La nueva campaña de excavación y exhumación de fosas comunes en el cementerio municipal de Bodonal de la Sierra (Badajoz) ha permitido recuperar hasta el momento los restos de diez víctimas de la represión franquista. La actuación, iniciada a lo largo del mes de agosto, cuenta con la financiación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el ayuntamiento de la localidad, además de la colaboración de la Asociación Cultural La Corujá.

Los trabajos, dirigidos por los arqueólogos Adriana Martín López y Félix Bizarro Carmona junto a un equipo multidisciplinar de antropología forense e investigación histórica, retoman la intervención iniciada en el verano de 2025. En aquella primera fase se logró exhumar una fosa con tres individuos masculinos que presentaban signos de muerte violenta, mientras que dos depósitos más quedaron parcialmente delimitados a la espera de ampliar el área de excavación.

En las últimas semanas, los especialistas han completado la exhumación de esas dos fosas pendientes, de las que se han extraído los restos de nueve personas. El equipo técnico ha documentado un alto grado de alteración en ambos depósitos debido a la apertura, en fechas posteriores, de enterramientos normalizados que desplazaron parte de las estructuras óseas, lo que ha exigido una labor minuciosa para reconstruir la posición original de las víctimas.

De forma paralela, la apertura de un nuevo sondeo ha permitido hallar un enterramiento individual que albergaba el cuerpo de una décima persona con evidencias directas de ejecución. Los restos carecían de ataúd y conservaban un proyectil alojado en el interior de la cavidad craneal.

Las labores de campo continuarán desarrollándose hasta la primera semana de septiembre mientras avanzan los estudios antropológicos y documentales. Por este motivo, el equipo ha hecho un llamamiento a los familiares de personas desaparecidas o represaliadas en Bodonal de la Sierra para que aporten testimonios, documentación e información genética que ayude a la identificación de las víctimas, pudiendo acudir directamente al cementerio o ponerse en contacto con el ayuntamiento.

Las caras de extrañeza que en diciembre de 2023 se paseaban por la plaza de Cervantes de Alcalá de Henares han mutado a miradas de asombro y asentimiento. Hace ya casi tres años que un equipo de arqueólogos comenzó a desenterrar el refugio antiaéreo más grande de la ciudad complutense, utilizado durante la Guerra Civil que con tanta dureza golpeó a esta localidad y que ahora se prepara para su apertura al público.

La intervención deja varios hitos históricos tras de sí: la piedra que se utilizó para este enclave subterráneo procedía de las ruinas de la cercana Iglesia de Santa María la Mayor, donde se ubicaba la pila bautismal del ilustre escritor que da nombre a la plaza, Miguel de Cervantes, y la escalera de la entrada norte está formada por la escalinata del altar mayor del templo junto a restos del sepulcro de la familia del Oidor. “Excavar aquí es remontarnos hasta el siglo XV”, introduce Luis Antonio Ruiz Casero, director de los trabajos arqueológicos.

Poco se sabía de este cobijo construido entre 1937 y 1938. Las habladurías alcalaínas lo situaban bajo el quiosco de la música que preside la parte sur de la plaza de Cervantes, pero se equivocaban. “Mucha gente mayor aseguraba haberlo conocido, pero esa memoria estaba algo distorsionada”, comenta Pilar Lledó, historiadora local especializada en la Guerra Civil y la primera persona en abordar la existencia del refugio hace casi tres décadas.

Esa misma memoria no se diluyó en 2023, cuando Ruiz Casero y su equipo de la empresa Audema escucharon cómo varios vecinos les alertaban de que estaban excavando en la zona errónea. Sin embargo, estaban en lo correcto. “Nos guiamos por una evidencia arqueológica, una fotografía tomada por la aviación de la Legión Cóndor hacia el final de la contienda, cuando ya estaba terminado el refugio, y que descubrió nuestro compañero Julián Dueñas”, afirma el arqueólogo. José García Saldaña, cronista oficial de la ciudad ya fallecido, también dejó un documento gráfico: hizo un croquis del refugio y lo publicó junto a algunas anotaciones en 1994, en El Puerta de Madrid, un veterano medio local.

Azaña salva el refugio

Entender las circunstancias que rodearon la construcción de este refugio pasa por abordar la realidad que se vivía en Alcalá a mediados de 1936. “La ciudad siempre fue objetivo de bombardeos aéreos. Hubo decenas y decenas de ellos que asolaron a la población civil y provocaron cientos de muertos y heridos”, añade Ruiz Casero. El Ayuntamiento alcalaíno siguió las indicaciones del Gobierno republicano y comenzó la construcción de refugios para la ciudadanía. Gracias a las anotaciones de García Saldaña se sabe que el de la plaza de Cervantes se comenzó a erigir a finales de noviembre de 1937. Según dejó apuntado Lledó, ya estaba terminado para el 16 de octubre del año siguiente.

El refugio tiene unos 38 metros de extremo a extremo y dos de ancho y está compuesto por una sucesión de salas conectadas mediante giros en ángulo recto, un diseño concebido para minimizar los daños en caso de explosión. “Se construyó a cielo abierto y se rellenaron las paredes con los sillares de la Iglesia de Santa María. El techo se hizo de hormigón armado. Costó mucho llevarlo a cabo”, subraya el director de la intervención.

Se refiere a los problemas de financiación que el Ayuntamiento tuvo para materializar el proyecto. Aunque gravó espectáculos teatrales y algunas bebidas alcohólicas, no fue suficiente. Manuel Azaña, alcalaíno y por aquel entonces presidente de la República, donó 25.000 pesetas para su finalización. El coste total alcanzó las 110.000 pesetas, 10.000 de las cuales fueron sufragadas directamente desde las arcas municipales.

Un refugio para la guerra total

La construcción de este escondite en Alcalá no responde al azar, según Pablo Schnell, arqueólogo y experto en fortificaciones de la guerra civil que incide en que la ciudad complutense fue “un objetivo de guerra de primer orden que sufrió unos 200 bombardeos”. La guerra total había llegado a España: “Los refugios eran caros y difíciles de hacer, por eso se alargaban tanto en el tiempo. Era una novedad que los ciudadanos ante una guerra, además de dejar sus trabajos e ir al frente, tuvieran que pagar de su dinero su propia protección, pues se consideraba a la población como objetivo”.

Algunas fuentes con las que trabaja el equipo de Ruiz Casero indican que el refugio ya funcionaba en el verano de 1938, aunque no estaba terminado. “Llegó a tiempo para proteger a los alcalaínos de los últimos grandes bombardeos de la guerra. Todavía estudiamos los archivos para poder aportar una cifra exacta de cuántos”, comenta el experto.

La documentación a la que ya han tenido acceso, entre la que se encuentra el telegrama del Consistorio complutense en el que agradecen a Azaña su donación, recoge que el refugio estaba pensado para un millar de personas. “Serían unas 10 personas por metro cuadrado, lo que es factible pero bastante extremo, y no creo que se alcanzase nada parecido”, apunta el arqueólogo. Schnell, por su parte, precisa que la capacidad media indicada en los manuales era de medio metro cuadrado por persona. “Hay que tener en cuenta el oxígeno que se consume en un ambiente cerrado como ese”, apostilla.

Una vez terminada la contienda, el refugio continuó abierto. Los especialistas han llegado a esta conclusión tras hallar en él restos asociados a niños que se colarían en la posguerra, como canicas y tabas, en el estrato sobre el suelo antes de que se llenara de tierra, escombros y barro. Diversos fueron los intentos para demoler el escondite, cuya existencia suponía una imagen problemática para la dictadura franquista. Ninguno fructificó. En esos años, los fotógrafos del régimen se esmeraron en que no apareciera en sus instantáneas. “En torno a 1944, finalmente consiguen cegar el acceso norte”, remacha Ruiz Casero en referencia a la entrada principal al escondrijo. El acceso sur, por el que entraron los arqueólogos en 2023, quedó accesible hasta los años 70.

La escalinata al altar hecha escalones

Las diferentes campañas de excavación lideradas por Ruiz Casero a lo largo de estos años han llegado a su cénit este 2026. Entre sus hallazgos, uno que les impulsa a continuar con la investigación, lo que a su vez supone un reto. “Los escalones de la parte norte son piedras labradas de la Iglesia de Santa María, de su escalinata al altar mayor. Es una piedra con cierto valor estético y enorme valor histórico para Alcalá, pues se trata de los pocos restos monumentales que quedan de la iglesia”, se explaya el arqueólogo, en alusión a este templo situado a escasos 100 metros del refugio, incendiado el 29 de julio de 1936 y construido, asimismo, con piedra procedente de la ciudad romana de Complutum.

Los trabajos han permitido extraer tres de estos escalones, decorados con una voluta, una especie de pequeña moldura. “En los rellenos hemos encontrado restos descontextualizados de alabastro y estoy convencido de que son piezas que proceden del sepulcro de la familia del Oidor tras realizar un estudio comparativo de los restos originales que tenemos”, añade el especialista. Don Pedro Díaz de Toledo fue el oidor real de Juan II de Castilla que, a principios del siglo XV, mandó construir la Capilla del Oidor como lugar de enterramiento familiar. “Excavando un refugio del siglo XX nos asomamos a la historia de Alcalá desde la Edad Media”, recalca Ruiz Casero.

El reto está en continuar con esta investigación. El techado de esta parte no es de hormigón debido a las sucesivas reformas que ha sufrido la plaza de Cervantes, por lo que en un futuro será necesario abrirlo desde arriba. Esta opción es algo complicada, pues acaban de finalizar unas obras que han retocado la plaza al completo. La otra posibilidad es hacerlo desde abajo, apuntalando el techo.

Objetivo: su apertura al público

Los objetos encontrados ayudan a entender la realidad que ha experimentado el enclave a lo largo de casi un siglo. En un primer estrato, el más moderno, han hallado algunos elementos interesantes para entender la historia local desde los años 70, cuando se cerró el refugio en su totalidad: catálogos antiguos de fiestas y pegatinas de las peñas, publicidad de eventos que se han desarrollado en la plaza en el último medio siglo, monedas, folletos promocionales de vivienda en la ciudad en los años 80 y hasta un Mazinger Z de plástico de los años 70.

La intervención desarrollada este 2026 ha permitido analizar lugares en condiciones anaeróbicas, ya que estaban cubiertos por escombro y barro. Así han podido recuperar del siguiente estrato elementos difícilmente conservables en otros contextos: una participación de la Mutual Complutense de la lotería de Navidad de 1943 y una botellita de aquellos años, que todavía conserva agua en su interior.

El ímprobo trabajo que ha llevado a cabo el equipo de Ruiz Casero y la restauración por parte de Miguel Ángel López Marcos, además de la curaduría del concejal de Patrimonio Histórico de Alcalá, Vicente Pérez Palomar, se ha materializado en una puesta en valor dirigida a su apertura al público. “Los trabajos se encuentran ahora orientados a la musealización del espacio, con el objetivo de abrir el refugio en los próximos meses tanto para visitas técnicas como para visitas guiadas dirigidas al público en general”, ha asegurado el edil a través de una nota remitida por el Consistorio.

El Valle de los Caídos (renombrado como Valle de Cuelgamuros tras la Ley de Memoria Democrática) fue el sueño épico del dictador Francisco Franco. Cerca de Madrid construiría un conjunto monumental de piedra excavado en roca y coronado por un una gran cruz que debía ser el faro del régimen.

Franco ideó un mausoleo como un homenaje a los “héroes y mártires de la Cruzada” que “legaron una España mejor”, como dejó escrito en la orden de creación. Pero el sueño fue pesadilla para miles de familias republicanas (y algunas del bando franquista) que vieron que, de la noche a la mañana, se llevaban los huesos de sus familiares de sus localidades para rellenar los columbarios del Valle, que estaban medio vacíos. “Dependiendo de los enterradores o gobernadores, las cosas llegaron más o menos organizadas al Valle. Hay cajas que se nota que fueron extraídas con cuidado y otras en las que hay hasta restos infantiles, y eso no puede ser de represaliados”, explica la antropóloga Elisa Cabrerizo, que trabaja en el equipo que lleva a cabo las labores de exhumación.

Una carta del ministro de Gobernación fechada en 1958 constató el cambio de rumbo y especificó que se harían las inhumaciones en el Valle “sin distinción del campo en el que combatieran”. En ese momento, se pierde la pista del enterramiento de miles de personas, que fueron sacadas de las fosas de sus pueblos y trasladadas al mausoleo franquista. Es lo que le pasó a la familia Lapeña, que se enteró en 2012 de que sus familiares Ramiro y Manuel no estaban en la fosa donde habían llevado flores durante 60 años, sino en el Valle. Fueron los primeros en lograr que una sentencia obligara a sacar los cuerpos para darles “digna sepultura”. Fue en 2016 y aún no lo han conseguido. Ahora, los familiares (de cuarta generación) están a la espera de un último análisis forense de ADN que confirme si están en las cajas con origen Calatayud que se han recuperado hace unas semanas de la cripta del Santo Sepulcro de la iglesia del Valle.

Con la nueva política de inhumaciones a destajo, el Valle acabó siendo un amasijo de huesos donde reposan españoles del bando franquista (casi todos identificados en cajas y en el registro que llevaban los monjes) y del bando republicano (casi todos sin identificar, en enterramientos comunes sin nombre). En total, restos humanos de 33.833 víctimas trasladadas entre 1959 y 1983, ubicadas en 11.060 cajas que, desde 2023, se están intentando desentrañar y filiar. De momento se ha conseguido devolver los restos de 25 personas a los familiares que los habían reclamado después de analizar 602 cuerpos procedentes de 21 localidades de las que hay solicitudes. El primer exhumado, contra la voluntad de la familia y la extrema derecha, fue el propio Francisco Franco en 2019, dentro del plan de memoria histórica de un recién llegado Pedro Sánchez.

Si hay más de 33.000 cuerpos, ¿por qué se han devuelto solo 25 a sus familias? El equipo que lleva desde junio de 2023 en el Valle (hay adscritos cuatro documentalistas, tres arqueólogos, cuatro antropólogos, cinco forenses y cinco genetistas, según el recuento que aporta el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) atienden las peticiones que llegan de las familias, que hasta el mes de julio han sido 216.

Las criptas de enterramiento están en cuatro niveles en la Capilla del Santo Sepulcro, por la que se empezó hace tres años, y se han ido completando, pero el estado de estas catacumbas es muy hostil.

Como alertaba un informe de Patrimonio Nacional, están llenas de “humedades”, hay “restos completamente desordenados y fuera del columbario”, con un amasijo de “cráneos y pelvis” y, en general, sin identificación de procedencia. Hay zonas donde ya no queda nada, por las humedades o porque ha habido inundaciones. Gran parte del problema reside en que la piedra sobre la que se levantó la basílica es caliza, y por tanto porosa y muy permeable a la humedad.

A esa zona de exhumaciones hay que entrar con traje especial, porque las condiciones son “muy tóxicas”, explica la doctora Cabrerizo. A partir de ahí, se investiga dónde puede estar la persona reclamada, se hacen análisis, se extraen muestras, se documenta todo el proceso para que haya trazabilidad, se compara con el ADN de los familiares que han reclamado los cuerpos y, si coincide, se recogen los restos y se entregan a las familias para que los entierren donde quieran y con dignidad.

“Ha habido un momento clave, que fue el hallazgo de la caja de Aldeaseca, donde estaba enterrado el padre de Fausto Canales [uno de los ciudadanos pioneros de la búsqueda de familiares]. Todo lo que sabíamos de la localización era por una foto de la agencia EFE. Siguiendo esa pista, la encontramos, pese a que no tenía ninguna rotulación. Fue muy emocionante, paramos todos, subimos e hicimos una celebración”, explica Cabrerizo. Junto a Canales, se identificó a otras 11 personas que fueron sacadas de la Casa del Pueblo y fusiladas (una de ellas, mujer) por falangistas en la madrugada del 20 de agosto de 1936.

La titánica labor se emprendió en 2023, al calor de la nueva ley de memoria, que salió adelante con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos, CUP y Junts, y con la abstención de ERC y el BNG. Ante las críticas a la ley o la posición de que reabre heridas, la doctora Elisa Cabrerizo, puntualiza que “la ley de memoria no discrimina, de hecho la última entrega que hemos hecho ha sido de personas del bando sublevado, que vienen en caja individual e identificada. Nosotras, lo que nos piden, lo hacemos. De los 25 restos entregados a las familias, unos 6 ó 7 estaban en el bando franquista”.

Los obstáculos judiciales

Pero si ha habido un obstáculo, además del mal estado de los enterramientos, que ha frustrado la velocidad en las exhumaciones, ese ha sido el judicial. Desde que la primera sentencia de los Lapeña otorgó el 9 de mayo de 2016 el derecho a la exhumación, se han sucedido decenas de recursos judiciales del entorno de la ultraderecha (como Abogados Cristianos) y de asociaciones franquistas para frenar las obras, cualquier resignificación, la exhumación de Franco y de Primo de Rivera y las exhumaciones. El último de estos recursos ha permitido la paralización de las catas para resignificar el Valle, con un proyecto ganador sacado a concurso y que debe explicar lo que fue ese lugar.

“Nadie entiende que se destinen 30 millones de euros en resignificación, que nos hemos enterado de que empezaban las labores por una noticia, y que los hermanos Lapeña aún estén sin enterrar”, critica Eduardo Ranz, abogado de la familia en la denuncia pionera que acabó por reconocer el derecho a exhumación en el Valle hace 10 años. “No es de recibo que exhumen al dictador y José Antonio, y que haya familias esperando y que el gobierno de un país no sea capaz de superar la burocracia”, critica.

El asedio de denuncias, recursos y cautelares fue tal que “2024 fue un año que no pudimos hacer prácticamente ningún trabajo”, lamenta Cabrerizo, que también echa en falta que haya más agilidad en los procesos, un equipo estable y que Patrimonio Nacional vaya “por delante”, para que cuando los técnicos tengan que empezar con un piso esté ya todo listo desde el punto de vista de permisos o burocracia. Ese año en blanco se invirtió en que familiares de víctimas allí enterradas pudieran entrar y visitar las tumbas de sus seres queridos.

Esa visita también la hizo Rosa Gil, nieta del agricultor aragonés Pedro Gil, que luchó con el bando franquista. Murió recién empezada la guerra y dejó una mujer embarazada y un hijo de un año en su pueblo. Ese hijo (el padre de Rosa) le anduvo buscando desde 2010. Ese año, después de una vida de “culpa y tristeza” empezó un camino de reencuentro, a buscar el cuerpo de su padre. “Un día fui al cementerio de Zaragoza y me dijeron que, según los registros, a mi abuelo se lo habían llevado al Valle de los Caídos”, cuenta Rosa. “Cuando anunciaron que iban a exhumar fue una alegría inmensa. Lo malo que aún estamos esperando y la espera se hace muy larga, además de que tenemos miedo de que se derogue la ley si hay cambio de gobierno”. El padre de Rosa le dejó un encargo antes de morir: que cuando consiguiera sacar del Valle a su padre lo enterrara junto a él. De momento, su caja, que creen que está con nombre y enterramiento individual, no ha sido alcanzada: “Se paralizó durante un tiempo porque una nieta pidió que no se hicieran los trabajos”.

Las relaciones con los monjes del Valle que gestionan el complejo han sido muy tensas, sobre todo hasta la marcha del anterior abad, que se opuso a todos los trabajos y la exhumación del dictador. “Al principio entendían que éramos profanadores y no nos trataron bien. Ahora ya nos ven como unos profesionales que hacemos un trabajo legal. Incluso desde el bando sublevado les han hecho peticiones de búsqueda de familiares a ellos y ellos nos lo han trasladado”, cuenta la experta Cabrerizo.

Pero no solo se encuentran restos mortales, también objetos con los que murieron: “Si han muerto en combate hay galones, balas, botas, cinturones, cucharas dobladas... Si son de fosas de represaliados, encontramos abarcas, mecheros de yescas, gafas o tarjetas de ferroviarios”, explica la doctora.

El equipo técnico se va a quedar el tiempo que sea necesario, explican desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, aunque no tienen un horizonte claro: depende del ritmo al que se vayan encontrando los cuerpos reclamados por hijos, nietos y bisnietos de víctimas de la guerra y el franquismo, que llevan 50 años de democracia intentando recuperar a sus familiares de la mayor fosa común de España.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Asociación Manuel Azaña han analizado diversos proyectos relacionados con la localización, identificación y exhumación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como posibles actuaciones futuras que puedan desarrollarse en diferentes localidades de la región.

Así lo han abordado durante una reunión mantenida por el viceconsejero de Relaciones Institucionales, Javier Vicario, con el presidente e investigador de la Asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros, y el responsable de Investigación de la entidad, Ignacio Cabello.

Vicario ha destacado la importancia de “seguir avanzando de la mano de las asociaciones y, especialmente, de las familias que llevan décadas esperando poder localizar e identificar a sus seres queridos”, y ha asegurado que el Gobierno regional “va a continuar colaborando en aquellas actuaciones que permitan recuperar nuestra memoria democrática y dar respuesta a quienes todavía buscan a familiares desaparecidos”.

Trabajos de exhumación en Madridejos (Toledo)

Durante el encuentro, los representantes de la Asociación Manuel Azaña han informado al viceconsejero del estado de los trabajos que se están desarrollando en el cementerio de Madridejos (Toledo), donde el pasado 29 de julio comenzó, a petición de varios familiares de las víctimas, la exhumación de la sepultura 60 del cuadro 13. Esta sepultura procede del traslado de la fosa correspondiente a la denominada Saca 11, integrada por personas fusiladas el 31 de julio de 1939 y enterradas inicialmente en el antiguo cementerio de San Sebastián. A partir del 18 de febrero de 1964, sus restos fueron trasladados por sus familiares a la sepultura 60 del cuadro 13 del nuevo cementerio de Madridejos, por lo que no se trata de la fosa original.

Asimismo, Isabelo Herreros e Ignacio Cabello han presentado los proyectos que la asociación prevé desarrollar próximamente en diferentes localidades de Castilla-La Mancha, a petición de familiares de las víctimas, tanto para la localización como para la identificación y posible exhumación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura.

Durante el encuentro, el viceconsejero de Relaciones Institucionales ha puesto en valor la trayectoria y el trabajo desarrollado por la Asociación Manuel Azaña, fundada en 1993 y con ámbito de actuación nacional, y ha señalado que “la colaboración entre las administraciones públicas, las asociaciones especializadas y las propias familias es fundamental para seguir avanzando en una tarea que tiene que ver con la dignidad, la reparación y el conocimiento de nuestra historia”.

Entre las actuaciones desarrolladas por la entidad se encuentran la exhumación, el pasado año, de dos personas en el municipio de Mesegar de Tajo o la recuperación de 17 cuerpos en el cementerio de Tembleque. Estas intervenciones se han llevado a cabo en el marco de los Planes Cuatrienales de Exhumaciones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y han contado con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Vicario ha reiterado que el Ejecutivo autonómico seguirá trabajando y colaborando para “facilitar que las familias puedan cerrar procesos que en muchos casos llevan abiertos demasiadas décadas y contribuir a preservar una memoria democrática basada en la verdad, la dignidad y la reparación”.

El Ayuntamiento de Sotorribas (Cuenca) ha comenzado esta semana los trabajos de intervención para localizar y exhumar los cuerpos de cuatro hombres ejecutados por arma de fuego el 4 de agosto de 1950 y que fueron enterrados en una fosa común del cementerio municipal de la localidad, según refleja el Mapa de Fosas estatal.

Estas labores, amparados en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, han sido visitadas por la subdelegada del Gobierno de España en Cuenca, María Luz Fernández, junto a la alcaldesa de Sotorribas, Nuria Illana.

María Luz Fernández ha conocido los detalles del proyecto de localización y exhumación que permitirá recuperar una parte de la historia de esos años de represión de la dictadura franquista, “que se intentó ocultar y que debe de aflorar”, porque “la mejor herramienta para que esto nunca vuelva a ocurrir es el conocimiento de nuestra historia y la dignificación de las víctimas”, ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad ha manifestado su satisfacción porque este proyecto haya salido adelante tras muchos años de trabajo, enfatizando que estas labores de exhumación son un compromiso con la historia de este pueblo, y servirán para “dignificar la memoria” de las víctimas y sus familias.

Los trabajos están financiados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática con un importe total de 18.000 euros. El proyecto está liderado por el Ayuntamiento de Sotorribas y está siendo desarrollado por la Asociación Científica ArqueoAntro.

A la visita se han sumado el alcalde de Santa Cruz de Moya, y delegado provincial de Reto Demográfico de la Junta, Virgilio Antón, y la senadora Carmen Torralba, junto con vecinos del municipio de Sotos.

El Gobierno de Navarra ha entregado este lunes a sus familiares los restos de Ramón Bengaray Zabalza, quien fuera presidente del Frente Popular en la comunidad foral y una de las principales figuras republicanas asesinadas por los franquistas en 1936 tras el golpe de Estado. La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, también ha entregado a su familia los restos de Dionisio Gutiérrez Ijalba y Epifanio Osoro Icobalceta otros militantes republicanos represaliados y cuyos cuerpos fueron hallados en fosas en las localidades de Muniáin de Guesálaz y Berriozar.

Ramón Bengaray Zabalza, nacido en Garralda en 1896, fue un destacado dirigente de Izquierda Republicana y presidente del Frente Popular en Navarra. Casado con Ramona Zapatero, con quien tuvo tres hijos, fue músico, periodista y también deportista, llegó a ser directivo del Club Atlético Osasuna en los años treinta. Tras el golpe de estado de julio de 1936, pasó a la clandestinidad hasta que fue descubierto y detenido el 21 de agosto entre Burutáin y Olagüe, hecho que fue reflejado en la prensa navarra. Nada se sabía a partir de ese momento sobre su paradero. 

Pero la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en colaboración con el Instituto Navarro de la Memoria, ha averiguado que fue asesinado en Muniáin de Guesálaz, junto con Dionisio Gutiérrez Ijalba. Ninguno de los dos tiene expediente penitenciario, ni en la Prisión Provincial de la capital navarra, ni en el Fuerte de San Cristóbal.

Dionisio Gutiérrez, natural de Espinal, de 32 años, era mecánico y estaba casado con María Concepción Pérez Martínez, con la que tuvo un hijo. No hay datos precisos en cuanto a su filiación política, más allá de ser republicano e izquierdista y que en su familia hubo más personas represaliadas, como su hermano Zósimo, carabinero, condenado a reclusión perpetua y una sanción de 10.000 ptas., o su hermana Juana, que tuvo que exiliarse en Olorón (Oloron-Sainte-Marie, Bearn francés). Los cuerpos de Bengaray y Gutiérrez fueron exhumados en julio de 2025, aunque en ese momento no había pista alguna sobre su identidad, y los indicios apuntaban a otras personas. Así, el trabajo del laboratorio Nasertic ha sido clave para lograr estas identificaciones, posibles asimismo por el hecho de que familiares de ambos habían donado muestras de ADN para su identificación. 

Por su parte, Epifanio Osoro Icobalceta, natural y vecino de Durango, tenía 22 años, era soltero y mecánico de profesión. Militante de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), había sido condenado por la Audiencia de Valladolid a 5 años, 10 meses y 1 día de presidio mayor. El 1 de noviembre de 1936, Epifanio y 24 presos más fueron asesinados en el Fuerte de San Cristóbal, debido a un poco claro episodio en el que se les acusó de intento de fuga. Sus cuerpos fueron trasladados a los cementerios de Artica (cuatro presos) y de Berriozar (los 21 restantes, entre ellos Epifanio Osoro). Como sus muertes estaban inscritas, se sabía que estaban en estos lugares, pero no exactamente dónde ni en qué condiciones. En marzo de 2022, a partir de un informe aportado por la asociación Txinparta-Fuerte de San Cristóbal al Plan de Exhumaciones del Gobierno de Navarra, el Instituto Navarro de la Memoria abordó, con el equipo técnico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, la exhumación de esta fosa, y recuperó los 21 cuerpos, de los que ya han sido identificados genéticamente cinco. 

Las respectivas familias se harán cargo de los restos de Gutiérrez y Osoro, mientras que los de Bengaray descansarán en el panteón municipal que alberga los restos de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo desaparecidas, exhumadas y no identificadas en fosas de la Comunidad Foral.

Desde 2015, año en que entró en vigor el Plan de Exhumaciones del Gobierno de Navarra, han sido recuperados ya 163 restos mortales en 38 exhumaciones, además de otras 133 prospecciones que no terminaron en exhumación. Por su parte, el Banco público de ADN, que cumple ahora diez años de existencia, cuenta con 439 expedientes, en los que se han obtenido hasta la fecha 50 identificaciones. Esto supone un 31% de éxito hasta la fecha, unos datos muy relevantes en comparación con los que se han venido obteniendo en el pasado. 

Fermín lleva toda la vida buscando a su abuelo José Ferreras, asesinado el 10 de agosto de 1936 en Villoslada de Cameros junto a otros cuatro trabajadores de los pantanos de la zona. Esta última semana de junio de 2026 vio como, por fin, la tierra se abría para buscar sus restos en una de las primeras exhumaciones que se realizan en La Rioja en las últimas dos décadas. Sin embargo, los trabajos no han logrado localizar los cuerpos de estas víctimas en el primer intento. A pesar del revés y de los obstáculos puestos por un técnico municipal, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), promotora de la intervención, asegura que no va a rendirse y que continuará rastreando el terreno hasta encontrar a los cinco represaliados.

La guía fundamental para lograrlo es, además del empeño de los familiares, una cruz de hormigón levantada en el cementerio de San Cayo en homenaje a Ramón Sánchez, una de las cinco víctimas. La colocaron en su día su padre y sus hermanos y allí sigue, marcando el punto exacto donde las actas de defunción sitúan los enterramientos. “Cuando la familia de José Ferreras empezó a investigar el caso y llegó a Villoslada, descubrió que esa cruz recordaba a uno de los chicos que mataron junto a su abuelo”, explica Marco González, responsable de la ARMH, quien lamenta profundamente que el sobrino de Ramón falleciera el pasado mes de enero sin haber podido encontrar a su tío.

En busca de cinco obreros de los pantanos asesinados en 1936

“La cruz es un punto de partida interesante y evidente. Pero una cosa es lo que hay sobre la tierra y otra muy distinta lo que hay debajo”, apunta González. Amparada por una exhaustiva investigación documental, la asociación presentó el proyecto y solicitó la preceptiva licencia. Las víctimas a las que buscan devolver la dignidad son José Caballero Villa, natural de Portugal y vecino de El Rasillo, de unos 35 años; José Ferreras Iglesias, de 49 años, padre de seis hijos, natural de Zamora y residente en Pradillo de Cameros; Valeriano Núñez, de entre 28 y 30 años, vecino de Ortigosa de Cameros; Jacinto Ramírez García, de 21 años, natural de Laguna de Cameros y vecino del barrio de los Molinos de Ortigosa; y el propio Ramón Sánchez, de 23 años, nacido en Lucainena de las Torres (Almería) y con domicilio en Villanueva de Cameros. Todos ellos eran obreros en las obras del pantano de la comarca.

Esta última semana de junio, bajo la intensa ola de calor que ha azotado a La Rioja, un equipo de voluntarios y técnicos desplazados desde diversos puntos del país excavó a mano, y hasta más de metro de profundidad, el rectángulo de terreno previsto bajo la cruz de Ramón de Sánchez. Lo hicieron arropados por la presencia de algunos de los familiares. En esa primera línea de enterramiento aparecieron tres cuerpos bien distanciados y sepultados de forma individual. “A todas luces, enterramientos convencionales”, señala Marco González. No eran los hombres que buscaban. Pero este hallazgo no supone el punto final de la exhumación. “Yo quiero volver, no quiero cerrar esto en falso porque llevamos muchos años trabajando en ello y se lo debemos a las familias”, recalca el investigador.

Detectamos en muchos técnicos que intentan rehuir las exhumaciones o, por lo menos, retrasarlos para que desistamos. Y nosotros no estamos aquí para desistir

Marco González — Responsables de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

“No queremos dejar sin revisar alrededor de esa cruz en la medida de lo posible, y no solo ceñirnos a la superficie que habíamos pedido y que de forma inflexible podíamos analizar ayer”, lamenta el responsable de la ARMH. El compromiso sigue intacto a pesar de los obstáculos con los que se ha topado el colectivo por parte de un técnico municipal. González quiere dejar claro su agradecimiento tanto al Gobierno de La Rioja como al Ayuntamiento de Villoslada por su buena disposición, pero denuncia los trabas con las que se ha topado.

La tramitación de la licencia ya auguraba problemas cuando se les exigió un permiso de obra mayor, “equivalente a construir unos nuevos nichos o hacer una canalización de gas por medio del cementerio”, critica González. Desde la asociación son plenamente conscientes de la complejidad de intervenir en un cementerio y de la sensibilidad de los restos que se manejan. “Detectamos en muchos técnicos y ayuntamientos complicidad y ayuda en estos trabajos; en otros, sin embargo, intentan rehuirlo o, por lo menos, retrasarlos para que desistamos. Y nosotros no estamos aquí para desistir”, advierte, recordando además que la ARMH jamás busca fosas a ciegas, sino siempre a petición expresa de los familiares de los desaparecidos. “No se trata de una tasa por licencia de obra ordinaria, porque esto no es un beneficio para nuestra asociación, sino para las familias que lo solicitan y para el conjunto de la sociedad, porque hablamos de víctimas de la dictadura”.

Tras conseguir el permiso de excavación, las trabas no terminaron ahí. Durante las tareas de campo, marcadas por la dureza del suelo y las altas temperaturas, se dificultó el uso de una miniexcavadora y se denegó la ampliación del perímetro de cata cuando se descubrió que uno de los cuerpos excedía los márgenes permitidos sobre el papel. “La decisión unipersonal del técnico nos obligaba a estar negociando cada centímetro que podíamos picar”, resume González.

“A corazón abierto”

Tras los resultados frustrados de la exhumación, Fermín y el resto de familiares asumieron con entereza que los resultados no iban a ser los esperados. “Sintieron el sinsabor y la decepción lógica, pero también el agradecimiento de verse arropados y de saber con certeza que lo vamos a seguir intentando”. Pese al contratiempo, Marco González prefiere quedarse con el “clima propicio y sanador” que se generó estos días en el cementerio de San Cayo, gracias al apoyo constante de la asociación memorialista La Barranca, de investigadores de la historia de los pantanos, del propio alcalde del municipio y de los vecinos que se acercaban a interesarse por los trabajos. “De eso se trata, de hacer un parlamento aquí”, describe metafóricamente sobre la necesidad de trabajar con transparencia total. “Nosotros trabajamos a puerta abierta en las 320 intervenciones que hemos hecho en este país. A corazón abierto”.

A corazón abierto planifican el regreso a Villoslada. Por ello, la asociación ya prepara la redacción de un nuevo proyecto técnico que amplíe el perímetro alrededor de esa cruz de hormigón que la familia de Ramón Sánchez levantó para honrar su memoria. Noventa años después, esa misma cruz sigue siendo el faro para rescatar del olvido a los cinco trabajadores del pantano.

Tres fueron los objetivos que se marcó el Gobierno para empezar por fin a cambiar el significado del entonces llamado Valle de los Caídos, el mayor símbolo del franquismo: sacar a Franco y a José Antonio Primo de Rivera, exhumar a las víctimas de las criptas y convertir el mausoleo en un lugar de memoria democrática. Han pasado ocho años desde que Pedro Sánchez anunciara su intención de desenterrar al dictador y comenzar la hoja de ruta y, desde entonces, no ha habido ni uno solo de los pasos dados que no haya tenido que enfrentarse a la ofensiva de quienes quieren conservar el monumento tal cual lo dejó la dictadura.

Una maniobra permanente que ha sumado un nuevo capítulo esta semana, con la suspensión de los trabajos previos para las obras de la resignificación del monumento. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado paralizar las labores “de perforación o sondeos” que el Ministerio de Vivienda comenzó el pasado 8 de junio en la zona. Fuentes del Gobierno apuntaron a que las obras como tal aún no se han iniciado, sino que esta es una fase previa para evaluar el terreno de cara a elaborar el proyecto.

El tribunal considera que estos trabajos pueden “causar daños en el conjunto monumental” y estima así el recurso de la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, uno de los grupos antimemorialistas más activos en su oposición a cualquier intento de resignificar Cuelgamuros. El auto hace suyo el argumento de la asociación que afirma que el Valle “goza de la máxima protección” por ser un Bien de Interés Cultural (BIC), algo que no es cierto. Antes del TSJM, el propio Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), término municipal al que pertenece el mausoleo, ya había emitido una resolución para suspender los sondeos, según adelantó El País.

Apenas hicieron falta 24 horas desde que estos comenzaran para que la oposición ultra a la resignificación apareciera en escena. El pasado 9 de junio, solo un día después de que el Ministerio de Vivienda iniciara las labores para hacer el estudio geotécnico previo, la maquinaria apareció vandalizada con pintadas franquistas y contra Pedro Sánchez.

Las campañas de la ultraderecha, bajo el lema “El Valle no se toca”, han sido una constante desde que diera comienzo el concurso para convertir el monumento en un centro de interpretación y, específicamente, desde que el Gobierno pactara el proyecto con la Iglesia. Sectores de ultraderecha como Vox, HazteOir, Abogados Cristianos o la propia Asociación para Reconciliación y la Verdad Histórica llevan desde entonces intentando movilizar a sus bases tras el falso discurso de que el Valle es un lugar de “reconciliación entre españoles”, obviando que se trata de un monumento a la victoria franquista.

Pero en el centro de la ofensiva destaca desde el principio el boicot judicial y administrativo. Antes de la decisión de esta semana del TSJM, Abogados Cristianos ya lo intentó de diferentes formas, entre otras interponiendo recursos contra el acuerdo alcanzado con el Vaticano para cambiar Cuelgamuros. Antes, cuando aún no había proyecto ganador, la organización ultra y un grupo de arquitectos coordinados interpusieron el mismo día un recurso calcado contra el pliego del certamen ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que acabó rechazándolos.

El vaivén de las exhumaciones de víctimas

La estrategia de presentar recursos en cascada por si alguno acaba 'colándose' no era nueva. Es la que también han seguido contra los trabajos para exhumar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que permanecen en las criptas y que sus familiares llevan décadas reclamando. Cuelgamuros es la fosa común más grande del franquismo, en la que hay 33.000 cuerpos, muchos de los cuales eran republicanos allí trasladados sin conocimiento ni consentimiento de sus seres queridos. En 2016 un tribunal dio la razón por primera vez a una familia, la de los hermanos Lapeña, y estableció su derecho a recuperar sus restos.

Tuvieron que pasar varios años de dilación institucional para que comenzaran los trabajos para exhumar e identificar restos, algo que por primera vez ocurrió en julio de 2023 y que todavía continúa. Sin embargo, todo el proceso ha estado marcado por los obstáculos con el objetivo de ralentizar y enmarañar los trabajos en el mayor símbolo de exaltación franquista, donde los represaliados compartieron lugar de enterramiento con su verdugo durante décadas.

La primera de las acciones fue la interposición de una veintena de recursos, muchos de ellos firmados por el mismo abogado que había logrado la paralización de la exhumación de Franco. Una de las objeciones, precisamente la presentada por la misma asociación que ha logrado ahora paralizar los sondeos, logró su objetivo y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid suspendió cautelarmente las obras para evitar lo que la jueza consideró actuaciones “irremediables”. Posteriormente, el TSJM anuló la paralización y el Tribunal Supremo confirmó la vía libre.

Sin embargo, la historia de las exhumaciones ha estado en los dos últimos años salpicada por las suspensiones y reinicios constantes porque paralelamente se iba sucediendo una cadena de intentos de bloqueo cruzados. Unos meses más tarde, la Fundación Nacional Francisco Franco y, de nuevo, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica consiguieron otra vez el freno cautelar al recurrir la licencia de obras.

Otra de las vías la inició Abogados Cristianos, que representaba a una mujer cuya abuela está enterrada en la basílica y aseguraba que los trabajos implicaban “cierto grado de profanación”. El recurso surtió efecto inmediato y la Audiencia Nacional paralizó de forma urgente las labores, pero tras recibir las alegaciones de Patrimonio Nacional ordenó reactivarlas. La última decisión judicial al respecto llegó en marzo de 2025, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió dar luz verde a las exhumaciones y revocar la sentencia que anuló el permiso de obras otorgado por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

Más allá de los sectores ultra, el papel del consistorio madrileño, en manos de la alcaldesa del PP Carlota López Esteban, ha estado en el punto de mira en varias ocasiones. La regidora, de hecho, llegó a declarar en el juzgado tras ser denunciada por las familias de dos víctimas enterradas en Cuelgamuros al considerar que estaba “entorpeciendo” los trabajos. López Esteban llegó a apoyar una moción de Vox para reclamar que el conjunto monumental fuera declarado BIC debido a su “valor turístico y arquitectónico para el municipio”, aseguró.

La ofensiva que intenta mantener intacta la obra de Franco se remonta precisamente al primero de los pasos que dio el Gobierno: su exhumación. Y la maniobra fue la misma. La decisión contó finalmente con el aval del Tribunal Supremo, pero junto a los recursos presentados por la familia del dictador, también hubo una cascada de escritos firmados por asociaciones y particulares que consiguieron que un juez, José Yusty Bastarreche, muy posicionado contra las leyes de memoria, paralizara cautelarmente el proceso.

Una nueva campaña de trabajos en el cementerio de Castuera ha permitido localizar restos óseos de 11 posibles víctimas de la represión franquista, según los resultados preliminares expuestos esta semana en una jornada de puertas abiertas. Los trabajos, iniciados el pasado 11 de mayo, tienen como objetivo la localización y exhumación de fosas clandestinas en este camposanto pacense.

El proyecto está promovido por el Ayuntamiento de Castuera, en colaboración con la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera (AMECADEC), y cuenta con financiación del Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Badajoz.

Durante las dos primeras semanas de intervención, el equipo dirigido por el departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha localizado cinco zanjas longitudinales en las que se han documentado más de 30 enterramientos en ataúd y otros 11 con un patrón irregular. Según han explicado los técnicos, estos últimos presentan inhumaciones sin ataúd, posturas forzadas y la presencia de evidencias materiales como cucharas, alambres, lápices y otros elementos asociados a la vestimenta.

Entre los hallazgos destaca el denominado enterramiento número 9, en el que se observa la inhumación simultánea de un individuo adulto y otro infantil, este último de menos de diez años según las estimaciones preliminares. El individuo adulto, colocado en decúbito supino, presenta cerca de la región pélvica izquierda un dedal y un conjunto de botones, mientras que sobre la parte derecha del esqueleto se ha constatado la presencia del menor, en posición lateral.

La investigación histórica ha localizado documentación que podría relacionar estos restos con una supuesta huida de la cárcel de una mujer y su hijo de nueve años, asesinados “a consecuencia de disparos de arma de fuego” en agosto de 1941.

Los trabajos continúan abiertos y las fases posteriores permitirán obtener nuevos datos para avanzar en el proceso de identificación de los restos localizados. 

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha nuevas actuaciones de exhumación de víctimas de la represión franquista en los cementerios de Cáceres capital y Conquista de la Sierra, un proceso que se enmarca en el convenio firmado este martes con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la asociación memorialista AMECECA.

El acuerdo cuenta con una financiación inicial de 100.000 euros procedente de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y permitirá desarrollar trabajos de investigación, localización, excavación y recuperación de restos humanos en ambas localizaciones.

El proyecto estará dirigido por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, entidad especializada en exhumaciones y análisis forense, que coordinará las distintas fases técnicas del proceso, desde la prospección arqueológica hasta los estudios antropológicos.

Las actuaciones incluyen además la realización de análisis genéticos para la identificación de los restos, con la participación de familiares de las víctimas en la toma de muestras, lo que permitirá avanzar en la posible restitución de identidades.

En el caso del cementerio de Cáceres, las estimaciones apuntan a la posible localización de hasta 300 cuerpos, mientras que en el municipio cacereño de Conquista de la Sierra se calcula que podrían hallarse alrededor de 15 víctimas en las fosas previstas.

Desde Aranzadi se prevé iniciar los trabajos en Conquista de la Sierra en los próximos meses, con una primera fase de localización de fosas; mientras que en el cementerio de Cáceres el comienzo de las intervenciones está previsto posteriormente, una vez obtenidas las autorizaciones administrativas.

La asociación AMECECA colaborará en el proceso mediante el acompañamiento a familiares, así como en labores de divulgación y sensibilización sobre la memoria democrática y la represión sufrida durante la Guerra Civil y la dictadura.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha subrayado el compromiso institucional con la recuperación de la memoria histórica y ha defendido la necesidad de continuar con estos trabajos “hasta poder dar sepultura digna a las víctimas”, en un proceso que, según ha señalado, busca también ofrecer respuestas a las familias que llevan décadas esperando.

La Diputación de Cáceres firmará el 26 de mayo un convenio con la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA) y la Sociedad de Ciencias Aranzadi para intervenir en la fosa del cementerio de la capital cacereña, donde se prevé exhumar hasta 300 cuerpos, dentro de las actuaciones para la recuperación e identificación de víctimas de la represión franquista, ha anunciado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales.

No obstante, la Sociedad de Ciencias Aranzadi ya dispone de una subvención inicial de la Diputación de Cáceres de 100.000 euros para la intervención (aprobada en el último pleno), que busca identificar a las víctimas mediante pruebas de ADN en coordinación con familiares y AMECECA.

Morales ha informado también de que este sábado se retomará la cuarta fase de los trabajos de exhumación en la mina La Paloma, en la localidad de Zarza la Mayor, una de las intervenciones más destacadas que se desarrollan actualmente en la provincia en materia de recuperación de restos de personas asesinadas durante el franquismo.

Asimismo, continúan las actuaciones para localizar y recuperar cuerpos en las inmediaciones de la caseta de peón caminero de la carretera N-V, en el camino de Arroyo Molino, dentro del término municipal de Almoharín. También siguen las intervenciones en el cementerio municipal de Villamesías.

El presidente provincial ha señalado que estas actuaciones forman parte del “compromiso” de la Diputación de Cáceres con la “dignificación de las víctimas represaliadas por motivos políticos, ideológicos o sociales y con el derecho de las familias a conocer el paradero de sus allegados desaparecidos”.

III Premio de Memoria Histórica y Democrática Conchita Viera

Morales ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la III edición del Premio de Memoria Histórica y Democrática Conchita Viera, impulsado por el Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Cáceres para reconocer trayectorias, investigaciones y proyectos vinculados a la defensa de la memoria democrática.

El fallo del premio se dará a conocer el 21 de mayo, en una gala que se celebrará en el Complejo Cultural San Francisco y que estará conducida por la periodista y escritora Nieves Concostrina.

El acto contará, además, con la actuación del cantante Juan Valderrama y la participación de alumnado del Conservatorio Elemental de Danza “El Brocense” y de la Banda Sinfónica Provincial de Cáceres.

El galardón lleva el nombre de Conchita Viera, vecina de Valencia de Alcántara convertida en símbolo de la lucha por la recuperación de la memoria democrática tras dedicar gran parte de su vida a buscar los restos de su padre, Amado Viera, asesinado en 1936 por el franquismo.

El jurado de esta tercera edición está integrado por especialistas en ámbitos como la historia contemporánea, la antropología forense, el derecho constitucional y los derechos humanos.

La presidencia recae en Laura Muñoz Encinar, arqueóloga y antropóloga forense especializada en procesos represivos de regímenes totalitarios y fascistas del siglo XX e investigadora del INCIPIT-CSIC.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha hecho entrega este jueves de los restos de Eustasio Herance Martín, identificados genéticamente, a sus descendientes en el Cementerio municipal de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real).

La exhumación había sido solicitada por una sobrina y un sobrino de Eustasio, cuyo deseo era el de trasladar sus restos a Puebla de Don Rodrigo, su localidad de origen y la de su familia.

Un jornalero republicano

Eustasio era un jornalero de ideas republicanas. Fue detenido por primera vez el 24 de marzo de 1939 y llevado a declarar como investigado el 5 de junio de 1941 junto a un grupo de vecinos de Puebla de Don Rodrigo a los que acusaban de colaborar con la guerrilla antifranquista de la zona.

Todo el proceso de su juicio sumarísimo y sus testificaciones fueron recogidas en la causa 4541/41 de la Plaza de Almadén del Fondo de Ciudad Real. El juicio es sobreseído para todos los detenidos y, en el caso de Eustasio, sobreseído finalmente por su defunción en la Cárcel de Almadén. El día de su muerte, el 17 de octubre de 1942, tenía 21 años. Era soltero.

El padre de Eustasio también fue uno de los centenares de represaliados de la provincia de Ciudad Real. Pedro Herance Martínez de 52 años, alguacil de Puebla de Don Rodrigo fue fusilado e inhumado en el cementerio de Ciudad Real el 28 de enero de 1943.

Los trabajos de exhumación fueron llevados a cabo por un grupo de voluntarios y voluntarias de la ARMH, dirigidos por el arqueólogo Serxio Castro, y los restos fueron analizados en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León por el antropólogo forense Gonçalo Nuno Carnim.

Después de varios intentos de identificación genética de los restos, debido al mal estado de conservación de estos, el pasado mes de marzo, el laboratorio Labgenetics remitió a la ARMH el informe con la identificación genética de Eustasio Herance de manera científica. 

Bajo tierra no se escuchan los gritos. O sí. Excavar para volver a escuchar esas voces que nunca callaron es lo que hace Bajo tu piel, una creación teatral dirigida y guionizada por Raúl San Julián. Cuatro fusilados por el franquismo, con nombres y apellidos reales, se encuentran en una fosa. Ahí se preguntan si hay alguien que les espera, si hay alguien que volverá a por ellos. Pasaron 80 años para que sucediera. Tres de ellos fueron exhumados en julio de 2023.

Todo el proceso quedó recogido en una cinta documental que pronto verá la luz, cuando se inserte la grabación de la obra en la película. En el medio, tan solo una bombilla que marca el pasar y pesar de los días, de los meses y de los años. Los bisnietos, nietos y familiares de todos ellos podrán escuchar el eco de las voces de sus antepasados durante los tres días que se representará la obra

Aunque esta historia comenzó el 7 de agosto de 1939, cuando las balas de un pelotón de fusilamiento segaron una vez terminada la guerra civil las vidas de José Sahuquillo, José Tendero, Dídimo Martínez y Antonio Belaña en Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete), su producción audiovisual no tomó forma hasta hace algunos años. “Todo parte de un relato que escribí hace una década con tintes de realismo mágico y que un viejo amigo me propuso producir”, comenta el también dramaturgo, documentalista e historiador.

Este especialista en desapariciones en Latinoamérica volvió a su viejo profesor de arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Fuentes. Le dijo que en apenas unos días empezaría la búsqueda de cuatro cuerpos en el mencionado pueblo de Albacete. Era la primavera de 2022, se comenzaba a fraguar el rastreo de los desaparecidos y San Julián ya sabía que los cuatro personajes de su relato serían rebautizados con el nombre de los cuatro desaparecidos.

El esmero de un grupo de amigos y gente cercana hizo posible lo que parecía inalcanzable. El equipo del cineasta logró el material indispensable para grabar la búsqueda de los cuerpos de la mano de los arqueólogos y sus familias. La hazaña tuvo lugar en julio de 2023. “Estaba planificada para hacerla en tres días. Lo primero que encontramos fue una fosa vaciada. Un vecino nonagenario dijo que los cuerpos estarían unos metros más allá, y ahí que estaban. Los encontramos dos días después”, completa San Julián.

Los huesos de José Sahuquillo, José Tendero y Dídimo Martínez aparecieron debajo de los restos de tres bebés no bautizados. Las cámaras de Esperanza Films —nombre de la productora— grabaron todo el proceso, también las lágrimas, incluso sonrisas, que se derramaban por el rostro de los familiares al conocer el hallazgo. En total, 60 horas de grabación en las que se llegó a ver una imagen almodovariana: “Mientras los arqueólogos trabajaban en la exhumación, las señoras estaban sentadas como en un corro manchego, hablando de sus cosas, vestida cada una de un color”, describe el director.

La ficción de una realidad cruda

En marzo de 2024 se cerró la herida, al menos para estas tres familias. Un entierro con orquesta republicana y puños en alto puso el punto y final a una larga lucha contra el olvido. Los seres queridos de Antonio Beleña todavía sobreviven al día a día sin saber dónde reposa su cuerpo. Sin embargo, para el equipo de San Julián se abría otro proceso: hacer realidad lo planteado al principio, llevar a escena y producir su relato original, titulado 80 años. 

Reconvertida en Bajo tu piel, que llega a las tablas por primera vez acogida por el Teatro del Barrio, en Lavapiés (Madrid), la historia nos obliga a mirar hacia abajo, desenterrar el pasado. “Si alguno puede soñar, que sueñe. Ese mundo que todos hemos perseguido, ese mundo aún no ha llegado”, tal y como dice uno de los personajes durante la función. A lo largo de la trama, varios momentos levantan la esperanza de los enterrados, muertos sin saberlo, al escuchar pasos, lloros y movimiento sobre sus cabezas. Abajo, cigarrillos y un libro se convierten en el mayor pasatiempo. El agua filtrada por las rocas y la arena, su alimento. 

Como si de un mantra se tratara, un pequeño diálogo se repite entre los cuatro: “Eso es lo que quieren, que nos volvamos locos y nos matemos entre nosotros”, comienza. “Eso que se ahorran”, responden. “Munición segura”, terminan. Mientras tanto, la bombilla siempre se enciende después de apagarse, hasta que unos 60 minutos después de su primer fogonazo, la luz decae. “Son meses que parecen años. La vida entera”, dicen.

Décadas de silencio

María Dolores Tendero Ramírez es la nieta de José Tendero Martínez, labrador y último alcalde de Madrigueras (Albacete) antes de estallar la guerra en julio de 1936. La voz de esta ordenanza de instituto se quiebra al hablar del silencio que vertebró la no conversación fraguada en torno a lo sucedido: “Mi padre, Andrés Tendero Carretero, jamás habló de esto, nunca. Mis hermanos a lo mejor sabían algo porque eran mayores, y mi madre a veces decía algo, pero mi padre nunca. Él sentía un dolor tan grande por mi abuelo que no quería transmitirlo”.

José Tendero militaba en Sol Naciente, un sindicato adscrito a la UGT. Primero como concejal por el grupo socialista en los primeros años de la década de 1920, en 1936 volvió a la corporación municipal. Más tarde, una enfermedad le obligó a dimitir como regidor, y permaneció como edil hasta el final de la contienda. Quedaba poco para su final. Según la sentencia, la detención tuvo lugar el 4 de abril de 1939, aunque la denuncia llegó cinco días más tarde. “Es un caso muy raro, pero los condenaron rápidamente. El 25 de abril ya estaban sentenciados a muerte por un tribunal de La Roda”, añade María Dolores a sus 61 años.

Nunca se les olvidará. El 7 de agosto de 1939 los mataron en Chinchilla de Monte-Aragón, donde aparecieron sus restos hace unos tres años. “Lo que más me pesa es que hayan pasado tantos años. Yo estoy muy orgullosa de mi abuelo. Mi padre siempre decía que era muy buena persona”, dice la nieta de José Tendero.

La misma fecha persigue desde que lo supo a María del Pilar Orozco Sahuquillo, bisnieta de José Sahuquillo, teniente de alcalde de Madriguera, labrador y bodeguero. Siempre que ella, llevada por una curiosidad que nació a edad temprana, preguntaba a su abuelo, Andrés Sahuquillo, por lo sucedido, recibía la misma respuesta: “Que te calles”. Como tantos otros miles, el delito de José Sahuquillo fue mantenerse leal a la legalidad republicana, lo que años después sería castigado como un delito de auxilio a la rebelión. 

Este militante socialista, cuñado de José Tendero, llegó a ser alcalde de Madrigueras durante un tiempo. De hecho, la familia todavía conserva el bastón de mando. “No sabemos por qué, porque aquí nadie ha hablado en mucho tiempo, pero él terminó como alcalde”, destaca la bisnieta. Por otro lado, María del Pilar critica la “desconsideración” que el PSOE albaceteño ha mostrado por la exhumación de uno de sus militantes asesinados por los franquistas. 

“Yo no sabía por qué tenía tanto interés en conocer más a este hombre de mi familia, pero que nunca conocí. Me dijeron que había heredado el dolor, algo que normalmente nos ocurre a las mujeres. El día que abrieron la fosa y supe que ahí estaba mi bisabuelo, ese día se me quitó ese dolor”, relata la misma María del Pilar. Era como si siempre hubiera estado esperándoles, añade. “Encontrarles y poderles enterrar significa haber hecho justicia, por fin, tras tantos años de silencio e invisibilidad”, admite.

Un médium contra el dolor enquistado

En ‘Bajo tu piel’, el actor Aníbal Soto da vida a José Sahuquillo. Al igual que sus compañeros de elenco Iván Villanueva, Javier Lera y Antonio Chamizo, su cuerpo intenta convertirse en una suerte de médium mediante el que comunicarse con el público, con los vivos. “Sabemos que bajo estos nombres encarnamos a muchísimas personas que aún necesitan justicia. Siguen siendo seres humanos que, aunque fallecidos, representan una vida que continúa en el recuerdo de las personas que les esperan”, comenta.

Soto resume la obra como una forma de habitar la duda de si alguien volverá a por esos cuerpos inertes, asesinados, que también se entrelaza con la de sus familiares: “La voz de los que estamos ahí dentro es la de sus allegados pidiendo que por favor nos saquen”, concede el actor. Él mismo finaliza: “Solo queremos que este dolor enquistado en muchísimas familias, transformado en traumas, en formas de ver el mundo, en un maltrato para buena parte de la población, que de una vez por todas esta deuda quede satisfecha”.

En las últimas horas, te hemos contado las trabas que está poniendo el Ayuntamiento de Villoslada de Cameros a la Asocación para la Recuperación de la Memoria Histórica para la exhumación de una fosa común en la que se encuentran los restos de cinco trabajadores republicanos asesinados el 10 de agosto de 1936.

Izquierda Unida, además de denunciarlas, reclama al Gobierno de La Rioja que intervenga “de forma inmediata y haga cumplir la Ley 5/2022, de 25 de abril, para la recuperación de la memoria democrática en La Rioja, que obliga a las administraciones públicas a facilitar y no obstaculizar las labores de localización, exhumación e identificación de víctimas del franquismo”. El diputado Carlos Ollero ha aseverado que “el Gobierno de La Rioja tiene la obligación legal de intervenir. La Ley de Memoria obliga a las administraciones a facilitar estas exhumaciones. Su cumplimiento no es opcional. Exigiremos en el Parlamento que el Ejecutivo riojano requiera al Ayuntamiento de Villoslada que retire de inmediato estos obstáculos”.

“La actuación del consistorio es inaceptable”

La asociación solicitó el pasado 27 de marzo el correspondiente permiso municipal para intervenir en un espacio de apenas cuatro metros cuadrados de terreno en el cementerio local, y la respuesta ha sido la exigencia de un proyecto de obra equiparable al requerido para la construcción de un panteón.

Para el diputado de IU en el Parlamento de La Rioja, Carlos Ollero, la actuación del consistorio es inaceptable: “Exigir una memoria descriptiva, planos, fotografías y visado técnico para abrir cuatro metros cuadrados de tierra no es burocracia, es una forma deliberada de impedir que las familias entierren a sus muertos. Aplicar la normativa urbanística a una exhumación de víctimas del franquismo es deshumanizar tanto a los asesinados como a quienes los buscan”.

“Las cinco víctimas eran trabajadores de los pantanos de Ortigosa-González Lacasa, asesinados en agosto de 1936, cuyos restos llevan casi noventa años en esa fosa sin recibir sepultura digna. Sus familias tienen el derecho, amparado por la ley, de recuperarlos. Ninguna norma urbanística puede estar por encima de ese derecho”, ha declarado Ollero.

La Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica ha solicitado permiso al Ayuntamiento de Villoslada de Cameros (PP) para exhumar a cinco personas desaparecidas durante el franquismo de una fosa común: José Ferreras, Ramiro Sánchez, José Caballero, Valeriano Núñez y Jacinto Ramírez. Y el Consistorio riojano les ha exigido un proyecto de obra. La petición se formuló el pasado 27 de marzo. La asociación pidió permiso para llevar a cabo una intervención en una fosa común en la que permanecen los cuerpos de cinco republicanos asesinados y desaparecidos por la represión franquista.

En su respuesta, el Consistorio riojano se ha acogido a la legislación urbanística y reclama a la Asociación una “memoria descriptiva de las características generales de la obra y justificación de las soluciones concretas adoptadas y de las condiciones urbanísticas con referencia expresa a estas normas urbanísticas y a la normativa de desarrollo si fuera preciso, firmado y visado por el técnico competente”.

Asimismo, para poder llevar a cabo esta exhumación, el Ayuntamiento de Villoslada de Cameros les exige “una descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos y fotografías en los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones que requieren reparación o consolidación. Este apartado viene definido en el punto ”4. Intervenciones de conservación y ornato, consolidación y reforma“ del artículo 23 de esta normativa. ”Documentos Específicos“.

Sin embargo, la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica no pretende edificar nada sino “intervenir en un espacio de terreno de cuatro metros cuadrados, coronados por una cruz en la que se encuentra el nombre de una de las víctimas”. Por lo que consideran que las exigencias del Ayuntamiento de Villoslada de Cameros solo pretenden “dificultar el derecho de las familias”. Es más, el vicepresidente de la Asociación y coordinador de las exhumaciones, Marco Antonio González, habla de un “veto a un derecho fundamental: el deseo de las familias a dar una sepultura digna a sus seres queridos y dificultar la exhumación de cinco víctimas del franquismo tratando el proceso como si fuera la construcción de un panteón”.

“Aplicar una normativa urbanística es una forma de deshumanizar a esas personas y a quienes quieren buscarlas, algo que no debería hacer un representante político y que muestra una total falta de empatía con quienes además de sufrir todas las consecuencias de esos crímenes han padecido ser gobernados por los responsables de esos asesinatos durante décadas y olvidados por la recuperada democracia”.

Y es que recuerdan que hasta la fecha solo han tenido una exigencia similar en el ayuntamiento leonés de Villadangos del Páramo donde “el alcalde incluso llegó a convocar un referéndum para que la Junta Vecinal, responsable del cementerio, decidiera si se hacía o no se hacía la exhumación. Finalmente, se impuso el derecho de las familias y se vio públicamente que el alcalde había llevado a cabo una prevaricación administrativa de manual”, apunta González.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica es la primera en España que llevó a cabo con métodos científicos la exhumación de una fosa común de desaparecidos asesinados por la represión franquista y desde el año 2000 ha llevado a cabo decenas de exhumaciones. Actuaciones que financian con recursos propios proporcionados por los socios, personas voluntarias y donantes. De hecho, apuntan, no aceptan subvenciones de ninguna institución pública.

Los cinco hombres trabajaban en los pantanos cercanos a Ortigosa

Se trata de cinco hombres, vecinos de localidades cercanas y todos ellos trabajadores de los pantanos cercanos de Ortigosa/González Lacasa. Según el libro Aquí nunca pasó nada del investigador riojano Jesús Vicente Aguirre, las víctimas aparecieron asesinadas dentro de término Municipal de Villoslada de Cameros el 10 de agosto de 1936.

José Ferreras Iglesias

Nacido en Zamora y de 49 años. Su certificado de defunción solo indica que está domiciliado en Pradillo. Se trata, seguramente, de un trabajador del pantano. Asesinado con otros cuatro compañeros el 10 de agosto en las Tejeras, Villoslada de Cameros, donde se le enterró.

Ramiro Sánchez Herrero

23 años, natural de Lucainena de las Torres, Almería. Soltero, hijo de Pedro y María. Trabajador del pantano. Asesinado en las Tejeras, en el límite de Villoslada de Cameros y Montenegro de Cameros, Soria, el 10 de agosto. Falleció “a consecuencia de heridas producidas por arma de fuego”. Enterrado en Villoslada.

José Caballero Villa

35 años, nacido en Portugal. Soltero, tenía novia. “Se llamaba Basilia, se fue a Argentina con otras hermanas”. Obrero del pantano. Hermano de Antonio, también asesinado. Murió el 10 de agosto en Villoslada de Cameros, “en las Tejuelas de ese término municipal en el empalme de la carretera de Montenegro de Cameros”, Soria. Fallecido “a consecuencia de heridas por arma de fuego”.

Valeriano Núñez

De entre 28 y 30 años. Es la única indicación personal de Valeriano, con toda seguridad trabajador del pantano de Ortigosa. Por eso lo situamos en esta localidad. Asesinado con otros cuatro compañeros el 10 de agosto en Villoslada, “en las Tejuelas de este término municipal, en el empalme de la carretera de Montenegro de Cameros”. Fallecido “a consecuencia de heridas por arma de fuego”. Fue enterrado en Villoslada.

Jacinto Ramírez García

21 años, natural de Laguna de Cameros. Residía en el barrio Los Molinos de Ortigosa. Soltero, hijo de Cecilio y Petra. Trabajador del pantano. Asesinado en las Tejuelas, entre Villoslada y Montenegro, el 10 de agosto.

Después de cinco años de “duro trabajo” que se han repartido en cuatro fases, el Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) ha comunicado que no hay más víctimas del franquismo en las fosas comunes del cementerio municipal.

Con ello, ha dado por finalizados los trabajos que ha llevado a cabo la empresa Drakkar Consultores con el impulso del Ayuntamiento, después de que el pasado 13 de marzo se recuperara el último de los 136 cuerpos exhumados en esta última fase del proyecto de un total de 270.

El Ayuntamiento destaca que esa fecha ha quedado “para la historia” al haber culminado la exhumación de restos de todas las personas represaliadas por el franquismo que yacían en fosas comunes del cementerio de nuestra localidad. “Damos por finalizados los trabajos en las ocho fosas comunes, por lo que a día de hoy podemos decir que ya no quedan fusilados en fosas comunes en este camposanto”, ha anunciado Jorge García, director gerente de Drakkar Consultores, empresa encargada de realizar estos trabajos.

La cuarta y última fase de este proyecto de exhumaciones tenía como objetivo recuperar los cuerpos de 136 víctimas que fueron enterradas en ocho fosas comunes.

Los trabajos, que comenzaron en verano, no han sido sencillos debido a las inclemencias meteorológicas (sobre todo a las semanas de frío e intensas lluvias que hubo durante el invierno), pero también a las propias características de las fosas. “Había algunas que estaban a cinco metros de profundidad. Y otras con hasta 26 víctimas, por lo que los cuerpos estaban muy mezclados”.

Aunque las labores de exhumación han finalizado, todavía restan unas semanas para que concluya el proceso: “Paralelamente a las exhumaciones hemos ido realizando el estudio antropológico de los cuerpos para conseguir las muestras de ADN que enviaremos al laboratorio para realizar el cotejo con los familiares vivos”. Para llevar a buen puerto esta parte del proceso se sigue solicitando la colaboración ciudadana, puesto que “todavía no están identificados los familiares de las 136 víctimas”.

“Manzanares pasará a la historia por este proyecto”

Una vez que finalice esta cuarta fase, se dará por concluido el ambicioso proyecto de exhumaciones puesto en marcha por el Ayuntamiento de Manzanares hace cinco años y que ha permitido recuperar los restos de 270 personas. “Manzanares pasará a la historia por muchas cosas y esta es una de ellas”, destaca el alcalde, Julián Nieva, “satisfecho” por haber podido culminar este proyecto “que tan complicado de finalizar parecía cuando lo planteamos”.

Asimismo, ha avanzado que muy pronto se realizará otro acto de entrega de restos de represaliados a sus familiares. También ha querido dar las gracias a todas las administraciones que se han implicado en el proyecto desde 2021: la Diputación de Ciudad Real, el Gobierno de Castilla-La Mancha, el Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, así como el colectivo Memoria Histórica de Manzanares (MHM) y la empresa Drakkar Consultores.

Medio siglo más tarde del fin de la dictadura franquista y casi noventa años desde que se cometieron los asesinatos, el próximo 17 de febrero se realizará el acto de entrega de los restos de Agustín Felipe Labrado Bolonio y Timoteo Higuera Ocaña a sus familias, en la Casa de la Cultura de la localidad de Mesegar de Tajo (Toledo), a las 12:30 horas.

Ambos fueron asesinados el 16 de octubre de 1936 en la localidad toledana, según explican desde la Asociación Manuel Azaña, por “una centuria de falangistas procedente de Las Palmas”. Este acto estaba previsto para el pasado 22 de enero, sin embargo fue aplazado debido al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Primeramente, está prevista una actuación musical por parte de los Juglares del Campo de Montiel. Después intervendrán los diferentes agentes que han hecho posible la exhumación y análisis de los cuerpos encontrados en la fosa común, así como parte de los familiares de Agustín Labrado. Los restos de las víctimas se trasladarán al cementerio local.

La historia de Agustín y Timoteo

El investigador Francisco González comenzó a indagar en la vida de las dos personas que podían coindicir con los cuerpos hallados en una fosa común en la población toledana. Timoteo Higuera era un joven de 17 años. En el archivo municipal de Mesegar de Tajo no había documentación anterior a 1940, pero sí se sabe que su padre era afiliado a UGT y miembro del PSOE. También averiguó que Timoteo era susceptible de ser fusilado a través de documentación de un consejo de guerra.

Agustín Labrado había nacido en Santo Domingo, hoy Santo Domingo-Caudilla, y se asentó en Mesegar de Tajo, donde se casó y tuvo dos hijos. Su padre era afiliado a UGT y había sido teniente alcalde en el Ayuntamiento de Carriches.

Rosa Labrado, nieta de Agustín, contaba a este medio el año pasado que ellos sabían que a su abuelo paterno lo habían matado en la guerra, pero no en qué condiciones: “No sabíamos que lo habían sacado de su casa y lo habían tirado a una cuneta”.

A pesar de ser un tema tabú en su familia, en lo que ella señala que podría ser “un trauma” de su padre que “no hablaba de nada de lo que pasó”, en este municipio toledano era una historia conocida: dos personas habían sido asesinadas y se encontraban en una cuneta a las afueras del pueblo.

Durante el proceso de exhumación, que se llevó a cabo en agosto de 2025, se rescataron restos óseos de dos cadáveres y el posterior estudio de ADN comparativo con los nietos de Agustín Felipe Labrado permitió la identificación de ambos individuos.

En esta exhumación participaron, además, la Dirección General de Atención a las Víctimas (SEMD), así como parte de la asociación Manuel Azaña que tiene su sede en Talavera de la Reina. El Ayuntamiento de Mesegar de Tajo también colaboró en el proceso.

El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, gracias a la labor llevada a cabo por el Instituto de la Memoria y el Banco de ADN del Gobierno de Navarra, ha idenificado los restos de Ramón Bengaray Zabalza, una de las principales figuras republicanas asesinadas por los franquistas en 1936 tras el golpe de Estado. Sus restos mortales fueron exhumados el pasado mes de julio en Muniáin de Guesálaz junto con los de Dionisio Gutiérrez Ijalba, natural de Aurizberri/Espinal. Los dos cuerpos han podido ser identificados gracias a las muestras de ADN de sus familiares.

Ramón Bengaray Zabalza fue un destacado dirigente de Izquierda Republicana y presidente del Frente Popular en Navarra. Músico, periodista y también deportista, llegó a ser directivo del Club Atlético Osasuna en los años treinta, equipo que ha mostrado su “emoción” a través de las redes sociales por la identificación de los restos del que fue uno de sus primeros directivos.

“No había ningún indicio documental que situara la muerte de estas dos personas en Muniáin”, explican desde el equipo del Instituto Navarro de la Memoria. De hecho, solo se conoce que Bengaray fue detenido por la Guardia Civil en la madrugada del 21 de agosto de 1936, entre Burutain y Olague, ya que la noticia se publicó en la prensa local, “algo llamativo por infrecuente”, señalan fuentes de la investigación. 

Sin embargo, se desconocía si fue conducido a algún centro de detención o directamente trasladado para su asesinato, ni tampoco las circunstancias en que se detuvo y trasladó a Dionisio Gutiérrez a Muniáin. Ninguno de los dos tiene expediente penitenciario, ni en la Prisión Provincial de la capital navarra, ni en el Fuerte de San Cristóbal. “Cuando pudieron inscribir sus muertes en el juzgado, la viuda de Bengaray indicó la fecha del 24 de agosto, mientras la de Gutiérrez la situó cinco días antes, el día 19”, apuntan desde el Instituto.

Esas fechas son compatibles con la información de la exhumación, ya que es posible que fueran asesinados juntos el mismo día o individualmente en días diferentes. Desde el Instituto Navarro de Memoria señalan que en esas fechas se estaba recrudeciendo “la limpieza política” iniciada en julio de 1936. No se tienen noticias sobre quiénes fueron los asesinos concretos, aunque es conocido que en ese momento operaban en la represión tanto cuerpos policiales como grupos paramilitares vinculados al carlismo y Falange. 

El pasado verano, con la colaboración de asociaciones como Txinparta y Affna 36, el apoyo técnico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el testimonio de un vecino de la localidad (Domingo Zabalza), fueron encontrados dos cuerpos que permanecían sin identificar, en una de las exhumaciones realizadas en el plan anual del Departamento. Entonces, se abrieron distintas hipótesis y, finalmente, el Banco de ADN es quien ha resuelto las dudas: se tratan de los restos de Bengaray y Gutiérrez. 

La nieta de Bengaray ha mostrado su sorpresa y satisfacción por el hallazgo. También el nieto de Gutiérrez. “Después de 89 años de búsqueda y silencio, hoy, tres generaciones después comenzamos a sentir una presencia liberadora”, ha celebrado.

Directivo de Osasuna

Nacido en Garralda en 1896, Ramón Bengaray residía en Pamplona desde 1905. Trabajó como periodista, primero, e impresor después. Participó activamente en la vida social y cultural de la ciudad, siendo barítono solista del Orfeón Pamplonés, socio fundador de “Los Irunshemes”, “Los Amigos del Arte” y el club Larraina. También fue pelotari, futbolista y directivo del C.A. Osasuna entre 1931 y 1935.

Bengaray fue un destacado miembro de Izquierda Republicana y, como presidente del Frente Popular de Navarra, se presentó como candidato a las elecciones generales de 1936, en las que obtuvo 33.719 votos. Tras la imposibilidad de presentar resistencia al golpe militar de julio, pasó a la clandestinidad, sin que se conozcan los detalles. Fue descubierto y detenido el 21 de agosto. Pese a ser asesinado, la Comisión de Incautación de Bienes le incoó expediente el 25 de octubre de 1937, que se resolvió con una sanción de 250.000 pesetas el 13 de octubre de 1938.

Sus bienes quedaron embargados, en especial la imprenta que constituía el negocio familiar. Su viuda, Ramona Zapatero, consiguió pasar a zona republicana y posteriormente se exilió, pero al no lograr embarcar a América, se vio obligada a regresar a Pamplona. Desde la capital navarra inició una dura y desigual pelea por recuperar los bienes familiares, e interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que le rebajó la sanción a 20.000 pesetas, una cantidad desproporcionada para la época. “Ramona Zapatero fue un ejemplo claro de mujer que, en condiciones muy adversas, luchó en los estrechos márgenes que dejaba la ley y la dictadura por defender la memoria de su marido y el futuro de su familia”, destacan desde el instituto de la Memoria.

La identificación de los restos de Ramón Bengaray ha sido posible gracias a las muestras genéticas tomadas hace años a un nieto de Bengaray, residente en Argentina. Su nieto fue contactado por el equipo de investigación liderado por la historiadora Esther Aldave, que había publicado la biografía de Bengaray.

Por su parte, Dionisio Gutiérrez Ijalba fue un mecánico de 32 años, nacido en Aurizberri/Espinal y vecino de Pamplona. Estaba casado con María Concepción Pérez Martínez, con quien tuvo un hijo, José Luis. Aunque no se ha podido contrastar su actividad política pública, sí que procedía de una familia izquierdista: su hermano Zósimo fue carabinero en Lesaka, y por su resistencia al golpe de Estado y los servicios prestados en la zona republicana le acarrearon una condena a reclusión perpetua en 1939 y una sanción de 10.000 pesetas, que no pudo pagar, impuesta por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Además, su hermana Juana marchó al exilio Olorón con su esposo Marcos Manrique y sus hijos. Sus restos se han identificado gracias a las muestras aportadas por su hijo José Luis.

El Banco de ADN del Gobierno de Navarra ha identificado los restos de Epifanio Osoro Icobalceta, un militante anarquista de la CNT natural de Durango que formaba parte de un grupo de 21 presos del penal franquista del fuerte de San Cristóbal que fueron asesinados extrajudicialmente el 1 de noviembre de 1936. Se trata de la quinta víctima identificada de los restos exhumados en el cementerio municipal de Berriozar en marzo de 2022.

El fuerte de San Cristóbal fue un complejo militar que tras el golpe de 1936 pasó a ser utilizado como cárcel para presos políticos de toda España. Por él pasaron hasta 7.000 personas y murieron unas 800, más de 200 fusiladas tras la fuga de 795 presos en 1938, y otras muchas por causas naturales provocadas por la tuberculosis, malnutrición o el hacinamiento.

Los restos identificados corresponden a Epifanio Osoro Icobalceta, natural y vecino de la localidad vizcaína de Durango. Cuando fue arrestado, y posteriormente asesinado en el fuerte de San Crsitóbal, tenía 22 años. Era mecánico de profesión y militaba en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Fue condenado por la Audiencia de Valladolid a 6 años, 10 meses y 1 día de presidio mayor y encarcelado, posteriormente, en el fuerte situado en lo alto del monte Ezkaba. 

La asociación 'Txinparta-Fuerte de San Cristóbal' ha logrado, gracias a los archivos municipales y parroquiales, tener los datos de todos los presos que pasaron por el penal y cuyos restos fueron enterrados en los cementerios de las localidades del entorno. Para la identificación de este preso vizcaíno se ha localizado a sus familiares y se han cotejado las muestras genéticas en el Banco de ADN del Ejecutivo foral.

Desde el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, se hace especial hincapié en la importancia de contar con muestras de ADN que cotejar con los restos de los cuerpos hallados en ese lugar pendientes de identificación, ya que faltan muestras genéticas de familiares de varios de estos presos. Después de llamamientos pasados se han conseguido nuevas muestras genéticas, pero todavía faltan varias para poder cotejar, por lo que el Instituto Navarro de la Memoria quiere recordar el listado de los presos exhumados en Berriozar con cuyos familiares no ha sido posible contactar hasta la fecha. Para iniciar el proceso de toma de muestra de ADN destacan que es imprescindible que los familiares de las víctimas se pongan en contacto con el Instituto Navarro de la Memoria a través del correo inm@navarra.es.

La Diputación de Albacete ha anunciado que iniciará catas arqueológicas en una nueva zona del cementerio de La Roda, donde se cree que puede estar localizada “esa segunda fosa común que sabemos que hay”, con el objetivo “de ubicarla y recuperar los cuerpos”.

Las catas serán posibles gracias a una subvención de 100.000 euros concedida por el Gobierno de España, en el marco del I Plan Cuatrienal de Exhumaciones.

Lo ha avanzado el presidente de la institución provincial, Santi Cabañero, quien ha asistido este sábado al acto de entrega a sus familiares de los restos exhumados e identificados en una de las dos fosas comunes del cementerio municipal de La Roda. Lo ha hecho acompañado del diputado del Área Social, José González, de miembros de la asociación memorialista que preside Carmen Parreño; del alcalde de localidad, Juanra Amores; del delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino; de Jesús Perea en representación del Gobierno de España; y de Manuel Ortiz, de la UCLM.

Durante su intervención Cabañero ha puesto de relieve que hoy es un día “de sentimientos encontrados”, lamentando que no se hayan podido identificar todos los restos y que todavía haya personas sin encontrar, pero ha remarcado la importancia de lo que se ha conseguido, apuntando que este es “un acto de justicia para las familias y de reparación”, aunque ha advertido “que, seguramente para ellos (refiriéndose a los cuerpos exhumados) no sea muy justo, porque cuando la justicia llega tarde, no lo es”.

Catorce cuerpos con nombre y apellidos

Este proyecto se ha desarrollado en tres fases, financiadas precisamente con fondos del Consejo Territorial de Memoria Democrática en el marco de esa Ley. En la primera, entre 2022 y 2023, se realizó el trabajo de campo, consistente en la investigación histórica y documental. Del resultado de los estudios realizados en archivos y a través de testimonios orales, se concluyó que el número de desaparecidos en La Roda es de setenta personas (cincuenta y cuatro ejecutadas y dieciséis muertas en la cárcel) y que se abrieron dos fosas comunes: una en la parte civil (fosa 1), perfectamente delimitada, y otra en la católica o en el Patio de Santiago (fosa 2), cuya ubicación es menos precisa.

En la segunda fase, ya en 2024, dieron comienzo los trabajos de exhumación, que finalizaron con la exhumación de veinticuatro cuerpos de la fosa 1. Y finalmente, la tercera, desarrollada este 2025, ha permitido al análisis genético de todos los cuerpos, lográndose finalmente la identificación de catorce de ellos.

Se trata de Luis Tendero Jiménez, León Lozano Moreno, Bernardo Escudero López, Vicente Martínez Castillo, Marcelino Alfaro Rodríguez, Juan Salvador Marchante, Eusebio García Moreno, Florentino Moreno López, José Martínez Simarro, Serapio Fraile Griñán, Julián González Moreno, Deusdedio del Campo Martínez, José Antonio García Rueda, Eduardo Rueda Rueda.

22 fosas comunes en la provincia de Albacete, solo 4 exhumadas

En este punto, Cabañero ha afirmado que esto no es el final. “En la provincia de Albacete hay identificadas 22 fosas comunes, únicamente 4 han sido exhumadas, y mientras quede un cuerpo sin nombre al que devolverle la dignidad, una familia sin respuestas..., nuestra tarea estará sin acabar”, ha explicado el presidente de la Diputación, apuntando que esta es un trabajo que hay que hacer desde lo público, “siendo reivindicativos y autocríticos”.

Y ha sido entonces cuando ha anunciado que la Diputación va a continuar trabajando con nuevas catas arqueológicas en una nueva zona del cementerio de La Roda, donde se cree que puede estar localizada “esa segunda fosa común que sabemos que hay”, con el objetivo “de ubicarla y recuperar los cuerpos”.