Jerusalén, 1929. En una tarde calurosa de verano, un hombre muere asesinado en plena calle. Tres disparos a quemarropa; la identidad del criminal, desconocida. La víctima, el intelectual judío Yitzhák Josef de Vriendt, ya había recibido amenazas, pero fue tozudo cuando su amigo Lolard B. Irmin, jefe de la inteligencia británica en Palestina, lo instó a marcharse de la ciudad una temporada. Ahora será Irmin el encargado de esclarecer el crimen. Esa es la premisa de Una muerte en Jerusalén, una novela del escritor alemán Arnold Zweig (Glogów, 1887 - Berlín, 1968) de 1932 que Siruela acaba de publicar por primera vez en castellano, con traducción y prólogo de Virginia Maza.

El finado, un hombre de fuertes convicciones, se negaba a renunciar a su proyecto vital: este escritor, abogado y miembro más destacado de la comunidad judía ortodoxa era un antisionista declarado que había manifestado su rechazo de las corrientes sionistas más nacionalistas y antiliberales, contrarias al Estado de Palestina y la convivencia pacífica. Además, De Vriendt tenía un discípulo, un muchacho árabe, con el que se sospechaba que mantenía una relación ilícita. Su personaje se inspira en el poeta judío de origen holandés Jacob Israël de Haan, cuyo asesinato en 1924 en circunstancias análogas causó una gran conmoción tanto en Palestina como en Europa.

Arnold Zweig, impresionado a su vez, decidió tomar este suceso para vertebrar, con los mecanismos de la ficción, una novela que le permitiría explorar las diferencias políticas, religiosas e ideológicas de la sociedad de la época, donde se mezclaban árabes, judíos y los remanentes del colonialismo británico (el mandato sobre Palestina terminó en 1948, lo que desencadenó la Nakba). Entre 1924 y 1929, el tiempo transcurrido entre el caso real y el de la ficción, las tensiones fueron in crescendo, hasta formar el caldo de cultivo de lo que todavía hoy parece lejos de resolverse.

Un crimen con muchos móviles

“Los árabes temen a los judíos, y los judíos, a los árabes, pero ni unos ni otros temen a los ingleses”, dice uno de los personajes, un viejo judío enfermo, antaño líder socialista de los trabajadores. En la investigación del asesinato, los primeros sospechosos son los árabes: la relación del finado con el joven, un idilio amoroso que hoy sería calificado de pederastia, bien pudo despertar la ira de esta comunidad; además, antes de los hechos se escuchó a un grupo de árabes barruntar un posible atentado. Sin embargo, Irmin pronto se da cuenta de que podía haber alguien más que quisiera acabar con la vida de De Vriendt: el sionismo más extremo, para quien sus ideas eran una afrenta directa.

En ese contexto –la desconfianza mutua entre israelíes y palestinos, la expansión de un sionismo radical, los intereses ocultos detrás de esas tensiones y el papel providencial de Occidente en ello– se mueve el policía, un tipo perspicaz, cauto y buen conversador que sabe instigar a sus interlocutores a hablar. De conversaciones, de largas y profundas conversaciones con variopintos representantes de diferentes estratos de la sociedad, se nutre Una muerte en Jerusalén, que, a pesar de su planteamiento –del que cabe aclarar que el asesinato no se produce hasta cerca de la mitad del libro– dista mucho de ser una novela policíaca al uso.

En realidad, su sofisticado revestimiento erudito la convierte en una novela política, de ideas, una radiografía de altos vuelos literarios con una hondura filosófica digna de todo un Thomas Mann. Compleja, densa, exigente, pausada, con un estilo que ya no se estila, valga la redundancia, de párrafo largo, elegante y descriptivo, con extensos pasajes de introspección y ritmo sosegado. La intriga política tan solo es el pretexto; la sustancia son los personajes y las relaciones entre ellos, el retrato de las múltiples capas de aquel ambiente, las preguntas incómodas que ponen de relieve la necesidad de no conformarse con explicaciones simples.

Y todavía hay algo más: la dimensión humana. Porque Una muerte en Jerusalén es una novela, no un tratado, y en las novelas hay emociones, pulsiones incontrolables como la que atormenta a De Vriendt. Es consciente de que con su discípulo no solo está jugando con fuego de cara a sus semejantes, sino que para él mismo supone una contradicción de orden moral que lo confronta con sus principios religiosos. No es fácil conjugar credo y vida, no es fácil habitar el mundo con una coherencia absoluta con los propios valores. La escritura, los poemas que guarda con celo, será su único refugio para canalizar ese deseo perverso.

Un humanista comprometido

A diferencia de su homónimo más conocido, Stefan Zweig, con el que no guarda ningún parentesco, el autor de Una muerte en Jerusalén no cuenta hoy con una amplia difusión entre los lectores. Sin embargo, no le faltaron méritos para ello: cultivó la novela y el ensayo, y fue, como su personaje, un defensor ferviente y polémico del pacifismo. Su existencia estuvo marcada por el nazismo: cuando llegaron al poder, prohibieron sus obras, lo que propició su huida a Palestina, donde vivió hasta que pudo regresar a la ya constituida República Democrática de Alemania. En 1958 recibió el Premio Lenin de la Paz, y fue propuesto hasta en ocho ocasiones al Premio Nobel (seis al de Literatura y dos al de la Paz).

En castellano, hasta la fecha solo se había traducido su novela más popular, La disputa por el sargento Grischa (1927), escrita tras su experiencia como soldado en la Primera Guerra Mundial y cuya última edición (RBA, 2014) se encuentra descatalogada. Una muerte en Jerusalén, por su parte, es otro de sus hitos, y se considera la primera novela sobre los orígenes del conflicto de Oriente Próximo.

Más allá de la oportunidad de recuperarla en la coyuntura actual, esta es, ante todo, una gran novela, una obra de altura literaria que tendría sentido e interés en cualquier época y circunstancia. De hecho, más bien invita a preguntarse cómo es posible que hasta ahora no supiéramos nada de este soberbio escritor e intelectual comprometido, un humanista convencido que tuvo que lidiar con la censura incluso en tiempos de paz –después de la Segunda Guerra Mundial, un libro crítico con el sionismo resultaba demasiado molesto para publicarse sin más–, y que no aflojó nunca, ni en sus ideas, ni en su ambición narrativa. Un hombre, una obra, del que aún hay mucho por descubrir y mucho por aprender.

Dos empresas lideradas por exmiembros del ejército israelí figuran entre los principales patrocinadores del Congreso de Ciberseguridad de Barcelona. El evento está organizado por el Govern catalán y la Fira, un consorcio participado por el Ayuntamiento de la capital catalana, la propia Generalitat y la Cámara de Comercio.

El congreso, cuya séptima edición se celebrará del 3 al 5 de noviembre en Barcelona, se publicita como “el principal evento de ciberseguridad del Sur de Europa” y contará con una decena de empresas israelíes que participarán como patrocinadores o expositores. Algunas de estas compañías tienen vínculos con la industria militar de Tel Aviv o han mostrado apoyo a las acciones del Gobierno de Benjamin Netanyahu en Palestina

Uno de los principales financiadores de la convención es la empresa CheckMarx, fundada por Mat Siman, un exmiembro de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, en sus siglas en inglés) y antiguo asesor en seguridad del primer ministro israelí Ariel Sharon entre 2004 y 2006.

También figura como sponsor del congreso PaloAlto Networks, una compañía norteamericana fundada y dirigida por el israelí Nir Zuk, exalumno de la unidad de inteligencia 8200 del ejército israelí. A pesar de estar radicada en California, la compañía mantiene un gran centro de investigación y desarrollo en Tel Aviv. 

La tercera compañía israelí que figura entre los financiadores del evento es SentinelOne. La compañía decidió, en octubre de 2023, suspender su patrocinio a un congreso del sector en EEUU después de que un miembro vinculado a la organización criticara las operaciones israelís en Gaza y las calificara de genocidio.

Si bien ninguna de estas tres compañías tiene documentada una participación directa en el genocidio palestino, gobiernos extranjeros como el de China, por ejemplo, prohíben a sus empresas utilizar programas de SentinelOne ante el riesgo de que esta compañía transmita datos a “agencias extranjeras”. 

Esta empresa israelí, de hecho, cuenta con un equipo de inteligencia global que publica análisis técnicos y detallados sobre tácticas militares y cibernéticas de naciones rivales. 

Buena parte de la decena de empresas israelíes que participarán en el evento están incluidas en listados de activistas propalestinos que promueven el boicot a compañías israelíes o con vínculos con la industria de la defensa de ese país.

Algunas de ellas, como Cynet, ofrecieron gratuitamente sus plataformas de ciberseguridad durante tres meses a empresas e instituciones de Israel para proteger sus infraestructuras críticas tras los atentados del 7 de octubre de 2023.

También Vega Security, que contará con un stand en la feria, está fundada por dos antiguos veteranos de la unidad 8200. RDT Systems, por su parte, incluye la defensa entre los sectores a los que da servicio y también participará en el evento.

El Govern y la Fira: “Son empresas con sede en EEUU”

La presencia de compañías israelíes en congresos celebrados en Barcelona ya ha levantado polémicas en el pasado, hasta el punto de que el Ayuntamiento aprobó en mayo de 2025 una declaración institucional en la que rompía relaciones con Israel (tumbada recientemente por el TSJ catalán).

En septiembre de ese año el consistorio insistió en su compromiso de no permitir que Israel o cualquier empresa “que se beneficiara del genocidio” en Gaza tuviera presencia en congresos en la Fira o en eventos con financiación municipal.

En esta ocasión, sin embargo, no son simples empresas israelíes que participan en un congreso en Barcelona, sino compañías lideradas por exmilitares del IDF que financian un evento organizado por la Agencia de Ciberseguretat de Catalunya —dependiente del Govern—, y la Fira, participada tanto por la Generalitat como por el Ayuntamiento barcelonés. 

Preguntados por esta redacción, desde el Govern señalan que los acuerdos de patrocinio han sido gestionados directamente por la Fira de Barcelona.

Ambas instituciones, en un comunicado casi idéntico, explican que los tres sponsors mencionados en este artículo “son empresas internacionales” con “sede en los EEUU” que “cumplen con la legalidad vigente”.

Añaden que ninguna de estas empresas figura en la base de datos de la ONU sobre compañías implicadas en “determinadas actividades” relacionadas con “los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado” e insisten en que el congreso está centrado en el ámbito empresarial y no en la actividad militar.

“La Fira no puede entrar a valorar el posicionamiento político de los miembros de las empresas participantes”, añaden desde este consorcio.

Desde el Ayuntamiento no han querido hacer ninguna declaración sobre este caso concreto y se han limitado a recordar las acciones que ha emprendido el consistorio respecto a sus relaciones con Israel.

Barcelona, hub de empresas de ciberespionaje israelí

Israel es una potencia mundial en ciberseguridad por una combinación de factores. Por un lado, unidades de inteligencia del ejército como la mencionada 8200 forman cada año a miles de jóvenes en técnicas de hackeo y defensa, y muchos de ellos acaban fundando startups.

A esto se suma el apoyo estatal, la estrecha relación entre universidades, Defensa e industria, y un contexto de amenaza permanente que convierte la seguridad digital en una prioridad nacional.

La otra cara de este liderazgo israelí en la ciberseguridad, sin embargo, es la industria del ciberespionaje. La línea que separa los dos sectores es a veces muy difusa y ambas caras de esta moneda han encontrado en Barcelona uno de sus principales centros de operaciones.

La capital catalana se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales destinos de las empresas israelíes de ciberseguridad ofensiva, un sector opaco que desarrolla y vende herramientas de espionaje a gobiernos y cuerpos de seguridad. 

Un ejemplo de este ecosistema fue Offensive, un encuentro privado de ciberespías de todo el mundo convocado en Barcelona en enero de 2026 bajo el lema “Sol, marisco y ‘spyware’” que desveló elDiario.es. 

El lugar del evento se mantuvo en secreto hasta el mismo día de su celebración y lo organizó Epsilon, empresa barcelonesa especializada en productos de spyware y liderada por el veterano israelí del ciberespionaje Daniel Shapiro. 

También estaba vinculado a esta cita secreta Radiant Research, con sedes en Tel Aviv y Barcelona, que emplea a exmiembros de la Unidad 8200 del ejército israelí y a antiguos trabajadores de NSO (la empresa que desarrolló Pegasus).

Según el medio israelí Haaretz, al menos tres equipos de hackers de élite de ese país se han instalado en la capital catalana, entre ellos los primeros desarrolladores del software Pegasus que se utilizó para espiar a los lideres independentistas, entre otros. 

Fuentes del sector consultados por elDiario.es atribuyen esta llegada al hecho de que operar desde Europa les permite esquivar las restricciones de exportación del Gobierno israelí, además del atractivo que puede tener el clima y los costes de la ciudad.

El empleo en ciberseguridad en Barcelona creció un 50% entre 2020 y 2025, hasta superar los 10.000 trabajadores en más de 550 empresas, según datos de la Generalitat.

“Quan els governs no reaccionen, la ciutadania reacciona”. Són paraules de Raquel Martí, directora executiva de l'Agència de les Nacions Unides per a la població refugiada de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA) a Espanya, que, en una trobada amb la directora d'elDiario.es a les Balears, Angy Galvín, ha abordat l'emergència humanitària a Gaza, la situació dels refugiats palestins al Pròxim Orient i les dificultats a què s'enfronta una agència que fa més de set dècades que proporciona serveis essencials a milions de persones. La conversa també ha posat el focus en la importància de la cooperació internacional i en la contribució de les administracions públiques a projectes que permeten mantenir l'atenció sanitària i educativa en contextos d'extrema vulnerabilitat.

Galvín ha estat l'encarregada d'obrir la trobada, organitzada per UNRWA Illes Balears i celebrada a Ca n'Oleo, amb una advertència sobre el risc d'acostumar-se a les imatges de bombardejos, víctimes, escoles destruïdes i famílies obligades a abandonar casa seva, una successió constant d'escenes que, ha assenyalat, pot acabar normalitzant una realitat que no hauria de deixar indiferent la societat: “Darrere de cada xifra hi ha una persona, una història i una vida que ha quedat totalment truncada”.

La responsable de la delegació balear d'aquest diari ha recordat que la situació palestina va més enllà de les fronteres de Gaza i afecta també Cisjordània, el Líban, Síria i Jordània, on milions de persones continuen patint les conseqüències del desplaçament i troben dificultats per accedir a drets bàsics com la salut i l'educació. La periodista també ha destacat la importància de la cooperació finançada des de les Balears, que té efectes concrets sobre la vida de les persones refugiades.

Més de 75 anys d'exili sense retorn

Martí ha reprès aquest plantejament per explicar per què l'UNRWA continua sent necessària més de 75 anys després de la seva creació. L'agència va néixer el 1949, després de la guerra araboisraeliana de 1948, quan més de 700.000 palestins es van veure obligats a abandonar casa seva. El seu mandat inicial es va concebre com una resposta temporal, amb l'expectativa que els refugiats poguessin tornar aviat. Tanmateix, aquest retorn no es va produir i els conflictes posteriors, juntament amb el creixement de la població, han prolongat la necessitat d'assistència.

“En aquell moment es pensava, d'una manera molt optimista, que aquests refugiats palestins tornarien a casa seva al cap de tres anys com a màxim”, ha explicat Martí. “Ja han passat més de 75 anys i l'UNRWA ha de continuar treballant perquè els refugiats palestins no només no han tornat a casa seva, sinó que, a més, n'hi ha hagut cada vegada més”, ha afegit. La directora executiva ha xifrat en uns sis milions les persones refugiades palestines que continuen esperant una solució duradora. Al llarg de la seva trajectòria, l'agència ha proporcionat educació bàsica a milions d'infants, a més d'atenció sanitària, planificació familiar, formació professional i ajuda humanitària. Una tasca que, segons Martí, s'ha adaptat a les successives guerres i crisis de la regió.

En aquest context, Martí ha llançat un missatge clar: l'emergència humanitària no pot substituir una resposta política capaç de posar fi a la situació que viu la població palestina. “El que està passant a Gaza i el que està passant a Palestina en general se soluciona amb política, no se soluciona amb ajuda humanitària”, ha advertit. “La via humanitària només serveix per pal·liar la situació en aquell moment. El que necessitam són mesures polítiques. N'hem de ser conscients i pressionar els nostres polítics perquè prenguin mesures”, ha insistit.

La directora executiva de l'UNRWA ha defensat la necessitat de mantenir l'assistència a les persones que pateixen les conseqüències de la guerra, però ha subratllat que cal anar més enllà de l'ajuda d'emergència i exigir actuacions polítiques. En aquest sentit, ha apel·lat a la mobilització ciutadana i a la implicació de les administracions públiques, també de les comunitats autònomes, tant per pressionar els responsables polítics com per sostenir econòmicament la feina de les organitzacions humanitàries sobre el terreny.

Treballadors sota les bombes

En relació amb aquesta qüestió, Galvín ha plantejat durant la conversa la contradicció que la població palestina continuï vivint com a refugiada més de set dècades després de la creació de l'agència. La periodista ha posat el focus en la persistència d'una situació que es prolonga de generació en generació, mentre les necessitats humanitàries continuen acumulant-se.

En aquest sentit, Martí ha explicat que l'activitat de l'UNRWA es desenvolupa en un context especialment difícil a Gaza, on els treballadors de l'agència també són palestins i pateixen les conseqüències de la guerra. La responsable ha denunciat la mort d'uns 400 treballadors de l'organització i els atacs contra les seves instal·lacions, a més d'una campanya de desinformació que, segons ha sostingut, ha perjudicat la seva imatge pública i la seva capacitat per mantenir l'assistència.

“Els treballadors de l'UNRWA són refugiats palestins i es troben en la mateixa situació que la resta de la població civil sota les bombes, desplaçats i sense aliments”, ha explicat. Malgrat això, continuen intentant mantenir oberts els serveis essencials, incloses les clíniques on s'atén dones embarassades, persones malaltes i ferits. Sobre aquesta qüestió, ha defensat la importància d'una organització que, a més de prestar ajuda d'emergència, manté serveis essencials per a la població refugiada. La continuïtat d'aquesta tasca és especialment rellevant en un territori on la destrucció d'infraestructures i les restriccions d'accés dificulten l'atenció de les necessitats més bàsiques.

Famílies obligades a fugir en qüestió de segons

A partir de l'experiència d'un dels fotògrafs de l'organització, que ha viscut diferents fases de desplaçament, Martí ha descrit famílies obligades a abandonar casa seva en qüestió de segons i com, de vegades, veuen com els seus habitatges són bombardejats poc després d'haver-se'n anat. També ha relatat les dificultats de les persones que no disposen de prou temps per recollir les seves pertinences ni per localitzar tots els seus familiars abans de fugir. “Imaginin-se l'angoixa de saber que estan matant la gent i no poder contactar amb la teva família. No saber si són vius o morts”, ha manifestat.

La situació és especialment greu per als menors que han perdut el contacte amb les seves famílies: infants que s'han quedat sols perquè els seus pares o altres familiars han mort, o perquè els desplaçaments successius han impedit que es retrobin. És en aquestes situacions quan, continua Martí, “un s'adona que no hi ha cap lloc segur a Gaza i que la teva vida i la dels teus fills es poden perdre en qualsevol moment”.

Com ha explicat, la fugida pot desembocar en una situació de desemparament absolut: persones que es queden al carrer sense aigua ni menjar i que han de tornar a desplaçar-se quan els llocs on s'han refugiat deixen de ser segurs. La directora de l'UNRWA ha posat així l'accent en una emergència que no es limita a la destrucció material, sinó que desestructura la vida familiar i deixa la població en una situació d'extrema vulnerabilitat. En el cas dels metges, les infermeres i altres professionals, ha subratllat que continuen acudint als seus llocs de feina fins i tot després de perdre casa seva o d'haver de deixar els fills en tendes de campanya. “Saben que, si ells no obren les clíniques de salut, no hi haurà assistència sanitària per a la seva família o per als seus veïns”, ha resumit.

Martí ha assenyalat que l'agència també ha convertit escoles en refugis quan la població es veu obligada a fugir dels bombardejos. Aquests centres disposen de recursos bàsics per acollir les persones desplaçades, com ara aigua, matalassos, mantes i material sanitari. Tanmateix, Martí ha denunciat que les instal·lacions de les Nacions Unides, que haurien de gaudir de protecció d'acord amb el dret internacional humanitari, també han estat atacades.

A Gaza, l'assistència no es limita a la distribució d'ajuda material. L'UNRWA intenta facilitar aigua potable i ofereix suport psicosocial a través de professionals de la psicologia i la psiquiatria. Martí ha posat un èmfasi especial en les necessitats dels infants, que han suportat anys de violència, pèrdues familiars i desplaçaments. “Necessitam molt, sobretot per als infants, tractament psicològic”, ha assenyalat en descriure una població sotmesa a unes condicions que ha qualificat d'inhumanes.

La responsable de l'agència ha contraposat aquesta emergència amb la situació dels refugiats palestins a Jordània, on una part de la població viu en camps de refugiats amb ingressos molt baixos i dificultats per accedir als serveis. Allà, a més de garantir l'educació i l'atenció sanitària, l'UNRWA desenvolupa programes de formació professional i microcrèdits per afavorir l'autonomia econòmica.

L'atenció als refugiats al Líban

La conversa també ha abordat la situació dels refugiats palestins al Líban, on l'UNRWA manté serveis essencials per a una població que arrossega dècades de desplaçament. Martí ha explicat la tasca de l'agència als diferents territoris on treballa, entre els quals hi ha el Líban, Jordània i Síria, com també la necessitat de mantenir l'atenció sanitària, educativa i social malgrat les dificultats econòmiques i humanitàries.

En aquest context s'emmarca el projecte “Garantir la salut maternoinfantil de les refugiades palestines al Líban”, finançat pel Govern de les Illes Balears. La iniciativa reforça els serveis sanitaris adreçats a dones i nadons en situació d'especial vulnerabilitat al camp d'Ein el Hilweh —el camp de refugiats palestins més gran del país—, amb atenció a la planificació familiar, la salut sexual i reproductiva, el seguiment de l'embaràs, les cures posteriors al part i les revisions i vacunacions infantils.

Galvín ha citat el finançament públic balear com a exemple de cooperació internacional amb efectes concrets sobre el terreny. Martí ha explicat la importància de mantenir l'atenció a les dones embarassades i als nounats, especialment en un context de violència i destrucció d'infraestructures sanitàries. Durant la seva intervenció, també s'ha referit als atacs contra unitats de salut materna i a les seves conseqüències per a la població palestina.

La campanya de desinformació i la retirada de fons

Un dels moments centrals de la conversa ha estat el dedicat a la campanya d'acusacions contra l'UNRWA i a les conseqüències que ha tingut sobre el finançament de l'organització. Martí ha recordat que l'agència va adquirir més visibilitat internacional després de l'inici de l'ofensiva israeliana sobre Gaza, però que aquest protagonisme va anar acompanyat d'una campanya de criminalització. La directora executiva ha denunciat que les acusacions sobre la suposada participació de treballadors de l'agència en els atacs de Hamàs del 7 d'octubre de 2023 van provocar la retirada de fons per part de diversos donants en un moment de necessitats humanitàries extremes.

Segons ha relatat, les acusacions es van difondre coincidint amb l'admissió a tràmit per part de la Cort Internacional de Justícia de la demanda presentada per Sud-àfrica contra Israel per presumpte genocidi. Martí ha sostingut que Israel no havia aportat les proves que deia tenir i ha recordat que les investigacions independents posteriors no van trobar prou proves per avalar les acusacions generals contra l'organització. “Com passa cada vegada que es publica una notícia falsa, el mal ja està fet”, ha lamentat. A parer seu, les conseqüències no es van limitar al finançament: també van afectar la percepció pública de l'agència i la seva capacitat per explicar què passava sobre el terreny.

Martí ha defensat que l'UNRWA no es limita a prestar serveis humanitaris, sinó que també documenta i denuncia la situació de la població palestina. Aquesta tasca, ha afirmat, contribueix a explicar les pressions que suporta l'organització. La directora executiva ha assegurat que uns 400 treballadors de l'UNRWA han estat assassinats a Gaza i ha denunciat la destrucció de bona part de les seves infraestructures. L'agència, ha insistit, no ha deixat de treballar a la Franja. Els seus equips estan formats majoritàriament per professionals palestins que continuen atenent la població malgrat la manca de recursos, la inseguretat i les restriccions d'accés. L'entrada de personal internacional i d'ajuda humanitària continua sent molt limitada, segons ha explicat durant el torn de preguntes.

Més enllà de l'emergència immediata, Martí ha volgut subratllar una funció menys coneguda de l'agència: la conservació d'un registre històric de les famílies palestines desplaçades des del 1948. L'UNRWA conserva documentació sobre els llocs d'origen dels refugiats, els seus desplaçaments i els seus descendents, un arxiu que considera fonamental per preservar la memòria col·lectiva palestina. La directora ha explicat que, al començament de l'ofensiva sobre Gaza, treballadors de l'agència van tornar a la seva seu per rescatar documents històrics malgrat el perill. Els registres van ser traslladats fora de la Franja i evacuats amb l'ajuda de personal internacional i de les autoritats jordanes.

“Aquests papers són la història col·lectiva dels palestins i el seu dret al retorn”, ha sostingut Martí. Per a la responsable de l'UNRWA, preservar aquesta documentació és essencial per mantenir constància de la identitat de les famílies i del seu vincle amb els llocs d'on van ser expulsades.

“Quan els governs no reaccionen, la ciutadania reacciona”

La responsable de l'UNRWA també ha destacat el suport rebut per part de la ciutadania espanyola durant la crisi de finançament. Ha relatat que van arribar nombroses iniciatives solidàries, des de concerts i campanyes veïnals fins a petites accions de recaptació, i que l'agència va incorporar nous socis. “La ciutadania reacciona quan els governs no ho fan”, ha afirmat Martí, que ha agraït aquest suport i ha destacat que Espanya va mantenir el finançament de l'organització. També ha assenyalat que diverses comunitats autònomes han mantingut o incrementat les seves aportacions, tot i que altres donants internacionals van retirar els fons o no els han restablit.

Durant el torn de preguntes, una representant de l'ONG Inca-Mallorca Solidària, que manté una escola a Gaza amb 850 infants, ha demanat ajuda per evitar-ne el tancament per manca de finançament. En aquest sentit, Martí ha explicat la magnitud de les necessitats educatives a la Franja i ha assenyalat que l'UNRWA havia pogut acollir presencialment uns 106.000 menors, mentre que uns altres 280.000 estaven inscrits en una plataforma d'ensenyament en línia. La responsable de l'agència s'ha mostrat disposada a explorar possibles vies de coordinació, tot i que no ha pogut garantir una solució.

La conversa ha acabat amb una crida a mantenir la solidaritat i la cooperació internacional. Martí ha recordat que els projectes humanitaris es financen amb recursos públics i amb les aportacions de la ciutadania, i ha defensat la necessitat de sostenir-los per evitar que la població refugiada quedi encara més desprotegida. “Si no, el que feim és deshumanitzar-nos cada vegada més”, ha advertit. Una reflexió que enllaça amb la idea amb què Galvín havia obert la trobada: darrere les xifres de víctimes i desplaçats hi ha vides concretes, i la distància geogràfica no hauria de convertir-se en distància moral.

“¿Qué más tiene que pasar para que paremos este genocidio?”. La pregunta la lanza la cineasta franco-iraní Sepideh Farsi, otra vez. Se repite desde hace años y no hay respuesta. Farsi está en Málaga para presentar en el Festival de Cine Francés que organiza la Alianza Francesa una exposición inédita en España de la fotoperiodista gazatí Fatma Hassona y una película, titulada Put your soul on your hand and walk (algo así como Pon tu alma en la mano y camina), construida a partir de las videollamadas que Farsi y Hassona mantuvieron durante un año.

A la 1 de la madrugada del 10 de abril de 2025, un día después de que Farsi anunciara que su cinta se proyectaría en una sección paralela del Festival de Cannes, el ejército israelí aniquiló a Hassona y a toda su familia disparando dos misiles de precisión a su casa en el barrio al-Tuffah. Mató a siete personas. Sólo sobrevivió su madre. El ejército alegó que el objetivo era un miembro de Hamás y que había tomado precauciones para evitar “bajas civiles”.

Fue un ataque selectivo y brutal. Ni Hassona ni Farsi habían revelado que ella protagonizaba la película, pero la fotoperiodista sí había contado a Al Jazeera, a cara descubierta, que estaba documentando el genocidio. “La verdadera cuestión no es quién dio la orden, sino por qué Israel ordena matar periodistas”, apunta Farsi.

Farsi conoció a Hassona en abril de 2024. Israel le había prohibido entrar en Gaza para documentar por sí misma el conflicto. Un amigo común las puso en contacto y desde entonces tejieron un estrecho vínculo a través de conversaciones casi diarias. “Conocerla fue como tener un espejo frente a mí. Cada conversación entre nosotras podía ser la última. Cada vez que me conecto y la veo es como si fuera un milagro”, relata en la película. Farsi añadió a la cinta presentada en Cannes los dos minutos y medio que hablaron el día antes de su asesinato.

Su muerte brutal cuando apenas tenía 25 años amplió el eco de su obra. “Si muero, quiero una muerte resonante, no quiero estar en las noticias urgentes, ni en un número con un grupo”, había dejado escrito ella, como una profecía que el ejército israelí se encargó de cumplir por ella.

“¿Qué más tiene que pasar?”, se pregunta Farsi, recordando las muertes indirectas que generan el asedio y el bloqueo, cómo se ceban con los médicos (1.600 asesinados), con los trabajadores humanitarios (casi 400 de la Agencia UNRWA) y los periodistas (250). Según el último informe de la agencia URNWA de Naciones Unidas, tras los atentados del 7 de octubre de 2023 Israel ha asesinado de manera directa a 74.228 personas, entre ellos más de 20.000 niños, herido a 175.188 gazatíes, arrasado miles de casas y destruido infraestructuras básicas. En los últimos meses ha violado el alto el fuego en vigor, matando a 1.445 y bloqueando ayuda humanitaria, según organizaciones internacionales.

“Nuestra fuerza es que no tenemos nada que perder”

La película funciona como una larga entrevista en la que Fatma vuelca sus miedos y esperanzas: al comienzo es una joven de 24 años que sueña con salir de Gaza para estudiar Fotografía, y luego volver; que no pierde la sonrisa ni cuando señala los edificios a punto de colapsar y trata de recuperarla con rapidez cuando recuerda a su abuela asesinada; que sigue aferrándose al principio islámico de que todo ocurre por algo.

“Me siento muy orgullosa. Somos fuertes y valientes y somos personas muy importantes en el mundo. Nos hagan lo que nos hagan, si nos intentan destruir o incluso matarnos, seremos felices y viviremos nuestras vidas, lo quieran o no. No pueden derrotarnos. Nuestra fuerza es que no tenemos nada que perder”, dice en una de sus primeras conversaciones.

Por entonces Israel ya había asesinado a su abuela Fatma, su tío Saadi, su esposa Basima y sus hijos Sojoud y Zeid, los nietos de su abuela; no tenía Internet, agua o luz. Farsi le pregunta si está en un lugar seguro. “No hay lugar seguro en Gaza”. Su tono se va volviendo más oscuro con el paso del tiempo. El conflicto la iba cercando: un bombardeo israelí mató a una de sus mejores amigas, a quien había retratado, apenas un rato después de verse.

Una vida “prescindible”

La exposición, comisariada por Sullivan Benetier y Antonio Rodríguez Molina, recoge 50 fotografías tomadas entre octubre de 2023 y abril de 2025 en el marco del proyecto City of Ghosts, y podrá verse hasta el próximo 18 de diciembre en la sede de la Alianza Francesa (calle Canales, 11).

Las fotos de Hassona documentan los estragos de los bombardeos y el bloqueo, y la voluntad tenaz de los gazatíes por superarlos. Fatma fotografiaba un espacio remoto, sino su entorno cotidiano y su propia tragedia. Farsi descubrió en ella una mirada madura que reflejaba la vida entre los escombros y no reducía a los gazatíes a la mera condición de daño.

En sus imágenes aparecen personas orgullosas en espacios cotidianos, familias y breves momentos de normalidad aparente en mitad de un escenario de guerra y muerte. “¿Cómo es fotografiar Gaza?”, le preguntó poco después de entablar contacto. “Es como poner tu alma en la mano y caminar”, le respondió. Una expresión que alude a la vulnerabilidad de quienes viven, y tantas veces mueren, bajo las bombas y su resiliencia, y que dio título a la película. “Llevo nueve meses sin comer pollo, mi mayor sueño es comer pollo y un trozo de chocolate”, cuenta entre risas, mientras se escucha el vuelo de los drones en el exterior. En un vídeo que se hizo viral, Hassona grabó su alegría cuando llegó ese momento.

La muestra incorpora, además, un informe que demuestra que la casa, en la que la propia Fatma se había ubicado en redes sociales, fue el objetivo de dos misiles precisión, equipados con sistemas de guía y control, disparados de noche. “El tipo de munición y la hora del ataque sugiere que el ejército israelí consideró prescindibles las vidas con las que acabó”.

El informe, firmado por el arquitecto israelí Eyal Weizman como investigador principal, está elaborado por Forensic Architecture, un grupo multidisciplinar de la Universidad de Londres, que ha prestado servicios periciales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Ver no es una actividad inocente ni independiente de nuestra experiencia: aprendemos a mirar dentro de unas condiciones históricas, culturales y políticas”, dice Rodríguez Molina, uno de los comisarios de la exposición, citando a John Berger: “¿Qué responsabilidad adquirimos cuando miramos las fotografías de Fatma Hassona? ¿Qué hacemos con aquello que nos muestran?”. En su texto curatorial, Rodríguez Molina atribuye a las fotografías el valor de “combatir el borrado, contradecir los relatos que deshumanizan y preservar memoria frente a quienes pretenden destruirla”. Abren un espacio de atención y debate a partir de una experiencia concreta: la imagen.

“Es difícil tener más evidencias”

La directora franco-iraní encontró en el sufrimiento de Hassona un espejo de su propia peripecia, pero también una manera diferente de enfrentarlo. Farsi decidió salir de Irán cuando tenía 18 años, cinco años después de la Revolución islámica. Para entonces, ya había pasado una temporada en prisión. No puede volver a su país desde 2009. “Desde Francia, donde se instaló, se ha convertido en una activa opositora al régimen iraní.

“Vengo de un país donde los periodistas van a prisión o son asesinados. Es un mundo que va a peor. El genocidio continua en Gaza y el conflicto se ha extendido, y el régimen iraní masacra a su población mientras Estados Unidos bombardea”, lamenta la directora, que ve una deriva en Europa y en la injerencia de Rusia, Israel o Estados Unidos. “¿Hablamos de las víctimas en Gaza, Irán o Líbano? No, hablamos del precio del barril”.

Mientras, los líderes mundiales se esfuerzan por ocultar los crímenes. La semana pasada, Netanyahu ordenó investigar por todos los medios posibles a los militares que se han atrevido a dar su testimonio en Naza: “Elogio el valor de los directores y los militares, pero es una piedra más para mostrar lo que ya sabíamos. ¿Qué más tiene que pasar para que paremos este genocidio? Es difícil tener más evidencias”.

El asesinato de Fatma Hassona, una joven de 24 años que fotografió la vida de su pueblo en medio del asedio y las bombas y se atrevió a contarlo, es una de esas evidencias.

“Cuando los gobiernos no reaccionan, la ciudadanía reacciona”. Son palabras de Raquel Martí, directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en España, quien, en un encuentro con la directora de elDiario.es en Balears, Angy Galvín, abordó la emergencia humanitaria en Gaza, la situación de los refugiados palestinos en Oriente Próximo y las dificultades a las que se enfrenta una agencia que lleva más de siete décadas proporcionando servicios esenciales a millones de personas. La conversación también puso el foco en la importancia de la cooperación internacional y en la contribución de las administraciones públicas a proyectos que permiten mantener la atención sanitaria y educativa en contextos de extrema vulnerabilidad.

Galvín fue la encargada de abrir el encuentro, organizado por UNRWA Illes Balears y llevado a cabo en Ca n'Oleo, con una advertencia sobre el riesgo de acostumbrarse a las imágenes de bombardeos, víctimas, escuelas destruidas y familias obligadas a abandonar sus hogares, una sucesión constante de escenas que, señaló, puede acabar normalizando una realidad que no debería resultar indiferente a la sociedad: “Detrás de cada cifra hay una persona, una historia y una vida que ha sido totalmente truncada”.

La responsable de la delegación balear de este periódico recordó que la situación palestina trasciende las fronteras de Gaza y afecta también a Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania, donde millones de personas siguen sufriendo las consecuencias del desplazamiento y encuentran dificultades para acceder a derechos básicos como la salud y la educación. La periodista destacó asimismo la importancia de la cooperación financiada desde Balears, que tiene efectos concretos sobre la vida de las personas refugiadas.

Más de 75 años de exilio sin retorno

Martí recogió ese planteamiento para explicar por qué UNRWA continúa siendo necesaria más de 75 años después de su creación. La agencia nació en 1949, tras la guerra árabe-israelí de 1948, cuando más de 700.000 palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares. Su mandato inicial se concibió como una respuesta temporal, bajo la expectativa de que los refugiados pudieran regresar pronto. Sin embargo, ese retorno no se produjo y los conflictos posteriores, junto con el crecimiento de la población, han prolongado la necesidad de asistencia.

“Se pensaba en aquel momento, de una forma muy optimista, que estos refugiados de Palestina regresarían al cabo de tres años como mucho a sus hogares”, explicó Martí. “Han pasado ya más de 75 años y UNRWA sigue teniendo que trabajar porque los refugiados de Palestina no solo no han vuelto a sus hogares, sino que además ha ido habiendo más refugiados”, añadió. La directora ejecutiva cifró en alrededor de seis millones las personas refugiadas de Palestina que continúan esperando una solución duradera. A lo largo de su trayectoria, la agencia ha proporcionado educación básica a millones de niños y niñas, además de atención sanitaria, planificación familiar, formación profesional y ayuda humanitaria. Un trabajo que, según Martí, se ha adaptado a las sucesivas guerras y crisis de la región.

En este contexto, Martí lanzó un mensaje claro: la emergencia humanitaria no puede sustituir a una respuesta política capaz de poner fin a la situación que vive la población palestina. “Lo que está pasando en Gaza y lo que está pasando en Palestina en general se soluciona con política, no se soluciona con ayuda humanitaria”, advirtió. “La vía humanitaria solo sirve para paliar la situación en ese momento. Lo que necesitamos son medidas políticas. Tenemos que ser conscientes de ello y presionar a nuestros políticos para que tomen medidas”, insistió.

La directora ejecutiva de UNRWA defendió la necesidad de mantener la asistencia a quienes sufren las consecuencias de la guerra, pero subrayó que es necesario ir más allá de la ayuda de emergencia y exigir actuaciones políticas. En este sentido, apeló a la movilización ciudadana y a la implicación de las administraciones públicas, también de las comunidades autónomas, tanto para presionar a los responsables políticos como para sostener económicamente el trabajo de las organizaciones humanitarias sobre el terreno.

Trabajadores bajo las bombas

Al hilo de lo anterior, Galvín planteó durante la conversación la contradicción de que la población palestina continúe siendo refugiada más de siete décadas después de la creación de la agencia. La periodista puso el foco en la persistencia de una situación que se prolonga de generación en generación, mientras las necesidades humanitarias siguen acumulándose.

En este sentido, Martí explicó que la actividad de UNRWA se desarrolla en un contexto especialmente difícil en Gaza, donde los trabajadores de la agencia también son palestinos y sufren las consecuencias de la guerra. La responsable denunció la muerte de alrededor de 400 trabajadores de la organización y los ataques contra sus instalaciones, además de una campaña de desinformación que, según sostuvo, ha perjudicado su imagen pública y su capacidad para mantener la asistencia.

“Los trabajadores de UNRWA son refugiados de Palestina y están en la misma situación que el resto de la población civil bajo las bombas, siendo desplazados, sin alimentos”, explicó. Pese a ello, continúan intentando mantener abiertos los servicios esenciales, incluidas las clínicas donde se atiende a mujeres embarazadas, personas enfermas y heridos. Al respecto, defendió la importancia de una organización que, además de prestar ayuda de emergencia, mantiene servicios esenciales para la población refugiada. La continuidad de esa labor resulta especialmente relevante en un territorio donde la destrucción de infraestructuras y las restricciones de acceso dificultan la atención a las necesidades más básicas.

Familias obligadas a huir en segundos

A partir de la experiencia de uno de los fotógrafos de la organización, quien ha atravesado distintas fases de desplazamiento, Martí describió a familias obligadas a abandonar sus casas en cuestión de segundos y cómo, en ocasiones, ven cómo sus viviendas son bombardeadas poco después de marcharse. También relató las dificultades de quienes no disponen de tiempo suficiente para recoger sus pertenencias ni para localizar a todos sus familiares antes de huir. “Imagínense la angustia de saber que están matando a la gente y no poder contactar con tu familia. No saber si están vivos o muertos”, manifestó.

La situación es especialmente grave para los menores que han perdido el contacto con sus familias: niños que han quedado solos porque sus padres u otros familiares han muerto o porque los sucesivos desplazamientos han impedido que vuelvan a encontrarse. Es en esas situaciones cuando, prosigue Martí, “uno se da cuenta de que no hay ningún sitio seguro en Gaza y de que tu vida y la de tus hijos se puede perder en cualquier momento”.

Como explicó, la huida puede desembocar en una situación de desamparo absoluto: personas que se quedan en la calle sin agua ni comida y que deben volver a desplazarse cuando los lugares en los que se refugian dejan de ser seguros. La directora de UNRWA puso así el acento en una emergencia que no se limita a la destrucción material, sino que desestructura la vida familiar y deja a la población en una situación de extrema vulnerabilidad. En el caso de los médicos, las enfermeras y otros profesionales, subrayó que continúan acudiendo a sus puestos incluso después de perder sus casas o de verse obligados a dejar a sus hijos en tiendas de campaña. “Saben que si ellos no abren las clínicas de salud, no va a haber salud para su familia o para sus vecinos”, resumió.

Martí señaló que la agencia también ha convertido escuelas en refugios cuando la población se ve obligada a huir de los bombardeos. Estos centros disponen de recursos básicos para acoger a los desplazados, como agua, colchones, mantas y material sanitario. Sin embargo, Martí denunció que las instalaciones de Naciones Unidas, que deberían gozar de protección conforme al derecho internacional humanitario, también han sido atacadas.

En Gaza, la asistencia no se limita a la distribución de ayuda material. UNRWA trata de facilitar agua potable y presta apoyo psicosocial mediante profesionales de la psicología y la psiquiatría. Martí hizo especial hincapié en las necesidades de los menores, que han soportado años de violencia, pérdidas familiares y desplazamientos. “Necesitamos mucho, sobre todo los niños, tratamiento psicológico”, señaló al describir una población sometida a unas condiciones que calificó de inhumanas.

La responsable de la agencia contrapuso esa emergencia con la situación de los refugiados palestinos en Jordania, donde parte de la población vive en campos de refugiados con ingresos muy bajos y dificultades para acceder a servicios. Allí, además de garantizar educación y atención sanitaria, UNRWA desarrolla programas de formación profesional y microcréditos para favorecer la autonomía económica.

La atención a los refugiados en Líbano

La conversación abordó también la situación de los refugiados palestinos en Líbano, donde UNRWA mantiene servicios esenciales para una población que arrastra décadas de desplazamiento. Martí explicó la labor de la agencia en los distintos territorios en los que trabaja, entre ellos Líbano, Jordania y Siria, y la necesidad de mantener la atención sanitaria, educativa y social pese a las dificultades económicas y humanitarias.

En este contexto se enmarca el proyecto 'Asegurar la salud materno-infantil de las refugiadas de Palestina en Líbano', financiado por el Govern de les Illes Balears. La iniciativa refuerza los servicios sanitarios dirigidos a mujeres y bebés en situación de especial vulnerabilidad en el campamento de Ein el Hilweh -el mayor campo de refugiados palestinos en el país- con atención a la planificación familiar, la salud sexual y reproductiva, el seguimiento del embarazo, los cuidados posteriores al parto y las revisiones y vacunaciones infantiles.

Galvín citó la financiación pública balear como ejemplo de cooperación internacional con efectos concretos sobre el terreno. Martí explicó la importancia de mantener la atención a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos, especialmente en un contexto de violencia y destrucción de infraestructuras sanitarias. Durante su intervención también se refirió a los ataques contra unidades de salud materna y a sus consecuencias para la población palestina.

La campaña de desinformación y la retirada de fondos

Uno de los momentos centrales de la conversación fue el dedicado a la campaña de acusaciones contra UNRWA y a sus consecuencias sobre la financiación de la organización. Martí recordó que la agencia adquirió una mayor visibilidad internacional tras el comienzo de la ofensiva israelí sobre Gaza, pero que ese protagonismo estuvo acompañado de una campaña de criminalización. La directora ejecutiva denunció que las acusaciones sobre la supuesta participación de trabajadores de la agencia en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 provocaron la retirada de fondos de varios donantes en un momento de extrema necesidad humanitaria.

Según relató, las acusaciones se difundieron coincidiendo con la admisión a trámite por la Corte Internacional de Justicia de la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio. Martí sostuvo que Israel no había aportado las pruebas que decía tener y recordó que las investigaciones independientes posteriores no encontraron pruebas suficientes para respaldar las acusaciones generales contra la organización. “Como cada vez que se publica un bulo, el daño ya está hecho”, lamentó. A su juicio, las consecuencias no se limitaron a la financiación: también afectaron a la percepción pública de la agencia y a su capacidad para explicar lo que ocurría sobre el terreno.

Martí defendió que UNRWA no se limita a prestar servicios humanitarios, sino que también documenta y denuncia la situación de la población palestina. Esa labor, afirmó, contribuye a explicar las presiones que soporta la organización. La directora ejecutiva aseguró que alrededor de 400 trabajadores de UNRWA habían sido asesinados en Gaza y denunció la destrucción de buena parte de sus infraestructuras. La agencia, insistió, no ha dejado de trabajar en la Franja. Sus equipos están integrados mayoritariamente por profesionales palestinos que continúan atendiendo a la población pese a la falta de recursos, la inseguridad y las restricciones de acceso. La entrada de personal internacional y de ayuda humanitaria sigue siendo muy limitada, según explicó en el turno de preguntas.

Más allá de la emergencia inmediata, Martí quiso subrayar una función menos conocida de la agencia: la conservación de un registro histórico de las familias palestinas desplazadas desde 1948. UNRWA mantiene documentación sobre los lugares de origen de los refugiados, sus desplazamientos y sus descendientes, un archivo que considera fundamental para preservar la memoria colectiva palestina. La directora explicó que, al comienzo de la ofensiva sobre Gaza, trabajadores de la agencia regresaron a su sede para rescatar documentos históricos pese al peligro. Los registros fueron trasladados desde la Franja y evacuados con ayuda de personal internacional y de las autoridades jordanas.

“Estos papeles son la historia colectiva de los palestinos y su derecho al retorno”, sostuvo Martí. Para la responsable de UNRWA, preservar esa documentación resulta esencial para mantener constancia de la identidad de las familias y de su vinculación con los lugares de los que fueron expulsadas.

“Cuando los gobiernos no reaccionan, la ciudadanía reacciona”

La responsable de UNRWA destacó también el respaldo recibido por parte de la ciudadanía española durante la crisis de financiación. Relató que llegaron numerosas iniciativas solidarias, desde conciertos y campañas vecinales hasta pequeñas acciones de recaudación, y que la agencia incorporó nuevos socios. “La ciudadanía reacciona cuando los gobiernos no lo hacen”, afirmó Martí, que agradeció ese apoyo y destacó que España mantuvo su financiación a la organización. También señaló que distintas comunidades autónomas han mantenido o incrementado sus aportaciones, aunque otros donantes internacionales retiraron o no recuperaron sus fondos.

Durante el turno de preguntas, una representante de la ONG Inca-Mallorca Solidària, que mantiene una escuela en Gaza con 850 niños, pidió ayuda para evitar su cierre por falta de fondos. En este sentido, Martí explicó la magnitud de las necesidades educativas en la Franja y señaló que UNRWA había podido acoger presencialmente a unos 106.000 menores, mientras otros 280.000 estaban registrados en una plataforma de enseñanza en línea. La responsable de la agencia se mostró dispuesta a explorar posibles vías de coordinación, aunque no pudo garantizar una solución.

La conversación terminó con un llamamiento a mantener la solidaridad y la cooperación internacional. Martí recordó que los proyectos humanitarios se financian con recursos públicos y con las aportaciones de la ciudadanía, y defendió la necesidad de sostenerlos para evitar que la población refugiada quede todavía más desprotegida. “Si no, lo que hacemos es deshumanizarnos cada vez más”, advirtió. Una reflexión que enlazó con la idea con la que Galvín había abierto el encuentro: detrás de las cifras de víctimas y desplazados hay vidas concretas, y la distancia geográfica no debería convertirse en distancia moral.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, exigió este domingo la investigación y procesamiento de los participantes del documental 'Naza', que relata la matanza masiva de civiles en Gaza mediante testimonios de 24 militares y oficiales de inteligencia israelíes, por “delitos graves contra la seguridad de Israel”, según un comunicado publicado por su oficina.

“La película construye una narrativa falsa, engañosa y sesgada que difama al Estado de Israel y a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) a nivel mundial, y que perjudica gravemente la imagen de Israel”, afirmó el mandatario, según la nota.

Gran parte del documental está basado en investigaciones desde 2023 realizadas por el periodista israelí Yuval Abraham -codirector del filme- y publicadas tanto en la revista israelí-palestina +972 como en el diario británico The Guardian, que además produce 'Naza'.

En esas investigaciones, varias fuentes de inteligencia describen cómo Israel pasó de autorizar, tras el 7 de octubre de 2023, la muerte de decenas a cientos de civiles como 'daño colateral' en ataques contra altos cargos de Hamás.

Netanyahu acusó a los participantes del filme de incurrir, además, en “delitos graves contra la seguridad de la información, difamación penal y perjuicio a los intereses diplomáticos” del país.

Según el mensaje publicado por su oficina, el primer ministro dirigió su petición al jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Eyal Zamir; al director del Shin Bet (servicio de inteligencia interior), David Zini, y a la Fiscal General del Estado, Gali Baharav-Miara.

'Naza' toma su nombre del acrónimo utilizado por el servicio de inteligencia de Israel para estimar el número de civiles que podría morir en un ataque, por ejemplo “20 NAZA”.

El documental describe la práctica israelí de bombardear viviendas palestinas, con familias enteras dentro, una vez el padre y presunto miliciano de Hamás regresa a dormir a casa.

También el uso de modelos de inteligencia artificial que predicen -según patrones de las llamadas de sus teléfonos y con 15% de error- la probabilidad de que un gazatí sea o no un miliciano, creando una lista de posibles objetivos.

Los militares de 'Naza', con la condición de anonimato por las represalias que podrían sufrir, aseguran asimismo que el Ejército bombardeó zonas bajo órdenes de evacuación de Gaza sabiendo que aún quedaba allí población civil.

El Ejército israelí, por su parte, sostiene que sus normas prohíben atacar deliberadamente a civiles y obligan a los mandos a adoptar medidas para reducir los daños a la población civil. También afirma que las decisiones finales sobre los ataques y la evaluación del riesgo de víctimas civiles corresponden a oficiales.

El pasado 2 de octubre, el diario británico The Guardian defendió la investigación y aseguró haber consultado durante tres años a más de cien fuentes conocedoras de los sistemas militares israelíes empleados en la guerra, incluidos altos mandos implicados en la autorización de ataques. También afirmó que contrastó los testimonios con documentos clasificados filtrados y mediante la verificación de operaciones concretas.

El pasado septiembre, el ministro israelí de Cultura pidió revocar la ciudadanía a los autores del documental, premiado en Venecia. Sus directores no volverán todavía a Israel debido a las amenazas de Netanyahu.

Desde lo alto de Nabi Samwil se puede apreciar por qué esta colina ha sido disputada durante siglos. Situada a pocos kilómetros al norte de Jerusalén, en Cisjordania, el emplazamiento se eleva hasta los 890 metros y ofrece una panorámica amplia de las carreteras, pueblos palestinos y asentamientos israelíes de alrededor. En el centro de la colina se encuentra el santuario de Nabi Samwil, un conjunto religioso y arqueológico que alberga una mezquita y una tumba en la que musulmanes, judíos y cristianos creen que está enterrado al profeta Samuel.

La escena podría ser la de cualquier otro sitio arqueológico: restos antiguos, visitantes, lugares de culto, carteles explicativos y una vista panorámica espectacular. Pero lo que hace que el enclave sea especialmente sensible es que se encuentra en territorio ocupado por Israel desde 1967, según el derecho internacional. Además, en 1995, las autoridades israelíes declararon parque nacional unas 350 hectáreas del yacimiento arqueológico y parte de las viviendas de los residentes palestinos y de sus terrenos agrícolas.

Donde ahora sólo hay restos arqueológicos, antes se levantaba un pueblo palestino. Más de un millar de personas vivían en Nabi Samwil antes de la ocupación israelí en 1967. Durante la guerra de los Seis Días, una parte de la población huyó. Pocos años después, las autoridades militares israelíes demolieron buena parte de las viviendas situadas alrededor del santuario y los residentes que permanecieron fueron desplazados hacia una zona situada al este del complejo religioso. Hoy permanecen en ese punto alrededor de 200-250 personas, según distintas fuentes.

“No recibo todas las visitas que me gustaría de mi familia, y mira que no viven lejos. Cada día podemos tardar horas en atravesar los controles para entrar o salir del pueblo”, relata a elDiario.es un vecino de la zona que prefiere ocultar su identidad. “De momento, yo tengo mi casa aquí, pero nunca se sabe qué puede suceder”, agrega.

Además del desplazamiento de esta comunidad palestina, la declaración del área como parque nacional por Israel implica que no se puedan levantar nuevas construcciones ni hacer reformas o determinadas actividades económicas y otras modificaciones del terreno, según la organización internacional Human Rights Watch.

Israel esgrime que su objetivo es proteger el patrimonio y desarrollar el lugar como espacio arqueológico y turístico. Pero para los residentes y distintas organizaciones israelíes críticas con la política arqueológica del Estado hebreo en Cisjordania, la conservación y explotación del sitio tienen lugar a expensas de los residentes palestinos. A ello se suma una nueva medida adoptada en mayo de este año: las autoridades israelíes emitieron una orden de expropiación que afecta a unas 11 hectáreas alrededor de Nabi Samwil.

La Administración Civil israelí ha pasado a tomar el control de sitios arqueológicos y se está apropiando de sitios religiosos, creando tensiones en algunos de los lugares más pacíficos y sensibles de Cisjordania

Peace Now — ONG israelí

De acuerdo con la organización israelí Peace Now, es la primera vez que la Administración Civil de Israel expropia en Cisjordania un sitio sagrado que está bajo la autoridad del Waqf (entidad que se encarga de los lugares sagrados musulmanes y cristianos, principalmente en Jerusalén). La ONG denunció el pasado mayo que “la Administración Civil ha pasado a tomar el control de sitios arqueológicos y se está apropiando de sitios religiosos, creando tensiones en algunos de los lugares más pacíficos y sensibles de Cisjordania”.

El santuario es utilizado por musulmanes y judíos y también está relacionado con tradiciones cristianas: en la parte superior del edificio que domina la colina está el espacio de oración musulmán; en el nivel inferior existe un área destinada a la oración judía. Peace Now destacó que los fieles de ambas religiones han accedido al complejo y han rezado en él durante décadas, sin que se hayan registrado incidentes mayores, pero la decisión de expropiar el sitio “probablemente intensificará las tensiones religiosas en Nabi Samwil y en toda Cisjordania”.

Sebastia, patrimonio mundial

El de Nabi Samwil no es un caso aislado, sino que se repite en otros puntos de Cisjordania, donde las autoridades israelíes emplean la gestión de los yacimientos arqueológicos para controlar las tierras ocupadas y también el relato histórico.

A unos diez kilómetros al noroeste de la ciudad palestina de Nablus se encuentra Sebastia, otro de los enclaves arqueológicos más importantes del norte de Cisjordania. El lugar ha adquirido especial relevancia en las últimas semanas después de que el pasado 24 de julio la UNESCO lo incorporara a su lista de Patrimonio Mundial y, al mismo tiempo, a la lista de Patrimonio Mundial en Peligro.

La UNESCO describe Sebastia como un lugar que conserva restos de sucesivas civilizaciones desde al menos el siglo IX antes de Cristo, cuando fue capital del antiguo reino de Israel del Norte. Precisamente esa sucesión de épocas convierte Sebastia en un lugar sensible y destacado, ya que sus piedras cuentan la historia de varias civilizaciones. El yacimiento tiene capas de las épocas israelita, helenística, romana, bizantina, islámica, cruzada, otomana y palestina contemporánea. Las tradiciones cristiana y musulmana sitúan también en este lugar la tumba de Juan Bautista.

La declaración de la UNESCO fue recibida por las autoridades palestinas como una forma de reforzar la protección internacional del enclave frente a lo que califican de “política expansionista” de Israel. El Gobierno israelí, en cambio, acusó a la organización de la ONU de politizar el patrimonio y de ignorar los vínculos históricos judíos con el lugar.

El Ministerio de Exteriores afirmó que ninguna votación de una entidad internacional puede cambiar la historia, alegando que la inclusión de Sebastia en la lista de la UNESCO contribuye a ocultar los vínculos judíos con la zona. Israel abandonó la UNESCO en 2019 después de acusar a la organización de mantener una posición sesgada respecto al país.

La disputa no es únicamente diplomática. En febrero de 2026, la Administración Civil israelí emitió una segunda orden de expropiación sobre unas 200 hectáreas en la zona del yacimiento de Sebastia, según Peace Now. La superficie expropiada incluye tierras privadas pertenecientes a habitantes palestinos de Sebastia y del pueblo vecino de Burqa.

Organizaciones israelíes como Emek Shaveh, Yesh Din y Peace Now sostienen que las medidas pueden terminar separando el recinto arqueológico de la localidad palestina de Sebastia, situada en una zona con un régimen administrativo diferente. El yacimiento se encuentra en el Área C de Cisjordania, donde Israel controla tanto los asuntos civiles como de seguridad, según el sistema establecido por los Acuerdos de Oslo hace más de 30 años. Pero el núcleo habitado se encuentra en el Área B, donde la administración civil corresponde a la Autoridad Palestina y la seguridad, a Israel.

Desde 1967, el Estado de Israel ha utilizado la arqueología como herramienta en tres niveles distintos: el control de la tierra, la transformación del relato histórico y la creación de ‘asentamientos turísticos’

Alon Arad — director de una organización de arqueólogos israelíes

Para las ONG, el caso forma parte de una estrategia más amplia en la que la arqueología se emplea para reforzar el control sobre territorio ocupado, modificar el relato histórico y desarrollar nuevos espacios turísticos de los que se beneficia Israel.

Las autoridades israelíes rechazan esos argumentos y defienden que todas las medidas buscan proteger los yacimientos arqueológicos de Cisjordania frente al deterioro, el expolio y las construcciones ilegales. Asimismo, subrayan que muchos de estos lugares tienen una importancia particular para la historia judía y bíblica.

Arqueología como herramienta de control

El Gobierno israelí ha mostrado su intención de querer tener más competencias en la gestión del patrimonio en Cisjordania. En mayo, el Parlamento aprobó de forma preliminar un proyecto de ley que propone crear una autoridad específica para gestionar las antigüedades y los yacimientos arqueológicos de Cisjordania bajo la responsabilidad del Ministerio de Patrimonio.

La iniciativa, que de momento está paralizada, contempla competencias sobre excavación, conservación, restauración, desarrollo y administración de los yacimientos, así como la posibilidad de adquirir o expropiar terrenos con esos fines. También prevé funciones de supervisión y aplicación de la normativa en materia de patrimonio arqueológico.

El proyecto ha provocado críticas incluso dentro de Israel. La Academia de Ciencias y Humanidades israelí pidió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al diputado Zvi Sukkot, uno de los principales impulsores de la iniciativa, que la retiraran y advirtió de que podía deteriorar las relaciones internacionales de Israel en el ámbito de la arqueología y afectar a la investigación científica.

Si el Gobierno israelí y los colonos consiguen presentar toda la región como exclusivamente judía, pueden acabar debilitando la conexión palestina con la tierra y condicionando el futuro de todo el territorio

Alon Arad — director de una organización arqueólogos israelíes

La polémica muestra hasta qué punto la arqueología se ha incorporado al debate político. “Desde 1967, el Estado de Israel ha utilizado la arqueología como herramienta en tres niveles distintos: el control de la tierra, la transformación del relato histórico y la creación de ‘asentamientos turísticos’”, explica a elDiario.es Alon Arad, director de Emek Shaveh, una organización israelí de arqueólogos y activistas.

Arad detalla que las autoridades declaran los yacimientos como parques nacionales, reservas o espacios arqueológicos, restringiendo así el uso palestino de la tierra y aumentando la vigilancia. Asimismo, promueven determinadas interpretaciones históricas y construyen un relato centrado en la historia bíblica y judía. Y, además, impulsan con financiación pública lo que Arad denomina “asentamientos turísticos”.

Para el experto, la cuestión va mucho más allá de la gestión de un yacimiento: “La arqueología no es neutral; perder la batalla por la historia de un lugar significa perder la lucha por su futuro”, afirma. “Si el Gobierno israelí y los colonos consiguen presentar toda la región como exclusivamente judía, pueden acabar debilitando la conexión palestina con la tierra y condicionando el futuro de todo el territorio”.

Mientras expande su control, Israel también aumenta la inversión pública en el sector arqueológico de Cisjordania. Según Emek Shaveh, el Gobierno israelí ha anunciado 250 millones de séquels (más de 70 millones de euros) para el desarrollo de lugares patrimoniales en Cisjordania y la organización calcula que la inversión total entre 2023 y 2030 podría alcanzar unos 402 millones de séquels (más de 100 millones de euros).

Es uno de los yacimientos arqueológicos más singulares de Cisjordania, un lugar que podría aportar mucho a la población palestina del norte. Tiene un enorme potencial turístico y patrimonial

Yonatan Mizrachi — codirector del proyecto Settlement Watch

Las medidas adoptadas en Sebastia coinciden con una expansión de las competencias en arqueología de la Administración Civil. En junio de 2024, el Gobierno israelí autorizó a ese organismo a adoptar determinadas medidas relacionadas con el patrimonio en el Área B. En febrero de 2026 otra decisión autorizó la aplicación de la normativa en yacimientos situados también en el Área A, según la documentación recopilada por Emek Shaveh.

Para Yonatan Mizrachi, codirector de Settlement Watch, un proyecto de la ONG Peace Now dedicado a investigador la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania (considerados ilegales por el derecho internacional), el caso de Sebastia refleja una utilización política de la arqueología. “Es una historia trágica. Estamos hablando de uno de los yacimientos arqueológicos más singulares de Cisjordania, un lugar que podría aportar mucho a la población palestina del norte. Tiene un enorme potencial turístico y patrimonial y sus habitantes están muy orgullosos de él”, explica a este diario.

Mizrachi considera que el caso de Sebastia muestra hasta qué punto la gestión del patrimonio se ha incorporado a la disputa por el control del territorio. A su juicio, la situación actual refleja una contradicción: “Por un lado, tenemos un yacimiento que ha sido inscrito por la UNESCO como Patrimonio Mundial; por otro, Israel está invirtiendo decenas de millones de séquels para desarrollar el lugar como patrimonio israelí. Esto demuestra hasta qué punto el patrimonio puede utilizarse como una herramienta política”.

Los intentos de Israel de hacerse con más yacimientos han aumentado recientemente. Un ejemplo son las llamadas Piscinas de Salomón, cerca de Belén: tres grandes depósitos de agua de distintas épocas que formaron parte de un complejo destinado durante siglos al abastecimiento de agua de la vecina Jerusalén.

El enclave se encuentra actualmente en el Área A de Cisjordania, pero en los últimos meses, políticos israelíes de extrema derecha han reclamado un cambio en el régimen de control del lugar, apelando al pasado bíblico y a la tradición judía.

También en Hebrón (sur de Cisjordania) se ha inaugurado un centro de visitantes vinculado al judaísmo jasídico, con una sinagoga y otros espacios religiosos. Durante la presentación, ministros israelíes criticaron desde allí las decisiones de la UNESCO. Y en Jericó, responsables israelíes y organizaciones de colonos han reclamado mayor control sobre el complejo de los Palacios Asmoneos, un yacimiento con restos que datan de los siglos II y I a. C., alegando que la Autoridad Palestina no está protegiendo adecuadamente los restos arqueológicos.

Entre las piedras de Nabi Samwil y las ruinas de Sebastia, la batalla por el patrimonio es también una batalla por el control del territorio y por la memoria de quienes lo habitan.

Un partido de selecciones de fútbol que se juega en Budapest, pero en el que no participa Hungría. Una grada vacía. Brazaletes negros. Sin saludos entre los dos equipos. Y con la duda, hasta un día antes, si se llegaría a jugar. El domingo, el fútbol volvió a ser lo menos importante en el partido que disputaron Israel e Irlanda en la Liga de Naciones y que terminó con una goleada de tres goles a cero a favor de los irlandeses.

La polémica comenzó hace siete meses, en febrero, desde que el sorteo del grupo certificó que ambos países se enfrentarían en el grupo 3 de la Liga de Naciones B, competición que pertenece al organismo europeo UEFA y de la que Israel forma parte desde 1994. Desde entonces, había actuado la campaña 'Stop de Game' organizada por el colectivo Irish Sport for Palestine, que pedía un boicot contra Israel por el genocidio que comete en la Franja de Gaza desde octubre de 2023 y que ha matado a más de 73.000 palestinos.

Pero tomó aún más fuerza a lo largo de la pasada semana. “Nosotros jugamos contra el genocidio”, llegó a decir el seleccionador irlandés Heimir Hallgrimsson. Tenían que jugarse dos encuentros, de ida y de vuelta, ambos con sede neutral (en Hungría y Serbia, respectivamente) por razones de seguridad en Tel Aviv y por decisión política por parte de Dublín. Pero la presión seguía creciendo. Irlanda no vendió entradas a sus aficionados. Israel, solo unas pocas.

Hasta el sábado, un día antes del partido, no se podía confirmar si habría partido. Finalmente sí. El CEO de la Federación Irlandesa de Fútbol, David Courell, lo anunció en una rueda de prensa: el equipo había votado y una “mayoría significativa” había optado por seguir adelante.

El portero suplente, Gavin Bazunu, compartió posteriormente un comunicado en el que se negaba a formar parte de los dos choques: “Soy un hombre de fe firme y trato de hacer todo lo posible por ser una persona íntegra y fiel a mis principios. Por ello, siento que estaría mal participar en los próximos partidos contra Israel. Mi decisión se basa únicamente en mi convicción personal de que matar a personas inocentes está mal”. Y añadió: “Hay pocas ocasiones en la vida en las que uno tiene la oportunidad de alzar la voz por algo más grande que uno mismo, y creo firmemente que esta es una de ellas”.

El partido entonces se jugó, pero con reivindicaciones. En primer lugar, los irlandeses decidieron no hacer el pasamanos protocolario con los israelíes: no se saludaron antes ni después del partido ni se intercambiaron banderines los capitanes. Durante el himno de Israel, los irlandeses agacharon además la cabeza durante el himno del equipo contrario. Todos los jugadores de Irlanda llevaron un brazalete negro en honor a los asesinados en Gaza y el jugador Jack Moylan, que marcó el 0-3, se besó la banda durante la celebración.

El próximo domingo 4 de octubre tendrá lugar la vuelta en la localidad serbia de Backa Topola.

Israel se enfrenta a semanas de escasez de agua después de que una proliferación excepcional de algas paralizara una parte importante de sus plantas de desalinización. Según los científicos, la crisis hídrica es consecuencia de los ataques israelíes contra gran parte de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales en Gaza. Al destruirlas, se ha producido un vertido al mar gigantesco de aguas residuales sin tratar.

“La contaminación no reconoce fronteras políticas”, dice la Asociación Medioambiental Zalul, una ONG israelí que defiende la protección de los mares y costas israelíes. “El vertido de aguas residuales sin tratar desde la Franja de Gaza al mar está agravando la crisis que afecta a las instalaciones israelíes de desalinización”, añade. “Las aguas residuales contienen nutrientes que alimentan a las microalgas y a las cianobacterias, como fósforo y nitrógeno, y pueden propiciar su proliferación”.

La Franja de Gaza sigue sumida en una grave crisis de agua y saneamiento pese al alto al fuego negociado por Estados Unidos en 2025. Desde que Israel destruyó las plantas de tratamiento, el litoral palestino se ha visto inundado por aguas residuales y su territorio por ratas.

Al otro lado de la frontera, una extensa floración de microalgas de hasta 100 kilómetros de longitud ha obstruido los filtros en cinco de las seis principales plantas de desalinización de Israel. Tras pasar días cerradas, estas plantas funcionan ahora por debajo de su capacidad.

Según los expertos, las consecuencias medioambientales de los casi tres años de guerra y destrucción en Gaza están afectando ahora a Israel. “El vertido de aguas residuales sin tratar desde Gaza al mar aumenta la vulnerabilidad de la infraestructura de producción de agua de Israel en la costa sur del Mediterráneo”, dice Jack Gilron, catedrático emérito y experto en desalinización del Instituto Zuckerberg de Investigación del Agua en la Universidad Ben-Gurión. “Lo que está pasando ahora refuerza la necesidad de prepararse por las amenazas que penden sobre una de las principales fuentes de agua potable de Israel”.

Crisis hídrica en Gaza

Desde el 7 de octubre de 2023, los bombardeos israelíes han destruido el 90% de la infraestructura de agua y saneamiento de Gaza, con ataques directos contra pozos, tuberías, embalses y plantas desalinizadoras, según un informe de Médicos Sin Fronteras.

La crisis hídrica de Gaza sigue siendo acuciante. Antes de la guerra, el 80% del suministro de agua provenía de un acuífero bajo la franja costera que ahora está contaminado por agua marina y aguas residuales y no es apto para el consumo humano. La mayor parte del agua potable de Gaza venía de plantas desalinizadoras y de tres conductos controlados por la autoridad israelí del agua. Al inicio de la guerra fueron cortados y han sido reabiertos solo de modo parcial.

Cargamos recipientes pesados caminando, o hacemos cola durante horas, gran parte del agua no es potable, y los niños sufren infecciones estomacales recurrentes, diarrea y erupciones cutáneas

Nas al-Barawi — Residente en Beit Lahia

Los daños en las redes de distribución, o su destrucción, han provocado que gran parte de la población dependa ahora de los camiones cisterna. Para muchos, esa dependencia significa tener que elegir entre beber un vaso de agua o guardar esa agua para lavarse las manos y evitar enfermedades. La diarrea aguda está entre las principales.

“Transportamos el agua en bidones”, dice Nas al-Barawi, madre de cinco hijos y residente en Beit Lahia. “Cargamos recipientes pesados caminando, o hacemos cola durante horas, gran parte del agua no es potable, y los niños sufren infecciones estomacales recurrentes, diarrea y erupciones cutáneas”, añade la mujer de 34 años. “Los daños en el alcantarillado y las averías en las bombas han hecho que las aguas residuales fluyan entre las tiendas de campaña y en las zonas de las casas”.

El mar está muy contaminado y los primeros afectados son los residentes de Gaza y los desplazados, en contacto directo con las mayores concentraciones de aguas residuales

Omar Shatat — Subdirector de la Empresa de Abastecimiento de Agua de los Municipios Costeros de Gaza

Las cinco plantas de tratamiento de aguas residuales de la Franja están ahora mismo fuera de servicio, dice Omar Shatat, subdirector de la Empresa de Abastecimiento de Agua de los Municipios Costeros de Gaza. Es decir, que cada día se vierten al Mediterráneo 45.000 metros cúbicos de aguas residuales sin tratar. Además de eso están los 15.000 metros cúbicos de aguas residuales sin tratar que se filtran todos los días a las aguas subterráneas desde las fosas de absorción, especialmente en los campamentos informales de al-Mawasi.

“Es una situación catastrófica desde un punto de vista medioambiental y de salud pública”, dice Shatat. “El mar está muy contaminado y los primeros afectados son los residentes de Gaza y los desplazados, en contacto directo con las mayores concentraciones de aguas residuales”.

Según Pat Griffiths, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja en la ciudad de Gaza, lo más probable es que la situación empeore con el invierno. “Los palestinos viven rodeados de aguas residuales: están por todas partes, en los lugares donde comen, donde se abastecen de agua, donde caminan”, dice.

“No tenemos dónde verter el agua que usamos para lavar los platos y la ropa, tenemos que dejarla correr a la calle, lo que provoca que se formen charcos de agua estancada”, dice Shaimaa al-Katari, desplazada de 37 años en el campamento de al-Mawasi. “Alrededor proliferan mosquitos y algas, y las calles se ensucian; sufrimos malos olores, mosquitos por la noche y moscas durante el día, además de roedores”.

Plaga de ratas

Hace meses que las ratas infestan algunas partes de Gaza, prosperando entre aguas residuales sin tratar y pilas de basura acumulada alrededor de campamentos superpoblados de desplazados.

Las localidades israelíes cercanas a la frontera con la Franja también se han enfrentado a una inédita plaga de ratas invadiendo sus hogares y jardines.

Cuando el medio marino se contamina, tanto las personas como la naturaleza sufren, independientemente del lado de la frontera en el que se encuentren

Zalul — ONG medioambiental

“Las consecuencias [de la guerra] no se detienen en la frontera”, dice Nada Majdalani, directora para Palestina de la ONG medioambiental y por la paz EcoPeace Middle East. “Ya estamos observando un aumento en los casos de hepatitis A en Gaza, creo que estamos al borde de una catástrofe, y un brote grave en Gaza no tiene por qué limitarse a las fronteras de Gaza”.

En Israel, las autoridades están pidiendo que la población haga un consumo “moderado” de agua hasta que se recupere el sistema. En el sur del país se ha reducido el suministro y los agricultores tienen órdenes de suspender el riego, lo que podría encarecer los alimentos.

Las ONG Zalul y EcoPeace han pedido a Cogat, la agencia israelí encargada de administrar Gaza, que contribuya a recuperar el sistema de alcantarillado de la Franja y permita el tratamiento de sus aguas residuales en zonas controladas por Israel. Cogat no respondió a la solicitud de comentarios que le hizo The Guardian.

“Si sigue la contaminación, el impacto puede acabar sintiéndose en todo el país”, dice la ONG Zalul. “Cuando el medio marino se contamina, tanto las personas como la naturaleza sufren, independientemente del lado de la frontera en el que se encuentren”.

Traducción de Francisco de Zárate.

La compañía Batsheva Dance fue creada en Israel en 1966 por Martha Graham, una de las figuras fundamentales de la danza del siglo XX. A partir de los años 90, Ohad Naharin la impulsó con su reconocible estilo “gaga”, que combina la delicadeza extrema con momentos de pura explosión de movimiento. La compañía ha sido y es una embajadora por el mundo de su país, que financia un tercio del presupuesto de sus producciones, así como los costes de desplazamiento para las giras internacionales. El próximo 15 de octubre llegará a Madrid, a los teatros públicos gestionados por la Comunidad de Madrid, con una coreografía creada por Naharin en 2011, Sadeh21, que se interpretará durante tres días consecutivos.

Con esta fecha en el horizonte, Nacho Duato, director artístico durante 20 años de la Compañía Nacional de Danza y actual director del ballet del Teatro Mijáilovski en San Petesburgo, ha publicado unos vídeos en redes sociales pidiendo la cancelación de estas actuaciones: “La Comunidad de Madrid invita a una compañía subvencionada por el Estado Genocida de Israel”, dice. Añade: “En Francia lo han conseguido, Batsheva no va a bailar en París, ¿qué pasa en Madrid, vamos a dejar que esto suceda?”.

El movimiento global de presión contra Israel, BDS (boicot, desinversiones y sanciones), está preparando una carta que hará llegar esta semana al director de los Teatros del Canal, según ha informado un portavoz a este periódico.

“Razones tan solo artísticas”

Las protestas contra esta compañía vienen de lejos. En 2012, su gira por Reino Unido, estuvo repleta de incidentes: protestas en todas las ciudades, interrupciones de su espectáculo, cacheos al público para poder entrar a la sala y una tensión que nunca ha abandonado desde entonces a esta compañía y que, desde que comenzó el genocidio en Gaza, se ha agudizado. Asociaciones civiles alrededor del mundo han protestado por la presencia de esta compañía en México, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia o Nueva Zelanda.

“Es una injusticia, a mí no me dejan traer a los ballets rusos por la Guerra de Ucrania, pero en Madrid los israelíes sí pueden bailar”, dice en declaraciones a elDiario.es refiriéndose al veto acordado por la Unión Europea a la cultura rusa. “Entiendo que no se inviten a las compañías rusas y lo asumo, pero esto de Batsheva bailando en Madrid, ¿cómo se come?”, se pregunta.

No puedes estar censurando compañías en función del país de origen. El arte tiene que estar por encima de todo eso

Ruperto Merino — Director de los Teatros del Canal

Ruperto Merino, director de los Teatros del Canal, dice que “las razones de la programación tan solo son artísticas”. “Tenía muy claro que esta temporada quería tener a las grandes compañías del mundo, Batsheva está en la programación por la misma razón que la Sydney Dance Company”, explica a elDiario.es. “La mayoría de los elencos de compañías internacionales tienen pasaportes de distintas nacionalidades. No puedes estar censurando compañías en función del país de origen. El arte tiene que estar por encima de todo eso”, puntualiza.

“Mi programación está basada en criterios estrictamente artísticos. Para mí, sus trabajos están por encima de cualquier otra consideración”, recalca Merino, que prefiere “no entrar” a valorar si hay que mantener o no los criterios artísticos en relación a un Estado que comete un genocidio. “Aquí se tiene en cuenta lo artístico. Punto”, reafirma.

Mi programación está basada en criterios estrictamente artísticos. Para mí, sus trabajos están por encima de cualquier otra consideración

Ruperto Merino — Director de los Teatros del Canal

Duato explica que publicar esos vídeos no ha sido fácil para él, pues mantiene una relación de amistad con Ohad Naharin, cuyas piezas de una danza que considera “hermosa” él mismo ha bailado. “Ya siento que esto tenga que pasar, pero no puede ser y no debemos callarnos, no pueden bailar en Madrid”, afirma. “Que el arte no es política no hay quien se lo crea”, dice, “pero, sobre todo, es que el problema no es artístico, el problema es que Batsheva está financiado por un estado genocida, ese es el tema”.

El coreógrafo recuerda que cuando Aznar metió a España en la Guerra de Irak, él acababa los espectáculos de la Compañía Nacional de Danza con un cartel de “no a la guerra”: “Ya fuera en el Teatro de la Zarzuela, en París o en Nueva York. Otro caso sería si Ohad Naharin viniese a Madrid y al final dijera 'free Palestine', entonces sí, que bailen, pero eso no va a pasar”.

Otras protestas ante Teatros del Canal

Miembros de BDS se quejaron a los Teatros del Canal en abril de 2025 con motivo de las representaciones de House, obra dirigida por el cineasta y dramaturgo Amos Gitai. “La obra, financiada por Israel, formaba parte de una clara estrategia de lavado cultural en pleno genocidio y con órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y otros altos cargos israelíes”, explica la actriz Elisa Gelabert, como portavoz de este movimiento.

Galabert afirma que pidió sin éxito una reunión con Ruperto Merino y que solo obtuvo una respuesta “telegráfica”: “Ignoró todo el contexto de la petición y se escudó en el prestigio del teatro que producía la obra, el Théâtre National de la Colline”. Afirma que es un “grave error” que los Teatros del Canal y la Comunidad de Madrid no escuchen a los artistas que “en tantas ocasiones” han mostrado “rechazo al blanqueamiento cultural mediante cartas, comunicados y acciones”.

“Actúan como si el genocidio no existiese”, abunda Gelabert. “Programar a Batsheva es una forma de legitimación indirecta de un Estado que está siendo investigado por genocidio y crímenes contra la humanidad”. Al mismo tiempo, cree. Para concluir Gelabert aseguró que BDS “seguirá presionando y denunciando estas políticas culturales cómplices, ya que es un movimiento cada vez más fuerte, como hemos visto muy recientemente al conseguir la retirada de Allianz como patrocinador del Festival de las Ideas”.

La retirada de la invitación a Ariana Harwicz —escritora argentina de origen judío y residencia en Francia—, de unas jornadas que se celebran en la Universidad de Granada estos días, es el ejemplo perfecto para seguir explicando cómo reacciona la cultura, con sus estructuras, ideologías, posicionamiento y capacidad no solo de decir sino de hacer, ante la tragedia más sangrienta de nuestros días, el genocidio sobre el pueblo palestino.

Harwicz lleva tiempo haciendo activismo —textos públicos y cartas privadas— contra lo que ella considera boicot u “hostilidad chic” por parte de los intelectuales hacia Israel, como explicó en este artículo de 2025. Ese mismo verano, publicó un mensaje en X que es quizá lo más citado de ella: “Les angustia terriblemente que no haya genocidio. Lo desean, desean que haya genocidio para confirmar su odio a Israel”. Once días después, la Comisión Internacional de Investigación de la ONU reafirmó que la masacre de Gaza es un genocidio.

Y siguiendo esta línea de opinión, denunciando lo que ella llama cultura del acoso y listas negras en festivales, ha transitado la autora este último año, desde que se estrenó en Cannes la adaptación de su célebre Matate amor (Lengua de Trapo), con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. Una novela, por cierto, que me gustó mucho, así como Perder el juicio (Anagrama), que leí recientemente. Son obras que no hablan de este tema que parece obsesionar tanto a Harwicz (la pobreza intelectual, la cultura de la cancelación, la imposibilidad de la disidencia, según ella) sino de los sentimientos llevados al extremo, a la violencia incluso. Tiene, en cambio, un ensayo dedicado a la moralidad publicado por Gatopardo, El ruido de una época, que no he leído y que no sé si habla explícitamente de Israel, pero por las citas aparecidas parece que defiende una escritura que ofenda.

La conferencia de esta autora en el festival Cultura Ahl llevaba por título “Oponerse al mundo”. El evento había organizado un buen cartel, la verdad, con nombres como Lina Meruane, Gabriela Cabezón Cámara, Ángelo Néstore, Gabriela Wiener, Juan Villoro, Silvia Federici, Sabina Urraca, Sita Segato, Remedios Zafra o John Banville. Pero este último ya no estará, pues ha cancelado su participación —el único que lo ha hecho— tras la expulsión de Harwicz. Banville también ha defendido al Estado de Israel en su guerra en Gaza.

Fue una carta de la Red Universitaria por Palestina de Granada dirigida a la organización lo que motivó la decisión de retirar la invitación a la escritora argentina, aunque la razón que le dio fue no poder garantizar su seguridad. Según una portavoz de aquel colectivo estudiantil, las organizadoras les respondieron que no estaban al tanto de las opiniones de Harwicz. Tomaron una decisión que fue rápidamente contestada por la Universidad de Granada, que no la compartió: “Una universidad pública debe ser un espacio abierto al pensamiento crítico, al contraste de ideas y a la expresión de posiciones plurales, también cuando estas resultan discrepantes o controvertidas”.

En ese punto, ya estaban las cartas sobre la mesa para establecer el debate, más o menos con las mismas preguntas de siempre: ¿qué decide uno poner por encima de sus actos, sus propios principios o la libertad de expresión de las ideas que no comparte?

La respuesta requiere ser meditada, pero la resolución a ese conflicto ético suele tener que ver con la inspección del lugar desde el que se habla. No es lo mismo invitar a un sionista a comer a casa que hacerlo a un programa de debate en la televisión pública, por ejemplo.

En el siguiente capítulo de esta historia llegan los manifiestos y los posicionamientos: hay que elegir bando.

Federici, Urraca, Wiener, Meruane, Segato, Néstore, María Fernanda Ampuero y Brenda Navarro escribieron un comunicado con su posición común: entendían la “provocadora exploración de la complejidad humana” de la obra de Harwicz, pero “eso no está en cuestión”, señalaban. “Lo que sí está en cuestión es si tiene algún valor y es éticamente correcto compartir un espacio público” con la persona que “niega el genocidio”, “injuria” a los que se oponen “al proyecto de aniquilación de todo ese pueblo” y “avala el exterminio”. Como decíamos antes, lo central es el lugar desde el que se habla.

“Criticamos posicionamientos públicos, no identidades”, decían estas autoras, citando a la Red Universitaria por Palestina. Ariana Harwicz no lo ve así: “No me desprogramaron por mis ideas, eso es el eufemismo actual y es falso. Me desprograman por judía para convertirme en paria”, dijo la autora en una entrevista en El País.

Lo que Harwicz llama persecución y “extorsión ideológica” es para las autoras citadas poner un límite a la libertad de expresión cuando se convierte en negacionismo, ya que negar el genocidio —como negar el Holocausto— lo legitima y le concede a esa persona complicidad con esas ideas.

Como suele ocurrir, tras este manifiesto llegó un contramanifiesto. Promovido por el jefe de Cultura del diario ABC, Jesús Calero, y por la escritora y periodista argentina Cecilia Szperling, una carta con 350 firmas, entre ellas Fernando Savater, Andrés Trapiello, Piedad Bonnett, Cayetana Álvarez de Toledo, María Negroni, Santiago Roncagliolo, Fernando Iwasaki, Karina Sainz Borgo o Anna Caballé en defensa de Ariana Harwicz.

“Ningún escritor debería ser excluido de un encuentro cultural por sus posiciones públicas”, dice la carta. “La discrepancia política, por profunda que sea, no justifica la tergiversación, la descalificación personal ni la estigmatización”, añade y exige que “nadie sea apartado de la vida cultural por sostener ideas propias”.

Dos cosas sobre esto último: ¿no son propias todas las ideas? En realidad parece un eufemismo para “ideas hirientes” o “ideas ofensivas”. Y ¿está apartada Ariana Harwicz de la vida cultural al ser desinvitada a unas jornadas? Más bien parece que aquí asoman de nuevo los defensores de la “cultura de la cancelación” que nadie ha conseguido probar todavía, ni siquiera en los casos más extremos de personas acusadas de crímenes graves.

Tras aquella carta de 350 firmas, este viernes ha llegado otra de más de 500 escritores “en respaldo al posicionamiento público contra el negacionismo del genocidio palestino en espacios literarios”. Aquí encontramos que nombres como Cristina Rivera Garza, Marta Sanz, Lucrecia Martel, Rodrigo Sorogoyen, Alejandro Zambra, Camila Sosa, Rita Indiana, Fernanda Trías, Alana S. Portero, Mónica Ojeda, Dahlia de la Cerda, Andrea Abreu, Sandra Gamarra o Lydia Cacho respaldan la posición de las autoras participantes en las jornadas que aplaudieron la decisión de no invitar a Harwicz: “No vamos a dejar solas a las personas que se posicionan contra el genocidio del pueblo palestino”, dicen. Y recalcan: “Organizar un boicot pacífico no es censurar. La discusión es si nuestras instituciones culturales tienen la obligación de proporcionar escenarios, recursos, prestigio y legitimidad a cualquier posición política imaginable. Creemos que no: criticar no es censurar, protestar no es censurar”.

Cada semana estamos viendo cómo la cultura, ese artefacto que sirve para pensarnos como civilización, ha decidido marcar límites. Antes había “posiciones públicas” y “discrepancias políticas” pero, para cada vez un número más grande de pensadores y artistas, lo que hay es un reguero de más de 73.000 cadáveres de palestinos.

La cultura, como la democracia, es una colisión de derechos que hay que manejar día a día, escenario a escenario. Y, dentro de se marco, lo que de verdad nos definiría como sociedad profunda y madura con una cultura crítica y robusta no sería expulsar, sino que sería poder discutir sobre las ideas que nos parezcan incómodas, contrarias, e incluso hirientes y ofensivas, siempre que no estén ahí para alimentar la cultura del odio. Si es que eso es posible.

Después de haber sido expulsado del tour de Ed Sheeran por defender a Palestina sobre el escenario, el rapero Macklemore ha anunciado una gira contra el genocidio en Gaza cuyas ganancias irán destinadas a organizaciones propalestinas. El cantante actuará en Dublín, París y Londres el 26, 29 y 30 de octubre respectivamente, siendo acompañado por artistas que todavía no ha desvelado. Macklemore también tiene pensado dar conciertos en EEUU, aunque dará a conocer las fechas más adelante.

“Si algo nos han enseñado estas últimas semanas, es que algo ha cambiado en los últimos tres años. Ha habido un despertar colectivo en torno a la liberación palestina, el poder de los multimillonarios que intentan censurar ese clamor y lo que esperamos de los artistas ahora mismo”, ha escrito el rapero en redes sociales para presentar el tour Free Palestine. “Estamos en 2026. Ser apolítico durante un genocidio ya no funciona. Se les pide a los artistas que se involucren, se informen y participen en la comunidad”, ha añadido.

Macklemore ha declarado que los artistas deben usar el escenario “para algo más que entretenimiento”, y que la gente pide a los cantantes “que se opongan cuando el clamor por una Palestina libre se tope con intentos de silenciarlo”. Es por ello que ha reconocido que lo que le sucedió fue “más grande que un artista o un escenario”: “Cuando la clase multimillonaria puede decidir qué voces se permiten en el escenario y cuáles son demasiado peligrosas para escuchar, todos deberíamos estar atentos. Así que, como ya saben, mi agenda se liberó un poco”.

“He dedicado la última semana a contactar con artistas que se han manifestado y han usado sus escenarios para solidarizarse con el pueblo palestino, sin importar las consecuencias. Artistas que entienden que nuestras plataformas significan muy poco si solo estamos dispuestos a usarlas cuando es seguro”, ha explicado el rapero. “Debido a la rapidez con la que todo se ha organizado, aún se están definiendo muchos detalles, horarios y conversaciones. Pero este es un momento clave y hay mucho trabajo por hacer”, ha agregado.

Para acceder a la venta de entradas y recibir actualizaciones al respecto de la gira es necesario registrarse en macklemore.com. La preventa comienza el próximo lunes a las 10:00 horas y la venta general el próximo miércoles a las 10:00 horas. El concierto de Dublín tendrá lugar en el 3Arena, el de París será en el Accor Arena y el de Londres en el Wembley Arena. Todos los beneficios se destinarán a organizaciones que apoyan al pueblo y al movimiento palestino.

Live Nation Israel, filial del grupo Live Nation, ha puesto este miércoles a la venta las entradas para el concierto de Boy George, vocalista de Culture Club, el próximo 4 de noviembre en Tel Aviv.

La gran promotora internacional anuncia el concierto en Ticketmaster — su propia empresa de venta de entradas— como “nadie más apropiado que Boy George para abrir las puertas del país a las actuaciones internacionales”. Al músico, célebre por grandes éxitos de los ochenta como Do You Really Want to Hurt Me o Karma Chameleon, la promotora le define como “un amante de Israel que llega con un mensaje personal de amor, esperanza y conexión con el público israelí”.

Este verano, Boy George ha publicado la canción We Will Dance Again, cuya letra defiende la acción miliar de Israel contra el pueblo palestino: “Tú dices genocidio, yo digo guerra / Cuando te atacan, para eso está el ejército / ¿Se pone fea la cosa? Vaya que sí / Cuando sé que quieres matar hasta al último de nosotros”, dice, traducida al español. “Yo estoy con los judíos”, canta el artista, que no es judío, pero desde los ochenta ha utilizado símbolos hebreos en los diseños de sus discos y se ha interesado por la cultura judía.

Según la letra de Boy George, los israelíes asesinados en el ataque terrorista de Hamás hace ahora tres años lo fueron “por el crimen de bailar”. El atentado de Hamás del 7 de octubre produjo más de 1.200 asesinatos de israelíes, lo cual desató una sangrienta revancha que ha llegado a Israel a asesinar a más de 73.000 palestinos, entre ellos más de 21.000 niños.

En la canción también ataca a los artistas que defienden a Palestina: “Los músicos ondean banderas y balan como ovejas / La propaganda, alimentada por internet, les hace parecer tan débiles”. Tanto la canción como el anuncio de este concierto llega en un momento en el que la escena musical y cultural está muy activada políticamente en la denuncia del genocidio, como demuestra la reacción de los teloneros y músicos de Ed Sheeran tras apartar de su gira a Macklemore por su defensa de Palestina.

Live Nation Israel produce este concierto en el Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv junto a los empresarios locales Guy Basar (realizó el concierto de Britney Spears en Tel Aviv en 2017) y Shai Mor Yosef, promotor de un concierto anterior de Boy George en la ciudad israelí en 2017.

“La conexión de Boy George con Israel va mucho más allá de la música”, admiten los promotores. “A lo largo de los años, ha actuado en Israel y ha expresado repetidamente su amor por el público israelí. Incluso en momentos en que enfrentó críticas y presión internacional, optó por mantener la conexión con Israel y su postura personal”.

El concierto se va a celebrar a pesar de campañas como No Music For Genocide, donde más de mil músicos (Massive Attack o Fontaines DC entre ellos) piden un “boicot cultural” para que se geobloquee la música en Israel y no se realicen eventos allí. La reacción negativa por lanzamiento de su canción We Will Dance Again —la cual admitió, por cierto, haber compuesto con ayuda de IA— sí provocó que el músico se retirara del musical Jesus Christ Superstar en el West End londinense, donde tenía previsto interpretar a Herodes el pasado mes de agosto. Culture Club tiene prevista una gira de celebración de sus singles con un concierto en París y diez fechas en el Reino Unido durante el mes de diciembre.

Defender a Israel no equivale a odiar a los palestinos. Ni mucho menos ser cómplice de un genocidio. Así lo ha concluido la Fiscalía de Barcelona, que ha archivado la denuncia que dos jóvenes de la Organització Juvenil Socialista (OJS) de Catalunya —encausados por tirar pintura roja a la comunicadora en un acto público— presentaron contra la articulista por los delitos de incitación al odio y “complicidad con el genocidio” de Israel en Gaza.

En un decreto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía concluye que las palabras de Rahola denunciadas simplemente forman parte del “debate público” en torno a la guerra en Gaza, y descarta que la periodista “tuviera por objeto promover la hostilidad” hacia el pueblo palestino con sus distintos artículos e intervenciones televisivas en defensa de Israel.

“Siempre he confiado en el archivo de esta denuncia porque no tenía ningún fundamento jurídico, sino que respondía a la voluntad de censurar la opinión libre, neutralizar la disidencia e imponer el pensamiento único. No era una denuncia en favor de ningún derecho que hubiera que preservar, sino contra el derecho a pensar y opinar libremente”, ha manifestado Rahola, defendida por el abogado Cristóbal Martell, en un comunicado.

La denuncia de la OJS se apoyaba en distintas intervenciones de Rahola en conferencias, programas de televisión y artículos de prensa. En ninguna de ellas, zanja la fiscal delegada contra los delitos de odio de Barcelona, consta que la comunicadora instara o animara a “actos discriminatorios o violentos” contra los palestinos.

Según los denunciantes, Rahola “ha negado, banalizado y justificado públicamente la comisión del delito de genocidio por parte de Israel contra la población palestina”, algo que la Fiscalía niega con contundencia. “Es evidente”, remarca la fiscal, que la conducta de Rahola es “de imposible encaje” con el delito de complicidad con un genocidio.

Las palabras de Rahola denunciadas, insiste el Ministerio Público, se pronunciaron “en el contexto de discursos suscitados con motivo del conflicto árabe-israelí” que provocó la invasión de Gaza por parte de Israel tras los ataques del grupo Hamás de 7 octubre de 2023.

Recuerda además la fiscal las distintas decisiones judiciales que han frenado dos querellas de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), una entidad que acusó de “antisemitismo” a la exministra Ione Belarra y a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. Los jueces remarcaron que las acusaciones de “apartheid” contra Israel de las dos políticas no incitaban al odio contra la comunidad judía. Lo mismo debe ocurrir ahora en sentido contrario con las declaraciones de Pilar Rahola.

En suma, el archivo del caso es una nueva invitación para dejar fuera de la vía penal las opiniones de personajes públicos sobre el conflicto en Gaza. Sean a favor o en contra de Israel o de Palestina.

Frente a un pequeño espejo dentro de su diminuta habitación, Yara Abu Qaoud, de 14 años, echa un último vistazo a su ropa antes de salir hacia la escuela. A diferencia de otros estudiantes de todo el mundo, Yara y sus compañeros no llevan un uniforme escolar común. Una devastadora crisis económica y una grave escasez de productos esenciales han impuesto una dura realidad en la que los niños y niñas de Gaza simplemente visten la ropa que pueden encontrar. 

El 19 de septiembre, Yara comenzó su noveno año escolar en Ciudad de Gaza, pero, a diferencia de los niños y niñas que celebran el comienzo de un nuevo curso, Yara se siente profundamente frustrada. Sentada en una sencilla silla de madera, Yara se acomodó junto a otras cuatro niñas alrededor de una pequeña mesa de madera, en un reducido espacio de aprendizaje dentro de la escuela.  

Es una imagen habitual en la Gaza de hoy. Con numerosas escuelas destruidas y la mayoría de las que siguen en pie convertidas en refugios para familias desplazadas, recuperar un espacio para la educación supone abrirse paso dentro de edificios ya abarrotados. Así ocurre en los espacios de aprendizaje habilitados por UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, donde pequeñas zonas de estos refugios, o tiendas de campaña en el patio, se han acondicionado como aulas improvisadas. Lonas de plástico hacen las veces de paredes, mientras pequeñas mesas y sillas permiten recuperar, en condiciones mínimas, un lugar donde aprender. 

“No me siento cómoda yendo a esta escuela. Las condiciones en las que estudiaremos no son nada cómodas y nos veremos obligados a amontonarnos en pupitres diminutos”, afirma. Al igual que casi medio millón de estudiantes de toda la Franja, Yara regresa a las clases presenciales después de tres años de violencia y desplazamientos, durante los cuales solo pudo acceder de manera esporádica a periodos de educación a distancia por internet. 

Entre octubre de 2023 y noviembre de 2025, Israel ha dañado aproximadamente el 97,5% de los edificios escolares, mientras que las estructuras que sobrevivieron fueron convertidas en centros de acogida para las personas desplazadas. Alrededor de 660.000 estudiantes se han visto privados de su derecho a la educación durante este periodo. 

A pesar del supuesto alto el fuego vigente, los ataques aéreos israelíes continúan, provocando víctimas civiles, entre ellas menores. La violencia persistente ha dejado aterrorizadas a muchas familias ante el comienzo del curso escolar. “Una de las principales razones de mi ansiedad es tener que ir a la escuela sabiendo que la guerra realmente no ha terminado. Podría perder la vida mientras camino hacia la escuela, o incluso mientras estoy sentada en clase”, explica Yara. 

Añade que las pésimas condiciones de vida de la mayoría de los estudiantes, especialmente de quienes viven en tiendas de campaña, hacen que la escasez de agua y de productos de higiene provoque infecciones generalizadas de la piel y de las vías respiratorias, que afectan directamente al entorno escolar. “Imagina tener a unos 50 o 60 estudiantes hacinados en un espacio diminuto, algunos de ellos con varicela, gripe o piojos. El contagio se propaga rápidamente entre nosotros, lo que nos obliga a faltar a clase, ya sea para protegernos de la infección o para recuperarnos si nos contagiamos”. 

Para agravar aún más sus dificultades, Yara no pudo comprar material escolar nuevo para el curso debido a los precios exorbitantes y a la falta de ingresos de su padre. En su lugar, ha optado por recuperar y reutilizar los materiales que le quedaron del año pasado, mientras espera que las organizaciones de ayuda entreguen apoyo a los estudiantes. 

“A pesar de estas duras condiciones, siempre espero que algunas organizaciones puedan ayudarnos a conseguir nuestro material escolar”, afirma. Espera que UNRWA pueda distribuir material escolar entre todos los estudiantes de la Franja.  

El apoyo de la Agencia la ha acompañado de una forma especial en los últimos meses. Yara ha participado en el programa de actividades de verano para menores que UNRWA ha llevado a cabo en Gaza. En ellas, los profesionales de la Agencia han proporcionado apoyo psicosocial y educación de recuperación a los estudiantes. Más de 47.000 niños y niñas participaron en estos campamentos de verano en más de 80 refugios.  

El papel de UNRWA en la educación de Gaza 

La participación de UNRWA se ha extendido mucho más allá de los campamentos de verano. Durante toda la ofensiva, la Agencia ha sido una pieza clave en el aprendizaje de los niños y niñas mediante diversas intervenciones de emergencia. Tras el primer alto el fuego temporal, en enero de 2025, puso en marcha un programa de educación a distancia destinado a llegar a aproximadamente 280.000 estudiantes. 

Sin embargo, a pesar del elevado número de alumnos que se incorporaron a las plataformas en línea, una parte importante de los menores, aquellos que no tenían teléfonos móviles o que vivían en condiciones extremas y dedicaban sus días a recoger agua, buscar leña y encontrar alimentos, siguió excluida del proceso educativo. 

Dado que las escuelas de UNRWA que habían sobrevivido al conflicto albergaban a enormes cantidades de familias desplazadas, la Agencia solo pudo reanudar la enseñanza presencial después de octubre de 2025, cuando amplió su iniciativa de “Regreso al aprendizaje”. Desde entonces, ha establecido más 670 aulas temporales de aprendizaje junto con plataformas en línea, atendiendo a más de 300.000 estudiantes en Gaza durante el curso académico 2025. 

Según Adnan Abu Hasna, portavoz de UNRWA, la Agencia adoptará un modelo híbrido e integrado para el curso académico 2026, combinando la educación a distancia con la asistencia presencial. También explica que el sistema tratará ambas modalidades como un único modelo complementario, y no como alternativas, garantizando que los estudiantes puedan continuar aprendiendo incluso si una de las dos modalidades se ve interrumpida. 

Con el comienzo del curso escolar, UNRWA tiene previsto abrir más aulas de aprendizaje en toda la franja de Gaza, que inicialmente recibirán a unos 72.000 estudiantes, con capacidad para ampliar esa cifra hasta 100.000. Al mismo tiempo, 280.000 estudiantes se beneficiarán de los programas de educación a distancia. Según los planes aprobados, los estudiantes asistirán presencialmente tres días a la semana y recibirán cuatro clases de 45 minutos al día, lo que supone un total de 12 clases semanales. Los equipos de la Agencia continúan preparando espacios de aprendizaje adicionales para acoger a más niños y niñas, pero estos esfuerzos siguen dependiendo de las condiciones de seguridad, la preparación operativa y los recursos disponibles. 

Mientras UNRWA trabaja para construir una realidad mejor para los jóvenes de Gaza, Yara regresa a su habitación al final de su primer día de escuela. Sabe que su camino hacia la educación será cualquier cosa menos fácil en medio de una realidad tan dura, pero se niega a rendirse. “No abandonaremos nuestra educación, por muy difícil que llegue a ser la realidad. La educación es un derecho fundamental de todos los niños y niñas de Gaza y es nuestro principal medio para superar la destrucción y la pobreza que dejó la guerra”, afirma Yara. 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez instructor Francisco de Jorge que archive la causa que se abrió en julio de 2025 para investigar a los directivos de la metalúrgica vasca Sidenor. El magistrado y el Ministerio Fiscal sospechaban, en un principio, que la compañía había vendido acero a una empresa clave para la industria armamentística israelí a sabiendas del fin al que iba a ser destinado. Según confirman a elDiario.es fuentes jurídicas, el informe con la petición de archivo fue presentado el pasado mes de julio y por el momento el juez no ha dado respuesta al mismo en forma de resolución.

Si bien en un inicio los hechos fueron investigados como posibles delitos de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio, finalmente la Sala de lo Penal siguió el criterio de la fiscal del caso y circunscribió la investigación a un delito de contrabando. En la causa constan como investigados el presidente de la acerera, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos.

Con esta petición de archivo, la fiscal Manuela Fernández se reafirma en su visión del asunto que, a lo largo de la instrucción, le ha llevado a pedir —con éxito— que la Audiencia Nacional anulara por “inadecuada y desproporcionada” la entrada y registro de la sede de Sidenor de Basauri (Bizkaia), o que no se aceptara como acusación particular la personación del médico palestino Refaat Alathamna, que tuvo que abandonar su país por el conflicto con Israel.

Ahora, la fiscal pide a De Jorge el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa porque, a su juicio, no se ha podido determinar si las operaciones de exportación de Sidenor hacia Israel que se han examinado infringieron la normativa que regula el comercio exterior de material de defensa o productos de doble uso y si, por tanto, integraban el delito de contrabando. Cuando se habla de producto de doble uso, en el caso del acero, se hace referencia a un tipo de material especial de altas prestaciones técnicas que permiten que sea usado tanto para aplicaciones civiles como para la fabricación de armamento.

El Ministerio Público explica en escrito que, tras recibir informes policiales, documentación mercantil, documentación aduanera, informes periciales privados, declaraciones de investigados y abundante documentación técnica, se ha evidenciado que ese acero de Sidenor con destino a Israel no se encontraba incluido en los listados reglamentarios de materiales expresamente clasificados como material de defensa o producto de doble uso.

Considera que tampoco se ha acreditado de forma concluyente que ese material exportado fuera efectivamente incorporado a sistemas concretos de armamento. Y dice más, que la circunstancia de que la empresa destinataria desarrolle actividades vinculadas a la industria militar israelí no permite deducir que el acero adquirido fuera a terminar incorporándose a procesos de fabricación armamentística. De hecho, recalca que se desconoce el concreto uso final dado a las partidas exportadas.

Controversia jurídica

Por otro lado, la fiscal explica que la normativa vigente tanto nacional como europea ha generado en este caso “una controversia jurídica real” sobre el alcance de las obligaciones de los exportadores de este tipo de material. Indica que esas obligaciones administrativas supuestamente infringidas no eran “inequívocas” y, por tanto, no se puede afirmar que los investigados actuaran con conocimiento de estar eludiendo la ley.

En su informe, la fiscal se para, además, en analizar esa normativa, y destaca el reglamento europeo 2021/821 porque incluye la cláusula 'catch-all'. Ésta recoge que determinadas exportaciones de productos no incluidos en los anexos de material militar o de doble uso pueden quedar sometidas a control cuando existan indicios sobre su destino o utilización final.

Para Fernández, esa cláusula es la causante de la controversia en este caso concreto de Sidenor. Destaca que mientras que la hipótesis inicial de la causa entendía que bastaría el conocimiento por el exportador de un eventual destino militar del producto para activar las obligaciones previstas en la normativa sectorial, la defensa de los imputados sostiene que esa normativa exige un plus y que su interpretación debe realizarse conforme a su tenor literal.

Así pues, para el Ministerio Público “persisten las incertidumbres” sobre el alcance jurídico de la cláusula 'catch-all', sobre el destino final del acero exportado, y sobre el conocimiento de los investigados acerca de la posible ilegalidad de las operaciones.

Las 989 toneladas de acero

Cabe recordar que el procedimiento arrancó a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa en la que se indicaba que Sidenor envió a la compañía israelí 989 toneladas de acero entre agosto de 2024 y junio de 2025 con el conocimiento de que eran exportaciones que no contaban con la autorización del Gobierno. Sumaba que en ese momento iba a partir otro cargamento de acero hacia Israel desde el puerto de Barcelona, y entre las primeras medidas que se adoptaron fue la de paralizar ese envío.

Tras analizar la denuncia, De Jorge abrió causa al entender que los directivos de Sidenor no podían desconocer que había una guerra abierta en Gaza y que, por tanto, su acero podía acabar siendo usado contra los palestinos. Para el juez, los hechos ocurridos en Gaza eran de dominio público tanto por la información publicada a diario en prensa y televisión como por la calificación provisional como delito atribuido a estos acontecimientos por el Tribunal Penal Internacional y las denuncias presentadas por la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, y por la UNRWA, entre otras personas y agencias de Naciones Unidas.

Así, en el auto por el que el juez acordó levantar el secreto de la investigación, el juez ponía el foco en que la venta de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI) se hicieron con pleno conocimiento de que se trataba de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la fabricación de armamento. Añadía que además de no contar con la pertinente autorización tampoco se había inscrito en el registro correspondiente, tal y como constaba en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre de 2025.

Durante la instrucción, De Jorge llamó a declarar a los investigados. Jainaga, explicó entonces que su cometido en la compañía era supervisar los resultados y el funcionamiento del grupo y tomar decisiones estratégicas como la adquisición de nuevas empresas. Recordó que daba trabajo a 1.200 personas y que él personalmente no intervenía en las exportaciones de la acerera porque ese negociado lo llevaba su departamento comercial.

Sí relató, no obstante, que la empresa israelí a la que vendían acero encajaba en la categoría de pequeños clientes dado que su peso en el volumen global de Sidenor era de un 0,2%. Comentó que la acerera vasca factura de 800 a 1.000 millones de euros al año, y que esa venta a Israel se gestionó en la delegación de Sidenor de Londres.

Según indicó Jainaga, el material que vendieron en realidad no tenía fines militares. Sumó a esto que cuando se prepararon los portes hacia la empresa israelí en julio de 2025 no existía embargo de armas a Israel. Recordó que el decreto de embargo era de septiembre del 2025, y que él mismo tomó la decisión de dejar de vender a Israel a pesar de que en ningún caso supuso que podría ser utilizado en contra del pueblo palestino.

Macklemore donará el millón de dólares que ha ganado como telonero en la gira de Ed Sheeran a organizaciones que apoyan al pueblo palestino. Así lo ha anunciado el rapero este miércoles en sus redes sociales, donde ha invitado al multimillonario Robert Kraft a igualar su donación, a quien Macklemore señaló como responsable de haber presionado para que lo expulsaran de la gira. Kraft, por su parte, ha anunciado que donará dos millones de dólares para “ayudar a la región”.

El rapero fue excluido de la gira actual de Ed Sheeran a principios de esta semana tras gritar “Palestina libre” sobre el escenario y pronunciar un discurso político en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a principios de septiembre. Este culpó al propietario del equipo de la NFL de los New England Patriots, Kraft, afirmando que había presionado a otros dueños de estadios para que le impidieran actuar en sus recintos. Ahora, el rapero ha anunciado que donará todo lo conseguido con el tour a organizaciones como Palestine Children's Relief Fund, Heal Palestine, Gaza Soup Kitchen, Medical Aid for Palestinians, UNRWA USA National Committee y Anera.

“Tras todo lo ocurrido en las últimas 48 horas, quiero reconducir la conversación hacia donde corresponde: al pueblo palestino, que sigue siendo asesinado, que sigue viviendo bajo ocupación militar y que sigue luchando por su libertad”, ha escrito el artista en un comunicado. “Donaré el millón de dólares de mis ganancias netas a seis organizaciones que trabajan directamente en apoyo del pueblo palestino. E invito a Robert Kraft a igualar mi donación. Independientemente de nuestras diferencias, quizás podamos coincidir en que las vidas palestinas merecen ser protegidas. Una vida palestina no es menos valiosa que cualquier otra vida en este planeta”, ha agregado.

Macklemore ha comentado que quiere “dar protagonismo a los padres que llevan a sus hijos a hospitales sin los recursos básicos para tratarlos, y a los médicos, paramédicos, periodistas y trabajadores humanitarios que siguen acudiendo”. “Quiero dar protagonismo a los organizadores y activistas que han pagado un alto precio por apoyar a Palestina. Su riesgo es de una magnitud muy distinta al mío”, ha explicado.

“Los palestinos han vivido durante décadas sin derechos básicos y no deberían tener que esperar ni un día más para ser libres”, ha continuado Macklemore. “Ahí es donde seguiré centrado. Seguiré apoyando al pueblo palestino y su lucha por la liberación. Cuando la atención mediática se desvíe, que lo hará, no se dejen llevar por ella. ¡Palestina libre!”, ha concluido.

La donación de Kraft

Antes de que Macklemore solicitara igualar su donación, Robert Kraft asegura que ya Ed Sheeran le había pedido igualar la suya para “combatir esta crisis humanitaria”, anunciando que donará dos millones de dólares para “ayudar en la región”. Sin embargo, Kraft no ha especificado a qué organizaciones donará, mientras que Ed Sheeran no ha confirmado todavía ninguna donación. El multimillonario ha alegado que anteriormente había trabajado para reunir a “jóvenes palestinos e israelíes con el fin de crear empresas, generar empleo y forjar relaciones”. “He dedicado gran parte de mi vida a tender puentes entre todas las personas”, ha destacado. “Creo firmemente que todas las vidas merecen ser protegidas”, ha añadido.

Por su parte, Ed Sheeran se ha quedado sin teloneros para lo que queda de gira después de que tres artistas y la banda que le acompaña en el escenario decidiera retirarse en apoyo a Macklemore. Así lo hicieron público ayer Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe y el grupo Beoga, criticando la censura. “Los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz en defensa de los oprimidos. He decidido retirarme de las próximas fechas de mi gira con Ed Sheeran. Estoy con Palestina y su pueblo”, escribió Finneas en Instagram.

Por su parte, el danés Lukas Graham explicó que no estará “mientras las cosas sigan así”. “Es difícil ver a familias en otras partes del mundo enterrando a las personas que aman. Deberíamos poder hablar sobre la guerra, sobre civiles que están siendo asesinados, sobre niños que merecen crecer. Independientemente de dónde vivan. Independientemente de qué bandera ondee sobre ellos”, apuntó. “El dinero no te da derecho a adueñarte de la conversación. El saldo de la cuenta bancaria de nadie no da derecho a decidir quién puede hablar o qué sufrimiento tenemos permitido reconocer”, subrayó.

Los participantes del Festival de las Ideas que forzaron ayer la salida de Allianz como patrocinador del evento, celebran la decisión tomada por el Círculo de Bellas Artes y La Fábrica, aunque lamentan que el comunicado oficial que emitió ayer la organización “no mencione ni el motivo del apartamiento ni, sobre todo, el fondo de la cuestión, el sufrimiento del pueblo palestino”. Un punto que la organización del Festival ha matizado posteriormente con un nuevo comunicado.

Por otro lado, la ruptura de Allianz ha sido criticada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, amenazando con replantear su colaboración con el festival a partir del año que viene.

Ayer martes, más de 30 referentes del mundo de la cultura consiguieron la salida de Allianz como patrocinador, al amenazar con retirar sus nombres del cartel a dos días de la celebración del evento si ese gigante de los seguros no retiraba su apoyo económico a este evento cultural. La aseguradora se encuentra señalada en el informe de 2025 de la relatora de Naciones Unidas Francesca Albanese al ser la mayor compradora de bonos del Estado israelí.

“El festival debe seguir siendo un espacio dedicado al intercambio libre de ideas, al debate abierto y a la diversidad de perspectivas, sin que ninguna controversia externa desvíe la atención de su programación, sus participantes o su público”, dijo la organización.

A los ponentes, entre los que se encontraban Rodrigo Sorogoyen, Alana S. Portero, Javier Gallego ‘Crudo’, Nerea Pérez de las Heras, Rodrigo Cuevas o Inés Hernand, no les ha gustado que su acción fuera definida como una “controversia externa”. “Ni las personas que nos negamos a compartir un espacio bajo la marca de Allianz somos una controversia externa, ni mucho menos lo es el genocidio en curso en Palestina”, dicen. Para ellos, el genocidio en Palestina es “el centro mismo del debate” y critican que no fuera ni siquiera nombrado en la respuesta del Festival. 

Quizá por ello, el Festival de las Ideas, un evento gratuito sobre pensamiento y cultura organizado en plazas y espacios de Madrid, ha emitido hoy una nueva comunicación en la que matizan la que ha suscitado las quejas del grupo de ponentes. 

La dirección afirma que “la defensa de la dignidad y los derechos humanos han sido valores esenciales del Festival”. “La programación vuelve a reunir voces que se han pronunciado públicamente sobre el genocidio en Palestina y que han hecho de las fronteras, la violencia y la defensa de los derechos humanos parte de su pensamiento y su trabajo”, señala. “Lo ocurrido estos días también nos obliga a revisar, aprender y pensar cómo hacemos y financiamos la cultura”, añade.

Los ponentes también han pedido que la dirección del Festival aclare si “renuncia al dinero de la empresa” y si se “compromete a no contar en el futuro con ninguna otra compañía que viole los derechos humanos”.

La amenaza de Almeida

La salida de Allianz como patrocinador del Festival de las Ideas ha sido criticada este miércoles por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha avanzado que el Ayuntamiento de la capital “se replantea total y absolutamente la colaboración y la participación de cualquier manera en este festival” a partir del año que viene, a la vez que declara estar “profundamente decepcionado” con los organizadores, el Círculo de Bellas Artes y La Fábrica.

“Un festival en el que no caben las ideas o en el que se señalan sin mayores fundamentos y sin mayores pruebas y lo que hay es una cancelación y lo que se achica es precisamente el debate sobre las ideas. El Ayuntamiento de Madrid cree que no tiene sentido que nosotros tengamos que dar un apoyo, un soporte institucional”, ha amenazado en declaraciones a los medios durante un acto en el barrio de Letras.

Almeida considera que la “cancelación” de Allianz “no se corresponde con lo que es una ciudad tan abierta como Madrid, y tan abierta en cuanto al debate de las ideas”. La posible salida del Ayuntamiento de Madrid no afectará a esta edición de 2026 porque “hay una serie de convenios firmados” que no permitirán “tomar medidas” en este sentido, ha aclarado el alcalde.

Ed Sheeran se ha manifestado públicamente acerca de la exclusión de Macklemore como telonero de su gira en Estados Unidos por su apoyo a Palestina desde el escenario. El cantante de pop ha señalado que la decisión no fue suya, sino del promotor, y que elige usar su fama y “plataforma para ser un lugar de seguridad y santuario”, no para hablar sobre política, pese a que está “horrorizado por el conflicto entre Israel y Palestina”.

El motivo de que el rapero estadounidense se quedara fuera fue que, durante dos actuaciones del tour, se manifestó sobre el escenario a favor de una “Palestina libre”, apoyó a los palestinos de Gaza y Cisjordania y mostró la bandera del territorio.

“No soy cómplice. Tengo mis opiniones personales sobre este conflicto devastador. Solo porque elijo no hablar públicamente, no significa que no las tenga, y no significa que no me importe. Tampoco significa que no apoye causas a mi manera personal”, ha relatado este martes Ed Sheeran desde su cuenta de la red social Instagram, el mismo canal que usó Macklemore para contar lo sucedido el día anterior.

La versión que da el artista británico coincide con la del rapero: “Después de las actuaciones de Macklemore en mis shows de Nueva Jersey, los recintos de las fechas próximas de mi gira comunicaron que cancelarían los espectáculos si él seguía siendo el grupo invitado. Me informaron que esta postura se basaba en cómo Macklemore transmitió parte de su mensaje durante su actuación, más que en todo lo que se dijo”, explica.

Sheeran añade que habló con todos los recintos y con el promotor, Robert Kraft, “para intentar encontrar una resolución mutua para todos, pero la decisión del recinto y del promotor fue final”. El cantante de pop añade: “Nunca decepcionaría a los fans que habían hecho planes, ni abandonaría al equipo de la gira y a los otros teloneros y músicos que dependen de mí para trabajar y ganarse la vida.

También resalta que “el contrato de Macklemore para la gira era con el promotor”, no con él, que “respeta como artista” al rapero y que estaba de acuerdo en que tocara las canciones de su elección.

Uno de esos temas, precisamente, fue Hind's Hall, que trata sobre los manifestantes pro-palestinos de la Universidad de Columbia, que ocuparon un edificio y lo nombraron en honor a Hind Rajab, la niña palestina de seis años asesinada por el Ejército de Israel.

“Estoy horrorizado por el conflicto entre Israel y Palestina. El sufrimiento y el dolor causados en ambos lados es una tragedia humana”, sostiene Sheeran, que agrega que en sus conciertos no habla de política porque su “audiencia incluye a jóvenes, a menudo niños, de todos los orígenes”. “No soy cómplice”, matiza. “Tengo mis opiniones personales sobre este conflicto devastador. Solo porque elijo no hablar públicamente, no significa que no las tenga, y no significa que no me importe. Tampoco significa que no apoye causas a mi manera personal”.

Sheeran concluye que “si solo nos enfocamos en gritar más fuerte, nada cambiará nunca. Hay diferentes enfoques para ser un defensor del cambio”. “Sé quién soy, tanto como persona como artista, y quienes conocen mi corazón conocen también mis valores”.

Al final de la tarde del martes, otros tres de sus teloneros han anunciado en sus cuentas de Instagram que dejaban la gira. Se trata de Finneas, Aaron Rowe y Lukas Graham. “Los artistas no deben ser silenciados cuando hablan por el oprimido”, publicaba el primero, asimismo hermano de la artista Billie Eilish, muy crítica con Trump y todo lo que le rodea.

“Los irlandeses conocemos muy bien el genocidio, la hambruna forzosa y la ocupación violenta”, publicaba Rowe, que terminaba su comunicado con un “Palestina libre”. Graham, por su parte, compartía el símbolo palestino de la sandía y expresaba: “Deberíamos poder hablar sobre la guerra, sobre los civiles asesinados y sobre niños que se merecen crecer”.

El Festival de las Ideas, que se celebrará en Madrid del 17 al 20 de septiembre, no contará con Allianz entre sus patrocinadores. Su retirada llega después de que más de treinta participantes hubieran amenazado con cancelar su presencia tras enterarse de la vinculación de la aseguradora con el evento organizado por el Círculo de Bellas Artes y La Fábrica. Según han informado en un comunicado, el festival continuará con la programación que había prevista.

“Hemos decidido en conjunto poner en suspenso nuestra participación hasta que el Festival no se comprometa públicamente a desvincularse de Allianz y a no aceptar apoyos económicos, ni en esta ni en futuras ediciones, de entidades que colaboran con el Estado de Israel en la destrucción del pueblo palestino”, habían explicado previamente en un escrito más de treinta personalidades del mundo de la cultura como Rodrigo Sorogoyen, Alana S Portero, Nerea Pérez de las Heras, Rodrigo Cuevas e Inés Hernand, entre otros.

Los firmantes indicaron que Allianz es actualmente “el mayor comprador mundial de bonos del Estado israelí” y, por lo tanto, “financiador fundamental del genocidio en curso”. También incidían en que la compañía aseguradora no puede alegar “desconocimiento” porque su nombre forma parte del informe de 2025 de la relatora de Naciones Unidas Francesa Albanese De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, precisamente por la compra de estos bonos.

Los participantes afirmaron que habían tomado la decisión “unides en una posición común de solidaridad con el pueblo palestino y de rechazo a cualquier forma de complicidad cultural o empresarial con la vulneración de los derechos humanos”. “La cultura no es un espacio neutro”, alegaron, “es un campo atravesado por relaciones de poder, intereses económicos y conflictos políticos”.

Paula Ducay, Alberto Velasco, El Niño de Elche, Laila Yousef Sandoval, Rocío Molina, Cristina Consuegra, Luz Arcas, Eugenia Tenenbaum y Javier Gallego (director de Carne Cruda) son otros de los firmantes que iban a participar en el evento y que criticaron el eje central elegido para la edición. “Un Festival de las Ideas que hace del cuerpo su tema central de reflexión no puede, al mismo tiempo, contribuir a blanquear a los actores económicos que permiten que tenga lugar un exterminio, una ocupación y un apartheid”, defendieron.

Por último, insistían en que su reflexión “no pretende señalar ni denunciar a las personas que organizan, trabajan o participan en el festival”. Al contrario, esperaban que su gesto sirva para “abrir una reflexión colectiva, para que el festival revise sus vínculos, y ojalá, para que dé una respuesta pública, positiva e implicada a este comunicado, que nos permita sumarnos a los debates y hacer de ellos un lugar de pensamiento y de ampliación del espacio democrático”.

“Creemos en una cultura comprometida con la justicia, los derechos humanos y la dignidad de todos los pueblos”, concluía su comunicado

La respuesta del Festival

El Círculo de Bellas Artes y La Fábrica, por su parte, han señalado en su escrito que la suspensión de la colaboración del Festival de las Ideas con Allianz “reafirma su compromiso con el mantenimiento de un espacio de reflexión fundamental para el fomento del pensamiento crítico”.

Ambas partes organizadoras coincidían en que el evento “debe seguir siendo un espacio dedicado al intercambio libre de ideas, al debate abierto y a la diversidad de perspectivas, sin que ninguna controversia externa desvíe la atención de su programación, sus participantes o su público”

elDiario.es, al igual que otras cabeceras, es medio asociado del Festival de las Ideas. elDiario.es no participa de la programación ni de otros aspectos organizativos del Festival de las Ideas. Tampoco recibe ingreso alguno.