Los trabajadores de espectáculos y eventos de Euskadi pararán este viernes, 15 de mayo, para denunciar la precariedad de su sector y ante el “bloqueo” por parte de la patronal que denuncian a la hora de negociar un nuevo convenio que mejore sus condiciones laborales. Según critican, en 2024 se constituyó por primera vez la asociación Euki, una patronal integrada por empresas con domiciliación fiscal Euskadi, que comenzó a reunirse con representantes del sindicato Teknikariok y los sindicatos mayoritarios ELA, LAB, ESK, CCOO y UGT con el objetivo de negociar un convenio colectivo propio del sector del espectáculo en vivo. Así se constituyó la primera mesa negociadora del Convenio de Espectáculos y Eventos de Euskadi. No obstante, tras dos años de reuniones, pese a que se han alcanzado acuerdos “mínimos”, los sindicatos se han plantado para denunciar el “bloqueo” de la patronal en cuanto a lo que consideran “uno de los puntos centrales” de la negociación: la flexibilidad laboral.

En concreto, una de las líneas rojas de los trabajadores es poder contar con un mes de preaviso en la asignación de turnos y horarios. Sin embargo, las empresas se niegan a asumir ese compromiso sin reservarse la posibilidad de modificarlos con solo cinco días de antelación respecto al evento. “Para quienes no estén familiarizados con este sector, conviene señalar que se trata de uno de los más históricamente precarios y desestructurados del tejido productivo. Las razones son múltiples: una industria cultural escasa y casi siempre condicionada por la subvención pública; una eventualidad crónica y una falta de estabilidad laboral estructural; jornadas de trabajo interminables; la proliferación de falsos autónomos al servicio de empresas a su vez subcontratadas; el incumplimiento sistemático de los descansos entre jornadas; y la ausencia de compensación por festivos, descansos semanales o vacaciones”, denuncian desde la Sección Sindical de CNT del Teatro Arriaga, quienes hacen un llamamiento a los trabajadores a secundar la huelga de este viernes. “Que no suban los telones, que los micros no suenen y que las luces no se enciendan. No participéis en ningún concierto, obra de teatro, espectáculo de danza ni evento alguno, y salid a las movilizaciones para que las reivindicaciones suenen más alto”, defienden tras añadir que el llamamiento también es para la ciudadanía, a quienes piden no asistir a ningún teatro, concierto, danza o evento para poder apoyar su lucha.

“El nuestro es un sector donde la vulneración de derechos y la precariedad marcan el día a día de tantos trabajadores que por fin han decidido organizarse. Las especificidades organizativas y productivas de nuestro sector han sido tradicionalmente aprovechadas por muchas empresas para evitar que, en la práctica, lleguen al día a día de los trabajadores incluso algunos de los derechos mínimos ya consagrados en el Estatuto de los Trabajadores. Derechos básicos que se dan por sentado en la mayoría de profesiones son, sin embargo, pisoteados en la nuestra bajo el pretexto de la intermitencia que caracteriza nuestra actividad”, lamentan los sindicatos.

Además de la huelga, los trabajadores han comenzado a interponer denuncias ante la Inspección de Trabajo por los contratos que, según aseguran, son “abusivos e ilegales”. “Desde Euki se pretende que los trabajadores renunciamos a la conciliación familiar y personal mediante la entrega de horarios, calendarios y turnos de trabajo con una antelación totalmente inaceptables. Quieren manejar cómoda y flexiblemente su actividad a costa de imposibilitar que cualquier empleado organice mínimamente su vida (y la de su entorno) y permanezca a continua disposición de la empresa. Todo ello sin ofrecer compensaciones de ningún tipo y afirmando que ya han hecho su última oferta, pese a que lo propuesto en ella se encuentra incluso por debajo de los mínimos que marca el Estatuto de los Trabajadores”, critican.

Las movilizaciones convocadas para el viernes, 15 de mayo, se llevarán a cabo en las tres capitales vascas, pero se realizarán piquetes informativos en eventos de todo el territorio. En Bilbao, la concentración será frente al Teatro Arriaga a las 11.30 horas; en Vitoria se realizará en el festival Batbatean, en Mendizabala, a las 18.00 horas y en Donostia será a las 19.00 horas en el Teatro Victoria Eugenia. Además, a las 18.30 horas en Leioa, durante la celebración de Umore Azoka los trabajadores del sector realizarán una kalejira y concentraciones en los distintos escenarios del espectáculo.

Cancelaciones y parones por la huelga

Entre los espectáculos anunciados para el viernes, 15 de mayo está la obra de teatro 'Fronteras', protagonizado por Carolina Yuste y Eneko Sagardoy a las 19.30 horas en el Teatro Arriaga; la obra de teatro '¿Quieres pecar conmigo?', con Ana Villa, Maria Petri, Arantzazu Ruiz, Marta Fíguls, Ernest Fuster y Victor Fajardo a las 20.00 horas en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, 'Tarzán, el musical' en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia a las 20.00 horas -una hora después de la concetración de los trabajadores en el mismo teatro- o el concierto de Bad Gyal en Bilbao Arena a las 19.00 horas.

Pero una de las citas más esperadas del viernes será el concierto de Fito y Fitipaldis de fin de gira en el BEC de Barakaldo a las 19.00 horas. Por el momento, desde el grupo, que ha vendido todas las entradas, no han realizado ninguna comunicación sobre la huelga. Tampoco de los teatros ni conciertos mencionados en este artículo. Sí que se ha pronunciado, en cambio, Nacho Vegas, quien ha cancelado su concierto previsto en el Kafe Antzokia de Bilbao por la huelga de los trabajadores del sector de espectáculos. “Yo mismo y todo el equipo que forma parte de la gira 'Vidas semipreciosas' hemos tomado la decisión de suspender este concierto hasta nueva fecha para solidarizarnos con los y las trabajadoras del sector. Sin técnicos ni técnicas no podríamos dar ni asistir a conciertos y queremos solidarizarnos especialmente con la gente más precarizada y apoyar esta huelga que defiende sus derechos laborales más básicos”, ha anunciado el artista, que ha destacado que no se trata de una decisión tomada en contra del Kafe Antzokia en concreto, sino una decisión tomada por “conciencia política”.

Por su parte, el festival Batbatean de Vitoria ha anunciado un parón a modo de solidaridad con la huelga desde las 21.00 horas hasta las 22.00 horas. En un comunicado el equipo del festival ha explicado que durante los últimos días ha mantenido “varias reuniones con los diferentes agentes que han impulsado la convocatoria” y ha escuchado “de primera mano las reivindicaciones y preocupaciones en torno a las situaciones de precariedad laboral que se dan en el sector de la música en directo y los espectáculos”. “Aunque compartimos muchas de las peticiones y reivindicaciones planteadas resulta logísticamente imposible suspender por completo la primera jornada, debido a las consecuencias que ello tendría a nivel organizativo, técnico y contractual”, han asegurado desde el festival, que finalmente ha optado por realizar un parón de una hora. “Batbatean es un festival formado por personas que forman parte activa de la industria musical de Euskal Herria, y conocemos de cerca, y en muchos casos también sufrimos, la situación de precariedad del sector del ocio y los espectáculo”, han recalcado.

Las críticas contra “la España sindicalizada” y la labor de tres inspectoras de Trabajo para investigar los abusos laborales en Glovo que el juez Álvaro Lobato efectuó en una sentencia han quedado sin castigo. Así lo confirmó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en diciembre, según ha podido saber ahora elDiario.es.

El juez Lobato, titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, trasladó su ideología antisindical que antes había expuesto en artículos de prensa y en actos de la fundación en la que participa en la sentencia por la que rechazó la demanda por competencia desleal de Just Eat contra Glovo.

En su resolución del pasado julio, el magistrado cuestionó la profesionalidad de las inspectoras de Trabajo que testificaron en la vista, a las que atribuyó “un indiscutible sesgo de grupo”, y consideró que su “proceso de toma de decisiones está inevitablemente contaminado por tendencias psicológicas que tienen profundos anclajes biológicos”.

“En todas las declaraciones [de las inspectoras] parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada, 'el mundo de ayer' administrado y burocrático”, apostilló el juez.

Además de desestimar la demanda de Just Eat, que consideraba que los falsos autónomos de Glovo implicaban una competencia desleal contra las compañías de reparto que sí tenían contratados a sus repartidores, el juez Lobato incluyó en su sentencia elogios al modelo laboral de la compañía fundada por Óscar Pierre. El Supremo declaró ilegal el modelo laboral de Glovo en 2020, pese a lo que la compañía lo mantuvo hasta que su fundador fue imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Las inusuales manifestaciones del juez en su resolución provocaron que varias instituciones, como el Ministerio de Trabajo, el sindicato CCOO o la Unión Progresista de Inspectoras e Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (UPIT), remitieran escritos de queja ante el CGPJ. La UPIT alertó del “grave precedente” de los ataques “misóginos” del magistrado, a quien afearon sus “flagrantes faltas de equidad y objetividad”.

Pese a la petición de la central que en Catalunya encabeza Belén López, el Govern rechazó sumarse a las quejas ante el CGPJ contra Lobato tras participar el año pasado en el acto de los 10 años de la compañía junto a representantes de UGT, CCOO y las patronales pocos días antes del juicio. El acto fue esgrimido por la defensa de Glovo en su juicio por la demanda de Just Eat.

Según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, tras las quejas presentadas por distintas instituciones, el CGPJ incoó una diligencia informativa (una investigación preliminar antes de decidir si se abre un expediente sancionador) que se archivó el pasado mes de noviembre al no considerar las consideraciones del juez Lobato pudieran suponer una infracción disciplinaria.

Un mes después, la comisión permanente del CGPJ tomó conocimiento por mayoría del carpetazo de las quejas. El vocal Carlos Hugo Preciado, elegido a iniciativa de Sumar, fue el único que votó en contra del archivo al considerar que el magistrado cometió una falta de desconsideración porque sus manifestaciones fueron impertinentes y despectivas.

Lobato llegó al juzgado mercantil 2 de Barcelona hace cuatro años. Se reincorporó así a la carrera judicial, de la que había cogido una excedencia en 1996 para pasar por grandes despachos privados como Gómez-Acebo y Pombo y DLA Piper. También fundó su propio bufete. En la actualidad, es secretario de la fundación Fide.

En un vídeo de hace once meses de la fundación, el juez había cuestionado abiertamente el papel de los sindicatos. “Se está produciendo un desplazamiento de lo colectivo a lo individual. En el seno de una empresa, las jerarquías rígidas y autoritarias pierden pertinencia. ¿Qué sentido tiene hoy la defensa colectiva de los intereses que ya no son homogéneos de los trabajadores de una empresa? Planteo el tema, que ya sé que es vidrioso, de los sindicatos...”, se preguntaba el juez Lobato.

Tras 28 días encaramados a una grúa de Navantia San Fernando (Cádiz), los soldadores Manuel Barber y Jesús Galván pusieron este martes los pies en tierra firme. Lejos de dar por cerrado un conflicto, aseguran que su protesta va mucho más allá de su caso personal. Horas después de bajar, acudieron a la comisaría de la Policía Nacional para conocer los cargos derivados de la denuncia presentada por la empresa pública. Ya anuncian que devolverán la denuncia a Navantia por maltrato y delito de odio.

La primera noche fuera de la grúa no fue una celebración. “Dormimos poco, pero tranquilos”, resumen. Aún conservaban la voz ronca, el gesto endurecido y el cansancio de casi un mes expuestos al frío, al viento y a la intemperie, a 25 metros de altura. Llegaron escoltados por sus compañeros, que en los últimos días han tenido que seguirles desde lejos. Cada vez más lejos. “Al principio nos dejaban estar en el aparcamiento del astillero, pero lo han vallado y en los últimos días no era posible”, explican varios de ellos.

En las puertas de la comisaría isleña, Barber y Galván relatan una protesta complicada, pero que aseguran haber llevado con entereza. “Nos conocemos bien, hemos vivido muchos años fuera y hemos compartido muchas situaciones difíciles”, explican. “Nosotros hubiéramos aguantado lo que hiciera falta. Sabíamos que éramos fuertes mentalmente, pero incluso a nosotros mismos nos ha sorprendido la capacidad de resistencia que hemos tenido”.

El encierro comenzó el 8 de abril como una acción límite para denunciar la existencia de supuestas listas negras en Navantia y en empresas auxiliares contra trabajadores vinculados a la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM). Barber y Galván sostienen que llevan cerca de una década sin poder trabajar en los astilleros de la Bahía de Cádiz pese a contar con alta cualificación y experiencia en el extranjero y en otras partes de España. Según su versión, varias empresas intentaron contratarlos, pero la entrada les fue vetada desde la empresa pública. “Tenemos la declaración del jefe que nos iba a contratar diciendo que Navantia le comunicó que éramos personal no grato y que estábamos en listas negras”, asegura Galván. “Eso ya lo tiene la Inspección de Trabajo”.

Durante semanas, la imagen de ambos sobre la grúa se convirtió en parte del paisaje del astillero isleño y en un símbolo incómodo para una empresa pública con elevada carga de trabajo. La protesta fue creciendo con el respaldo de CTM y concentraciones en distintos puntos del estado, en paralelo a un contexto político marcado por la campaña electoral andaluza. “Antes había dos en la grúa y mil organizando. Ahora hay mil y dos más que vamos a seguir dando la pelea”, resume Galván.

Los primeros días fueron los más duros. “Dormíamos sobre chapas estriadas y húmedas, con los huesos pegando en el suelo”, recuerda Barber. “Pasamos mucho frío, dormíamos muy poco y también comíamos poco”. Ambos relatan que la situación llegó a ser extrema por las dificultades iniciales para subir alimentos y material básico. “Si no llega a ser por la intervención de nuestra abogada y de los compañeros, aquello era inhumano. Nos dejaron sin luz y no podíamos usar nuestros móviles. Hasta los presos de Puerto II estaban más comunicados que nosotros”, afirma Galván. Por eso hablan de maltrato por parte de Navantia. La empresa ha insistido en los últimos días en que ambos fueron alimentados convenientemente y se les suministró abrigo y material de descanso.

El desenlace llegó con un amplio despliegue policial alrededor de la grúa. “Estábamos tranquilos hasta que vimos todo cercado”, explica Barber. “Nos dijeron que, si no bajábamos, subirían a por nosotros”. La escena les dejó una sensación que repiten varias veces: “Como si fuéramos terroristas”. La intervención policial atendía una denuncia presentada por Navantia a finales de abril, en la que se alertaba de la presencia de dos trabajadores en una grúa en condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas. Finalmente, descendieron de manera voluntaria. “Nos querían llevar detenidos, pero al final nos dejaron dormir en casa si acudíamos a comisaría al día siguiente. Somos dos trabajadores honrados”, insiste Galván. “No hemos robado, no somos terroristas. Nos dijeron que viniéramos hoy a las nueve y media y aquí estamos”.

Buena parte de sus críticas se dirigen al PSOE. “Está evidenciando que no se comporta como socialista obrero”, afirma Galván. “Se comporta como un partido de derechas que vuelve a reprimir a los trabajadores”. Tampoco se salva la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada. “Dice que desde el primer día atendió nuestros llamamientos y eso es mentira. Ni siquiera cogió el teléfono”, sostienen. Contra el PSOE hay convocadas este jueves 7 de mayo concentraciones en las sedes del partido en las capitales andaluzas.

El conflicto ha servido, en su opinión, para desenmascarar a los actores del sector. Acusan a UGT y CCOO de haberse alejado de los trabajadores eventuales y precarizados. “Esto ha puesto de relieve quién defiende a los obreros y quién no”, señala Barber. Ambos vinculan las listas negras a un modelo basado en el miedo. “Las factorías se han convertido en campos de concentración”, llega a decir Galván. “La gente entra ya con autorrepresión, con miedo a perder el puesto”.

Pese a la trascendencia de su protesta, remarcan que nunca buscaron paralizar la producción. “Pedimos a los compañeros que siguieran trabajando”, explica Barber. “Para perder ya estábamos nosotros”.

Durante el conflicto, relatan, se les hicieron dos ofertas de empleo. La primera, anterior al encierro, fue vetada por Navantia. La segunda la consideran una maniobra para desactivar la protesta. “Querían mandarnos a Burgos y cambiaban continuamente las condiciones”, dice Barber.

A la espera del recorrido judicial del caso, anuncian nuevas denuncias contra Navantia y Dragados Offshore, e incluso la posibilidad de acciones legales por delito de odio por el trato recibido durante estos años.

Lejos de asumir la bajada como una derrota, la presentan como un cambio de fase. “Esto no acaba aquí”, repiten. Antes de entrar en comisaría, Galván resume el sentido de la protesta: “No pedimos privilegios. Pedimos trabajar en nuestra tierra y hacerlo con dignidad”. Confían en que la documentación enviada a la Inspección de Trabajo, “con audios y documentos”, sirva para demostrar que las listas negras son reales y se adopten medidas para acabar con ella.

En un acto cargado de emoción y reconocimiento, Comisiones Obreras (CCOO) ha celebrado hoy un homenaje a la figura de Juan Antonio Mata Marfil, exsecretario regional del sindicato y pieza clave en la historia reciente de Albacete y de toda la comunidad autónoma.

El evento ha congregado a a unas 600 personas que han recordado el legado de un hombre cuya trayectoria es inseparable de “la lucha por las libertades” en este país, definiéndole como un “soñador y luchador” que no se amilanó ante la dictatura.

Entre los presentes estaban Remedios Toboso, su esposa; Aurora Mata y Clara Mata, sus hijas; y sus cuatro nietas, Lucía, Inés, Alba y Emma, y también 'la familia sindical', representada por los secretarios generales de CCOO en Albacete, Paco Gómez; en Castilla-La Mancha, Javier Ortega; y en España, Unai Sordo, que ha participado a través de un vídeo. También han acudido representantes institucionales, políticos, sociales y empresariales de Albacete y Castilla La Mancha.

El homenaje ha servido no solo para recordar a un dirigente con visión estratégica que “se adelantó a su tiempo”, sino para reivindicar el diálogo social como la herramienta fundamental para el entendimiento, un legado que, según sus allegados, permanece vivo en el corazón de los trabajadores de Castilla-La Mancha.

“Representa a una generación de compañeros y de compañeras, de hombres y mujeres muy valientes y muy jóvenes en ese momento, que dieron un paso adelante para crear las libertades y la democracia que ahora mismo estamos disfrutando”, ha manifestado Ortega al inicio del acto, celebrado en el Paraninfo universitario de Albacete.

Su familia ha expresado un “orgullo máximo” por los valores de justicia y dignidad que les inculcó. Han definido a Comisiones Obreras como su propia “casa” y “familia”, agradeciendo el inmenso cariño recibido por parte de la ciudadanía y los trabajadores.

RemediosToboso ha calificado que es “un día de muchísimo orgullo, de reencuentro de muchísimos compañeros de lucha y de trabajo”, agradeciendo a la sociedad de Albacete, a los ciudadanos de Albacete y de Castilla-La Mancha, “todo el calor”.

Además, se ha recordado la excelente y cercana relación que Mata mantenía con los medios de comunicación, incluso en periodos de huelga general, demostrando siempre “una gran calidad humana”.

Por su parte, Paco Gómez lo ha recordado como “un luchador” cuando “luchar estaba perseguido en este país, cuando luchar costaba incluso la integridad física y la libertad personal”. “Fue un gran sindicalista, fue un sindicalista de los de antes, de los de siempre, una persona que convencían con la palabra, pero que también convencía con sus actos”.

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, lo ha definido como “una figura imprescindible en esta tierra, que ha dejado una huella imborrable”. Además, ha subrayado la apuesta de Juan Antonio Mata por el consenso y el diálogo como herramientas claves para la resolución de conflictos.

Por su lado, la concejala del equipo de gobierno albaceteño Gala de la Calzada ha asegurado que es “justo” recordar y rendir homenaje “a una personal que dedicó toda su vida a la defensa de los trabajadores y trabajadoras de Albacete y de toda la región”. “Su compromiso con la sociedad y su altura de miras fue fundamental para la mejora de condiciones laborales, ya desde la Transición, lo que sin duda ha contribuido al desarrollo económico de nuestra tierra”, ha agregado.

Al acto han acudido también el expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, o el exdelegado del Gobierno en la región, Francisco Tierraseca, entre otros. 

La dilatada trayectoria de un activo de la democracia

Nacido en 1949 en Benajarafe (/Málaga), aunque su familia se trasladó a Albacete cuando él tenía 8 años, Juan Antonio Mata adquiriró desde muy joven una conciencia de clase que le llevó a jugar un papel muy activo en la lucha social y política contra el franquismo, y a participar en la creación de las primeras Comisiones Obreras en Albacete, antes incluso de la legalización de los sindicatos y del Partido Comunista.

Formó parte de la famosa asamblea fundacional de CCOO Albacete en La Marmota, en julio de 1976, y fue detenido en 1977 durante la manifestación prohibida del Primero de Mayo.

Fue concejal del Partido Comunista en Albacete en las primeras elecciones democráticas municipales y secretario general de CCOO Albacete entre 1985 y 1995. Posteriormente, asumió la Secretaría General de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, cargo que ocupó hasta 2004. Desde 1976 hasta entonces, fue miembro del Consejo Confederal de Comisiones Obreras.

En 2005, Juan Antonio Mata fue nombrado presidente del Consejo Social y Económico de Castilla-La Mancha, puesto que ejerció hasta que el organismo fue suprimido en 2011. Volvió entonces a su puesto de funcionario de la Administración de Justicia en Albacete. De 2018 a 2022, representó a CCOO en el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.

CCOO de Castilla-La Mancha destaca su papel fundamental en las luchas y conquistas de la clase trabajadora de la región, siendo protagonista en multitud de conflictos y momentos clave, como la huelga general del 14D, y una figura esencial en la construcción del diálogo social en una joven comunidad autónoma.

Organizaciones sindicales como CCOO y UGT, que mantienen una presencia sólida entre trabajadores con trayectorias estables, están encontrando mayores dificultades para integrar a quienes se incorporan al mercado laboral y a quienes ocupan posiciones más vulnerables, apuntan las conclusiones del último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recogidas por Funcas.

El dato que más inquieta a las grandes centrales no es tanto la caída sostenida de la afiliación como su reparto por edades. Entre los asalariados de 25 a 44 años, solo el 18% de quienes trabajan a tiempo completo está afiliado; entre los de 45 a 64 años, el porcentaje sube al 26%. La brecha se agranda entre los jóvenes con contratos parciales: apenas un 10% está sindicalizado.

De la rebeldía democrática a la normalización de los derechos

La afiliación sindical en España lleva más de dos décadas descendiendo. A comienzos de los 2000 rondaba el 15% de los asalariados; hoy se sitúa en el 12%-13%. Para Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Discurso de CCOO, comparar la afiliación juvenil actual con la de la Transición es comparar “dos mundos laborales completamente distintos”. En los años setenta el país era demográficamente joven, con incorporación temprana al trabajo, muy masculina y un gran peso industrial.

Gutiérrez explica que las reivindicaciones laborales chocaban con un régimen autoritario, “afiliarse era un acto de rebeldía democrática”. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, coincide. Durante la Transición, recuerda, había un anhelo profundo de libertad sindical. “Derechos que hoy parecen básicos —negociación colectiva, protección social, el propio Estatuto de los Trabajadores— costaron cárcel y vidas”, añade.

La conquista colectiva se ha convertido en suelo asumido. Hoy esos derechos forman parte del paisaje institucional y esa normalización tiene un efecto paradójico: reduce la percepción de urgencia. “Muchos jóvenes han crecido con esos derechos ya consolidados y no siempre identifican al sindicato como su origen”, señala Luján.

A ello se suma una particularidad del modelo nacional: no es necesario estar afiliado para beneficiarse de los convenios colectivos. Lo que reduce el incentivo formal a afiliarse y obliga a las organizaciones a redoblar esfuerzos de presencia y pedagogía. En comparación con otros países de la Europa occidental, el informe sitúa a España en una posición intermedia —similar a Alemania, Italia o Países Bajos—, lejos de los países nórdicos, donde la afiliación alcanza a dos tercios de los trabajadores.

Trabajar más tarde, trabajar peor

Gal·la Torres, recién graduada en Barcelona tras completar sus estudios universitarios —en el ámbito de las ciencias sociales—, se enfrenta ahora a sus primeros empleos. “La precariedad es una de las problemáticas comunes con las que nos enfrentamos cuando entramos al mundo laboral”, resume. A su parecer, su generación accede a trabajos marcados por contratos mal remunerados, la normalización de las horas extra y, en general, condiciones laborales poco favorables.

Samuel Albuquerque, que también acaba de finalizar su formación —en su caso, vinculada al ámbito de la empresa y la gestión— y da sus primeros pasos profesionales, añade otro ángulo al diagnóstico. “Gran parte del problema está en la poca instrucción que recibimos”, sostiene. A su juicio, durante la etapa educativa apenas se informa sobre el papel y la existencia de los sindicatos, su función en la defensa de los trabajadores o cómo pueden intervenir ante situaciones de abuso. 

El retraso en la incorporación al mercado laboral es otro elemento clave: se estudia más tiempo y se accede más tarde al mundo laboral. Y la afiliación, recuerdan los sindicatos, se produce sobre todo en los centros de trabajo. “Si te incorporas de forma tardía y además lo haces con contratos temporales, en sectores precarizados o en empresas pequeñas, el vínculo es mucho más frágil”, explica Gutiérrez.

La temporalidad no solo afectan a las condiciones laborales, sino también al sentimiento de pertenencia. Los datos respaldan esa idea: entre los mayores de 45 años, la brecha por tipo de jornada casi desaparece (24% de afiliación en parcial y 26% en completa). Entre los jóvenes, en cambio, la precariedad actúa como barrera de entrada. “Donde hay estabilidad y representación, el vínculo crece”, resume Luján.

Organizar colectivamente a trabajadores que rotan, encadenan contratos o compaginan empleo y estudios es más complejo. Gal·la lo expresa de forma directa: “Siento los sindicatos un poco lejanos, como si aún no estuviera asentada para afiliarme”. Una distancia que no nace necesariamente del rechazo, sino de la provisionalidad. Samuel tampoco se ha planteado afiliarse por ahora. “No lo descarto, pero todavía no me dedico a tiempo completo a mi profesión”, explica.

“Si sufro solo, no me sirve el sindicato”

Más allá de los factores estructurales, desde el ámbito sindical se señala un cambio cultural de fondo. “La juventud vive muchas veces sus problemas laborales de manera individual”, apunta un responsable sindical. “La precariedad se sufre en casa, con ansiedad, incluso con culpa. El reto es pasar de ese ‘yo que sufre’ a un ‘nosotros’ que organiza y politiza ese malestar”.

El joven en sus primeros pasos profesionales observa esa misma lógica en su entorno. “Aunque algunas cosas no nos gustan, las aceptamos”, reconoce Samuel. “Ese conformismo, unido al desconocimiento de los derechos laborales, actúa como freno a la sindicalización”.

A ello se suman prejuicios persistentes. “Escuchamos que [los sindicatos] ‘no sirven para nada’, que ‘solo están en grandes empresas’, que ‘están politizados’ o que ‘son cosa de gente mayor’”, explica la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura. “Muchas veces esa percepción viene de fuera. Pero cuando alguien tiene un problema concreto y recibe apoyo colectivo, cambia radicalmente”.

La estigmatización también pesa. Desde el sindicato se habla de una “criminalización de la acción sindical” en un contexto de creciente crispación política que desincentiva implicarse. “Hay quien piensa: ‘No me meto en jaleos’. Ese miedo a exponerse influye”. En la misma línea, la estudiante Gal·la, lo resume así: “Deberíamos estar más motivados a sindicalizarnos y defender algo bastante compartido: que las condiciones laborales tienen que cambiar”.

Más que salario: proyecto de vida

Las preocupaciones de la juventud no se limitan al salario. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España se situó a principios de 2026 en una tasa de paro juvenil del 25%, una de las más altas de la Unión Europea. La estudiante recién graduada defiende que: “No se trata solo de cobrar más, sino de poder imaginar un futuro digno”.

Desde el ámbito sindical, la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura amplía el foco: el problema no es únicamente la precariedad, sino también la falta de oportunidades y la emigración juvenil. “Muchos jóvenes no saben si podrán quedarse, emanciparse o consolidar un proyecto de vida. El sindicalismo también tiene que dar respuesta a un modelo productivo que no ofrece certezas”, señala.

En ese contexto, cuestiones como la vivienda, la conciliación o la salud mental han ganado peso en el debate. Pero no son ámbitos aislados. “La vivienda depende del salario. La salud mental está atravesada por la precariedad. La conciliación tiene que ver con las jornadas”, explica la dirigente sindical. “El error es separar estas luchas cuando forman parte del mismo conflicto: cómo se reparten la riqueza y el tiempo de vida”.

Samuel pone el acento en otro aspecto: la comunicación. A su juicio, los sindicatos deberían revisar qué necesidades cubrían originalmente y recuperar la idea de comunidad, más allá del acompañamiento en conflictos individuales. “Hace falta reconstruir ese sentimiento de colectivo y aprovechar mejor las herramientas actuales para llegar a la gente joven”, plantea. Y añade una clave: “Hay que poner en valor lo que aporta la cohesión a la hora de defender a los trabajadores”.

Desde el sindicato insisten en que el cambio es ineludible. “Necesitamos más presencia en sectores precarios y emergentes, mayor apertura en la toma de decisiones y más pedagogía temprana sobre derechos laborales”, señala la responsable de Juventud. “El sindicalismo del futuro no puede hablar sobre la juventud; tiene que construirse con la juventud”, concluye.

Renovarse para no envejecer

Aunque el 66% de los asalariados españoles nunca se ha afiliado a un sindicato, según los datos recogidos por Funcas, los dirigentes rechazan la idea de un declive irreversible. “El sindicalismo confederal no está en riesgo de desaparecer”, afirma Gutiérrez. Pero reconoce que está en juego su modelo: uno de carácter sociopolítico, que no solo negocie salarios, sino que intervenga en debates como vivienda, sanidad o educación, frente a un sindicalismo más corporativo y fragmentado.

El desafío para los sindicatos es demostrar que, en este nuevo contexto, la organización colectiva sigue siendo útil para disputar el reparto del salario, del tiempo y del futuro. Gutiérrez apunta a la importancia de la representación descriptiva: “Si queremos conectar con la gente joven, tenemos que abrir espacios de responsabilidad a jóvenes, que hablen su idioma y compartan experiencias vitales”. Porque, como resume Nicolás Molina, “la juventud no solo quiere trabajar; quiere poder vivir con dignidad”.

Jesús Galván y Manuel Balber llevan años haciendo lo mismo: actualizar el currículum, entregarlo en empresas del sector del metal en la Bahía de Cádiz y esperar una llamada que nunca llega. Lo hacen en un momento en el que hay más carga de trabajo que en la última década, con empresas que reconocen dificultades para encontrar mano de obra cualificada y perfiles como el suyo —soldadores con experiencia— especialmente demandados. En su caso, sin embargo, la respuesta siempre es la misma. “Hay trabajo, pero no para nosotros”, resume Galván. Ambos sostienen que detrás de esa situación hay un veto ligado a su actividad sindical. Esta semana pasada han formalizado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra varias empresas auxiliares a las que aseguran haber enviado sus currículums sin obtener respuesta.

“Hay una carga de trabajo descomunal, se dice que hace falta gente y se está contratando incluso fuera, pero a nosotros no se nos da la oportunidad de trabajar”, explica Galván. Los dos trabajadores, miembros de la Coordinadora de Trabajadores del Metal, vinculan esa situación a la existencia de listas negras que afectarían a empleados señalados por su participación en movilizaciones laborales o por su actividad sindical, una práctica difícil de probar pero que, según denuncian, opera de forma efectiva en el sector. Esta coordinadora ha sido protagonista de las recientes huelgas del metal de Cádiz, con movilizaciones al margen de las propuestas o sugeridas por los sindicatos mayoritarios.

La denuncia se refiere a su caso concreto, aunque ambos apuntan a que podría haber más afectados, la mayoría portavoces o referentes de la coordinadora. “No sabemos cuántos hay, pero sí sabemos que no somos los únicos”, señala Balber, que insiste en que su única reivindicación es poder trabajar en el sector en el que llevan años desempeñándose.

Su relato sitúa el origen de esta situación en 2017, cuando participaron en procesos de selección para empresas auxiliares del metal. Tras superar pruebas y reconocimientos médicos, aseguran que su acceso fue frenado en el último momento. “Teníamos todo hecho y, cuando íbamos a entrar, se nos impidió el acceso”, recuerda Balber. Aunque finalmente lograron incorporarse, su permanencia fue breve. “A los pocos días buscaron la forma de echarnos”.

“Queremos trabajar, no vivir de una ayuda”

La situación se repitió posteriormente en otra empresa auxiliar que operaba en Navantia San Fernando. En 2020 fueron despedidos y el caso llegó a los tribunales. Según explican, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoció que ese despido se produjo en un contexto de represalia sindical, aunque no pudieron recuperar sus puestos al tratarse de contratos de obra.

Desde entonces no han vuelto a trabajar en el sector en la Bahía de Cádiz. La falta de ingresos estables ha marcado su situación en estos años. “Yo no cobro nada y él está con una ayuda para mayores de 52 años”, explica Galván. Balber lo concreta: “Tengo tres hijos, él tiene dos. Con lo que entra no nos llega. Pero nosotros queremos trabajar, no vivir de una ayuda”.

Balber y Galván aspiraban a trabajar aquí en este contexto de auge laboral, pero las puertas siguen igual de cerradas para ellos. Ante esta situación, han optado por intensificar la presión institucional. En las últimas semanas han mantenido reuniones con representantes de distintas formaciones políticas, en un contexto marcado por la precampaña de las próximas elecciones andaluzas. Según explican, estos encuentros buscan forzar un posicionamiento claro ante una situación que consideran evidente. “Ahora, con la coyuntura electoral, es el momento de que se retraten”, sostienen. Creen que la llave de la solución la tiene el Ministerio de Hacienda, al ser el responsable de la SEPI, de la que depende Navantia, o el Ministerio de Trabajo. 

Precisamente, tras organizar movilizaciones como la acampada en las inmediaciones de Navantia San Fernando la semana pasada, han decidido trasladar el caso a la Inspección de Trabajo, en parte a raíz de contactos con el entorno de Sumar y del Ministerio de Trabajo. “Nos dicen que, aunque es difícil de demostrar, hay que dejar constancia para que se pueda actuar”, señala Balber. Ambos admiten la complejidad de acreditar la existencia de listas negras. “No hay nada escrito, pero la realidad es la que es”, añade Galván.

Movilizaciones en Dragados Offshore

La denuncia se produce en un momento especialmente relevante para el sector del metal en la provincia de Cádiz, uno de los principales motores industriales del territorio. Según datos del convenio colectivo firmado en 2025, el sector agrupa a más de 31.000 trabajadores, articulados a través de un entramado de alrededor de 5.000 empresas entre grandes compañías y auxiliares.

Tras varios años marcados por la escasez de contratos, el sector vive ahora un cambio de ciclo impulsado por la proliferación de encargos en empresas tractoras como Navantia, Dragados Offshore o Airbus, que tiran del conjunto de la industria auxiliar. Este incremento de la actividad ha elevado la demanda de mano de obra, especialmente en perfiles cualificados. En Dragados, por ejemplo, han sido contratados en origen unos 300 trabajadores peruanos que comparten faena con cerca de un millar de empleados locales. Es en ese contexto donde los denunciantes sitúan su caso. “Se dice que falta gente, pero nosotros llevamos años sin poder entrar”, afirma Balber.

La cuestión plantea un escenario complejo desde el punto de vista jurídico. La legislación prohíbe cualquier discriminación por razón de afiliación o actividad sindical. Así lo recoge el artículo 28 de la Constitución. Pero la acreditación de estas prácticas resulta especialmente difícil en ausencia de pruebas documentales.

Por el momento, las empresas señaladas, consultadas por elDiario.es Andalucía, no se han pronunciado sobre la denuncia. La actuación de la Inspección de Trabajo será clave para determinar si existen indicios suficientes que permitan avanzar en la investigación. El caso coincide además con un nuevo escenario de conflictividad laboral en el sector. El comité de empresa de Dragados Offshore ha anunciado movilizaciones que podrían desembocar en una huelga indefinida en los próximos días por la falta de acuerdo en su convenio colectivo.

Para Galván y Balber, dos soldadores, el objetivo sigue siendo el mismo desde hace años. “Nosotros lo único que queremos es trabajar. Siempre lo hemos hecho y queremos seguir haciéndolo. No puede ser que nos pongan en una lista negra por defender los derechos laborales de nuestros compañeros”.

Los sindicatos asturianos han celebrado este miércoles el indulto a 'Las seis de La Suiza', si bien han alertado de que todo el proceso y su entrada en prisión ha supuesto una “pérdida importante” para la democracia, así como una “criminalización del sindicalismo”.

El grupo de apoyo de 'Las seis de La Suiza' y portavoces de organizaciones sindicales de Asturias, en unidad de acción, han dado este miércoles una rueda de prensa en el Conseyu de la Mocedá de Gijón/Xixón, tras la decisión aprobada en el Consejo de Ministros de concederles el indulto.

El Tribunal Supremo ratificó en junio de 2024 la condena a penas de dos años por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones y confirmó la obligación de abonar 150.000 euros de indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, que cerró por las movilizaciones en favor de una empleada que lo acusaba de acoso laboral.

El juzgado de Gijón que los condenó en primera instancia ordenó que se ejecutara la sentencia, de modo que las cinco mujeres y el hombre ingresaron en prisión el pasado 10 de julio para cumplir la condena, aunque el día 18 de ese mismo mes se les concedió el tercer grado penitenciario.

Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2016, a raíz de que una empleada, que se encontraba embarazada, pidiera una baja laboral por riesgo de aborto tras la negativa del empleador a que se ausentara de su puesto de trabajo por sentirse indispuesta, lo que derivó en un enfrentamiento entre el propietario y su pareja.

El despido y las protestas

Ella, una vez nacido el niño, contactó con el sindicato CNT para negociar un despido, porque no quería volver a incorporarse por haber sido objeto de acoso laboral, pero el dueño de la pastelería no quiso negociar y los sindicalistas organizaron protestas frente al establecimiento.

Desde el grupo de apoyo de 'Las seis de La Suiza', Inés González Pérez ha remarcado que se trata de la “victoria de seis personas”, lograda “gracias a la movilización sindical”, si bien “la pérdida de derechos sindicales e individuales está por zanjar”.

Las valoraciones

El secretario ejecutivo UGT, Juan José Iglesias, ha valorado el indulto, si bien ha lamentado que el hecho de que tuvieran que entrar en la cárcel, ya que ha supuesto una “pérdida importante en la democracia”, así como un “atropello a un derecho constitucional”.

Durante su intervención, el responsable de Acción Sindical de CCOO de Asturias, Damián Manzano, ha valorado el indulto “después de este calvario de las ”seis compañeras represaliadas“, si bien ha hecho un llamamiento para que los sindicatos sigan vigilantes, frente a ”las amenazas de la democracia“ que han surgido en el ”horizonte de la clase trabajadora“.

El secretario general de USO Asturias, Miguel Rivero, ha reconocido que el de hoy es un “día de alegría” para los que creen en una “sociedad más equilibrada y más justa”, ya que la entrada en la cárcel de los seis representantes sindicales “nunca tendría que haber pasado en democracia”.

La “criminalización del sindicalismo”

La portavoz de la Intersindical Asturiana Lena Sarasúa ha recordado que han sido “casi seis meses de un largo proceso”, con “consecuencias a nivel personal, sindical y social” mientras que, desde la CGT, Yanira Hermida ha mostrado su alegría, pese a “lamentar profundamente la demora de este indulto” y la “criminalización del sindicalismo” que se ha producido.

Por su parte, el portavoz del Sindicato de la Clase Trabajadora LCT Pedro Pariente, ha destacado que la “unidad sindical” ha permitido “llevar esta lucha a cabo”, ya que “con la unidad sindical las batallas pueden seguir avanzando y ganándose”.

La portavoz de CNT Gijón Cristina Mencía también ha interpretado el indulto como un “resultado directo de la lucha” sindical, si bien ha afeado que haya tenido que darse en respuesta a un “proceso que ha puesto en cuestión los límites mismos de la acción sindical”.

El indulto que el Consejo de Ministros concedió este martes a las sindicalistas conocidas como 'Las seis de La Suiza' ha sido acogida por el grupo Sofitu que, desde el inicio del conflicto laboral ha sido el punto de apoyo y de movilización contra su ingreso en prisión, con un doble sentimiento: por un lado, “con alegría por las compañeras” que no tendrán que regresar a dormir al Centro Penitenciario de Asturias, pero también con la sensación de que “la lucha no acaba aquí”.

La noticia, adelantada ayer por Infolibre y confirmada por elDiario.es en fuentes del Gobierno, era ratificada esta mañana por la ministra Elma Saiz quien, al término del Consejo de Ministros corroboró que se había concedido el indulto para las seis personas condenadas por haber participado en acciones sindicales contra la política laboral de la pastelería La Suiza de Gijón.

La portavoz del Gobierno explicó, en rueda de prensa, que el indulto se ha aceptado porque “recoge una demanda del Gobierno de Asturias” y cuenta con el apoyo de “fuerzas sindicales y políticas”, según informó Íñigo Aduriz.

La satisfacción de Yolanda Díaz

La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ya se había comprometido en el verano de 2025 con las seis sindicalistas de la CNT en trasladar la propuesta de indulto al Consejo de Ministros durante la visita que realizó a Asturias el año pasado, aludía a esta concesión a través de las redes sociales.

Yolanda Díaz mantiene su convicción de que “hacer sindicalismo no es delito”, como ha venido reivindicando desde que tuvo conocimiento de la condena de las seis sindicalistas que apoyaron a una compañera que denunció haber sido víctima en un caso de acoso laboral y sexual.

A continuación, reproducimos el post publicado en X donde se muestra especialmente orgullosa de formar parte del Gobierno.

Desde que se inició el proceso judicial y se  conoció la sentencia  condenatoria el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha defendido la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras, ante una condena que califica como “inapropiada en una democracia”.

La defensa de sus derechos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sostuvo ya en su visita a Asturias su compromiso por lograr que la libertad de las sindicalistas condenadas fuera una realidad: “Defender los derechos de las y los trabajadores no es delito”, incidió la ministra.

La titular de Trabajo insistió en que “nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales. El sindicalismo es esto, la fuerza colectiva. Hoy 'Las Seis de la Suiza' dejan de tener una carga injusta que nunca merecieron. Hoy el Gobierno se pone del lado de los derechos laborales, del derecho a la protesta y de las reivindicaciones más básicas. Hoy es un día de orgullo”, ha reivindicado Yolanda Díaz.

Movilizaciones

Por otro lado, varios colectivos sociales, sindicales y políticos participarán mañana, día 1 de abril, en una rueda de prensa que ha convocado la Intersindical Asturiana, integrada por los sindicatos SUATEA, Sindicato Ferroviario e ISA, a las 12:00 horas, en el Conseyu de la Mocedá de Gijón/Xixón donde sus representantes valorarán de forma más detallada todo el proceso desde sus inicios hasta la actualidad.

Esta convocatoria ha sido organizada por el grupo de apoyo junto con los sindicatos que han venido impulsando movilizaciones y acciones de apoyo en defensa de las seis sindicalistas condenadas en Asturias. No obstante, las concentraciones en varios puntos del país han sido constantes convocadas por los sindicatos, especialmente CNT.

Evitar la criminalización

Desde la Intersindical Asturiana se valora este indulto como “un paso importante, pero también como una muestra de la necesidad de seguir defendiendo los derechos sindicales y evitar la criminalización de la protesta laboral”.

Integrantes del grupo de Sofitu aseguran que se sienten “muy contentas de que nuestras compañeras hayan recuperado su plena libertad, un hecho que celebramos”.

“La acción sindical está en entredicho”

Sin embargo, consideran que este procedimiento y su posterior ingreso en prisión no debieron haber ocurrido nunca y explican las razones que les lleva a reiterar esta afirmación: “A nuestras compañeras se las ha condenado y criminalizado por haber ejercido sus derechos. A día de hoy, con la jurisprudencia sentada por este caso, la acción sindical está en entredicho y el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación también”.

El indulto es, en su opinión, el resultado de la solidaridad, el apoyo mutuo, la lucha y la unidad de clase.

Otros casos

“Será solamente desde lo colectivo y la lucha como podremos dejar un mundo nuevo a las generaciones venideras. No podemos olvidarnos -añaden- de los diferentes casos de represión que aún siguen activos en el Estado español, persiguiendo y encarcelando a quienes osan enfrentarse a la explotación, la injusticia o el fascismo”.

El grupo de apoyo a 'Las seis de la Suiza' va a realizar una asamblea abierta el próximo día 8 de abril, en la que informará con más detalle sobre el proceso.

“Hoy es un día alegre, pero la lucha no acaba aquí. Las consecuencias de este caso hay que seguir afrontándolas”, reconoce.

Las reacciones

Las reacciones ante el indulto han sido numerosas y las redes sociales se han hecho eco de la noticia como suele ser habitual con comentarios contrapuestos en función de las ideologías de los usuarios: con satisfacción por parte de aquellos que están convencidos de que la medida de gracia se ha concedido por la injusticia que representaba su ingreso en prisión por “hacer sindicalismo en Asturias” o con mensajes de odio de personas -en la mayoría de los casos amparados en el anonimato- que sostienen que se trata de solo una campaña de la izquierda y se dedican a insultar a los periodistas y a sus medios.

La condena

Las seis personas vinculadas al sindicato CNT fueron condenadas a una pena de tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la Administración de Justicia cometidos en el año 2016.

El Tribunal Supremo (TS) desestimó, en junio de 2024, las alegaciones de las defensas y ratificaron la condena en una sentencia donde sostuvieron que las seis sindicalistas cometieron actos de hostigamiento y presión hacia el propietario de la pastelería 'La Suiza' y contra su familia que fueron el detonante para que echara el cierre al negocio ubicado en Gijón.

El caso, conocido como 'Las seis de La Suiza', movilizó a los sindicatos y a los partidos de izquierdas que se sumaron a una manifestación en Gijón, apenas un par de días antes de la deliberación de la Sala, donde se exigió la libre absolución de los condenados.

La ratificación del Supremo

Representantes y militantes de CCOO, UGT, CSI, CGT, SUATEA, Intersindical Asturiana y LCT, así como de Podemos, IU, Sumar, Verdes-Equo, Andecha Astur, Aína, PCTE y Anticapitalistas, participaron en la manifestación. “Hacer sindicalismo no es delito” fue no solo un eslogan para la marcha de apoyo, sino que se convirtió en un lema de su lucha.

Sin embargo, la sentencia condenatoria, que previamente había sido confirmada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, el 31 de marzo de 2022, fue ratificada por el alto tribunal.

Embarazada

Según los hechos declarados probados, el 15 de junio de 2016 la acusada O.P.R. avisó a su pareja sentimental F.S.D. para que acudiera a buscarla a su trabajo para llevarla al hospital ya que se encontraba embarazada y tenía una amenaza de aborto.

F.S.D. se presentó en la pastelería “muy alterado” y llamó a voces al propietario. Según la sentencia, seguidamente propinó un puñetazo a un armario congelador del local, lo que motivó la denuncia del empresario por daños y amenazas en su local.

La presión

A raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, la empleada dejó su trabajo y contactó con el sindicato CNT, donde denunció su situación. Según el fallo a continuación se concertó con las acusadas “para iniciar una campaña de presión sobre el empleador y su familia para que cediera a sus pretensiones económicas”.

Entre otros actos, la sentencia confirmada detallaba la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.

Los recursos

La CNT anunció la interposición de recursos en todas las instancias posibles, “a nivel español y europeo”, para que se haga justicia con este caso que supone un ataque al trabajo sindical que ha calificado como “terrible”.

“Somos incómodos para el sistema. Nuestro ámbito es la calle y lo que no podemos hacer es renunciar a ella. Forma parte de nuestro ADN y es lo que vamos a seguir haciendo. Las compañeras no van a estar solas en ningún momento, y aunque creemos que esta sentencia es un bombazo al sindicalismo, seguiremos estando del lado de las trabajadoras”, aseguró a elDiario.es Asturias Erika Conrado, secretaria general de CNT, en una primera valoración nada más conocer la sentencia del Supremo.

Prisión e indulto

Las seis sindicalistas ingresaron en el Centro Penitenciario de Asturias el 10 de julio de 2025. El magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón/Xixón, Lino Mayo, que las había condenado en primera instancia, había dictado auto de prisión sin esperar a la resolución de la petición de indulto o el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el recurso de revisión de su caso.

Ocho meses después de su encarcelamiento, el Consejo de Ministros ha aprobado su indulto.

Entre el 10 de julio del 2025 y el 31 de marzo del 2026 hay 267 días. Son los que han pasado cumpliendo condena de cárcel 'Las seis de la Suiza', cinco mujeres y un hombre, que ven como este martes el Consejo de Ministros concederá un indulto a su pena de tres años y medio de prisión por “hacer sindicalismo”, como siempre han defendido desde que se inició el proceso judicial hasta la fecha presente.

'Las seis de la Suiza' son una veterinaria, una artista, una trabajadora del ámbito social, una trabajadora del sector del transporte, una empleada de hostelería y un profesor que fueron condenadas por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia por una acción sindical realizada en el año 2017. Tres años y medio de prisión en total para cada una de ellas. Inicialmente las condenadas a cárcel fueron ocho pero en los recursos dos lograron la absolución.

El caso nace en el año 2016 cuando una trabajadora de una pastelería llamada 'La Suiza' denunció acoso laboral, y sexual luego desestimado, y la pareja de esta tienen un altercado con el empresario. La CNT apoyó a la trabajadora con acciones de protesta ante la pastelería consistentes en concentraciones ante el local y reclamar al empresario una salida digna a la situación. El empresario les denuncia por delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia y se condena a siete personas a dos años por coacciones y un año y medio por obstrucción, y a otra a ocho meses. En los recursos siguientes quedaron seis con las condenas de tres años y medio de cárcel en total. Entonces nació la ola de solidaridad bajo el eslogan “Hacer sindicalismo no es delito”

El Tribunal Supremo ratificó la condena en el año 2024, ya que consideró que las acciones pacíficas constituyeron un hostigamiento que llevó a cerrar luego el local. El Constitucional rechazó revisar el caso y ahora están pendiente que se pronuncie el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde han elevado el asunto. Entraron voluntariamente en la prisión del Centro Penitenciario de Asturias el verano pasado tras agotar todas las vías judiciales en España, “con coherencia y dignidad”. Tras su ingreso en la cárcel fueron clasificadas en tercer grado penitenciario, por lo que han esperado el indulto cumpliendo la pena en régimen abierto, es decir, acudiendo a dormir a la prisión. Han cumplido casi la mitad de la condena de cárcel ya que la pena mayor es de dos años.

Desde el minuto uno tanto las sindicalistas, afiliadas a la CNT, como distintas organizaciones han elevado la voz contra la condena de cárcel, que consideran un “peligrosísimo precedente” para impulsar acciones contra el sindicalismo. En su batalla legal han contado con el pleno apoyo del sindicato CNT, que ha financiado la causa judicial e incluso la indemnización de 125.000 euros, y un gran apoyo social. El caso incluso han unido a todos los sindicatos en una “alianza histórica”, con decenas de movilizaciones a su favor en todo el país, tanto durante el proceso judicial como en la posterior fase de petición de indulto.

Fuentes cercanas a las sindicalistas reiteran su preocupación porque el caso suponga un precedente que se use para coartar la libertad sindical en España. A la “alegría personal” por la mejora evidente de su situación le sigue la preocupación como colectivo ya que entienden que a estas alturas ninguna persona debería cumplir una condena de cárcel por ejercer sindicalismo.

Su indulto viene avalado por la petición de 22 organizaciones sindicales de toda España, no de ellas como condenadas, por lo que no necesita arrepentimiento. No lo tienen porque no creen que haber organizado acciones pacíficas de protesta comunicadas ante la pastelería que tenía el conflicto laboral con una trabajadora merezca un reproche penal, y menos de estas características.

Para el acceso al indulto han tenido, además, el apoyo explícito del Gobierno del Principado de Asturias, aunque en la ciudad de Gijón las derechas del consistorio -PP, Vox y Foro- vetaron el debate. La vicepresidente y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido uno de los más firmes apoyos a la medida de gracia, aunque la resolución se ha retrasado casi nueve meses desde que entraron en prisión. El cantante Rodrigo Cuevas recordó este retraso en 'La Revuelta' hace escasos días, volviendo a poner sobre la mesa la derogación de la Ley Mordaza prometida por este Gobierno.

Durante estos meses de cumplimiento de condena las sindicalistas han mantenido silencio, aconsejado por sus equipos legales, mientras esperaban la resolución tanto del indulto como del pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El grupo de apoyo surgido en su apoyo, Sofitu, ha remarcado que “ya es hora” del indulto. “Nuestras compañeras están injustamente en la cárcel, nuestras compañeras deberían de estar aquí hoy con nosotras y nuestras compañeras están privadas de libertad, pero no hicieron nada”, reprochaban tras conocerse su ingreso en prisión. La movilización por su libertad ha sido intensa, emocionante y larga.

Pendientes de la 'letra pequeña'

Los casi nueve meses en prisión suponen realmente que las sindicalistas de la Suiza han cumplido más de la mitad de su condena en el momento que les llega el indulto. Desde el sindicato CNT señalan que están “contentas” por la concesión de los indultos pero piden “prudencia” hasta esperar la decisión del Consejo de Ministros y leer el detalle de cada uno de los indultos individuales, si total o parcialmente o en qué condiciones.

Recuerdan que las sindicalistas de Gijón han tenido que “parar sus vidas” por una condena que entienden que “parece que fuera una voluntad de acallar la reclamación en la calle de los sindicatos”.

Según Érika Conrado, secretaria general de CNT, la respuesta unitaria en defensa de las condenadas y la llegada del indulto demuestran que “El sindicalismo está más vivo que nunca y sigue siendo una cosa del presente”. “Está siendo muy importante la unión de todos los sindicatos y el empuje que hemos tenido todas en el acompañamiento de ellas”, señala para incidir que es necesario “que la gente se organiza y luche, que al final se consiguen cosas”.

No todos los trabajadores que así lo deseaban han podido salir este martes, 17 de marzo, a las calles vascas durante la huelga general para protestar por un salario mínimo propio de 1.500 euros, superior al vigente en España de 1.221 euros. Como por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar internas. Sin embargo, a modo de protesta, muchas de ellas han colgado pañuelos naranjas que representan a su sector en las ventanas de los hogares en los que trabajan, así como fregonas y escobas en los balcones.

“Están con nosotras aunque no estén en las calles. Muchas tienen miedo, están en situación irregular o no se lo pueden permitir. Son la mayoría. Pero las que aquí estamos gritamos por todas, porque en nuestro sector es donde más se vulneran los derechos. No contamos con convenio y nos han negado el derecho a ese convenio. Nos discriminan por el hecho de ser migrantes, nos racializan y somos maltratadas en los domicilios en los que trabajamos. Inspección de Trabajo no hace nada para vigilar cómo son nuestras condiciones dentro de las casas. A muchas compañeras no les pagan los salarios porque están en situación irregular. Se nos pagan lo que quieren, sin pagas extra, vacaciones o descanso. Por eso nos unimos a esta huelga, porque queremos reivindicar nuestros derechos. Protestamos por salarios dignos para nosotras y para quienes no pueden parar”, explica Yolanda, quien lleva seis años trabajando en Euskadi como trabajadora del hogar, dos de ellos como interna.

Junto a ella un grupo de trabajadoras del hogar porta pañuelos naranjas y carteles morados con forma de mujer en los que se lee la realidad de cada una. “Soy Luz Míriam, de Colombia. Soy interna desde hace ocho años”, “Soy Edurne, de Bilbao. Trabajo dentro y fuera de casa sin tiempo y sin descanso”, “Amaia naiz, soy amama y no tengo jubilación” o “Soy Teodocia, cuidadora de Alzheimer y exijo mi derecho a paro”. “Nuestra realidad es que muchas de nosotras hemos trabajado durante años sin contrato. En mi caso tengo contrato solo desde hace cinco años y de media jornada porque la familia ha decidido así. Eso ha hecho que prácticamente no vaya a tener una jubilación. Ya no protesto para mí, sino para las que vengan, para que ganen lo que es justo por su trabajo”, reconoce Maritza, que a sus 66 años cuenta con más de tres décadas como trabajadora del hogar a sus espaldas.

Muchas tienen miedo, están en situación irregular o no se lo pueden permitir. Son la mayoría. Pero las que aquí estamos gritamos por todas

Yolanda — Trabajadora del hogar

Entre las miles de personas que han recorrido las calles del centro de Bilbao se mezclan realidades completamente distintas, pero con una precariedad parecida. Los trabajadores de artes gráficas de Bizkaia siguen de cerca a las trabajadoras del hogar. En su caso, tras una pancarta en la que se lee “¡Convenio digno ya!”, han exigido la renovación de su convenio que data de 2012 y han informado de que comenzarán once jornadas de huelga para lograrlo. “En los últimos años, estamos intentando lograr un convenio digno. En 2024 hicimos doce días de huelga, pero no conseguimos mover a la patronal. Nos dimos un año para evaluar las negociaciones, pero al ver que no había avances, a final de año decidimos volver a activar las huelgas. En este sector hay salarios bastante por debajo de los 21.000 euros, con lo cual hemos planteado empezar hoy el primero de los 11 días de huelga que vamos a llevar a cabo en las artes gráficas de Bizkaia. Desde aquí hasta semana santa”, detalla a este periódico Mikel Etxebarria, uno de los casi 2.000 trabajadores que trabajan en rotativas, imprentas, cartonaje, papel o copisterías de Bizkaia.

En este sector hay salarios bastante por debajo de los 21.000 euros, con lo cual hemos planteado empezar hoy el primero de los 11 días de huelga

Mikel Etxebarria — Trabajador del sector de artes gráficas

Los trabajadores del Puerto de Bilbao, cada uno desde su trinchera, se han unido también este martes para recorrer el centro de la ciudad tras una pancarta en la que se lee “Portuko langileak lan baldintza duinen alde. Los trabajadores del Puerto, a favor de condiciones de trabajo dignas”. “Aprovechamos esta reivindicación de un salario justo para Euskal Herria para también manifestarnos por la precarización a la que nos quieren someter las multinacionales que hay en el Puerto de Bilbao, donde hay varios conflictos laborales, como en amarradores, un servicio de atraque y desatraque de barcos, limpieza, contenedores o en estibadores, donde hay problemas con la renovación de los convenios y otras empresas. Por el momento tenemos trabajos dignos, pero tememos que las multinacionales precaricen nuestro salario a través de la deslocalización del trabajo”, reconoce Pello de Vega, que lleva cerca de 20 años trabajando en el Puerto.

Por su parte, también en la manifestación, decenas de trabajadoras del sector de Intervención Social han exigido la publificación de sus servicios, que están siendo subcontratados. “Nuestro sector está en lucha porque somos trabajadoras públicas privatizadas en un modelo de subcontratación en el que muchas compañeras no alcanzamos el salario mínimo interprofesional que en el día de hoy se está reivindicando, es un sector feminizado, muy conectado con el trabajo de cuidados. Nuestro sector trabaja con sectores de población más vulnerabilizada y es especialmente sensible a la situación creciente internacional de desigualdad e injusticia social. Defendemos que un salario digno es imprescindible para alcanzar el objetivo de una vida digna para todas las personas y desde una perspectiva feminista, antirracista, anticapitalista, antimilitarista y decolonial. No al gasto militar y más gasto social”, asegura Cristina, una de las trabajadoras a elDiario.es/Euskadi.

Estamos en la calle para que los precios bajen y los salarios suban, sobre todo para los estudiantes que son el futuro

Adriana — Profesora de Secundaria

La huelga no solo ha movilizado a trabajadores. Estudiantes de distintas edades también han salido a la calle preocupados por su futuro laboral. Es el caso de Elisa, Asier, Maider y Ander, estudiantes de Química de 21 años, que han acudido a la manifestación con Adriana, profesora de Secundaria de 28 años. La cuadrilla porta una pancarta que, por un lado, lleva el mensaje “Trabajar para vivir, no para sobrevivir” y, por el otro, “Queremos aumentos, no cuentos”. Por el momento todos viven con sus padres y madres, ninguno de ellos ha conseguido independizarse, si siquiera Adriana, pese a contar con un trabajo en un colegio. “Vivimos en casa todavía. En mi caso, aunque trabaje no me puedo ir a vivir con mi novio porque entre los dos sueldos no nos da para comprar una casa y los alquileres están por las nubes. El futuro se ve bastante oscuro, pero tenemos esperanza. Estamos en la calle para que los precios bajen y los salarios suban, sobre todo para los estudiantes que son el futuro”, ha argumentado la profesora.

Estos son algunas de las historias de las más de 100.000 personas que han salido a la calle en las distintas movilizaciones convocadas en Euskadi y Navarra. “Nos van a tener enfrente hasta que decidan sentarse y acordar con los sindicatos un salario mínimo”, ha avisado Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, en el mitin que ha cerrado la manifestación de Bilbao y en la que se han congregado miles de personas contra “el saqueo organizado que se está dando desde los empresarios”. “Hoy la clase trabajadora vasca ha demostrado la fuerza que tiene”, ha advertido el coordinador general de LAB, Igor Agirre, que ha estado también en la marcha de la capital vizcaína. Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CNT, CGT o el movimiento alrededor de GKS o los pensionistas también llamaban a la huelga, sin embargo, dos de los sindicatos han optado por no movilizarse: CCOO y UGT.

Nació en Fuencaliente (Ciudad Real) hace 79 años. De allí, Nati Camacho, recuerda haber sabido antes de Don Quijote que de su autor, Miguel de Cervantes, por las cuevas de Peña Escrita (donde el personaje realizaba penitencia), y allí su familia vivió los peores episodios de la guerra civil y de la posterior represión de la dictadura de Franco.

Sus abuelos fueron fusilados por los partidarios del franquismo, los mismos que propiciaron un golpe de Estado contra el régimen democrático vigente entonces, y su familia se trasladó a Puertollano, donde también enfrentó numerosos conflictos laborales. De allí se trasladó a Madrid, donde comenzó a trabajar en una fábrica textil y se integró en el movimiento sindical de las primeras comisiones obreras, cuando todavía no eran el sindicato que hoy conocemos.

Durante los años 60 y 70, Nati Camacho se implicó en campañas internacionales en apoyo a los presos del denominado 'Proceso 1001', que juzgó a los dirigentes de CCOO conocidos como 'Los Diez de Carabanchel'. Fue detenida en siete ocasiones, cuatro de ellas con ingreso en prisión, y dos mientras estaba embarazada.

Tras la dictadura, Camacho fue secretaria general de la Federación Textil de CCOO en Madrid y, posteriormente, de la Federación Estatal del sector. Su labor sindical ha centrado siempre en mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras textiles y en visibilizar la importancia del trabajo femenino en la industria.

Desde hace 40 años reside en la colonia 'Rosa Luxemburgo' de San Sebastián de los Reyes (Madrid), una zona de marcado carácter obrero y progresista desde su origen en los años 80. Hablamos con ella sobre su trayectoria como activista por los derechos de las mujeres y sus inquietudes actuales por el auge de los discursos de la extrema derecha.

Su familia sufrió la represión franquista y desde muy joven usted vivió bajo ese yugo. ¿Hubo un resorte concreto para el inicio de su activismo contra la dictadura?

Siempre me acompañó esa historia familiar, esa violencia tan extrema. Fusilaron a mis dos abuelos, el padre de mi madre y el de mi padre. y también al hermano mayor de mi padre, con tan solo 22 años. Mis abuelas, Rufina y Natividad, fueron las que nos transmitieron todo el dolor de esas pérdidas, junto con mi madre. No me lo contaron directamente, pero existía ese clima familiar de dolor, de horror, de pérdida. Eso me acompañó siempre y me ayudó a saber en qué país había nacido. Le agradezco a mis abuelas y a mi madre que nos trasladaran lo que fue la Segunda República, cómo las mujeres avanzaron y todos los horrores de la guerra civil.

Era un peso enorme para una niña.

Era terrible. Yo no me explicaba cómo era posible que se concentrara en una familia tanta violencia, tanta desgracia. En Fuencaliente había un ambiente hostil hacia mi familia, saquearon el horno de mi abuelo, entre otras cosas, y nos trasladamos toda la familia a Puertollano cuando yo tenía pocos meses. Allí había trabajo, fue una zona de industrialización del franquismo, con minas de pizarra bituminosa. Empezó a haber conflictos muy pronto, porque las condiciones laborales eran muy malas en las minas. El grisú utilizado en las minas explotaba y había muertos.

¿Fue entonces cuando su familia entró en contacto con el germen de CCOO?

Sí, contactaron con un grupo de gente, antiguos militantes del Partido Comunista, que habían pasado por la cárcel y a los que todavía les quedaban energías para crear las primeras comisiones obreras. Yo crecí en ese ambiente hasta el punto de que cuando se produjo la huelga general de 1962, yo tenía 14 años y lo recuerdo perfectamente. Terminaron por despedir a mi padre y a mucha gente, hubo detenciones, palizas. Puertollano se convirtió en un hervidero de contestación y la represión fue brutal. La situación se volvió cada vez peor y nos trasladamos a Madrid.

¿Cómo fue ese cambio a la ciudad en pleno franquismo?

Madrid fue como ganar ciudadanía. Aunque en Puertollano ya había esa lucha obrera que yo conocía, en Madrid empecé a conocer a estudiantes, a intelectuales, a escritores, a abogados y abogadas, entre ellas a mi amiga Cristina Almeida. Entré en un mundo de activismo mucho más amplio. Fue un descubrimiento, a pesar de que también era un lugar de represión y muy pronto me detuvieron.

Vivíamos en una especie de exilio interior

¿Qué sucedió?

Yo soy la mayor de cinco hermanos y entonces era costumbre, o incluso necesidad, llevar a las niñas a aprender a coser. De hecho, yo no fui a la escuela porque mis padres no querían que nos enseñaran a rezar ni a cantar el ‘Cara al sol’. Vivíamos en una especie de exilio interior. Mi madre nos enseñó a leer y a escribir, y la literatura de la Generación del 27. No sufrí los rigores de la enseñanza franquista. Eso luego fue un problema importante porque aunque sabía muchas cosas, no tenía una formación reglada y enseguida buscamos trabajo en Madrid.

Había un sector de la confección textil muy grande y enseguida encontré trabajo en una fábrica grande donde me dedicaba a organizar a las aprendizas y conecté con las juventudes comunistas. Hicimos las comisiones obreras juveniles, nos reuníamos en el Pozo del Tío Raimundo y entramos en contacto con los curas obreros.

¿Ahí comenzó tu activismo por los derechos laborales de las mujeres?

Empezó mi activismo como persona, como trabajadora, porque ya antes yo me consideraba así por toda la historia de mi familia. Entré a trabajar en Manufacturas África y después en otras empresas, donde llegamos a ser más de mil empleadas. Con mi herencia familiar, consideraba que nuestra misión era organizarnos cuanto antes porque la patronal que había en el sector textil era explotadora y quería mano de obra barata, dócil, y porque las leyes del franquismo y la política de la iglesia católica defendían una imagen de la mujer en su casa con la pata quebrada, que cuando se casaba tenía que dejar el trabajo. Era lo más alejado de todo lo que me habían inculcado.

¿Cómo se desarrolló esa lucha teniendo en cuenta las dificultades de la dictadura?

Tomamos contacto con esas primeras comisiones obreras, que entonces no eran todavía un sindicato como hoy, sino un movimiento donde nos empezamos a coordinar, primero en la zona y luego por todas las empresas del textil. Así hasta llegar a ‘Inter-Ramas’ de Comisiones Obreras, que era la fuerza que aglutinaba entonces esa vanguardia sobre los convenios colectivos. Entonces quien dictaba los salarios era el Gobierno, los congelaba o los rebajaba, dentro de una política económica que en aquel momento era de los tecnócratas del franquismo que entraron en colisión con los falangistas. Conseguimos una organización que no tuvo un éxito absoluto, pero tuvimos muchos éxitos parciales, conseguimos mejorar mucho nuestras condiciones de trabajo, sobre todo las aprendizas.

Es que era usted entonces muy joven…

Claro, empecé todo esto con 14 años. Éramos pequeñas y por eso creían que nos podían explotar y nos podían machacar sin límite. Les dijimos ‘no’ y reaccionamos contra un machismo miserable, unas condiciones terribles que eran un atentado a nuestra dignidad. Y pese a todo conseguimos organizarnos.

Después llegó el Proceso 1001 y de 'Los Diez de Carabanchel', procesados por una asamblea sindical de CCOO, entonces considerada ilegal. ¿Cómo lo vivió?

Ese fue el intento de organizar todas las comisiones obreras del país. Ahí ya se habló de cómo organizar y cómo defender las reivindicaciones de las mujeres obreras y de la juventud trabajadora. Había dos elementos relativamente nuevos para el momento en cuanto a reivindicaciones: la jornada y el salario. Aquello nos entusiasmó, sobre todo en un sector tan feminizado como la confección textil, que éramos el 90% mujeres. Enseguida tuvimos una tarea muy importante de defensa de esos derechos, de incluirlos en los convenios. Conseguimos avanzar en cuestiones como los permisos retribuidos para el cuidado de familiares.

En ese contexto hicimos una campaña a favor de 'Los Diez de Carabanchel', con un recorrido de un mes por toda Europa. Eran los años 70 y ya había una situación europea de apoyo al antifranquismo bastante generalizada e hicimos una campaña magnífica.

¿Se notaban ya los aires de cambio en la sociedad española?

Sí, también. Los españoles comenzaban a decir “hasta aquí, ya está bien de que a los trabajadores, que a los obreros se les encarcele por derechos que en toda Europa son derechos constitucionales”. Por eso mi experiencia en el activismo ha sido siempre tan gratificante.

Pero a usted ya la habían detenido hasta en siete ocasiones y la habían metido en la cárcel.

Claro, también fue una experiencia muy dolorosa. Una de las detenciones, justo a la vuelta de esa campaña europea, fue en una parada de autobús y yo estaba embarazada de tres meses. Me llevaron a la cárcel de Carabanchel, primero al psiquiátrico, con una multa de 400.000 pesetas, y cumplí dos meses de cárcel en enero y otros dos meses de cárcel en mayo en 1972. Afortunadamente, mi niño nació en libertad.

¿En la prisión encontró el apoyo de sus compañeras?

Sí, fue la comprobación de que en este país había gente solidaria, buena, comprometida, y todo esto te daba muchos ánimos. A mí, por lo menos, me daba un apoyo muy grande. Me reafirmaba en la lucha feminista.

Había una brecha muy grande, era muy difícil recuperar el papel que la mujer había logrado con la República, pero fuimos capaces

Es que, en su caso, militó por los derechos laborales y por el feminismo, todo prohibido entonces, y sin embargo, sus recuerdos son positivos.

Porque con ello vi la parte saludable y formidable que hay en todos los pueblos, que hay en todos los países y en el nuestro, por más que la dictadura durara tantísimo y tuviera tantos cómplices, había algo humano, había una necesidad de cambio, unas ansias de libertad a las que, en el caso de las mujeres, nos sumamos con mucha energía. El régimen franquista era incapaz de dar solución a los problemas centrales, ni económicos, ni laborales, ni políticos, y ahí conseguimos que las organizaciones antifranquistas apoyaran a las mujeres. En realidad todos los partidos fueron creando su comisión de la mujer. Había una brecha muy grande, era muy difícil recuperar el papel que la mujer había logrado con la República, pero fuimos capaces.

Para ello, tuvieron que darle la vuelta a todo un régimen, incluida la Sección Femenina de Falange y ¿también a los sectores conservadores durante la transición democrática?

A todo ello. Se montaron unas comisiones no gubernamentales y ahí participamos las mujeres de los sindicatos, de los partidos políticos, sobre todo las mujeres del MDM, del Movimiento Democrático de Mujeres, nos influyeron mucho. Por eso siempre hablo de mi experiencia como positiva, porque lo fue.

¿Cómo ha vivido ahora la desclasificación de los papeles del 23F? ¿Hay algo que le haya sorprendido?

No, sorpresa ninguna. Pero queda mucha información por publicar y tiene una protección inútil, estúpida y muy dañina. Yo creo que el rey (Juan Carlos I) hizo lo que tenía que hacer, que además era el único que podía hacerlo, porque era el que lo había alimentado en parte. Pero, por ejemplo en mi caso, ahora que estoy recopilando toda mi historia, sería bueno que pudiera acceder a todos los expedientes policiales y me cuesta muchísimo. Acabo peleada en los archivos con todo el mundo, acabo mareada. El Ministerio de Interior tiene mis fichas policiales y no hay manera de que me las dé. Todo eso debería ver la luz y que todo el mundo tuviera acceso.

¿Qué piensa ahora cuando escucha el discurso de la ultraderecha, la exaltación del franquismo y su calado en cierta parte de la juventud?

Creo que está muy inflado. Desde luego, la tendencia internacional es esa, con Estados Unidos como ejemplo, pero yo creo que estamos exagerando esa tendencia. Es preocupante, sí, pero hay que explicarle las cosas a la juventud. Y sé que ahí están los discursos de Ayuso, de Abascal, pero es que siempre va a haber reaccionarios.

No estoy especialmente sorprendida, aunque desde luego me duele. Me duele y revuelve las tripas que después de haber vivido en una familia como la mía y de haber peleado hasta que he podido siempre, se exalte la represión franquista. Es como cuando paso por la Casa de Baños de Puertollano, que era la comisaría cuando yo era pequeña, y allí pegaban palizas a la gente… Y que haya gente que ni siquiera quiera poner una placa y con ello incumple la ley. Me revuelve.

Supongo que igual que el hecho de que la lucha feminista también se desvirtúe…

Que haya gente joven diciendo que con el franquismo se vivía mejor o que sientan que el feminismo les quita privilegios y que las mujeres nos hemos pasado en reivindicar derechos, me revuelve el alma. No te quepa duda. Pero yo creo que hay que hacerle frente de una manera lo más sincera posible. No creo que haya que andar con paños calientes para nadie. Hay que decir que esta es nuestra historia, este es nuestro país, aquí es donde hemos nacido y tenemos que saber qué hacer. Si queremos un país demócrata, inclusivo, donde quepa todo el mundo, donde se puedan hacer reglas que todo el mundo pueda jugar, eso es lo que la juventud del siglo XXI tiene que saber.

Si hay diferencias en el feminismo, discutamos y no esperemos al 8M para mostrar nuestra división, porque eso desde luego que nos debilita

Y ahora que llega el 8M, que es una fecha marcada, aunque la lucha sea continua, ¿cómo contempla el movimiento feminista y su división?

Su división es muy negativa y creo que si obedece a diferencias teóricas o políticas, pues deberíamos discutir más. Deberíamos proponernos, durante todos los días del año, entrar en los debates que nos han dividido, como el abolicionismo de la prostitución, y resolverlos. Si eso es así, discutamos y no esperemos al 8M para mostrar nuestra división, porque eso desde luego que nos debilita. Además, lo que falta, a mi juicio, es un trabajo cotidiano, un trabajo más específico en muchos campos, como en el de la salud o los cuidados.

¿En qué sentido?

Hay muy poca investigación y la que se hace está sesgada porque se hace mayoritariamente con hombres o para hombres. Entonces, hay que feminizarlo todo. Y lo que yo le pido al movimiento feminista es que trabaje más en profundidad durante todos los días del año sobre los problemas que nos afectan a las mujeres, porque yo creo que la sociedad está más atenta, más pendiente de que esas cosas se hagan.

La violencia de género también está lastrando esa lucha.

Es que hemos llegado a un extremo inasumible de violencia contra las niñas y las mujeres. Esto ya es el ataque más criminal que podemos vivir. Es terrorismo de género. Y si en eso el movimiento feminista no tiene unidad, pues es como tirar piedras sobre nuestro propio tejado, porque ahí está la alarma. Porque esa violencia se puede trasladar y, de hecho se traslada, a los puestos de trabajo, a las empresas, a las fábricas.

Eso sí lo echo de menos. En mi época el movimiento feminista trabajaba de forma mucho más continua. Día a día. Hace falta un trabajo más continuado, que no fuera de 8 de marzo en 8 de marzo, donde además para mayor espejismo negativo, sale que estamos divididas. No puede ser. Hay que trabajar juntas para que no nos arrebaten derechos. Si no, los bloquearán, los limitarán.

¿Qué otras asignaturas pendientes hay en la lucha feminista?

Sigue habiendo una enorme brecha salarial. Desde que empiezas a trabajar hasta que te jubilas es permanente. Esto en los sindicatos para mí es una pelea constante. No solo hay que denunciar la brecha salarial, hay que atacar en los tramos, en los momentos en que esa brecha sale. Ahora que afortunadamente cada vez hay más datos, en la medida que las cosas se establecen con cierta normalidad, te haces cómplice. Se llega a ver como una cosa normal, con lo cual luego, hasta que lo desmontas, pues es prácticamente imposible.

Que haya gente joven diciendo que con el franquismo se vivía mejor o que sientan que el feminismo les quita privilegios y que las mujeres nos hemos pasado en reivindicar derechos, me revuelve el alma

Hay avances que están claros y que los hemos ganado a pulso, y ahora la pelea son los salarios, la brecha salarial. Ahí hay todo un planteamiento que, como no lo abordemos, se incrusta dentro de lo que van a ser las brechas futuras, y ahí el movimiento feminista no puede parar. Tenemos que agilizar el paso, tenemos que ganar tiempo, porque si no, los problemas se incrustan, se ven normales y nos paralizan.

Aunque los mapas del tiempo de la península ibérica en las televisiones españolas muestren un Portugal estanco, sin sol ni lluvia, la historiadora Raquel Varela (Cascais, 1978) ha dedicado buena parte de su carrera a señalar la porosa evolución histórica de los dos Estados ibéricos y sus movimientos obreros. Del siglo XIX al acceso a la Unión Europea, la retroalimentación es constante, según ha documentado.

Varela se ha dedicado a derribar varios de los lugares comunes que rodean a la Revolución de los Claveles de 1974, empezando por su carácter pacífico, que solo cabe afirmar, según explica, prescindiendo del trasfondo colonial. Doctora en Historia Política e Institucional, investigadora del Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad Nova de Lisboa —donde coordina el Grupo de Estudios sobre Trabajo y Conflictos Sociales— e investigadora del Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam, coordina también el proyecto Historia de las relaciones laborales en el mundo de habla portuguesa.

También es una avezada comentarista política en su país, crítica del ascenso de la extrema derecha, que entiende facilitado por las contemplaciones de la burguesía política y mediática. Sus dos últimas obras en castellano son Historia popular de la Revolución de los Claveles, que aborda desde el punto de vista académico, y El pueblo es quien más ordena, en formato cómic junto al dibujante Robson Vilalba (ambos en Verso Libros).

Hay factores de los que usted ha hablado respecto de la Revolución de los Claveles que en España no son tan conocidos. Primero, que la revolución no fue realmente un proceso sin muertos, sino que hubo muchos fallecidos en las guerras coloniales.

En los 19 meses del proceso revolucionario murieron unas 16 personas (en España fueron muchos más [las víctimas] en la transición pacífica). Lo que pasa es que la revolución portuguesa no empieza el 25 de abril, sino hacia el final de 1960 y el inicio de 1961, con las huelgas de los trabajadores forzados contra el imperio [portugués], cuando empiezan las revoluciones anticoloniales. El Ejército portugués habla de 19.000 muertos en sus filas, pero los estudios señalan que hubo unos 100.000 muertos del lado de Angola, Mozambique y Guinea-Bisáu. Estos son de los movimientos de liberación, los partidos-ejército y las poblaciones civiles.

La revolución portuguesa era una 'fiesta soviética' con los consejos de trabajadores, que son miles de consejos autogestionados, como en Catalunya en 1936-37, o en la situación revolucionaria rusa de 1917

La revolución portuguesa era una fiesta soviética con los consejos de trabajadores, que son miles de consejos autogestionados, como en Catalunya en 1936-37, o en la situación revolucionaria rusa de 1917. Aunque no hay una coordinadora general de los consejos, estos son generalizados, [se cuentan por] miles. Esta fiesta democrática de base solo fue permitida porque el Ejército estaba quebrado por las revoluciones anticoloniales. Si no, la contrarrevolución habría supuesto lo que en España en el 36, un baño de sangre.

Hubo un riesgo real de violencia que finalmente no se produjo.

La violencia siempre es un riesgo real porque, así como los trabajadores hacen las revoluciones, la burguesía hace contrarrevoluciones armadas. En todas las revoluciones del siglo XX, cuando los trabajadores intentan tomar el poder, ejercer el poder democrático del pueblo, la burguesía emprende movimientos de guerra civil, bonapartistas, y llegados al extremo, fascistas, para retomar el poder. Lo que pasó es que la contrarrevolución portuguesa no era posible porque el ejército estaba quebrado por 13 años de guerra colonial.

¿Se puede decir que la revolución tuvo un componente anarcosindicalista fuerte? ¿Entiende que eso es algo nuevo, que es propio de esa experiencia portuguesa, o es común a otras revoluciones?

Es algo más mixto. No es exactamente el anarcosindicalismo, porque este, que estuvo muy desarrollado, fue aplastado tras la derrota de la revolución española en los 30. Lo que hay en la revolución portuguesa es un desarrollo masivo de la huelga y de la comisión de trabajadores como centro organizativo de lucha y de cambio. Y eso es generalizado. Hablamos de casi 1.000 empresas autogestionadas. Las que no están autogestionadas, se encuentran bajo control obrero. Hay un movimiento generalizado de decenas de miles de huelgas. Pero al mismo tiempo, y este es también un poco su problema, no hay un movimiento político de disputa del Estado y de la política. Es un movimiento diseminado en locales de trabajo y vecindarios, pero no un movimiento político de dirección del Estado.

Dice que la transición portuguesa y española forman parte de un todo. ¿Lo dice en el contexto de la Guerra Fría o se refiere al proceso interno?

Uno de los problemas que tenemos es que hay una visión nacionalista de la historia del Estado español y el portugués que ignora que, desde el punto de vista de las clases trabajadoras y del movimiento obrero, la península ibérica funciona como un todo. Y eso se ve en las revoluciones y movimientos sociales y restauraciones reaccionarias del siglo XIX, pero también del siglo XX. Las dictaduras de Franco y Salazar funcionaron como un único proceso y la Revolución de los Claveles abrió la transición española, por el temor de las clases dirigentes españolas al contagio.

Es un poco contraintuitivo, pero creo que es fundamental. En Portugal y España había un proyecto socialista de una Federación Ibérica. Ese proyecto socialista es un proyecto internacionalista contra sus estados y burguesías. Es dominante en los proyectos socialistas del XIX, en los intelectuales de la literatura, como Antero de Quental, muchos otros también en España, y es dominante en el anarcosindicalismo; la Federación Anarquista se llama Federación Anarquista Ibérica. Con la ascensión de Stalin al poder y con la entrega de la socialdemocracia a los chovinismos en la I Guerra Mundial, se extingue el último aliento internacionalista de la Revolución Española.

La visión nacionalista de la historia del Estado español y el portugués ignora que, desde el punto de vista de las clases trabajadoras y del movimiento obrero, la península ibérica funciona como un todo

Pero el movimiento social no se mueve solamente así, sino que es un poco como el agua y el viento. No conoce las fronteras. La revolución de 1868 empieza en España y pasa a Portugal. La sección portuguesa de la Primera Internacional es fundada a partir de cuadros dirigentes de Madrid y Barcelona. Los dirigentes de Madrid y Barcelona se exiliaban en Portugal y los de Portugal en Barcelona, Madrid, o Euskadi. Incluso en la revolución portuguesa de 1974 hay vascos y movimientos radicales exiliados en Lisboa. Y hay huelgas de solidaridad entre Sevilla y Lisboa hasta el inicio del siglo XX.

Y después lo que vemos es que la burguesía también actúa conjuntamente defendiendo sus Estados. Franco protege a Salazar y viceversa. Pero cuando empieza la revolución portuguesa, el movimiento social es imparable. Y ahí está documentado. Nosotros escribimos un libro que aún no está traducido en español que se llama Una historia popular de Portugal, que es una historia popular de la Portugal ibérica. Porque documentamos de forma muy detallada como los movimientos de España dependen de los portugueses y al revés. Tras la revolución portuguesa cunde el pánico en las elites dirigentes, que dicen: “Tenemos que empezar una transición pacífica, o si no vamos a tener una revolución ibérica y no solamente portuguesa”. Al mismo tiempo, los pactos de La Moncloa ayudan a consolidar la contrarrevolución en Portugal.

Después la revolución del 25 de abril llega al momento del 25 de noviembre [de 1975], menos conocido en España.

Es una contrarrevolución ibérica. Al contrario que en Chile, la burguesía portuguesa no podía enviar a su Ejército [a reprimirla] porque el Ejército estaba quebrado; parte estaba con los trabajadores. El 25 de noviembre es un golpe de Estado de derechas que manda a la cárcel a más de 100 oficiales revolucionarios del ejército; miles de soldados se van a casa sin derechos. Al mismo tiempo, es una contrarrevolución que es una transición negociada con el Partido Comunista y el Partido Socialista, con una constitución liberal, pero de capitalismo protegido. Este es el significado de la Constitución aprobada en 1976, que va a ser la inspiración de la Constitución Española y de los pactos de la Moncloa.

Al mismo tiempo, la burguesía portuguesa va a comenzar a desmantelar la autoorganización de los trabajadores; por ejemplo, aprueba una ley para retirar poder a los consejos obreros y acabar con la reforma agraria y la gestión democrática de los hospitales. Esa consolidación de la contrarrevolución ibérica se va a terminar en 1986 con la adhesión de ambos países a la Comunidad Económica Europea con una negociación que va a abrir las puertas a la nueva fase del capitalismo.

¿Cuál fue el papel de las potencias, EEUU y URSS?

Esta cuestión está muy bien documentada por historiadores portugueses y españoles. Hay un trabajo hecho inicialmente por Encarnación Lemus López. Se llama En Hamelin, la Transición Española más allá de la frontera (Septem Ediciones, 2001), que ha trabajado mucho la documentación externa.

Estados Unidos y la OTAN tuvieron un papel esencial en garantizar que Portugal fuese capitalista y que la revolución fuese derrotada. Pero lo que también está muy documentado —yo hice mi tesis doctoral sobre esto— es el papel del Partido Comunista, que tampoco quería una revolución. Quería un capitalismo regulado, pero no una revolución, porque el Partido Comunista era fiel al orden de Yalta y Potsdam de Stalin [al fin de la Segunda Guerra Mundial. A una división de la Guerra Fría en la que Portugal y España estaban de lado de la OTAN. En nuestro último libro, que se llama Del 25 de noviembre a nuestros días (sin edición española), recorremos esa historia de la contrarrevolución. Queda muy claro el papel de la OTAN y de la Unión Soviética. Nadie quería la revolución portuguesa.

También había el riesgo de que se extendiera por el Mediterráneo, por Grecia.

Claro. Estaba asumidísimo por las fuerzas políticas diplomáticas americanas. Incluso en EEUU la diplomacia decía “nuestro mayor problema es Portugal después de Vietnam, porque si la revolución de Portugal no termina y se extiende a España, perdemos el control del Mediterráneo”. Esto está claramente planteado en la conferencia de Helsinki de 1975.

En todo caso, era un mundo estructurado. Había dos grandes potencias, había unas normas internacionales, que podían ser o no respetadas. Pero 50 años después estamos en una situación casi de anarquía imperial, por así decirlo.

Estamos en un proceso abierto de imperialismo de guerra. De Siria a Libia, Ucrania o Gaza.

¿Cómo pueden reaccionar los países de la periferia de Occidente?

Lo que voy a decir puede parecer un poco panfletario, pero no lo es, porque tiene un resultado político obvio: solo podemos combatirlo organizando a la clase trabajadora y la población desde abajo. Nuestros Estados no van a combatirlo, por más progresistas que sean los gobiernos. La prueba mayor es el impacto de la huelga general en Italia en el fin de alto fuego palestino. La clase obrera organizada —no hablo solo de producción y transportes, sino de la clase trabajadora en un sentido amplio— puede parar la guerra.

La Constitución portuguesa tiene referencias mucho más a la izquierda que la española, como esa mención a “abrir la senda hacia una sociedad socialista”.

Este preámbulo tiene una simbología, porque en Portugal hay una revolución en la que el Estado entra en profunda crisis. En España, no; las clases dominantes siguen con capacidad de dirigir la negociación con el Partido Comunista y el socialista. En Portugal hay un proceso revolucionario más avanzado y se queda esa mención al socialismo en el preámbulo. Pero no en el articulado. El núcleo de la Constitución es la defensa de la propiedad privada, y eso no es diferente de España. Se trata de un pacto entre clases sociales, no de una victoria de la revolución.

¿Cree que la conciencia democrática es más fuerte en Portugal que en España por las diferencias entre sus procesos?

Portugal tuvo la revolución obrera anarcosindicalista (de 1910 a 1926) que fue de carácter jacobino, y eso cerró la cuestión monárquica en Portugal. Pero al mismo tiempo, siento que en España la conciencia republicana es mayor. Por ejemplo, hay más [implicación de la] sociedad civil contra el Estado. Hay más pelea política. Hay más afirmación de los derechos, libertades y garantías, porque en España hay más tensión, hay más lucha de clases. Es verdad que hay una extrema derecha más organizada que en Portugal, porque la Falange y la extrema derecha en España tiene una base social, y en Portugal, no. Es muy fuerte electoralmente, no socialmente.

En España, no. El fascismo es fuerte socialmente. Pero al mismo tiempo, el antifascismo republicano, radical, también es fuerte. Hay más tensión. Yo diría que en Portugal hay una vida civil política más débil. Quizás porque hay mayor confianza en el Estado, probablemente por las conquistas de la revolución. Hay una izquierda que es más estatal, menos ciudadana.

¿Cómo define el fenómeno de Chega en Portugal?

Se trata de un fenómeno financiado por las grandes capitalistas portugueses con mucho apoyo financiero de la extrema derecha internacional y con un apoyo aplastante de la burguesía portuguesa en los medios de comunicación. Cuando el líder de Chega era su único diputado, ocupaba el tercer lugar en el palco mediático, después del presidente de la República y del primer ministro. Un diputado. No hay semana en la que no tenga una gran entrevista en el horario estrella, a las 9 de la noche.

En Portugal hay una vida civil política más débil que en España. Quizás porque hay mayor confianza en el Estado, probablemente por las conquistas de la revolución

Pero cuando Chega quiere hacer una manifestación en la calle, lo máximo que logra son 200 o 300 personas. Este es un fenómeno mediático-electoral creado por la burguesía para perseguir a los inmigrantes y rebajar su sueldo criminalizándolos. Para avanzar con el paquete laboral que este gobierno quiere aprobar para prohibir la huelga de facto. Eso es lo que está encima de la mesa en este momento. La huelga pasa a tener servicios mínimos en todo sector, en todas la huelgas. [También propone] que los dirigentes sindicales no puedan ir a las empresas a reunirse con los trabajadores si no están sindicalizados.

Pero no es un fenómeno nuevo. Chega tiene mucha penetración en las fuerzas armadas, la policía, en el Estado. Es un fenómeno de Estado, no es un fenómeno con fuerza social.

Pero en todas las sociedades de Europa hay fuerzas de esta índole que con apoyo creciente de la población, ¿no hay algo común en todos los países que influya también en Portugal?

Sí, claramente. Creo que hay un fenómeno internacional de extrema derecha que tiene muchísimo dinero para formar cuadros, abrir sedes. Hay una nueva burocracia de extrema derecha que es financiada internacionalmente. Es un factor, pero no sería posible sin el dominio mediático de Chega en las televisiones y periódicos portugueses. En realidad, el periodismo liberal ha sido el portavoz de la extrema derecha.

¿Cómo interpreta el resultado de las elecciones presidenciales [en las que el candidato de Chega, André Ventura, perdió frente al socialista Antonio José Seguro con el 33% de los votos frente al 67%]? ¿Qué representa para la izquierda? ¿La amenaza ha sido neutralizada?

La derrota del partido fascista Chega no nos ha garantizado ni la democracia ni los derechos sociales, porque una parte importante de la derecha ha apoyado a Seguro, que es un europeísta liberal, pero tiene un plan de mantener los recortes sociales, restringir el derecho de huelga, aumentar la jornada laboral a 50 horas semanales y permitir los despidos sin causa justificada. Este paquete laboral es muy semejante al de Milei en Argentina o al de Grecia y que en Portugal provocó una huelga general en diciembre que apoyaron tres millones de personas. El fascismo se derrota con autoorganización en los locales de trabajo y en los vecindarios. La derrota de Chega es una buena noticia, pero no es suficiente.

¿Cree que el legado de la revolución del 74 está en riesgo hoy en día, que se puedan perder las conquistas?

No creo. Con las celebraciones de Estado del 25 de noviembre, con un desfile militar, no sacaron ni a una persona a la calle, mientras que en las manifestaciones del 25 de abril salieron 600.000. Lo que tenemos es una lucha de clases que se intensifica y hay quien defiende la revolución y quien defiende la contrarrevolución: hay una división creciente en la sociedad portuguesa. Pero gran parte de los derechos de la revolución fueron destruidos en los 80, no ahora. La de ahora es una pelea por la memoria.

También por la sanidad pública, un debate que incluso llevó a la ruptura de uno de los gobiernos de la llamada geringonça por las diferentes formas de abordar el problema. El Gobierno actual apuesta por favorecer la privatización sanitaria.

El gobierno actual está cerrando maternidades de los hospitales, cerrando las urgencias. Es un gobierno de demolición. La solución es la organización de los sindicatos. Nosotros fundamos recientemente un periódico de intelectuales de izquierda y sindicatos independientes que se llama Maio y en 48 horas logramos miles de suscripciones. Creo que esta adhesión también es un reflejo de que la sociedad empieza a cambiar, a reaccionar, a organizarse. Una sociedad con mayores conflictos, lo que es normal en el capitalismo. Lo que es anormal es el pacto social.

Hay un aumento de la migración en Europa que está siendo también capitalizado por la derecha, e incluso mucha izquierda se ve tentada de asumir planteamientos de la derecha para no perder apoyos. ¿Cómo se responde a ese discurso?

La izquierda solo puede reaccionar de una forma: hay que organizar a los trabajadores migrantes conjuntamente con los trabajadores nativos. Si vienen desorganizados, hay competencia. Pero si los migrantes vienen y se organizan como ha hecho por ejemplo la central sindical SI Cobas en Italia, los trabajadores nativos ganan mucha más fuerza. De lo contrario, en el mercado de trabajo se pelean por los suelos.

La treintena de trabajadoras de recepción y las azafatas de la televisión pública vasca EITB han comenzado una serie de protestas en sus sedes de Donostia, Bilbao, Vitoria y Pamplona para denunciar sus “precarias” condiciones laborales. Las azafatas son las personas que se encargan de recibir y atender a los invitados que pasan por los estudios de la televisión y la radio, así como a asegurarse y guiar a estos para que puedan acudir a tiempo a los platós en cada programa, mientras que las recepcionistas se encargan de realizar y recibir llamadas, realizar funciones de secretariado, administración, así como enviar y recoger la paquetería necesaria, entre otras funciones. “Denunciamos la precariedad salarial, pero también en todos los sentidos. Consideramos que nuestras condiciones no son dignas. No contamos con un convenio propio, nos regimos por el Estatuto de los Trabajadores y no hemos tenido subidas salariales desde 2016. Nuestros salarios llevan congelados una década. Teniendo en cuenta cómo ha subido la vida, nos sentimos ahogadas”, detallan las trabajadoras a este periódico.

Tanto las trabajadoras de recepción como las azafatas están subcontratadas por las empresas Alse y Tisa, respectivamente. En el caso de las recepcionistas, cuentan con un sueldo fijo de 1.200 euros netos, según reconocen, mientras las azafatas cobran según las horas que trabajen. Si se trata de domingos o festivos, cuentan con un euro extra por cada hora. “Cobramos solo un euro más por hora por trabajar cada 1 de enero o cada 25 de diciembre. Estamos muy hartas y enfadadas, porque además sentimos la brecha salarial que existe en EITB, que sabemos que no somos funcionarias ni estamos contratadas directamente por EITB, pero trabajamos en los mismos edificios. Aunque llevemos años así, ahora hemos cogido fuerzas para decir basta, porque vemos que no llegamos a fin de mes”, lamentan las trabajadoras.

Según explican, han comenzado sus protestas con concentraciones, carteles y a través de redes sociales, debido a que próximamente EITB sacará los pliegos para los nuevos contratos a las empresas que quieran participar. Se trata de contratos de cinco años. “En junio se acaba el contrato, por lo que calculamos que en marzo sacarán el pliego, aunque no lo sabemos con certeza. No sabemos si habrá alguna prórroga con estas empresas, si estas seguirán o si vendrán otras nuevas, pero lo que queremos es que mejoren nuestras condiciones. Estamos unidas y vamos con todo a por ello”, sostienen las trabajadoras, que aseguran que están recibiendo apoyo por parte del Comité de Empresa de EITB y de profesionales de la televisión pública vasca y se están organizando sindicalmente a través de LAB y ELA.

Por el momento han realizado dos concentraciones en EITB Miramon, la sede de la televisión en Donostia y no descartan realizar más, dado que su objetivo es que el personal sepa cuáles son sus peticiones y condiciones laborales. “Hay mucha gente que trabaja aquí y a la que vemos cada día que no son conscientes de nuestras situaciones laborales. Muchos nos han dicho que ni se imaginaban que sufríamos tanta precariedad. Nuestra protesta también es para que se sepa lo que estamos pasando y, entre todos, podamos mejorar nuestras condiciones. Puede que si desde EITB mejorasen las condiciones de los pliegos, después las empresas estarían abiertas a pagarnos más, consideramos que ahí EITB también puede intervenir”, concluyen.

Este periódico se ha puesto en contacto con EITB, que ha declinado realizar declaraciones sobre este tema en concreto, mientras que al cierre de esta edición las empresas Alse y Tisa no han respondido las preguntas planteadas por teléfono ni por correo electrónico.

Balears, anys seixanta. Mentre l'arxipèlag es ven al món com a paradís vacacional, centenars de treballadors sostenen el miracle turístic des de soterranis sense llum, llits compartits i jornades interminables. L'arribada massiva de mà d'obra des de la península i l'absència de polítiques públiques que esmorteixin l'impacte humà del turisme de masses converteixen en norma la precarització laboral, un model que, a més, dificulta la resposta col·lectiva: la temporalitat, els baixos salaris, la falta de contractes estables i la mobilitat constant dels treballadors segons la temporada impedeixen la creació de llaços sòlids i sostinguts en el temps. Molts empleats romanen a les illes tan sols uns mesos a l'any per tornar al cap d'un temps als seus llocs d'origen.

“Les condicions humanes en què es troba l'empleat de l'hostaleria són desastroses. Jo he treballat en dos famosos hotels i tant en un com en l'altre les habitacions del personal eren dues sales grans ocupades per 50 persones. I quan una dutxa funcionava era una autèntica festa”. És el testimoni de José Humerto, un d'aquells treballadors que van patir de primera mà la cara oculta del boom turístic a Balears. El seu relat, recollit per l'escriptor Llorenç Capellà, posa veu a una realitat sistemàticament invisibilitzada que no sona tan llunyana: la d'una plantilla precaritzada, sotmesa a condicions de vida i treball extremes, normalitzades durant dècades com a preu inevitable del creixement turístic.

Mentres els hotels promocionaven luxe i modernitat de cara a l'exterior, en molts d'ells els treballadors afrontaven una absoluta falta d'intimitat i pèssimes condicions higièniques. “L'allotjament gairebé sempre és inhumà, les habitacions no són adequades per allotjar persones, sinó per allotjar porcs. Gairebé sempre solen estar instal·lades en soterranis i això suposa que les parets regalimin humetat i que les habitacions fins i tot s'inundin quan plou”, relatava Juan López, un altre extreballador de l'hostaleria, en conversa amb Capellà.

L'allotjament gairebé sempre és inhumà, les habitacions no són adequades per allotjar persones, sinó per allotjar porcs

Juan López — Extreballador d'hotel, en una entrevista amb Llorenç Capellà

Els treballadors que van sostenir el miracle turístic

L'experiència d'aquests treballadors, recordada per l'historiador Pere J. Garcia Munar al seu llibre Obrers i sindicats. De la dictadura a la democràcia. Mallorca, 1968-1981, no va ser una excepció, sinó part d'un model laboral que va convertir l'allotjament i el descans en un privilegi i que va sostenir durant anys el creixement accelerat de la indústria turística a Mallorca. A la seva obra, recentment publicada per Documenta Balear, l'investigador explica que la configuració del moviment obrer a la Mallorca del tardofranquisme va estar profundament condicionada per les particularitats del mercat laboral turístic i com, a diferència d'altres zones de l'Estat, el sindicalisme mallorquí es va desenvolupar en un context d'escassa conflictivitat inicial, marcat per una forta immigració laboral, una elevada rotació d'ocupació i l'absència de grans concentracions industrials que facilitessin l'organització col·lectiva.

L'expansió del turisme a Balears no només va transformar l'economia insular, sinó que va alterar de forma profunda l'estructura social i laboral de les illes. Des de mitjans dels seixanta, l'hostaleria va absorbir una població treballadora arribada majoritàriament de la península, primer de forma estacional i de forma cada vegada més permanent després. Tanmateix, les condicions de vida eren extremadament dures: precarització, desarrelament, baixos salaris i temporalitat van marcar els inicis d'aquest nou proletariat turístic. L'enorme demanda de treballadors que va generar el boom turístic es va trobar, a més, amb l'absència de polítiques d'habitatge, així com d'estructures socials i habitacionals preparades per acollir-los.

L'historiador, especialitzat en el moviment obrer i la transició democràtica a Balears, subratlla que la nova classe obrera turística tenia un doble origen: d'una banda, mallorquins que abandonaven les tasques tradicionals del camp o de petites indústries per incorporar-se als hotels; de l'altra, un contingent creixent de treballadors procedents de la península, que arribaven a l'arxipèlag amb escassa formació professional i que acceptaven condicions de treball molt dures amb l'expectativa de millorar la seva situació econòmica, cosa que reforçava la precarització estructural del sector. “Des d'Andalusia, Múrcia, Castella-la Manxa, entre altres, arribaven a Mallorca amb l'esperança de millorar la seva situació, però les condicions en el sector turístic no eren gens bones: horaris molt llargs, falta de contractes, salaris baixos, vivenda al mateix hotel, moltes vegades en magatzems o convivint en espais reduïts amb un gran nombre de persones. En moltes ocasions el menjar eren les sobres dels menjadors dels hotels i la higiene tant dels allotjaments com dels vestidors era pèssima”, subratlla Garcia Munar.

Des d'Andalusia, Múrcia, Castella-la Manxa, entre altres, arribaven a Mallorca amb l'esperança de millorar la seva situació, però les condicions dins el sector turístic no eren gens bones: horaris molt llargs, falta de contractes, salaris baixos, vivenda al mateix hotel, moltes vegades en magatzems o convivint en espais reduïts amb un gran nombre de persones

Pere J. Garcia Munar — Historiador i autor d''Obrers i sindicats: de la dictadura a la democràcia. Mallorca, 1968-1981'

En declaracions a elDiario.es, una d'aquelles famílies, en el seu cas procedent del poble albaceteny de Villarrobledo, relata la seva experiència en un hotel de Ses Figueretes (Eivissa) en què va ser contractada, principalment en el servei de cambrers de menjador, bar i habitacions. Un dels seus membres tenia 12 anys quan va començar a treballar com a mosso. “Els germans dormíem en una cambra amb lliteres, les germanes en una altra”, recorden dos d'ells, que assenyalen que els recepcionistes “tenien més privilegis”. Amb tot, asseguren que en aquell moment no tenien la sensació d'“estar malament”: “Hàviem passat molta fam i a l'hotel, al menys, ens donaven menjar i habitació”. 

La mateixa família recorda que, precisament de la mateixa localitat, quatre integrants d'una altra família i sis treballadors viatjaven a bord del Caravelle que, el 7 de gener de 1972, es va estavellar a la Serra d'Atalayassa, a Eivissa, mentre iniciava la maniobra d'aterratge. A l'avió viatjaven treballadors que es desplaçaven cap a la major de les Pitiüses a la recerca de treball a l'hostaleria i la construcció, un altre dels sectors que es trobava en plena expansió al caliu del boom turístic, necessitat de mà d'obra barata i disponible d'immediat.

A causa de les adverses condicions meteorològiques, l'aeronau, que realitzava el vol regular 602 entre València i Eivissa, va col·lidir en Ses Roques Altes, on, a l'actualitat, un altar recorda les 104 persones mortes en el sinistre, la totalitat dels seus ocupants, molts d'ells joves que viatjaven amb contractes verbals, promeses d'ocupació o expectatives incertes de llaurar-se el seu futur laboral a l'illa. La tragèdia va deixar al descobert una realitat poc visible del miracle turístic: l'existència d'una migració laboral precariazada, organitzada sovint a través de xarxes personals i sense garanties, que va alimentar durant anys el creixement accelerat del sector. La seva pèrdua es va convertir en un dels episodis més durs del cost humà del model turístic.

Absència de polítiques d'habitatge

Els treballadors que es van incorporar a treballar a l'hostaleria balear, primer a Mallorca i progressivament a la resta de les illes, tenien com a marc regulador la Reglamentació de Treball de 1944, que obligava els hotels a proporcionar habitació i menjar. No obstant això, el que s'oferia a molts d'ells eren habitacions col·lectives en soterranis, sense llum natural, al costat de maquinàries sorolloses i en condicions de salubritat deficients. La manutenció, també obligatòria, s'organitzava de forma jeràrquica. Els hotels solien disposar de diferents menjadors: un per a les categories superiors, amb menjar de qualitat, i un altre -conegut com a menjador de la família- per a la resta, on se servien sobres i aliments de baixa qualitat, en ocasions en condicions sanitàries dubtoses.

A Balears, a més, el Pla d'Estabilització de 1959 -elaborat per figures de l'Opus Dei com Laureano López Rodó- va marcar un punt d'inflexió decisiu a la història social i laboral de Mallorca, però no en un sentit neutral ni beneficiós per a la classe treballadora. Es tracta d'un instrument amb el qual el règim franquista va abandonar definitivament l'autarquia i va apostar per una modernització econòmica subordinada al capital exterior, basada en la liberalització, l'obertura al turisme internacional i l'atracció de divises. En el cas de l'illa, aquesta estratègia va tenir un impacte immediat: va accelerar la terciarització de l'economia i va convertir el turisme en l'eix central del creixement, desplaçant a gran velocitat l'agricultura i les petites indústries tradicionals.

No obstant això, aquesta transformació es va produir sense un projecte social paral·lel. Segons l'historiador David Ginard, la modernització econòmica iniciada després del Pla va generar ocupació, però també va fragmentar la classe treballadora i va dificultar durant anys l'articulació d'una resposta sindical sòlida en sectors com l'hostaleria, ignorant les conseqüències laborals i habitacionals d'aquest model. L'arribada massiva de mà d'obra no va ser acompanyada de polítiques d'habitatge, serveis públics ni regulació efectiva de l'ocupació. El resultat va ser una classe treballadora jove, immigrant i extremadament vulnerable, atrapada en feines temporals i mal remunerades.

Segons l'historiador David Ginard, la modernització econòmica iniciada després del Pla d'Estabilització de 1959 va generar ocupació, però també va fragmentar la classe treballadora i va dificultar durant anys l'articulació d'una resposta sindical sòlida en sectors com l'hostaleria, ignorant les conseqüències laborals i habitacionals d'aquest model

“Barraquisme vertical”

Manuela Aroca Mohedano, doctora en Història Contemporània, responsable dels projectes històrics de la Fundació Francisco Largo Caballero i professora associada de la Universitat Carlos III de Madrid, llança una altra reflexió: no hi havia barraquisme visible als carrers, però sí el que ha definit com a “barraquisme vertical”, ocult dins els mateixos hotels. A més, amb un entramat gairebé inabastable de categories professionals -fins a 192 i més de mil salaris teòrics diferents-, la llei, lluny de protegir la plantilla, facilitava l'abús empresarial i feia impossible el control efectiu de drets bàsics com els descansos o les retribucions reals. Com explica a la seva investigació El sindicalismo en la hostelería de Baleares: del franquismo a la democracia, la regulació laboral impulsada en els primers anys de la dictadura franquista va crear una estructura profundament jerarquitzada i opaca que, en la pràctica, deixava milers de treballadors del turisme sense mecanismes de defensa precisament en el moment en què el sector es convertia en el motor econòmic de les illes.

“El règim franquista estava molt interessat en el sector turístic -seguint altres models insulars- i permetia certa llibertat amb l'objectiu de potenciar el turisme. Per a això se centrava en la regulació de l'oferta turística, amb l'abandonament de l'aplicació de les normes laborals, la qual cosa va propiciar situacions límit a finals dels seixanta i primers dels setanta dels seus empleats, especialment els originaris de la península”, subratlla la investigadora.

El règim franquista estava molt interessat en el sector turístic -seguint altres models insulars- i permetia certa llibertat amb l'objectiu de potenciar el turisme. Per a això se centrava en la regulació de l'oferta turística, amb l'abandonament de l'aplicació de les normes laborals, la qual cosa va propiciar situacions límit a finals dels seixanta i primers dels setanta dels seus empleats, especialment els originaris de la península

Manuela Aroca Mohedano — Historiadora

La normativa establia, a més, que un mateix treballador no havia de cobrir els tres torns diaris -esmorzar, dinar i sopar-. No obstant això, el que era habitual era just el contrari. La pressió del turisme internacional, els vols nocturns i les excursions obligaven a realitzar horaris intempestius i solapaments continus. Com assenyala Aroca, els dies lliures i les vacances eren també un dret que s'aplicava de forma discrecional. En molts casos, el descans era un privilegi i no un dret, mentre la temporalitat de l'ocupació impedia, a més, qualsevol tipus d'estabilitat: durant anys, molts treballadors només van residir a les illes durant la temporada alta, tornant als seus llocs d'origen a l'hivern.

La resposta sindical

No va ser fins a finals dels seixanta i, sobretot, durant els primers setanta quan van començar a aparèixer conflictes laborals més visibles, impulsats per petits grups de treballadors polititzats i per l'acumulació de greuges al sector: la combinació de precarització laboral, amuntegament i absència de canals de representació va portar la indústria a una situació límit, cosa que va motivar la resposta sindical, encara que de forma tardana i desigual. Durant bona part dels seixanta, l'organització més visible va ser la Unió Sindical Obrera (USO), mentre que les CCOO van tardar a arrelar i ho van fer de manera molt diferent a la de la resta de l'Estat.

A Mallorca, el sindicat no va néixer com una organització sindical pròpiament dita, sinó com una estructura de conscienciació polític-sindical impulsada per militants procedents de diferents àmbits ideològics. En paraules de Garcia Munar, CCOO “va néixer des de dalt”, fruit d'una consciència política prèvia més que de conflictes laborals de base. La primera comissió es va constituir el 22 d'abril de 1968, coincidint simbòlicament amb el cinquè aniversari de l'afusellament del comunista Julián Grimau, en un moment en què la mobilització obrera a l'illa era encara molt limitada.

L'investigador destaca que la terciarització accelerada de l'economia mallorquina va generar una classe treballadora molt fragmentada, sense grans fàbriques ni espais de socialització obrera. A diferència d'altres territoris industrials, a Mallorca no es van produir grans aglomeracions de treballadors ni barris obrers consolidats. La socialització es donava de forma dispersa, sovint dins els mateixos hotels, on convivien treballadors de diferents categories, però separats per una rígida jerarquia laboral i salarial.

Garcia Munar destaca que la terciarització accelerada de l'economia mallorquina va generar una classe treballadora molt fragmentada, sense grans fàbriques ni espais de socialització obrera. A diferència d'altres territoris industrials, a Mallorca no es van produir grans aglomeracions de treballadors ni barris obrers consolidats

En aquest context, la divisió extrema en categories professionals -més d'un centenar en alguns establiments- i la convivència en espais reduïts dins els hotels reforçaven un classisme intern que dificultava l'acció col·lectiva. Com recull Garcia Munar, no era el mateix ser recepcionista que cambrer o personal de neteja, ni en salari ni en tracte ni en condicions d'allotjament. Aquesta fragmentació va actuar durant anys com un fre a l'organització sindical i a la protesta.

El turisme va impulsar la prosperitat de l'illa, però a costa dels qui la sostenien. Al darrere de la imatge de modernitat i benestar, els historiadors que s'han submergit en la realitat que s'amagava darrere el boom dels anys seixanta i setanta coincideixen a assenyalar que el model es va construir sobre l'amuntegament, les jornades sense fi i la suspensió dels drets bàsics dels treballadors. Aquella precarització no va ser una anomalia, sinó una conseqüència estructural del creixement, avalada per la legalitat vigent, assumida socialment i silenciada pel discurs polític. Durant dècades, la vida quotidiana d'aquells treballadors va quedar fora del relat oficial -i triomfal- del desenvolupament econòmic.

Balears, años sesenta. Mientras el archipiélago se vende al mundo como paraíso vacacional, cientos de trabajadores sostienen el milagro turístico desde sótanos sin luz, camas compartidas y jornadas interminables. La llegada masiva de mano de obra desde la península y la ausencia de políticas públicas que amortigüen el impacto humano del turismo de masas convierten en norma la precarización laboral, un modelo que, además, dificulta la respuesta colectiva: la temporalidad, los bajos salarios, la falta de contratos estables y la movilidad constante de los trabajadores según la temporada impiden la creación de lazos sólidos y sostenidos en el tiempo. Muchos empleados permanecen en las islas tan solo unos meses al año para regresar al cabo de un tiempo a sus lugares de origen.

“Las condiciones humanas en que se encuentra el empleado de la hostelería son desastrosas. Yo he trabajado en dos famosos hoteles y tanto en uno como en otro las habitaciones del personal eran dos salas grandes ocupadas por 50 personas. Y cuando una ducha funcionaba era una auténtica fiesta”. Es el testimonio de José Humerto, uno de aquellos trabajadores que sufrieron de primera mano la cara oculta del boom turístico en Balears. Su relato, recogido por el escritor Llorenç Capellà, pone voz a una realidad sistemáticamente invisibilizada que no suena tan lejana: la de una plantilla precarizada, sometida a condiciones de vida y trabajo extremas, normalizadas durante décadas como precio inevitable del crecimiento turístico.

Mientras los hoteles promocionaban lujo y modernidad de cara al exterior, en muchos de ellos los trabajadores afrontaban una absoluta falta de intimidad y pésimas condiciones higiénicas. “El alojamiento casi siempre es inhumano, las habitaciones no son adecuadas para alojar a personas, sino para alojar a cerdos. Casi siempre suelen estar instaladas en subterráneos y esto supone que la humedad chorree de las paredes y que las habitaciones incluso se inunden cuando llueve”, relataba Juan López, otro extrabajador de la hostelería, en conversación con Capellà.

El alojamiento casi siempre es inhumano, las habitaciones no son adecuadas para alojar a personas, sino para alojar a cerdos

Juan López — Extrabajador de hotel, en una entrevista con Llorenç Capellà

Los trabajadores que sostuvieron el milagro turístico

La experiencia de estos trabajadores, recordada por el historiador Pere J. Garcia Munar en su libro Obrers i sindicats. De la dictadura a la democràcia. Mallorca, 1968-1981, no fue una excepción, sino parte de un modelo laboral que convirtió el alojamiento y el descanso en un privilegio y que sostuvo durante años el crecimiento acelerado de la industria turística en Mallorca. En su obra, recientemente publicada por Documenta Balear, el investigador explica que la configuración del movimiento obrero en la Mallorca del tardofranquismo estuvo profundamente condicionada por las particularidades del mercado laboral turístico y cómo, a diferencia de otras zonas del Estado, el sindicalismo mallorquín se desarrolló en un contexto de escasa conflictividad inicial, marcado por una fuerte inmigración laboral, una elevada rotación de empleo y la ausencia de grandes concentraciones industriales que facilitaran la organización colectiva.

El historiador, especializado con el movimiento obrero y la transición democrática en Balears, subraya que la nueva clase obrera turística tenía un doble origen: por un lado, mallorquines que abandonaban las tareas tradicionales del campo o de pequeñas industrias para incorporarse a los hoteles; por otro, un contingente creciente de trabajadores procedentes de la península, quienes recalaban en el archipiélago con escasa formación profesional y quienes aceptaban condiciones de trabajo muy duras con la expectativa de mejorar su situación económica, lo que reforzaba la precarización estructural del sector.

La expansión del turismo en Balears no solo transformó la economía insular, sino que alteró de forma profunda la estructura social y laboral de las islas. Desde mediados de los sesenta, la hostelería absorbió a una población trabajadora llegada mayoritariamente de la península, primero de forma estacional y de forma cada vez más permanente después. Sin embargo, las condiciones de vida eran extremadamente duras: precarización, desarraigo, bajos salarios y temporalidad marcaron los inicios de este nuevo proletariado turístico. La enorme demanda de trabajadores que generó el boom turístico se encontró, además, con la ausencia de políticas de vivienda, así como de estructuras sociales y habitacionales preparadas para acogerlos. “Desde Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, entre otras, llegaban a Mallorca con la esperanza de mejorar su situación, pero las condiciones en el sector turístico no eran nada buenas: horarios muy largos, falta de contratos, salarios bajos, vivienda en el mismo hotel, muchas veces en almacenes o conviviendo en espacios reducidos con un gran número de personas. En muchas ocasiones la comida eran las sobras de los comedores de los hoteles y la higiene tanto de los alojamientos como de los vestuarios era pésima”, subraya Garcia Munar.

Desde Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, entre otras, llegaban a Mallorca con la esperanza de mejorar su situación, pero las condiciones en el sector turístico no eran nada buenas: horarios muy largos, falta de contratos, salarios bajos, vivienda en el mismo hotel, muchas veces en almacenes o conviviendo en espacios reducidos con un gran número de personas

Pere J. Garcia Munar — Historiador y autor de 'Obrers i sindicats: de la dictadura a la democràcia. Mallorca, 1968-1981'

En declaraciones a elDiario.es, una de aquellas familias, en su caso procedentes del pueblo albaceteño de Villarrobledo, relata su experiencia en un hotel de Ses Figueretes (Eivissa) en el que fue contratada, principalmente en el servicio de camareros de comedor, bar y habitaciones. Uno de sus miembros tenía 12 años cuando comenzó a trabajar como botones. “Los hermanos dormíamos en un cuarto con literas, las hermanas en otro”, recuerdan dos de ellos, quienes señalan que los recepcionistas “tenían más privilegios”. Con todo, aseguran que en ese momento no tenían la sensación de “estar mal”: “Habíamos pasado mucha hambre y en el hotel por los menos nos daban comida y habitación”. 

La misma familia recuerda que, precisamente de la misma localidad, cuatro integrantes de otra familia y seis trabajadores viajaban a bordo del Caravelle que, el 7 de enero de 1972, se estrelló en la Serra d'Atalayassa, en Eivissa, mientras iniciaba la maniobra de aterrizaje. En el avión viajaban trabajadores que se desplazaban hacia la mayor de las Pitiüses en busca de trabajo en la hostelería y la construcción, otro de los sectores que se encontraba en plena expansión al calor del boom turístico, necesitado de mano de obra barata y disponible de inmediato.

Debido a las adversas condiciones meteorológicas, la aeronave, que realizaba el vuelo regular 602 entre València y Eivissa, colisionó en Ses Roques Altes, donde, en la actualidad, un altar recuerda a las 104 personas fallecidas en el siniestro, la totalidad de sus ocupantes, muchos de ellos jóvenes que viajaban con contratos verbales, promesas de empleo o expectativas inciertas de labrarse su futuro laboral en la isla. La tragedia dejó al descubierto una realidad poco visible del milagro turístico: la existencia de una migración laboral precarizada, organizada a menudo a través de redes personales y sin apenas garantías, que alimentó durante años el crecimiento acelerado del sector. Su pérdida se convirtió en uno de los episodios más duros del coste humano del modelo turístico.

Ausencia de políticas de vivienda

Los trabajadores que se incorporaron a trabajar en la hostelería balear, primero en Mallorca y progresivamente en el resto de las islas, tenían como marco regulador la Reglamentación de Trabajo de 1944, que obligaba a los hoteles a proporcionar habitación y comida. No obstante, lo que se ofrecía a muchos de ellos eran habitaciones colectivas en sótanos, sin luz natural, junto a maquinarias ruidosas y en condiciones de salubridad deficientes. La manutención, también obligatoria, se organizaba de forma jerárquica. Los hoteles solían disponer de distintos comedores: uno para las categorías superiores, con comida de calidad, y otro -conocido como comedor de la familia- para el resto, donde se servían sobras y alimentos de baja calidad, en ocasiones en condiciones sanitarias dudosas.

En Balears, además, el Plan de Estabilización de 1959 -elaborado por figuras del Opus Dei como Laureano López Rodó- marcó un punto de inflexión decisivo en la historia social y laboral de Mallorca, pero no en un sentido neutral ni beneficioso para la clase trabajadora. Se trata de un instrumento con el que el régimen franquista abandonó definitivamente la autarquía y apostó por una modernización económica subordinada al capital exterior, basada en la liberalización, la apertura al turismo internacional y la atracción de divisas. En el caso de la isla, esta estrategia tuvo un impacto inmediato: aceleró la terciarización de la economía y convirtió el turismo en el eje central del crecimiento, desplazando a gran velocidad la agricultura y las pequeñas industrias tradicionales.

Sin embargo, esta transformación se produjo sin un proyecto social paralelo. Según el historiador David Ginard, la modernización económica iniciada tras el Plan generó empleo, pero también fragmentó a la clase trabajadora y dificultó durante años la articulación de una respuesta sindical sólida en sectores como la hostelería, ignorando las consecuencias laborales y habitacionales de ese modelo. La llegada masiva de mano de obra no fue acompañada de políticas de vivienda, servicios públicos ni regulación efectiva del empleo. El resultado fue una clase trabajadora joven, inmigrante y extremadamente vulnerable, atrapada en empleos temporales y mal remunerados.

Según el historiador David Ginard, la modernización económica iniciada tras el Plan de Estabilización de 1959 generó empleo, pero también fragmentó a la clase trabajadora y dificultó durante años la articulación de una respuesta sindical sólida en sectores como la hostelería, ignorando las consecuencias laborales y habitacionales de ese modelo

“Chabolismo vertical”

Manuela Aroca Mohedano, doctora en Historia Contemporánea, responsable de los proyectos históricos de la Fundación Francisco Largo Caballero y profesora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid, lanza otra reflexión: no había chabolismo visible en las calles, pero sí lo que ha definido como “chabolismo vertical”, oculto dentro de los propios hoteles. Además, con un entramado casi inabarcable de categorías profesionales -hasta 192 y más de mil salarios teóricos distintos-, la ley, lejos de proteger a la plantilla, facilitaba el abuso empresarial y hacía imposible el control efectivo de derechos básicos como los descansos o las retribuciones reales. Como explica en su investigación El sindicalismo en la hostelería de Baleares: del franquismo a la democracia, la regulación laboral impulsada en los primeros años de la dictadura franquista creó una estructura profundamente jerarquizada y opaca que, en la práctica, dejaba a miles de trabajadores del turismo sin mecanismos de defensa precisamente en el momento en que el sector se convertía en el motor económico de las islas.

“El régimen franquista estaba muy interesado en el sector turístico -siguiendo otros modelos insulares- y permitía cierta libertad en aras de potenciar el turismo. Para ello se centraba en la regulación de la oferta turística, con el abandono de la aplicación de las normas laborales, lo que propició situaciones límite a finales de los sesenta y primeros de los setenta de sus empleados, especialmente los originarios de la península”, subraya la investigadora.

El régimen franquista estaba muy interesado en el sector turístico -siguiendo otros modelos insulares- y permitía cierta libertad en aras de potenciar el turismo. Para ello se centraba en la regulación de la oferta turística, con el abandono de la aplicación de las normas laborales, lo que propició situaciones límite a finales de los sesenta y primeros de los setenta de sus empleados, especialmente los originarios de la península

Manuela Aroca Mohedano — Historiadora

La normativa establecía, además, que un mismo trabajador no debía cubrir los tres turnos diarios -desayuno, comida y cena-. Sin embargo, lo habitual era justo lo contrario. La presión del turismo internacional, los vuelos nocturnos y las excursiones obligaban a realizar horarios intempestivos y solapamientos continuos. Como señala Aroca, los días libres y las vacaciones eran también un derecho que se aplicaba de forma discrecional. En muchos casos, el descanso era un privilegio y no un derecho, mientras la temporalidad del empleo impedía, además, cualquier tipo de estabilidad: durante años, muchos trabajadores solo residieron en las islas durante la temporada alta, regresando a sus lugares de origen en invierno.

La respuesta sindical

No fue hasta finales de los sesenta y, sobre todo, durante los primeros setenta cuando comenzaron a aparecer conflictos laborales más visibles, impulsados por pequeños grupos de trabajadores politizados y por la acumulación de agravios en el sector: la combinación de precarización laboral, hacinamiento y ausencia de canales de representación llevó a la industria a una situación límite, lo que motivó la respuesta sindical, aunque de forma tardía y desigual. Durante buena parte de los sesenta, la organización más visible fue la Unión Sindical Obrera (USO), mientras que las CCOO tardaron en arraigar y lo hicieron de manera muy distinta a la del resto del Estado.

En Mallorca, el sindicato no nació como una organización sindical propiamente dicha, sino como una estructura de concienciación político-sindical impulsada por militantes procedentes de distintos ámbitos ideológicos. En palabras de Garcia Munar, CCOO “nació desde arriba”, fruto de una conciencia política previa más que de conflictos laborales de base. La primera comisión se constituyó el 22 de abril de 1968, coincidiendo simbólicamente con el quinto aniversario de la ejecución del comunista Julián Grimau, en un momento en que la movilización obrera en la isla era todavía muy limitada.

El investigador destaca que la terciarización acelerada de la economía mallorquina generó una clase trabajadora muy fragmentada, sin grandes fábricas ni espacios de socialización obrera. A diferencia de otros territorios industriales, en Mallorca no se produjeron grandes aglomeraciones de trabajadores ni barrios obreros consolidados. La socialización se daba de forma dispersa, a menudo dentro de los propios hoteles, donde convivían trabajadores de distintas categorías, pero separados por una rígida jerarquía laboral y salarial.

Garcia Munar destaca que la terciarización acelerada de la economía mallorquina generó una clase trabajadora muy fragmentada, sin grandes fábricas ni espacios de socialización obrera. A diferencia de otros territorios industriales, en Mallorca no se produjeron grandes aglomeraciones de trabajadores ni barrios obreros consolidados

En este contexto, la división extrema en categorías profesionales -más de un centenar en algunos establecimientos- y la convivencia en espacios reducidos dentro de los hoteles reforzaban un clasismo interno que dificultaba la acción colectiva. Como recoge Garcia Munar, no era lo mismo ser recepcionista que camarero o personal de limpieza, ni en salario ni en trato ni en condiciones de alojamiento. Esta fragmentación actuó durante años como un freno a la organización sindical y a la protesta.

El turismo impulsó la prosperidad de la isla, pero a costa de quienes lo sostenían. Tras la imagen de modernidad y bienestar, los historiadores que se han sumergido en la realidad que se escondía tras el boom de los años sesenta y setenta coinciden en señalar que el modelo fue construido sobre el hacinamiento, las jornadas sin fin y la suspensión de los derechos básicos de los trabajadores. Aquella precarización no fue una anomalía, sino una consecuencia estructural del crecimiento, avalada por la legalidad vigente, asumida socialmente y silenciada por el discurso político. Durante décadas, la vida cotidiana de aquellos trabajadores quedó fuera del relato oficial -y triunfal- del desarrollo económico.

Miguel Bolaños y José Luis Muruzábal, Muru, no dudaron. El partido lo había acordado y ellos acataban la disciplina colectiva: escalarían hasta lo alto de la chimenea en construcción de la central térmica de As Pontes (A Coruña, Galicia). La dictadura agonizaba, era agosto de 1975, y la resistencia antifranquista debía salir de las sombras. La propaganda por el hecho. Esa era la consigna del Partido del Trabajo (PT), organización de orientación maoísta con importante predicamento en la Transición y uno de los motores, junto a una incipiente izquierda nacionalista gallega, de la histórica huelga de As Pontes. La que vio como Bolaños y Muru se encaramaban a una chimenea que alcanzó los 356 metros de altura -la más alta de Europa- y culminaban así más de 20 días de paro obrero. El objetivo eran mejoras laborales pero la acción simbólica, y lo que supuso para la rearticulación del sindicalismo gallego, lo tatuó en la historia.

La localidad, en el interior de la provincia de A Coruña, no llegaba entonces a los 10.000 habitantes. Seis mil trabajadores secundaron la protesta. “Miles de personas se concentraban en un pueblo pequeño, llegados de muchos lugares para construir la central. No era fácil ni siquiera encontrar donde dormir, todo barracones y barrizales”, relata a elDiario.es Luis Burgos, abogado jubilado y en 1975 secretario de organización del PT en Galicia. Clandestino, claro. “Ese ambiente era propicio para que prosperase el tema sindical”, añade. A inicios de aquel año, el último de la vida de Franco, su partido había aprobado una nueva estrategia. El régimen se caía a pedazos, en parte empujado por la conflictividad político laboral, y la extrema izquierda buscaba salir a la luz.

“Decidimos hacer cosas espectaculares para llamar la atención, asumiendo riesgos. A Muru siempre se le ocurría algo. Acordamos lo de la chimenea”, recuerda. Ni Muruzábal ni Burgos eran exactamente militante de base. Ambos formaban parte del Comité Central del PT -una de las formaciones más activas a la izquierda del Partido Comunista- a nivel estatal. También estaban en el tajo: Muru como calderero en una auxiliar de Astano, en Ferrol, desplazado a As Pontes, y Burgos en las obras de otra central térmica, la de Sabón, en Arteixo (A Coruña).

Los riesgos asumidos, más allá de la hazaña física de subir a lo alto de la central en construcción, se materializaron cuando la Guardia Civil desplegó incluso un helicóptero para detener a Muru y a Bolaños, los dos escaladores. Aquel acto, de enorme repercusión en su día, fue, en todo caso, el estertor de una huelga de 21 días que había sacudido al régimen y ocupado planas en una prensa que, aún sometida a censura, ya no era capaz de esconder la intensísima agitación obrera.

Paco Vázquez 'largocaballerista'

“La huelga fue un fracaso desde el punto de vista de las reivindicaciones concretas. Pero sí tuvo un efecto político y sindical”. Habla con este periódico Miguel Campuzano, que en 1975 tenía 19 años y militaba en la Unión do Povo Galego (UPG) -un partido nacionalista y marxista origen del actual BNG- y en su rama estudiantil, Estudantes Revolucionarios Galegos (ERGA). Campuzano estaba en segundo de Filosofía y Ciencias de la Educación, y en el verano trabajaba en las obras de As Pontes junto a su camarada Xosé Manuel Díaz, de 17 años y todavía en el instituto. “El PT había ideado un método de agitación obrera bastante mecánico pero eficaz”, explica, “elaboraba en asamblea una tabla de reivindicaciones, se la presentaba a la patronal y si esta no respondía, huelga”. Los dos nacionalistas asistían a las asambleas, observaban e intentaban difundir su causa.

En el agosto caliente de hace 50 años, los trabajadores de la obra de As Pontes, asalariados de decenas de auxiliares, decidieron presionar directamente a la asociación de empresas. Reclamaban las 40 horas semanales, un aumento salarial lineal o que las compañías se hiciesen cargo del IRPF y las cotizaciones. La patronal se negó. Que cada empresa negocie por separado, alegó. La gente del PT, integrada en Comisiones Obreras, seguía su manual y propuso la huelga, relata Campuzano, que ha reconstruido la historia del paro en varios artículos. La dirección del sindicato, controlada por el Partido Comunista, no la quería. “Y nosotros, por consejo de nuestros enlaces en Ferrol (Lois Ríos y Elvira Souto), donde una táctica similar fracasara, no empujábamos”, afirma. Las habilidades dialécticas de Muruzábal y Bolaños se impusieron. El 6 de agosto de 1975 comenzó el paro. La represión no se hizo esperar: a los dos días ya había cientos de despedidos.

Las asambleas obreras se sucedían. La patronal no cedía, los operarios tampoco. En el conflicto mediaba Inspección de Trabajo que, contra todo pronóstico, no fue neutral. Dos jóvenes inspectores, recién aprobadas sus oposiciones, se inclinaban del lado de los huelguistas: Carlos Doménech y un Francisco Vázquez que entonces se autodefinía como largocaballerista y ya en democracia fue alcalde de A Coruña por el PSOE. En la actualidad sus posiciones convergen a menudo con las de Vox.

Campuzano recuerda como en el fragor de las batallas se enteraron de otro acontecimiento decisivo de aquellos meses frenéticos: la policía franquista había asesinado en Ferrol a su compañero de filas Moncho Reboiras. “Uno de los hermanos Aneiros [significados miembros del Partido Comunista en el área de Ferrolterra] llegó de Ferrol y nos dijo 'cuidado, esta noche mataron un tío a tiros', como diciendo 'es uno de los vuestros”, hace memoria. Era el 12 de agosto. Lois Ríos nunca acudió a la cita que, en As Pontes, había acordado con Campuzano y Díaz para entregarles propaganda. Formaba parte, junto a Souto, del comando de Reboiras. Consiguió escapar del cerco policial.

Los días pasaron y la huelga entró en un callejón sin salida. A finales de ese mes, y sin haber conseguido la readmisión de los despedidos, una asamblea dominada por los comunistas decidió finalizar la huelga. “Durante los últimos días es cuando Muru y Bolaños se suben a la chimenea para intentar dar la vuelta a la situación. Fue un gesto simbólico y quedó para la historia”, asegura Campuzano.

Raíces del sindicalismo nacionalista

El viejo sindicalista insiste en el valor cualitativo de la protesta de As Pontes. Él y Díaz también impulsaban entonces el Sindicato Obreiro Galego (SOG), una de las primeras experiencias sindicales ligadas a la izquierda nacionalista gallega. El ensayista y profesor Antón Baamonde, articulista de elDiario.es, comparte su impresión. Baamonde era un estudiante del instituto de Vilalba (Terra Cha, Lugo), su localidad natal, y militante de ERGA. “Vilalba y As Pontes [a 24 kilómetros de distancia] tenían mucha relación entonces. Y muchos amigos iban a As Pontes a trabajar unos meses. La construcción de la central térmica y todas las auxiliares ofrecían muchas oportunidades laborales”, señala.

Su labor, recuerda, consistía en hacer pintadas de apoyo a los huelguistas o repartir propaganda a la entrada de las factorías. “Era un tiempo de efervescencia política. Todo el mundo estaba metido en algo. Había relación con los curas de los Comités de Axuda á Loita Labrega y con la gente de Cristiáns polo Socialismo. Si tú conocías a alguien que trabajaba en un taller de As Pontes, intentabas meterlo en el asunto”, dice. As Pontes vivía un ciclo de proletarización: gente que llegaba del mundo agrario para trabajar en la fábricas. Y en ese ambiente, Baamonde también menciona las primeras pintadas del Sindicato Obreiro Galego, por ejemplo. No existen fotografías del conflicto, solo memorias individuales. O, por lo menos, nadie ha localizado imágenes. “No se sacaban fotos. Como mucho, las sacaría la Guardia Civil”, ironiza Luis Burgos, “infiltraban agentes en las asambleas, pero a menudo los identificábamos y los echábamos”.

Al repasar lo sucedido aquel agosto, Campuzano insiste en su importancia cualitativa y para el desarrollo del sindicalismo gallego, en concreto de su rama nacionalista. “Personas que nos conocimos en aquel momento y en aquel lugar después tuvimos un papel importante en la conformación de la CIG”, asegura. La Confederación Intersindical Galega es, en la actualidad, la primera central de la comunidad por número de delegados y de afiliados. Se fundó en 1993, pero las dos corrientes que nutrieron su principal antecesora, la Intersindical Nacional de Traballadores de Galicia (INTG), habían confluido en As Pontes: los militantes del PT integrados en Comisiones Obreras y que al poco tiempo se escindieron como CSUT y después se transformaron en la Central de Traballadores de Galicia; y el SOG, impulsado por la UPG, y más tarde Intersindical Nacional Galega.

“Compartiamos una forma de ser y de vivir. Eramos rupturistas de verdad, no estábamos por la ruptura pactada del Partido Comunista”, considera Campuzano, “nosotros, los nacionalistas, aprendimos mucho de las tácticas de Muruzábal y Bolaños, gente vital y combativa, que se acercaron a nosotros no por la cuestión nacional, sino por la de clase”. “El Sindicato Obreiro era entonces pequeño, muy clandestino”, argumenta Burgos, “pero coincidíamos en el objetivo de acelerar la ruptura democrática. Al final no pudo ser”. Las raíces de un importante sindicato y la memoria de un agudo episodio de lucha obrera en el tránsito de la dictadura a la democracia, eso sí pudo ser en agosto de 1975.

La central térmica de As Pontes comenzó a funcionar en 1976 y dejó de hacerlo en octubre de 2023. La chimenea a la que escalaron Muruzábal y Bolaños todavía domina la silueta de la localidad.

La huelga sindical contra Tesla en Suecia cumple ya dos años, desde que el 27 de octubre de 2023, el sindicato IF Metall iniciase un paro laboral en protesta contra el fabricante de coches eléctricos del hombre más rico del mundo, Elon Musk. Desde entonces, catorce sindicatos de cuatro países distintos (Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia) se han implicado en las movilizaciones contra el grupo automovilístico estadounidense a través de distintas acciones de solidaridad.

El conflicto ya es la huelga más larga que se ha visto en Suecia en los últimos 100 años, y representa el primer y único en el mundo que sufre la empresa dirigida por el multimillonario, notoriamente antisindical y financiador de Donald Trump, del que fue alto cargo hasta su tormentosa salida del gobierno estadounidense hace unos meses.

La raíz del problema está en la falta de voluntad del fabricante de automóviles eléctricos de firmar un convenio colectivo para los 130 mecánicos que trabajan en sus talleres del país nórdico.

Pero tras la negativa de Tesla de llegar a un acuerdo, los sindicatos y los analistas ven un movimiento ideológico contra el modelo laboral sueco, basado en la negociación colectiva de convenios. También apuntan al miedo que tiene la empresa a que las demandas sindicales se expandan por otros países en el mundo en los que la compañía tiene miles de trabajadores.

Tras 24 meses de inactividad, los 65 mecánicos de Tesla en Suecia que secundan la huelga “mantienen una determinación alta de seguir adelante”, afirma a elDiario.es el portavoz del sindicato IF Metall, Jesper Pettersson. Sin embargo, “también es importante decir que la protesta supone un desgaste psicológico importante, no es fácil para ellos”, admite.

Desde el sindicato IF Metall se compensa con un 130% del sueldo a los huelguistas, pero admiten que el coste personal de estar fuera del mercado laboral es muy alto para unos mecánicos altamente cualificados y acostumbrados a trabajar con la tecnología automovilística más avanzada.

“Económicamente no es un problema para nosotros seguir con la huelga”, explica Petersson, que representa a una unión con más de 300.000 afiliados y un amplio fondo para huelgas. “Tenemos suficientes recursos para continuar con la protesta durante mucho tiempo, tanto como los huelguistas estén dispuestos a seguir”, sentencia.

Los mediadores tiran la toalla

En las últimas semanas, las posiciones entre el sindicato y Tesla se han enrocado todavía más, después de que el Instituto Sueco de Mediación tirara la toalla y abandonara los intentos de llegar a un acuerdo entre las dos partes.

La directora de la institución de mediadores, Irene Wennemo, señalaba que Tesla está rechazando la firma del convenio colectivo por la preocupación sobre como afectaría este acuerdo al grupo empresarial en otros países, si bien señaló que las condiciones de los empleados en Suecia han mejorado durante los dos años de disputa: “Es triste a la vez que muy inusual que una acción sindical dure tanto tiempo en Suecia. Hay una fuerte necesidad de llegar a un acuerdo porque nuestros convenios colectivos son razonables y sensatos”, explicó Wennemo.

El último año de protestas ha estado marcado por una oleada de acciones solidarias por parte de los mayores sindicatos del país nórdico para bloquear el envío de coches Tesla a los puertos suecos, detener la limpieza de sus instalaciones, retener los envíos postales incluyendo las nuevas matrículas, e impedir la conexión de las estaciones de carga a la red eléctrica.

Con todo, tras los intentos de mediación fallidos, los sindicatos han decidido tensar aún más la cuerda con otras diez acciones nuevas para presionar a la empresa. Entre ellas, se ha dejado de reparar la red de fibra óptica y telefónica en los locales de Tesla, y también los aparatos climáticos instalados en sus tiendas.

A pesar de los inconvenientes y la aparatosidad de estas acciones, el analista en el Think Tank Arena Idé, German Bender, afirma que los sindicatos han causado problemas, pero no han conseguido bloquear completamente la actividad de la empresa: “Es verdad que en los talleres es más difícil reparar los coches, y también tienen problemas en expandir la red de cargadores, eso es bastante grave porque es una parte muy importante para el modelo de negocio de Tesla”.

En el plano de las ventas de coches, en el último año Tesla ha matriculado un 65% menos de unidades en Suecia, siguiendo una tendencia parecida en otros países europeos. Pero el investigador lo atribuye más “a la mala imagen que ha cosechado la empresa tras la asociación de Elon Musk con movimientos de ultraderecha en Europa y en EEUU, más que a la huelga”.

Bender señala que en una perspectiva global no sería económicamente significativo para Tesla aceptar un convenio colectivo en Suecia para 130 trabajadores, teniendo en cuenta los enormes recursos que tiene la empresa, con más de 125.000 empleados en todo el mundo.

Sin embargo, “Musk actúa ideológicamente contra la idea de los sindicatos, por este motivo los costes económicos y de imagen que está dispuesto a pagar con esta huelga son mucho más elevados que los que afrontaría cualquier otra empresa”, asegura Bender.

Con todo, “Tesla también percibe el riesgo de que si firman un convenio colectivo en Suecia se podría usar en las negociaciones en otros países, por ejemplo, en Alemania, donde tienen una fábrica con 11.000 empleados, o en EEUU”, afirma.

En riesgo el modelo laboral sueco

Por otra parte, desde los sindicatos temen que, si se deja perder el pulso contra Tesla, se estaría abriendo la puerta a que otras empresas intentaran hacer lo mismo en Suecia. Esto pondría en riesgo el denominado “modelo laboral sueco”, que hace referencia a que empresarios, y unos sindicatos muy fuertes, negocian las reglas del juego de los convenios colectivos sin que el Estado intervenga.

Esta fórmula ha dado pie, hasta ahora, a un modelo con un bienestar y unas condiciones laborales para los trabajadores que están por encima de la media en Europa, gracias a que prácticamente el 90% de la fuerza laboral del país está cubierta por los convenios colectivos. El analista German Bender asegura que “por miedo a ese riesgo se ha involucrado prácticamente todo el movimiento sindical de Suecia contra Tesla, porque los sindicatos también lo ven como un conflicto simbólico”, dice.

“Los sindicatos están luchando por un modelo social y democrático, no solamente por un convenio colectivo para los mecánicos en estos talleres. Es un tema mucho más amplio, mucho más grande, mucho más importante”.

Los lugares nos hacen, incluso mientras se hacen. Es lo que ejemplifica el historiador, periodista y bibliotecario Luis de la Cruz a cuenta de la fascinante figura de Cipriano Mera. Un hombre convertido en mito que fue muchas cosas: un albañil que abrazó el anarcosindicalismo, un militante que convencía y movilizaba a las masas o un héroe de la Guerra Civil que lideraba las columnas anarquistas que derrotaron a los sublevados en las batallas de Madrid o Guadalajara.

En Mera, hombre de las afueras (Editorial Decordel), Luis de la Cruz lleva a cabo un acercamiento a la etapa más desconocida de Mera: sus raíces en Tetuán (cuando todavía era Tetuán de las Victorias) y en un extrarradio de Madrid que se construyó a la par que su toma de conciencia sociopolítica. La historia del obrero y referente anarcosindicalista antes de que sus hazañas en la resistencia contra los golpistas, al frente del IV Cuerpo del Ejército Popular, terminaran de cimentar su mito.

Mera, su familia o sus compañeros y compañeras de militancia guían un viaje por una ciudad en expansión. Barrios en los que la significación política y el alma obrera se edifican a la vez que las casas o los caminos. “El libro surge porque me encargan un paseo guiado por el Tetuán de Mera, así que empiezo a investigar sobre él ligando personaje territorio y personaje. No es circunstancial que naciera ahí o que su biografía política comience a desarrollarse en ese lugar, sino que hay una relación entre las características urbanísticas que le rodeaban y su sindicalismo revolucionario”, dice el autor en conversación con Somos Tetuán.

Cuando la ciudad desbordó a la ciudad

“En el libro me centro en el norte de Madrid porque es lo que vengo estudiando y es el contexto que rodea a Mera, pero sería una reflexión común para lo que era extrarradio de Madrid entre los últimos 20 años del siglo XIX y el primer tercio del XX”, aclara de la Cruz. Habla de “características urbanas y de crecimiento comunes en Tetuán, Cuatro Caminos, Ventas o Puente de Vallecas”. Su extensión coincide con “un momento de desborde de la ciudad, cuando se crea el ensanche planificado del llamado Plan Castro, que no responde a la cantidad de migrantes que están llegando a la ciudad, incluidas las personas que vienen a erigir ese ensanche”.

Así, “el crecimiento de los arrabales es mayor que el del propio ensanche”: Argüelles, Salamanca o Chamberí son “la ciudad que tiene que crecer, que está planificada para que así sea, pero lo hace más despacio que la urbe que la está abrazando”. Según el historiador, “la ciudad no oficializada se expande haciéndose a sí misma y eso le confiere una menor atención institucional a su existencia”.

Este último punto da pie a “equívocos o titubeos a la hora de denominarla de una manera u otra”. De la Cruz dedica varios pasajes a la heterogeneidad y evolución de los términos con los que referirse a este fenómeno, del desdén y la aporofobia de la prensa más oficialista al interés no exento de paternalismo en autores como Pío Baroja: “¿Estamos hablando de extrarradio, de periferia, de afueras, de periferia...? No se sabe muy bien por qué a muchos de sus propios contemporáneos (sobre todo a las clases burguesas) les es desconocido, a pesar de tenerlos al lado, ya que sus habitantes son trabajadores que entran a trabajar a la ciudad”.

Un hombre hecho en las afueras

La mencionada menor presencia en estos entornos de la autoridad, sea la municipalidad o el Estado, es uno de los motivos que explica el traslado de gran parte de la agitación sociolaboral desde el centro de Madrid hasta una periferia en auge. Pero no es el único: “Se trata de un tipo de ciudad que, por la propia necesidad de su crecimiento huérfano de tutela, tiene que crecer hecho a sí mismo y basarse en el apoyo mutuo. Con ello, es más fácil esconderse o tener vías y enlaces de huida si tu actividad no está sujeta a la legalidad, hablemos de delincuencia común o de gente perseguida por su actividad sindical o política”, explica el periodista de Somos Madrid.

El abandono institucional no solo se traduce en mayor capacidad de acción para actividades ilegales o subversivas, sino que fomenta la colectividad y lo comunitario: “La manera de ser del sitio tiene que ver con que 'a la fuerza ahorcan'. Las calles no están asfaltadas, las aguas fecales no son retiradas de la vía pública, el alumbrado tarda en llegar... Es un sitio donde las personas deben juntarse para hacer la ciudad por su cuenta. Eso provoca que mucha gente que hasta la fecha había estado en lo que se llamaban barrios bajos (Lavapiés, Malasaña o Chueca), zonas populares donde tradicionalmente se desarrollaba la acción contestataria y en las que seguirá produciéndose, se desplace a los extrarradios. A ellos, además, se unen nuevas generaciones de culturas subalternas que nacen en un nuevo contexto que les es apropiado”.

El extrarradio, en el caso de Cipriano Mera su Tetuán natal o las cercanas áreas de Cuatro Caminos y Chamartín de la Rosa (por entonces municipio independiente de la capital), se convierte para este referente del obrerismo en “un espacio de desobediencia y acción colectiva”, tal como Luis de la Cruz lo describe en su libro. “Hay un eslabón perdido, muy difícil de documentar, que es cuánto influye la cultura contestataria del suburbio en la conformación de culturas posteriores más formalizadas en partidos políticos o sindicatos. Mera, cuando aún es una persona que no ha terminado de adquirir conciencia política, está viendo en el barrio motines de subsistencia en los que participan niños y mujeres”.

Hay un eslabón perdido que es cuánto influye la cultura contestataria del suburbio en la conformación de partidos políticos o sindicatos. Mera, cuando es una persona que no ha terminado de adquirir conciencia política, está viendo en el barrio motines de subsistencia

Luis de la Cruz — Autor de 'Mera, hombre de las afueras'

Estos motines del hambre, imprescindibles para conformar el sujeto político de Mera y otras personalidades subversivas coetáneas, son para el autor “una forma de protesta popular no estructurada que la historiografía tradicional tildaba de primitivas”. Una manera de movilización “inferior” a las que luego se producirían con estructuras políticas más sólidas. Desde su punto de vista, ese menosprecio no se ajusta a la realidad: “El motín es simplemente otro tipo de movilización con unas lógicas internas también muy complejas que están muy ligadas a las políticas de clase”.

A Mera le influyen los movimientos que ve, y también los espacios en los que se producen: “Lo que sucede en el extrarradio, que venía ya pasando antes entre las clases populares, es que cuentan con una oferta mucho menor de lugares especializados que la de las clases burguesas. Los espacios son lugares para todo. Como además son barrios donde la sociabilidad es central, la taberna o el descampado se convierten en espacios sociopolíticos muy reseñables. En el libro hay ejemplos de mítines o asambleas en medio de la Dehesa de la Villa o en el merendero de Canuto González en Cuatro Caminos. El descampado fue en ese momento el Parlamento del pobre, el lugar improvisado donde se produce la acción política, siendo a la vez el sitio donde los vecinos experimentan su actividad diaria o de ocio”.

Posteriormente, recintos como el Cine Europa van ganando protagonismo. De la Cruz lo justifica así: “Según va creciendo la ciudad y el extrarradio se va integrando en ella estos lugares un poco más improvisados viran a teatros más importantes en los que la cultura del consumo también explota en la periferia. Sitios importantes firmados por arquitectos de renombre, como Luis Gutiérrez Soto en el caso del Europa. A la altura de los años treinta ya no estamos tanto en ese momento del descampado o los pequeños teatros, sino que va emergiendo esa estructura más urbana y más especializada”.

Mera y el auge del sindicalismo revolucionario

“¿Hasta qué punto el Sindicato Único de la Construcción o la UGT tienen mucha potencia en el extrarradio porque la gente entiende lo que es movilizarse y levantarse juntos? Es difícil de establecer o describir, pero es fácil de imaginar. Esa coincidencia de hechos, tiempos y personas hace inevitable pensar que esos aprendizajes estuvieron ahí, aunque la mayoría de veces no hayan quedado registrados”, cuenta Luis de la Cruz sobre la materialización de la movilización en la periferia (particularmente en el caso de Cipriano Mera).

Cita al Sindicato Único de la Construcción, una escisión de UGT que se acercó a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) a finales de 1931. Este grupo de albañiles madrileños, entre los que se integraba Mera, no estaba de acuerdo con las prácticas ejecutivas y a menudo claudicantes del comité local ugetista. Tampoco con los métodos con que se abordaban los problemas del sector y generales de la clase trabajadora. La figura del liberado sindical, que representaba a los trabajadores mientras cada vez vivía más desligado de la realidad que estos soportaban, fue uno de los principales disensos.

Cuando aparecen las periferias obreras en toda Europa se crean barrios en los que sus habitantes reflexionan como clase y se da un proceso de toma de conciencia. Esto germina en los años treinta con una adscripción política militante sin precedentes

Luis de la Cruz — Autor de 'Mera, hombre de las afueras'

De la Cruz contextualiza esta división en un contexto de “evolución del mundo del trabajo que incidió en la del propio modelo sindical”. Expone que “UGT, por entonces y todavía hoy el sindicato hegemónico, tenía un modelo muy centrado en lo que en ese momento había sido la industria madrileña (que es, fundamentalmente, la construcción). Lo que ocurre es que ese modelo se transforma, pasa de obras pequeñas y talleres herederos de la realidad gremial que podían ser controlados de las Casas del Pueblo de UGT a obras de un tamaño mucho mayor fundamentales para el crecimiento de Madrid: los trabajos en Nuevos Ministerios o Ciudad Universitaria son megatajos”.

“Aparecen empresas más poderosas que no tienen esa relación cercana con el maestro de obras y, por otro lado, crece la figura del parado como un obrero organizado. El problema del sindicalismo clásico es que básicamente atiende al trabajador, cuando ahora el parado también se convierte en sujeto de sindicalización. CNT atendió muy bien esta cuestión al tratarles como compañeros de igual a igual. Todo ello eclosiona en las huelgas de la construcción de finales de 1933 y la de 1936, en las que muchos militantes históricamente sindicados en UGT se pasan formalmente a CNT o apoyan formalmente unas maneras basadas en la confrontación que tienen más que ver con un contingente enorme de trabajadores frente a compañías ya grandes”, narra.

La deuda pendiente con las “resistencias cotidianas”

Ese año, 1936, marca la ruptura (que no el final) de una efervescencia política y social paralela al crecimiento urbano. En el libro se habla de huelgas obreras en Sevilla que reclamaban las 36 horas semanas, un objetivo al que no se ha llegado 90 años después. El golpe de Estado, la Guerra Civil y la represión franquista (tan severa con la clase obrera como complaciente con la burguesía y las grandes empresas) interrumpen el devenir de estos barrios periféricos en plena ebullición.

“Es una historia olvidada por escribir. Muchos de sus habitantes tuvieron que ir al exilio o a la cárcel y otros muchos fueron asesinados. Bastantes familias quedaron sumidas en el silencio inherente a la derrota y se desarticuló todo un entramado de antagonismo político”. Para el autor, la oposición en el exilio o la reconstrucción de los partidos ha sido documentada y reivindicada como merece, pero queda por “estudiarse y escribirse sobre las resistencias cotidianas [término acuñado por el politólogo y antropólogo estadounidense James C. Scott]”.

Son, según de la Cruz, “el pálido reflejo de lo que había sido un poder movilizador bestial en unos extrarradios que tenían una homogeneidad socioeconómica inéditos en la ciudad, que les convirtió en la geografía política más potente del momento”. De ese modo, “si hasta entonces en la ciudad había una cierta segregación de clases, pero todas ellas vivían muy cerca, cuando aparecen las periferias obreras en toda Europa se crean barrios en los que sus habitantes reflexionan como clase y se da un proceso de toma de conciencia. Esto germina en los años treinta con una adscripción política militante sin precedentes”.

Esa tendencia es la que “queda totalmente cortada por el franquismo”. “Está por contar cómo esta gente vivió la nueva coyuntura y cómo articularon sus resistencias cotidianas, porque también las hubo en la posguerra aunque la prensa del Régimen lo vetara”, apostilla.

De la militancia vecinal al urbanismo neoliberal: el neomudéjar como paradigma del alma tetuanera

Durante la lectura de Mera, hombre de las afueras sobrevuela una sensación de derrota o impotencia al comprobar el enorme vuelco ideológico de áreas como Chamartín o, en menor medida, la propia Tetuán. El cercenamiento franquista tiene mucho que ver, pero para Luis de la Cruz hay otras razones: “En todos estos barrios que en esos momentos eran extrarradios sigue habiendo una superposición de estratos que da idea de la densidad de esas etapas anteriores. Pero obviamente el haberse convertido en eso que se llama nuevas centralidades (Tetuán o Carabanchel ya no son afueras) hace que entren de lleno en todas las dinámicas de la oferta y la demanda o de un urbanismo neoliberal. Se arrasa, al menos parcialmente, con el carácter, la composición socioeconómica o incluso la cultura material de aquellos años”.

Sobre este último punto, el historiador cita las décadas de abandono y erradicación del patrimonio neomudéjar, “la arquitectura propia, popular y obrera de los años en los que se construyeron aquellos espacios”. Recalca que “solamente ahora se ponen en valor con un pequeño grado de conservación o protección, después de que muchas hayan caído en la piqueta y lo sigan haciendo”.

Por contra, la cultura material de los barrios populares fue reivindicada antes: “También costó mucho que se reconociera el valor histórico de las corralas populares del Centro, cayeron casi todos, pero empezó a hacerse ya en los ochenta. Son casas de la misma época, cultural y patrimonialmente parecidas, que se han comenzado a proteger con 40 años de diferencia”.

Mera, exiliado en Francia, continuó haciendo barrio. Literalmente. Siguió trabajando de albañil durante décadas. Según recoge el sindicato Solidaridad Obrera, antes de su muerte en 1975 (faltaban 16 días para la de Francisco Franco) dejó una frase que sintetiza su espíritu: “Poniendo ladrillos ayudo a construir el mundo”. A levantar casas y comunidades sobre esos descampados que le hicieron ser quien era.

Cerca de 100.000 personas han salido a las calles de Euskadi -tanto en las capitales como en otras localidades como Beasain, sede de CAF- este 15 de octubre para mostrar su apoyo a Palestina y denunciar el “negocio del genocidio” de Israel. Pese al alto al fuego y el acuerdo de paz, los manifestantes se han echado a la calle masivamente. También ha habido movilizaciones concretas en la Universidad del País Vasco (EHU) y en la empresa CAF de Beasain, donde trabajadores y manifestantes han recorrido las calles del municipio guipuzcoano hasta la sede de la empresa, participada por el Gobierno vasco y que opera un tranvía en Jerusalén.

En Bilbao la marcha, que ha congregado a 52.000 personas, ha comenzado en el Sagrado Corazón y ha recorrido la Gran Vía hasta el Ayuntamiento de Bilbao, que a diferencia de lo ocurrido en otras manifestaciones, ha estado cerrado por la Policía Municipal por lo que la movilización ha terminado en el puente del Ayuntamiento sin llegar a las escaleras del Consistorio. En Vitoria, los convocantes han cuantificado en unas 25.000 los asistentes, que han llenado la Virgen Blanca a mediodía. En Donostia también han sido miles y miles los participantes.

La de Bilbao ha sido una de las marchas más concurridas de España. Con gritos de “Boicot Israel. Palestina askatu” y portando carteles con fotos de periodistas asesinados y el número 67.194 ensangrentado por las personas asesinadas por el ejército israelí, los manifestantes han ido haciendo paradas en empresas que consideran “cómplices de Israel” como Zara o el Banco Sabadell. Al grito de “Israel hiltzaile, Zara laguntzaile” (“Israel asesino, Zara cómplice”), se han concentrado frente a la sede de Inditex en Gran Vía y han colocado pegatinas mientras los trabajadores de la tienda, que estaba abierta pese a la huelga -al igual que las demás de grandes firmas de la Gran Vía bilbaína- han tenido que cerrar sus puertas. Los manifestantes han utilizado humo de los colores de la bandera de Palestina frente a la tienda. Unos metros más adelante, en el Banco Sabadel, han colocado un cartel en el cajero en el que se leía “Israel genocida”.

A la llegada al puente del Ayuntamiento, la comunidad de Palestina en Euskadi ha sido la primera en tomar la palabra y ha querido agradecer al pueblo vasco su apoyo. “Desde Jerusalén hasta Bilbao, desde la herida Gaza hasta San Sebastián, de la tierra de Palestina al corazón del País Vasco. En este día os venimos solo a decir gracias. No estamos solos, ustedes están con nosotros en la misma lucha, en el mismo terreno, en el mismo sueño. Ustedes hijos del pueblo vasco libre siempre han estado con nosotros en las plazas, en las calles, en las concentraciones y en el sentimiento. Vuestra voz retumba desde las montañas del País Vasco hasta el cielo de Gaza para decirle al mundo 'La libertad no se puede defender sin justicia'. Hoy defendemos juntos la llama de la libertad, una llama que no se apagará mientras tengamos un latido y mientras haya un niño asesinado en Gaza, una madre que llore a su mártir o haya casas convertidas en escombros”, han denunciado los representantes del pueblo palestino.

Por su parte, desde los sindicatos vascos que han convocado la huelga (ELA por su cuenta y el resto de la mano) tras la manifestación han denunciado “la ocupación, el apartheid y el genocidio que sufre el pueblo palestino”. “Denunciamos el genocidio, los crímenes contra la humanidad que está cometiendo Israel con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo palestino. Reclamamos el fin inmediato del genocidio en Gaza y demandamos una resolución integral que acabe con la ocupación y con la colonización de Palestina y garantice el derecho del pueblo palestino a vivir en libertad. Exigimos la suspensión en totalidad del Acuerdo de Asociación Unión Europea e Israel y pedimos que tanto empresas como instituciones rompan las relaciones comerciales con Israel”, han indicado en una manifestación que ha terminado, al igual que en el resto de capitales vascas, con La Internacional en árabe.

En Vitoria, la movilización ha sido una de las más importantes de los últimos años. La protagonista del final de la marcha ha sido Noha Mohaisen, que estaba con sus hijas. Su hermano es uno de los fallecidos en Gaza. Una bomba lo asesinó hace solamente unos días, pocas horas antes del alto el fuego. “Siento agradecimiento porque el pueblo vasco siempre apoya a Palestina y hace manifestaciones. Me alegro muchísimo por el apoyo, pero estoy mal esta semana porque murió mi hermano el último día de la guerra”, ha lamentado.

Por la tarde, Gernika-Palestina ha convocado caceroladas a las 19:30 horas frente a los ayuntamientos vascos con el lema “Genozidioa STOP! Konpromisoa palestinarekin. ¡Ruptura con Israel ya!” mientras que la asociación Palestinarekin Elkartasuna ha convocado una concentración en la sede del Gobierno vasco en Bilbao bajo el lema “La lucha contra la colonización no ha cesado. Disolución de Israel. Ruptura de relaciones”, además de concentraciones en Vitoria, Donostia y Pamplona. En Bilbao han realizado una sentada en la carretera del Sagrado Corazón a modo de protesta. “Desde que se convocó el paro, el Estado sionista y la resistencia palestina han firmado un acuerdo de alto al fuego. Si Israel cumple con el acuerdo, el pueblo palestino podrá respirar tras la ofensiva criminal de estos últimos dos años. Aún así, este acuerdo no abre paso a la libertad de Palestina y no va a parar el genocidio. El hecho de que se firme un acuerdo que de un respiro al pueblo palestino no significa que tengamos que relajar la presión contra Israel y sus cómplices en Occidente, y tampoco permitir que se deslegitime a la resistencia palestina ni a sus reivindicaciones históricas. Y es que, deslegitimando a Israel y confrontando con los intereses que lo unen a los Estados occidentales, contribuiremos a que el pueblo palestino se posicione en una mejor correlación de fuerzas a la hora de tomar decisiones”, han denunciado desde Palestinarekin Elkartasuna.

Por ello, han destacado “la necesidad de la descolonización total de Palestina, la libertad de los presos políticos y el retorno de los refugiados, para el fin del genocidio y la libertad para Palestina”. “No hay convivencia posible con el estado colonial israelí. Los palestinos y palestinas tienen derecho a resistir en contra del colonialismo, y, por tanto, tenemos de defender la resistencia palestina. Las decisiones sobre Palestina corresponden al pueblo palestino y su resistencia, no a la entidad sionista ni a los gobiernos imperialistas occidentales”, han argumentado para después añadir que “desde Euskal Herria nuestra contribución principal es hacer presión en contra de Israel y sus cómplices, para acabar de una vez con todas las relaciones económicas, militares, diplomáticas y culturales” y exigir que “el Gobierno vasco, el Gobierno de Navarra, los gobiernos de los estados español y francés, así como las empresas cómplices como CAF terminen con todas las relaciones con Israel”.

“Llama a Galvín”. Durante años, cuando un periodista necesitaba saber algo de lo que pasaba en la educación madrileña la respuesta era siempre la misma: “Llama a Galvín”. Secretaria general del sector de Educación de CCOO en Madrid, Isabel Galvín, profesora de Lengua y Literatura, era omnipresente. Desde Aguirre hasta Ayuso, se pasó 12 años peleándose con las presidentas de la Comunidad por una escuela pública mejor, una tarea ingrata en el laboratorio de ideas neoliberales y ultraconservadoras que es la región, punta de lanza del trumpismo en España y gobernada con mayoría absoluta por el PP durante décadas. Pero eso ya no es cosa suya, al menos no desde ahí. Concluido su periplo sindical, Galvín vuelve “muy contenta” al aula, de donde nunca quiso salir, cuenta. Con sus victorias, con sus derrotas, pero satisfecha por haberse “dejado la piel”.

Más de una década después, Galvín vuelve al aula a toparse de bruces con la realidad que lleva años denunciando. Con las aulas masificadas, la falta de tiempo para nada, la burocracia que aplasta. “Creo que es donde hace falta estar ahora, donde se nos necesita”, sostiene. Desde que dejó la docencia de secundaria –ha seguido impartiendo clases como profesora asociada en la universidad durante este periodo–, “ha habido una democratización de la educación secundaria en el sentido de que hay muchísima más diversidad, especialmente en la escuela pública, que absorbe, incluye e incorpora la mayor parte de esta diversidad”, reflexiona tras un mes sobre la tarima. “La clave ahora mismo es esa. Necesitamos menos ratios para atender esa diversidad, necesitamos otros perfiles profesionales”, opina.

¿Comparte esa impresión creciente, que respaldan encuestas y estudios de todo tipo, de que la docencia es cada vez más difícil y se ejerce en peores condiciones? “No es una profesión atractiva”, admite mientras se sirve un té en una cafetería cercana al IES San Isidro, donde ejerce. “Las políticas de profesorado son nefastas”. Y le sale la sindicalista que no ha dejado de ser. “Tenemos el retraso del estatuto docente, tenemos leyes que no se consultan con el profesorado. Y tenemos una organización del tiempo de trabajo muy mecanizada, con mucho tiempo dedicado a la burocracia porque faltan otros perfiles profesionales y la profesión docente es como un cajón de sastre. No hay orientadores suficientes, no hay profesoras de servicios a la comunidad, una figura clave contra el absentismo. Hay una sensación de desprofesionalización. A mí me gusta decir que se ha proletarizado la profesión en el sentido de que a veces parece una cadena de montaje”.

Y todo es peor en Madrid, asegura. “Ya lo sabemos: la que menos invierte de toda España”, resume. Pero tampoco el Gobierno central lo está contrarrestando todo lo que le gustaría, añade. “Tenemos un gobierno de izquierdas que se plantea grandes objetivos en otros temas, pero en educación no. Debería haberse volcado estos siete años con la educación, es la única salida a todo esto”, desliza aludiendo al auge de la ultraderecha. “La derecha hizo los recortes por real decreto, lo tenían clarísimo. Pero la Lomloe no los ha revertido, no se hace una norma básica que garantice recursos, una ley orgánica para que no tengamos que depender de las comunidades autónomas, como nos pasa en Madrid”.

En el peor momento

Galvín aterrizó en la secretaría general de Educación de CCOO en el peor momento. Justo tras los recortes brutales que impuso el exministro popular José Ignacio Wert en 2012 tras la crisis de las hipotecas. “Ya había empezado la marea verde, pero la viví en primera persona. Huelgas, encierros... Fue una etapa muy dura de confrontación y no empezamos a ver resultados hasta [Cristina] Cifuentes”, que accedió al cargo en 2016.

Aunque costara, aunque frustre golpearse con un muro en forma de mayoría absoluta perenne, Galvín tiene claro que hay que dar la batalla siempre. “Hemos tenido victorias, más pequeñas, más grandes, victorias judiciales. Todo ha costado muchísimo, pero lo único que da resultados es la lucha, la confrontación, la resistencia, la denuncia. No hay otra vía y no habríamos conseguido absolutamente nada si no hubiéramos hecho lo que hicimos. De hecho, [Rafael] Van Grieken [el consejero de Educación de Cifuentes] nos reconoció que estábamos ahí [sentadas en la mesa de negociación con el Gobierno regional] por la lucha que habíamos llevado a cabo”, recuerda.

Esperanza Aguirre, Ignacio González, Ángel Garrido, Pedro Rollán en funciones e Isabel Díaz Ayuso. Galvín ha visto pasar a cinco presidentes regionales y tiene claro que la dupla Cifuentes-Van Grieken es con quien mejor se han entendido a la hora de negociar, asegura sin dudarlo. “Él era profesor de universidad, y eso se nota. Te quería convencer, había diálogo. Nos sentó en la mesa y nos preguntó por dónde queríamos empezar. Le dijimos que por el empleo, por recuperar el cobro del verano, ese derecho de los interinos. En ese momento perdimos a muchos compañeros que no llegaban a fin de mes. Vivimos desahucios y situaciones muy duras. Así que decidimos empezar por ahí. Madrid fue de las primeras comunidades en recuperar eso. Obviamente había muchas reivindicaciones, pero había que priorizar”, rememora.

Lucía Figar era una persona muy compleja en el trato, pero tenía una preparación sólida en neoliberalismo, era muy ideológica y formó un equipo técnico de directoras generales con mujeres jóvenes, de clase media alta, que habían estudiado en Estados Unidos y tenían muy clara la agenda

Enfrente, Lucía Figar, la responsable que nombró Esperanza Aguirre, fue la peor interlocutora. Tampoco lo duda. “Era una persona muy compleja en el trato. Bueno, yo nunca tuve trato directo con ella. Todos los puentes estaban rotos. Parecía que no le gustaba nada el profesorado de la pública, nos veía como a los maestros de la República. Fue el momento de 'son unos vagos', de esa estigmatización. Pero tenía una preparación sólida en el neoliberalismo, era una persona muy ideológica y formó un equipo técnico de directoras generales con mujeres jóvenes, de clase media alta, que habían estudiado todas en Estados Unidos y tenían muy clara la agenda: empezaron por desregularizar la educación infantil, siguieron con el bilingüismo –ahí tocaron la tecla y la sociedad lo recibió bien–, luego el cheque guardería para Infantil... Ahí pusieron los mimbres, Figar es directamente responsable de la agenda neoliberal y neoconservadora [que se aplica en la Comunidad de Madrid]”, asegura.

Fue con Figar, rememora, cuando CCOO decidió que todo iría a los tribunales. “Todo lo denunciábamos, igual que en el Consejo Escolar tenemos una tradición, que siempre dejamos un voto particular para que nuestra posición quede clara. Esto es algo que a mí me ha preocupado mucho estos 12 años. Que nadie diga que no hicimos todo lo que pudimos”, explica. Como en las negociaciones, la vía de los tribunales les ha reportado derrotas, pero también victorias. Una de las últimas ha sido conseguir que las universidades tengan que pagar al profesorado asociado los quinquenios, el complemento por cada cinco años de docencia que cobran todos los demás profesores.

Respecto al equipo actual que forman la presidenta Isabel Díaz Ayuso y Emilio Viciana, la sindicalista ve en el consejero “un alto técnico de la Administración, de trato correcto y apacible” dedicado a poner en marcha la agenda “del equipo de Ayuso”, y subraya “equipo”. “No creo que sea de Ayuso”, sostiene. El momento en la educación madrileña –sobre todo, pero no solo, apunta Galvín, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente andaluz, le sigue los pasos– está marcado por los tiempos actuales. “Están trayendo aquí las guerras culturales y la educación forma parte de esa guerra”, sostiene. Y Viciana está “muy aplicado en esa tarea”.

Pero todo eso ya son recuerdos. De su periplo sindical, al que llegó reticente porque no quería dejar el aula, se queda con la relación, intensa, con toda la comunidad educativa. Con la prensa también –“es clave”–, y con el respaldo de la organización. ¿Recomendaría ser responsable sindical, esa lucha constante? En su caso no fue tan vocacional, al menos no de inicio. “Hacía falta dar un paso adelante. Estábamos en plena Marea Verde y no podía mirar para otro lado. Como sucede ahora con Palestina. Nos gustaría que no pasara, claro, pero está pasando. Pues entonces igual. Teníamos asambleas de 2.000 personas [por los recortes] y había que presionar. Se veía. Mis compañeros pensaron que podía ser yo y como no soy de mirar para otro lado lo hice. Lo que recomiendo es que si das un paso adelante tiene que ser en un contexto, en un proyecto colectivo y sintiendo que tienes el respaldo de la gente”, cierra.

La gente a la que ha estado apelando durante toda la entrevista. El profesorado precario, los interinos, las compañeras que se quedaron por el camino –laboralmente– expulsadas por una profesión a veces ingrata. “Personas a las que les pongo cara, les pongo nombre”, repetirá. Por todos ellos mereció la pena. Pero ya cumplió su parte y ahora le toca a otra. Le deja el listón alto, aunque solo sea por las horas echadas. Para Galvín es el momento de volver a ser una más. De no perderse las cosas de su hija. De estar.