En las últimas horas, te hemos contado las trabas que está poniendo el Ayuntamiento de Villoslada de Cameros a la Asocación para la Recuperación de la Memoria Histórica para la exhumación de una fosa común en la que se encuentran los restos de cinco trabajadores republicanos asesinados el 10 de agosto de 1936.

Izquierda Unida, además de denunciarlas, reclama al Gobierno de La Rioja que intervenga “de forma inmediata y haga cumplir la Ley 5/2022, de 25 de abril, para la recuperación de la memoria democrática en La Rioja, que obliga a las administraciones públicas a facilitar y no obstaculizar las labores de localización, exhumación e identificación de víctimas del franquismo”. El diputado Carlos Ollero ha aseverado que “el Gobierno de La Rioja tiene la obligación legal de intervenir. La Ley de Memoria obliga a las administraciones a facilitar estas exhumaciones. Su cumplimiento no es opcional. Exigiremos en el Parlamento que el Ejecutivo riojano requiera al Ayuntamiento de Villoslada que retire de inmediato estos obstáculos”.

“La actuación del consistorio es inaceptable”

La asociación solicitó el pasado 27 de marzo el correspondiente permiso municipal para intervenir en un espacio de apenas cuatro metros cuadrados de terreno en el cementerio local, y la respuesta ha sido la exigencia de un proyecto de obra equiparable al requerido para la construcción de un panteón.

Para el diputado de IU en el Parlamento de La Rioja, Carlos Ollero, la actuación del consistorio es inaceptable: “Exigir una memoria descriptiva, planos, fotografías y visado técnico para abrir cuatro metros cuadrados de tierra no es burocracia, es una forma deliberada de impedir que las familias entierren a sus muertos. Aplicar la normativa urbanística a una exhumación de víctimas del franquismo es deshumanizar tanto a los asesinados como a quienes los buscan”.

“Las cinco víctimas eran trabajadores de los pantanos de Ortigosa-González Lacasa, asesinados en agosto de 1936, cuyos restos llevan casi noventa años en esa fosa sin recibir sepultura digna. Sus familias tienen el derecho, amparado por la ley, de recuperarlos. Ninguna norma urbanística puede estar por encima de ese derecho”, ha declarado Ollero.

La Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica ha solicitado permiso al Ayuntamiento de Villoslada de Cameros (PP) para exhumar a cinco personas desaparecidas durante el franquismo de una fosa común: José Ferreras, Ramiro Sánchez, José Caballero, Valeriano Núñez y Jacinto Ramírez. Y el Consistorio riojano les ha exigido un proyecto de obra. La petición se formuló el pasado 27 de marzo. La asociación pidió permiso para llevar a cabo una intervención en una fosa común en la que permanecen los cuerpos de cinco republicanos asesinados y desaparecidos por la represión franquista.

En su respuesta, el Consistorio riojano se ha acogido a la legislación urbanística y reclama a la Asociación una “memoria descriptiva de las características generales de la obra y justificación de las soluciones concretas adoptadas y de las condiciones urbanísticas con referencia expresa a estas normas urbanísticas y a la normativa de desarrollo si fuera preciso, firmado y visado por el técnico competente”.

Asimismo, para poder llevar a cabo esta exhumación, el Ayuntamiento de Villoslada de Cameros les exige “una descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos y fotografías en los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones que requieren reparación o consolidación. Este apartado viene definido en el punto ”4. Intervenciones de conservación y ornato, consolidación y reforma“ del artículo 23 de esta normativa. ”Documentos Específicos“.

Sin embargo, la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica no pretende edificar nada sino “intervenir en un espacio de terreno de cuatro metros cuadrados, coronados por una cruz en la que se encuentra el nombre de una de las víctimas”. Por lo que consideran que las exigencias del Ayuntamiento de Villoslada de Cameros solo pretenden “dificultar el derecho de las familias”. Es más, el vicepresidente de la Asociación y coordinador de las exhumaciones, Marco Antonio González, habla de un “veto a un derecho fundamental: el deseo de las familias a dar una sepultura digna a sus seres queridos y dificultar la exhumación de cinco víctimas del franquismo tratando el proceso como si fuera la construcción de un panteón”.

“Aplicar una normativa urbanística es una forma de deshumanizar a esas personas y a quienes quieren buscarlas, algo que no debería hacer un representante político y que muestra una total falta de empatía con quienes además de sufrir todas las consecuencias de esos crímenes han padecido ser gobernados por los responsables de esos asesinatos durante décadas y olvidados por la recuperada democracia”.

Y es que recuerdan que hasta la fecha solo han tenido una exigencia similar en el ayuntamiento leonés de Villadangos del Páramo donde “el alcalde incluso llegó a convocar un referéndum para que la Junta Vecinal, responsable del cementerio, decidiera si se hacía o no se hacía la exhumación. Finalmente, se impuso el derecho de las familias y se vio públicamente que el alcalde había llevado a cabo una prevaricación administrativa de manual”, apunta González.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica es la primera en España que llevó a cabo con métodos científicos la exhumación de una fosa común de desaparecidos asesinados por la represión franquista y desde el año 2000 ha llevado a cabo decenas de exhumaciones. Actuaciones que financian con recursos propios proporcionados por los socios, personas voluntarias y donantes. De hecho, apuntan, no aceptan subvenciones de ninguna institución pública.

Los cinco hombres trabajaban en los pantanos cercanos a Ortigosa

Se trata de cinco hombres, vecinos de localidades cercanas y todos ellos trabajadores de los pantanos cercanos de Ortigosa/González Lacasa. Según el libro Aquí nunca pasó nada del investigador riojano Jesús Vicente Aguirre, las víctimas aparecieron asesinadas dentro de término Municipal de Villoslada de Cameros el 10 de agosto de 1936.

José Ferreras Iglesias

Nacido en Zamora y de 49 años. Su certificado de defunción solo indica que está domiciliado en Pradillo. Se trata, seguramente, de un trabajador del pantano. Asesinado con otros cuatro compañeros el 10 de agosto en las Tejeras, Villoslada de Cameros, donde se le enterró.

Ramiro Sánchez Herrero

23 años, natural de Lucainena de las Torres, Almería. Soltero, hijo de Pedro y María. Trabajador del pantano. Asesinado en las Tejeras, en el límite de Villoslada de Cameros y Montenegro de Cameros, Soria, el 10 de agosto. Falleció “a consecuencia de heridas producidas por arma de fuego”. Enterrado en Villoslada.

José Caballero Villa

35 años, nacido en Portugal. Soltero, tenía novia. “Se llamaba Basilia, se fue a Argentina con otras hermanas”. Obrero del pantano. Hermano de Antonio, también asesinado. Murió el 10 de agosto en Villoslada de Cameros, “en las Tejuelas de ese término municipal en el empalme de la carretera de Montenegro de Cameros”, Soria. Fallecido “a consecuencia de heridas por arma de fuego”.

Valeriano Núñez

De entre 28 y 30 años. Es la única indicación personal de Valeriano, con toda seguridad trabajador del pantano de Ortigosa. Por eso lo situamos en esta localidad. Asesinado con otros cuatro compañeros el 10 de agosto en Villoslada, “en las Tejuelas de este término municipal, en el empalme de la carretera de Montenegro de Cameros”. Fallecido “a consecuencia de heridas por arma de fuego”. Fue enterrado en Villoslada.

Jacinto Ramírez García

21 años, natural de Laguna de Cameros. Residía en el barrio Los Molinos de Ortigosa. Soltero, hijo de Cecilio y Petra. Trabajador del pantano. Asesinado en las Tejuelas, entre Villoslada y Montenegro, el 10 de agosto.

Después de cinco años de “duro trabajo” que se han repartido en cuatro fases, el Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) ha comunicado que no hay más víctimas del franquismo en las fosas comunes del cementerio municipal.

Con ello, ha dado por finalizados los trabajos que ha llevado a cabo la empresa Drakkar Consultores con el impulso del Ayuntamiento, después de que el pasado 13 de marzo se recuperara el último de los 136 cuerpos exhumados en esta última fase del proyecto de un total de 270.

El Ayuntamiento destaca que esa fecha ha quedado “para la historia” al haber culminado la exhumación de restos de todas las personas represaliadas por el franquismo que yacían en fosas comunes del cementerio de nuestra localidad. “Damos por finalizados los trabajos en las ocho fosas comunes, por lo que a día de hoy podemos decir que ya no quedan fusilados en fosas comunes en este camposanto”, ha anunciado Jorge García, director gerente de Drakkar Consultores, empresa encargada de realizar estos trabajos.

La cuarta y última fase de este proyecto de exhumaciones tenía como objetivo recuperar los cuerpos de 136 víctimas que fueron enterradas en ocho fosas comunes.

Los trabajos, que comenzaron en verano, no han sido sencillos debido a las inclemencias meteorológicas (sobre todo a las semanas de frío e intensas lluvias que hubo durante el invierno), pero también a las propias características de las fosas. “Había algunas que estaban a cinco metros de profundidad. Y otras con hasta 26 víctimas, por lo que los cuerpos estaban muy mezclados”.

Aunque las labores de exhumación han finalizado, todavía restan unas semanas para que concluya el proceso: “Paralelamente a las exhumaciones hemos ido realizando el estudio antropológico de los cuerpos para conseguir las muestras de ADN que enviaremos al laboratorio para realizar el cotejo con los familiares vivos”. Para llevar a buen puerto esta parte del proceso se sigue solicitando la colaboración ciudadana, puesto que “todavía no están identificados los familiares de las 136 víctimas”.

“Manzanares pasará a la historia por este proyecto”

Una vez que finalice esta cuarta fase, se dará por concluido el ambicioso proyecto de exhumaciones puesto en marcha por el Ayuntamiento de Manzanares hace cinco años y que ha permitido recuperar los restos de 270 personas. “Manzanares pasará a la historia por muchas cosas y esta es una de ellas”, destaca el alcalde, Julián Nieva, “satisfecho” por haber podido culminar este proyecto “que tan complicado de finalizar parecía cuando lo planteamos”.

Asimismo, ha avanzado que muy pronto se realizará otro acto de entrega de restos de represaliados a sus familiares. También ha querido dar las gracias a todas las administraciones que se han implicado en el proyecto desde 2021: la Diputación de Ciudad Real, el Gobierno de Castilla-La Mancha, el Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, así como el colectivo Memoria Histórica de Manzanares (MHM) y la empresa Drakkar Consultores.

Medio siglo más tarde del fin de la dictadura franquista y casi noventa años desde que se cometieron los asesinatos, el próximo 17 de febrero se realizará el acto de entrega de los restos de Agustín Felipe Labrado Bolonio y Timoteo Higuera Ocaña a sus familias, en la Casa de la Cultura de la localidad de Mesegar de Tajo (Toledo), a las 12:30 horas.

Ambos fueron asesinados el 16 de octubre de 1936 en la localidad toledana, según explican desde la Asociación Manuel Azaña, por “una centuria de falangistas procedente de Las Palmas”. Este acto estaba previsto para el pasado 22 de enero, sin embargo fue aplazado debido al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Primeramente, está prevista una actuación musical por parte de los Juglares del Campo de Montiel. Después intervendrán los diferentes agentes que han hecho posible la exhumación y análisis de los cuerpos encontrados en la fosa común, así como parte de los familiares de Agustín Labrado. Los restos de las víctimas se trasladarán al cementerio local.

La historia de Agustín y Timoteo

El investigador Francisco González comenzó a indagar en la vida de las dos personas que podían coindicir con los cuerpos hallados en una fosa común en la población toledana. Timoteo Higuera era un joven de 17 años. En el archivo municipal de Mesegar de Tajo no había documentación anterior a 1940, pero sí se sabe que su padre era afiliado a UGT y miembro del PSOE. También averiguó que Timoteo era susceptible de ser fusilado a través de documentación de un consejo de guerra.

Agustín Labrado había nacido en Santo Domingo, hoy Santo Domingo-Caudilla, y se asentó en Mesegar de Tajo, donde se casó y tuvo dos hijos. Su padre era afiliado a UGT y había sido teniente alcalde en el Ayuntamiento de Carriches.

Rosa Labrado, nieta de Agustín, contaba a este medio el año pasado que ellos sabían que a su abuelo paterno lo habían matado en la guerra, pero no en qué condiciones: “No sabíamos que lo habían sacado de su casa y lo habían tirado a una cuneta”.

A pesar de ser un tema tabú en su familia, en lo que ella señala que podría ser “un trauma” de su padre que “no hablaba de nada de lo que pasó”, en este municipio toledano era una historia conocida: dos personas habían sido asesinadas y se encontraban en una cuneta a las afueras del pueblo.

Durante el proceso de exhumación, que se llevó a cabo en agosto de 2025, se rescataron restos óseos de dos cadáveres y el posterior estudio de ADN comparativo con los nietos de Agustín Felipe Labrado permitió la identificación de ambos individuos.

En esta exhumación participaron, además, la Dirección General de Atención a las Víctimas (SEMD), así como parte de la asociación Manuel Azaña que tiene su sede en Talavera de la Reina. El Ayuntamiento de Mesegar de Tajo también colaboró en el proceso.

El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, gracias a la labor llevada a cabo por el Instituto de la Memoria y el Banco de ADN del Gobierno de Navarra, ha idenificado los restos de Ramón Bengaray Zabalza, una de las principales figuras republicanas asesinadas por los franquistas en 1936 tras el golpe de Estado. Sus restos mortales fueron exhumados el pasado mes de julio en Muniáin de Guesálaz junto con los de Dionisio Gutiérrez Ijalba, natural de Aurizberri/Espinal. Los dos cuerpos han podido ser identificados gracias a las muestras de ADN de sus familiares.

Ramón Bengaray Zabalza fue un destacado dirigente de Izquierda Republicana y presidente del Frente Popular en Navarra. Músico, periodista y también deportista, llegó a ser directivo del Club Atlético Osasuna en los años treinta, equipo que ha mostrado su “emoción” a través de las redes sociales por la identificación de los restos del que fue uno de sus primeros directivos.

“No había ningún indicio documental que situara la muerte de estas dos personas en Muniáin”, explican desde el equipo del Instituto Navarro de la Memoria. De hecho, solo se conoce que Bengaray fue detenido por la Guardia Civil en la madrugada del 21 de agosto de 1936, entre Burutain y Olague, ya que la noticia se publicó en la prensa local, “algo llamativo por infrecuente”, señalan fuentes de la investigación. 

Sin embargo, se desconocía si fue conducido a algún centro de detención o directamente trasladado para su asesinato, ni tampoco las circunstancias en que se detuvo y trasladó a Dionisio Gutiérrez a Muniáin. Ninguno de los dos tiene expediente penitenciario, ni en la Prisión Provincial de la capital navarra, ni en el Fuerte de San Cristóbal. “Cuando pudieron inscribir sus muertes en el juzgado, la viuda de Bengaray indicó la fecha del 24 de agosto, mientras la de Gutiérrez la situó cinco días antes, el día 19”, apuntan desde el Instituto.

Esas fechas son compatibles con la información de la exhumación, ya que es posible que fueran asesinados juntos el mismo día o individualmente en días diferentes. Desde el Instituto Navarro de Memoria señalan que en esas fechas se estaba recrudeciendo “la limpieza política” iniciada en julio de 1936. No se tienen noticias sobre quiénes fueron los asesinos concretos, aunque es conocido que en ese momento operaban en la represión tanto cuerpos policiales como grupos paramilitares vinculados al carlismo y Falange. 

El pasado verano, con la colaboración de asociaciones como Txinparta y Affna 36, el apoyo técnico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el testimonio de un vecino de la localidad (Domingo Zabalza), fueron encontrados dos cuerpos que permanecían sin identificar, en una de las exhumaciones realizadas en el plan anual del Departamento. Entonces, se abrieron distintas hipótesis y, finalmente, el Banco de ADN es quien ha resuelto las dudas: se tratan de los restos de Bengaray y Gutiérrez. 

La nieta de Bengaray ha mostrado su sorpresa y satisfacción por el hallazgo. También el nieto de Gutiérrez. “Después de 89 años de búsqueda y silencio, hoy, tres generaciones después comenzamos a sentir una presencia liberadora”, ha celebrado.

Directivo de Osasuna

Nacido en Garralda en 1896, Ramón Bengaray residía en Pamplona desde 1905. Trabajó como periodista, primero, e impresor después. Participó activamente en la vida social y cultural de la ciudad, siendo barítono solista del Orfeón Pamplonés, socio fundador de “Los Irunshemes”, “Los Amigos del Arte” y el club Larraina. También fue pelotari, futbolista y directivo del C.A. Osasuna entre 1931 y 1935.

Bengaray fue un destacado miembro de Izquierda Republicana y, como presidente del Frente Popular de Navarra, se presentó como candidato a las elecciones generales de 1936, en las que obtuvo 33.719 votos. Tras la imposibilidad de presentar resistencia al golpe militar de julio, pasó a la clandestinidad, sin que se conozcan los detalles. Fue descubierto y detenido el 21 de agosto. Pese a ser asesinado, la Comisión de Incautación de Bienes le incoó expediente el 25 de octubre de 1937, que se resolvió con una sanción de 250.000 pesetas el 13 de octubre de 1938.

Sus bienes quedaron embargados, en especial la imprenta que constituía el negocio familiar. Su viuda, Ramona Zapatero, consiguió pasar a zona republicana y posteriormente se exilió, pero al no lograr embarcar a América, se vio obligada a regresar a Pamplona. Desde la capital navarra inició una dura y desigual pelea por recuperar los bienes familiares, e interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que le rebajó la sanción a 20.000 pesetas, una cantidad desproporcionada para la época. “Ramona Zapatero fue un ejemplo claro de mujer que, en condiciones muy adversas, luchó en los estrechos márgenes que dejaba la ley y la dictadura por defender la memoria de su marido y el futuro de su familia”, destacan desde el instituto de la Memoria.

La identificación de los restos de Ramón Bengaray ha sido posible gracias a las muestras genéticas tomadas hace años a un nieto de Bengaray, residente en Argentina. Su nieto fue contactado por el equipo de investigación liderado por la historiadora Esther Aldave, que había publicado la biografía de Bengaray.

Por su parte, Dionisio Gutiérrez Ijalba fue un mecánico de 32 años, nacido en Aurizberri/Espinal y vecino de Pamplona. Estaba casado con María Concepción Pérez Martínez, con quien tuvo un hijo, José Luis. Aunque no se ha podido contrastar su actividad política pública, sí que procedía de una familia izquierdista: su hermano Zósimo fue carabinero en Lesaka, y por su resistencia al golpe de Estado y los servicios prestados en la zona republicana le acarrearon una condena a reclusión perpetua en 1939 y una sanción de 10.000 pesetas, que no pudo pagar, impuesta por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Además, su hermana Juana marchó al exilio Olorón con su esposo Marcos Manrique y sus hijos. Sus restos se han identificado gracias a las muestras aportadas por su hijo José Luis.

El Banco de ADN del Gobierno de Navarra ha identificado los restos de Epifanio Osoro Icobalceta, un militante anarquista de la CNT natural de Durango que formaba parte de un grupo de 21 presos del penal franquista del fuerte de San Cristóbal que fueron asesinados extrajudicialmente el 1 de noviembre de 1936. Se trata de la quinta víctima identificada de los restos exhumados en el cementerio municipal de Berriozar en marzo de 2022.

El fuerte de San Cristóbal fue un complejo militar que tras el golpe de 1936 pasó a ser utilizado como cárcel para presos políticos de toda España. Por él pasaron hasta 7.000 personas y murieron unas 800, más de 200 fusiladas tras la fuga de 795 presos en 1938, y otras muchas por causas naturales provocadas por la tuberculosis, malnutrición o el hacinamiento.

Los restos identificados corresponden a Epifanio Osoro Icobalceta, natural y vecino de la localidad vizcaína de Durango. Cuando fue arrestado, y posteriormente asesinado en el fuerte de San Crsitóbal, tenía 22 años. Era mecánico de profesión y militaba en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Fue condenado por la Audiencia de Valladolid a 6 años, 10 meses y 1 día de presidio mayor y encarcelado, posteriormente, en el fuerte situado en lo alto del monte Ezkaba. 

La asociación 'Txinparta-Fuerte de San Cristóbal' ha logrado, gracias a los archivos municipales y parroquiales, tener los datos de todos los presos que pasaron por el penal y cuyos restos fueron enterrados en los cementerios de las localidades del entorno. Para la identificación de este preso vizcaíno se ha localizado a sus familiares y se han cotejado las muestras genéticas en el Banco de ADN del Ejecutivo foral.

Desde el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, se hace especial hincapié en la importancia de contar con muestras de ADN que cotejar con los restos de los cuerpos hallados en ese lugar pendientes de identificación, ya que faltan muestras genéticas de familiares de varios de estos presos. Después de llamamientos pasados se han conseguido nuevas muestras genéticas, pero todavía faltan varias para poder cotejar, por lo que el Instituto Navarro de la Memoria quiere recordar el listado de los presos exhumados en Berriozar con cuyos familiares no ha sido posible contactar hasta la fecha. Para iniciar el proceso de toma de muestra de ADN destacan que es imprescindible que los familiares de las víctimas se pongan en contacto con el Instituto Navarro de la Memoria a través del correo inm@navarra.es.

La Diputación de Albacete ha anunciado que iniciará catas arqueológicas en una nueva zona del cementerio de La Roda, donde se cree que puede estar localizada “esa segunda fosa común que sabemos que hay”, con el objetivo “de ubicarla y recuperar los cuerpos”.

Las catas serán posibles gracias a una subvención de 100.000 euros concedida por el Gobierno de España, en el marco del I Plan Cuatrienal de Exhumaciones.

Lo ha avanzado el presidente de la institución provincial, Santi Cabañero, quien ha asistido este sábado al acto de entrega a sus familiares de los restos exhumados e identificados en una de las dos fosas comunes del cementerio municipal de La Roda. Lo ha hecho acompañado del diputado del Área Social, José González, de miembros de la asociación memorialista que preside Carmen Parreño; del alcalde de localidad, Juanra Amores; del delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino; de Jesús Perea en representación del Gobierno de España; y de Manuel Ortiz, de la UCLM.

Durante su intervención Cabañero ha puesto de relieve que hoy es un día “de sentimientos encontrados”, lamentando que no se hayan podido identificar todos los restos y que todavía haya personas sin encontrar, pero ha remarcado la importancia de lo que se ha conseguido, apuntando que este es “un acto de justicia para las familias y de reparación”, aunque ha advertido “que, seguramente para ellos (refiriéndose a los cuerpos exhumados) no sea muy justo, porque cuando la justicia llega tarde, no lo es”.

Catorce cuerpos con nombre y apellidos

Este proyecto se ha desarrollado en tres fases, financiadas precisamente con fondos del Consejo Territorial de Memoria Democrática en el marco de esa Ley. En la primera, entre 2022 y 2023, se realizó el trabajo de campo, consistente en la investigación histórica y documental. Del resultado de los estudios realizados en archivos y a través de testimonios orales, se concluyó que el número de desaparecidos en La Roda es de setenta personas (cincuenta y cuatro ejecutadas y dieciséis muertas en la cárcel) y que se abrieron dos fosas comunes: una en la parte civil (fosa 1), perfectamente delimitada, y otra en la católica o en el Patio de Santiago (fosa 2), cuya ubicación es menos precisa.

En la segunda fase, ya en 2024, dieron comienzo los trabajos de exhumación, que finalizaron con la exhumación de veinticuatro cuerpos de la fosa 1. Y finalmente, la tercera, desarrollada este 2025, ha permitido al análisis genético de todos los cuerpos, lográndose finalmente la identificación de catorce de ellos.

Se trata de Luis Tendero Jiménez, León Lozano Moreno, Bernardo Escudero López, Vicente Martínez Castillo, Marcelino Alfaro Rodríguez, Juan Salvador Marchante, Eusebio García Moreno, Florentino Moreno López, José Martínez Simarro, Serapio Fraile Griñán, Julián González Moreno, Deusdedio del Campo Martínez, José Antonio García Rueda, Eduardo Rueda Rueda.

22 fosas comunes en la provincia de Albacete, solo 4 exhumadas

En este punto, Cabañero ha afirmado que esto no es el final. “En la provincia de Albacete hay identificadas 22 fosas comunes, únicamente 4 han sido exhumadas, y mientras quede un cuerpo sin nombre al que devolverle la dignidad, una familia sin respuestas..., nuestra tarea estará sin acabar”, ha explicado el presidente de la Diputación, apuntando que esta es un trabajo que hay que hacer desde lo público, “siendo reivindicativos y autocríticos”.

Y ha sido entonces cuando ha anunciado que la Diputación va a continuar trabajando con nuevas catas arqueológicas en una nueva zona del cementerio de La Roda, donde se cree que puede estar localizada “esa segunda fosa común que sabemos que hay”, con el objetivo “de ubicarla y recuperar los cuerpos”.

El Instituto Gogora ha identificado genéticamente los restos de otras cuatro víctimas de la prisión franquista de Orduña (Bizkaia), tres de ellas extremeñas, recuperadas del cementerio de la localidad en las campañas de 2014, 2022 y 2024.

Con estas nuevas identificaciones se elevan a 22 los restos mortales de presos de la prisión identificados, de un total de 93 exhumados en el cementerio de Orduña.

Según ha informado el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, los restos identificados corresponden a Faustino Aguado Serrano, de Tomelloso (Ciudad Real); Manuel Guillén Expósito, (Badajoz), y los también pacenses Miguel Fuertes Molina (Mirandilla), y Antonio Monge Crucera (Medellín).

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, se reunirá en próximas semanas con las familias de los identificados para entregarles los restos mortales y acompañarles en las inhumaciones.

Las identificaciones de los últimos meses han permitido estrechar lazos con diferentes instituciones, provinciales y locales, así como asociaciones, familiares y particulares que se están movilizando para encontrar a los descendientes de las víctimas de la prisión de Orduña. Este es el caso de la familia Monge, que contactó con Gogora el pasado verano tras tener conocimiento del caso en su entorno. De esta forma, pudo iniciar el proceso de identificación a través de la donación de muestras para su análisis genético.

Los restos de Antonio Monge fueron recuperados en la primera campaña de exhumación del Cementerio de Orduña, en 2014. Al no haber podido ser identificados, fueron inhumados en el Columbario de Orduña en 2022, donde descansaban hasta su dentificación.

A Emilio Silva le cambió la vida un giro fortuito de agenda a última hora. Era marzo del 2000 y él viajaba por El Bierzo haciendo entrevistas para escribir una novela sobre guerrilleros durante la dictadura cuando una frase imprevista se cruzó en su camino: “Yo sé dónde está la fosa en la que está enterrado tu abuelo”, le dijo el antifranquista Arsenio Marcos. Aquella conversación no formaba parte del plan inicial porque, tras la entrevista, Emilio debería haber asistido a la reunión que había agendado con otro opositor a la dictadura. Sin embargo, este le canceló la cita por un contratiempo personal, por lo que la charla con Marcos se alargó más de lo previsto.

“Si aquel hombre no hubiera tenido ese problema familiar aquella tarde probablemente hoy yo no estaría hablando contigo”, dice Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) al otro lado del teléfono. Quizá no estaríamos hablando y quizá él tampoco hubiera hecho todo lo posible para intentar sacar a su abuelo, Emilio Silva Faba, de debajo de la tierra. La exhumación, iniciada un 21 de octubre de hace 25 años en Priaranza del Bierzo (León), fue la primera en la que se usaron métodos científicos para buscar a víctimas del franquismo y se convirtió en un punto de inflexión que rompió un silencio impuesto durante décadas.

“Yo lo que quería era enterrarlo con mi abuela y volver a mi vida de periodista. Pensé que iba a regresar a la casilla de salida antes de encontrar la fosa, pero todo fue imparable”, explica Silva, que recuerda que desde entonces hubo “mucha gente” que empezó a interesarse por el proceso y a pedir ayuda para buscar a sus familiares desaparecidos. En 2002 hubo “un pequeño boom mediático” tras la exhumación de otra fosa en Piedrafita de Babia, también en León, y ese verano “yo ya estuve cinco o seis horas diarias hablando por teléfono con personas” que querían saber cómo recuperar a sus muertos.

El día en que Arsenio Marcos le habló a Emilio de la fosa de su abuelo, le llevó hasta allí. Era una pequeña parcela a la entrada de Priaranza, en el kilómetro 8 de la carretera comarcal, y en ella habían sido enterrados su abuelo y otros 12 republicanos de Villafranca del Bierzo asesinados el 16 de octubre de 1936 por pistoleros falangistas. Sin embargo, poco de aquello se sabía en su casa, donde “apenas se hablaba” de lo ocurrido, un trauma familiar que hizo que el dolor, el silencio y el miedo se fueran heredando. Sin embargo, el impulso de Emilio hizo que un tío suyo también se involucrara en el proceso hasta que lograron el permiso del Ayuntamiento para exhumar.

De remover la tierra con las manos a un equipo completo

Antes, Emilio ya había contado su historia en el periódico La Crónica de León, en la que publicó un artículo titulado “Mi abuelo también fue un desaparecido” que llegó a las manos de Julio Vidal, arqueólogo territorial de la provincia que se ofreció a dirigir los trabajos junto a la antropóloga forense Encina Prada. Según cuenta Silva, Vidal “conocía perfectamente” la zona porque su madre había nacido en Priaranza e incluso “recordaba que cuando era niño él y sus amigos pasaban corriendo por allí porque sabían que había muertos debajo”.

Entre los profesionales a los que Vidal y Prada llamaron para sumarse al proyecto estaba el antropólogo forense Francisco Etxeberria, que ha participado en numerosas exhumaciones de fosas de la Guerra Civil y el franquismo. “Lo de Priaranza se considera un hito porque se utilizaron todos los recursos de las disciplinas que se usan hoy para exhumar, entre ellos la historia, la arqueología, la antropología y la genética”, señala Etxeberria, que celebra que Vidal “tuviera el mérito de no mirar para otro lado y desempeñar un papel que hoy ni siquiera juegan muchas instituciones”.

Que los trabajos estuvieran dirigidos por un arqueólogo y en ellos se involucrara un equipo técnico especializado era la gran diferencia con las decenas de exhumaciones que se habían hecho durante la Transición. Porque la de Priaranza fue la primera en la que se usó el método científico y se identificó genéticamente a uno de los represaliados –el abuelo de Emilio–, pero no fue la primera vez que las familias quisieron desenterrar a sus seres queridos para darles una sepultura digna. “Exactamente no tenemos una cifra exacta de cuántas fueron, pero podemos decir que más de 200”, sostiene la historiadora Zoé de Kerangat, que ha investigado estas exhumaciones.

En su tesis convertida en libro Remover cielo y tierra (Comares), la experta pone sobre la mesa cómo estas fueron iniciativas que “partieron de familiares de fusilados que deciden que por fin es momento de recuperarles” y que “se ponen manos a la obra de manera muy informal”. No contaban con el apoyo de las instituciones y tampoco con la participación de equipos profesionales. “Van a cavar la tierra con palas, picos e incluso con sus propias manos o cucharas, según nos han contado algunos testimonios orales”, apunta la historiadora.

El efecto dominó

La fosa de Priaranza fue exhumada en siete días y todas las voces que estuvieron presentes en ella recuerdan “la impresión que causó” entre los vecinos del pueblo. “Fue acercándose gente mayor, muy mayor, que recordaba cosas”, cuenta Etxeberria. Entre ellos estaba Francisco Cubero, un vecino de la localidad de Villalibre de la Jurisdicción que, con 16 años, fue obligado por la Falange local, junto a otros dos jóvenes, a enterrar los cadáveres, recuerdan tanto el antropólogo forense como Emilio Silva.

Coinciden ambos también en reseñar cómo la exhumación trajo consigo un imparable efecto dominó. “Cuando estábamos allí nos dijeron que había otra fosa en la provincia de al lado y de esta forma comenzó este movimiento de asociaciones organizadas para la recuperación de la memoria histórica. Empezó una secuencia que no imaginaba, no creíamos que pudiera haber tanta fosa como las que hemos visto”, explica Etxeberria, que a nivel personal también traslada la “sorpresa” que le produjo Priaranza. “En nuestra ingenuidad pensábamos que los que murieron en la guerra estaban en los cementerios, pero aquello era una fosa común en una cuneta. Había poca conciencia entonces de estos enterramientos clandestinos de gente hecha desaparecer”.

Algo parecido traslada Emilio Silva, que no volvió a dedicarse al periodismo para dedicar su vida a acompañar a las familias de desaparecidos y que acaba justo de publicar el libro que dejó a medias en el año 2000, titulado Nébeda (Alkibia). “Al principio casi pensé que era una cosa solo de El Bierzo, una zona minera con mucha represión, pero cuando todo explotó y empezamos a ver la dimensión nos dimos cuenta de lo bestia que era. No imaginábamos la envergadura de esto”.

Desde entonces, han sido exhumadas miles de víctimas, aunque todavía quedan muchas más. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que actualmente vehiculiza los trabajos a través de subvenciones, calcula que quedan unos 11.000 cuerpos recuperables. Sin embargo, la ARMH de Silva sigue su camino al margen de la institución, a la que afea que “España sea el único país del mundo” que busca a sus desaparecidos “a través de partidas” que dependen del color político del Gobierno. “Lo que debería es ponerse en marcha una oficina de atención a víctimas que recibiera las peticiones e hiciera los trabajos porque recuperar a los familiares es un derecho”, apunta.

Aunque para muchos es un derecho aún pendiente, si echa la vista atrás, Emilio ve mucho silencio y mucho miedo en el que han ido abriéndose grietas. Recuerda a Belia González, hija de otro de los 13 fusilados de la fosa de Priaranza del Bierzo, que “no dejó de temblar” durante las tres horas de conversación que mantuvo con ella en su casa, cuando tenía 92 años. “Le costaba entender que pudiéramos hacer la exhumación y nadie viniera a por nosotros”. También se acuerda del hombre de Villafranca del Bierzo, el pueblo de su abuelo, al que encontró leyendo el periódico frente a su casa y le preguntó por la represión. Él comenzó a contarle y entonces una mano emergió de la puerta entreabierta de la vivienda, le tiró del extremo de la chaqueta y él no volvió a decir nada. “Yo me imaginé detrás de aquella puerta a miles de personas”, dice Emilio. “Hoy ha habido un aprendizaje: la gente ahora sabe que se exhuman fosas y no pasa nada grave después”.

Angelines y José Miguel están al borde la zanja. Desde arriba siguen, con mirada atenta, los movimientos de tierra que una excavadora y algunos de los arqueólogos del equipo hacen dentro de la misma. Vienen desde Pedrola y buscan a su abuelo, Lucas González Hecho, y a su tío, Antonio González Martínez. “Tenían 57 y 21 años. Eran jornaleros”, recuerda José Miguel, mientras la arqueóloga Cristina Sánchez les explica que “ambos aparecen en el registro de salida de la Cárcel de Ejea del día 16 de agosto de 1936”, un dato que desconocían. “Siempre nos dijeron que los habían fusilado el 14 de agosto y que se los habían llevado de casa”, apunta Angelines.

“En nuestra familia se hablaba de este tema, nos contaron todo lo que pasó, hemos vivido con esta historia”, aseguran ambos, tanto que la madre de Angelines llamó a su hijo Antonio Luca, “los nombres de su padre y de su hermano”, revela esta vecina de Pedrola. Los primos hermanos no dudaron en comenzar la búsqueda sus seres queridos cuando se presentó la oportunidad. Una familia de Pedrola sabía que alguno de sus familiares estaba enterrado en la fosa de Ejea y se pusieron en contacto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Batallón Cinco Villas. A partir de ese momento hicieron una lista de posibles familias de víctimas y recogieron muestras de ADN:. “Es el pueblo con más muestras recogidas, lo han hecho de una manera muy organizada”, apunta Cristina Sánchez. Se estima que puede haber 25 vecinos de esa localidad entre los restos que ahora se buscan entre tierra, raíces, piedras y cal.

Dos años por delante para trabajar en la fosa más grande de Aragón

Hasta la fecha, la de Ejea de los Caballeros, se considera la fosa de enterramiento común que más cuerpos puede contener de las que se han abierto en la comunidad, y una de las más importantes a nivel nacional. “Es a la que más recursos y tiempo está previsto que se destinen, de las que hemos estado en estos años”, comenta Alberto Espés, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Batallón Cinco Villas. Una fosa que ya fue abierta a finales de los años 60 para exhumar algunos cuerpos “entre ellos, el de un vecino de Caparroso, pidieron permiso al Ayuntamiento y existen fotografías de aquello”, apunta Espés.

“Hoy es un día especial”, coinciden en afirmar Kaikos, de la Asociación y el equipo arqueológico, ya que supone un hito en un proceso que comenzó aproximadamente hace cuatro años, coincidiendo con el final de la pandemia COVID, y que ha pasado por diferentes fases; la más importante de ellas se dio hace ahora un año, cuando los sondeos realizados en las zonas señaladas demostraron que la fosa podía contener hasta 160 cuerpos.

Desde el viernes 17 de octubre hasta el 15 de noviembre, un equipo integrado por ocho arqueólogos y una antropóloga trabajarán en la fosa de Ejea de martes a sábado, en horario de 8:00 a 17:00 horas, parando una hora para comer. “La previsión es excavar unos 15 metros de longitud”, apunta el arqueólogo Javier Ruiz. Aunque la zona de enterramiento se extiende más allá del área delimitada en un principio: de hecho hay indicios de que cinco personas fueron enterradas en una zanja al otro lado de la entrada al cementerio, “tres de ellas están en sus nichos, quedan dos cuerpos, uno de ellos es un familiar de Lobera d´Onsella y tenemos muestras para hacer las pruebas de ADN”, confirma Ruiz, que adelanta que habrá que esperar para “poder trabajar en ese otro tramo”.

Dentro de la zanja abierta los trabajos continúan a pala. Ignacio es el maquinista de la brigada del Ayuntamiento de Ejea que está colaborando en la exhumación. Pasa un par de años de los 40, pero esta no es la primera vez que hace movimientos de tierra en fosas comunes en la zona, y la situación le sigue impresionando “se sabía que esto había pasado, pero cuando lo ves eres más consciente. Creo que era necesario que llegara el día en que se hiciera justicia para estas personas”, comenta.

Cada vez que aparece un resto humano se coloca sobre la zona una madera. Entre el color marrón intenso de la tierra húmeda destella el blanco de la cal: “Cuando la cal aparece significa que debajo habrá cuerpos porque esta es una de las fosas en las que a los cuerpos se les echaba cal por encima, es algo que no hicieron en todas”, explica el arqueólogo. La parte positiva de la dureza que hay detrás de esta forma de enterrar es que “ha favorecido la conservación de los cuerpos” porque la cal actúa como desinfectante y, aunque no frena la descomposición, retrasa el proceso.

Los recursos llegan, con fechas de justificación apretadas

Tras un año de espera, los recursos económicos han llegado. El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Batallón Cinco Villas han firmado un convenio de colaboración para articular el proceso. “Del Ministerio han llegado 36.000 euros y el resto hasta 80.000 lo aporta el Ayuntamiento de Ejea con fondos propios”, explica la concejal para la Memoria Histórica del consistorio ejeano, Juana Tere Guilleme. Considera que así se da “respuesta a una demanda de las familias de las víctimas” enterradas en el cementerio de Ejea, en una zona delimitada y dignificada, que ahora se abre para dar sepultura a las personas que hay en ella.

Por su parte, la Diputación Provincial de Zaragoza ha comprometido para estos trabajos otro montante de 100.000 euros, “que lo más previsible es que una cantidad similar se vuelva a destinar también en 2026” para este fin, añade Guilleme. También está previsto que la Comarca de Cinco Villas haga una aportación económica que se destinará a los trabajos de exhumación.

Por el momento, lo que más preocupa y ocupa al equipo técnico y a la Asociación y los voluntarios que la integran es realizar el máximo trabajo posible en el terreno, ya que los plazos de la administración les pisan los talones: “El día 15 de noviembre tenemos que justificar la partida procedente del Ministerio, es poco tiempo”, lamenta Javier Ruiz. Las instalaciones están listas para comenzar un trabajo en cadena que permita aprovechar al máximo el tiempo y los recursos técnicos y humanos disponibles: “Cuando se hallen restos pasarán a limpieza en una sala específica y serán recogidos debidamente para su análisis en Pamplona”, explican.

Hasta ahora se han presentado medio centenar de muestras de ADN de familiares, aunque se espera que en los próximos días la cifra aumente. Por ello, desde la asociación Batallón Cinco Villas se ha habilitado una zona para que todas aquellas personas que crean que algún familiar está en las fosas de Ejea cumplimenten una solicitud y aporten muestras para realizar las pruebas de identificación pertinentes llegado el momento.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática va a financiar las identificaciones de los cuerpos recuperados de la mayor fosa de la represión franquista en Madrid. Con un presupuesto de 114.899 euros, el Gobierno se abre así a la petición de las familias, que llevaban dos años reclamando al Ejecutivo los fondos para poder completar la fase final de los trabajos realizados en el cementerio de Colmenar Viejo. Allí fueron fusilados más de un centenar de republicanos entre abril y noviembre de 1939, una vez los sublevados ganaron la guerra.

Según ha informado el departamento dirigido por Ángel Víctor Torres, el proceso de identificación de los restos ya ha comenzado y durará unos 13 meses. “La identificación genética de los restos humanos exhumados en las fosas del citado cementerio es esencial para garantizar su procedencia individual y para complementar los datos de la investigación histórica, arqueológica y antropológica que, en su conjunto, permitirá elaborar el informe científico forense que será entregado con los restos identificados a los familiares dentro del proceso de reparación a las víctimas”, apunta el ministerio.

En su momento, los trabajos fueron posibles gracias a dos subvenciones de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática –una de 22.900 euros y otra de 156.000– y la idea es que con el dinero se financiara todo el proceso, pero los fondos no fueron suficientes para abarcarlo y las identificaciones quedaron pendientes. En total, se lograron recuperar 77 cuerpos a lo largo de varias fases en los veranos de 2022 y 2023, pero solo dos pudieron ser identificados: Florencio Elipe y Martina Aparicio, fusilados ambos el 13 de julio de 1939 y cuyos restos ya han sido entregados a sus familias. A Florencio le faltaba un brazo y Martina era la única mujer del grupo, dos excepciones que facilitaron la identificación.

Las familias, agrupadas en la Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, reclamaron desde el principio los fondos al ministerio e hicieron pública la situación cuando llevaban año y medio sin obtener respuesta. En su momento, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ya adelantó su “firme decisión” de “encontrar la vía de financiación” para identificar los restos, un proceso que ha culminado en la decisión de hacerlo directamente. Por su parte, la Comunidad de Madrid, donde se encuentra la fosa, no ha estado en ningún momento implicada en el proceso ni se ha puesto en contacto con las familias.

Las víctimas encontradas son parte del total de 108 personas sentenciadas a muerte por el tribnal militar de la plaza de Colmenar Viejo, entre ellas había vecinos de la misma localidad y de otros seis municipios de la zona. Los sublevados entraron en Colmenar el 29 de marzo de 1939 y procedieron al arresto masivo de denunciados de los pueblos desde Hortaleza, entonces independiente, hasta Moralzarzal. El plan era liquidar a la élite política y sindical de izquierdas de toda la zona, desde secretarios de sindicatos a miembros de colectividades, alcaldes y concejales. Los fusilamientos no tardaron ni un mes en comenzar.

Este sábado comienzan las exhumaciones en la mina La Paloma, en Zarza la Mayor, un lugar señalado desde hace décadas por los testimonios orales como fosa común de los vecinos fusilados en el verano de 1936. Desde las doce del mediodía, los técnicos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi han iniciado la recuperación de tres de los cuerpos aparecidos a 36 metros de profundidad, bajo toneladas de piedra.

Entre los familiares que aguardan el momento está Juana Clavero, nieta de Isidoro Clavero Vinagre, herrero de Zarza fusilado por “defender la justicia social”. Habla desde la emoción y el cansancio: “Me he tenido que tomar una tila, estoy un poco desquiciada porque es un momento muy duro”, dice. “Desde 1936, mi abuela y sus hijos e hijas comenzaron a buscarlo. Ellos murieron sin verlo, y ahora somos nosotras, su siguiente generación, quienes los estamos encontrando”.

Juana se detiene un instante y reconoce la mezcla de alegría y pena que atraviesa a su familia. “Nosotras hemos heredado esa búsqueda. Y también el dolor. Nos tuvimos que ir del pueblo por ser represaliados y rojos. No solo sufrieron ellos, lo hemos sufrido también nosotras”.

Los técnicos le han confirmado que los restos hallados corresponden a los últimos cuerpos arrojados, los más superficiales, y que se encuentran muy deteriorados por la presión de las piedras y los escombros. “Ya han aparecido cráneos con el tiro en la cabeza”, explica Juana, que sigue cada movimiento del equipo arqueológico. Los restos serán trasladados al Instituto Anatómico Forense, donde se intentará obtener muestras de ADN. “Nos están haciendo pruebas a los familiares. Nos dijeron que puede que logren sacar algo o no, porque los huesos están muy dañados. Va a ser un proceso lento”, se lamenta.

Las familias esperan que, una vez identificados, los cuerpos puedan descansar en paz. “Mi deseo es que los que aparezcan sigan juntos aquí, en Zarza la Mayor, en el cementerio. Que les hagamos un gran homenaje y que permanezcan unidos”, dice. Otras familias prefieren que los restos se entierren junto a los suyos, y ella respeta todas las decisiones.

Juana Clavero Molina, vecina de Zarza la Mayor, afincada en Logroño, lleva décadas reclamando verdad, justicia y reparación. Nació en 1949 en este pueblo cacereño marcado por la represión franquista, la frontera y el exilio. Desde joven se incorporó a la militancia política de izquierdas —primero en el PCE y más tarde en Izquierda Unida—, y su compromiso con la memoria la llevó también al Parlamento de Extremadura, donde fue diputada en los años noventa.

Aunque no conoció personalmente a su abuelo, su historia ha marcado toda su vida. “Crecí escuchando esas historias. Eran de dolor y de muerte, pero también de dignidad”, recuerda Juana, que en su libro de relatos autobiográficos 'Zarza' rescata la memoria de la posguerra rural, la miseria, la emigración y el miedo que sobrevivió durante décadas.

La mina La Paloma es un escenario que hasta hace poco era una herida muda. Asociaciones, historiadores y familiares llevaban años señalando ese lugar como fosa común. Las dificultades técnicas y las trabas políticas han retrasado las excavaciones: galerías inestables, escombros, agua filtrada y toneladas de piedra. Se calcula que podrían hallarse al menos una veintena de cuerpos, entre vecinos de Zarza la Mayor, Ceclavín y otros municipios cercanos.

En una carta abierta reciente, firmada por Juana y dirigida al actual alcalde, denunciaba la paralización de la tercera fase de exhumación por motivos medioambientales —la mina está dentro de una zona protegida de la Red Natura 2000—, y reclamaba que “ningún trámite burocrático justifica el silencio ni la no exhumación de los familiares asesinados”.

El hallazgo de los restos coincide con un momento especialmente doloroso para las familias: la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, sustituida por la Ley de Concordia impulsada por PP y Vox. La norma, aprobada bajo el gobierno de María Guardiola, borra las referencias a la dictadura, debilita las obligaciones sobre exhumaciones y reduce la participación de las víctimas en los procesos de memoria.

Para Juana y las familias, esta sustitución constituye una forma más de violencia institucional. “Nos sentimos muy dolidas con María Guardiola. Es muy duro ver cómo, mientras encontramos a nuestros muertos, las instituciones borran lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo”, lamenta. Cuando Juana dice “las familias nos sentimos muy dolidas con María Guardiola”, no es una frase hecha: refleja la realidad de quienes han esperado décadas para que se reconociera la memoria de sus seres queridos. Para ella y muchas otras familias, la Ley de Memoria representaba una promesa de reparación —institucional, simbólica y legal— que la nueva normativa parece querer enterrar. “Sé cómo funciona el juego político, pero ante una situación como esta, para mí María Guardiola no tiene ninguna justificación”, añade con firmeza.

Juana Clavero, también apoyada por Amnistía Internacional Extremadura, no busca venganza, sino justicia. Quiere que los huesos tengan nombre y que las familias puedan despedirse dignamente. “El gobierno regional podrá cambiar leyes, pero no podrá borrar la memoria de quienes llevamos este dolor en la sangre”.

La tierra que guarda los restos aún sin nombre de decenas de víctimas del franquismo vuelve a cerrarse sobre la memoria. La exhumación de la mina La Paloma, en Zarza la Mayor (Cáceres) —un proyecto considerado emblemático en Extremadura para la recuperación de la verdad histórica— quedó paralizada de forma oficial el 22 de septiembre. La resolución municipal, firmada por el alcalde Félix Bayón, regionalista apoyado por el PP, ha desatado una crisis institucional y un pulso político que dejan, sobre todo, a las familias en la incertidumbre: heridas que para algunas personas han durado toda la vida y que hoy ven cómo se dilata la posibilidad de encontrar paz y reconocimiento para los suyos. Y es que se buscan decenas de cuerpos de represaliados en la Guerra Civil por la dictadura franquista no solo de vecinos de este pueblo sino de otros puntos de la provincia cacereña.

Hoy, en el pueblo, entre el vecindario se percibe un ambiente “raro”: se comenta que esta paralización se ha producido debido a la próxima aprobación en la Asamblea de Extremadura de la Ley de Concordia, que, en aunque en teoría, garantiza que las exhumaciones no se detendrán, la nueva norma “condiciona todas las actuaciones al visto bueno de un comité de expertos formado exclusivamente por altos funcionarios de la Junta de Extremadura, sin participación de asociaciones memorialistas ni de la universidad”, lo que genera dudas sobre su verdadera efectividad y autonomía. Y no es para menos: el gobierno extremeño de María Guardiola se verá obligado a derogar en los próximos días la Ley de Memoria Histórica como parte de un acuerdo con Vox para asegurarse su apoyo en la aprobación de medidas fiscales. Esto se produce a pesar de que la propia presidenta había afirmado en varias ocasiones que la derogación de la ley “no estaba sobre la mesa”.

Cronología de la paralización

La tercera fase del proyecto para la exhumación de cuerpos había sido solicitada formalmente a mediados de julio de este mismo año por el equipo técnico encargado de las intervenciones. Aranzadi —la entidad técnica que participa en la dirección científica de las excavaciones— presentó la petición de autorización para continuar las labores de excavación, según los trámites previstos. La Mancomunidad Rivera de Fresnedosa remitió a su vez informes técnicos y jurídicos que fueron recibidos el 21 de septiembre y en los que se concluyó que las obras requerían la tramitación de informes sectoriales obligatorios, entre ellos el preceptivo informe ambiental.

A pesar de ello, el ayuntamiento detectó que la empresa había comenzado actuaciones sobre el terreno sin contar con las autorizaciones pertinentes. El 22 de septiembre, el alcalde-presidente de Zarza la Mayor, del partido 'Levanta Zarza la Mayor' en cogobernanza con el PP, dictó una resolución administrativa ordenando la paralización inmediata de las obras al entender que se había incumplido la normativa ambiental aplicable en un paraje incluido en la Red Natura 2000. La resolución advierte asimismo de la posible apertura de expedientes sancionadores conforme a la normativa de ordenación territorial y urbanística sostenible de la comunidad.

Vecinos del pueblo no pueden llegar a entender que el Ayuntamiento argumente que la paralización de los trabajos se debió a que la empresa no había presentado el permiso medioambiental necesario, ya que tras la suspensión, la empresa solicitó de forma inmediata dicho permiso a la Dirección General de Sostenibilidad, cuyos técnicos emitieron un informe favorable. Sin embargo, la autorización no se concedió finalmente porque la autoridad competente consideró que la solicitud debía tramitarla directamente el Ayuntamiento, y no la empresa. En consecuencia, los trabajos siguen detenidos a la espera de que el consistorio realice formalmente el trámite y obtenga el permiso. Según el alcalde, a principios de la semana próxima el informe estará ya firmado y podrá continuarse con la excavación, aunque lo mismo dijo la semana pasada. La conclusión es que el ayuntamiento zarceño paralizó una actuación muy esperada y necesaria porque faltaba un permiso que tendría que haber solicitado él mismo.

El conflicto económico y la exigencia de devolución

A la complejidad técnica y jurídica se suma un problema económico-administrativo que ha tensado las relaciones entre administraciones. El ayuntamiento relata que el proyecto, en sus anterior fase, quedó afectado por un desequilibrio en los plazos de justificación de fondos derivados de distintos convenios. El convenio firmado con la Universidad de Extremadura tenía un plazo que vence a finales de año, mientras que la partida nominativa aportada por la Diputación Provincial de Cáceres disponía de un plazo más ajustado.

Según fuentes municipales, la Universidad, por sus controles internos, retuvo la factura que servía para justificar determinados gastos, lo que impidió completar la justificación en el tiempo requerido por la Diputación. Ante esa falta de justificación en plazo, la Diputación exigió la devolución de la subvención nominativa de 75.000 euros y, posteriormente, elevó la cuantía reclamando intereses y recargos que sitúan la deuda en torno a 82.000 euros.

El ayuntamiento sostiene que no recibió respaldo suficiente por parte de la Diputación para buscar una salida y acusa a la institución provincial y a cargos del PSOE de falta de voluntad política para colaborar en la solución del conflicto. El equipo municipal sostiene que ese desencuentro administrativo ha terminado por paralizar un proyecto que era, para familias y foros de memoria, una prioridad moral. Pocos se creen sus explicaciones y lamentos, ya que muchas vecinas y vecinos advierten de que todo es una manipulación orquestada para dejar de buscar los cuerpos asesinados.

Lo que dice la Diputación

La Diputación de Cáceres ofrece una versión distinta y la defiende con claridad. Desde el gobierno provincial se señala que el equipo municipal de Zarza la Mayor incumplió los plazos y procedimientos establecidos para la justificación de la subvención y que no solicitó, cuando aún estaba a tiempo, la ampliación reglamentaria de seis meses que contemplaba el acuerdo y que podría haber evitado la devolución del dinero. También se reprocha al ayuntamiento no haber comunicado con antelación su incapacidad para justificar la subvención, lo que, a juicio de la Diputación, obligó a esta institución a actuar conforme a la normativa vigente para proteger fondos públicos.

En el discurso oficial de la Diputación se insiste en que las administraciones deben cumplir la normativa y que la reclamación de la cuantía —y los recargos posteriores por intereses— responde a la obligación legal de custodiar recursos públicos. Desde la institución provincial se subraya que la actuación no responde a una voluntad de bloquear la memoria, sino a la defensa de la legalidad en la gestión económica de proyectos subvencionados. Pocos dudan de ello debido a la trayectoria que ha recorrido la Diputación de Cáceres en la defensa de la Memoria Histórica en Cáceres.

Red Natura 2000 y los antecedentes

El paraje donde se sitúa la mina está integrado en la Red Natura 2000, la red europea para la conservación de hábitats y especies de interés. Los informes técnicos han señalado la presencia de quirópteros —murciélagos— y otros elementos de sensibilidad ecológica que obligan a tramitar informes ambientales sectoriales antes de intervenir de modo irreversible sobre el terreno. Esa exigencia ha sido el argumento central de la paralización técnica: la normativa ambiental exige salvaguardas que, según el ayuntamiento, se podían compatibilizar con la exhumación si se hubieran tramitado con la celeridad debida; según la interpretación municipal, la normativa no debe emplearse como un mecanismo para impedir la reparación histórica, pero la obligación legal de protección existe y debe respetarse.

El valor humano y la dimensión de la memoria

La mina La Paloma es ya uno de los “agujeros negros” de la represión franquista en Extremadura. Excavaciones anteriores, que llegaron a los 33 metros de profundidad, no consiguieron sacar a la luz restos de las personas fusiladas durante la Guerra Civil y la dictadura. Cada hallazgo —cada fragmento óseo— representa para las familias una prueba tangible de la ausencia y, al mismo tiempo, la posibilidad de dignificar un nombre que la historia contada solo por algunos, intentó borrar.

Para los allegados de las víctimas, como July Chaparro, la de Zacarías el Rojo, o Luciano Montero y Juana Clavero, nietos de Luciano e Isidoro Clavero, la paralización supone una “segunda violencia”. La espera prolonga el duelo sin cierre y aplaza la posibilidad de que generaciones enteras puedan conocer y nombrar a quienes fueron arrebatados. “Que se pare ahora es como que te vuelvan a arrancar la esperanza”, dicen descendientes de las víctimas, que ven cómo la articulación administrativa y los reproches políticos les devuelven al silencio institucional que les persiguió durante décadas.

El Ayuntamiento de Cañada Rosal (Sevilla) ha localidado los restos de 71 personas en las dos fosas comunes que se encontraron en el cementerio de la localidad, en el marco de los trabajos destinados a localizar e identificar a las víctimas de la represión franquista en el municipio.Según informa el Consistorio en una nota de prensa, las actuaciones se iniciaron en julio de 2021 y en su primera fase se prolongaron hasta el 3 de septiembre del mismo año.

Para ello, se desarrolló una actuación en materia de Memoria Democrática para la recuperación de los restos de “represaliados a consecuencia del golpe militar de 1936 en el antiguo cementerio de Cañada Rosal, hoy parque periurbano”, promovida por el Ayuntamiento y financiada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con la participación del Ayuntamiento.

La actuación se centró en trabajos de indagación, búsqueda, localización, corroboración y delimitación de las fosas existentes. Los resultados de los trabajos de la actuación en este lugar de intervención concluyeron con la localización de “hasta tres fosas de la represión, de las que dos pudieron ser corroboradas durante estos trabajos, y una tercera de la que se concluyó que no correspondía a un depósito de víctimas de la represión, sino a trabajos de vaciado de tumbas para su traslado, así como a remociones correspondientes a la clausura del cementerio en los años 90 del siglo XX”.

Las mujeres del Aguaucho

En la primera fosa se consiguieron muestras óseas para análisis genético de los restos de 14 víctimas, 13 hombres y una mujer, y se procedió a la búsqueda de familiares para la extracción de muestra biológica para el cotejo genético. Los resultados del análisis arqueológico permitieron hacer una reconstrucción de la secuencia de ocupación y colmatación de la fosa.

Así, esta fue colmatada de sur a norte, los primeros cuerpos de víctimas se depositaron sobre el perfil sur, presentando tres niveles superpuestos de deposición de restos de víctimas, como se refleja en el informe de los arqueólogos.

Los trabajos realizados en la fase concluyeron con la exhumación de dos depósitos múltiples “con víctimas de la represión”. Un primer depósito múltiple compuesto por los restos de once víctimas y un segundo con 14. Las labores fueron “exclusivamente arqueológicas y antropológicas de campo, dirigidos prioritariamente a la exhumación de los restos, atendiendo al estado de conservación y sobre todo a la morfología de la fosa, que además dificulta y ralentiza sobre manera la intervención teniendo que acometerse los trabajos desde una plataforma móvil”.

Con todo, se han recuperado en esta fase los restos de un total de 32 víctimas, agrupados en dos depósitos múltiples de 16 víctimas cada uno de ellos. En el primer depósito múltiple exhumado se identifica un grupo de mujeres que son compatibles con nueve vecinas de Fuentes de Andalucía que desaparecieron en agosto de 1936 y que son conocidas como 'las mujeres del Aguaucho', un grupo de jóvenes de 16 a 22 años asesinadas en agosto de 1936, cuyos cuerpos se creía que habían sido arrojados a un pozo en mitad de un campo, ha informado el citado comunicado.

Por lo tanto, a la conclusión de la cuarta fase se han exhumado en total los restos de 14 víctimas de la primera fosa y 57 en la segunda.En estos días han comenzado los trabajos de la quinta fase, con la posibilidad de que en la segunda fosa todavía haya cuerpos no localizados en capas de tierra aún no excavadas.

“Nunca supimos nada de mi abuelo. Conocer de él ha sido una sorpresa porque hicieron muy bien su trabajo y consiguieron borrar su huella”. Con estas palabras, Juan Luis Roldán explica cómo el franquismo logró eliminar, casi para siempre, a Fermín Roldán, un hombre muy conocido en la Granada que veía estallar la Guerra Civil, que fue fusilado en Víznar en el verano de 1936. Sus restos, junto con los de Francisco Ruiz, un maestro que se mantuvo tan fiel a la República que aquello le costó la vida, han sido entregados a sus nietos tras varios años de exhumaciones en el barranco al que Lorca también se asomó antes de ser asesinado.

Gracias al trabajo de la Asociación de Memoria Histórica y a los trabajos realizados por la Universidad de Granada, que en noviembre retoman su quinta campaña -desde 2021- para recuperar los restos de cientos de represaliados del franquismo, Fermín y Francisco pueden recibir la dignidad que les fue arrebatada hace 89 años. Hasta la fecha, de las diferentes fosas comunes que hay repartidas por esta ladera de Víznar, se han recuperado los restos de 166 personas y se han logrado identificar a siete. Restos que, con la muerte como sentencia, encierran vidas que en algunos casos llegaron a ser completamente olvidadas.

Un maestro fiel a la República

Francisco Ruiz Guiraum tenía 58 años cuando lo fusilaron el 26 de julio de 1936. Maestro y telegrafista en Íllora, se negó, junto con el jefe de la Guardia Civil del municipio, a publicar el bando militar que proclamaba el levantamiento franquista. Esa decisión le costó la vida. En septiembre debía incorporarse a Madrid como director de un colegio nacional, un destino que nunca pudo ocupar. Paradójicamente, Ruiz Guiraum había simpatizado con la dictadura de Primo de Rivera en su juventud, pero su cercanía con la República cambió su visión política, según cuentan sus nietos.

Porque Francisco Ruiz no fue un maestro cualquiera. Desde que inició su carrera en 1895, entendió la docencia como una tarea social, comprometida con la comunidad en la que le tocaba enseñar. En Ugíjar, por ejemplo, fue el encargado de organizar las Misiones Pedagógicas en 1911, defendiendo en público la necesidad de “llevar corrientes de simpatía a la Escuela Primaria”. En Íllora, donde llegó en 1919, multiplicó las iniciativas: presidió el Centro de Colaboración de maestros, impulsó las cantinas escolares para alimentar a más de doscientos niños y dirigió obras de teatro con los jóvenes de la localidad. Sus alumnos lo recordaban como un hombre que no sólo enseñaba a leer y escribir, sino que les inculcaba valores de dignidad y esfuerzo.

Esa huella pedagógica explica también por qué acabó marcado. Su cercanía al alcalde socialista de Íllora, Nicolás Jiménez, y su capacidad para organizar proyectos educativos y sociales lo convirtieron en un referente para las familias humildes, pero también en una figura incómoda para los caciques locales. El golpe de Estado encontró a Francisco con un pie en la escuela y otro en la oficina de telégrafos, siempre al servicio de su pueblo. Fue ese mismo compromiso el que, apenas unos días después, le costó la vida.

Su nieto, Queco San Miguel, ha dedicado casi dos décadas a la búsqueda de sus restos. “Mi madre murió con 100 años en 2020 sin verlos recuperados. Fue un dolor que llevó toda la vida”, recuerda. En 2008 inició el proceso, buceó en archivos, se sometió a pruebas de ADN y, junto a otros familiares, colocó en 2022 una placa en Víznar con el nombre de su abuelo. “Era un hombre responsable, con mucha vocación por su oficio y una buena persona. Rectificó políticamente y eso le costó la vida”, resume.

Ruiz había sido en los años veinte vocal de la Unión Patriótica de Primo de Rivera, pero durante la República se acercó a la Casa del Pueblo y se identificó con las reformas educativas. Su cercanía a las autoridades socialistas locales bastó para que las fuerzas sublevadas lo señalaran como un “extremista”. Tras tres días detenido en la escuela donde enseñaba, fue ejecutado y arrojado a una fosa común en Víznar.

La represión no terminó con él. Su familia fue expulsada de la casa de Íllora y relegada a vivir en condiciones precarias. En 1940 se trasladaron a Madrid, donde la persecución y la penuria marcaron sus primeros años. Fue allí donde Ana, una de sus hijas, intentó rehacerse en un país que había condenado a su padre al silencio. Trabajó primero en un seminario, donde sufrió acoso, y más tarde se convirtió en modelo de alta costura con los diseñadores Jesús Vargas y Emilio Ochagavía. En los años cuarenta llegó a desfilar en Madrid, un mundo que la alejó de la miseria y la acercó al brillo de la moda. Después, al casarse con el sastre Amador San Miguel, dejó atrás aquella carrera incipiente, pero años más tarde incluso participó en publicidad y en alguna película. Ana vivió hasta los 100 años, y fue ella el motor de la memoria: la mujer que nunca dejó de recordar a su padre y que, junto a su hijo Queco, luchó por recuperar su nombre y su historia.

Una vida 'borrada'

Muy distinta fue la trayectoria de Fermín Roldán García, aunque la represión terminó siendo la misma. Nacido en 1896, comerciante y funcionario municipal, fue un socialista activo: participó en la constitución de la Sociedad de Casas Baratas, ocupó la vicepresidencia de la UGT en 1931, presidió la Sociedad de Profesiones y Oficios Varios en 1932 y llegó a presentarse como candidato a diputado por el Frente Popular en las elecciones de 1936. También fue miembro de la logia masónica Alhambra, donde usaba el nombre simbólico de Trabajo.

El 24 de agosto de 1936 lo detuvieron en su casa de la calle Navas de Granada. Al día siguiente fue fusilado en el barranco de Víznar en una saca de 17 personas. Tenía 40 años y cuatro hijos, el menor de apenas diez meses. Durante décadas su familia apenas supo nada de él. “No sabíamos ni que había militado en UGT, ni que se había presentado a diputado. Para nosotros era un desconocido. Lo borraron”, explica su nieto Juan Luis Roldán.

Su abuela, Mercedes Díaz Montijano, crio sola a los hijos, siempre de luto. El hijo mayor sostuvo como pudo a la familia, mientras la represión política y económica se cebaba también con sus cuñados, los hermanos Díaz Montijano. “Fusilaron a mi abuelo y destruyeron su historia. Hicieron muy bien su trabajo, hasta el punto de que nosotros, sus propios nietos, no sabíamos nada de él”, lamenta Juan Luis.

La entrega de los restos, en un acto celebrado en el Parque de la Libertad de Víznar con poesía y música, ha marcado un hito en el lento camino de reparación. Para Queco San Miguel, supone el final de un proceso iniciado hace 17 años. Para Juan Luis Roldán, es la primera vez que su abuelo deja de ser una sombra.

El barranco de Víznar sigue guardando centenares de historias como las suyas. En noviembre volverán las palas y los equipos de la Universidad de Granada para abrir una nueva fosa, probablemente de gran tamaño. Las familias esperan que algún día la tierra deje de ser el único refugio de quienes fueron asesinados por defender la legalidad republicana o, simplemente, por no doblegarse ante el franquismo.

Un proyecto impulsado por la Diputación de Badajoz permitirá llevar a cabo las labores de exhumación de restos humanos y de identificación genética de víctimas de “la represión política” durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en las localidades de Segura de León, Fregenal de la Sierra y Puebla de Alcocer.

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha explicado este martes que el proyecto es posible gracias a los 100.000 euros aportados por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, cuyos trabajos comenzarán a final de año y se prolongará hasta junio de 2026.

Esta subvención es la primera colaboración entre la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Diputación de Badajoz, tras la creación el pasado ejercicio del Servicio de Memoria Democrática por parte de la institución provincial, que no obstante “impulsa proyectos en este ámbito desde hace muchos años”, ha manifestado.

En el caso de Segura de León se llevarán a cabo trabajos de campo en una fosa ya localizada, con medidas de seguridad y estabilización de su estructura y labores de exhumación e individualización de los cuerpos.

Estas tareas, con una inversión de 50.000 euros, corresponden a una segunda fase de exhumaciones en el cementerio del municipio, pues ya se llevaron a cabo labores anteriores el pasado año, con la identificación del espacio y la exhumación de nueve cuerpos.

En el caso de Fregenal de la Sierra y Puebla de Alcocer se llevarán a cabo labores de identificación genética-forense de restos humanos ya localizados previamente. En las primera de estas dos poblaciones se identificarán 55 cuerpos gracias a una inversión de 30.000 euros, y en Puebla de Alcocer 42 cuerpos gracias a una partida de 20.000 euros.

La directora general de Atención a las Víctimas del Gobierno central, Zoraida Hijosa, ha manifestado que tanto Fregenal de la Sierra como Puebla de Alcocer ya ejecutaron las exhumaciones en sus fosas y ahora “se cierra el círculo” a través de la identificación genética de estos cuerpos.

Hijosa ha adelantado que esta financiación tendrá su continuidad en proyectos a desarrollar en otros municipios de la provincia en 2026, pues está en tramitación un nuevo real decreto que incluirá una subvención nominativa,en principio también de 100.000 euros, aunque “se intentará llegar a los 150.000 euros”.

Los abuelos de Rosa vivieron una historia trágica. Una más de quienes fueron represaliados en la posguerra. Y desde entonces, el silencio. “Sabíamos que lo habían matado en la guerra. Pero no en qué condiciones. No sabíamos que lo habían sacado de su casa y lo habían tirado a una cuneta”, explica Rosa. Cuenta esta parte de su historia familiar el mismo día que le tomaban las muestras de ADN para identificar correctamente a su abuelo, Agustín Felipe Labrado.

Si no fuera por las redes sociales y el trabajo del investigador e historiador en ciernes Francisco González, la historia de Agustín hubiera quedado relegada al olvido en las afueras de la pequeña localidad toledana de Mesegar de Tajo. Pero gracias a una insistencia voraz en la difusión de su trabajo, a Rosa alguien le dijo que buscaban a un hombre con el mismo nombre de su abuelo. “Y así empezó todo”, recuerda. “Me contó toda su investigación. Y yo no sabía nada, ya no íbamos casi al pueblo”, resalta.

Como en muchas familias, el tema era algo casi prohibido. Un susurro apenas en las vidas de dos generaciones de descendientes. Agustín era el padre de su padre, quien “no hablaba de nada de lo que pasó”. “Yo creo que tenía un trauma”, razona la nieta. Volver a sus orígenes, la posibilidad de poder enterrar a su abuelo, ahora es una “aventura nueva” en su vida. “Todo lo que estoy descubriendo me parece fascinante. No sabíamos nada”, recalca.

El que puede ser el cuerpo de su abuelo se encontró junto a los restos de otra persona, a las afueras de Mesegar de Tajo. José Luis Arrogante, alcalde del PSOE desde hace décadas en la pequeña localidad toledana, explica que en el pueblo “se sabía” que había cuerpos de personas sepultados a la entrada del pueblo, en una de las cunetas. “Había quien decía que ahí estaban dos fusilados de la guerra, un señor y un chaval”, explica. Gracias a los operarios que trabajaron en la zona, durante una obra, la localización de la fosa se hizo más sencilla. “Se tenía en cuenta, pero al final, se fue dejando”, explica el alcalde.

Gracias a estos pequeños fragmentos de memoria local, que se mantiene viva en el boca a boca, Francisco González comenzó a indagar en la vida de estas dos personas, cuando solo eran una idea, un símbolo de la represión. Empezó por preguntar a las personas más mayores del pueblo. “Fueron ellos los que me dijeron que había una fosa sin localizar con dos cuerpos”, explica. Solo se sabía de cuatro fusilados, que fueron asesinados en los años 70'.

En el Archivo Histórico Militar de Madrid encontró nuevas referencias. Consejos de guerra que mencionaban a fusilados sin localizar en Mesegar de Tajo. “Encontré los primeros datos. El que hacía referencia al abuelo de Rosa”, explica. La otra persona, Timoteo Higuera, no dejó descendientes porque tenía apenas 17 años cuando fue fusilado.

Pero se encontró con un muro. El archivo municipal de la localidad fue destruido y no había información previa a 1940. Ni padrón municipal, ni datos de empadronados. Logró encontrar un vínculo en el padre de Timoteo, que era afiliado a UGT y también miembro del PSOE. “Apareció un chaval que había nacido 1918 y que no tenía fecha de muerte”, explica Francisco. Luego encontró documentación de un consejo de guerra en el que se reconocía que Timoteo era susceptible de ser fusilado.

Por su parte, Agustín era un hombre que había nacido en Santo Domingo, hoy Santo Domingo-Caudilla, y que se asentó en Mesegar de Tajo, donde se casó y tuvo dos hijos. Uno de ellos era el padre de Rosa, Vicente. “La historia es muy triste. La mujer de Agustín vivió veinte años prácticamente al lado de su fosa”, resalta.

En general, los familiares quedaron muy apartados del pueblo, por “razones obvias”. El propio padre de Agustín llegó a ser teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Carriches, muy cerca de Mesegar, era afiliado a UGT y murió en Talavera de la Reina.

Para realizar su investigación, Francisco acudió al Consejo de Memoria de Castilla-La Mancha, donde le propusieron que contactara con la Asociación Manuel Azaña para realizar los trámites y poder seguir adelante con la exhumación de la posible fosa, que finalmente fue localizada. Nada de esto es casualidad. Él mismo trabajó en las labores para intervenir en la fosa de su bisabuelo, en la provincia de Huelva. “Lógicamente, hablamos de derechos humanos. Es importante que estas indignidades se resuelvan”, señala.

Lógicamente, hablamos de derechos humanos. Es importante que estas indignidades se resuelvan

Francisco González

La Asociación Manuel Azaña tomó el relevo de Francisco y cuantificó el proyecto haciéndose eco de las investigaciones de González. “Aprovechamos también que la familia de Agustín había pedido la exhumación”, explica Ignacio Cabello, miembro de la asociación.

Subvención de la Secretaría de Estado de Memoria Histórica

El proyecto consiguió una subvención de la Secretaría de Estado de Memoria Histórica, y dos años después han podido llevar a cabo la exhumación; también se contemplan las pruebas de ADN y la entrega de los cuerpos a las familias dentro de las ayudas conseguidas. La asociación planea entregar los restos de Timoteo al mismo Ayuntamiento de Mesegar de Tajo, para que se realice un memorial o se dignifiquen de alguna manera, al no tener familia.

“Es una manera de reconstruir tu historia, una historia que no sabías que tenías”, reflexiona Rosa, la nieta de Agustín. “De no saber nada, a encontrarte con todo. Me quedé alucinada”, remata.

Rosa González, residente en Nueva York, ha viajado este jueves hasta Berriozar (Navarra) para recuperar los restos de su tío abuelo Francisco Caneda, estadounidese, pero de familia gallega que en 1936 fue fusilado cuando tenía 18 años tras intentar fugarse del Fuerte de San Cristóbal, donde había sido encarcelado por ser anarquista. Sus restos fueron exhumados en 2022 y gracias a una noticia en la prensa su familia pudo dar con su antepasado, del que sabían que había sido fusilado, pero del que desconocían su paradero. Ahora trasladarán sus restos al cementerio de O Grove (Pontevedra), donde están enterrados sus hermanos y su padre, que murió sin saber dónde estaba su hijo.

Ha sido la consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, la que ha entregado este jueves los restos exhumados del cementerio de Berriozar en 2022 a sus familaires. El cuerpo de Francisco Caneda fue encontrado junto con el de una veintena de compañeros que fueron fusilados el 1 de noviembre de 1936 tras un intento fallido de fuga del penal.

Ignacio Francisco Caneda Deza era vecino de O Grove (Pontevedra), de donde procedía su familia. Sin embargo, contrariamente a lo que se creía, él no nació allí. Su madre, Rosa Deza, emigró a Estados Unidos en 1917, y él nació al año siguiente en Bridgeport, Connecticut. Todavía era un adolescente cuando regresó a Galicia junto con su padre y sus hermanos tras la muerte de su madre. Ya en Galicia trabajó como marinero, iniciando así sus vínculos con las ideas anarquistas. Fue condenado el 11 de julio de 1934 en la audiencia de Pontevedra a 4 años, 7 meses y un día de prisión menor. Ingresó en el Fuerte de San Cristóbal el 28 de junio de 1936, con 18 años, donde permaneció preso hasta su muerte en noviembre de ese año. Su familia no conoció su paradero hasta que, el año pasado, se publicó en la prensa gallega la noticia de la identificación de otro compañero preso exhumado en Berriozar, Tomás Mardones, y el listado del resto de presos de esa fosa de los que no había contacto con sus familias.

“Seguimos y seguiremos buscando”, ha declarado Ollo

En el acto, tras el saludo inicial del alcalde de Berriozar, Iker Mariezkurrena, han intervenido una sobrina nieta de Ignacio Francisco, Rosa González, que ha agradecido a todas las personas e instituciones que han hecho posible la identificación de los restos de su tío. “Fueron nuestros familiares y amigos de O Grove quienes compartieron con nosotros los enlaces de la prensa gallega solicitando que los familiares de Ignacio Francisco Caneda Deza se pusieran en contacto con el Instituto Navarro de la Memoria”.

En su intervención, también ha querido destacar el hecho de que, dada la nacionalidad de Ignacio Francisco, la embajada americana intervino aunque sin éxito para lograr su liberación. Asimismo, ha querido explicar cómo su bisabuelo murió “llevando consigo el dolor más profundo que puede experimentar un padre: la certeza de que su hijo había fallecido, pero sin conocer jamás el lugar donde reposaban sus restos”. “Ahora” ha finalizado González, “Ignacio Francisco será inhumado en la misma tumba que su padre y dos de sus hermanos en O Grove, donde por fin podrá descansar en la paz que tanto mereció y que durante décadas le fue negada”.

A continuación, la vicepresidenta Ana Ollo, que ha hecho entrega a la familia de los restos y de los informes de exhumación e identificación, ha destacado el compromiso firme del Gobierno de Navarra con el Plan de Exhumaciones, por encima de las dificultades para localizar nuevas fosas, y la necesidad de cimentar la convivencia democrática sin olvidar la memoria de la brutal violencia sufrida a partir del golpe de estado de 1936.

“En estos tiempos de retroceso de las políticas de la memoria en muchos lugares quiero reiterar el compromiso del Gobierno de Navarra con las víctimas de la violencia que sacudió nuestra tierra tras el golpe militar de 1936”, ha destacado. “Un compromiso que sigue intacto después de diez años de políticas públicas de memoria. Seguimos y seguiremos buscando, investigando, prospectando, identificando mientras queden posibilidades, por remotas que sean. Podéis estar seguros y seguras. Y lo hacemos con convencimiento y con orgullo, por más que suenen cada día más cercanos los tambores de guerra del negacionismo, e incluso de la reivindicación de la barbarie; una barbarie que sigue sacudiendo nuestro mundo hoy mismo, demostrándonos que necesitamos memoria crítica para el pasado, pero también para el presente y el futuro”.

161 restos mortales recuperados en 36 exhumaciones

Desde 2015, año en que entró en vigor el Plan de Exhumaciones del Gobierno de Navarra, han sido recuperados ya 161 restos mortales en 36 exhumaciones, además de otras 123 prospecciones que no terminaron en exhumación. Los trabajos continúan, y de hecho en los últimos meses se han dado localizado y exhumado restos en Salinas de Oro, en Genevilla y en Munian de Guesalaz.

Para la identificación de los restos ha sido fundamental el trabajo de Nasertic con el Banco público de ADN y de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, además de entidades locales, memorialistas y las propias familias. El banco, que cuenta con 402 expedientes abiertos, ha obtenido hasta ahora 44 identificaciones. De hecho, Navarra ha ofrecido su colaboración a través del Estado y con acuerdos bilaterales de este banco y otros instrumentos de Memoria para favorecer las identificaciones.

En el caso de Berriozar, pero también en otros, las identificaciones avanzan “poco a poco”, apuntan desde el Gobierno foral, ya que apenas se cuenta con muestras genéticas de familiares de estas víctimas, habida cuenta de su dispersión geográfica. Es por ello que el Instituto Navarro de la Memoria hace un nuevo llamamiento a la colaboración, tanto para la localización de posibles fosas, como para encontrar familiares de fugados y represaliados cuyas muestras genéticas puedan permitir nuevas identificaciones.

En concreto, no se ha logrado contactar con familiares de los siguientes presos exhumados en Berriozar: Joaquín Abellán Cerezo, de Jumilla (Murcia), 22 años; José Pedro Cantero Tejada, de Badolatosa (Sevilla), 29 años; Juan Cruz Villar, de Santander (Cantabria), 19 años; Jacinto Curto Pérez, de San Juan de Torres (León), de 27 años; Manuel Hidalgo González, de Córdoba, de 20 años; Manuel González Amorós, de Torrevieja (Alicante), 28 años; Félix Manzanares Ortiz, de Horcajo de Santiago (Cuenca), 27 años; Antonio Marmaneu Estupiña, de Castelló de la Plana, 43 años; Hermenegildo Marquina García, de Barakaldo (Bizkaia), 25 años; Inocencio Martín Arranz, de Santa Cruz de la Salceda (Burgos), de 44 años; Juan Dionisio Ortiz Sanz, de Monehuela (Jaén), de 27 años; Epifanio Osoro Icobalceta, de Durango (Bizkaia), de 22 años; Bernabé Rodríguez Presa, de León, 21 años; Ángel Santamaría Legaria, de Moreda (Araba / Álava), 35 años; Antonio Valdivielso Secada, Valienzo (Cantabria), 25 años.

Quienes puedan tener información relativa a estas personas, conozcan localizaciones de fosas o enterramientos o deseen compartir su testimonio, pueden ponerse en contacto con el Instituto Navarro de la Memoria a través del correo inm@navarra.es.

El Instituto Navarro de la Memoria ha hecho un nuevo llamamiento a la colaboración, tanto para la localización de posibles fosas, como para encontrar familiares de fugados y represaliados cuyas muestras genéticas puedan permitir nuevas identificaciones. Uno de los casos es el de Félix Manzanares Ortiz, de Horcajo de Santiago (Cuenca).

En concreto, no se ha logrado contactar con familiares de los siguientes presos exhumados en Berriozar: Joaquín Abellán Cerezo, de Jumilla (Murcia), 22 años; José Pedro Cantero Tejada, de Badolatosa (Sevilla), 29 años; Juan Cruz Villar, de Santander (Cantabria), 19 años; Jacinto Curto Pérez, de San Juan de Torres (León), de 27 años; Manuel Hidalgo González, de Córdoba, de 20 años; Manuel González Amorós, de Torrevieja (Alicante), 28 años; Félix Manzanares Ortiz, de Horcajo de Santiago (Cuenca), 27 años; Antonio Marmaneu Estupiña, de Castelló de la Plana, 43 años; Hermenegildo Marquina García, de Barakaldo (Bizkaia), 25 años; Inocencio Martín Arranz, de Santa Cruz de la Salceda (Burgos), de 44 años; Juan Dionisio Ortiz Sanz, de Monehuela (Jaén), de 27 años; Epifanio Osoro Icobalceta, de Durango (Bizkaia), de 22 años; Bernabé Rodríguez Presa, de León, 21 años; Ángel Santamaría Legaria, de Moreda (Álava), 35 años; y Antonio Valdivielso Secada, de Valienzo (Cantabria), 25 años.

Quienes puedan tener información relativa a estas personas, conozcan localizaciones de fosas o enterramientos o deseen compartir su testimonio, pueden ponerse en contacto con el Instituto Navarro de la Memoria a través del correo inm@navarra.es.

El instituto ha realizado este llamamiento el día en el que se ha entregado los restos de Ignacio Francisco Caneda Deza a sus familiares. Se trata de un joven anarquista nacido en EEUU, que fue fusilado tras un fallido intento de fuga desde el fuerte de San Cristóbal durante la Guerra Civil, en el que estaba preso desde junio de 1936 por su activismo político durante los años previos.

El acto, al que ha acudido la vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha tenido lugar en la plaza del Pueblo Viejo de Berriozar, en tanto que su cuerpo fue enterrado en el cementerio de la localidad junto con los de otra veintena de compañeros, tras haber sido asesinados el 1 de noviembre de 1936 en el Fuerte de San Cristóbal, según ha explicado el Gobierno de Navarra en una nota.

En marzo de 2022, a partir de un informe aportado por la asociación Txinparta-Fuerte de San Cristóbal al Plan de Exhumaciones del Gobierno de Navarra, el Instituto Navarro de la Memoria abordó, con el equipo técnico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, la exhumación de esta fosa.

La vicepresidenta Ana Ollo, que ha hecho entrega a la familia de los restos y de los informes de exhumación e identificación, ha destacado el “compromiso firme” del Gobierno de Navarra con el Plan de Exhumaciones, “por encima de las dificultades para localizar nuevas fosas, y la necesidad de cimentar la convivencia democrática sin olvidar la memoria de la brutal violencia sufrida a partir del golpe de estado de 1936”.

“En estos tiempos de retroceso de las políticas de la memoria en muchos lugares quiero reiterar el compromiso del Gobierno de Navarra con las víctimas de la violencia que sacudió nuestra tierra tras el golpe militar de 1936, un compromiso que sigue intacto después de diez años de políticas públicas de memoria. Seguimos y seguiremos buscando, investigando, prospectando, identificando mientras queden posibilidades, por remotas que sean. Podéis estar seguros y seguras. Y lo hacemos con convencimiento y con orgullo, por más que suenen cada día más cercanos los tambores de guerra del negacionismo, e incluso de la reivindicación de la barbarie; una barbarie que sigue sacudiendo nuestro mundo hoy mismo, demostrándonos que necesitamos memoria crítica para el pasado, pero también para el presente y el futuro”, ha señalado.

El Plan de Exhumaciones navarro entró en vigor en 2015

Desde 2015, año en que entró en vigor el Plan de Exhumaciones del Gobierno de Navarra, han sido recuperados ya 161 restos mortales en 36 exhumaciones, además de otras 123 prospecciones que no terminaron en exhumación. Los trabajos continúan, y de hecho en los últimos meses se han localizado y exhumado restos en Salinas de Oro, en Genevilla y en Munian de Guesalaz.

Para la identificación de los restos es fundamental el trabajo de Nasertic con el Banco público de ADN y de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, además de entidades locales, memorialistas y las propias familias. El banco, que cuenta con 402 expedientes abiertos, ha obtenido hasta ahora 44 identificaciones. Navarra ha ofrecido su colaboración a través del Estado y con acuerdos bilaterales de este banco y otras instrumentos de memoria para favorecer las identificaciones.

En el caso de Berriozar, pero también en otros, las identificaciones avanzan poco a poco, ya que apenas se cuenta con muestras genéticas de familiares de estas víctimas, habida cuenta de su dispersión geográfica.

El donostiarra Jacinto Polo Ríos falleció el 4 de diciembre de 1936 en Amorebieta-Etxano a los 20 años. Era combatiente del batallón ‘Malatesta’, adscrito al sindicato anarquista CNT. El análisis forense de los restos óseos muestra que Jacinto fue operado tras resultar herido en el frente de guerra. Por lo tanto, cabe suponer que resultó herido en Elosu y trasladado al hospital de Amorebieta-Etxano, donde, tras una intervención quirúrgica, murió y fue enterrado en el cementerio de la localidad.

Jacinto es una de las 149 personas recuperadas en el cementerio de Amorebieta-Etxano, el quinto identificado en esta localización. Para llevar a cabo la identificación ha sido de gran ayuda la placa de identificación con el número 23086 recuperada junto con restos óseos. Euskal Prospekzio taldea ha podido relacionar el número con la identidad de Jacinto a través de la documentación histórica, para posteriormente, proceder a certificarlo genéticamente. Este proceso se completa una vez que el Instituto Vasco de la Memoria (Gogora) contacta con la familia, para tomar las muestras de ADN y el laboratorio Biomics de La Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) realiza el estudio genético.

La familia de Jacinto ha recibido este miércoles, tras casi 90 años, los restos mortales y los ha inhumado en el Columbario de la Dignidad de Elgoibar. En el acto han participado la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, el director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Alberto Alonso, y la alcaldesa de Elgoibar, Maialen Gurrutxaga. “Esta iniciativa contribuye a cicatrizar el sufrimiento de los familiares de las personas desaparecidas, identificándolas y devolviéndolas a sus familias, y es un proceso que dignifica a la sociedad vasca, al otorgar a estas víctimas el lugar que merecen en la memoria colectiva de la sociedad actual”, han indicado.

Búsqueda de familiares para el cotejo del ADN

Según han detallado desde Gogora, la identificación de Jacinto Polo Ríos muestra que hay personas muertas enterradas en Amorebieta-Etxano en un espacio de tiempo más amplio de lo que se pensaba y, por tanto, provenientes de otras muchas zonas de frente de guerra. Los 149 restos que se han recuperado en este cementerio (la cifra es provisional) corresponden, por tanto, a los combatientes que murieron en un amplio espacio de tiempo y espacio; muertos en distintos frentes de la guerra entre diciembre de 1936 y mayo de 1937 o los muertos tras ser trasladados heridos al hospital en ese espacio de tiempo. Por lo que se hace un llamamiento a los familiares de los combatientes muertos y desaparecidos durante la guerra para que entreguen la muestra para el Banco de ADN con el fin de obtener nuevas identificaciones.

Hasta la fecha, son cinco los combatientes recuperados e identificados en el cementerio de Amorebieta-Etxano: Adolfo Cengotitabengoa Izurza, de Muskiz (Bizkaia). Jaime Iñiguez Nieva, natural de Ortuella (Bizkaia). Enrique Contreras, de Linares (Jaén) y de Aretxabaleta (Gipuzkoa). Benigno Hierro Pinedo de Ortuella (Bizkaia) y Jacinto Polo Ríos, nacido en Donostia (Gipuzkoa). Centoitabengoa, Iñiguez y Hierro eran milicianos del batallón ‘Perezagua’, adscrito al Partido Comunista de Euskadi, murieron el mismo día, 7 de abril de 1937, en el frente de Barazar. Por su parte, Enrique Contreras, era gudari del batallón ‘Sarasketa’ adscrito a EAJ-PNV, falleció la víspera, el 6 de abril, en Dima, en la zona de Barazar. Los familiares pueden contactar con Gogora a través del correo electrónico gogora@euskadi.eus o del teléfono 944032845.

El caso de Amorebieta-Etxano es particular, puesto que al encontrarse cerca de Bilbao, para lograr la conquista de la capital vizcaína, antes tuvieron que recorrer ese territorio, que fue víctima de varios bombardeos. Además, en la localidad instauraron un importante hospital de sangre en aquella época y una de las más grandes cárceles de mujeres del país, ubicada junto a la plaza del Calvario en un edificio propiedad de los Padres Carmelitas Descalzos construido entre 1931 y 1934 que actualmente es el colegio El Carmelo. Ese edificio hace décadas albergó una de las cárceles franquistas de mujeres de Euskadi por la que, según asegura la doctora en Historia Contemporánea Ascesión Badiola, pasaron al menos 1.241 mujeres desde 1940 hasta 1947.

En mayo de 2022, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano quiso saldar su “deuda con la memoria histórica” y encargó una investigación a la Sociedad de Ciencias Aranzadi para dar a conocer lo que pasó en la localidad en los años previos y posteriores a la Guerra Civil, de 1931 a 1945. “Éramos conscientes de la necesidad de un trabajo que recopilase lo que está documentado acerca de Amorebieta y Etxano [en aquel tiempo se trataba de dos municipios separados], los hechos vividos en esa época tan convulsa y las violaciones de Derechos Humanos ocurridos”, señaló el por aquel entonces alcalde de la localidad Andoni Agirrebeitia. La principal hipótesis es que se trata de combatientes fallecidos en los frentes de guerra de la zona próximos a Amorebieta-Etxano, como el monte Bizkargi o que fallecieron en el Hospital Militar y, según los investigadores, podría haber 300 fallecidos.