El ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano acaba de perder la quinta causa que ha promovido contra el secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, el periodista Rubén Sánchez. Esta vez pretendía que fuese condenado a dos años de prisión y el pago de una indemnización de 15.000 euros a su hija por un “inexistente” delito de calumnias, según recuerda la sentencia, de la que informa este miércoles la web de Facua.

El titular del Juzgado de lo Penal número 11 de Sevilla ha sentenciado que Sánchez no calumnió a la hija mayor de Serrano cuando afirmó que, tras lograr la ayuda pública de 2,5 millones por la que está encausado por fraude en subvenciones, el exparlamentario andaluz puso a nombre de ella su vehículo Mercedes, para después matizar que lo había hecho a una sociedad de la que es copropietaria. El fallo resuelve que tampoco incurrió en delito de calumnias cuando informó de que había pedido al instructor de la causa contra el exjefe de Vox que la citase como investigada.

En su sentencia, dictada el 4 de septiembre y comunicada este martes a las partes, el juez señala que la publicación de los dos tuits del periodista “no conlleva ni la afirmación de que lo que se sabe es falso, ni a un temerario desprecio a la verdad”, dos de los elementos imprescindibles para que se produzca la comisión de un delito de calumnias. “En consecuencia se declarará la absolución del acusado”, concluye.

Durante su declaración en el juicio, la hija de Serrano aseguró que Sánchez la acusó en sus tuits de “alzamiento de bienes” y que tras su publicación la “acosaron” periodistas, aunque no fue capaz de facilitar el nombre de ninguno ni de los medios para los que trabajaban. También afirmó que el secretario general de FACUA dejó clara su identidad en sus tuits, aunque en realidad el periodista guardó la precaución de no facilitar su nombre ni indicar que se trataba de la socia de Francisco Serrano en su despacho de abogados.

El exlíder de Vox comenzó a emprender acciones judiciales contra Rubén Sánchez después de que este interpusiese contra él la denuncia en la UDEF que dio origen al procedimiento judicial donde está encausado por fraude en subvenciones, estafa y delito contable. El secretario general de FACUA ejerce en él la acusación popular y pide hasta 10 años de cárcel, bajo la dirección letrada del abogado sevillano Francisco Tejado, el mismo que le ha defendido en la causa donde acaba de ser absuelto y en todos los procedimientos en los que se ha enfrentado a Serrano.

Anteriormente, Serrano vio frustrado sus intentos de que juzgaran a Sánchez por calumnias —por los mismos tuits por los que ha logrado ahora la absolución frente a su hija— y por revelación de secretos. También interpuso contra el periodista una demanda de rectificación por esos tuits, que fue desestimada. Además, Serrano ejerció la dirección letrada en un procedimiento, que fue archivado, donde un policía nacional denunció al secretario general de FACUA por unos inexistentes delitos de odio e injurias contra el cuerpo.

Francisco Serrano, quien fuera cara visible de Vox en Andalucía y candidato a la Junta en las elecciones de finales de 2018, y sus dos antiguos socios, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, deben prestar en el plazo de un día una fianza de más de 3,3 millones de euros como responsables civiles directos en la causa que se sigue en su contra por una ayuda de 2,5 millones del Ministerio de Industria solicitada por la empresa Bio Wood Niebla S.L, creada en marzo de 2016.

En un auto fechado este lunes, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, también se requiere al representante Legal de dicha mercantil “como responsable civil subsidiaria”, para que abone la misma cantidad, en todos los casos “para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele” y con el apercibimiento de que, también en todos los casos, de no prestarla “se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma”.

La Audiencia de Sevilla desestimó recientemente el recurso de apelación interpuesto por Serrano. El mismo juzgado dictó hace un año el auto de procedimiento abreviado al haber dado por concluida la instrucción de esta causa contra Serrano y a sus dos antiguos socios por “indicios racionales” para los tres de delitos de fraude de subvenciones y de estafa. “Se evidencian que existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a los investigados”, dijo aquel auto. El procedimiento se abrió como consecuencia de la denuncia ante la UDEF del secretario general de FACUA, Rubén Sánchez.

El juez declara a la Audiencia de Sevilla como órgano competente para el juicio, con lo que dicha instancia habrá de resolver aún cuál de sus cuatro secciones penales se hace cargo de organizar y celebrar la vista.

La Fiscalía ya presentó su escrito de acusación en el juzgado y donde se reclaman hasta ocho años de prisión para Serrano, así como multas considerables. El presunto delito de estafa atribuido a Serrano y a los otros dos acusados lleva consigo una solicitud de seis años de prisión y multas de 5.400 euros para cada uno de ellos. Adicionalmente, se señalan dos supuestos delitos de fraude de subvenciones como calificación subsidiaria, uno del artículo 308.1 del Código Penal y otro del artículo 308.2 del Código Penal, con penas de ocho años de cárcel, multas de casi 15 millones de euros y la pérdida del derecho a recibir ayudas públicas durante 12 años, también para cada uno de los acusados.

La Audiencia de Sevilla ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Francisco Serrano, quien fuera cara visible de Vox en Andalucía y candidato a la Junta en las elecciones de finales de 2018, quien se sentará en el banquillo de los acusados por una ayuda de 2,5 millones del Ministerio de Industria solicitada por la empresa Bio Wood Niebla S.L, creada en marzo de 2016. El juez Juan Gutiérrez dictó hace un año el auto de procedimiento abreviado al haber dado por concluida la instrucción de esta causa contra Serrano y a sus dos antiguos socios, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, habiendo “indicios racionales” para los tres de delitos de fraude de subvenciones y de estafa. “Se evidencian que existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a los investigados”, dice el auto. El procedimiento se abrió como consecuencia de la denuncia ante la UDEF del secretario general de FACUA, Rubén Sánchez.

En un auto emitido el pasado 29 de febrero, la Sección Séptima de la Audiencia aborda el recurso de apelación de Francisco Serrano, contra el auto emitido el 18 de enero de 2023 por el Juzgado de Instrucción número 16 continuando por el procedimiento abreviado las diligencias incoadas en su contra y también contra Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, impugnación en la que el exdirigente de Vox alegaba que fue “víctima de las estrategias delictivas” de los dos últimos inculpados y que tenía “confianza ciega” en López Ballesteros.

Al respecto, la Sección Séptima de la Audiencia reconoce que a comienzos de octubre de 2017, Serrano dimitió de sus cargos en la sociedad Proyectos e Inversiones Serralba, beneficiaria de parte del dinero público presuntamente defraudado, y que por las mismas fechas “Pelegrín manifiesta eximir de toda responsabilidad” a Serrano respecto a la administración del citado préstamo, pero avisa de que “ya en esa fecha se había dispuesto del dinero procedente del préstamo y se había destinado a fines distintos a la construcción de la fábrica (objeto de la ayuda estatal), por lo que el presunto delito ya estaría presuntamente consumado”.

Por eso, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla resuelve desestimar por completo el recurso de apelación de Serrano y confirmar el auto de continuación de las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado.

La Fiscalía ha presentado un escrito al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, donde se acusa al exdiputado autonómico de Vox, Francisco Serrano, de un posible delito de fraude de subvenciones y estafa. Según el escrito de acusación emitido el 12 de junio, se reclaman hasta ocho años de prisión para Serrano, así como multas considerables.

El presunto delito de estafa atribuido a Serrano y a los otros dos acusados, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, lleva consigo una solicitud de seis años de prisión y multas de 5.400 euros para cada uno de ellos.

Adicionalmente, se señalan dos supuestos delitos de fraude de subvenciones como calificación subsidiaria, uno del artículo 308.1 del Código Penal y otro del artículo 308.2 del Código Penal, con penas de ocho años de cárcel, multas de casi 15 millones de euros y la pérdida del derecho a recibir ayudas públicas durante 12 años, también para cada uno de los acusados.

Indemnización de 2,5 millones

En relación con la responsabilidad civil, se solicita que los tres acusados, junto con la sociedad Bio Wood Niebla como responsable civil subsidiaria, indemnicen al Ministerio de Industria con una suma cercana a los 2,49 millones de euros.

Rubén Sánchez, secretario general de la asociación de consumidores Facua y acusación popular en el caso, reclama una pena de hasta nueve años de prisión para Francisco Serrano, con la posibilidad de incrementarla a diez años si no se paga una multa solicitada de casi diez millones de euros.

Según el auto de continuación del proceso, en 2016, Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros se habrían concertado para obtener “un préstamo Reindus del Ministerio de Industria por un valor de 2.489.000 euros, sin contar con la solvencia necesaria”. El préstamo se habría destinado a fines distintos a la construcción de una fábrica de pellets en la localidad de Niebla, que era el objetivo de los fondos solicitados.

Aparentar “imagen de solvencia”

El auto precisa que conscientes de “la importancia que tiene ofrecer ante el Ministerio de Industria una imagen de solvencia” para captar sus préstamos, Serrano, a través de su sociedad Serrano Abogados y Pelegrín, constituyó la empresa Biowood Niebla con una aportación de fondos propios de 7.000 euros y una “maquinaría que nunca fue comprada ni poseída por los socios, por lo que la declaración no era ajustada a la verdad”.

Según el auto, el Ministerio de Industria les concedió un préstamo por importe de 2.489.000 euros “con el compromiso de que de Biowood Niebla invierta, además, 1.027.125 euros, pesando ”la falta de ajuste a la realidad de la situación financiera y patrimonial de la empresa“, tras ”aparentar una solvencia financiera que no tenía y lograr la concesión del préstamo de forma indebida“.

Una vez cobrado el préstamo, según la instrucción del caso, comenzaron las “disposiciones” del dinero “para fines no comprendidos” en el proyecto subvencionado, destinando unos 200.000 euros a “un cliente de Serrano Abogados que estaba necesitado de financiación y a quién Biowood decidió hacer un préstamo con los fondos” estatales recibidos.

Dinero para “pagar deudas de las empresas”

Serrano, Pelegrín y Ballesteros, según el auto, “se reunieron en distintas ocasiones con Manuel Gavira Gómez (el citado cliente de Serrano Abogados) y tenían conocimiento de que el dinero se iba a destinar a pagar deudas de las empresas del prestatario”.

Otros 1,3 millones de euros habrían sido destinados a la “constitución de un fondo de inversión”. Mientras, además, “se formalizaron préstamos a empresas de Francisco Serrano como XYZ Comunicaciones, Serrano Abogados y Serralba, con 24.180 euros; y Biowood ”avaló a XYZ frente a Ibercaja en un préstamo que, al no ser devuelto, es pagado por Biowood con el importe del préstamo Reindus“.

El auto señala además un préstamo de 30.000 euros a Serrano Abogados que, según un perito, “se corresponde con el pago de los gastos de mantenimiento de la sede común de Serrano Abogados y Biowood Niebla al 50 por ciento, pero ni dichos gastos son financiables con el préstamo Reindus, ni los gastos de Biowood Niebla, sin actividad ni personal, son comparables a los del despacho de abogados”.

Pagos “con cargo a Reindus”

El juez instructor Juan Gutiérrez Casillas señala igualmente “una serie de reconocimientos de deudas por Serralba a Francisco Serrano ”que son pagadas con cargo a Reindus, pagos de pólizas de crédito y un acuerdo de exoneración de responsabilidad por la gestión del préstamo Reindus“.

“Ante los requerimientos realizados por el Ministerio de Industria, se ha simulado la continuación del proyecto, aportando continua documentación procedente de Woodsims, sin que la fabricación, instalación y puesta en funcionamiento se haya ni tan siquiera comenzado, cuando su ejecución dura entre siete meses y un año. A fecha de 30/8/2022, consta ejecutada obra de acuerdo con el proyecto por importe de 512.229,51 euros nave y 142.621,52 euros oficinas, es decir, 654.851 euros, cuando el importe máximo del préstamo destinado a edificación era de 544.316 euros. No se ha comprado e instalado nada del presupuesto para aparatos y equipos de producción”, resume el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.

“En consecuencia, de los 2.489.000 euros abonados por el Ministerio de Industria para la instalación de una fábrica de pellets de acuerdo con las partidas autorizadas, sólo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros”, remata el juez instructor, que aprecia “indicios racionales de un delito de fraude de subvenciones y un delito de estafa”, atribuidos a Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros.

La Audiencia de Sevilla ha archivado el recurso del exlíder de Vox en Andalucía Francisco Serrano contra el archivo de una querella por calumnias que interpuso contra el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, quien afirmó en Twitter que había puesto “viviendas a nombre de su mujer y su Mercedes al de su hija”, tras abrirse un proceso judicial contra él.

Según se recoge en el auto, remitido a EFE, no se desestima la decisión de otro auto, de fecha 13 de mayo de 2022 del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, tras una querella en la que el excandidato de Vox a la Junta exigía una indemnización de 30.000 euros y pena de cárcel contra Rubén Sánchez, tras publicar un tuit en su cuenta personal relacionado con la investigación judicial abierta a Serrano por un presunto fraude de subvenciones.

“Tras lograr la ayuda pública que Hacienda lleva año y medio reclamándole que devuelva, el candidato de Vox en Andalucía puso viviendas a nombre de su mujer y su Mercedes al de su hija. He pedido al juez que instruye la causa contra Francisco Serrano que las cite como investigadas”, señalaba el mensaje del portavoz de Facua.

En aquel auto se desestimó la petición de Serrano porque “no consta el concurso del elemento objetivo del tipo del delito de calumnias, ni la falsedad de la imputación”, ni tampoco que lo imputado fuese un delito.

El nuevo auto recuerda que el recurso de apelación alega en esencia “un error en la valoración de la prueba”, concretamente “en lo relativo a la consideración de la falsedad de las expresiones proferidas, entendiendo el recurrente que el querellado ha incurrido en dicha falsedad (...) tanto en lo relativo a los inmuebles que se dicen puestos a nombre de la mujer del querellante como en lo relativo al vehículo que se dice puesto a nombre de su hija, y también en cuanto a la ayuda que se dice recibió el querellante”.

Así, sostenía que no fueron “puestas a nombre” de la mujer del querellante, sino que se trató de una liquidación del régimen económico matrimonial realizado por escritura de 27 de marzo de 2017, de la que resultó la adjudicación del usufructo de las viviendas al apelante “y la nuda propiedad a la esposa”.

Sobre el cambio de titularidad del vehículo Mercedes, se alegaba en el recurso que “no hubo tal cambio en favor de la hija del querellante, pues lo que hubo fue una transferencia del vehículo en octubre de 2018 a una sociedad profesional en la que el querellante ostenta el 90 % de participaciones y la hija el 10 %”.

Sin embargo, el juez desestima el recurso, entre otras cosas porque “las manifestaciones realizadas en Twitter se vierten en el contexto de la simultánea existencia de otro procedimiento sobre obtención de determinadas ayudas en el que figura como investigado el aquí querellante”.

El pasado 8 de marzo, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla archivó la causa contra Rubén Sánchez, el diario infoLibre y el periodista Ángel Munárriz tras la querella por revelación de secretos presentada también por Francisco Serrano.

En su querella, Serrano aseguró que Sánchez había enviado a distintos medios de comunicación documentos del sumario de la causa donde se le investiga por un posible fraude de 2,5 millones de euros en ayudas públicas y que viene publicando los mismos en su cuenta personal de Twitter, aunque la magistrada cita que no ha aportado “indicios”, según indicaba en el auto de archivo.

Después de que el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla continuase por el trámite del procedimiento abreviado las diligencias incoadas contra el exdiputado autonómico de Vox y expresidente del partido en Andalucía, Francisco Serrano, por un posible delito de fraude de subvenciones y otro presunto delito de estafa, con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros, Podemos ha solicitado en su escrito de conclusiones provisionales que sea condenado a cuatro años y medio de prisión.

En este escrito de conclusiones provisionales suscrito este pasado lunes, Podemos, como acusación popular en la causa, achaca a los tres acusados en la misma, Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, un presunto delito de fraude de subvenciones y, alternativamente a este, un delito de estafa en concurso con falsedad documental; atribuyendo a Serrano un posible delito contable y a Pelegrín un supuesto delito contable continuado.

Merced a tal calificación, Podemos solicita para los tres acusados, por el delito de fraude de subvenciones y, alternativamente, delito de estafa en concurso con falsedad documental, cuatro años de cárcel, así como una multa de 9,95 millones de euros en caso de ser condenados por el primer delito o de 36.000 euros en caso de ser condenados por de estafa en concurso con falsedad documental; mientras por los restantes cargos pide seis meses más de prisión para Serrano y siete para Pelegrín, así como que los tres condenados indemnicen conjuntamente a la Administración estatal con 2,489 millones de euros por el citado préstamo.

La representación legal del secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, ha presentado este lunes un escrito de conclusiones contra Francisco Serrano, quien fuera cara visible de Vox en Andalucía y candidato a la Junta en las elecciones de finales de 2018, y sus dos exsocios, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros. Como acusación popular solicita para Serrano hasta cinco años y medio de cárcel (cuatro por fraude en subvenciones, seis meses por delito contable y un año más si no paga una multa de 9,6 millones de euros, según ha anunciado el propio Sánchez a través de su perfil de Twitter.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, se pide que, por vía de responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Agencia Tributaria o Ministerio de Industria en la cantidad de 2.489.000 euros más más los intereses de demora tributarios que se hayan devengado. Esa es la cantidad por la que venían siendo investigados y que fue solicitada por la empresa Bio Wood Niebla S.L, creada en marzo de 2016.

El juez Juan Gutiérrez dictó hace apenas dos semanas auto de procedimiento abreviado al haber dado por concluida la instrucción de esta causa contra Serrano y a sus dos antiguos socios, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, habiendo “indicios racionales” para los tres de delitos de fraude de subvenciones y de estafa. “Se evidencian que existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a los investigados”, dice el auto.

El procedimiento se abrió como consecuencia de la denuncia ante la UDEF del secretario general de FACUA, Rubén Sánchez. La Fiscalía Superior de Andalucía, cabe recordarlo también, se querelló en julio de 2020 contra Serrano, que alegó su desvinculación de dicha sociedad en octubre de 2017 tras perder la “confianza” en el proyecto, si bien dejó el partido cuando la investigación echó a andar y después, en septiembre, su escaño en el Parlamento de Andalucía.

Francisco Serrano, quien fuera cara visible de Vox en Andalucía y candidato a la Junta en las elecciones de finales de 2018, ha sido formalmente imputado por el juzgado de Sevilla que le venía investigando por una ayuda de 2,5 millones del Ministerio de Industria solicitada por la empresa Bio Wood Niebla S.L, creada en marzo de 2016. El juez Juan Gutiérrez ha dictado el auto de procedimiento abreviado al haber dado por concluida la instrucción de esta causa contra Serrano y a sus dos antiguos socios, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, habiendo “indicios racionales” para los tres de delitos de fraude de subvenciones y de estafa. “Se evidencian que existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a los investigados”, dice el auto. El procedimiento se abrió como consecuencia de la denuncia ante la UDEF del secretario general de FACUA, Rubén Sánchez. La Fiscalía Superior de Andalucía, cabe recordarlo también, se querelló en julio de 2020 contra Serrano, que alegó su desvinculación de dicha sociedad en octubre de 2017 tras perder la “confianza” en el proyecto, si bien dejó el partido cuando la investigación echó a andar y después, en septiembre, su escaño en el Parlamento de Andalucía.

En un auto fechado este 18 de enero, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, dice que esas tres personas “se concertaron en el año 2016 con el propósito de obtener, sin tener la debida solvencia, un préstamo REINDUS, cuya importe (2.489.000 euros) se ha destinado para fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets en la localidad de Niebla”, en Huelva. “Los investigados conocen de la importancia que tiene ofrecer ante el Ministerio de Industria una imagen de solvencia porque así son informados por Ecobanca, asesor en el proceso. Por ello, constituyen la empresa no ajustándose a la realidad”, relata el juez, que apunta una sucesión de hechos de la que resulta “la falta de ajuste a la realidad de la situación financiera y patrimonial de Biowood ante el Ministerio de Industria” bajo “el el objeto de aparentar una solvencia financiera que no tenía y lograr la concesión del préstamo de forma indebida”.

Fabricación de pellets

La investigación atribuye a Serrano haber constituido junto a su socio Enrique Pelegrín la sociedad Bio Wood Niebla S.L. “con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes”, presuntamente para obtener fraudulentamente ayudas públicas del programa Reindus del Ministerio de Industria, al que dicha empresa habría concurrido en demanda de respaldo financiero para un proyecto de instalación de una planta de fabricación de pellets. Según ya dijo la Fiscalía, merced a dicha convocatoria de ayudas, el Ministerio transfirió 2,48 millones a Bio Wood Niebla en concepto de préstamo reintegrable, siendo el dinero ingresado supuestamente en una cuenta bancaria de Francisco Serrano, tras lo cual parte de ese importe habría sido presuntamente transferido a una cuenta abierta en otro banco y el resto, en concreto 438.000 euros, habría sido empleado a diversas operaciones como préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios, entre otras finalidades no relacionadas con el objeto de la subvención, siempre según la Fiscalía. Hacienda achacó a Serrano un “levantamiento patrimonial” de 1,37 millones.

Cabe recordar que el ex líder de Vox en Andalucía declaró como investigado el 17 de mayo de 2021 con relación a ese préstamo, atribuyendo a sus socios la iniciativa de pedir ayuda estatal, algo que también alegaron esos dos investigados y otros testigos, culpándose los unos a los otros de las supuestas irregularidades vinculadas al proyecto. A sas explicaciones de Serrano dice el juez en este último auto que“carece de sustento porque tras esa fecha se siguen realizando operaciones y creando empresas juntos por los investigados”.

Anteriormente, otro juzgado archivó la denuncia de Serrano contra sus antiguos socios, indicándose acerca de Serrano que “aunque trate de presentarse como una víctima de maquinaciones urdidas en su contra” no se han encontrado indicios de que “desconociera” las operaciones incluidas en la “farragosa denuncia” que presentó contra Pelegrín y López Ballesteros. El juzgado también rechazó la pretensión de Serrano de que fuesen excluidas del procedimiento judicial las acusaciones populares del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, y de Podemos.

Ayuda pública en Extremadura

El juzgado también tiene en su poder un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) donde se advierten otras irregularidades del entramado empresarial del que participó Serrano, del que terminó desvinculándose antes de volver a ejercer como juez en abril de 2018. Apunta el informe policial que se usó el dinero de la ayuda ministerial mencionada para diseñar “una estructura societaria ex profeso para recibir las subvenciones en Extremadura”, llegando previamente a emplearse un millón de euros en la constitución de otra empresa, Pellex Energía, que después sería retirado “una vez cumplido su objetivo de simular solvencia” ante la administración pública extremeña.

Decía la UDEF en su informe que Serrano “pretendió desligarse de la trama de irregularidades cometida con Biowood Niebla, así como de las que se estaban cometiendo en Extremadura, al reintegrarse a la carrera judicial”. Como ya informó este medio, se trata de otra subvención solicitada por las sociedades creadas para el proyecto de Bio Wood Niebla en Extremadura, Enex Energía y Pellex Energía. Pese a que fueron resueltas favorablemente, como informó la Junta en mayo de 2020, esta última sociedad aún no ha recibido ninguna subvención de la Junta de Extremadura, según indicaron fuentes oficiales de esta comunidad autónoma, que detallaron el estado de las solicitudes de ayuda por parte de Pellex Energía para fábricas de pellets en Moraleja (Cáceres) y Herrera del Duque (Badajoz). La primera tiene una prórroga solicitada hasta diciembre de 2022 para la ejecución de la inversión y a la segunda se le revocó en febrero la subvención al no haber iniciado las inversiones ni haber solicitado prórroga.

En agosto de 2017, Enrique Pelegrín, en representación de Pellex Energía, y el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, firmaron un protocolo para el aprovechamiento sostenible de los espacios forestales junto a las sociedades Macorela y Ecovías&C. El nuevo atestado policial señala que con la estructura creada se pretendía por parte de los investigados “dar la impresión de ser una empresa de gran solvencia”, detallando que con los fondos del Ministerio que se vienen investigando, denominados Reindus, hubo “numerosas maniobras propias del blanqueo de capitales”. Señala el informe también que las empresas Pellets Herrera, Biomasa Hurdes y Pellex Energía recibieron una subvención de dos millones de euros cada una de una convocatoria para actuaciones relacionadas con la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de la biomasa en Extremadura.

A ese repecto, señalaron los agentes policiales que relacionada con esas subvenciones no se ha encontrado “información alguna al respecto de cómo se iban a financiar los proyectos, más allá de los presupuestos desglosados para justificar el importe de las subvenciones solicitadas”, concluyendo que “se ignora cómo pensaban financiar el resto de los proyectos los promotores y no se incluye información financiera al respecto”.

El juzgado de Sevilla que viene investigando un presunto delito de fraude de subvenciones en una ayuda de 2,5 millones del Ministerio de Industria por parte de Francisco Serrano, ex líder de Vox en Andalucía, y sus dos ex socios, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, tiene en su poder un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) donde se advierten otras irregularidades del entramado empresarial del que participó Serrano, del que terminó desvinculándose antes de volver a ejercer como juez en abril de 2018. Apunta el informe policial que se usó el dinero de la ayuda ministerial mencionada para diseñar “una estructura societaria ex profeso para recibir las subvenciones en Extremadura”, llegando previamente a emplearse un millón de euros en la constitución de otra empresa, Pellex Energía, que después sería retirado “una vez cumplido su objetivo de simular solvencia” ante la administración pública extremeña.

Dice la UDEF en su informe, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía y que ha adelantado este lunes el Grupo Joly, Serrano “pretendió desligarse de la trama de irregularidades cometida con Biowood Niebla, así como de las que se estaban cometiendo en Extremadura, al reintegrarse a la carrera judicial”. Cabe recordar que la Fiscalía Superior de Andalucía se querelló en julio de 2020 contra Serrano, que alegó su desvinculación de la empresa en octubre de 2017 tras perder la “confianza” en el proyecto, si bien dejó el partido tras aquella querella y después, en septiembre, su escaño.

“Maniobras propias del blanqueo de capitales”

Como ya informó este medio, se trata de otra subvención solicitada por las sociedades creadas para el proyecto de Bio Wood Niebla en Extremadura, Enex Energía y Pellex Energía. Pese a que fueron resueltas favorablemente, como informó la Junta en mayo de 2020, esta última sociedad aún no ha recibido ninguna subvención de la Junta de Extremadura, según indicaron fuentes oficiales de esta comunidad autónoma, que detallaron el estado de las solicitudes de ayuda por parte de Pellex Energía para fábricas de pellets en Moraleja (Cáceres) y Herrera del Duque (Badajoz). La primera tiene una prórroga solicitada hasta diciembre de 2022 para la ejecución de la inversión y a la segunda se le revocó en febrero la subvención al no haber iniciado las inversiones ni haber solicitado prórroga.

En agosto de 2017, Enrique Pelegrín, en representación de Pellex Energía, y el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, firmaron un protocolo para el aprovechamiento sostenible de los espacios forestales junto a las sociedades Macorela y Ecovías&C. El nuevo atestado policial señala que con la estructura creada se pretendía por parte de los investigados “dar la impresión de ser una empresa de gran solvencia”, detallando que con los fondos del Ministerio que se vienen investigando, denominados Reindus, hubo “numerosas maniobras propias del blanqueo de capitales”. Señala el informe también que las empresas Pellets Herrera, Biomasa Hurdes y Pellex Energía recibieron una subvención de dos millones de euros cada una de una convocatoria para actuaciones relacionadas con la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de la biomasa en Extremadura.

A ese repecto, señalan los agentes policiales que relacionada con esas subvenciones no se ha encontrado “información alguna al respecto de cómo se iban a financiar los proyectos, más allá de los presupuestos desglosados para justificar el importe de las subvenciones solicitadas”, concluyendo que “se ignora cómo pensaban financiar el resto de los proyectos los promotores y no se incluye información financiera al respecto”.

El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, que ejerce como acusación popular en la causa incoada contra Francisco Serrano, exdiputado autonómico de Vox y expresidente del grupo parlamentario de dicha formación, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla que amplíe las actuaciones que se siguen contra el que fuese magistrado. En concreto, ha añadido un presunto delito continuado de apropiación indebida a los que ya se investigaban por fraude de subvenciones o alternativamente de estafa en relación con un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros que recibió para poner en marcha un proyecto empresarial.

La investigación atribuye a Francisco Serrano haber constituido junto a su socio Enrique Pelegrín la sociedad Bio Wood Niebla SL “con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes”, presuntamente para obtener fraudulentamente ayudas públicas del programa Reindus del Ministerio de Industria, Turismo y Energía, al que dicha empresa habría concurrido en demanda de respaldo financiero para un proyecto de instalación de una planta de fabricación de pellets. La petición de ampliación de actuaciones judiciales ha sido adelantada este lunes por Diario de Sevilla.

Según la Fiscalía, merced a dicha convocatoria de ayudas, el Ministerio de Industria transfirió 2,48 millones a Bio Wood Niebla en concepto de préstamo reintegrable, siendo el dinero ingresado supuestamente en una cuenta bancaria de Francisco Serrano, tras lo cual parte de ese importe habría sido presuntamente transferido a una cuenta abierta en otro banco y el resto, en concreto 438.000 euros, habría sido empleado a diversas operaciones como “préstamos a terceros”, retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios, entre otras finalidades no relacionadas con el objeto de la subvención, siempre según la Fiscalía.

Dinero desviado a fondos de inversión

En la causa judicial figuran como investigados Serrano, su socio Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros como “socio encubierto de Bio Wood”, pesando un atestado policial según el cual del mencionado dinero del préstamo estatal reintegrable concedido a dicha empresa, un millón habría “sido dispuesto mayoritariamente en fondos de inversión y objeto de sucesivas operaciones de ingreso y retirada”.

Al respecto, figura además una resolución de la Delegación de la Agencia Tributaria en Andalucía emitida el 31 de agosto de 2020, dando cuenta del “procedimiento administrativo de apremio” incoado por dicha entidad estatal contra Biowood Niebla en demanda del “reembolso” del préstamo de 2,48 millones de euros concedido por el Ministerio de Industria y Turismo a la entidad, a la que reclama algo más de tres millones de euros por el citado préstamo más los recargos correspondientes.

En este marco, la acusación popular que ejerce Rubén Sánchez señala un préstamo de 200.000 euros concedido en 2017 por Biowood Niebla a Manuel G.G., quien se reconoció “deudor” de tal empresa y habría acometido la devolución del dinero prestado por Biowwod, mediante pagos al despacho de abogados de Francisco Serrano, a López Ballesteros, a Enrique Pelegrín y a Biowood Niebla.

“Las cantidades que se dicen devueltas”

Al respecto, reclama averiguar “si las cantidades que se dicen devueltas, bien por transferencias a la entidad Serrano Abogados de Familia SLP, a Enrique Pelegrín y López Ballesteros han sido percibidas, como parece ser, por la nombrada entidad y los mencionados investigados, que no se debe olvidar en esa fecha quien ostentaba la titularidad de las participaciones sociales fue Francisco Serrano, siendo, además, su representante legal”.

Esta acusación popular, así, pide indagar “la presunta apropiación de dichas cantidades, que fueron, al parecer, por devoluciones del préstamo”, por lo que solicita que los investigados sean nuevamente llamados a declarar en tal condición y que Manuel G.G. comparezca como testigo.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones emprendidas por el exlíder de Vox en Andalucía Francisco Serrano contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, por presuntas expresiones calumniosas un tuit del 5 de marzo de 2021, relacionado con la investigación contra Serrano y sus dos exsocios por presunto fraude de subvenciones de 2,4 millones de euros, en el que decía que “tras lograr la ayuda pública que Hacienda lleva año y medio reclamándole que devuelva, el candidato de Vox en Andalucía puso viviendas a nombre de su mujer y su Mercedes al de su hija. He pedido al Juez que instruye la causa contra Francisco Serrano que las cite como investigadas”.

Se trata de la segunda causa archivada por aquel mismo mensaje ya que, el pasado mes de noviembre, otro juzgado archivó igualmente la demanda de Serrano, que argumentaba que veía “falsa” la información contenida en dicha publicación en Twitter, avisando de que por ello sufría “un evidente perjuicio” porque se le atribuía públicamente “el haber cometido un presunto delito de alzamiento de bienes que implica asimismo a varios miembros” de su familia. Dijo entonces el juzgado que “no puede considerarse que la cuenta personal del demandado, por mucho que sea periodista y que tenga un elevado número de seguidores (lo mismo ocurre con muchos usuarios de otras profesiones), sea un medio de comunicación social”, toda vez que “el derecho de rectificación nunca se ha configurado como un derecho ejercitable frente a particulares ni en relación a informaciones publicadas por los mismos”.

“No es posible considerar falsa la información”

Considera ahora el juzgado que, “aunque la redacción del mensaje en cuestión pueda resultar poco clara, es preciso analizar su estructura cronológica, en la que señala que el cambio de titularidad de estos bienes es posterior a la concesión de la ayuda, no al momento en el que se reclamó la devolución, o a aquel en el que resultase previsible que se fuese a llevar a cabo esta reclamación”. Explica el juez que el mensaje se inició señalando “tras lograr la ayuda pública...”. “La afirmación del cambio de titularidad, que no se discute, no está relacionado con el momento de la reclamación, en tanto en cuanto la referencia a ”la ayuda pública que Hacienda lleva año y medio reclamándole...“ no es más que el medio de identificar a qué ayuda se refiere el mensaje. Cosa distinta es que hubiese dicho ”la ayuda pública que Hacienda llevaba año y medio reclamándole...“.

Detalla el auto de archivo, contra el que cabe recurso, que “en cuanto al cambio de titularidad del vehículo, que se dice se puso a nombre de la hija del Sr. Serrano, siendo así que fue puesto a nombre de una sociedad de la que ésta era partícipe, este error, que puede ser relevante para otras personas, carece de alcance en este caso, pues lo trascendente a efectos del honor del querellante sería que ese cambio de titularidad se hubiese llevado a cabo con ánimo de eludir responsabilidades civiles”.

“En definitiva, la noticia dada responde, en esencia, a la realidad, de modo que no es posible considerar falsa la información contenida en el mensaje, en los términos en que ha sido redactada, al tiempo que los hechos narrados no integrarían supuesto alguno de delito y, por tanto, procede el archivo de estas actuaciones”, concluye el juzgado.

Una testigo propuesta por el exdiputado andaluz de Vox Francisco Serrano en la causa que investiga un presunto delito de fraude de subvenciones en una ayuda de 2,5 millones del Ministerio de Industria por parte del expresidente del grupo parlamentario de extrema derecha y sus dos ex socios, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, ha descargado de responsabilidades a Serrano y ha asegurado en el juzgado instructor que hasta en dos ocasiones presenció “la falsificación de la firma” del exdiputado, según han informado a este periódico fuentes del caso.

Esta mujer indicó que se incorpora a Proyectos e Inversiones Serralba S.L. (antes Serrano Abogados de Familia S.L.P.) a mediados de junio de 2017 para sustituir a la secretaria de Francisco Serrano, y que éste declaró incluso como testigo de su defensa en dos juicios relacionados con su posterior despido. En todo caso, y según le recordó en el juzgado el abogado de López Ballesteros, las falsificaciones de la firma de Serrano se habrían producido con posterioridad a la solicitud y concesión de la subvención que se investiga como fraudulenta, que se produjo un año antes de que ella entrara a formar parte de la empresa.

En su declaración como testigo ha detallado ante el juez que la primera ocasión en que se falsificó la firma de Serrano “estaba López Ballesteros hablando con su abogado, lo puso en altavoz” y que, en presencia de ella, de otro empleado del despacho y del propio Pelegrín, “se escuchó al letrado decir que hicieran ellos la firma de Serrano”. Esta declaración coincidiría en cierto modo con la versión que el propio Serrano trasladó a este periódico recientemente al insinuar que su firma, en este caso electrónica, pudo ser “utilizada” para solicitar otra ayuda pública, en esa ocasión a la Junta de Andalucía por valor de 2,2 millones y que finalmente no le fue concedida a Bio Wood Niebla S.L.

Falsificación “para un tema del Reindus”

En aquella ocasión ha asegurado la testigo que se llevó a cabo la falisificación y que “quien mejor logró imitarla fue Pelegrín”. Precisamente en el correo electrónico que se incluyó en el registro de la petición de subvención a la Junta se correspondería con el de este socio de Serrano (epelegrin@...), al que acompañaba aquel 31 de agosto de 2017 la firma electrónica de Serrano. Cabe recordar que la ayuda que investiga el juzgado fue concedida en noviembre de 2016. La testigo, identificada como V.R.G., asegura que la falsificación de la firma de Serrano se produjo “en dos ocasiones”, una “para un tema del Reindus” (ayudas para actuaciones de reindustrialización convocadas para el Ministerio de Industria) y otra “para un modelo 600” que tuvo ella que presentar en Hacienda, acusando a López Ballesteros y a Pelegrín de las decisiones en el seno de la empresa, detallando que, cuando Serrano se separó de ellos, continuó trabajando para estos en Serralba.

El juez, de acuerdo a las mismas fuentes, suspendió su declaración al considerar que se estaba faltando el respeto y al orden debido al juzgado cuando la declaración de V.R.G. subió de tono. Asimimismo, declaró este jueves M.A.R.F., también antigua empleada del despacho de la empresa, mientras que otros dos testigos no acudieron a su cita judicial: un abogado del despacho de Serrano y el responsable de la emisión de determinadas facturas que podría aclarar el proceso de las denominadas 'facturas proforma', con las que habrían simulado que la empresa tenía un capital de más de un millón de euros. Según las acusaciones, la ley no permite ese tipo de facturas provisionales para justificar el capital de una sociedad.

La Fiscalía Superior de Andalucía, cabe recordarlo, se querelló en julio de 2020 contra Serrano, que alegó su desvinculación de la empresa en octubre de 2017 tras perder la “confianza” en el proyecto, si bien dejó el partido tras aquella querella y después, en septiembre, su escaño.

La investigación atribuye a Francisco Serrano haber constituido junto a su socio Enrique Pelegrín la sociedad Bio Wood Niebla S.L. “con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes”, presuntamente para obtener fraudulentamente ayudas públicas del citado programa Reindus del Ministerio de Industria, Turismo y Energía, al que dicha empresa habría concurrido en demanda de respaldo financiero para un proyecto de instalación de una planta de fabricación de pellets.

Siguen las acusaciones

Según la Fiscalía, merced a dicha convocatoria de ayudas, el Ministerio de Industria transfirió 2,48 millones a Bio Wood Niebla en concepto de préstamo reintegrable, siendo el dinero ingresado supuestamente en una cuenta bancaria de Francisco Serrano, tras lo cual parte de ese importe habría sido presuntamente transferido a una cuenta abierta en otro banco y el resto, en concreto 438.000 euros, habría sido empleado a diversas operaciones como préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios, entre otras finalidades no relacionadas con el objeto de la subvención, siempre según la Fiscalía. Hacienda achaca a Serrano un “levantamiento patrimonial” de 1,37 millones.

Cabe recordar que el ex líder de Vox en Andalucía declaró como investigado el pasado 17 de mayo con relación a ese préstamo del Ministerio de Industria, atribuyendo a sus socios la iniciativa de pedir ayuda estatal, algo que también alegaron estos dos investigados y otros testigos, culpándose los unos a los otros de las supuestas irregularidades vinculadas al proyecto. Hace unas semanas, otro juzgado archivó la denuncia de Serrano contra sus antiguos socios, indicándose acerca de Serrano que “aunque trate de presentarse como una víctima de maquinaciones urdidas en su contra” no se han encontrado indicios de que “desconociera” las operaciones incluidas en la “farragosa denuncia” que presentó contra Pelegrín y López Ballesteros.

Recientemente, el juzgado que instruye el caso rechazó la pretensión de Serrano de que fuesen excluidas del procedimiento judicial las acusaciones populares del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, y de Podemos.

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) rechazó una solicitud de subvención de 2,22 millones de euros formulada en agosto de 2017 por el exdiputado andaluz de Vox y expresidente de su grupo parlamentario Francisco Serrano en nombre de Bio Wood Niebla S.L. La petición fue desestimada en agosto de 2019, según se desprende del escrito enviado por la Consejería de Transformación Económica al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla en respuesta a un requerimiento del pasado mes de febrero. Este juzgado viene investigando un presunto delito de fraude de subvenciones en una ayuda de 2,5 millones del Ministerio de Industria por parte de Serrano y sus dos ex socios, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros. La Fiscalía Superior de Andalucía se querelló en julio de 2020 contra Serrano, que alegó su desvinculación de la empresa en octubre de 2017 tras perder la “confianza” en el proyecto, si bien dejó el partido tras aquella querella y después, en septiembre, su escaño.

Bio Wood Niebla, y Francisco Serrano en su nombre mediante firma electrónica, según ha comprobado este medio, solicitó el 31 de agosto de 2017 una subvención de 2.225.007 euros en el marco de la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprobaban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020. “Resultó desestimada por resolución de la Dirección General de la Agencia IDEA de 30 de agosto de 2019”, informó la agencia al juzgado. Fuentes cercanas al caso aseguran que para aquella solicitud de subvención se usó la misma escritura de constitución de la empresa donde se especificaba, mediante 'facturas proforma', que ya disponían de un capital de más de un millón de euros en maquinaria que no se adquirió finalmente, como reconoció Serrano, y que motivó, entre otras cuestiones, su desvinculación del proyecto.

“Yo no estaba en Sevilla”

Serrano, en declaraciones a este periódico, recuerda que “en la primavera de 2017” empezó a detectar ciertas “irregularidades” y no tiene constancia de haber pedido en agosto de 2017 aquella subvención a la Junta puesto que en aquellas fechas se estaba “desvinculando” ya del proyecto, por lo que le extraña la solicitud registrada ante IDEA por él mismo. “Yo no estaba en Sevilla en esa fecha”, asegura. Consultado por el hecho de que consta su firma electrónica, Serrano insinúa que pudo ser “utilizada” para ese fin ya que de aquella petición de subvención tuvo conocimiento “más tarde”. Es cierto que el correo electrónico que se incluye en el registro de la petición se correspondería con el de Enrique Pelegrín (epelegrin@...), al que acompaña aquel 31 de agosto de 2017 la firma electrónica de Serrano, que apunta que aú no ha recibido notificación alguna por parte de este juzgado acerca de este extremo.

La investigación atribuye a Francisco Serrano haber constituido junto a su socio Enrique Pelegrín la sociedad Bio Wood Niebla S.L. “con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes”, presuntamente para obtener fraudulentamente ayudas públicas del programa Reindus del Ministerio de Industria, Turismo y Energía, al que dicha empresa habría concurrido en demanda de respaldo financiero para un proyecto de instalación de una planta de fabricación de pellets. Según la Fiscalía, merced a dicha convocatoria de ayudas, el Ministerio de Industria transfirió 2,48 millones a Bio Wood Niebla en concepto de préstamo reintegrable, siendo el dinero ingresado supuestamente en una cuenta bancaria de Francisco Serrano, tras lo cual parte de ese importe habría sido presuntamente transferido a una cuenta abierta en otro banco y el resto, en concreto 438.000 euros, habría sido empleado a diversas operaciones como préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios, entre otras finalidades no relacionadas con el objeto de la subvención, siempre según la Fiscalía. Hacienda achaca a Serrano un “levantamiento patrimonial” de 1,37 millones.

Cabe recordar que el ex líder de Vox en Andalucía declaró como investigado el pasado 17 de mayo con relación a ese préstamo del Ministerio de Industria, atribuyendo a sus socios la iniciativa de pedir ayuda estatal, algo que también alegaron estos dos investigados y otros testigos, culpándose los unos a los otros de las supuestas irregularidades vinculadas al proyecto. Hace unas semanas, otro juzgado archivó la denuncia de Serrano contra sus antiguos socios, indicándose acerca de Serrano que “aunque trate de presentarse como una víctima de maquinaciones urdidas en su contra” no se han encontrado indicios de que “desconociera” las operaciones incluidas en la “farragosa denuncia” que presentó contra Pelegrín y López Ballesteros.

Recientemente, el juzgado que instruye el caso rechazó la pretensión de Serrano de que fuesen excluidas del procedimiento judicial las acusaciones populares del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, y de Podemos. Este próximo jueves, por otra parte, están citados cuatro testigos del caso que no pudieron declarar el pasado mes de enero.

Ayuda pública en Extremadura

Por otra parte, la acusación popular que ejerce Rubén Sánchez estaba valorando recientemente la posibilidad de pedir que se eleve el caso a la Audiencia Nacional contra Francisco Serrano y sus dos socios (Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros) en Bio Wood Niebla S.L. si se confirma que la Junta de Extremadura concedió otra ayuda pública a los investigados para la que usaron las mismas 'facturas proforma' con las que habrían simulado que tenía un capital de más de un millón de euros. Según esta acusación, la ley no permite ese tipo de facturas provisionales para justificar el capital de una sociedad.

Se trata de otra subvención solicitada por las sociedades creadas para el proyecto de Bio Wood Niebla en Extremadura, Enex Energía y Pellex Energía. Pese a que fueron resueltas favorablemente, como informó la Junta en mayo de 2020, esta última sociedad aún no recibido ninguna subvención de la Junta de Extremadura, según indican fuentes oficiales de esta comunidad autónoma de Extremadura, que detallan el estado de las solicitudes de ayuda por parte de Pellex Energía para fábricas de pellets en Moraleja (Cáceres) e Herrera del Duque (Badajoz). La primera tiene una prórroga solicitada hasta diciembre de 2022 para la ejecución de la inversión y a la segunda se le revocó en febrero la subvención al no haber iniciado las inversiones ni haber solicitado prórroga.

Según el informe elaborado por el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incorporado a la causa, “al menos un millón” del dinero investigado fue transferido el 16 de junio de 2017 desde la cuenta de Proyectos e Inversiones Peñalba a la de Pellex Energía y que el dinero supuestamente provenía de uno de los 162 fondos de inversión ligados a la cuenta de Bio Wood. El resto de aquella millonaria subvención terminó “en fondos de inversión y objeto de sucesivas operaciones de ingreso y retirada en las tres cuentas”, según la UDEF.

Sánchez solicitó las escrituras de constitución y de modificación de varias entidades, entre Proyectos e Inversiones Serralba S.L. (antes Serrano Abogados de Familia S.L.P.), Pellex Energía, Despacho Serrano Abogados Servicios Jurídicos, Enex Energía y XYZ Comunicaciones S.L., además de Bio Wood Niebla S.L. Serrano fue administrador único y accionista mayoritario de Pellex Energía S.L., radicada en Badajoz, motivo por el cual esta acusación estudia seriamente la posibilidad de pedir la elevación de la causa a la Audiencia Nacional al haberse cometido las supuestas irregularidades en más de una autonomía.

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha rechazado la pretensión del exdiputado andaluz de Vox y expresidente de su grupo parlamentario Francisco Serrano –investigado por un presunto delito de fraude de subvenciones en una ayuda de 2,5 millones del Ministerio de Industria– de que fuesen excluidas del procedimiento judicial las acusaciones populares del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, y de Podemos. El exlíder de Vox en Andalucía quería “evitar posibles vicios de nulidad y preservar la objetividad de la instrucción, sin sesgos políticos” al entender que las mismas estaban personadas “sin cumplir los requisitos legales exigidos”, entre otros aspectos.

El juzgado ha emitido un auto este 6 de marzo en el que desestima el recurso de reforma de Serrano. Tanto el pasado mes de noviembre como ahora, el instructor responde que esa cuestión ya la resolvió el 28 de julio de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por tanto fue “ya resuelta y firme por la superioridad jerárquica y funcional de este órgano judicial, que no puede ser revisada por este órgano instructor”. “Otra cosa distinta es el que en el curso de la instrucción, si una parte entiende que ha existido por la contraria una vulneración del derecho al honor, pueda ejercitar en vía civil las acciones que estime pertinentes al margen del contenido de fondo de la investigación de estos hechos relacionados con un posible delito de malversación, falsedad y fraude de subvenciones”, aclara el juzgado, ratificando su decisión de noviembre y desestimando las pretensiones de Serrano, que aún puede recurrir este extremo en apelación ante la Audiencia de Sevilla.

Ayuda pública en Extremadura

Por otra parte, la acusación popular que ejerce Rubén Sánchez está valorando la posibilidad de pedir que se eleve el caso a la Audiencia Nacional contra Francisco Serrano y sus dos socios (Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros) en Bio Wood Niebla S.L. si se confirma que la Junta de Extremadura concedió otra ayuda pública a los investigados para la que usaron las mismas 'facturas proforma' con las que habrían simulado que tenía un capital de más de un millón de euros. Según esta acusación, la ley no permite ese tipo de facturas provisionales para justificar el capital de una sociedad.

Se trata de otra subvención solicitada por las sociedades creadas para el proyecto de Bio Wood Niebla en Extremadura, Enex Energía y Pellex Energía. Pese a que fueron resueltas favorablemente, como informó la Junta en mayo de 2020, esta última sociedad aún no recibido ninguna subvención de la Junta de Extremadura, según indican fuentes oficiales de esta comunidad autónoma de Extremadura, que detallan el estado de las solicitudes de ayuda por parte de Pellex Energía para fábricas de pellets en Moraleja (Cáceres) e Herrera del Duque (Badajoz). La primera tiene una prórroga solicitada hasta diciembre de 2022 para la ejecución de la inversión y a la segunda se le revocó en febrero la subvención al no haber iniciado las inversiones ni haber solicitado prórroga.

Según el informe elaborado por el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incorporado a la causa, “al menos un millón” del dinero investigado fue transferido el 16 de junio de 2017 desde la cuenta de Proyectos e Inversiones Peñalba a la de Pellex Energía y que el dinero supuestamente provenía de uno de los 162 fondos de inversión ligados a la cuenta de Bio Wood. El resto de aquella millonaria subvención terminó “en fondos de inversión y objeto de sucesivas operaciones de ingreso y retirada en las tres cuentas”, según la UDEF.

Documentación solicitada

Sánchez solicitó las escrituras de constitución y de modificación de varias entidades, entre Proyectos e Inversiones Serralba S.L. (antes Serrano Abogados de Familia S.L.P.), Pellex Energía, Despacho Serrano Abogados Servicios Jurídicos, Enex Energía y XYZ Comunicaciones S.L., además de Bio Wood Niebla S.L. Serrano fue administrador único y accionista mayoritario de Pellex Energía S.L., radicada en Badajoz, motivo por el cual esta acusación estudia seriamente la posibilidad de pedir la elevación de la causa a la Audiencia Nacional al haberse cometido las supuestas irregularidades en más de una autonomía.

Por parte de Podemos, también acusación popular en el caso, “a día de hoy, y a la vista de las diligencias practicadas, no se ha planteado elevar la causa a la Audiencia Nacional, si bien es cierto que en el marco de la instrucción se está valorando si el 'modus operandi' de los hechos que se están investigando pueden estar conectado con hechos similiares en otros territorios, lo que, de verificarse, tendría repercusiones en la determinación del tribunal competente”, informan fuentes del partido.

Cabe recordar que el ex líder de Vox en Andalucía declaró como investigado el pasado 17 de mayo con relación a ese préstamo del Ministerio de Industria de casi 2,5 millones de euros, atribuyendo a sus socios la iniciativa de pedir ayuda estatal, algo que también alegaron estos dos investigados y otros testigos, culpándose los unos a los otros de las supuestas irregularidades vinculadas al proyecto.

Recientemente, otro juzgado ha archivado la denuncia de Serrano contra sus antiguos socios, indicándose acerca de Serrano que “aunque trate de presentarse como una víctima de maquinaciones urdidas en su contra” no se han encontrado indicios de que “desconociera” las operaciones incluidas en la “farragosa denuncia” que presentó contra Pelegrín y López Ballesteros.

El juez Francisco Serrano, candidato y líder de Vox en Andalucía hasta que su partido le invitó a marcharse, acudió este miércoles a la recién creada Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción del Parlamento, para tramitar una denuncia como representante legal de unos clientes. Serrano ejerce como abogado desde que abandonó la política, y también está siendo investigado por un supuesto delito de fraude de ayudas públicas y estafa.

El ex diputado autonómico ha preferido no dar detalles sobre sus representados ni sobre la administración contra la que iría dirigida su denuncia, “por respeto a la confidencialidad de mi cliente”. “De momento sólo hemos intercambiado información con la Oficina, tenemos documentación y queríamos compartirla para estudiar el caso”, ha explicado a este periódico.

La oficina Antifraude tiene dependencias en el Parlamento andaluz y personal en activo, pero todavía está pendiente de que la Mesa apruebe su reglamento interno para empezar a funcionar. Hasta el mes que viene no estará plenamente operativa, según fuentes de este órgano. Su director, el juez Ricardo Vicente Puyol, fue nombrado por la Cámara el pasado octubre. Aunque aún no puede iniciar ninguna investigación, ha recibido ya una docena de denuncias que afectan a varias administraciones públicas. Una de ellas es la que ha presentado este miércoles el juez, algo que ha cogido “por sorpresa” al director de la oficina.

Serrano entró en el despacho de Puyol acompañado de otros dos abogados. La documentación que llevó consigo, como el resto de denuncias recibidas por la Oficina, deberá esperar a que la Mesa de la Cámara apruebe el reglamento definitivo de la oficina, que acaba de recibir las sugerencias de un informe del gabinete jurídico con más de 60 páginas. Una vez esté en funcionamiento, la oficina Antifraude podrá incoar resoluciones e iniciar investigaciones de oficio y a instancias de cualquier persona denunciante contra una administración o de su personal. De momento está recopilando la documentación que les llega.

El propio Serrano está siendo investigado por un presunto “fraude de subvenciones o alternativamente de estafa” con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros. El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla investiga las ayudas públicas que recibió la empresa Biowood Niebla, de la que era socio el ex líder de Vox en Andalucía junto a otros dos imputados en la causa: Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros.

Candidato y líder defenestrado

Francisco Serrano fue candidato de Vox a la Presidencia de la Junta en las elecciones de 2018, y diputado autonómico hasta septiembre de 2020, cuando se vio obligado a dimitir, abandonar el grupo parlamentario y el partido de Santiago Abascal. Unos meses antes de renunciar a su escaño había roto con su grupo y adquirido la condición de no adscrito. Su condición de ex diputado le permite acceder al Parlamento sin necesidad de que la institución o los grupos políticos le inviten. Él mismo ha acudido este miércoles para presentar la documentación que acompañará a la denuncia ante la Oficina contra el Fraude. “Aunque todavía no pueda tramitarla”, dice, “en breve estará operativa y queremos que se gestione cuanto antes”, ha explicado a este periódico.

La dirección nacional y andaluza de Vox empujó al juez de Sevilla a abandonar su grupo parlamentario después de varios desencuentros notorios con él: sus críticas a la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de 'la manada' -la violación múltiple de cinco jóvenes a una chica en los sanfermines de Pamplona, en 2016-, que le supusieron la pérdida de su condición de portavoz y presidente del grupo [fue sustituido por el diputado Alejandro Hernández] y la amenaza de “medidas correctoras” por parte de su formación política. El negacionismo de Serrano respecto a la violencia machista y la igualdad de género rebasó incluso los límites de la dirección de Vox, que terminó ejerciendo presión interna para que su candidato estrella en Andalucía dimitiera.

Pero, sobre todo, el punto de inflexión entre el juez y al formación de extrema derecha fue la apertura de diligencias de un juzgado por un presunto fraude de ayudas públicas. El ex líder de Vox en Andalucía desvió supuestamente las subvenciones recibidas del Ministerio de Industria, Turismo y Energía -en el marco del programa Reindus-, que estaban destinadas a una empresa de combustible de serrín (pellets), pero acabaron en gastos de ocio y compareventa de acciones. La Agencia Tributaria reclama a Serrano el reintegro a la Hacienda pública de un millón de euros por el préstamo de 2,48 millones que el ministerio le concedió en 2016 y que nunca reembolsó.

La investigación atribuye a Serrano haber constituido junto a su socio Enrique Pelegrín la sociedad Bio Wood Niebla S.L. “con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes”, presuntamente para obtener fraudulentamente ayudas públicas. La apertura de diligencias contra el juez estalló como una bomba dentro de Vox: el propio Serrano, desde su condición de diputado, había abanderado las críticas de su formación contra anteriores gobiernos del PSOE y contra los sindicatos por “las paguitas”, como llamaba peyorativamente a las subvenciones.

Según la Fiscalía, merced a una convocatoria de ayudas, el Ministerio de Industria transfirió 2,48 millones a Bio Wood Niebla en concepto de préstamo reintegrable, y el dinero se ingresó en una cuenta bancaria de Serrano. Posteriormente, parte de ese importe habría sido presuntamente transferido a una cuenta abierta en otro banco y el resto, en concreto 438.000 euros, habría sido empleado en diversas operaciones como préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios, “entre otras finalidades no relacionadas con el objeto de la subvención”. El ex líder del partido de ultraderecha compareció ante el juez el pasado mes de mayo y declaró su “confianza” en la Justicia y su deseo de que se aclarasen los hechos.

La Oficina Antifraude en ciernes

El Parlamento andaluz aprobó el pasado junio la Ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y Protección de la persona denunciante, con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Vox y la abstención del resto de la Cámara. La norma contempla la creación de una oficina adscrita al Parlamento, integrada por funcionarios y dirigida por una persona “de prestigio” nombrada por “mayoría cualificada”. En octubre fue elegido para ese puesto, a propuesta del partido naranja, el juez Ricardo Puyol, ex vocal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hasta 2014. En estos meses, Puyol ha tenido mucho trabajo interno, preparando la puesta en funcionamiento de la oficina, y presentando el nuevo órgano de extracción parlamentaria a otras administraciones de todas las provincias andaluzas (diputaciones, alcaldías...).

La Oficina contra el Fraude fue una promesa de campaña y un empeño personal del líder regional de Ciudadanos, el vicepresidente Juan Marín. El objetivo es abrir investigaciones por fraude o corrupción, bien de oficio o a través denuncias externas, en cualquier institución pública andaluza: la Junta de Andalucía y sus agencias, ayuntamientos, universidades y cualquier otra persona, sociedad o empresa beneficiaria de subvenciones, como el propio Serrano. La norma habla de situaciones de “engaño intencionado para obtener beneficios mediante el uso ilegal o irregular de fondos o patrimonio público” y “abuso de poder, aprovechamiento irregular del uso o la información derivadas de las funciones atribuidas”.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla ha ordenado el sobreseimiento provisional de una querella promovida por el exdiputado autonómico de Vox y expresidente del Grupo parlamentario de dicha formación Francisco Serrano, contra los otros dos encartados en la causa seguida en su contra por el Juzgado de Instrucción número 16 por posible delito de fraude de subvenciones o alternativamente de estafa con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros cosechado por una empresa que gestionaba junto a tales personas, según un auto emitido el pasado 7 de diciembre y publicado por Diario de Sevilla.

En el auto se detalla que la querella se dirigía contra Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, socio el primero de ellos junto a Serrano de la empresa Bio Wood Niebla, beneficiaria del préstamo estatal reintegrable investigado; y el segundo “socio encubierto” de la entidad, toda vez que los tres están investigados por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla a cuenta del destino de los fondos públicos cosechados.

Mientras según la Fiscalía tras cosechar Bio Wood Niebla un préstamo estatal de 2,48 millones el dinero habría sido transferido a una cuenta bancaria de Francisco Serrano, tras lo cual parte de ese importe habría sido transferido a una cuenta abierta en otro banco y el resto, en concreto 438.000 euros, habría sido empleado en préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios ajenos a su finalidad; Pelegrín y López Ballesteros han achacado en sede judicial a Serrano la gestión de dicho préstamo y todo el asunto financiero.

La “farragosa denuncia inicial”

En ese sentido, el Juzgado de Instrucción número 1 indica en su auto de diciembre, recogido por Europa Press, que tras la “farragosa denuncia inicial” de Serrano contra Pelegrín y López Ballesteros y la “prolija documental y aclaraciones posteriores”, lo cierto es que “no aparece justificada la perpetración del delito” atribuido por Serrano a los otros dos investigados junto a él por el Juzgado de Instrucción número 16, sin atisbar “indicio” de delito alguno en los hechos achacados por Serrano a quienes fuesen sus socios.

Así, no detecta apropiación indebida en una transferencia de 6.000 euros desde la cuenta de la sociedad limitada Francisco Serrano Castro a la empresa Proyectos e Inversiones Serralba, propiedad de López Ballesteros, al no ver “indicios suficientes” de que la operación no contase con su autorización o se acometiera “a sus espaldas”.

“No se ha podido verificar”

Además, y entre otros aspectos, el juzgado considera que “no se ha podido verificar” que Serrano desconociera la póliza de crédito por importe de 50.000 euros promovida por su sociedad XYZ, destinando según Serrano el dinero a gastos particulares de los querellados. El juzgado rememora que incluso la sociedad Bio Wood Niebla fue avalista de dicho crédito y avisa de que la acusación no aclara “a qué gastos personales” fue destinado dicho dinero.

Respecto al supuesto desvío de 95.000 euros del despacho de abogados de Serrano a otras empresas del grupo, el juzgado insiste en que pesa toda una “confusión de empresas y el control que Serrano tenía de todas ellas”. “Aunque trate de presentarse como una víctima de maquinaciones urdidas en su contra”, el juzgado no encuentra indicios de que “desconociera” las operaciones incluidas en su denuncia.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el exdiputado autonómico de Vox por Sevilla y expresidente del grupo parlamentario de dicha formación Francisco Serrano contra la desestimación por parte del Consejo de Ministros de su reclamación de 516.635 euros en concepto de responsabilidad patrimonial. Serrano reclamaba esta cantidad al considerar que se le privó de forma indebida de la condición de magistrado durante más tiempo del establecido en la sentencia que le condenó penalmente por un delito de prevaricación.

El recurrente alegaba que debía ser resarcido por daños y perjuicios económicos desde el 27 de agosto de 2013 (fecha de la liquidación de la condena penal) y el 20 de marzo de 2018 (en el que se le notificó el nuevo destino adjudicado), por las retribuciones de magistrado dejadas de percibir en ese periodo, así como por daños morales. De su demanda se deducía que imputaba como causantes de tales daños al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al TS y al Tribunal Constitucional.

Entre otros argumentos, el Supremo recuerda ahora que en su sentencia de 8 de noviembre de 2017 (en la que anuló la decisión de la Comisión Permanente del CGPJ que denegó la solicitud de reingreso de Serrano en la carrera judicial) estableció de forma clara e inequívoca que el recurrente perdió su condición de magistrado como consecuencia de la sentencia penal condenatoria dictada contra él, y que su rehabilitación en tal condición surtió efectos (administrativos y económicos), sólo desde la fecha de la referida sentencia (8 de noviembre de 2017).

“De manera que no cabe imputar al CGPJ los daños que, siendo anteriores a esa fecha, estén referidos a la privación de su condición de magistrado, ni, en consecuencia, cabe reclamar al respecto indemnización alguna al CGPJ, dado que su pretensión de que le fueran reconocidos los derechos administrativos y económicos vinculados a la condición de magistrado desde el 27 de agosto de 2013 fue expresamente denegada por el Tribunal Supremo en la sentencia mencionada, en la que acordó únicamente su rehabilitación como magistrado con efectos desde la fecha de la sentencia”, explica el Supremo.

Dos años de inhabilitación especial

Serrano, por una actuación como juez de Familia número 7 de Sevilla, fue condenado en 2011 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por un delito de prevaricación culposa a la pena de dos años de inhabilitación especial. En 2012, la Sala Segunda del Supremo elevó la pena a diez años de inhabilitación especial al considerar que la prevaricación judicial fue dolosa. Esta sentencia fue declarada nula por el Tribunal Constitucional en octubre de 2016, confirmándose la sentencia del TSJ andaluz, que en 2017 estableció que la pena de inhabilitación quedó cumplida el 27 de agosto de 2013.

En su recurso reclamando responsabilidad patrimonial, Serrano imputaba, además de al CGPJ, a la Sala Segunda del Supremo por haber aumentado su condena en un proceso que, según estableció más tarde el Constitucional, vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva. Y el recurrente también hacía reproches al Tribunal Constitucional, en ese caso por la excesiva duración de su recurso de amparo, interpuesto en 2013 y resuelto en 2016.

No se presupone derecho a indemnización

Respecto a lo alegado contra la Sala Segunda del Supremo, la sentencia recuerda que la mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone derecho a indemnización, y que el recurrente no ha seguido el cauce establecido en el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para lograr ese resarcimiento, que obliga a obtener con carácter previo una declaración de error judicial de la Sala prevista en el artículo 61 de la LOPJ. En cuanto al Constitucional, tampoco siguió el trámite de instar previamente del propio TC una declaración formal sobre un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo.

Francisco Serrano, quien fuera candidato a la Junta por Vox en Andalucía en las últimas elecciones autonómicas de 2018 concurriendo por la provincia de Sevilla, anunció en mayo de 2020 que abandona el grupo parlamentario y se daba de baja del partido de Santiago Abascal después de que la Fiscalía Superior de Andalucía formulara una querella contra él por presunto fraude de subvenciones.

Cruce de declaraciones en sede judicial. El exlíder de Vox en Andalucía Francisco Serrano ha declarado como investigado por espacio de hora y media ante el titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla por posible delito de fraude de subvenciones o alternativamente de estafa con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros. Serrano, expresidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, ha asegurado brevemente ante la prensa que “sigue confiando en la justicia” y espera “que todo se aclare”. Fuentes del caso apuntan que los socios de éste le habrían atribuido de algún modo la iniciativa a la hora de solicitar la ayuda pública en la que apoyar el proyecto y otras cuestiones empresariales, si bien se han culpado los unos a los otros en líneas generales de las supuestas irregularidades vinculadas al proyecto.

Tras la comparecencia judicial de Serrano, que ha rehusado contestar a las preguntas de las acusaciones populares (Facua y Podemos), han entrado a declarar sus socios en la empresa investigada, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, también imputados. “Confío en la Justicia y que, a partir de ahora, todo se pueda aclarar. Sigo confiando por supuesto en la Justicia”, ha comentado brevemente. Cabe recordar que Serrano abandonó Vox el pasado otoño justo después de que la Fiscalía Superior de Andalucía formulara una querella contra él por dicho presunto fraude de subvenciones.

La investigación atribuye a Serrano haber constituido junto a Pelegrín la sociedad Bio Wood Niebla S.L. “con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes”, según la Fiscalía, presuntamente para obtener fraudulentamente ayudas públicas del programa Reindus del Ministerio de Industria, Turismo y Energía, para la instalación de una planta de fabricación de pellets. Es de recordar que la Delegación de la Agencia Tributaria en Andalucía achaca al ex líder andaluz de Vox un “levantamiento patrimonial” de 1,37 millones.

Según la Fiscalía, merced a aquella convocatoria de ayudas, el Ministerio de Industria transfirió 2,48 millones a Bio Wood Niebla en concepto de préstamo reintegrable, siendo el dinero ingresado supuestamente en una cuenta bancaria de Serrano. Parte de dicho importe habría sido presuntamente transferido a una cuenta abierta en otro banco y el resto, en concreto 438.000 euros, habría sido empleado a diversas operaciones como préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios, entre otras finalidades no relacionadas con el objeto de la subvención, según la Fiscalía.

La hora de los testigos

Fuentes del caso han indicado que Serrano ha explicado ante el juez que él se dedicaba a las cuestiones jurídicas, no a los mercantiles, achacando a Pelegrín esa parte del proyecto. Este, porsu parte, habría aseverado que él estaba centrado en la “parte técnica” del proyecto, que confía en sacar finalmente adelante, desconociendo quién era Serrano cuando decididó embarcarse en el mismo. Pelegrín, que solo ha respondido a las preguntas de su abogada, ha trasladado al juez que fue de Serrano de quien partió la idea de solicitar la ayuda ministerial, enre otra cuestiones, y que se ha sentido “utilizado” en el desarrollo del proyecto.

Las mismas fuentes señalan que la investigación aún se encuentra en una fase embrionaria del procedimiento judicial, previendo que en esta semana el juez emita una providencia para que las partes puedan proponer nuevas pruebas aparte de las declaraciones. Precisamente, este miércoles empezarán a declarar varios testigos del caso, entre ellos un notario, un ingeniero y la alcaldesa de Niebla (Huelva), donde estaba previsto levantar el proyecto, que sigue adelante de acuerdo a dichas fuentes. La aportacion de los testigos podrá determinar mas claramente las cuestiones y dejar “más perfilada” la instrucción, con la comprobación de “datos más relevantes”.

Las fuentes añaden que la versión de lo sucedido es “más coincidente” entre los socios de Serrano respecto a lo que el ex líder de Vox Andalucía ha aportado ante el juez, al menos en este punto del proceso y a la espera de que lo puedan aportar los testigos citados. Pelegrín y López, que ha contestado a todas las partes excepto a la defensa de Serrano, habrían achacado a Serrano la iniciativa a la hora de solicitar la ayuda pública en la que apoyar el proyecto, sin que hayan podido determinarse aún el destino real del dinero subvencionado. “Ha habido preguntas de todo tipo y respuestas para todos los gustos”, ha comentado una fuente, que ha aludido a la “memoria selectiva” de Serrano a la hora de responder al juez de instrucción.

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Gloria Alarcón ha denunciado que más de un tercio de las mujeres de la Región de Murcia ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida, según la macroencuesta sobre violencia contra la mujer, realizada por el Ministerio de Igualdad.

Ha explicado que este estudio desvela que el 30,6 por ciento de las murcianas confiesa haber padecido acoso sexual a lo largo de su vida, “y lo que es aún más grave, el 17,6 por ciento ha tenido que soportar el acoso de manera reiterada”.

La también vicesecretaria general y responsable de Igualdad del PSRM ha indicado que estas cifras desvelan que los comportamientos machistas y la violencia contra las mujeres están aún muy lejos de ser erradicados de la sociedad española y murciana. “Estos datos nos deberían hacer reflexionar como sociedad y, desde luego, deberían mover a la acción al Gobierno regional”.

Además, un 6,4 por ciento de las mujeres de la Región declara haber padecido violencia física fuera del ámbito de la pareja, un porcentaje que se sitúa en el 4,4 por ciento si nos referimos a la violencia sexual en las relaciones fuera de la pareja.

En la esfera de las relaciones de pareja, la forma de dominación machista más extendida es la violencia de control psicológica, con un 24,6 por ciento de mujeres murcianas afectadas., seguida por la violencia emocional, con un 21 por ciento y la violencia económica, con un total de 7,9 por ciento de mujeres acosadas.

En relación a la violencia total (física, emocional, control económico, miedo, etc.) de alguna pareja a lo largo de la vida, un 28,5 por ciento de las murcianas confirman haber sido víctimas de uno o varios de estos hechos.

En este sentido, Gloria Alarcón ha indicado que lo preocupante es que estas cifras se resisten a bajar. “Según los datos de la macroencuesta, en los últimos doce meses un 11,4 por ciento de mujeres de la Región ha tenido que soportar algún tipo de maltrato en el seno de su pareja”.

“Estos resultados reclaman una actuación decidida por parte del Gobierno regional. López Miras debería obviar el negacionismo de Vox y dejar de buscar apoyos dentro de un partido que es capaz de contratar y alabar públicamente a una persona como el juez Francisco Serrano, dos veces candidato de la extrema derecha a la presidencia de Andalucía y que se ha visto obligado a dimitir como parlamentario por su imputación en un caso de posible fraude de subvenciones, además de ser conocido por sus numerosas y salvajes declaraciones en contra del feminismo y la dignidad de todas las mujeres”.

Francisco Serrano ha sido y es una de las caras más controvertidas y visibles de Vox desde su fundación. Tras cinco años como líder del partido de extrema derecha en Andalucía, de ser dos veces candidato a la Junta y de haber logrado meter al partido de Abascal por primera vez en un Parlamento español, abandona Vox justo después de que la Fiscalía Superior de comunidad haya formulado una querella contra él por presunto fraude de subvenciones.

Sin embargo, antes de ser diputado, si quiera candidato a la presidencia andaluza, Francisco Serrano era abogado y juez, y protagonista ya entonces de polémicas actuaciones y declaraciones. La más sonada de aquella época, y la que ha marcado su perfil desde entonces, fue su condena en 2011 por prevaricación dolosa, tal y como relataba entonces El País. El juez había ordenado modificar el régimen de visitas de un niño de 11 años, establecido por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, para que pudiese salir en una procesión de Semana Santa con el padre divorciado. Su actuación le valió la condena, que el Tribunal Constitucional (en contra de lo que el propio Serrano ha mantenido en alguna ocasión) confirmó en octubre de 2016. También le supuso la inhabilitación como juez por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) durante 10 años. En este caso el Constitucional sí lo rehabilitó como juez en 2016 anulando la elevación de dos a diez años. “Prefiero ser un abogado libre a un juez esclavo del miedo y la presión política”, dijo entonces.

“Persecución política” y contra la “ideología de género”

Desde aquel momento, con 22 años de antigüedad como magistrado, ejerció como abogado en su propio bufete y fue construyendo los pilares sobre los que luego montaría sus intervenciones políticas: la “persecución política” y la “ideología de género”. Sin ir más lejos, desde su despacho lanzó en 2014 la campaña “Mujer sé honesta, denuncia cuando se deba y no cuando convenga” porque creía en “la importancia de defender a la verdadera mujer maltratada” frente a aquella que “denuncia de manera falsa porque le conviene por distintos intereses”. Esta, de hecho, ha sido una de las batallas donde más duro ha peleado Vox poniendo sobre la mesa datos no contrastados sobre mujeres maltratadas y denuncias falsas.

Hasta que la política llamó a su puerta en 2015. Durante aquella campaña a la presidencia de la Junta de Andalucía, dejó frases, en solitario o con Santiago Abascal, que alimentaron su perfil ultraconservador y, sin duda, llamaron la atención de los medios. Por ejemplo, ante la propuesta de Podemos de integrar en el patrimonio público la Giralda, juntos alertaron sobre “la islamización de España” porque “no queremos que se lance desde la Giralda a los homosexuales o se les ahorque”.

También durante esa campaña, pidió la derogación integral de la políticas de género porque “la ideología de género está desangrando a la sociedad española” y busca la “destrucción de la familia”. En aquellos días, también se hizo visible su desacuerdo frontal contra el estado autonómico y, mientras calificaba al PP de “cooperador necesario”, aseguraba vivir en un “Matrix” que había que cambiar “para que la gente sepa que hay una Andalucía de valores que es la que defendemos, y otra de mugre, miseria y falta de valores y principios”.

Las elecciones de 2015 le dieron a Serrano y a Vox 18.017 votos, cero escaños, y cierta condescendencia entre las filas de los partidos clásicos por sus escasas posibilidades de representación, y por considerarlos “anecdóticos”. Una opinión que cambiaría de manera radical en los comicios de 2018, cuando Vox irrumpió con 12 diputados en Andalucía. De repente, Serrano era la persona con la que pactar (como así ha sido facilitando el Gobierno de PP y Ciudadanos).

En cualquier caso, Serrano siguió con sus temas y no perdió oportunidad de expresar sus polémicas opiniones. Sin ir más lejos, en 2017, se burló en su perfil en Twitter de la posibilidad de una violación en grupo de una mujer a raíz del mensaje machista que tuvo que soportar recientemente Inés Arrimadas, líder de C's:

El caso de “La Manada” no ha abandonado tampoco su discurso desde entonces. Es más, fue una de las causas que han enturbiado la relación entre Vox y su líder andaluz. Cuando, tras la sentencia contra La Manada en 2019, aseguró en su Facebook que “hasta un gatillazo podría terminar con el impotente en prisión”, culpando de la sentencia a la “turba feminista supremacista”, el partido tuvo que desautorizar a su número uno afirmando que estaban a favor del endurecimiento de las penas por violación. En ese momento, Vox lo sacó de primera línea y dejó de ser portavoz en el Parlamento. Siguió dando pasos atrás cuando dejó la ejecutiva de Vox Sevilla tras la dimisión de la presidenta María Piñeiro. Desde entonces, Serrano ha estado en más que un segundo plano, sin voz ni apenas presencia pública.

El golpe de gracia a su protagonismo político se lo dio la Fiscalía Superior de Andalucía el pasado uno de julio, cuando informó de que había interpuesto una querella ante el TSJA contra Serrano al atisbar indicios de un presunto delito de fraude de subvenciones con relación a la ayuda estatal recibida en 2016 por la sociedad limitada Bio Wood Niebla. Ya entonces se dio de baja como militante de Vox y abandonó el grupo parlamentario. Ha tardado dos meses en renunciar a su escaño y a su acta y lo ha hecho el 1 de septiembre. Entre las causas, que ha desgranado en un escrito difundido en redes, asegura Serrano que desde ciertos sectores de Vox, partido por el que lo dio “todo”, se ha visto “atacado con tal de recuperar un acta y escaño que conseguí con esfuerzo y entrega a la esperanza, principios y valores que representaba Vox, contribuyendo, activamente, al resultado inesperado en las elecciones de 2018”. “A cambio, sólo obtuve ingratitud, desdén y desprecio desde el primer momento, desde el día siguiente al del éxito electoral”, asegura.

A partir de este momento, se enfrentará a la justicia “como cualquier ciudadano” y volverá a su tarea como jurista (que no como juez). Y se va con un deseo, también , polémico: que los que le han tratado mal en su partido “reciban el pago que merecen”