La cuenta atrás del monumento de Madrid a los rumanos fascistas muertos en la Guerra Civil: “Es una exaltación”

Sigue en pie a pesar de que ha transcurrido más de medio siglo desde la muerte de Franco. El monumento a los rumanos “caídos” de Majadahonda (Madrid), que homenajea a dos fascistas que murieron mientras combatían en la Guerra Civil en apoyo al bando sublevado, es uno de los casi 20 vestigios que el Gobierno ha ordenado retirar. Lo hizo el pasado mes de junio, pero la cuenta atrás ya ha empezado y el plazo para hacerlo vence en menos de dos semanas. El terreno en el que se ubica debería arrancar el mes de octubre ya vacío.

Levantado detrás del cementerio de la localidad, el memorial conmemora el “sacrificio” de Ion Mota y Vasile Marin, importantes militares de la Guardia de Hierro, un grupo paramilitar fascista fundado en 1927 en Rumanía. De allí acudieron tras el golpe de Estado de 1936 para luchar en la Guerra Civil y ambos fallecieron el 13 de enero de 1937 en el frente en el que después se levantó el monumento, que a día de hoy se mantiene sin cambios, con las pintadas y grafitis que llevan tiempo 'decorándolo' y la basura que suele acumularse a su alrededor.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática lo incluyó en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática el pasado 29 de junio, fecha en la que está firmado el expediente con el que estableció el plazo de tres meses para su retirada “definitiva y permanente”. Tanto el monumento como la parcela en la que se encuentra son propiedad de la Asociación para la Custodia del Monumento a los Legionarios Rumanos Caídos, que, según fuentes conocedoras del proceso, no ha respondido al requerimiento. elDiario.es se ha intentado poner en contacto con la asociación sin éxito.

La oposición lleva años reclamando al Ayuntamiento de Majadahonda, gobernado por el PP con mayoría absoluta, que tome cartas en el asunto y actúe contra el monumento, en el que grupos ultras convocan concentraciones de exaltación fascista cada enero. Hace 11 años, el pleno aprobó a iniciativa del PSOE una moción para su “retirada o demolición” que contó con la abstención de los populares, pero no se ha cumplido. Fuentes del consistorio justifican que “no tiene competencias” porque se trata de un terreno privado, mientras el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso rechaza declarar Bien de Interés Cultural (BIC) al monumento, como ha pedido Abogados Cristianos.

El expediente del Gobierno concluye que el monolito “representa los lazos existentes entre el franquismo y el fascismo europeo de entreguerras” y afirma que “no concurren” razones artísticas o arquitectónicas que justifiquen su mantenimiento. A pesar de estar en una propiedad privada, es contrario a la memoria democrática porque tiene “proyección a un espacio o uso público”. De hecho, no está vallado y cualquiera puede acceder a él. Si la asociación no cumple con el mandato, el Gobierno activará el procedimiento del artículo 37 de la Ley de Memoria Democrática, que abre la posibilidad de imponer multas “coercitivas” y de proceder a su desinstalación subsidiariamente.

El refugio de la Guardia de Hierro en España

Mota y Marin, los dos militares homenajeados por el monumento, pertenecieron a la Guardia de Hierro, que fue el brazo paramilitar de la Legión del Arcángel San Miguel, un movimiento fascista fundado por Conerliu Codreanu en 1927 que “hacía apología de la violencia como forma de transformación de la sociedad y del estado”. A partir de 1940, y gracias al apoyo de los nazis, el movimiento llegó al poder, formando parte del régimen fascista rumano “que cometió crímenes de guerra y fue responsable de miles de muertes”, sostiene el informe de la comisión técnica en el que se basa el expediente.

El monumento se levanta en una explanada y está formado por cuatro arcos de estilo clasicista, una elevada cruz y una inscripción grabada en bronce que reza: “A Ion Mota y Vasile Marin, caídos por Dios, por España y por Rumanía. 13.1.1937”. Debajo está inscrito el símbolo de la Guardia de Hierro, formado por seis líneas —tres horizontales y tres verticales— entrelazadas a modo de prisión. Delante del monolito se erigió además una cruz verde, usada habitualmente por el movimiento.

Su construcción está directamente relacionada con la huida que varios líderes fascistas emprendieron tras la Segunda Guerra Mundial hacia España, donde buscaban refugio y fueron acogidos por la dictadura franquista. Es lo que ocurrió con varios miembros del grupo paramilitar rumano, entre ellos Hora Sima, comandante del Movimiento Legionario y vicepresidente del Gobierno rumano, que vivió en nuestro país hasta su muerte en 1993.

Desde los años 40 hubo homenajes y actos conmemorativos en el lugar y en 1947, los legionarios rumanos asentados en España lograron construir una cruz de piedra, hasta que en 1970 se erigió el monolito actual. Según consta en el expediente, su construcción se produjo gracias a la financiación de la comunidad fascista rumana del exilio (aquí y en varios países de América Latina) y al apoyo de los falangistas españoles, así como a los préstamos de Monte de Piedad de Madrid —antecedente directo de Caja Madrid— y la Confederación Española de Cajas de Ahorro.

Durante el régimen franquista, el lugar fue lugar de concentración de “individuos, asociaciones y grupos ultranacionalistas” y formó parte de las políticas de memoria de la dictadura. De acuerdo con el informe de la comisión técnica, el fundador de Fuerza Nueva e histórico líder ultraderechista, Blas Piñar, fue uno de los políticos que participó con frecuencia en estos actos debido a sus intensas relaciones con los legionarios rumanos de España “desde su juventud”.

La falta de implicación del Ayuntamiento

Las resistencias a la retirada del monumento son explícitas por parte de la asociación Abogados Cristianos, que batalla contra todas las medidas de memoria histórica del Gobierno y que ha pedido a la Comunidad de Madrid que declare Bien de Interés Cultural o Patrimonial el monolito “frente a la amenaza de derribo”. Su objetivo es que sea protegido para evitar que se cumpla la ley, tal y como ha ocurrido con la cruz a los caídos de la Plaza de América de Cáceres, que la Junta de Extremadura está intentando blindar por esta vía.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha rechazado la petición de la asociación ultra porque “el monumento no tiene valor arquitectónico”, apuntan fuentes del Ejecutivo, que aluden únicamente a cuestiones técnicas para no hacerlo: al haber sido construido en 1970 “no le aplica la disposición adicional tercera de la Ley de Patrimonio Cultural”, que establece que “se protegen elementos relacionados con el culto religioso, como cruces, anteriores a 1950”, informa África Gelardo Arrebola.

El debate sobre qué hacer con el mausoleo es antiguo y sobrevuela a Majadahonda desde hace años. En los 90, el PSOE ya comenzó a exigir su desinstalación y siempre ha puesto el foco en la “pasividad” del Ayuntamiento. “El PP siempre ha echado balones fuera y se ha escudado en que es una propiedad privada, pero es de acceso público y el terreno se ubica en Majadahonda. Cualquiera que vaya paseando se encuentra con el monumento fascista y los homenajes que allí se organizan”, denuncia el portavoz socialista en el municipio, David Rodríguez.

Ante “la falta de información” del Ayuntamiento y el vencimiento del plazo que ha dado el Gobierno, el PSOE tiene previsto preguntar al consistorio por la cuestión en el pleno de la semana que viene para “saber qué se ha hecho al respecto” o si “se ha requerido a la asociación propietaria” en línea con el expediente del Ministerio.

Preguntado por ello, fuentes del Ayuntamiento reiteran que el monumento está en un terreno particular y descartan que posicionarse públicamente sobre ello sea “su labor” debido a que su conservación o retirada “no depende” de las competencias municipales. Sobre si el mausoleo debe ser desinstalado, las mismas fuentes aseguran que el consistorio “no opina, en general, de cuestiones privadas”, aunque sí apuntan a que las leyes “deben cumplirse, todas, al encontrarnos en un Estado de Derecho”.

Mientras el tiempo corre y a la espera de ver qué ocurre con el monolito, quien sí ha reaccionado a favor de su retirada es el Gobierno rumano. Según ha podido saber elDiario.es, la cancillería del primer ministro envió el pasado 24 de agosto un correo electrónico al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en el que agradece la medida. En él, el secretario de Estado, Dragos Hotea, y el representante del Gobierno para la promoción de la memoria histórica, Bogdan Mazuru, aseguran que la decisión no solo “refuerza” la memoria democrática en España, sino también en Rumanía.