“Es terrorífico que algo tan básico como poder honrar a tu abuelo sea un motivo de conflicto 90 años después”. Esta es una de las frases con las que el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, sintetizó buena parte del debate que mantuvo con el periodista Enrique Sánchez Lubián, en la presentación de su libro ‘Crónicas del después de una guerra’. Ambos mantuvieron un clarificador debate sobre memoria histórica y polarización política en el marco de la Feria del Libro de Toledo, moderado por Carmen Bachiller, la directora de la edición castellanomanchega de este periódico, del que Sánchez Lubián también es colaborador.

Más de un centenar de personas asistieron a este coloquio en el que el eje inicial giró en torno al necesario trabajo periodístico para desenterrar la memoria de las personas fusiladas y represaliadas por la dictadura franquista. Así lo expuso Escolar. Detalló que requiere una labor investigadora y la búsqueda de documentos “muy difíciles de hallar”, pero que “desde el punto de vista humano, son valiosísimos” y que “no se pueden contar de manera neutral, como si fuese un partido de fútbol”.

Sánchez Lubián así lo valoró también. Hizo mención a Miguel de Unamuno para referirse a la “intrahistoria”, es decir, aquella “gente corriente, gente cotidiana” que no forma parte de la “historia con mayúsculas”. “Gente anónima que no tuvo cargos de responsabilidad, pero que sin embargo sufrió represión y sobre la que no se ha contado nunca nada. Esa es la cuestión, darle voz a los olvidados, no desde el revanchismo, sino por necesidad de sacar a la luz sus historias”. Y ese es el objetivo de buena parte de su libro.  

Precisamente, Escolar criticó el discurso utilizado por las derechas cuando arremeten contra la memoria histórica alegando que “solo se está contando la historia de los rojos represaliados y no de los curas quemados o de Paracuellos”. “Eso no es verdad, porque esa historia ha estado presente durante toda la dictadura, fue contada un día y otro día, y todos esos muertos fueron honrados y todas esas personas están enterradas en un sitio donde sus descendientes saben dónde están, donde pueden llevarles flores”.

Saber qué fue de tu padre, de tu abuelo, de tu tío, poder recuperar algo de sus pertenencias personales, de su historia, es algo básico, es un mínimo para después, sobre eso, construir cualquier concordia

Ignacio Escolar

El drama, apuntó, está en que hay otra parte de las víctimas, que además “son mayoría en números absolutos”, que durante años fue “ignorada”, incluso “bien entrada ya la democracia”. Fueron historias que eran “tabú”. Y, de hecho, también arremetió contra el que el hecho de que se contraponga la “concordia” como antítesis de la memoria histórica. “Saber qué fue de tu padre, de tu abuelo, de tu tío, poder recuperar algo de sus pertenencias personales, de su historia, es algo básico, es un mínimo para después, sobre eso, construir cualquier concordia”.

Y por todo ello, consideró “terrorífico” que algo tan esencial como “poder honrar a tu abuelo”, que es “algo que las víctimas del otro bando han tenido siempre”, sea “un motivo de conflicto 90 años después”.

 Sánchez Lubián añadió que tanto en su libro como en el anterior que escribió sobre los presos del franquismo que construyeron la Academia de Infantería de Toledo, ha podido comprobar cómo se ha ido creando “una maraña de silencio”. “A veces las familias han creado un relato paralelo para justificar lo que les pasó a ellos, pero eso no se correspondía luego con la realidad. Eso es injusto. Conocer la verdad no es revanchismo, es encontrar respuestas”.

De hecho, durante su intervención puso como ejemplo el caso de Federico García Lorca. “Yo a veces no pienso en García Lorca. Pienso en las tres personas que fueron fusiladas y enterradas con él. El maestro y aquellos dos banderilleros. Esa gente no sabe dónde tiene que ir a llevar las flores. ¿Que la familia de García Lorca no hace nada para localizar a sus restos? Bueno, pero las otras familias tienen derecho a ello”.

Pero, ¿se pudo haber hecho esa reparación de la memoria mucho antes, durante la transición democrática y los primeros años de la década de los 80? Ambos periodistas consideraron que sí. El autor del libro se mostró convencido de que hay un “déficit del que todos somos responsables” pero principalmente los primeros gobiernos democráticos.

“Hay quienes dicen que la Ley de Memoria Democrática lo que hace es resucitar males del pasado, pero gracias a esa ley se está exhumando a mucha gente enterrada en las cunetas. Y gracias a ella se ha puesto en marcha, por ejemplo, la creación de un banco público de ADN, que puede parecer una cosa etérea, pero es importantísimo, porque hasta ahora las exhumaciones se hacían mediante gestión privada”. En definitiva, apuntó, la mencionada norma viene a considerar que la democracia es “mucho más que resignificar”.

El director de elDiario.es también opinó que “se llega tarde” porque “muchos de los familiares que están buscando a sus abuelos están muriendo”. Admitió que durante el periodo en que Adolfo Suárez estaba legalizando al Partido Comunista, y con las tensiones militares que luego desembocaron en el golpe de Estado de 1981, no había en las fuerzas democráticas “capacidad suficiente como para forjar esa reparación” y hubiera sido “darle demasiadas cucharadas de ricino al Ejército”.

“Pero después, en el año 1982, con Felipe González y una mayoría apabullante, y después del golpe de Estado, sí habría sido el momento para poder hacerlo. E incluso hubiera sido más fácil de explicar políticamente, porque uno de los argumentos que utilizan ahora los que se oponen es por qué se hace actualmente”.

En este punto, surgió el debate sobre la educación en las aulas. Aunque sí hay museos y monumentos que ahora dignifican a muchas de esas víctimas olvidadas, no ocurre igualmente en la educación pública. Así lo reconoció el propio Escolar: “En la E.G.B. nunca llegábamos a la Guerra Civil, nunca”.  

Es necesario un ejercicio para que la gente entendiera lo que es la democracia, lo que le ha costado a este país tener una educación, una sanidad pública, un estado de bienestar, y eso es un déficit que estamos arrastrando

Enrique Sánchez Lubián

Y Sánchez Lubián lo confirmó. “Ahora que tanto nos ocupamos ante el revival franquista, nos damos cuenta de que habría que haber hecho una labor de pedagogía, no solamente por explicar la historia en las aulas, sino también por inculcar que la libertad democrática no afecta solo a los tiempos de la guerra, sino también al presente. Un ejercicio para que la gente entendiera lo que es la democracia, lo que le ha costado a este país tener una educación, una sanidad pública, un estado de bienestar, y eso es un déficit que estamos arrastrando”.

Al hilo de ello se refirió a actuaciones como los recientes abusos policiales en cargas contra manifestantes universitarios, las denuncias contra elDiario.es por investigaciones como la de Julio Iglesias, las actuaciones de militares contra migrantes en Ceuta o ver a un agitador de ultraderecha (en referencia a Vito Quiles) vitoreado por legionarios. “Eso es un déficit democrático y contra ello tendríamos que haber puesto una vacuna hace tiempo”.

De hecho, otro ejemplo que puso es el de los jóvenes que acudieron el pasado 12 de octubre a la Puerta del Sol a increpar a los acampados por la vivienda, con consignas fascistas y franquistas, y banderas con la cruz de Borgoña. “Me preocupa de dónde han salido, porque seguramente ninguno de ellos ni sabe ni quién es José Antonio (Primo de Rivera) ni nada de nada”.

Sobre esta cuestión, Escolar hizo mención a una conversación con Iñaki Gabilondo a este respecto, en la que le remarcó que estos chicos y chicas que gritan ‘Viva Franco’ no aguantarían “ni diez minutos, o doce, a más tardar, en una dictadura”.  “Hay cosas muy básicas que ellos dan por sentadas, como que una mujer pueda abrir una cuenta corriente sin permiso del padre o del marido, o que puedas querer a quien quieras, y que antes no eran posibles. Pero lamentablemente hay una corriente, yo creo que algo frívola en primer sentido, o casi pop, de reivindicar cosas de las que desconocen todo”.

También la denominada ‘Ley de Nietos’ y el hecho de que el Tribunal Supremo haya paralizado la posibilidad de votar a los descendientes de exiliados españoles ocuparon parte del coloquio entre ambos periodistas. Mientras Sánchez Lubián destacó que es “sintomático” de que mucha gente en la derecha política no es consciente de la “dimensión del exilio español”, Escolar consideró “terrible” el debate sobre la cuestión.

De hecho, apuntó que la famosa orden del decreto por la que se permite ese voto incluye “exactamente la misma definición” que se hizo con la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “Esto, que era pacífico en 2007 y es prácticamente un copia-pega que es fácil de comprobar en el BOE, ahora se convierte en un gran escándalo. Yo creo que en parte tiene que ver también con una mala conciencia por la historia de la derecha española”.

Y al hilo de ello, ambos reflexionaron sobre la polarización política actual. “Cada vez hay menos violencia, pero al mismo tiempo, hay más odio. En gran medida por cómo funcionan los algoritmos en las redes sociales, hay cada vez más discursos encendidos de rechazo al de en frente, de rechazo que no piensa como tú”.

Aunque para el director de elDiario.es resulta “inimaginable un nuevo conflicto militar o una represión y una dictadura asesina como la de la posguerra”, sí dejó claro que “no hace falta llegar a eso para que haya un retroceso democrático”. Para ello puso ejemplos como los de Hungría o Polonia.

Incluso si hay mayoría absoluta del PP con Vox, será muy difícil aprobar según qué cosas si hay un 70 o un 80% de la población a la que le parece mal algo tan básico como no echar de casa a una señora de 87 años

Ignacio Escolar

“Cuando hay un partido en el Parlamento que no reconoce la legitimidad del Gobierno desde el minuto uno, pone en duda el resultado electoral y arrastra a la otra fuerza de oposición a esos mismos discursos, cuestionando la limpieza de las elecciones, todo eso es una amenaza de retroceso democrático sin que por eso vayamos a volver a tener fosas comunes ni fusilados”, destacó.

No obstante, también dejó claro que, por “ver el vaso medio lleno”, hay muchas leyes que suponen avances sociales y que no se van a modificar. “Porque se está generando una nueva conciencia social que hará que, incluso si hay mayoría absoluta del PP con Vox, sea muy difícil aprobar según qué cosas si hay un 70 o un 80% de la población a la que le parece mal algo tan básico como no echar de casa a una señora de 87 años”, en referencia al clamor social derivado del desahucio de Maricarmen Abascal.

Por último, Enrique Sánchez Lubián insistió en la necesidad de seguir investigando, buceando en los archivos. “Hay que seguir apostando por la digitalización de todos los documentos, porque muchas veces encuentras expedientes que dicen no se pueden consultar porque su estado de conservación es tan nefasto que se va a deshacer el papel. Y hay que seguir recogiendo testimonios de familiares. Seguir trabajando por la memoria, por desenterrar todo lo tapado y olvidado”, concluyó.

Enrique Sánchez Lubián (Alcázar de San Juan, 1956) ha ejercido el periodismo durante más de 40 años, habiendo sido jefe de prensa del Ayuntamiento de Toledo. Ha combinado la labor periodística con la divulgativa, siendo autor de libros como 'Besteiro, años de juventud'; 'Domingo Alonso, apóstol del socialismo toledano'; 'Emelina, la belleza que alumbró a la República'; 'El reloj de la cárcel, Poesías y leyendas de Francisco Machado'; 'Crónica negra de Toledo. Truhanes, pícaros, asesinos y otras gentes de mal vivir'; 'Luisa Alberca, reina de los seriales en la España de los 50'; 'Toledo en la II República'; o 'Los presos que construyeron la Academia de Toledo'.

El futuro de la memoria histórica vuelve a depender de las urnas. El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez deja en suspenso las políticas que el Gobierno mantiene en pleno desarrollo, entre las que hay una de enorme calado: la transformación del Valle de Cuelgamuros. Convertir en un lugar de memoria democrática el mausoleo construido por Franco para conmemorar su victoria en la Guerra Civil es un proyecto a largo plazo con actuaciones ya en marcha y otras pendientes. Y su culminación dependerá de quién ocupe la Moncloa tras los comicios del 29 de noviembre.

La resignificación del entonces llamado Valle de los Caídos arrancó con la exhumación de Franco en 2019 y la Ley de Memoria Democrática apuntó en 2022 hacia el siguiente paso: el de la intervención del monumento, convertido en la mayor fosa común de España con más de 33.000 víctimas enterradas en sus criptas. A día de hoy ni siquiera un panel explica el origen y el significado del mausoleo, construido con mano de obra republicana. Para remediarlo, a finales del año pasado, y tras pactar con la Iglesia y renunciar a la expulsión de los benedictinos de la basílica, fue elegido el proyecto ganador en un concurso internacional organizado por el Ministerio de Vivienda.

Medio siglo después de la muerte del dictador, hay sobre la mesa un plan que, aunque ha decepcionado a los expertos, propone construir una nueva entrada al monumento e instalar un centro de interpretación. El objetivo es provocar un ingreso “horizontal y democrático” frente al “eje ascendente autoritario” coronado por la enorme cruz. El Gobierno ha presupuestado 31 millones de euros y ya en su momento se previó que las obras comenzaran a principios de 2027 con una duración estimada de cuatro años.

Fueran cuando fueran, las elecciones generales iban a pillar Cuelgamuros en medio de los trabajos o a punto de iniciarse. Pero ahora ese momento se adelanta y sobre el proceso planea la incógnita de qué quedará de él si el próximo Gobierno está en manos de un PP que ha prometido derogar la Ley de Memoria y de un Vox que expande el revisionismo histórico. Su alianza ya ha dejado su huella en las comunidades donde han pactado gobiernos. En ellas están sustituyendo la memoria histórica por leyes de “concordia” que eluden el golpe de Estado de 1936, equiparan el franquismo y la República y, en algunos casos, incluyen el terrorismo de ETA.

La derecha lleva años tildando cualquier política sobre memoria histórica como “ideológica y sectaria” y ambos partidos votaron en contra de la Ley de Memoria. El revisionismo histórico está en auge, enarbolado por líderes de Vox que han llegado a celebrar en el Congreso que los jóvenes “estén descubriendo” que el franquismo “no fue una etapa oscura, sino de reconstrucción, progreso y reconciliación” o que felicitan el Día de la Victoria al estilo franquista. La última vez que el PP ocupó la Moncloa, con Mariano Rajoy, no derogó la ley, pero sí la congeló y dejó su presupuesto a cero.

“No me cabe en la cabeza que si vienen otros gobiernos lo paralicen”, ha dicho este miércoles el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, en una charla con Ignacio Escolar durante unas jornadas sobre la Guerra Civil. “¿Se hubiese paralizado que los jóvenes vayan a Mauthausen y vean que aquello era un campo de exterminio?”, se ha preguntado, y ha añadido que ahora están en proceso de sacar a licitación las obras, pero que en ningún caso se podrán acometer antes de las elecciones.

Las exhumaciones de víctimas

A mes y medio de las elecciones, el Gobierno está esperando a que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (PP), donde se enclava Cuelgamuros, otorgue la licencia de obras para iniciar los trabajos. Según fuentes del Ejecutivo, la fecha límite se cumple este noviembre, en pleno ciclo electoral. Paralelamente, está elaborando el proyecto de ejecución y el pasado verano, el Ministerio de Vivienda comenzó la fase previa en terreno, unas labores que la Justicia paralizó momentáneamente tras estimar un recurso de una de las asociaciones antimemorialistas más activas.

Antes, el propio consistorio ya había emitido una resolución para suspender los sondeos. Desde la exhumación de Franco, el Ayuntamiento se ha erigido como uno de los actores que han estado lejos de facilitar cualquier cambio en Cuelgamuros llegando incluso a apoyar una moción de Vox para reclamar que fuera declarado BIC. El asedio contra cada intento de transformarlo ha sido una constante desde el inicio, en forma de recursos, decisiones y bloqueos judiciales promovidos por la ultraderecha mientras el partido de Santiago Abascal defiende sobre el Valle su mito tardofranquista por excelencia: que es un monumento a la “reconciliación”.

En este contexto cabe preguntarse qué pasará también con las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura allí enterradas, muchas republicanas que fueron allí trasladadas por Franco desde 1959 sin conocimiento de sus familias. Tras años de dilación institucional, los trabajos comenzaron en 2023 y todavía continúan marcados por las maniobras judiciales que los han ralentizado y enmarañado. 216 familias han solicitado la recuperación de los cuerpos de sus antepasados y, de momento, se han entregado los restos de 25 después de analizar 602 cuerpos. Entre las víctimas recuperadas hay también miembros del bando franquista.

Las próximas elecciones van a pillar también abierto el proceso de extinción de la Fundación Francisco Franco. El pasado abril el Ministerio de Cultura puso fin al procedimiento administrativo tras constatar que hace apología de la dictadura y humilla a sus víctimas. Y envió el expediente al juez, que es quien debe ahora tomar una decisión. Un posible cambio de Gobierno puede influir en lo que pase a partir de entonces: si no se acuerda la ilegalización, es poco probable que PP y Vox opten por recurrir la decisión.

El departamento dirigido por Ernest Urtasun está también inmerso en la reclamación de los casi 30.000 documentos que atesora el archivo de la fundación y hace menos de un año inició el trámite para extinguir otras cuatro fundaciones: José Antonio Primo de Rivera, Pro Infancia Queipo de Llano, Serrano Suñer y Blas Piñar. Un proceso que se presume largo contando con que, en el caso de la de Francisco Franco, el Gobierno tardó casi dos años en remitir el expediente a la Justicia.

Otra incógnita es qué ocurrirá con el catálogo de símbolos contrarios a la Memoria Democrática. El Gobierno ya ha abierto expediente contra más de una decena de monumentos que ordena retirar, entre ellos, el Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife o la Cruz de los Caídos de Cáceres. Algunos como la inscripción de Primo de Rivera en la catedral de Murcia ya han sido eliminados, pero otros están aún dentro de plazo o incluso lo han superado, como el monumento a los rumanos caídos de Majadahonda (Madrid). En estos casos, la ley prevé la posibilidad de que el Gobierno lo retire subsidiariamente.

Pendientes están aún los informes de la Comisión de la Verdad sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura o la auditoría de bienes expoliados, una medida con la que el Ejecutivo va tres años tarde. El Banco estatal de ADN de víctimas, otro de los mandatos de la ley, ha sido una de las medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros extraordinario de este martes, en el que el Gobierno ha acelerado varias cuestiones para intentar llegar antes de los comicios.

Paralelamente, continúan las exhumaciones de republicanos represaliados por todo el territorio: desde 2019, se han rescatado más de 8.000 cuerpos, pero aún se calculan que quedan unos 11.000 aún recuperables. Está por ver qué ocurrirá con ellos tras el 29N.

La Diputación de Cáceres ha aprobado una partida de 105.000 euros destinada al convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para llevar a cabo trabajos de búsqueda, localización, exhumación e identificación de víctimas represaliadas durante la Guerra Civil y la posguerra. Las actuaciones se centrarán en el enclave de Mina La Paloma y en el cementerio de Piedras Albas.

Esta cuantía se integra en un paquete de 213.647 euros consignado a entidades privadas y sin ánimo de lucro con fines culturales. Dentro de este bloque económico se incluyen también 28.595 euros para realizar estudios de sondeos y localización de fosas de la Guerra Civil en la ermita de San Bartolomé de Almoharín, así como 15.972 euros orientados a la catalogación del patrimonio de la Guerra Civil y la posguerra en la provincia.

Asimismo, se han aprobado 30.000 euros para la Fundación Educativa y Asistencial CIVES, destinados a la organización del II Encuentro Memoria, Educación y Democracia, y 15.000 euros para la Academia de Cine de Extremadura con el fin de desarrollar un ciclo de proyecciones de cine regional en el medio rural.

Inversión en el SEPEI y plan de repoblación con REDEX

Entre los acuerdos aprobados por el pleno provincial destaca la asignación de 1,5 millones de euros para incrementar la adquisición de diversos vehículos destinados al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres (SEPEI).

En materia de desarrollo rural, se han aprobado 302.897 euros para la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX). Estos fondos se destinarán al personal del equipo territorial y a programas de repoblación, lo que permitirá incorporar a cinco técnicos para prestar servicio a los 47 municipios interesados en iniciativas de atracción de nuevos pobladores. El trabajo de estos profesionales abarcará la localización de viviendas disponibles, el impulso al relevo generacional y empresarial, y la articulación de medidas de acogida e integración.

El pleno ha respaldado igualmente un convenio de 72.000 euros con RENFE para la puesta en marcha del tren turístico y ha asignado 7.500 euros para la ejecución del cerramiento del claustro en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura.

Infraestructuras eléctricas, deportivas y gestión territorial

En el apartado de inversiones locales, la corporación ha dado luz verde a 567.956 euros asignados a ocho municipios a través del Plan de Mejora de la Infraestructura Eléctrica (PLAN MIE-2025). Las actuaciones se desarrollarán en Torrejoncillo, Malpartida de Cáceres, Arroyo de la Luz, Montehermoso, Moraleja, Jaraíz de la Vera, Miajadas y Coria.

Junto a ello, se han aprobado 154.000 euros para obras e inversiones en entidades locales, 240.000 euros para la construcción del nuevo campo de tiro con arco en el complejo de El Cuartillo, en la capital cacereña, y 30.000 euros para trabajos de corrección de riesgos y adecuación de instalaciones en la finca Haza de la Concepción, situada en Malpartida de Plasencia.

Por último, el pleno ha ratificado la aprobación definitiva de la Agenda Provincial de Cáceres, la incorporación de seis municipios a la Red Provincial de Comunidades Energéticas y la adhesión de la institución a la Red Española de Oficinas de Datos (REOD), además de su integración en la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2027.

Las excavaciones arqueológicas que se llevan a cabo en el antiguo convento de San Francisco de Soria para tratar de localizar los restos de Jaume IV de Mallorca han permitido hallar diversos fragmentos óseos que serán sometidos a pruebas de carbono para determinar su antigüedad.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y el director general de Cultura del Govern balear, Llorenç Perelló, han visitado este viernes los trabajos en Soria, iniciados el pasado 14 de septiembre y a los que todavía les quedan cinco días de excavaciones.

Los responsables del proyecto han advertido de que por el momento no se ha localizado la tumba de Jaume IV, su cubierta ni ningún otro elemento que permita relacionar directamente los fragmentos encontrados con el monarca, ha informado la administración mallorquina.

Piden prudencia

“Hemos de ser muy prudentes y dejar que sea la investigación científica la que determine qué son estos restos”, ha señalado la responsable insular de Cultura.

Jaume IV fue rey nominal porque heredó los derechos dinásticos al Reino de Mallorca, pero nunca llegó a gobernar físicamente el territorio, ya que había sido conquistado y anexionado por la Corona de Aragón, por lo que éste permaneció en el exilio.

Los trabajos se desarrollan en el ámbito de la antigua capilla de la Concepción y forman parte de una línea de investigación iniciada en 2008 para localizar e identificar los restos de Jaume IV, el último monarca de la dinastía privativa del Reino de Mallorca. La intervención está dirigida por la arqueóloga Helena Inglada y cuenta con la coordinación científica del profesor Gabriel Ensenyat.

“La vida es más ancha que la Historia”, escribió Gregorio Marañón en uno de sus ensayos más conocidos. Paco Etxeberria, especialista en Medicina Legal y Forense de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, recuerda un sonajero como el objeto más “entrañable” encontrado en una fosa. El hallazgo fue descubierto en La Carcavilla, al lado de Catalina Muñoz, de 37 años y 4 hijos (uno de ellos de menos de un año, presumiblemente el dueño del objeto), que lo guardaba en el bolsillo de su mandil en el momento del fusilamiento, tuvo “impacto de campeonato” por su estética y significado. 83 años después, fue devuelto a Martín, aquel niño de nueve meses que “nunca conoció a su madre”.

Al igual que el sonajero, muchos otros objetos como relojes, anillos, placas, mecheros, peines, entre otros... han sido descubiertos en las exhumaciones realizadas a lo largo de esta última década por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, tanto en Navarra como en el conjunto de España, incluso internacionalmente. Junto con las empresas públicas Nasertic y Tracasa, participaron en la inauguración del 'Rozalejo', Espacio de Memoria y Convivencia impulsado por la Dirección General de Memoria y Convivencia, con la exposición “La memoria de los objetos”, que muestra los hallazgos.

“Cuando le quitas la ropa un cadáver, para hacerle la autopsia, lo transformas en un objeto. Le quitas los objetos asociados, como la ropa, y le quitas la personalidad al individuo, que tenía sueños e ilusiones”, sintetizó Etxeberria durante su conferencia el pasado miércoles sobre la “memoria de los objetos”. La ponencia, enmarcada en las “actividades vinculadas a la memoria, la convivencia y los derechos humanos” tras la inauguración del 'Rozalejo', completa la exposición homónima que da a conocer los distintos objetos encontrados en las prospecciones y exhumaciones de unas 300 fosas comunes en Navarra tras el Golpe de Estado de 1936.

Paco Etxeberria parte de estas excavaciones, cuyos objetos se exponen en la primera planta del edificio, también ha mostrado a los asistentes los documentos y objetos encontrados en otras exhumaciones en las que ha participado, tanto en el resto de España como en el extranjero, pero que reflejan “lo mismo que aquí”.

“La primera víctima identificada de la Guerra Civil mediante la prueba de ADN fue un navarro, el Obispo Irurita”, expuso al comienzo de la ponencia el prestigioso antropólogo casi como una curiosidad. Manuel Irurita, obispo de Barcelona, al comienzo de contienda en 1936 intentó “esconderse, pero lo localizaron y lo tiraron a una fosa” junto con otros individuos fusilados. Años después, lo exhuman para trasladarlo a la Catedral de Barcelona y “saben que es él por la ropa”, narró Etxeberria. Tras los estudios de ADN que se realizaron décadas después por las dudas de que el obispo no fuera el cuerpo hallado, y realmente hubiera escapado con su sobrino durante la contienda, comprometiendo proceso de beatificación del prelado, el ADN ratificó la primera versión. El cuerpo que se encontraba en la catedral de la ciudad Condal “sí que era el obispo”.

En todos los ejemplos que continuarían al Obispo Irurita expuestos por Etxeberria, siempre se plasmaba la misma idea. Existen dos dimensiones distintas sobre los hallazgos encontrados junto a los cadáveres de las fosas comunes. Por un lado, son pertenencias que conservan información sobre quién era la persona, hay un criterio técnico. Pero también hay una dimensión ética, con un valor intrínseco de la propia persona y “su dignidad” y para sus familiares.

En unas fotos mostradas en el que él mismo aparece en Malvinas, en un equipo compuesto entre otras personalidades por Lourdes Herrasti, para exhumar fosas de soldados argentinos, antes incluso de abrir o manipular los cuerpos, que se enterraron en bolsas de plástico, se les hizo un escáner de rayos X. “Sin tocar nada, ya sabes lo que te vas a encontrar ahí dentro”, afirmaba Etxeberria apoyándose de las imágenes de las mismas placas. Entre esos objetos, en los que había elementos como monedas o hebillas, también se encontraron otros que permitían la identificación directa de los cuerpos y lo que el antropólogo denomina “evidencia social”.

“Había muchas cartas que escribieron [los soldados] que nunca llegaron a sus destinos. A sus novias y madres. Igual que aquí [durante la Guerra Civil]”, explicaba. Es “material asociado al cadáver” en una investigación, que permite su identificación, pero que a su vez “fueron las últimas cosas (y sentimientos) que quedan de esa persona”. “Lo que significó en vida para esa persona” y qué pensaba días poco antes de morir. Por ello, a juicio de Etxeberria son objetos que en última instancia pertenecen “más a los familiares que al patrimonio público”.

Otro de los objetos “con memoria” presentados fueron unos pantalones guardados por una familia de Montenegro de Cameros (Soria). “[Son] los pantalones de nuestro padre cuando lo mataron”, le contaron los hijos de la víctima a Etxeberria. La prenda, de pana verde desgastada, tenía varios agujeros de los proyectiles. Un recuerdo material que muestra cómo “los objetos se han convertido en algo relevante” para devolver a la víctima su individualidad y conectar a la persona con sus familiares incluso 90 años después.

En este sentido, Etxeberria explicó a los asistentes la diferencia y el proceso del “indicio, evidencia y prueba”. La importancia del “ejercicio de transformar el indicio en evidencia” y la “evidencia en prueba”, siendo este último paso que “alguien con autoridad lo valide y lo reconozca”. Es decir, si una fosa “no se investiga adecuadamente” desde el punto de vista forense, puedes tener indicios importantísimos pero “perder la posibilidad de convertirlos en pruebas sólidas”, y, por tanto, de reconstruir la verdad.

La antropología forense no trabaja únicamente con cadáveres y pruebas físicas, sino con personas que tuvieron una identidad y con objetos que conservan parte de su historia. Durante una investigación es necesario transformar restos y objetos en indicios y evidencias mediante procedimientos científicos rigurosos. Pero esos mismos objetos también poseen un valor humano y social que no debería perderse cuando entran en el proceso forense

Otros ejemplos en Navarra son el 'cementerio de las botellas', una fosa en la que se enteraron 131 personas con una botella entre las piernas en las que se incluía datos del que había sido preso del Fuerte de San Cristóbal. A pesar de que estas botellas “tenían un tapón con cera, la mayoría de papeles se había descompuesto”, afirmó Etxeberria, parte del equipo que inhumó los cuerpos.

Sin embargo, en otras fosas de Navarra, se han podido encontrar restos como hebillas, anillos con siglas, camisas, pipas, dentaduras, relojes “que marcan una hora concreta porque nadie les volvió a dar cuerda” o monedas. Hallazgos que han contribuido a la identificación de los cuerpos. También víctimas con las manos esposadas porque “quizá no encontraron la llave” para quitárselas y “lo fusilaron esposado”.

A preguntas de los oyentes, extrañados de cierta lentitud en todavía identificar cuerpos y su dificultad por la lejanía de familiares y pistas, Etxeberria tiene claro que, no es que no hubiera voluntad de los allegados de las víctimas, sino que las circunstancias de la historia no siempre permitieron la recuperación de los cuerpos. “Sin el 23F no habría [en España] ninguna fosa pendiente, porque el movimiento de las familias ya existía”, determinó.

Fueron exhumaciones impulsadas por el Estado, pero solo las de una parte de las víctimas de la Guerra Civil. Desde 1939 y durante años, el franquismo llevó a cabo una política pública de búsqueda y homenaje de los cuerpos de los vencedores, mientras miles de republicanos siguen medio siglo después de la muerte de Franco sin ser desenterrados. Pero la recuperación física de los cadáveres no fue el principal objetivo de la dictadura: lo fue fabricar un relato oficial sobre los “mártires y caídos”, un mito político usado hasta la saciedad que el régimen no dudó en sostener a través de la manipulación de sus muertos.

Así lo detalla la historiadora Miriam Saqqa Carazo en un artículo recién publicado en la revista Pasado y Memoria, en el que, tras examinar expedientes judiciales y forenses de las exhumaciones, concluye que la dictadura las utilizó para construir “un modelo de masculinidad nacionalcatólica” exaltando la virilidad, la fe o el patriotismo de las víctimas. Y lo hizo generando una documentación que, según ha analizado la experta, cae en contradicciones y lagunas para afirmar una verdad prefabricada. “Detrás había un fin claramente político”, apunta.

Ya desde el primer año de la Guerra Civil y a medida que los sublevados fueron ocupando territorios, comenzaron a poner en marcha la búsqueda de las consideradas “víctimas de las hordas marxistas”. Saqqa Carazo, autora de la primera investigación al respecto en nuestro país, estudió las exhumaciones entre 1936 y 1951 e identificó —consciente de que no son todos— más de 3.500 cadáveres recuperados.

A partir de 1940, el proyecto se institucionalizó a través de la Causa General, la investigación impulsada por el franquismo para depurar a supuestos culpables de la “violencia roja” que dio lugar a numerosos juicios, acciones represivas y exhumaciones de cuerpos. Según los historiadores, este fue un proceso fundamentalmente propagandístico, destinado a justificar la represión contra los republicanos y el golpe de Estado de 1936.

A través del análisis de las piezas dedicadas a las exhumaciones en la Causa General, Saqqa Carazo concluye que la dictadura las acompañó de “un relato estandarizado” que venía a exaltar atributos de un tipo específico de hombre: una víctima que “encarna los valores de la nación en construcción”. Es decir, de la Nueva España.

Del total de cuerpos recuperados analizados, el 96% son hombres, por lo que el discurso “se fijó” en ellos. Y de ahí surgió un “modelo de masculinidad nacional” que fue replicado en diferentes exhumaciones. “Esta narrativa se centraba en las circunstancias en las que murieron, exaltando valores emocionales de gran eficacia movilizadora, como la sangre derramada y el sacrificio”, sostiene la historiadora.

''¡Viva Cristo Rey!“ y manos atadas

Tres de estos elementos los ha encontrado la historiadora una y otra vez en las descripciones: el hecho de que los asesinados gritaran ¡Viva Cristo Rey! o ¡Viva España! antes de morir, los supuestos saqueos realizados sobre los cadáveres o que estos tuvieran las manos atadas a la espalda. Sin embargo, buena parte de ello “no se sustenta” con los análisis detallados de los documentos forenses, lo que demuestra el “objetivo ideológico claro” que en realidad tuvo el proceso, explica Saqqa Carazo.

Las tres circunstancias aparecen en el expediente dedicado a las ejecuciones y enterramientos de Paracuellos del Jarama (Madrid), basado en las aportaciones de un único testigo que supuestamente llegó a oír a los fusilados como, antes de morir, decían “os perdonamos de todo corazón, ¡asesinos!” o “nos matáis porque somos católicos y personas de orden”. La Causa General incluye una descripción casi literaria del último fusilado, sobre el que este testigo afirmó: “Hasta al morir, con la sonrisa en los labios. Este es el último epílogo de mi vida”.

Elementos calcados aparecen en la exhumación de 1939 de Soto de Aldovea (Torrejón de Ardoz), en la que se recuperaron 414 cuerpos. Al final de cada día de exhumación, se incluye en el expediente la siguiente afirmación: “Todos estos cadáveres aparecen con las manos atadas”. Sin embargo, en ninguna de las descripciones individuales de los cuerpos se anota este hecho ni tampoco pruebas como la presencia de cuerdas y correajes o una posición anatómica que reflejara este hecho. Es solo una afirmación sin sustento.

Lo mismo ocurre con la declaración de que varios de los cadáveres aparecieron “con los bolsillos vueltos, señal inequívoca de su saqueamiento”. No obstante, según ha contrastado Saqqa Carazo, en muchos de estos casos se vuelve una afirmación contradictoria con otra muy común: la de la presencia de numerosos objetos de valor aparecidos junto a algunos de estos cuerpos supuestamente asaltados. Sorprende, además, que al mismo tiempo en que se afirmaba que habían sido saqueados se resaltara el “elevado número” de objetos y prendas “de valor” halladas en las fosas.

El valiente frente al bárbaro

Para la historiadora, este énfasis reiterado en los mismos aspectos “no parece inocente”, sino que los documentos buscaban construir un relato de virilidad específico. Una masculinidad “heroica, católica y nacional”, la de un hombre sacrificado por la patria, valiente y que había sido “generoso” frente a la muerte, describe el estudio. Y que fue contrapuesta a la masculinidad del “otro”, representado “como cruel, inmoral y deshumanizado, como una encarnación del mal absoluto”.

Y es que para que el mito del mártir funcionase, la Causa General necesitaba construir su reverso perfecto: el del “rojo desalmado”. El estudio también detalla los interrogatorios a los que fueron sometidos presos republicanos bajo torturas, cuyas supuestas declaraciones sirvieron luego de base para los expedientes de exhumación. Sin embargo, muchas de estas afirmaciones estuvieron adulteradas.

Un caso paradigmático fue el del militante de la CNT Rafael del Águila, interrogado en Almería en 1940. El acta judicial le atribuye afirmaciones como la de “Glorioso Movimiento Nacional” o la “caída de la provincia en manos de los marxistas”, dos expresiones que difícilmente haría un militante anarquista. Además, el fiscal del caso pone en boca de Rafael declaraciones como que los 39 ejecutados del bando nacional que estaban bajo investigación murieron “con entereza, dando gritos de Viva Cristo Rey y Arriba España” mientras los milicianos “les insultaban”. De nuevo, las mismas referencias.

Todo ello lleva a la experta a asegurar que esta figura, la del “mártir y caído”, se convirtió en “legitimadora” del régimen y de su violencia ejercida contra el enemigo. Y a que el franquismo usó a sus propios muertos como “cuerpos políticos” con un fin propagandístico. “Entra dentro de la necesidad de construir un discurso que permita considerar al republicano como 'la otredad' y poder ejercer una violencia justificada sobre él”, explica.

“A l'il·lustre infant Jaume, el nostre fill primogènit legítim i natural, nomenem i volem que sigui el nostre hereu universal”. Amb aquestes paraules —Inclitum infantem Jacobum, filium nostrum primogenitum legitimum et naturalem instituimus [...] nostrum universalem heredem, en el llatí del document— el monarca Jaume III va deixar escrit en el seu testament qui l'havia de succeir al capdavant del regne de Mallorca. Era el 7 d'agost de 1349. Amb prou feines dos mesos i mig després, el monarca moria a la batalla de Llucmajor i aquell hereu, un nen d'onze anys que havia resultat greument ferit en el mateix enfrontament, començava una vida marcada pel captiveri, la fugida, la guerra i una obsessió que mai no arribaria a complir: recuperar el regne perdut pel seu pare. Sis segles més tard, l'enigma sobre el lloc del seu enterrament podria resoldre's.

Segons la investigació dirigida per un equip de professionals de l'illa, Jaume IV podria estar enterrat al subsòl d'un solar de Sòria on antigament s'aixecaven un convent franciscà i la capella de la Concepció. Després de 25 anys d'estudis preliminars, allà començarà el pròxim 15 de setembre una campanya arqueològica que s'allargarà fins al 30 de setembre. L'equip estarà format per tres arqueòlegs i un tècnic auxiliar. Al capdavant de la coordinació històrica hi ha Gabriel Ensenyat, mentre que la direcció arqueològica recau en Helena Inglada. L'objectiu sembla senzill de formular i considerablement més difícil d'executar: trobar una tomba desapareguda dins d'una capella desapareguda que pertanyia, al seu torn, a un convent desaparegut.

L'objectiu sembla senzill de formular i considerablement més difícil d'executar: trobar una tomba desapareguda dins d'una capella desapareguda que pertanyia, al seu torn, a un convent desaparegut

La campanya arqueològica de Sòria podria reobrir l'últim capítol del regne de Mallorca, la història del qual se sol donar per acabada el 25 d'octubre de 1349, quan Jaume III va morir derrotat a Llucmajor en el seu intent de recuperar la corona davant Pere IV d'Aragó, el Cerimoniós, consolidant la reincorporació dels territoris mallorquins a la Corona d'Aragó. Però aquell monarca era, a més, l'oncle de Jaume IV, germà de la seva mare, Constança d'Aragó, i l'home que acabaria privant el seu nebot dels seus drets dinàstics. La derrota i la mort de Jaume III van acabar amb la corona independent de Mallorca, però no amb la reivindicació dels seus drets per part del seu fill, nascut a Perpinyà el 1338 i designat hereu universal pel seu pare abans d'emprendre aquella expedició.

“Fins aquí és la història que ens han explicat”, sosté l'informe elaborat per l'equip investigador. Tanmateix, continua: “falta un capítol”. Per als seus responsables, és impossible tancar definitivament la història del regne sense estudiar la trajectòria del fill de Jaume III: els seus anys de presó, les relacions que va mantenir amb el papat i la monarquia francesa, el seu matrimoni amb Joana I de Nàpols, els intents militars per recuperar els seus antics territoris i les incògnites que encara envolten la seva mort i enterrament. “Històricament, Jaume IV va quedar a l'ombra de Jaume III i sempre ha estat una figura de la nostra història força desconeguda. Poder recuperar-lo ara suposaria constatar amb els fets la hipòtesi d'una llarga investigació que ens ha portat fins als arxius de diferents parts del món”, explica a elDiario.es l'historiador Gabriel Ensenyat.

Històricament, Jaume IV va quedar a l'ombra de Jaume III i sempre ha estat una figura de la nostra història força desconeguda. Poder recuperar-lo ara suposaria constatar amb els fets la hipòtesi d'una llarga investigació que ens ha portat fins als arxius de diferents parts del món

Gabriel Ensenyat — Historiador

La investigació sobre el príncep mallorquí que mai no va arribar a regnar ha estat un llarg viatge entre documents repartits per diferents parts del món. Segons Ensenyat, l'equip ha revisat “documentació de l'Arxiu del Regne de Mallorca i de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, però també materials conservats a França, Nàpols, Montferrat, el Vaticà, Anglaterra, Navarra, Simancas, Valladolid, València i Sòria”. De fet, bona part d'aquesta documentació ni tan sols estava immediatament a disposició dels investigadors. “Calia localitzar-la físicament, sol·licitar-ne reproduccions, traduir textos redactats en llatí o en altres llengües i reconstruir a partir de documents dispersos una història que havia quedat fragmentada durant segles”, detalla l'historiador.

Després de la mort del seu pare, Jaume IV va passar anys captiu a Mallorca, Xàtiva i Barcelona, on, segons la documentació estudiada pels investigadors, va arribar a dormir en una gàbia de ferro. El 1362 va aconseguir escapar i, sota protecció papal, va començar a reunir suports per recuperar la corona. Un any després es va casar amb Joana I de Nàpols i es va convertir en rei consort, però el seu matrimoni i les seves aliances no van aconseguir fer realitat els seus plans.

El 1374 va protagonitzar el seu últim intent de recuperar els territoris del seu pare. Al capdavant d'uns 6.000 homes va avançar des de Narbona pels antics dominis de la corona mallorquina i va arribar fins als voltants de Barcelona, però la manca de forces, la fam i la pesta van obligar les seves tropes a retirar-se. Greument malalt, Jaume va acabar a Sòria, on el 16 de febrer de 1375 va dictar testament i va ordenar ser enterrat a l'església de Sant Francesc.

Després de la mort del seu pare, Jaume IV va passar anys captiu. Va aconseguir escapar i, sota protecció papal, va començar a reunir suports per recuperar la corona

El testament constitueix una de les principals pistes documentals, però no l'única ni, segons la investigació d'Ensenyat, la més concloent. La referència decisiva és una crònica castellana, la de Pedro López de Ayala, que relata la mort de Jaume IV i afirma expressament que va ser enterrat al monestir de Sant Francesc de Sòria. El cronista explica, a més, que l'infant Joan, futur Joan I de Castella, “fizolo enterrar muy honradamente” en aquell monestir. A aquesta font s'hi sumen altres cròniques, entre elles la de Jean Froissart, que també recull els últims episodis de la vida del monarca mallorquí.

El testament, per la seva banda, confirma que Jaume IV volia ser enterrat a Sant Francesc, encara que no permet demostrar per si sol que el sepeli es produís allà. La investigació històrica ha seguit aquestes referències fins a l'antic convent franciscà i serà ara l'arqueologia la que haurà de determinar si la història escrita coincideix amb el que roman sota terra.

La ‘sorpresa’ mallorquina a Sòria

Després de superar la fase de documentació, els investigadors van arribar per primera vegada a Sòria, on, explica Helena Inglada, ningú esperava que hi pogués estar enterrat un hereu de la dinastia mallorquina. “Quan nosaltres vam arribar, va ser allò de: 'Ah, sí? Hi ha un rei mallorquí enterrat aquí?'”, recorda entre rialles. La documentació històrica situava l'enterrament de Jaume IV a l'església de Sant Francesc, a l'espai de l'antiga capella de la Concepció, tot i que bona part del convent havia desaparegut amb el pas dels segles. La investigació arqueològica va començar el 2008, amb una primera intervenció impulsada per la Universitat de les Illes Balears i amb el suport d'institucions de Mallorca i Castella i Lleó. Abans d'excavar, l'equip va realitzar un estudi amb georadar que va assenyalar dues grans anomalies pròximes a l'altar de l'antiga església.

Quan nosaltres vam arribar, va ser allò de: "Ah, sí? Hi ha un rei mallorquí enterrat aquí?", recorda entre rialles la investigadora mallorquina Helena Inglada sobre la seva rebuda a Sòria

Una d'elles va ser excavada el 2008 amb un objectiu encara preliminar: comprovar si el subsòl conservava potencial arqueològic. “Nosaltres anàvem a comprovar si l'espai del subsòl encara estava en condicions de ser valorat”, explica Inglada. L'excavació ho va confirmar. “Els arqueòlegs van trobar restes humanes desarticulades, probablement procedents d'enterraments de l'etapa en què el convent va funcionar com a hospital, i sota aquestes van localitzar murs de pedra, grans carreus i elements constructius compatibles amb una estructura monumental vinculada a l'antiga església, alguns amb restes de pintura”, recorda Inglada. La intervenció no va arribar fins al final de l'estratigrafia ni va permetre accedir al suposat espai funerari, però va demostrar que el subsòl no havia estat completament destruït.

La campanya va quedar així inconclusa, però va obrir la porta a noves investigacions. L'equip va sortir de Sòria amb la certesa que encara quedaven estructures per estudiar i amb la intenció de tornar-hi, tot i que la crisi econòmica, els canvis personals, les dificultats de finançament i posteriorment la pandèmia provocada per la COVID-19 van retardar el projecte. “Tot ha de quadrar molt i mai no és fàcil”, resumeix l'arqueòloga. En aquest sentit, la nova campanya porta uns dos anys de preparació i ha requerit coordinar permisos, finançament, disponibilitat de l'equip i mitjans tècnics.

L'arqueologia davant de 50.000 escenaris

La nova intervenció, finançada amb prop de 23.000 euros pel Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca, actuarà sobre uns 115 metres quadrats i ampliarà l'excavació cap a l'absis fins al mur de tancament de l'antiga capella. Els investigadors treballen amb diversos escenaris, ja que el georadar no permet confirmar l'existència d'una tomba medieval ni atribuir-la a Jaume IV. “Pot tractar-se d'una cavitat, una fossa, una estructura constructiva o fins i tot d'una alteració produïda segles després. L'antic convent va patir, a més, nombroses transformacions i episodis de destrucció, i l'església medieval va ser reformada i ampliada amb el pas del temps. Tenim 50.000 escenaris possibles”, explica Inglada. L'objectiu és comprovar fins on pot arribar la investigació, des de localitzar l'antiga capella de la Concepció i el seu possible espai funerari fins a constatar que aquest hagi desaparegut.

Pot tractar-se d'una cavitat, una fossa, una estructura constructiva o fins i tot d'una alteració produïda segles després. L'antic convent va patir, a més, nombroses transformacions i episodis de destrucció, i l'església medieval va ser reformada i ampliada amb el pas del temps. Tenim 50.000 escenaris possibles

Helena Inglada — Arqueòloga

L'estructura del lloc obliga, a més, a actuar amb cautela: un espai col·lapsat que necessités apuntalament requeriria nous mitjans i especialistes i podria quedar per a una segona fase. Tampoc no es pot donar per fet que la tomba, si existeix, romangui intacta. “No sabem què trobarem, ni en quines condicions”, adverteix Inglada. L'escenari més complicat seria trobar les restes traslladades i sense context arqueològic, “en una capsa de sabates”, com resumeix gràficament. La troballa continuaria sent rellevant, però identificar Jaume IV seria aleshores molt més difícil.

Com saber si realment és Jaume IV?

Trobar ossos medievals al lloc correcte no seria suficient per identificar Jaume IV. L'escenari ideal seria localitzar una tomba amb una inscripció o un altre element inequívoc que vinculés l'enterrament amb l'infant, encara que fins i tot en aquest cas caldria comprovar-ne el contingut. Inglada recorda que les sepultures poden haver estat obertes, reutilitzades o alterades. “Podríem aixecar la làpida i que a dins no hi hagués res”, explica. També podrien aparèixer restes barrejades, diversos individus o materials que no corresponguessin a l'enterrament original.

Si apareguessin restes susceptibles de ser atribuïdes a Jaume IV, caldria, segons Inglada, “recórrer a antropòlegs físics i paleoantropòlegs i plantejar proves com la datació mitjançant anàlisi genètica”. La comparació d'ADN amb restes atribuïdes a Jaume II i Jaume III, avi i pare de l'infant, podria aportar una evidència de parentiu especialment sòlida, tot i que s'hauria de realitzar sota condicions estrictes per evitar contaminacions. “Nosaltres no som especialistes” en aquest tipus d'anàlisis, explica Inglada, per la qual cosa qualsevol troballa obligaria a dissenyar un protocol específic, incorporar especialistes i establir un nou pressupost abans de determinar quines proves caldria realitzar.

Per a Gabriel Ensenyat, l'excavació representa la “culminació” d'una investigació que ha avançat durant anys entre els arxius i el terreny. El punt de partida és el conjunt de referències documentals que permeten reconstruir la trajectòria de Jaume IV i situar la seva mort i enterrament a Sòria, entre aquestes la crònica de Pedro López de Ayala, que assenyala expressament el monestir de Sant Francesc. El testament de Jaume IV, redactat a Sòria el 16 de febrer de 1375, aporta, a més, una referència directa sobre la seva voluntat de ser enterrat allà.

A partir d'aquestes fonts i d'altres referències localitzades en diferents arxius, els investigadors han reconstruït la trajectòria de l'infant i han pogut situar l'antic convent i la capella de la Concepció. Durant els últims 25 anys, l'equip ha reunit documentació sobre el seu captiveri, les seves aliances, el seu matrimoni amb Joana de Nàpols, les seves campanyes militars i la seva mort, amb l'objectiu de revisar també algunes hipòtesis sobre la seva biografia.

L'excavació serà així la comprovació material d'una hipòtesi construïda durant dècades. Inglada recorda que la part arqueològica pot semblar la més cridanera, però que sense el treball documental previ l'equip ni tan sols sabria on buscar. “El rotllo Jones mola”, fa broma l'arqueòloga, tot i que la veritable base del projecte és en aquells que fa anys que “a pic i pala” buiden arxius i connecten fragments d'una història dispersa.

La pregunta ara és què passarà si finalment apareixen les restes. Des del punt de vista d'Inglada, “per justícia històrica”, el monarca hauria de tornar a Mallorca, ja que aquesta va ser “la seva gran obsessió” durant tota la vida: tornar i recuperar el seu tron usurpat. Però la mateixa arqueòloga matisa que la decisió sobre el destí d'unes possibles restes no correspon a l'equip científic, sinó a les institucions, que haurien d'estudiar abans la seva conservació i identitat i després negociar-ne el trasllat i el destí entre les administracions responsables de Sòria i Mallorca. “Això és una decisió que s'haurà de prendre a nivell institucional i que, a més, s'haurà de pactar, decidir i negociar a nivell institucional”, assenyala Inglada.

'El rotllo Jones mola', fa broma l'arqueòloga Helena Inglada, tot i que la veritable base del projecte és en aquells que fa anys que "a pic i pala" buiden arxius i connecten fragments d'una història dispersa.

Durant la roda de premsa celebrada divendres passat, el director general de Cultura del Govern de les Illes Balears, Llorenç Perelló, va remarcar que “la història encara té preguntes pendents, i la investigació és la millor eina per respondre-les”, i va defensar projectes que “des del rigor científic, contribueixen a ampliar el coneixement sobre episodis i figures cabdals del nostre passat, com és el cas de Jaume IV”. Per la seva banda, la vicepresidenta primera i consellera de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, Antònia Roca, va destacar que “aquest projecte és tota una oportunitat per continuar recuperant i reivindicant la història del Regne de Mallorca des del rigor científic”.

El Consell i el Govern han donat suport a una iniciativa reprès fa uns dos anys, després que la intervenció del 2008 demostrés que el subsòl conservava estructures medievals. La nova campanya començarà aviat i els arqueòlegs buscaran l'antiga església i capella per comprovar si encara existeix una tomba. L'equip sap on començar, però no què trobarà quan el subsòl deixi de ser una hipòtesi del georadar i es converteixi en una excavació. Si apareixen les restes, podria sortir a la llum l'últim vestigi material d'una dinastia que va perdre el seu regne al segle XIV i d'un home que va passar bona part de la seva vida intentant recuperar-lo. Jaume IV mai no va poder tornar a Mallorca com a rei; més de sis segles després, potser encara tingui una última oportunitat de tornar a l'illa.

“Al ilustre infante Jaime, nuestro hijo primogénito legítimo y natural, nombramos y queremos que sea nuestro heredero universal”. Con estas palabras —Inclitum infantem Jacobum, filium nostrum primogenitum legitimum et naturalem instituimus [...] nostrum universalem heredem, en el latín del documento— el monarca Jaume III dejó escrito en su testamento quién debía sucederle al frente del reino de Mallorca. Era el 7 de agosto de 1349. Apenas dos meses y medio después, el monarca moría en la batalla de Llucmajor y aquel heredero, un niño de once años que había resultado gravemente herido en el mismo enfrentamiento, comenzaba una vida marcada por el cautiverio, la huida, la guerra y una obsesión que nunca llegaría a cumplir: recuperar el reino perdido por su padre. Seis siglos más tarde, el enigma sobre el lugar de su entierro podría resolverse.

Según la investigación dirigida por un equipo de profesionales de la isla, Jaume IV podría encontrarse enterrado en el subsuelo de un solar de Soria en el que antiguamente se levantaban un convento franciscano y la capilla de la Concepción. Tras 25 años de estudios preliminares, allí comenzará el próximo 15 de septiembre una campaña arqueológica que se prolongará hasta el 30 de septiembre. El equipo estará formado por tres arqueólogos y un técnico auxiliar. Al frente de la coordinación histórica se encuentra Gabriel Ensenyat, mientras que la dirección arqueológica recae en Helena Inglada. El objetivo parece sencillo de formular y considerablemente más difícil de ejecutar: encontrar una tumba desaparecida dentro de una capilla desaparecida perteneciente, a su vez, a un convento desaparecido.

El objetivo parece sencillo de formular y considerablemente más difícil de ejecutar: encontrar una tumba desaparecida dentro de una capilla desaparecida perteneciente, a su vez, a un convento desaparecido

La campaña arqueológica de Soria podría reabrir el último capítulo del reino de Mallorca, cuya historia suele darse por terminada el 25 de octubre de 1349, cuando Jaume III murió derrotado en Llucmajor en su intento de recuperar la corona frente a Pere IV de Aragón, el Ceremonioso, consolidando la reincorporación de los territorios mallorquines a la Corona de Aragón. Pero aquel monarca era además el tío de Jaume IV, hermano de su madre, Constanza de Aragón, y el hombre que acabaría privando a su sobrino de sus derechos dinásticos. La derrota y muerte de Jaume III acabaron con la corona independiente de Mallorca, pero no con la reivindicación de sus derechos por parte de su hijo, nacido en Perpiñán en 1338 y designado heredero universal por su padre antes de emprender aquella expedición.

“Hasta aquí es la historia que nos han contado”, sostiene el informe elaborado por el equipo investigador. Sin embargo, prosigue: “falta un capítulo”. Para sus responsables, resulta imposible cerrar definitivamente la historia del reino sin estudiar la trayectoria del hijo de Jaume III: sus años de prisión, las relaciones que mantuvo con el papado y la monarquía francesa, su matrimonio con Juana I de Nápoles, los intentos militares para recuperar sus antiguos territorios y las incógnitas que todavía rodean su muerte y enterramiento. “Históricamente, Jaume IV quedó en la sombra de Jaume III y siempre ha sido una figura de nuestra historia bastante desconocida. Poder recuperarlo ahora supondría constatar con los hechos la hipótesis de una larga investigación que nos ha llevado hasta los archivos de diferentes partes del mundo”, explica a elDiario.es el historiador Gabriel Ensenyat.

Históricamente, Jaume IV quedó en la sombra de Jaume III y siempre ha sido una figura de nuestra historia bastante desconocida. Poder recuperarlo ahora supondría constatar con los hechos la hipótesis de una larga investigación que nos ha llevado hasta los archivos de diferentes partes del mundo

Gabriel Ensenyat — Historiador

La investigación sobre el príncipe mallorquín que nunca llegó a reinar ha sido un largo viaje entre documentos repartidos por diferentes partes del mundo. Según Ensenyat, el equipo ha revisado “documentación del Arxiu del Regne de Mallorca y del Arxiu de la Corona d'Aragó, pero también materiales conservados en Francia, Nápoles, Montferrato, el Vaticano, Inglaterra, Navarra, Simancas, Valladolid, Valencia y Soria”. De hecho, buena parte de esa documentación ni siquiera estaba a disposición inmediata de los investigadores. “Había que localizarla físicamente, solicitar reproducciones, traducir textos redactados en latín o en otras lenguas y reconstruir a partir de documentos dispersos una historia que había quedado fragmentada durante siglos”, detalla el historiador.

Tras la muerte de su padre, Jaume IV pasó años cautivo en Mallorca, Xàtiva y Barcelona, donde, según la documentación estudiada por los investigadores, llegó a dormir en una jaula de hierro. En 1362 consiguió escapar y, bajo protección papal, comenzó a reunir apoyos para recuperar la corona. Un año después se casó con Juana I de Nápoles y se convirtió en rey consorte, pero su matrimonio y sus alianzas no lograron hacer realidad sus planes.

En 1374 protagonizó su último intento de recuperar los territorios de su padre. Al frente de unos 6.000 hombres avanzó desde Narbona por los antiguos dominios de la corona mallorquina y llegó hasta las inmediaciones de Barcelona, pero la falta de fuerzas, el hambre y la peste obligaron a sus tropas a retirarse. Gravemente enfermo, Jaume acabó en Soria, donde el 16 de febrero de 1375 dictó testamento y ordenó ser enterrado en la iglesia de San Francisco.

Tras la muerte de su padre, Jaume IV pasó años cautivo. Consiguió escapar y, bajo protección papal, comenzó a reunir apoyos para recuperar la corona

El testamento constituye una de las principales pistas documentales, pero no la única ni, según la investigación de Ensenyat, la más concluyente. La referencia decisiva es una crónica castellana, la de Pedro López de Ayala, que relata la muerte de Jaume IV y afirma expresamente que fue enterrado en el monasterio de San Francisco de Soria. El cronista cuenta además que el infante Juan, futuro Juan I de Castilla, “fizolo enterrar muy honradamente” en aquel monasterio. A esta fuente se suman otras crónicas, entre ellas la de Jean Froissart, que también recoge los últimos episodios de la vida del monarca mallorquín.

El testamento, por su parte, confirma que Jaume IV quería ser enterrado en San Francisco, aunque no permite demostrar por sí solo que el sepelio se produjera allí. La investigación histórica ha seguido estas referencias hasta el antiguo convento franciscano y será ahora la arqueología la que tenga que determinar si la historia escrita coincide con lo que permanece bajo tierra.

La ‘sorpresa’ mallorquina en Soria

Tras superar la fase de documentación, los investigadores llegaron por primera vez a Soria, donde, explica Helena Inglada, nadie esperaba que pudiera estar enterrado un heredero de la dinastía mallorquina. “Cuando nosotros llegamos, fue aquello de: ”¿Ah, sí? Hay un rey mallorquín enterrado aquí?’“, recuerda entre risas. La documentación histórica situaba el enterramiento de Jaume IV en la iglesia de San Francisco, en el espacio de la antigua capilla de la Concepción, aunque buena parte del convento había desaparecido con el paso de los siglos. La investigación arqueológica comenzó en 2008, con una primera intervención impulsada por la Universitat de les Illes Balears y apoyada por instituciones de Mallorca y Castilla y León. Antes de excavar, el equipo realizó un estudio con georradar que señaló dos grandes anomalías próximas al altar de la antigua iglesia.

Cuando nosotros llegamos, fue aquello de: '¿Ah, sí? Hay un rey mallorquín enterrado aquí?', recuerda entre risas la investigadora mallorquina Helena Inglada sobre su recibimiento en Soria

Una de ellas fue excavada en 2008 con un objetivo todavía preliminar: comprobar si el subsuelo conservaba potencial arqueológico. “Nosotros íbamos a comprobar si el espacio del subsuelo estaba todavía en condiciones de ser valorado”, explica Inglada. La excavación confirmó que sí. “Los arqueólogos encontraron restos humanos desarticulados, probablemente procedentes de enterramientos de la etapa en que el convento funcionó como hospital, y bajo ellos localizaron muros de piedra, grandes sillares y elementos constructivos compatibles con una estructura monumental vinculada a la antigua iglesia, algunos con restos de pintura”, recuerda Inglada. La intervención no llegó hasta el final de la estratigrafía ni permitió acceder al supuesto espacio funerario, pero demostró que el subsuelo no había sido completamente destruido.

La campaña quedó así inconclusa, pero abrió la puerta a nuevas investigaciones. El equipo salió de Soria con la certeza de que aún quedaban estructuras por estudiar y con la intención de regresar, aunque la crisis económica, los cambios personales, las dificultades de financiación y posteriormente la pandemia provocada por la COVID-19 retrasaron el proyecto. “Todo tiene que cuadrar mucho y nunca es fácil”, resume la arqueóloga. En este sentido, la nueva campaña lleva unos dos años de preparación y ha requerido coordinar permisos, financiación, disponibilidad del equipo y medios técnicos.

La arqueología frente a 50.000 escenarios

La nueva intervención, financiada con cerca de 23.000 euros por el Govern de les Illes Balears y el Consell de Mallorca, actuará sobre unos 115 metros cuadrados y ampliará la excavación hacia el ábside hasta el muro de cierre de la antigua capilla. Los investigadores manejan varios escenarios, ya que el georradar no permite confirmar la existencia de una tumba medieval ni atribuirla a Jaume IV. “Puede tratarse de una cavidad, una fosa, una estructura constructiva o incluso de una alteración producida siglos después. El antiguo convento sufrió además numerosas transformaciones y episodios de destrucción, y la iglesia medieval fue reformada y ampliada con el paso del tiempo. Tenemos 50.000 escenarios posibles”, explica Inglada. El objetivo es comprobar hasta dónde puede llegar la investigación, desde localizar la antigua capilla de la Concepción y su posible espacio funerario hasta constatar que este haya desaparecido.

Puede tratarse de una cavidad, una fosa, una estructura constructiva o incluso de una alteración producida siglos después. El antiguo convento sufrió además numerosas transformaciones y episodios de destrucción, y la iglesia medieval fue reformada y ampliada con el paso del tiempo. Tenemos 50.000 escenarios posibles

Helena Inglada — Arqueóloga

La estructura del lugar obliga además a actuar con cautela: un espacio colapsado que necesitara apuntalamiento requeriría nuevos medios y especialistas y podría quedar para una segunda fase. Tampoco puede darse por hecho que la tumba, si existe, permanezca intacta. “No sabemos qué encontraremos, ni en qué condiciones”, advierte Inglada. El escenario más complicado sería hallar los restos trasladados y sin contexto arqueológico, “en una caja de zapatos”, como resume gráficamente. El hallazgo seguiría siendo relevante, pero identificar a Jaume IV sería entonces mucho más difícil.

¿Cómo saber si realmente es Jaume IV?

Encontrar huesos medievales en el lugar correcto no bastaría para identificar a Jaume IV. El escenario ideal sería localizar una tumba con una inscripción u otro elemento inequívoco que vincule el enterramiento con el infante, aunque incluso en ese caso habría que comprobar su contenido. Inglada recuerda que las sepulturas pueden haber sido abiertas, reutilizadas o alteradas. “Podríamos levantar la lápida y que dentro no hubiese nada”, explica. También podrían aparecer restos mezclados, varios individuos o materiales que no correspondieran al enterramiento original.

Si aparecieran restos susceptibles de ser atribuidos a Jaume IV, sería necesario, según Inglada, “recurrir a antropólogos físicos y paleoantropólogos y plantear pruebas como la datación por análisis genético”. La comparación de ADN con restos atribuidos a Jaume II y Jaume III, abuelo y padre del infante, podría aportar una evidencia de parentesco especialmente sólida, aunque tendría que realizarse bajo condiciones estrictas para evitar contaminaciones. “Nosotros no somos especialistas” en este tipo de análisis, explica Inglada, por lo que cualquier hallazgo obligaría a diseñar un protocolo específico, incorporar especialistas y establecer un nuevo presupuesto antes de determinar qué pruebas realizar.

Para Gabriel Ensenyat, la excavación representa la “culminación” de una investigación que ha avanzado durante años entre los archivos y el terreno. El punto de partida es el conjunto de referencias documentales que permiten reconstruir la trayectoria de Jaume IV y situar su muerte y enterramiento en Soria, entre ellas la crónica de Pedro López de Ayala, que señala expresamente el monasterio de San Francisco. El testamento de Jaume IV, redactado en Soria el 16 de febrero de 1375, aporta además una referencia directa sobre su voluntad de ser enterrado allí.

A partir de estas fuentes y de otras referencias localizadas en distintos archivos, los investigadores han reconstruido la trayectoria del infante y han podido situar el antiguo convento y la capilla de la Concepción. Durante los últimos 25 años, el equipo ha reunido documentación sobre su cautiverio, sus alianzas, su matrimonio con Juana de Nápoles, sus campañas militares y su muerte, con el objetivo de revisar también algunas hipótesis sobre su biografía.

La excavación será así la comprobación material de una hipótesis construida durante décadas. Inglada recuerda que la parte arqueológica puede parecer la más llamativa, pero que sin el trabajo documental previo el equipo ni siquiera sabría dónde buscar. “El rollo Jones mola”, bromea la arqueóloga, aunque la verdadera base del proyecto está en quienes llevan años “a pico y pala” vaciando archivos y conectando fragmentos de una historia dispersa.

La pregunta ahora es qué ocurrirá si finalmente aparecen los restos. Desde el punto de vista de Inglada, “por justicia histórica”, el monarca debería regresar a Mallorca, ya que esa fue “su gran obsesión” toda la vida: volver y recuperar su trono usurpado. Pero la propia arqueóloga matiza que la decisión sobre el destino de unos posibles restos no corresponde al equipo científico, sino a las instituciones, que tendrían que estudiar antes su conservación e identidad y después negociar su traslado y destino entre las administraciones responsables de Soria y Mallorca. “Eso es una decisión que se tendrá que tomar a nivel institucional y que además se tendrá que pactar, decidir y negociar a nivel institucional”, señala Inglada.

'El rollo Jones mola', bromea la arqueóloga Helena Inglada, aunque la verdadera base del proyecto está en quienes llevan años 'a pico y pala' vaciando archivos y conectando fragmentos de una historia dispersa

Durante la rueda de prensa celebrada el pasado viernes, el director general de Cultura del Govern de les Illes Balears, Llorenç Perelló, remarcó que “la historia todavía tiene preguntas pendientes, y la investigación es la mejor herramienta para responderlas”, y defendió proyectos que “desde el rigor científico, contribuyen a ampliar el conocimiento sobre episodios y figuras capitales de nuestro pasado, como es el caso de Jaime IV”. Por su parte, la vicepresidenta primera y consejera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca, destacó que “este proyecto es toda una oportunidad para continuar recuperando y reivindicando la historia del Reino de Mallorca desde el rigor científico”.

El Consell y el Govern han respaldado una iniciativa retomada hace unos dos años, después de que la intervención de 2008 demostrara que el subsuelo conservaba estructuras medievales. La nueva campaña comenzará pronto y los arqueólogos buscarán la antigua iglesia y capilla para comprobar si todavía existe una tumba. El equipo sabe dónde empezar, pero no qué encontrará cuando el subsuelo deje de ser una hipótesis del georradar y se convierta en una excavación. Si aparecen los restos, podría salir a la luz el último vestigio material de una dinastía que perdió su reino en el siglo XIV y de un hombre que pasó buena parte de su vida intentando recuperarlo. Jaume IV nunca pudo regresar a Mallorca como rey; más de seis siglos después, puede que todavía tenga una última oportunidad de volver a la isla.

La nueva campaña de excavación y exhumación de fosas comunes en el cementerio municipal de Bodonal de la Sierra (Badajoz) ha permitido recuperar hasta el momento los restos de diez víctimas de la represión franquista. La actuación, iniciada a lo largo del mes de agosto, cuenta con la financiación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el ayuntamiento de la localidad, además de la colaboración de la Asociación Cultural La Corujá.

Los trabajos, dirigidos por los arqueólogos Adriana Martín López y Félix Bizarro Carmona junto a un equipo multidisciplinar de antropología forense e investigación histórica, retoman la intervención iniciada en el verano de 2025. En aquella primera fase se logró exhumar una fosa con tres individuos masculinos que presentaban signos de muerte violenta, mientras que dos depósitos más quedaron parcialmente delimitados a la espera de ampliar el área de excavación.

En las últimas semanas, los especialistas han completado la exhumación de esas dos fosas pendientes, de las que se han extraído los restos de nueve personas. El equipo técnico ha documentado un alto grado de alteración en ambos depósitos debido a la apertura, en fechas posteriores, de enterramientos normalizados que desplazaron parte de las estructuras óseas, lo que ha exigido una labor minuciosa para reconstruir la posición original de las víctimas.

De forma paralela, la apertura de un nuevo sondeo ha permitido hallar un enterramiento individual que albergaba el cuerpo de una décima persona con evidencias directas de ejecución. Los restos carecían de ataúd y conservaban un proyectil alojado en el interior de la cavidad craneal.

Las labores de campo continuarán desarrollándose hasta la primera semana de septiembre mientras avanzan los estudios antropológicos y documentales. Por este motivo, el equipo ha hecho un llamamiento a los familiares de personas desaparecidas o represaliadas en Bodonal de la Sierra para que aporten testimonios, documentación e información genética que ayude a la identificación de las víctimas, pudiendo acudir directamente al cementerio o ponerse en contacto con el ayuntamiento.

Las caras de extrañeza que en diciembre de 2023 se paseaban por la plaza de Cervantes de Alcalá de Henares han mutado a miradas de asombro y asentimiento. Hace ya casi tres años que un equipo de arqueólogos comenzó a desenterrar el refugio antiaéreo más grande de la ciudad complutense, utilizado durante la Guerra Civil que con tanta dureza golpeó a esta localidad y que ahora se prepara para su apertura al público.

La intervención deja varios hitos históricos tras de sí: la piedra que se utilizó para este enclave subterráneo procedía de las ruinas de la cercana Iglesia de Santa María la Mayor, donde se ubicaba la pila bautismal del ilustre escritor que da nombre a la plaza, Miguel de Cervantes, y la escalera de la entrada norte está formada por la escalinata del altar mayor del templo junto a restos del sepulcro de la familia del Oidor. “Excavar aquí es remontarnos hasta el siglo XV”, introduce Luis Antonio Ruiz Casero, director de los trabajos arqueológicos.

Poco se sabía de este cobijo construido entre 1937 y 1938. Las habladurías alcalaínas lo situaban bajo el quiosco de la música que preside la parte sur de la plaza de Cervantes, pero se equivocaban. “Mucha gente mayor aseguraba haberlo conocido, pero esa memoria estaba algo distorsionada”, comenta Pilar Lledó, historiadora local especializada en la Guerra Civil y la primera persona en abordar la existencia del refugio hace casi tres décadas.

Esa misma memoria no se diluyó en 2023, cuando Ruiz Casero y su equipo de la empresa Audema escucharon cómo varios vecinos les alertaban de que estaban excavando en la zona errónea. Sin embargo, estaban en lo correcto. “Nos guiamos por una evidencia arqueológica, una fotografía tomada por la aviación de la Legión Cóndor hacia el final de la contienda, cuando ya estaba terminado el refugio, y que descubrió nuestro compañero Julián Dueñas”, afirma el arqueólogo. José García Saldaña, cronista oficial de la ciudad ya fallecido, también dejó un documento gráfico: hizo un croquis del refugio y lo publicó junto a algunas anotaciones en 1994, en El Puerta de Madrid, un veterano medio local.

Azaña salva el refugio

Entender las circunstancias que rodearon la construcción de este refugio pasa por abordar la realidad que se vivía en Alcalá a mediados de 1936. “La ciudad siempre fue objetivo de bombardeos aéreos. Hubo decenas y decenas de ellos que asolaron a la población civil y provocaron cientos de muertos y heridos”, añade Ruiz Casero. El Ayuntamiento alcalaíno siguió las indicaciones del Gobierno republicano y comenzó la construcción de refugios para la ciudadanía. Gracias a las anotaciones de García Saldaña se sabe que el de la plaza de Cervantes se comenzó a erigir a finales de noviembre de 1937. Según dejó apuntado Lledó, ya estaba terminado para el 16 de octubre del año siguiente.

El refugio tiene unos 38 metros de extremo a extremo y dos de ancho y está compuesto por una sucesión de salas conectadas mediante giros en ángulo recto, un diseño concebido para minimizar los daños en caso de explosión. “Se construyó a cielo abierto y se rellenaron las paredes con los sillares de la Iglesia de Santa María. El techo se hizo de hormigón armado. Costó mucho llevarlo a cabo”, subraya el director de la intervención.

Se refiere a los problemas de financiación que el Ayuntamiento tuvo para materializar el proyecto. Aunque gravó espectáculos teatrales y algunas bebidas alcohólicas, no fue suficiente. Manuel Azaña, alcalaíno y por aquel entonces presidente de la República, donó 25.000 pesetas para su finalización. El coste total alcanzó las 110.000 pesetas, 10.000 de las cuales fueron sufragadas directamente desde las arcas municipales.

Un refugio para la guerra total

La construcción de este escondite en Alcalá no responde al azar, según Pablo Schnell, arqueólogo y experto en fortificaciones de la guerra civil que incide en que la ciudad complutense fue “un objetivo de guerra de primer orden que sufrió unos 200 bombardeos”. La guerra total había llegado a España: “Los refugios eran caros y difíciles de hacer, por eso se alargaban tanto en el tiempo. Era una novedad que los ciudadanos ante una guerra, además de dejar sus trabajos e ir al frente, tuvieran que pagar de su dinero su propia protección, pues se consideraba a la población como objetivo”.

Algunas fuentes con las que trabaja el equipo de Ruiz Casero indican que el refugio ya funcionaba en el verano de 1938, aunque no estaba terminado. “Llegó a tiempo para proteger a los alcalaínos de los últimos grandes bombardeos de la guerra. Todavía estudiamos los archivos para poder aportar una cifra exacta de cuántos”, comenta el experto.

La documentación a la que ya han tenido acceso, entre la que se encuentra el telegrama del Consistorio complutense en el que agradecen a Azaña su donación, recoge que el refugio estaba pensado para un millar de personas. “Serían unas 10 personas por metro cuadrado, lo que es factible pero bastante extremo, y no creo que se alcanzase nada parecido”, apunta el arqueólogo. Schnell, por su parte, precisa que la capacidad media indicada en los manuales era de medio metro cuadrado por persona. “Hay que tener en cuenta el oxígeno que se consume en un ambiente cerrado como ese”, apostilla.

Una vez terminada la contienda, el refugio continuó abierto. Los especialistas han llegado a esta conclusión tras hallar en él restos asociados a niños que se colarían en la posguerra, como canicas y tabas, en el estrato sobre el suelo antes de que se llenara de tierra, escombros y barro. Diversos fueron los intentos para demoler el escondite, cuya existencia suponía una imagen problemática para la dictadura franquista. Ninguno fructificó. En esos años, los fotógrafos del régimen se esmeraron en que no apareciera en sus instantáneas. “En torno a 1944, finalmente consiguen cegar el acceso norte”, remacha Ruiz Casero en referencia a la entrada principal al escondrijo. El acceso sur, por el que entraron los arqueólogos en 2023, quedó accesible hasta los años 70.

La escalinata al altar hecha escalones

Las diferentes campañas de excavación lideradas por Ruiz Casero a lo largo de estos años han llegado a su cénit este 2026. Entre sus hallazgos, uno que les impulsa a continuar con la investigación, lo que a su vez supone un reto. “Los escalones de la parte norte son piedras labradas de la Iglesia de Santa María, de su escalinata al altar mayor. Es una piedra con cierto valor estético y enorme valor histórico para Alcalá, pues se trata de los pocos restos monumentales que quedan de la iglesia”, se explaya el arqueólogo, en alusión a este templo situado a escasos 100 metros del refugio, incendiado el 29 de julio de 1936 y construido, asimismo, con piedra procedente de la ciudad romana de Complutum.

Los trabajos han permitido extraer tres de estos escalones, decorados con una voluta, una especie de pequeña moldura. “En los rellenos hemos encontrado restos descontextualizados de alabastro y estoy convencido de que son piezas que proceden del sepulcro de la familia del Oidor tras realizar un estudio comparativo de los restos originales que tenemos”, añade el especialista. Don Pedro Díaz de Toledo fue el oidor real de Juan II de Castilla que, a principios del siglo XV, mandó construir la Capilla del Oidor como lugar de enterramiento familiar. “Excavando un refugio del siglo XX nos asomamos a la historia de Alcalá desde la Edad Media”, recalca Ruiz Casero.

El reto está en continuar con esta investigación. El techado de esta parte no es de hormigón debido a las sucesivas reformas que ha sufrido la plaza de Cervantes, por lo que en un futuro será necesario abrirlo desde arriba. Esta opción es algo complicada, pues acaban de finalizar unas obras que han retocado la plaza al completo. La otra posibilidad es hacerlo desde abajo, apuntalando el techo.

Objetivo: su apertura al público

Los objetos encontrados ayudan a entender la realidad que ha experimentado el enclave a lo largo de casi un siglo. En un primer estrato, el más moderno, han hallado algunos elementos interesantes para entender la historia local desde los años 70, cuando se cerró el refugio en su totalidad: catálogos antiguos de fiestas y pegatinas de las peñas, publicidad de eventos que se han desarrollado en la plaza en el último medio siglo, monedas, folletos promocionales de vivienda en la ciudad en los años 80 y hasta un Mazinger Z de plástico de los años 70.

La intervención desarrollada este 2026 ha permitido analizar lugares en condiciones anaeróbicas, ya que estaban cubiertos por escombro y barro. Así han podido recuperar del siguiente estrato elementos difícilmente conservables en otros contextos: una participación de la Mutual Complutense de la lotería de Navidad de 1943 y una botellita de aquellos años, que todavía conserva agua en su interior.

El ímprobo trabajo que ha llevado a cabo el equipo de Ruiz Casero y la restauración por parte de Miguel Ángel López Marcos, además de la curaduría del concejal de Patrimonio Histórico de Alcalá, Vicente Pérez Palomar, se ha materializado en una puesta en valor dirigida a su apertura al público. “Los trabajos se encuentran ahora orientados a la musealización del espacio, con el objetivo de abrir el refugio en los próximos meses tanto para visitas técnicas como para visitas guiadas dirigidas al público en general”, ha asegurado el edil a través de una nota remitida por el Consistorio.

El Valle de los Caídos (renombrado como Valle de Cuelgamuros tras la Ley de Memoria Democrática) fue el sueño épico del dictador Francisco Franco. Cerca de Madrid construiría un conjunto monumental de piedra excavado en roca y coronado por un una gran cruz que debía ser el faro del régimen.

Franco ideó un mausoleo como un homenaje a los “héroes y mártires de la Cruzada” que “legaron una España mejor”, como dejó escrito en la orden de creación. Pero el sueño fue pesadilla para miles de familias republicanas (y algunas del bando franquista) que vieron que, de la noche a la mañana, se llevaban los huesos de sus familiares de sus localidades para rellenar los columbarios del Valle, que estaban medio vacíos. “Dependiendo de los enterradores o gobernadores, las cosas llegaron más o menos organizadas al Valle. Hay cajas que se nota que fueron extraídas con cuidado y otras en las que hay hasta restos infantiles, y eso no puede ser de represaliados”, explica la antropóloga Elisa Cabrerizo, que trabaja en el equipo que lleva a cabo las labores de exhumación.

Una carta del ministro de Gobernación fechada en 1958 constató el cambio de rumbo y especificó que se harían las inhumaciones en el Valle “sin distinción del campo en el que combatieran”. En ese momento, se pierde la pista del enterramiento de miles de personas, que fueron sacadas de las fosas de sus pueblos y trasladadas al mausoleo franquista. Es lo que le pasó a la familia Lapeña, que se enteró en 2012 de que sus familiares Ramiro y Manuel no estaban en la fosa donde habían llevado flores durante 60 años, sino en el Valle. Fueron los primeros en lograr que una sentencia obligara a sacar los cuerpos para darles “digna sepultura”. Fue en 2016 y aún no lo han conseguido. Ahora, los familiares (de cuarta generación) están a la espera de un último análisis forense de ADN que confirme si están en las cajas con origen Calatayud que se han recuperado hace unas semanas de la cripta del Santo Sepulcro de la iglesia del Valle.

Con la nueva política de inhumaciones a destajo, el Valle acabó siendo un amasijo de huesos donde reposan españoles del bando franquista (casi todos identificados en cajas y en el registro que llevaban los monjes) y del bando republicano (casi todos sin identificar, en enterramientos comunes sin nombre). En total, restos humanos de 33.833 víctimas trasladadas entre 1959 y 1983, ubicadas en 11.060 cajas que, desde 2023, se están intentando desentrañar y filiar. De momento se ha conseguido devolver los restos de 25 personas a los familiares que los habían reclamado después de analizar 602 cuerpos procedentes de 21 localidades de las que hay solicitudes. El primer exhumado, contra la voluntad de la familia y la extrema derecha, fue el propio Francisco Franco en 2019, dentro del plan de memoria histórica de un recién llegado Pedro Sánchez.

Si hay más de 33.000 cuerpos, ¿por qué se han devuelto solo 25 a sus familias? El equipo que lleva desde junio de 2023 en el Valle (hay adscritos cuatro documentalistas, tres arqueólogos, cuatro antropólogos, cinco forenses y cinco genetistas, según el recuento que aporta el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) atienden las peticiones que llegan de las familias, que hasta el mes de julio han sido 216.

Las criptas de enterramiento están en cuatro niveles en la Capilla del Santo Sepulcro, por la que se empezó hace tres años, y se han ido completando, pero el estado de estas catacumbas es muy hostil.

Como alertaba un informe de Patrimonio Nacional, están llenas de “humedades”, hay “restos completamente desordenados y fuera del columbario”, con un amasijo de “cráneos y pelvis” y, en general, sin identificación de procedencia. Hay zonas donde ya no queda nada, por las humedades o porque ha habido inundaciones. Gran parte del problema reside en que la piedra sobre la que se levantó la basílica es caliza, y por tanto porosa y muy permeable a la humedad.

A esa zona de exhumaciones hay que entrar con traje especial, porque las condiciones son “muy tóxicas”, explica la doctora Cabrerizo. A partir de ahí, se investiga dónde puede estar la persona reclamada, se hacen análisis, se extraen muestras, se documenta todo el proceso para que haya trazabilidad, se compara con el ADN de los familiares que han reclamado los cuerpos y, si coincide, se recogen los restos y se entregan a las familias para que los entierren donde quieran y con dignidad.

“Ha habido un momento clave, que fue el hallazgo de la caja de Aldeaseca, donde estaba enterrado el padre de Fausto Canales [uno de los ciudadanos pioneros de la búsqueda de familiares]. Todo lo que sabíamos de la localización era por una foto de la agencia EFE. Siguiendo esa pista, la encontramos, pese a que no tenía ninguna rotulación. Fue muy emocionante, paramos todos, subimos e hicimos una celebración”, explica Cabrerizo. Junto a Canales, se identificó a otras 11 personas que fueron sacadas de la Casa del Pueblo y fusiladas (una de ellas, mujer) por falangistas en la madrugada del 20 de agosto de 1936.

La titánica labor se emprendió en 2023, al calor de la nueva ley de memoria, que salió adelante con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos, CUP y Junts, y con la abstención de ERC y el BNG. Ante las críticas a la ley o la posición de que reabre heridas, la doctora Elisa Cabrerizo, puntualiza que “la ley de memoria no discrimina, de hecho la última entrega que hemos hecho ha sido de personas del bando sublevado, que vienen en caja individual e identificada. Nosotras, lo que nos piden, lo hacemos. De los 25 restos entregados a las familias, unos 6 ó 7 estaban en el bando franquista”.

Los obstáculos judiciales

Pero si ha habido un obstáculo, además del mal estado de los enterramientos, que ha frustrado la velocidad en las exhumaciones, ese ha sido el judicial. Desde que la primera sentencia de los Lapeña otorgó el 9 de mayo de 2016 el derecho a la exhumación, se han sucedido decenas de recursos judiciales del entorno de la ultraderecha (como Abogados Cristianos) y de asociaciones franquistas para frenar las obras, cualquier resignificación, la exhumación de Franco y de Primo de Rivera y las exhumaciones. El último de estos recursos ha permitido la paralización de las catas para resignificar el Valle, con un proyecto ganador sacado a concurso y que debe explicar lo que fue ese lugar.

“Nadie entiende que se destinen 30 millones de euros en resignificación, que nos hemos enterado de que empezaban las labores por una noticia, y que los hermanos Lapeña aún estén sin enterrar”, critica Eduardo Ranz, abogado de la familia en la denuncia pionera que acabó por reconocer el derecho a exhumación en el Valle hace 10 años. “No es de recibo que exhumen al dictador y José Antonio, y que haya familias esperando y que el gobierno de un país no sea capaz de superar la burocracia”, critica.

El asedio de denuncias, recursos y cautelares fue tal que “2024 fue un año que no pudimos hacer prácticamente ningún trabajo”, lamenta Cabrerizo, que también echa en falta que haya más agilidad en los procesos, un equipo estable y que Patrimonio Nacional vaya “por delante”, para que cuando los técnicos tengan que empezar con un piso esté ya todo listo desde el punto de vista de permisos o burocracia. Ese año en blanco se invirtió en que familiares de víctimas allí enterradas pudieran entrar y visitar las tumbas de sus seres queridos.

Esa visita también la hizo Rosa Gil, nieta del agricultor aragonés Pedro Gil, que luchó con el bando franquista. Murió recién empezada la guerra y dejó una mujer embarazada y un hijo de un año en su pueblo. Ese hijo (el padre de Rosa) le anduvo buscando desde 2010. Ese año, después de una vida de “culpa y tristeza” empezó un camino de reencuentro, a buscar el cuerpo de su padre. “Un día fui al cementerio de Zaragoza y me dijeron que, según los registros, a mi abuelo se lo habían llevado al Valle de los Caídos”, cuenta Rosa. “Cuando anunciaron que iban a exhumar fue una alegría inmensa. Lo malo que aún estamos esperando y la espera se hace muy larga, además de que tenemos miedo de que se derogue la ley si hay cambio de gobierno”. El padre de Rosa le dejó un encargo antes de morir: que cuando consiguiera sacar del Valle a su padre lo enterrara junto a él. De momento, su caja, que creen que está con nombre y enterramiento individual, no ha sido alcanzada: “Se paralizó durante un tiempo porque una nieta pidió que no se hicieran los trabajos”.

Las relaciones con los monjes del Valle que gestionan el complejo han sido muy tensas, sobre todo hasta la marcha del anterior abad, que se opuso a todos los trabajos y la exhumación del dictador. “Al principio entendían que éramos profanadores y no nos trataron bien. Ahora ya nos ven como unos profesionales que hacemos un trabajo legal. Incluso desde el bando sublevado les han hecho peticiones de búsqueda de familiares a ellos y ellos nos lo han trasladado”, cuenta la experta Cabrerizo.

Pero no solo se encuentran restos mortales, también objetos con los que murieron: “Si han muerto en combate hay galones, balas, botas, cinturones, cucharas dobladas... Si son de fosas de represaliados, encontramos abarcas, mecheros de yescas, gafas o tarjetas de ferroviarios”, explica la doctora.

El equipo técnico se va a quedar el tiempo que sea necesario, explican desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, aunque no tienen un horizonte claro: depende del ritmo al que se vayan encontrando los cuerpos reclamados por hijos, nietos y bisnietos de víctimas de la guerra y el franquismo, que llevan 50 años de democracia intentando recuperar a sus familiares de la mayor fosa común de España.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Asociación Manuel Azaña han analizado diversos proyectos relacionados con la localización, identificación y exhumación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como posibles actuaciones futuras que puedan desarrollarse en diferentes localidades de la región.

Así lo han abordado durante una reunión mantenida por el viceconsejero de Relaciones Institucionales, Javier Vicario, con el presidente e investigador de la Asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros, y el responsable de Investigación de la entidad, Ignacio Cabello.

Vicario ha destacado la importancia de “seguir avanzando de la mano de las asociaciones y, especialmente, de las familias que llevan décadas esperando poder localizar e identificar a sus seres queridos”, y ha asegurado que el Gobierno regional “va a continuar colaborando en aquellas actuaciones que permitan recuperar nuestra memoria democrática y dar respuesta a quienes todavía buscan a familiares desaparecidos”.

Trabajos de exhumación en Madridejos (Toledo)

Durante el encuentro, los representantes de la Asociación Manuel Azaña han informado al viceconsejero del estado de los trabajos que se están desarrollando en el cementerio de Madridejos (Toledo), donde el pasado 29 de julio comenzó, a petición de varios familiares de las víctimas, la exhumación de la sepultura 60 del cuadro 13. Esta sepultura procede del traslado de la fosa correspondiente a la denominada Saca 11, integrada por personas fusiladas el 31 de julio de 1939 y enterradas inicialmente en el antiguo cementerio de San Sebastián. A partir del 18 de febrero de 1964, sus restos fueron trasladados por sus familiares a la sepultura 60 del cuadro 13 del nuevo cementerio de Madridejos, por lo que no se trata de la fosa original.

Asimismo, Isabelo Herreros e Ignacio Cabello han presentado los proyectos que la asociación prevé desarrollar próximamente en diferentes localidades de Castilla-La Mancha, a petición de familiares de las víctimas, tanto para la localización como para la identificación y posible exhumación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura.

Durante el encuentro, el viceconsejero de Relaciones Institucionales ha puesto en valor la trayectoria y el trabajo desarrollado por la Asociación Manuel Azaña, fundada en 1993 y con ámbito de actuación nacional, y ha señalado que “la colaboración entre las administraciones públicas, las asociaciones especializadas y las propias familias es fundamental para seguir avanzando en una tarea que tiene que ver con la dignidad, la reparación y el conocimiento de nuestra historia”.

Entre las actuaciones desarrolladas por la entidad se encuentran la exhumación, el pasado año, de dos personas en el municipio de Mesegar de Tajo o la recuperación de 17 cuerpos en el cementerio de Tembleque. Estas intervenciones se han llevado a cabo en el marco de los Planes Cuatrienales de Exhumaciones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y han contado con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Vicario ha reiterado que el Ejecutivo autonómico seguirá trabajando y colaborando para “facilitar que las familias puedan cerrar procesos que en muchos casos llevan abiertos demasiadas décadas y contribuir a preservar una memoria democrática basada en la verdad, la dignidad y la reparación”.

El Ayuntamiento de Sotorribas (Cuenca) ha comenzado esta semana los trabajos de intervención para localizar y exhumar los cuerpos de cuatro hombres ejecutados por arma de fuego el 4 de agosto de 1950 y que fueron enterrados en una fosa común del cementerio municipal de la localidad, según refleja el Mapa de Fosas estatal.

Estas labores, amparados en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, han sido visitadas por la subdelegada del Gobierno de España en Cuenca, María Luz Fernández, junto a la alcaldesa de Sotorribas, Nuria Illana.

María Luz Fernández ha conocido los detalles del proyecto de localización y exhumación que permitirá recuperar una parte de la historia de esos años de represión de la dictadura franquista, “que se intentó ocultar y que debe de aflorar”, porque “la mejor herramienta para que esto nunca vuelva a ocurrir es el conocimiento de nuestra historia y la dignificación de las víctimas”, ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad ha manifestado su satisfacción porque este proyecto haya salido adelante tras muchos años de trabajo, enfatizando que estas labores de exhumación son un compromiso con la historia de este pueblo, y servirán para “dignificar la memoria” de las víctimas y sus familias.

Los trabajos están financiados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática con un importe total de 18.000 euros. El proyecto está liderado por el Ayuntamiento de Sotorribas y está siendo desarrollado por la Asociación Científica ArqueoAntro.

A la visita se han sumado el alcalde de Santa Cruz de Moya, y delegado provincial de Reto Demográfico de la Junta, Virgilio Antón, y la senadora Carmen Torralba, junto con vecinos del municipio de Sotos.

El Gobierno de Navarra ha entregado este lunes a sus familiares los restos de Ramón Bengaray Zabalza, quien fuera presidente del Frente Popular en la comunidad foral y una de las principales figuras republicanas asesinadas por los franquistas en 1936 tras el golpe de Estado. La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, también ha entregado a su familia los restos de Dionisio Gutiérrez Ijalba y Epifanio Osoro Icobalceta otros militantes republicanos represaliados y cuyos cuerpos fueron hallados en fosas en las localidades de Muniáin de Guesálaz y Berriozar.

Ramón Bengaray Zabalza, nacido en Garralda en 1896, fue un destacado dirigente de Izquierda Republicana y presidente del Frente Popular en Navarra. Casado con Ramona Zapatero, con quien tuvo tres hijos, fue músico, periodista y también deportista, llegó a ser directivo del Club Atlético Osasuna en los años treinta. Tras el golpe de estado de julio de 1936, pasó a la clandestinidad hasta que fue descubierto y detenido el 21 de agosto entre Burutáin y Olagüe, hecho que fue reflejado en la prensa navarra. Nada se sabía a partir de ese momento sobre su paradero. 

Pero la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en colaboración con el Instituto Navarro de la Memoria, ha averiguado que fue asesinado en Muniáin de Guesálaz, junto con Dionisio Gutiérrez Ijalba. Ninguno de los dos tiene expediente penitenciario, ni en la Prisión Provincial de la capital navarra, ni en el Fuerte de San Cristóbal.

Dionisio Gutiérrez, natural de Espinal, de 32 años, era mecánico y estaba casado con María Concepción Pérez Martínez, con la que tuvo un hijo. No hay datos precisos en cuanto a su filiación política, más allá de ser republicano e izquierdista y que en su familia hubo más personas represaliadas, como su hermano Zósimo, carabinero, condenado a reclusión perpetua y una sanción de 10.000 ptas., o su hermana Juana, que tuvo que exiliarse en Olorón (Oloron-Sainte-Marie, Bearn francés). Los cuerpos de Bengaray y Gutiérrez fueron exhumados en julio de 2025, aunque en ese momento no había pista alguna sobre su identidad, y los indicios apuntaban a otras personas. Así, el trabajo del laboratorio Nasertic ha sido clave para lograr estas identificaciones, posibles asimismo por el hecho de que familiares de ambos habían donado muestras de ADN para su identificación. 

Por su parte, Epifanio Osoro Icobalceta, natural y vecino de Durango, tenía 22 años, era soltero y mecánico de profesión. Militante de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), había sido condenado por la Audiencia de Valladolid a 5 años, 10 meses y 1 día de presidio mayor. El 1 de noviembre de 1936, Epifanio y 24 presos más fueron asesinados en el Fuerte de San Cristóbal, debido a un poco claro episodio en el que se les acusó de intento de fuga. Sus cuerpos fueron trasladados a los cementerios de Artica (cuatro presos) y de Berriozar (los 21 restantes, entre ellos Epifanio Osoro). Como sus muertes estaban inscritas, se sabía que estaban en estos lugares, pero no exactamente dónde ni en qué condiciones. En marzo de 2022, a partir de un informe aportado por la asociación Txinparta-Fuerte de San Cristóbal al Plan de Exhumaciones del Gobierno de Navarra, el Instituto Navarro de la Memoria abordó, con el equipo técnico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, la exhumación de esta fosa, y recuperó los 21 cuerpos, de los que ya han sido identificados genéticamente cinco. 

Las respectivas familias se harán cargo de los restos de Gutiérrez y Osoro, mientras que los de Bengaray descansarán en el panteón municipal que alberga los restos de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo desaparecidas, exhumadas y no identificadas en fosas de la Comunidad Foral.

Desde 2015, año en que entró en vigor el Plan de Exhumaciones del Gobierno de Navarra, han sido recuperados ya 163 restos mortales en 38 exhumaciones, además de otras 133 prospecciones que no terminaron en exhumación. Por su parte, el Banco público de ADN, que cumple ahora diez años de existencia, cuenta con 439 expedientes, en los que se han obtenido hasta la fecha 50 identificaciones. Esto supone un 31% de éxito hasta la fecha, unos datos muy relevantes en comparación con los que se han venido obteniendo en el pasado. 

Fermín lleva toda la vida buscando a su abuelo José Ferreras, asesinado el 10 de agosto de 1936 en Villoslada de Cameros junto a otros cuatro trabajadores de los pantanos de la zona. Esta última semana de junio de 2026 vio como, por fin, la tierra se abría para buscar sus restos en una de las primeras exhumaciones que se realizan en La Rioja en las últimas dos décadas. Sin embargo, los trabajos no han logrado localizar los cuerpos de estas víctimas en el primer intento. A pesar del revés y de los obstáculos puestos por un técnico municipal, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), promotora de la intervención, asegura que no va a rendirse y que continuará rastreando el terreno hasta encontrar a los cinco represaliados.

La guía fundamental para lograrlo es, además del empeño de los familiares, una cruz de hormigón levantada en el cementerio de San Cayo en homenaje a Ramón Sánchez, una de las cinco víctimas. La colocaron en su día su padre y sus hermanos y allí sigue, marcando el punto exacto donde las actas de defunción sitúan los enterramientos. “Cuando la familia de José Ferreras empezó a investigar el caso y llegó a Villoslada, descubrió que esa cruz recordaba a uno de los chicos que mataron junto a su abuelo”, explica Marco González, responsable de la ARMH, quien lamenta profundamente que el sobrino de Ramón falleciera el pasado mes de enero sin haber podido encontrar a su tío.

En busca de cinco obreros de los pantanos asesinados en 1936

“La cruz es un punto de partida interesante y evidente. Pero una cosa es lo que hay sobre la tierra y otra muy distinta lo que hay debajo”, apunta González. Amparada por una exhaustiva investigación documental, la asociación presentó el proyecto y solicitó la preceptiva licencia. Las víctimas a las que buscan devolver la dignidad son José Caballero Villa, natural de Portugal y vecino de El Rasillo, de unos 35 años; José Ferreras Iglesias, de 49 años, padre de seis hijos, natural de Zamora y residente en Pradillo de Cameros; Valeriano Núñez, de entre 28 y 30 años, vecino de Ortigosa de Cameros; Jacinto Ramírez García, de 21 años, natural de Laguna de Cameros y vecino del barrio de los Molinos de Ortigosa; y el propio Ramón Sánchez, de 23 años, nacido en Lucainena de las Torres (Almería) y con domicilio en Villanueva de Cameros. Todos ellos eran obreros en las obras del pantano de la comarca.

Esta última semana de junio, bajo la intensa ola de calor que ha azotado a La Rioja, un equipo de voluntarios y técnicos desplazados desde diversos puntos del país excavó a mano, y hasta más de metro de profundidad, el rectángulo de terreno previsto bajo la cruz de Ramón de Sánchez. Lo hicieron arropados por la presencia de algunos de los familiares. En esa primera línea de enterramiento aparecieron tres cuerpos bien distanciados y sepultados de forma individual. “A todas luces, enterramientos convencionales”, señala Marco González. No eran los hombres que buscaban. Pero este hallazgo no supone el punto final de la exhumación. “Yo quiero volver, no quiero cerrar esto en falso porque llevamos muchos años trabajando en ello y se lo debemos a las familias”, recalca el investigador.

Detectamos en muchos técnicos que intentan rehuir las exhumaciones o, por lo menos, retrasarlos para que desistamos. Y nosotros no estamos aquí para desistir

Marco González — Responsables de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

“No queremos dejar sin revisar alrededor de esa cruz en la medida de lo posible, y no solo ceñirnos a la superficie que habíamos pedido y que de forma inflexible podíamos analizar ayer”, lamenta el responsable de la ARMH. El compromiso sigue intacto a pesar de los obstáculos con los que se ha topado el colectivo por parte de un técnico municipal. González quiere dejar claro su agradecimiento tanto al Gobierno de La Rioja como al Ayuntamiento de Villoslada por su buena disposición, pero denuncia los trabas con las que se ha topado.

La tramitación de la licencia ya auguraba problemas cuando se les exigió un permiso de obra mayor, “equivalente a construir unos nuevos nichos o hacer una canalización de gas por medio del cementerio”, critica González. Desde la asociación son plenamente conscientes de la complejidad de intervenir en un cementerio y de la sensibilidad de los restos que se manejan. “Detectamos en muchos técnicos y ayuntamientos complicidad y ayuda en estos trabajos; en otros, sin embargo, intentan rehuirlo o, por lo menos, retrasarlos para que desistamos. Y nosotros no estamos aquí para desistir”, advierte, recordando además que la ARMH jamás busca fosas a ciegas, sino siempre a petición expresa de los familiares de los desaparecidos. “No se trata de una tasa por licencia de obra ordinaria, porque esto no es un beneficio para nuestra asociación, sino para las familias que lo solicitan y para el conjunto de la sociedad, porque hablamos de víctimas de la dictadura”.

Tras conseguir el permiso de excavación, las trabas no terminaron ahí. Durante las tareas de campo, marcadas por la dureza del suelo y las altas temperaturas, se dificultó el uso de una miniexcavadora y se denegó la ampliación del perímetro de cata cuando se descubrió que uno de los cuerpos excedía los márgenes permitidos sobre el papel. “La decisión unipersonal del técnico nos obligaba a estar negociando cada centímetro que podíamos picar”, resume González.

“A corazón abierto”

Tras los resultados frustrados de la exhumación, Fermín y el resto de familiares asumieron con entereza que los resultados no iban a ser los esperados. “Sintieron el sinsabor y la decepción lógica, pero también el agradecimiento de verse arropados y de saber con certeza que lo vamos a seguir intentando”. Pese al contratiempo, Marco González prefiere quedarse con el “clima propicio y sanador” que se generó estos días en el cementerio de San Cayo, gracias al apoyo constante de la asociación memorialista La Barranca, de investigadores de la historia de los pantanos, del propio alcalde del municipio y de los vecinos que se acercaban a interesarse por los trabajos. “De eso se trata, de hacer un parlamento aquí”, describe metafóricamente sobre la necesidad de trabajar con transparencia total. “Nosotros trabajamos a puerta abierta en las 320 intervenciones que hemos hecho en este país. A corazón abierto”.

A corazón abierto planifican el regreso a Villoslada. Por ello, la asociación ya prepara la redacción de un nuevo proyecto técnico que amplíe el perímetro alrededor de esa cruz de hormigón que la familia de Ramón Sánchez levantó para honrar su memoria. Noventa años después, esa misma cruz sigue siendo el faro para rescatar del olvido a los cinco trabajadores del pantano.

Tres fueron los objetivos que se marcó el Gobierno para empezar por fin a cambiar el significado del entonces llamado Valle de los Caídos, el mayor símbolo del franquismo: sacar a Franco y a José Antonio Primo de Rivera, exhumar a las víctimas de las criptas y convertir el mausoleo en un lugar de memoria democrática. Han pasado ocho años desde que Pedro Sánchez anunciara su intención de desenterrar al dictador y comenzar la hoja de ruta y, desde entonces, no ha habido ni uno solo de los pasos dados que no haya tenido que enfrentarse a la ofensiva de quienes quieren conservar el monumento tal cual lo dejó la dictadura.

Una maniobra permanente que ha sumado un nuevo capítulo esta semana, con la suspensión de los trabajos previos para las obras de la resignificación del monumento. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado paralizar las labores “de perforación o sondeos” que el Ministerio de Vivienda comenzó el pasado 8 de junio en la zona. Fuentes del Gobierno apuntaron a que las obras como tal aún no se han iniciado, sino que esta es una fase previa para evaluar el terreno de cara a elaborar el proyecto.

El tribunal considera que estos trabajos pueden “causar daños en el conjunto monumental” y estima así el recurso de la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, uno de los grupos antimemorialistas más activos en su oposición a cualquier intento de resignificar Cuelgamuros. El auto hace suyo el argumento de la asociación que afirma que el Valle “goza de la máxima protección” por ser un Bien de Interés Cultural (BIC), algo que no es cierto. Antes del TSJM, el propio Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), término municipal al que pertenece el mausoleo, ya había emitido una resolución para suspender los sondeos, según adelantó El País.

Apenas hicieron falta 24 horas desde que estos comenzaran para que la oposición ultra a la resignificación apareciera en escena. El pasado 9 de junio, solo un día después de que el Ministerio de Vivienda iniciara las labores para hacer el estudio geotécnico previo, la maquinaria apareció vandalizada con pintadas franquistas y contra Pedro Sánchez.

Las campañas de la ultraderecha, bajo el lema “El Valle no se toca”, han sido una constante desde que diera comienzo el concurso para convertir el monumento en un centro de interpretación y, específicamente, desde que el Gobierno pactara el proyecto con la Iglesia. Sectores de ultraderecha como Vox, HazteOir, Abogados Cristianos o la propia Asociación para Reconciliación y la Verdad Histórica llevan desde entonces intentando movilizar a sus bases tras el falso discurso de que el Valle es un lugar de “reconciliación entre españoles”, obviando que se trata de un monumento a la victoria franquista.

Pero en el centro de la ofensiva destaca desde el principio el boicot judicial y administrativo. Antes de la decisión de esta semana del TSJM, Abogados Cristianos ya lo intentó de diferentes formas, entre otras interponiendo recursos contra el acuerdo alcanzado con el Vaticano para cambiar Cuelgamuros. Antes, cuando aún no había proyecto ganador, la organización ultra y un grupo de arquitectos coordinados interpusieron el mismo día un recurso calcado contra el pliego del certamen ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que acabó rechazándolos.

El vaivén de las exhumaciones de víctimas

La estrategia de presentar recursos en cascada por si alguno acaba 'colándose' no era nueva. Es la que también han seguido contra los trabajos para exhumar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que permanecen en las criptas y que sus familiares llevan décadas reclamando. Cuelgamuros es la fosa común más grande del franquismo, en la que hay 33.000 cuerpos, muchos de los cuales eran republicanos allí trasladados sin conocimiento ni consentimiento de sus seres queridos. En 2016 un tribunal dio la razón por primera vez a una familia, la de los hermanos Lapeña, y estableció su derecho a recuperar sus restos.

Tuvieron que pasar varios años de dilación institucional para que comenzaran los trabajos para exhumar e identificar restos, algo que por primera vez ocurrió en julio de 2023 y que todavía continúa. Sin embargo, todo el proceso ha estado marcado por los obstáculos con el objetivo de ralentizar y enmarañar los trabajos en el mayor símbolo de exaltación franquista, donde los represaliados compartieron lugar de enterramiento con su verdugo durante décadas.

La primera de las acciones fue la interposición de una veintena de recursos, muchos de ellos firmados por el mismo abogado que había logrado la paralización de la exhumación de Franco. Una de las objeciones, precisamente la presentada por la misma asociación que ha logrado ahora paralizar los sondeos, logró su objetivo y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid suspendió cautelarmente las obras para evitar lo que la jueza consideró actuaciones “irremediables”. Posteriormente, el TSJM anuló la paralización y el Tribunal Supremo confirmó la vía libre.

Sin embargo, la historia de las exhumaciones ha estado en los dos últimos años salpicada por las suspensiones y reinicios constantes porque paralelamente se iba sucediendo una cadena de intentos de bloqueo cruzados. Unos meses más tarde, la Fundación Nacional Francisco Franco y, de nuevo, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica consiguieron otra vez el freno cautelar al recurrir la licencia de obras.

Otra de las vías la inició Abogados Cristianos, que representaba a una mujer cuya abuela está enterrada en la basílica y aseguraba que los trabajos implicaban “cierto grado de profanación”. El recurso surtió efecto inmediato y la Audiencia Nacional paralizó de forma urgente las labores, pero tras recibir las alegaciones de Patrimonio Nacional ordenó reactivarlas. La última decisión judicial al respecto llegó en marzo de 2025, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió dar luz verde a las exhumaciones y revocar la sentencia que anuló el permiso de obras otorgado por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

Más allá de los sectores ultra, el papel del consistorio madrileño, en manos de la alcaldesa del PP Carlota López Esteban, ha estado en el punto de mira en varias ocasiones. La regidora, de hecho, llegó a declarar en el juzgado tras ser denunciada por las familias de dos víctimas enterradas en Cuelgamuros al considerar que estaba “entorpeciendo” los trabajos. López Esteban llegó a apoyar una moción de Vox para reclamar que el conjunto monumental fuera declarado BIC debido a su “valor turístico y arquitectónico para el municipio”, aseguró.

La ofensiva que intenta mantener intacta la obra de Franco se remonta precisamente al primero de los pasos que dio el Gobierno: su exhumación. Y la maniobra fue la misma. La decisión contó finalmente con el aval del Tribunal Supremo, pero junto a los recursos presentados por la familia del dictador, también hubo una cascada de escritos firmados por asociaciones y particulares que consiguieron que un juez, José Yusty Bastarreche, muy posicionado contra las leyes de memoria, paralizara cautelarmente el proceso.

Una nueva campaña de trabajos en el cementerio de Castuera ha permitido localizar restos óseos de 11 posibles víctimas de la represión franquista, según los resultados preliminares expuestos esta semana en una jornada de puertas abiertas. Los trabajos, iniciados el pasado 11 de mayo, tienen como objetivo la localización y exhumación de fosas clandestinas en este camposanto pacense.

El proyecto está promovido por el Ayuntamiento de Castuera, en colaboración con la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera (AMECADEC), y cuenta con financiación del Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Badajoz.

Durante las dos primeras semanas de intervención, el equipo dirigido por el departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha localizado cinco zanjas longitudinales en las que se han documentado más de 30 enterramientos en ataúd y otros 11 con un patrón irregular. Según han explicado los técnicos, estos últimos presentan inhumaciones sin ataúd, posturas forzadas y la presencia de evidencias materiales como cucharas, alambres, lápices y otros elementos asociados a la vestimenta.

Entre los hallazgos destaca el denominado enterramiento número 9, en el que se observa la inhumación simultánea de un individuo adulto y otro infantil, este último de menos de diez años según las estimaciones preliminares. El individuo adulto, colocado en decúbito supino, presenta cerca de la región pélvica izquierda un dedal y un conjunto de botones, mientras que sobre la parte derecha del esqueleto se ha constatado la presencia del menor, en posición lateral.

La investigación histórica ha localizado documentación que podría relacionar estos restos con una supuesta huida de la cárcel de una mujer y su hijo de nueve años, asesinados “a consecuencia de disparos de arma de fuego” en agosto de 1941.

Los trabajos continúan abiertos y las fases posteriores permitirán obtener nuevos datos para avanzar en el proceso de identificación de los restos localizados. 

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha nuevas actuaciones de exhumación de víctimas de la represión franquista en los cementerios de Cáceres capital y Conquista de la Sierra, un proceso que se enmarca en el convenio firmado este martes con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la asociación memorialista AMECECA.

El acuerdo cuenta con una financiación inicial de 100.000 euros procedente de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y permitirá desarrollar trabajos de investigación, localización, excavación y recuperación de restos humanos en ambas localizaciones.

El proyecto estará dirigido por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, entidad especializada en exhumaciones y análisis forense, que coordinará las distintas fases técnicas del proceso, desde la prospección arqueológica hasta los estudios antropológicos.

Las actuaciones incluyen además la realización de análisis genéticos para la identificación de los restos, con la participación de familiares de las víctimas en la toma de muestras, lo que permitirá avanzar en la posible restitución de identidades.

En el caso del cementerio de Cáceres, las estimaciones apuntan a la posible localización de hasta 300 cuerpos, mientras que en el municipio cacereño de Conquista de la Sierra se calcula que podrían hallarse alrededor de 15 víctimas en las fosas previstas.

Desde Aranzadi se prevé iniciar los trabajos en Conquista de la Sierra en los próximos meses, con una primera fase de localización de fosas; mientras que en el cementerio de Cáceres el comienzo de las intervenciones está previsto posteriormente, una vez obtenidas las autorizaciones administrativas.

La asociación AMECECA colaborará en el proceso mediante el acompañamiento a familiares, así como en labores de divulgación y sensibilización sobre la memoria democrática y la represión sufrida durante la Guerra Civil y la dictadura.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha subrayado el compromiso institucional con la recuperación de la memoria histórica y ha defendido la necesidad de continuar con estos trabajos “hasta poder dar sepultura digna a las víctimas”, en un proceso que, según ha señalado, busca también ofrecer respuestas a las familias que llevan décadas esperando.

La Diputación de Cáceres firmará el 26 de mayo un convenio con la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA) y la Sociedad de Ciencias Aranzadi para intervenir en la fosa del cementerio de la capital cacereña, donde se prevé exhumar hasta 300 cuerpos, dentro de las actuaciones para la recuperación e identificación de víctimas de la represión franquista, ha anunciado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales.

No obstante, la Sociedad de Ciencias Aranzadi ya dispone de una subvención inicial de la Diputación de Cáceres de 100.000 euros para la intervención (aprobada en el último pleno), que busca identificar a las víctimas mediante pruebas de ADN en coordinación con familiares y AMECECA.

Morales ha informado también de que este sábado se retomará la cuarta fase de los trabajos de exhumación en la mina La Paloma, en la localidad de Zarza la Mayor, una de las intervenciones más destacadas que se desarrollan actualmente en la provincia en materia de recuperación de restos de personas asesinadas durante el franquismo.

Asimismo, continúan las actuaciones para localizar y recuperar cuerpos en las inmediaciones de la caseta de peón caminero de la carretera N-V, en el camino de Arroyo Molino, dentro del término municipal de Almoharín. También siguen las intervenciones en el cementerio municipal de Villamesías.

El presidente provincial ha señalado que estas actuaciones forman parte del “compromiso” de la Diputación de Cáceres con la “dignificación de las víctimas represaliadas por motivos políticos, ideológicos o sociales y con el derecho de las familias a conocer el paradero de sus allegados desaparecidos”.

III Premio de Memoria Histórica y Democrática Conchita Viera

Morales ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la III edición del Premio de Memoria Histórica y Democrática Conchita Viera, impulsado por el Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Cáceres para reconocer trayectorias, investigaciones y proyectos vinculados a la defensa de la memoria democrática.

El fallo del premio se dará a conocer el 21 de mayo, en una gala que se celebrará en el Complejo Cultural San Francisco y que estará conducida por la periodista y escritora Nieves Concostrina.

El acto contará, además, con la actuación del cantante Juan Valderrama y la participación de alumnado del Conservatorio Elemental de Danza “El Brocense” y de la Banda Sinfónica Provincial de Cáceres.

El galardón lleva el nombre de Conchita Viera, vecina de Valencia de Alcántara convertida en símbolo de la lucha por la recuperación de la memoria democrática tras dedicar gran parte de su vida a buscar los restos de su padre, Amado Viera, asesinado en 1936 por el franquismo.

El jurado de esta tercera edición está integrado por especialistas en ámbitos como la historia contemporánea, la antropología forense, el derecho constitucional y los derechos humanos.

La presidencia recae en Laura Muñoz Encinar, arqueóloga y antropóloga forense especializada en procesos represivos de regímenes totalitarios y fascistas del siglo XX e investigadora del INCIPIT-CSIC.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha hecho entrega este jueves de los restos de Eustasio Herance Martín, identificados genéticamente, a sus descendientes en el Cementerio municipal de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real).

La exhumación había sido solicitada por una sobrina y un sobrino de Eustasio, cuyo deseo era el de trasladar sus restos a Puebla de Don Rodrigo, su localidad de origen y la de su familia.

Un jornalero republicano

Eustasio era un jornalero de ideas republicanas. Fue detenido por primera vez el 24 de marzo de 1939 y llevado a declarar como investigado el 5 de junio de 1941 junto a un grupo de vecinos de Puebla de Don Rodrigo a los que acusaban de colaborar con la guerrilla antifranquista de la zona.

Todo el proceso de su juicio sumarísimo y sus testificaciones fueron recogidas en la causa 4541/41 de la Plaza de Almadén del Fondo de Ciudad Real. El juicio es sobreseído para todos los detenidos y, en el caso de Eustasio, sobreseído finalmente por su defunción en la Cárcel de Almadén. El día de su muerte, el 17 de octubre de 1942, tenía 21 años. Era soltero.

El padre de Eustasio también fue uno de los centenares de represaliados de la provincia de Ciudad Real. Pedro Herance Martínez de 52 años, alguacil de Puebla de Don Rodrigo fue fusilado e inhumado en el cementerio de Ciudad Real el 28 de enero de 1943.

Los trabajos de exhumación fueron llevados a cabo por un grupo de voluntarios y voluntarias de la ARMH, dirigidos por el arqueólogo Serxio Castro, y los restos fueron analizados en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León por el antropólogo forense Gonçalo Nuno Carnim.

Después de varios intentos de identificación genética de los restos, debido al mal estado de conservación de estos, el pasado mes de marzo, el laboratorio Labgenetics remitió a la ARMH el informe con la identificación genética de Eustasio Herance de manera científica.