirva para demostrar que las listas negras son reales y se adopten medidas para acabar con ella.

En un acto cargado de emoción y reconocimiento, Comisiones Obreras (CCOO) ha celebrado hoy un homenaje a la figura de Juan Antonio Mata Marfil, exsecretario regional del sindicato y pieza clave en la historia reciente de Albacete y de toda la comunidad autónoma.

El evento ha congregado a a unas 600 personas que han recordado el legado de un hombre cuya trayectoria es inseparable de “la lucha por las libertades” en este país, definiéndole como un “soñador y luchador” que no se amilanó ante la dictatura.

Entre los presentes estaban Remedios Toboso, su esposa; Aurora Mata y Clara Mata, sus hijas; y sus cuatro nietas, Lucía, Inés, Alba y Emma, y también 'la familia sindical', representada por los secretarios generales de CCOO en Albacete, Paco Gómez; en Castilla-La Mancha, Javier Ortega; y en España, Unai Sordo, que ha participado a través de un vídeo. También han acudido representantes institucionales, políticos, sociales y empresariales de Albacete y Castilla La Mancha.

El homenaje ha servido no solo para recordar a un dirigente con visión estratégica que “se adelantó a su tiempo”, sino para reivindicar el diálogo social como la herramienta fundamental para el entendimiento, un legado que, según sus allegados, permanece vivo en el corazón de los trabajadores de Castilla-La Mancha.

“Representa a una generación de compañeros y de compañeras, de hombres y mujeres muy valientes y muy jóvenes en ese momento, que dieron un paso adelante para crear las libertades y la democracia que ahora mismo estamos disfrutando”, ha manifestado Ortega al inicio del acto, celebrado en el Paraninfo universitario de Albacete.

Su familia ha expresado un “orgullo máximo” por los valores de justicia y dignidad que les inculcó. Han definido a Comisiones Obreras como su propia “casa” y “familia”, agradeciendo el inmenso cariño recibido por parte de la ciudadanía y los trabajadores.

RemediosToboso ha calificado que es “un día de muchísimo orgullo, de reencuentro de muchísimos compañeros de lucha y de trabajo”, agradeciendo a la sociedad de Albacete, a los ciudadanos de Albacete y de Castilla-La Mancha, “todo el calor”.

Además, se ha recordado la excelente y cercana relación que Mata mantenía con los medios de comunicación, incluso en periodos de huelga general, demostrando siempre “una gran calidad humana”.

Por su parte, Paco Gómez lo ha recordado como “un luchador” cuando “luchar estaba perseguido en este país, cuando luchar costaba incluso la integridad física y la libertad personal”. “Fue un gran sindicalista, fue un sindicalista de los de antes, de los de siempre, una persona que convencían con la palabra, pero que también convencía con sus actos”.

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, lo ha definido como “una figura imprescindible en esta tierra, que ha dejado una huella imborrable”. Además, ha subrayado la apuesta de Juan Antonio Mata por el consenso y el diálogo como herramientas claves para la resolución de conflictos.

Por su lado, la concejala del equipo de gobierno albaceteño Gala de la Calzada ha asegurado que es “justo” recordar y rendir homenaje “a una personal que dedicó toda su vida a la defensa de los trabajadores y trabajadoras de Albacete y de toda la región”. “Su compromiso con la sociedad y su altura de miras fue fundamental para la mejora de condiciones laborales, ya desde la Transición, lo que sin duda ha contribuido al desarrollo económico de nuestra tierra”, ha agregado.

Al acto han acudido también el expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, o el exdelegado del Gobierno en la región, Francisco Tierraseca, entre otros. 

La dilatada trayectoria de un activo de la democracia

Nacido en 1949 en Benajarafe (/Málaga), aunque su familia se trasladó a Albacete cuando él tenía 8 años, Juan Antonio Mata adquiriró desde muy joven una conciencia de clase que le llevó a jugar un papel muy activo en la lucha social y política contra el franquismo, y a participar en la creación de las primeras Comisiones Obreras en Albacete, antes incluso de la legalización de los sindicatos y del Partido Comunista.

Formó parte de la famosa asamblea fundacional de CCOO Albacete en La Marmota, en julio de 1976, y fue detenido en 1977 durante la manifestación prohibida del Primero de Mayo.

Fue concejal del Partido Comunista en Albacete en las primeras elecciones democráticas municipales y secretario general de CCOO Albacete entre 1985 y 1995. Posteriormente, asumió la Secretaría General de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, cargo que ocupó hasta 2004. Desde 1976 hasta entonces, fue miembro del Consejo Confederal de Comisiones Obreras.

En 2005, Juan Antonio Mata fue nombrado presidente del Consejo Social y Económico de Castilla-La Mancha, puesto que ejerció hasta que el organismo fue suprimido en 2011. Volvió entonces a su puesto de funcionario de la Administración de Justicia en Albacete. De 2018 a 2022, representó a CCOO en el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.

CCOO de Castilla-La Mancha destaca su papel fundamental en las luchas y conquistas de la clase trabajadora de la región, siendo protagonista en multitud de conflictos y momentos clave, como la huelga general del 14D, y una figura esencial en la construcción del diálogo social en una joven comunidad autónoma.

Organizaciones sindicales como CCOO y UGT, que mantienen una presencia sólida entre trabajadores con trayectorias estables, están encontrando mayores dificultades para integrar a quienes se incorporan al mercado laboral y a quienes ocupan posiciones más vulnerables, apuntan las conclusiones del último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recogidas por Funcas.

El dato que más inquieta a las grandes centrales no es tanto la caída sostenida de la afiliación como su reparto por edades. Entre los asalariados de 25 a 44 años, solo el 18% de quienes trabajan a tiempo completo está afiliado; entre los de 45 a 64 años, el porcentaje sube al 26%. La brecha se agranda entre los jóvenes con contratos parciales: apenas un 10% está sindicalizado.

De la rebeldía democrática a la normalización de los derechos

La afiliación sindical en España lleva más de dos décadas descendiendo. A comienzos de los 2000 rondaba el 15% de los asalariados; hoy se sitúa en el 12%-13%. Para Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Discurso de CCOO, comparar la afiliación juvenil actual con la de la Transición es comparar “dos mundos laborales completamente distintos”. En los años setenta el país era demográficamente joven, con incorporación temprana al trabajo, muy masculina y un gran peso industrial.

Gutiérrez explica que las reivindicaciones laborales chocaban con un régimen autoritario, “afiliarse era un acto de rebeldía democrática”. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, coincide. Durante la Transición, recuerda, había un anhelo profundo de libertad sindical. “Derechos que hoy parecen básicos —negociación colectiva, protección social, el propio Estatuto de los Trabajadores— costaron cárcel y vidas”, añade.

La conquista colectiva se ha convertido en suelo asumido. Hoy esos derechos forman parte del paisaje institucional y esa normalización tiene un efecto paradójico: reduce la percepción de urgencia. “Muchos jóvenes han crecido con esos derechos ya consolidados y no siempre identifican al sindicato como su origen”, señala Luján.

A ello se suma una particularidad del modelo nacional: no es necesario estar afiliado para beneficiarse de los convenios colectivos. Lo que reduce el incentivo formal a afiliarse y obliga a las organizaciones a redoblar esfuerzos de presencia y pedagogía. En comparación con otros países de la Europa occidental, el informe sitúa a España en una posición intermedia —similar a Alemania, Italia o Países Bajos—, lejos de los países nórdicos, donde la afiliación alcanza a dos tercios de los trabajadores.

Trabajar más tarde, trabajar peor

Gal·la Torres, recién graduada en Barcelona tras completar sus estudios universitarios —en el ámbito de las ciencias sociales—, se enfrenta ahora a sus primeros empleos. “La precariedad es una de las problemáticas comunes con las que nos enfrentamos cuando entramos al mundo laboral”, resume. A su parecer, su generación accede a trabajos marcados por contratos mal remunerados, la normalización de las horas extra y, en general, condiciones laborales poco favorables.

Samuel Albuquerque, que también acaba de finalizar su formación —en su caso, vinculada al ámbito de la empresa y la gestión— y da sus primeros pasos profesionales, añade otro ángulo al diagnóstico. “Gran parte del problema está en la poca instrucción que recibimos”, sostiene. A su juicio, durante la etapa educativa apenas se informa sobre el papel y la existencia de los sindicatos, su función en la defensa de los trabajadores o cómo pueden intervenir ante situaciones de abuso. 

El retraso en la incorporación al mercado laboral es otro elemento clave: se estudia más tiempo y se accede más tarde al mundo laboral. Y la afiliación, recuerdan los sindicatos, se produce sobre todo en los centros de trabajo. “Si te incorporas de forma tardía y además lo haces con contratos temporales, en sectores precarizados o en empresas pequeñas, el vínculo es mucho más frágil”, explica Gutiérrez.

La temporalidad no solo afectan a las condiciones laborales, sino también al sentimiento de pertenencia. Los datos respaldan esa idea: entre los mayores de 45 años, la brecha por tipo de jornada casi desaparece (24% de afiliación en parcial y 26% en completa). Entre los jóvenes, en cambio, la precariedad actúa como barrera de entrada. “Donde hay estabilidad y representación, el vínculo crece”, resume Luján.

Organizar colectivamente a trabajadores que rotan, encadenan contratos o compaginan empleo y estudios es más complejo. Gal·la lo expresa de forma directa: “Siento los sindicatos un poco lejanos, como si aún no estuviera asentada para afiliarme”. Una distancia que no nace necesariamente del rechazo, sino de la provisionalidad. Samuel tampoco se ha planteado afiliarse por ahora. “No lo descarto, pero todavía no me dedico a tiempo completo a mi profesión”, explica.

“Si sufro solo, no me sirve el sindicato”

Más allá de los factores estructurales, desde el ámbito sindical se señala un cambio cultural de fondo. “La juventud vive muchas veces sus problemas laborales de manera individual”, apunta un responsable sindical. “La precariedad se sufre en casa, con ansiedad, incluso con culpa. El reto es pasar de ese ‘yo que sufre’ a un ‘nosotros’ que organiza y politiza ese malestar”.

El joven en sus primeros pasos profesionales observa esa misma lógica en su entorno. “Aunque algunas cosas no nos gustan, las aceptamos”, reconoce Samuel. “Ese conformismo, unido al desconocimiento de los derechos laborales, actúa como freno a la sindicalización”.

A ello se suman prejuicios persistentes. “Escuchamos que [los sindicatos] ‘no sirven para nada’, que ‘solo están en grandes empresas’, que ‘están politizados’ o que ‘son cosa de gente mayor’”, explica la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura. “Muchas veces esa percepción viene de fuera. Pero cuando alguien tiene un problema concreto y recibe apoyo colectivo, cambia radicalmente”.

La estigmatización también pesa. Desde el sindicato se habla de una “criminalización de la acción sindical” en un contexto de creciente crispación política que desincentiva implicarse. “Hay quien piensa: ‘No me meto en jaleos’. Ese miedo a exponerse influye”. En la misma línea, la estudiante Gal·la, lo resume así: “Deberíamos estar más motivados a sindicalizarnos y defender algo bastante compartido: que las condiciones laborales tienen que cambiar”.

Más que salario: proyecto de vida

Las preocupaciones de la juventud no se limitan al salario. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España se situó a principios de 2026 en una tasa de paro juvenil del 25%, una de las más altas de la Unión Europea. La estudiante recién graduada defiende que: “No se trata solo de cobrar más, sino de poder imaginar un futuro digno”.

Desde el ámbito sindical, la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura amplía el foco: el problema no es únicamente la precariedad, sino también la falta de oportunidades y la emigración juvenil. “Muchos jóvenes no saben si podrán quedarse, emanciparse o consolidar un proyecto de vida. El sindicalismo también tiene que dar respuesta a un modelo productivo que no ofrece certezas”, señala.

En ese contexto, cuestiones como la vivienda, la conciliación o la salud mental han ganado peso en el debate. Pero no son ámbitos aislados. “La vivienda depende del salario. La salud mental está atravesada por la precariedad. La conciliación tiene que ver con las jornadas”, explica la dirigente sindical. “El error es separar estas luchas cuando forman parte del mismo conflicto: cómo se reparten la riqueza y el tiempo de vida”.

Samuel pone el acento en otro aspecto: la comunicación. A su juicio, los sindicatos deberían revisar qué necesidades cubrían originalmente y recuperar la idea de comunidad, más allá del acompañamiento en conflictos individuales. “Hace falta reconstruir ese sentimiento de colectivo y aprovechar mejor las herramientas actuales para llegar a la gente joven”, plantea. Y añade una clave: “Hay que poner en valor lo que aporta la cohesión a la hora de defender a los trabajadores”.

Desde el sindicato insisten en que el cambio es ineludible. “Necesitamos más presencia en sectores precarios y emergentes, mayor apertura en la toma de decisiones y más pedagogía temprana sobre derechos laborales”, señala la responsable de Juventud. “El sindicalismo del futuro no puede hablar sobre la juventud; tiene que construirse con la juventud”, concluye.

Renovarse para no envejecer

Aunque el 66% de los asalariados españoles nunca se ha afiliado a un sindicato, según los datos recogidos por Funcas, los dirigentes rechazan la idea de un declive irreversible. “El sindicalismo confederal no está en riesgo de desaparecer”, afirma Gutiérrez. Pero reconoce que está en juego su modelo: uno de carácter sociopolítico, que no solo negocie salarios, sino que intervenga en debates como vivienda, sanidad o educación, frente a un sindicalismo más corporativo y fragmentado.

El desafío para los sindicatos es demostrar que, en este nuevo contexto, la organización colectiva sigue siendo útil para disputar el reparto del salario, del tiempo y del futuro. Gutiérrez apunta a la importancia de la representación descriptiva: “Si queremos conectar con la gente joven, tenemos que abrir espacios de responsabilidad a jóvenes, que hablen su idioma y compartan experiencias vitales”. Porque, como resume Nicolás Molina, “la juventud no solo quiere trabajar; quiere poder vivir con dignidad”.

Jesús Galván y Manuel Balber llevan años haciendo lo mismo: actualizar el currículum, entregarlo en empresas del sector del metal en la Bahía de Cádiz y esperar una llamada que nunca llega. Lo hacen en un momento en el que hay más carga de trabajo que en la última década, con empresas que reconocen dificultades para encontrar mano de obra cualificada y perfiles como el suyo —soldadores con experiencia— especialmente demandados. En su caso, sin embargo, la respuesta siempre es la misma. “Hay trabajo, pero no para nosotros”, resume Galván. Ambos sostienen que detrás de esa situación hay un veto ligado a su actividad sindical. Esta semana pasada han formalizado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra varias empresas auxiliares a las que aseguran haber enviado sus currículums sin obtener respuesta.

“Hay una carga de trabajo descomunal, se dice que hace falta gente y se está contratando incluso fuera, pero a nosotros no se nos da la oportunidad de trabajar”, explica Galván. Los dos trabajadores, miembros de la Coordinadora de Trabajadores del Metal, vinculan esa situación a la existencia de listas negras que afectarían a empleados señalados por su participación en movilizaciones laborales o por su actividad sindical, una práctica difícil de probar pero que, según denuncian, opera de forma efectiva en el sector. Esta coordinadora ha sido protagonista de las recientes huelgas del metal de Cádiz, con movilizaciones al margen de las propuestas o sugeridas por los sindicatos mayoritarios.

La denuncia se refiere a su caso concreto, aunque ambos apuntan a que podría haber más afectados, la mayoría portavoces o referentes de la coordinadora. “No sabemos cuántos hay, pero sí sabemos que no somos los únicos”, señala Balber, que insiste en que su única reivindicación es poder trabajar en el sector en el que llevan años desempeñándose.

Su relato sitúa el origen de esta situación en 2017, cuando participaron en procesos de selección para empresas auxiliares del metal. Tras superar pruebas y reconocimientos médicos, aseguran que su acceso fue frenado en el último momento. “Teníamos todo hecho y, cuando íbamos a entrar, se nos impidió el acceso”, recuerda Balber. Aunque finalmente lograron incorporarse, su permanencia fue breve. “A los pocos días buscaron la forma de echarnos”.

“Queremos trabajar, no vivir de una ayuda”

La situación se repitió posteriormente en otra empresa auxiliar que operaba en Navantia San Fernando. En 2020 fueron despedidos y el caso llegó a los tribunales. Según explican, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoció que ese despido se produjo en un contexto de represalia sindical, aunque no pudieron recuperar sus puestos al tratarse de contratos de obra.

Desde entonces no han vuelto a trabajar en el sector en la Bahía de Cádiz. La falta de ingresos estables ha marcado su situación en estos años. “Yo no cobro nada y él está con una ayuda para mayores de 52 años”, explica Galván. Balber lo concreta: “Tengo tres hijos, él tiene dos. Con lo que entra no nos llega. Pero nosotros queremos trabajar, no vivir de una ayuda”.

Balber y Galván aspiraban a trabajar aquí en este contexto de auge laboral, pero las puertas siguen igual de cerradas para ellos. Ante esta situación, han optado por intensificar la presión institucional. En las últimas semanas han mantenido reuniones con representantes de distintas formaciones políticas, en un contexto marcado por la precampaña de las próximas elecciones andaluzas. Según explican, estos encuentros buscan forzar un posicionamiento claro ante una situación que consideran evidente. “Ahora, con la coyuntura electoral, es el momento de que se retraten”, sostienen. Creen que la llave de la solución la tiene el Ministerio de Hacienda, al ser el responsable de la SEPI, de la que depende Navantia, o el Ministerio de Trabajo. 

Precisamente, tras organizar movilizaciones como la acampada en las inmediaciones de Navantia San Fernando la semana pasada, han decidido trasladar el caso a la Inspección de Trabajo, en parte a raíz de contactos con el entorno de Sumar y del Ministerio de Trabajo. “Nos dicen que, aunque es difícil de demostrar, hay que dejar constancia para que se pueda actuar”, señala Balber. Ambos admiten la complejidad de acreditar la existencia de listas negras. “No hay nada escrito, pero la realidad es la que es”, añade Galván.

Movilizaciones en Dragados Offshore

La denuncia se produce en un momento especialmente relevante para el sector del metal en la provincia de Cádiz, uno de los principales motores industriales del territorio. Según datos del convenio colectivo firmado en 2025, el sector agrupa a más de 31.000 trabajadores, articulados a través de un entramado de alrededor de 5.000 empresas entre grandes compañías y auxiliares.

Tras varios años marcados por la escasez de contratos, el sector vive ahora un cambio de ciclo impulsado por la proliferación de encargos en empresas tractoras como Navantia, Dragados Offshore o Airbus, que tiran del conjunto de la industria auxiliar. Este incremento de la actividad ha elevado la demanda de mano de obra, especialmente en perfiles cualificados. En Dragados, por ejemplo, han sido contratados en origen unos 300 trabajadores peruanos que comparten faena con cerca de un millar de empleados locales. Es en ese contexto donde los denunciantes sitúan su caso. “Se dice que falta gente, pero nosotros llevamos años sin poder entrar”, afirma Balber.

La cuestión plantea un escenario complejo desde el punto de vista jurídico. La legislación prohíbe cualquier discriminación por razón de afiliación o actividad sindical. Así lo recoge el artículo 28 de la Constitución. Pero la acreditación de estas prácticas resulta especialmente difícil en ausencia de pruebas documentales.

Por el momento, las empresas señaladas, consultadas por elDiario.es Andalucía, no se han pronunciado sobre la denuncia. La actuación de la Inspección de Trabajo será clave para determinar si existen indicios suficientes que permitan avanzar en la investigación. El caso coincide además con un nuevo escenario de conflictividad laboral en el sector. El comité de empresa de Dragados Offshore ha anunciado movilizaciones que podrían desembocar en una huelga indefinida en los próximos días por la falta de acuerdo en su convenio colectivo.

Para Galván y Balber, dos soldadores, el objetivo sigue siendo el mismo desde hace años. “Nosotros lo único que queremos es trabajar. Siempre lo hemos hecho y queremos seguir haciéndolo. No puede ser que nos pongan en una lista negra por defender los derechos laborales de nuestros compañeros”.