El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se opone a otorgar un nuevo alquiler social a una afectada por la venta de vivienda pública a Goldman Sachs, a pesar de que una sentencia judicial de primera instancia ampara a la mujer que fue desahuciada por el fondo estadounidense en 2016 y condena a la Comunidad de Madrid a concederle un nuevo piso público. 

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ha recurrido el fallo, alegando que “no está obligado a resolver la situación habitacional” de la recurrente y citando una sentencia previa del Supremo. Para respaldar su argumentación, asegura que “en ningún caso se ha validado por los órganos judiciales que un desalojo deba ir acompañado de una alternativa habitacional sine qua non”, según consta en el recurso de apelación presentado por la Comunidad de Madrid y al que ha accedido elDiario.es. 

En esta misma línea, la Abogacía regional mantiene que “no existe un derecho fundamental a la vivienda en nuestro país” y subraya que la Constitución establece este derecho como “un principio rector de la política social y económica”. Con esta argumentación, la Comunidad de Madrid defiende que la sentencia recurrida “ignora abiertamente un extremo que es de sobra conocido en nuestro ordenamiento jurídico”.

Desahuciada en 2016

Estas son las razones que expone el Gobierno de Ayuso para evitar que Ángela (48 años) y su familia vuelvan a acceder a una vivienda pública. En 2009, esta mujer, madre de familia numerosa, consiguió un piso social en Valdecarros. En ese momento, la Comunidad de Madrid se lo adjudicó por su “especial necesidad” y llegó a concederle una reducción del 95% de la renta. Pagaba un alquiler mensual de 50 euros. 

Cuando el Ejecutivo de Ignacio González (PP) vendió 3.000 viviendas públicas a Goldman Sachs por 200 millones de euros, Ángela perdió el descuento social de su alquiler. Con el cambio de casero, no pudo hacer frente al nuevo precio de la renta. “Pedí ayuda a los servicios sociales, a Cáritas y no sé a cuántas cosas más”, recuerda. Nadie le explicó las consecuencias que tendría para ella y su familia la venta de vivienda pública. Solo recibió una carta, que le costó interpretar. Comenzó a acumular recibos sin pagar y, tras ver a otros vecinos abandonar sus casas, ella fue desahuciada en 2016.

Dos años después de aquel lanzamiento, la Justicia declaró nula la operación por la que el Gobierno madrileño se deshizo de esos 3.000 pisos sociales. La Comunidad de Madrid recurrió esta decisión, y tras varios varapalos judiciales, el equipo de Ayuso se encargó de gestionar la recuperación de las 1.700 viviendas que aún eran propiedad del fondo.

Con la venta ya anulada, Ángela volvió a pedir un alquiler social. Acudió a la Agencia de Vivienda Social, dependiente de la Comunidad de Madrid, pero no obtuvo respuesta. Tras el silencio administrativo, acudió a los tribunales y allí una jueza le reconoció su derecho. 

La Comunidad debe responder a “la necesidad habitacional”

“La Administración que recuperó la propiedad de las viviendas transmitidas por un contrato declarado nulo de pleno derecho, ha de responder a la necesidad habitacional de la recurrente que ella misma ha creado”, señaló la magistrada. En un fallo emitido en septiembre, adelantado por esta redacción, la jueza también recalcó que el Gobierno de Ayuso no llegó a “valorar las circunstancias sociales y económicas” de la recurrente.  

En sus alegaciones, el Ejecutivo autonómico considera que es erróneo asegurar que “la necesidad habitacional de la recurrente ha sido provocada por la Comunidad de Madrid”, ya que el desahucio se produjo “por falta de pago de la renta a la entonces propietaria del inmueble”, Encasa Cibeles, una sociedad creada para gestionar la compra de estos pisos y participada al 97% por Goldman Sachs. “En pocas palabras y sin entrar en mayores disquisiciones, el desahucio no lo provocó la Comunidad de Madrid”, añade el equipo jurídico de la administración regional.

A la Abogacía General de la Comunidad de Madrid le parece que la sentencia se “excede de las funciones jurisdiccionales”. “Lo que en ningún caso procede es sustituir a la autoridad administrativa competente y otorgar sin trámite alguno una vivienda pública”, insisten los letrados, que explican que la “solución” en este caso pasaría por iniciar de nuevo el procedimiento administrativo y que sea la Comunidad de Madrid la que decida “si procede o no la citada legalización”.

Finalmente, el equipo jurídico autonómico defiende que “la anulación de la venta no produce una retroacción de los efectos”. De esta forma, el Ejecutivo autonómico intenta evitar que se le abra un nuevo frente por la venta de 3.000 viviendas públicas, ya que si este fallo es ratificado, otros afectados que perdieron su casa tras el cambio de casero pueden seguir el mismo camino que Ángela. Se desconoce el impacto que podría tener esta sentencia, ya que se desconoce el número de beneficiarios de un piso público que fueron desahuciados o se marcharon cuando su alquiler perdió la protección social.

Al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se le abre un nuevo frente por la venta de 3.000 viviendas públicas hace más de una década a Goldman Sachs por 200 millones de euros. La Justicia ha dado la razón, en dos sentencias distintas, a dos afectadas que fueron desahuciadas por Encasa Cibeles, una sociedad creada para gestionar la compra de estos pisos y participada al 97% por el fondo estadounidense, y obliga al ejecutivo autonómico a concederles un alquiler social. 

La venta impulsada por el gobierno de Ignacio González (PP) en 2013 no solo dejó a los adjudicatarios sin protección social y pública, sino que también ha generado un problema interminable (por ahora) para los diferentes equipos de gobierno. Desde que en 2018 la Justicia declaró nula esa operación, la institución madrileña ha encadenado varapalos judiciales en su intento de evitar la recuperación de las 1.700 viviendas que aún eran propiedad del fondo. Al final, fue el equipo de Ayuso el que inició la reversión de la operación impulsada por González. 

El fiasco por la venta de miles de viviendas sociales desembocó en una factura millonaria para las arcas públicas madrileñas, pero también afectó a los 3.000 vecinos que habían logrado un piso público. Se desconoce la cifra exacta de afectados por esta operación. Azucena (nombre ficticio) y sus tres hijos fueron algunos de ellos. En 2009 consiguieron uno de estos inmuebles y obtuvieron una reducción de la renta del 95% por “especial necesidad”. Con el cambio de casero perdieron las bonificaciones sociales y no pudieron hacer frente al alquiler que les reclamaba Encasa Cibeles. Su caso terminó, como el de muchos de sus vecinos, con un desahucio. Abandonaron su casa en 2016. 

Después de que se anulase la venta de los 3.000 pisos públicos, Azucena inició el procedimiento para obtener un nuevo piso social. La demandante basó su demanda en dos argumentos, “su situación de vulnerabilidad” –según consta en la sentencia– y las consecuencias para ella y su familia del contrato entre el fondo y la administración.

El Gobierno de Ayuso rechazó su petición, pero un juzgado de primera instancia ha anulado la resolución autonómica y reconoce a la demandante “el derecho a que la ASV [Agencia Social de Vivienda] le adjudique una vivienda de titularidad  de la Comunidad de Madrid en régimen de alquiler, a partir de sus especiales necesidades”, recoge el fallo emitido el 23 de septiembre, al que ha accedido elDiario.es. La Consejería ya avanza a esta redacción que recurrirá esta decisión judicial. 

“Es cierto que la concesión de una vivienda pública en arrendamiento de acuerdo con un determinado programa de ayuda social no implica que la Administración adquiera una obligación permanente y continuada de resolver” la situación habitacional, explica el fallo, en el que la magistrada también recuerda que el artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho a un techo como “un principio rector de la política social y económica”. Y, sobre la petición de Azucena, concluye: “La Administración que recuperó la propiedad de las viviendas transmitidas por un contrato declarado nulo de pleno derecho, ha de responder a la necesidad habitacional de la recurrente que ella misma ha creado”. 

“Negligencia inexcusable” de la administración

No es la primera sentencia que reconoce el derecho de una afectada por la venta de los pisos sociales y desahuciada por Encasa Cibeles a una vivienda pública. Otra magistrada, en este caso del juzgado de lo contencioso administrativo número 30 de Madrid, también falló en esa misma dirección. En este caso, la decisión se emitió en abril y el Gobierno regional la recurrió. Según confirman las fuentes consultadas por esta redacción, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se tendrá que pronunciar sobre este asunto. 

En esta segunda sentencia, la magistrada menciona varios errores de la administración, entre ellos, el envío de documentación del procedimiento al domicilio del que habían sido desahuciados. Una decisión que considera “una negligencia inexcusable” y que ha provocado “indefensión” a la demandante. La impulsora de esta demanda, desahuciada en 2019, es otra mujer que consiguió una vivienda social en 2007. Tiene reconocido un grado de discapacidad del 66% y una pensión de 743 euros.

En el caso de Azucena, la AVS rechazó su petición porque cuando se inició la reversión de los pisos de Encasa Cibeles ella ya no figuraba en el listado de inquilinos del fondo. La Comunidad no llegó a “valorar las circunstancias sociales y económicas” en las que se encontraba la recurrente, recuerda la sentencia. 

Además, la defensa del Gobierno autonómico alegó que el Supremo ya desestimó “un caso similar” en el que también se rechazó “la pretensión de asignación de vivienda” de otro afectado por la venta de vivienda pública. Sin embargo, la magistrada no acepta esas justificaciones. Sostiene que Azucena no puede verse “perjudicada por una actuación administrativa que ha sido declarada nula de pleno derecho y ha devenido firme”.

La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso negocia con Goldman Sachs si incrementa la millonaria indemnización por las viviendas públicas que el fondo compró en 2013 y que tuvo que devolver tras una decisión judicial. Encasa Cibeles, una sociedad creada para gestionar la compra de estas viviendas públicas y participada al 97% por el fondo estadounidense, recurrió en junio de 2022 ante los tribunales la resolución de la Agencia de Vivienda Social que determinaba que la Comunidad debía pagar al fondo 107,7 millones de euros por la reversión de las 1.721 viviendas que todavía estaban en poder del fondo. A esa cantidad se sumaron en enero de 2023 otros 2,098 millones en concepto de intereses. En su recurso, la mercantil elevó a 220,3 millones la cantidad reclamada. 

Según confirman fuentes jurídicas a elDiario.es, ese procedimiento está paralizado desde el pasado 8 de septiembre ante el compromiso de ambas partes de intentar llegar a un acuerdo extrajudicial. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Madrid acordó la suspensión durante 60 días. El plazo ha expirado y el procedimiento sigue detenido mientras Encasa Cibeles y la Agencia de Vivienda Social —el anterior Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima)— tratan de cerrar una cifra que ponga fin a un litigio que se inició hace casi cuatro años. 

Un portavoz de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid afirma que el Gobierno autonómico “valorará” la posibilidad de llegar a “un acuerdo extrajudicial” tras la suspensión del procedimiento, cuya petición atribuyen a Encasa Cibeles. En todo caso, admiten que el plazo de suspensión “se entiende prorrogado salvo que alguna de las partes comunique al juzgado su deseo de continuar con el procedimiento por falta de acuerdo entre ambas”. Y eso algo que, por el momento, no ha sucedido. Encasa Cibeles declinó hacer declaraciones.

Venta de 3.000 viviendas en plena crisis

El origen del pleito se remonta a 2013, cuando el Gobierno madrileño capitaneado entonces por Ignacio González (PP), despojó al antiguo Ivima de 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales. Vendió todos estos inmuebles que eran de titularidad pública en un intento desesperado por lograr liquidez para la Administración en plena crisis. La sociedad de gestión Azora –que fue la adjudicataria– y el fondo de inversión Goldman Sachs –que financió la operación– pagaron 201 millones por quedarse con 32 promociones de viviendas situadas en varios emplazamientos de la región. 

En los meses y años posteriores centenares de familias que pagaban alquileres sociales se vieron afectadas: su nuevo casero les dejaba en la calle o aprovechaba para encarecer considerablemente sus rentas. Muchos de los inquilinos acudieron a los tribunales que, uno tras otro, fueron fallando en contra la Comunidad de Madrid.

El Tribunal Supremo cerró en diciembre de 2019 uno de esos pleitos y confirmó la nulidad de la venta de las 32 promociones. El Alto Tribunal declaró firme la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid que, en 2018, había fallado que la venta no se justificó debidamente y que desde el Ejecutivo regional no se demostró que los inmuebles vendidos ya no eran necesarios para su fin: dotar de techo a las personas vulnerables que lo necesitan. 

La batalla por la indemnización

Encasa Cibeles, sociedad participada por Azora y Goldman Sachs, que ejerce como gestora del parque de viviendas, libra desde entonces una batalla en los tribunales para ser indemnizada. De las 2.935 viviendas sociales que se enajenaron, la justicia determinó que únicamente se debían devolver a la Comunidad 1.721, pues el resto ya no pertenecían al fondo porque las había vendido a terceros. Entonces, Encasa Cibeles reclamó 198,3 millones en concepto de “reclamación de daños y perjuicios”.

Esta petición no fue escuchada por el Gobierno de Díaz Ayuso, que la desestimó. El Ejecutivo regional fijó en los citados 107,7 millones la cuantía a recibir por la empresa en concepto de “restitución de prestaciones” por la reincorporación de los inmuebles al patrimonio de la Agencia de Vivienda Social. La resolución que fijaba ese montante fue recurrida por Encasa Cibeles dando lugar al procedimiento que ahora está paralizado. 

La compañía dijo en ese momento que no compartía los “fundamentos y criterios utilizados” para determinar esa cantidad e impugnó la resolución ante los tribunales, al tiempo que elevó a 220,3 millones de euros la cantidad reclamada. Su motivación, según señaló la mercantil, no era económica, sino la creencia de que la vía administrativa no era la más adecuada para poner fin al litigio. Ahora, sin embargo, Encasa Cibeles y la Comunidad busca al margen de la justicia un acuerdo que ponga fin al litigio más de una década después de la venta de las 32 promociones de pisos públicos. 

La imagen de hombres musculados, tatuados, con papeles en la mano y comunicándose de forma intimidante con una persona a través de un telefonillo, ha ido sustituyendo a las de familias empaquetando su casa la última noche en su domicilio antes de ser desahuciados a la mañana siguiente.

Hubo una época en la que los portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) eran entrevistados constantemente para contar y actualizar la situación en la que se encontraban personas que estaban a punto de perder su vivienda. Hace más de una década de aquello. Estas coberturas se han ido diluyendo y desapareciendo, mientras los reportajes sobre ocupas han ido ganado presencia en la agenda mediática. Algunos programas de televisión, especialmente, los matinales, han destinado centenares de minutos a entrevistar a portavoces de empresas de desocupación y a retransmitir sus actuaciones.

“Se hace una cobertura centrada en generar pánico moral”, apunta la periodista Lourdes García Molina, que ha analizado la presencia de la ocupación en los magacines de TVE y Telecinco. Enfocadas como noticias de sucesos, un reportero que cubre estos asuntos reconoce que los reportajes sobre ocupas “han pasado a ser muy recurrentes” en las escaletas de estos programas cuando no tienen “otra cosa” que contar.

Antes de que irrumpiese la pandemia, y tras un pico en las estadísticas de condenas por usurpación, en estos programas ya no se sacaba a “la PAH en las imágenes de recurso”, sino que se utilizaban “imágenes de ocupación”, explica Víctor Palomo, abogado y portavoz del Sindicato de inquilinos e inquilinas de Madrid. Sitúa el punto de inflexión en 2019. En ese momento, “el sujeto que aparece como poder ciudadano” deja de ser la organización antidesahucios y, apunta, “pasa a ser Desokupa”.

Aunque en los últimos años el número de compañías que se dedican al desalojo y a la desocupación han ido aumentando –solo hace falta realizar una búsqueda en Google para comprobarlo–, Desokupa es la que tiene mayor presencia ya no solo en los programas de televisión, también en las redes sociales. Al frente de esta compañía, que se constituyó en 2016, está el polémico Daniel Esteve. El más mediático de los miembros de estas brigadas de desocupación se ha dedicado durante años a difundir bulos y mensajes racistas en redes sociales, aparte de publicar datos personales, amenazar e intimidar a personas, como publicó elDiario.es.

Unidas Podemos ya ha anunciado medidas para limitar el trabajo de estas compañías. El grupo confederal ha registrado en el Congreso una proposición de ley para perseguir a estas empresas mediante una reforma del Código Penal. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aseguró que quieren impedir que las organizaciones desokupas “movidas por el ánimo de lucro, hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad”.

38.269 desahucios en 2022

Alejados ya del foco informativo, los desahucios continúan suponiendo una incertidumbre diaria para miles de familias. En 2022 se registraron 38.269 lanzamientos, tal y como registran las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, en 2021 se denunciaron ante la Policía, la Guardia Civil y los cuerpos autonómicos un total de 16.726 ocupaciones ilegales de inmuebles.

Con un discurso sobre la vivienda orientado en torno a la ocupación y, azuzando un alarmismo apoyado por algunos programas de televisión, la derecha política ha hecho bandera de este asunto en su búsqueda de nuevos votantes. Para Vox los mensajes antiocupación son muy recurrentes en su agenda política. En la campaña electoral de 2021 en la Comunidad de Madrid, la líder de Vox Madrid, Rocío Monasterio, llegó a asegurar que los políticos son “cómplices” de que se puedan ocupar viviendas aprovechando esos minutos en los que los propietarios salen a hacer la compra al supermercado. 

En Madrid, el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha un teléfono ‘antiokupas’ para hacer frente a este “fenómeno” que provoca –según explicó la Comunidad en su página web– “una gran preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía”. Los gobiernos de Murcia y Galicia tomaron la misma medida.

Críticas a la Ley de Vivienda

La Ley de Vivienda también ha sido objeto de críticas. PP, Vox y Ciudadanos cargaron contra el Gobierno de Pedro Sánchez y aseguraron que el Ejecutivo de coalición defiende a los ocupas y les pone una alfombra roja, a pesar de que la norma se limita a incluir un procedimiento de mediación en casos de desalojo de viviendas habituales de ocupantes en situación de vulnerabilidad económica y solo en inmuebles de grandes tenedores. 

“Sánchez es una oportunidad fantástica para los 'okupas”, afirmó el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper. La derecha ha optado por seguir ese camino en los debates que se produjeron en el Congreso y el Senado para sacar adelante la primera norma de la democracia que reconoce el derecho a la vivienda y que aspira a regular las subidas de precios en las zonas donde los alquileres están disparados.

Con este discurso, la derecha “encuentra un hilo argumentativo” alrededor del que vertebrar su relato sobre la vivienda, reseña Palomo. Apunta, además, que PP, Vox y Ciudadanos estuvieron “huérfanos” en este debate hasta que no abrieron esta brecha porque congregaba “un gran apoyo” el argumento de que la vivienda tiene “una función social”. De esta forma, la administraciones tienen que “invertir menos en vivienda pública y proteger más la propiedad privada”. Por ejemplo, en lugar de fomentar las oficinas municipales antidesahucios, se apuesta por oficinas o teléfonos 'antiokupas'.

El abogado e investigador Manuel Gabarre considera que la irrupción de la ocupación como centro del debate mediático y político se produjo después de que Manuela Carmena y Ada Colau se hiciesen con las alcaldías, respectivamente, de Madrid y Barcelona. “El sector financiero vio que estaba perdiendo el discurso en el asunto de la vivienda y que eso había impactado en las principales alcaldías de España”, expone el letrado, que está realizando un doctorado sobre el derecho a la vivienda. 

Aunque las elecciones municipales de 2015 no se celebraron durante los momentos de mayor actividad y seguimiento de la PAH, su resultado sí que demostró el impulso y la simpatía social que había acumulado esta organización. Colau, su portavoz más mediática, se hizo con la alcaldía de Barcelona con una formación de nueva creación.

La PAH marcó el relato tras la crisis de 2008

Al grito de ‘Sí se puede’, activistas con monos verdes con las siglas de la PAH y lemas que abogaban por el derecho de la vivienda, la plataforma antidesahucios comenzó a ganar presencia social y mediática a partir de 2009. “Fueron los que actuaron primero en la crisis del 2008 y marcaron el relato en los temas de vivienda. Lograron convertirse en el significante de la lucha de los de abajo”, apunta Palomo.

El “caldo de cultivo” en la época más activa de la PAH coincidió con uno de los peores picos que se vivió en nuestro país tras la crisis de la deuda que explotó en 2008. Durante aquella época, se alcanzó una tasa superior al 20% de paro, mientras se mantenían altos niveles de endeudamiento familiar, recuerda Gabarre. Por su labor al frente del movimiento antidesahucios, el Parlamento Europeo concedió a esta organización el Premio Ciudadano Europeo 2013. Esta decisión no fue bien acogida por el Partido Popular, que exigió su retirada al considerar a la PAH una “organización violenta”.

“En aquel momento España estaba viviendo un drama”, recuerda Laura Barrio, portavoz de la Coordinadora de Vivienda de Madrid de la PAH. Lamenta, asimismo, que en ese momento el sistema financiero optase por “poner la alfombra roja a los fondos”, en lugar de “transformar el sistema de vivienda”. Miles de familias se quedaban diariamente en la calle. El desahucio no conllevaba únicamente la pérdida de su casa, los afectados arrastraban también la deuda hipotecaria. En 2012, los jueces de primera instancia contabilizaron 101.034 solicitudes de lanzamiento, de esa cifra, se ejecutaron 46.408.

La labor de los activistas de la PAH saltó de la prensa nacional a la internacional. Fue en febrero de 2013 cuando Colau compareció por primera vez en una comisión del Congreso de los Diputados. Allí llamó “criminal” al vicesecretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero. Con este mensaje, que terminó disparando su popularidad, reprochó al portavoz de la banca su defensa del sistema hipotecario español. 

La organización antidesahucios no solo articuló su actividad en la calle, también llevó a cabo medidas políticas que obtuvieron respaldo social. Casi un millón y medio de personas apoyaron en 2013 la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pedía la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y la posibilidad del alquiler social. Durante aquellos años, que coincidieron con el 15M, esta plataforma supo “representar” el “cabreo ciudadano” –indica Palomo– que se extendía por el país y logró poner el problema en la agenda mediática y política.

Más de medio millón de desahucios en la última década

Desde 2013 se han ejecutado en nuestro país más de medio millón de desahucios, Familias que han visto “cercenado su futuro” –apunta Barrio– a la vez que arrastraban una “deuda de por vida”. “Toda esa gente no ha desaparecido y no se ha hecho nada por ellos”, explica la portavoz de la Coordinadora de Vivienda. “Un sector de esos afectados ha hecho lo que ha podido. Ha tenido que ocupar porque había viviendas vacías y gente sin casa”, añade. Y culpa directamente a las administraciones por no abordar este asunto con “una transformación de las estructuras” ni con un enfoque de Derechos Humanos. 

Con todo, Barrio sostiene que el relato de las empresas como la de Esteve busca “romper con el binomio ocupación-vulnerabilidad”. Defiende, además, que los propietarios que “contratan” a este tipo de compañías “son víctimas de un sistema que no es justo”. En esa misma línea, Palomo subraya que la palabra desahucio ha ido perdiendo simpatía social. Lo constata diariamente en los perfiles que tiene el Sindicato de Inquilinos en redes sociales. Se encuentran con muchas críticas en Twitter cuando publican casos de subidas abusivas realizadas por fondos buitres. “Sin pararse a leer la historia, se ponen a decir que la vivienda se tiene que pagar, que para vivir gratis que se vayan y que son unos caraduras”, reseña.

El ‘boom’ de la ocupación en los medios y en la política ha llegado a crear diferentes categorías de ocupas. El término ‘inquiocupa’ se ha extendido en el relato. Hay decenas de titulares explicando que con esta palabra las empresas desokupas hacen referencia a aquellos inquilinos que entraron legalmente en una vivienda, han dejado de pagar el alquiler y continúan viviendo allí. 

En estas coberturas “prima un enfoque de suceso criminal”, ligado a perspectivas centradas en el “conflicto”, el “interés humano” y la “moralidad”. Aún así, no se aprovechan estas informaciones “para abrir un debate que aborde las dificultades de acceso a la vivienda en España como un problema social de carácter estructural” o para analizar las dificultades de muchas familias para hacer frente a unos alquileres que se dispararon más de un 11% en 20 ciudades españolas entre 2015 y 2021. Estas son las conclusiones de Lourdes García tras analizar dos decenas de programas matinales emitidos por TVE y Telecinco en los meses de junio, julio y agosto de 2020. Su trabajo se ha publicado en la revista Dígitos, editada por un departamento de Comunicación de la Universidad de Valencia.

Esteve vs. Colau

“Es muy probable que te pase a ti”. Este es el mensaje que se desprende en los reportajes analizados en esta investigación –apunta García–, “aunque los datos lo desacrediten”. La estadística reflejó una tendencia al alza en este tipo de delitos en 2017, con 6.757 condenas por usurpación, un 260% más que en 2013, en plena crisis, cuando hubo 1.669. En los últimos años esta cifra se ha reducido, registrando 4.302 condenas en 2021. Por su parte, en ese mismo año se contabilizaron 230 sentencias que acreditaron un delito de allanamiento de morada, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los programas de televisión analizados por García, no se dio en ningún momento voz a miembros de la PAH o del Sindicato de Inquilinos. Sin embargo, sí que se contó con el relato de las empresas de desocupación y, de hecho, se les identificó como “actores que resuelven de manera efectiva estas situaciones”. El líder de Desokupa ha aprovechado esta ola mediática para movilizarse en la última campaña electoral y cargar contra la figura que durante años representó la lucha por el derecho a la vivienda: Ada Colau. 

Gráficos: Carmen Martínez

La Comunidad de Madrid tiene un parque público de vivienda que incluye 21.927 casas, 17.742 plazas de garaje y 1.287 locales por toda la región, más de la mitad concentrados en la capital. Pero estos datos oficiales de la Agencia de Vivienda Social –antiguo IVIMA– no reflejan la nefasta gestión que los distintos gobiernos regionales del Partido Popular han hecho de una parte importante de estas viviendas protegidas y que en varias ocasiones ha terminado en derrotas judiciales con coste para las arcas públicas.

En la actualidad, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso gestiona la anulación judicial de la venta de 32 promociones de vivienda pública a un fondo buitre mientras, como ha revelado elDiario.es, la administración regional pierde decenas de pleitos por valor de más de 30 millones de euros por haber intentado pagar de menos durante años a las constructoras que levantaron vivienda protegida por toda la Comunidad.

“Se cumplió con todo el procedimiento que marca la Ley. La operación respetaba los objetivos de equilibrio económico y respetaba todos los derechos de los beneficiarios”. Así defendió Ignacio González en 2015, en la Asamblea de Madrid, la enajenación de 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales a Azora Gestión dos años antes por parte de su Ejecutivo regional. En ese momento todavía quedaban dos años para su detención por orden de la Audiencia Nacional, y un año más para que un vecino de Navalcarnero y su abogado de oficio consiguieran que la Justicia anulara la operación. El objetivo, explicó también González, era económico y no tenía nada que ver con los que vivían allí: conseguir ingresos, reducir el presupuesto y cumplir con los objetivos de déficit marcados desde Bruselas.

Esa sentencia, confirmada posteriormente por el Tribunal Superior de Madrid y en última instancia por el Tribunal Supremo, dejó en evidencia las explicaciones de la Comunidad de Madrid. Porque, según todos los jueces que han estudiado el asunto, el Ejecutivo regional nunca explicó o justificó por qué esas viviendas eran innecesarias, requisito primordial para enajenarlas. Ni informe ni análisis técnico, económico, financiero o legal.

La venta de casi 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre fue en dirección contraria a la razón de ser de la vivienda protegida. Esas viviendas, recordó el juzgado de Madrid, “cumplen una función social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna”, y la venta masiva que perpetró el Ejecutivo regional con Ignacio González al frente no cuadra con “el fin fundamental del IVIMA, proporcionar el acceso a una vivienda digna a clases desfavorecidas”. Hasta llegar a este punto, los afectados tuvieron que atravesar un periplo judicial y conseguir que se les permitiera recurrir.

Esa sentencia no solo certificó la ilegalidad de la operación. También fue el primero de una avalancha de problemas judiciales con consecuencias, por ahora, difíciles de medir. Sobre el papel, el casero de los inquilinos ya no era un fondo buitre y volvía a ser la administración regional. Pero el precio de la millonaria factura todavía está por determinar y la Justicia, por ejemplo, tiene que determinar qué compensación recibirá Goldman Sachs.

Por el momento el fondo de inversión, que pagó 201 millones de euros en 2013 por las casi 3.000 viviendas públicas de toda la región, reclamaba 198 millones de euros. La actual Agencia de la Vivienda Social aceptó pagar 107 millones por las 1.700 viviendas que había tenido que recuperar pero el caso ha terminado en manos de los tribunales, tal y como reveló este periódico.

Además, tal y como explicó elDiario.es el pasado mes de enero, el Tribunal Supremo tiene pendiente decidir si el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso está obligado a dar respuesta habitacional a unas familias afectadas por la venta fallida. Según los cálculos del letrado que lleva el pleito, “alrededor de 600 personas se tuvieron que ir por la venta”, fueron echadas de sus casas y algunas siguen en situación de vulnerabilidad. El mismo Supremo, por ejemplo, ha dejado claro que el fondo buitre ya no es el propietario y, por tanto, no puede instar desahucios de los inquilinos como sí venía haciendo hasta ahora después de hacerse con esta porción del parque de vivienda pública madrileña.

La venta de vivienda pública a este fondo de inversión también fue estudiada por la vía penal, pero los jueces decidieron archivar el caso al entender que no había indicios de delito. Un caso en el que llegaron a estar imputados dos antiguos directores del IVIMA considerados responsables de la decisión. Un caso en el que la Fiscalía, antes de pedir el archivo de la causa, denunció que el proceso de enajenación había estado “trufado de irregularidades”.

La venta no fue el único punto cuestionado. En 2019 el Tribunal Supremo declaró que el IVIMA se había saltado la Ley de Protección de Datos al publicar, en abierto, datos personales de los inquilinos durante el proceso de venta a Azora.

Pagar de menos a las constructoras

Los datos oficiales de la Comunidad de Madrid revelan que el número de viviendas, locales y plazas de garaje de su parque público se ha mantenido estable desde que hay datos. En 2015, por ejemplo, había 21.688 viviendas en manos del entonces denominado IVIMA y hoy Agencia de la Vivienda Social. La venta fallida de casi 3.000 de ellas supuso, por tanto, la enajenación ilegal de en torno a un 10% de toda su vivienda pública. A la espera de saber si tiene que indemnizar al fondo de inversión beneficiado por la operación. Los datos de la Comunidad de Madrid reflejan también que en este momento tiene 3.144 viviendas en derecho de superficie, más de la mitad en la ciudad de Madrid y el resto repartidas entre Arganda, Collado Villalba, Parla, San Sebastián de los Reyes y Valdemoro.

Pero tal y como revela este periódico, no es el único fleco de la factura que sigue engordando con el paso de los años. En las últimas tres décadas, los distintos gobiernos regionales de la Comunidad de Madrid bajo el mandato del Partido Popular han adjudicado la construcción de vivienda pública a cambio de un canon anual de cientos de miles de euros a cobrar durante dos décadas.

Hasta la fecha, el Ejecutivo regional madrileño ha perdido más de 30 millones de euros en pleitos porque las constructoras denuncian que, en un momento dado, la Comunidad de Madrid entendió que no era una operación sujeta al pago de IVA y empezó a descontar una parte proporcional del dinero que recibían anualmente. Desde el Ejecutivo regional reconocen que, además, todavía quedan al menos seis pleitos pendientes con constructoras, lo que puede aumentar el coste de haber pagado de menos durante años por estas promociones repartidas por toda la región.

La Comunidad de Madrid acumula dos decenas de derrotas judiciales contra constructoras de vivienda protegida a las que tiene que indemnizar, en total, con más de 30 millones de euros. La Audiencia de Madrid y el Tribunal Supremo entienden que, durante años, el antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) ha pagado de menos a las empresas que levantaron promociones de vivienda social por toda la región al descontarles de manera irregular una parte correspondiente al Impuesto de Valor Añadido (IVA).

La última sentencia de la sala de lo civil del Tribunal Supremo, por ejemplo, obliga al ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a pagar más de 735.000 euros a una empresa que construyó 50 viviendas en la localidad de Parla. Desde la Comunidad reconocen que, además, todavía tienen seis pleitos más pendientes.

Son pleitos que, en ocasiones, proceden de la década de los años noventa, cuando la Comunidad de Madrid que entonces dirigía Alberto Ruiz-Gallardón adjudicó la construcción de estas promociones, operaciones que también se desarrollaron posteriormente bajo los gobiernos de Esperanza Aguirre. Adjudicaciones que obligaban a las constructoras a levantar vivienda protegida o destinada a planes jóvenes y que, a cambio, tenía 20 años de derecho de superficie para la empresa adjudicataria, por un valor anual de cientos de miles de euros.

Las promociones fueron construidas en barrios y distritos de la ciudad de Madrid como Vallecas, Ventilla o Carabanchel, y en localidades como Alcobendas, Mejorada del Campo, Collado Villalba, Valdemoro, Getafe, San Sebastián de los Reyes o Parla. Pero fue a partir de 2011 cuando la Comunidad de Madrid decidió que de ese canon anual iban a descontar un porcentaje del 16% correspondiente al IVA después de que la Dirección General de Tributos estableciera que no era una operación económica sujeta a este impuesto.

Las constructoras acudieron a la Justicia y la primera en obtener una sentencia favorable del Tribunal Supremo fue Fercaber, empresa que levantó 13 promociones inmobiliarias por toda la región con en torno a un millar de viviendas y plazas de garaje. Los jueces de la sala de lo civil establecieron en este caso sentenciado en 2017 que el contrato debía especificar que la cantidad a pagar era “IVA incluido” y que era un negocio sujeto a ese impuesto. Las partes, en este caso el IVIMA y la constructora, debían soportar los posibles riesgos pero no modificar el precio pactado como hizo la Comunidad de Madrid durante años rebajando un 16% el pago anual a las empresas.

Esa primera sentencia del Tribunal Supremo marcó el camino a dos decenas de pleitos en los que siete constructoras han conseguido que la Justicia obligue a la Comunidad de Madrid y su actual Agencia de la Vivienda Social a pagarles al menos 30,7 millones de euros. Al menos porque en algunos casos los jueces de la Audiencia de Madrid y del Supremo han hecho las cuentas y han incluido los intereses pero en otros las sentencias no reflejan esta cantidad añadida. Tampoco incluye las condenas en costas que ha recibido el IVIMA por cada recurso rechazado por la Audiencia de Madrid o por el Tribunal Supremo en diversos autos de inadmisión desde 2017.

El último caso ha sido sentenciado recientemente por la sala de lo civil del alto tribunal que, a diferencia de otros supuestos, sí admitió a trámite el recurso de la Agencia de Vivienda Social, antiguo IVIMA, para resolverlo en sentencia y no en un auto. Los jueces han confirmado que la Comunidad de Madrid debe pagar 735.635,21 euros a Construcciones Arribas Gozalo por el dinero que cobró de menos durante años tras construir 50 viviendas protegidas y 60 plazas de garaje en la localidad de Parla.

Reclamación 12 años después

Esta adjudicación se produjo a finales de 2003 y la primera reclamación extrajudicial de la constructora llegó 12 años después. El Tribunal Supremo ha certificado su doctrina sobre este asunto: “La sentencia impugnada no solo no incurre en ilegalidad, arbitrariedad o contradicción, sino que dicha interpretación se fundamenta precisamente en la doctrina sentada por esta sala en un supuesto sustancialmente idéntico al presente, cuya doctrina procede ahora reiterar, deviniendo en jurisprudencia”. Esta resolución, por tanto, certifica que las posibilidades de éxito de la Comunidad de Madrid en futuros pleitos es escasa.

Los jueces de la sala primera del Supremo explican que el hecho de que esta empresa no pusiera sus reclamaciones en marcha hasta que otras constructoras hubieran tenido éxito no implica que pierda el derecho a cobrar este dinero. “En nada deslegitima la acción aquí ejercitada, pues precisamente la existencia de esos fallos judiciales aleja la hipótesis de un eventual retraso desleal en el ejercicio de la acción”, dicen los jueces.

En algunos casos, las constructoras han reclamado ser indemnizadas por retrasos por parte de la Comunidad de Madrid a la hora de entregar las parcelas. Eso, según alegaban, consumía una parte de los 20 años que duraba su derecho de superficie y, por tanto, el dinero que cobraban finalmente. Los tribunales estimaron este argumento, por ejemplo, en el caso de una constructora que levantó 100 casas en Parla y que reclamaba dinero por el tiempo de más que tardó el IVIMA en entregar la parcela.

El conflicto por la devolución de 1.700 pisos sociales se mantiene abierto entre Goldman Sachs y la Comunidad de Madrid. Encasa Cibeles, una sociedad creada para gestionar la compra de estas viviendas públicas y participada al 97% por el fondo estadounidense, ha recurrido ante los tribunales la resolución de la Agencia autonómica de la Vivienda (AVS) que ponía fin al procedimiento administrativo para liquidar el contrato de compraventa de 32 promociones, indican fuentes de la entidad.

La resolución reclamada, elaborada por la agencia del Ejecutivo madrileño, determinó que la Comunidad debía pagar al fondo 107 millones de euros por la recuperación de 1.700 viviendas. De esta forma el Gobierno autonómico pretendía poner fin al conflicto que tienen abierto desde hace cinco años.

En un comunicado, Encasa Cibeles indica que “no comparte esta decisión en cuanto a los fundamentos y criterios utilizados”, aunque apuesta por mantener la cordialidad con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y asegura que el fondo “tiene la convicción de que la AVS ha tomado la decisión que considera más ajustada a Derecho”.

Desde 2018 la Justicia ha determinado que la venta de 3.000 viviendas públicas promovida por Gobierno autonómico de Ignacio González (PP) en 2013 a Encasa Cibeles es nula. Los magistrados han reiterado en autos y sentencias que la Comunidad de Madrid no justificó convenientemente por qué se deshizo de esas promociones para hacer caja en lo más duro de la crisis económica que estalló en 2008.

El fondo reclamaba entre 175 y 198 millones de euros

De esos 3.000 pisos sociales que se enajenaron, la justicia determinó que únicamente se debían devolver 1.700 a la Comunidad porque el resto ya no pertenecían al fondo. Para poner fin a esa operación, Encasa Cibeles elaboró dos escenarios uno en el que solicitaba una indemnización de 198 millones de euros y otro en el que reclamaba 175 millones de euros. Esta petición no ha sido escuchada por el Gobierno de Díaz Ayuso, que a través de la resolución recurrida desestima la reclamación de daños y perjuicios presentada por Encasa Cibeles. En 2013, el Ejecutivo de González obtuvo 201 millones por la venta de las 3.000 viviendas.

Fuentes del fondo aseguran que el recurso presentado no está motivado por cuestiones económicas, sino porque consideran que la vía administrativa no es la adecuada para poner fin al contrato firmado. “En consecuencia, dada la complejidad técnica del debate, Encasa Cibeles entiende que la manera más adecuada y natural de resolver esta discrepancia (habitual, por otra parte, en procesos de liquidación contractual como este) es sometiéndola a la decisión de los tribunales de justicia, proporcionando así una completa seguridad jurídica a la liquidación”, continúa el comunicado emitido por la sociedad de Goldman Sachs.

Además, con el objetivo de tranquilizar a los afectados por esta operación, el fondo sostiene que el recurso presentado “no afecta a la situación de los inquilinos de los inmuebles, ni a la relación de estos con la AVS, puesto que en ningún momento se está cuestionando la devolución de las 1.721 viviendas que fueron asumidas el pasado mes de septiembre por la AVS de forma ordenada y eficaz”. “La AVS, como actual propietario que es, continuará gestionando las mismas con total independencia y conforme a su mejor criterio”, finaliza. 

“Si Encasa no está de acuerdo con ese precio, que nosotros consideramos justo y objetivo, tiene todo el derecho de acudir a la vía judicial ya que desde la Administración pública lo que defendemos es el patrimonio de todos los madrileños”, apuntan fuentes de la Consejería de Medioambiente y Vivienda. Además, defienden que los 107 millones propuestos se enmarcan en un “precio justo” y “avalado por la Abogacía General de la Comunidad”.

Se abre un nuevo frente judicial en contra de la Comunidad de Madrid por la venta de vivienda pública en 2013. El Supremo va a estudiar si el Gobierno autonómico estaba obligado a dar una respuesta habitacional a una de las cerca de 3.000 personas afectadas por la venta de vivienda pública a Encasa Cibeles, una sociedad creada para gestionar la compra de estos pisos y participada al 97% por el fondo Goldman Sachs.

El alto tribunal considera que este asunto tiene “interés casacional” y ha admitido el recurso presentado por un inquilino de una vivienda de Navalcarnero, que fue desahuciado en 2019. Esta causa está siendo defendida por César Pinto, el mismo abogado que ha conseguido la anulación de la operación por la que el Ejecutivo de Ignacio González (PP) enajenó 32 promociones de vivienda social para conseguir liquidez en las arcas públicas. 

Actualmente se está ejecutando la devolución de esos inmuebles. Ni la Comunidad ni el fondo aclaran cuánto se va a pagar por los 1.721 inmuebles que va a recuperar el Gobierno autonómico. Las cifras que se han conocido hasta ahora revelan que Goldman Sachs ha llegado a reclamar hasta 198 millones a la Comunidad para otorgar esos inmuebles, es decir, el fondo requiere casi la misma cantidad que pagó en 2013 (201 millones de euros) a cambio de 2.935 viviendas públicas que adquirió, tal y como publicó elDiario.es. 

Si el Supremo falla a favor del recurrente, a la Comunidad de Madrid se le abre un nuevo frente judicial por la decisión del Gobierno de González, poco después de aceptar la decisión de los tribunales, que anularon la venta de vivienda pública por primera vez en 2018.

Para Pinto la resolución que emita el Alto Tribunal “puede afectar de manera directa a todos los inquilinos que echaron de sus casas”. “Hay alrededor de 600 personas que se tuvieron que ir por la venta. Una decisión favorable del Supremo puede favorecer a los afectados que sigan en situación de vulnerabilidad para que la Comunidad de Madrid les adjudique una nueva vivienda, sin tener que ponerse a la cola de todos los que están solicitando un inmueble social porque ya tenían ese derecho reconocido”, añade el letrado.

La causa que va a estudiar la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo comenzó en 2018. En ese momento el recurrente solicitó a la Comunidad de Madrid una ayuda social o una alternativa habitacional que también tuviese carácter público. El Gobierno autonómico no respondió a la reclamación –tal y como expone el letrado del inquilino– y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no amparó el recurso presentado contra el silencio administrativo. 

En 2011 la Comunidad de Madrid adjudicó una vivienda al recurrente “por encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad social y económica”, según el auto emitido el 24 de noviembre y al que ha accedido elDiario.es. Con la venta de la vivienda a Encasa Cibeles, el adjudicatario dejó de recibir “una reducción” del 90% en el alquiler. Al no poder abonar la nueva renta, el fondo inició “un proceso judicial” que acabó “con sentencia de desahucio y condena al pago” de 14.420 euros, más intereses, y el resto de rentas que quedasen pendientes hasta la fecha del lanzamiento.

En ese momento el letrado ya alegó que el derecho de su cliente a residir en un inmueble social continuaba “siendo válido y eficaz” porque nada había cambiado en su situación socioeconómica desde que le reconocieron “a él y a su familia el derecho a disfrutar de una vivienda pública protegida en base a unas condiciones (personales, sociales y económicas) que perduran”. Y añadió que el recurrente no tenía “la obligación de solicitar nuevamente la adjudicación de una vivienda”, es la Comunidad de Madrid — continúa el abogado — quien “tiene el deber de proporcionar una vivienda en las mismas condiciones de la adjudicación inicial, en cuanto a tamaño y renta, esencialmente, sin colocar a los afectados en nuevas listas de espera”. Por lo tanto, la defensa del recurrente alega que la administración “vació de contenido” un derecho, que ya tenía reconocido el recurrente al “enajenar indebidamente” su vivienda.

El Supremo estudiará si en este caso la Comunidad de Madrid “estaba obligada a resolver la situación habitacional del recurrente una vez acordado el desahucio de la vivienda adjudicada en su día, y si la petición del recurrente en tal sentido tiene encaje” con el artículo 29 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que regula los plazos que se deben cumplir para abrir un procedimiento por la vía contencioso-administrativo contra la inactividad de la administración. El escrito presentado por Pinto se trata para el Alto Tribunal de un “recurso que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”.

La Comunidad de Madrid sigue dando la batalla para evitar la reversión de la venta de casi 3.000 viviendas sociales del IVIMA a un fondo buitre en 2013. El Gobierno regional ha recurrido la anulación de la operación, realizada durante la etapa de Ignacio González, ratificada por el Tribunal Supremo tras inadmitir los recursos de casación de la Comunidad de Madrid y del fondo comprador, Goldman Sachs Azora, que adquirió las promociones por 201 millones de euros. 

Según el recurso de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid fechado el 13 de enero de 2020, se ha presentado un “incidente de nulidad de actuaciones” contra el auto del TS, del 19 de noviembre, ya que cae en una “infracción del artículo 24 de la Constitución”.

El texto busca así que se admita el recurso de casación presentado por el Ejecutivo regional, ya que entiende que en su desestimación se ha incurrido en “un defecto de arbitrariedad” por diversas causas, entre las que identifican una “incongruencia por desviación”, otro error por “afirmar que la cuestión esencial” por la que se presentó el recurso “no ha sido tratada” y, por último, una incongruencia omisiva “al no contestar otra cuestión esencial suscitada” durante el recurso de apelación, “el emplazamiento de terceros interesados”.

Al respecto, el letrado de la Comunidad de Madrid, expone en el texto dirigido a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que la “aplicación arbitraria de la norma procesal” radica primero en que el recurso cuestionaba que los efectos de la sentencia --la nulidad de la venta-- se debiesen aplicar a terceros --al resto de inmuebles-- y no solo al recurrente.

“Sin embargo nada tiene que ver lo que se cuestiona (alcance o efectos de la sentencia estimatoria) con lo que señala el auto, que es remitirse al razonamiento que hizo la sentencia de 22 de noviembre de 2017 —dictada por el TSJM—, que expone que tras la enajenación, la vivienda queda sujeta al régimen jurídico privado en lugar de público, lo que afecta a la vivienda del arrendatario y en consecuencia le legitima para recurrir”, expone letrado.

Ante ello, considera que ha habido una incongruencia por desviación, ya que el TS al desestimar su recurso se expresa no por lo cuestionado por el mismo —si los efectos deberían estar limitados al recurrente—, sino sobre cuestiones como “no se cuestiona” —el régimen jurídico de la vivienda—.

La duda: si se aplica al demandante o a todos

A continuación, también censura que en el rechazo al recurso ante el TS se asegure que la pretensión de la Comunidad de que “la nulidad debe ser referida únicamente a la vivienda del arrendatario reclamante” no había sido tratada en la sentencia y que, por ende, “el recurso de casación debe ser inadmitido”; a pesar de que corrobora que el Ejecutivo regional “suscitó en su recurso de apelación” la cuestión relativa al alcance de la sentencia. “Con los debidos respetos dicha consideración supone un error patente con trascendencia constitucional”, prosigue el texto de la Abogacía General del Gobierno autonómico.

Por último, también percibe una incongruencia omisiva relativa a la necesidad de emplazamiento de los terceros que adquirieron el resto de viviendas, cuestión que planteó el Ejecutivo en su recurso ante el TS ya que deberían haber sido llamados al afectarles también la sentencia.

Por estos motivos entiende que ha habido una “infracción del principio de proporcionalidad” con la inadmisión a trámite del recurso de casación y sobre estas cuestiones sustenta el “incidente de nulidad” con el que busca dejar sin efectos esta decisión del TS y que finalmente dicte en su lugar un auto de admisión del recurso de casación.

Las casi 3.000 viviendas pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid, que fueron vendidas por un importe de 201 millones de euros, casi un 20 por ciento más que el precio fijado de salida (168,9 millones).

Estos inmuebles vendidos pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid, que fueron vendidas por un importe de 201 millones de euros, casi un 20 por ciento más que el precio fijado de salida (168,9 millones). Son en su mayoría pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie. Las viviendas están ubicadas en las localidades de Madrid, Móstoles, Torrejón de Ardoz, Tielmes, Parla, Collado Villalba, Majadahonda, Navalcarnero, Leganés, Valdemoro y Arroyomolinos.

El Gobierno recurre... y Aguado pide disculpas

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha informado este miércoles que el Gobierno regional ha iniciado los trámites para recurrir la anulación de la venta para “defender el interés general” y a la vez ha pedido disculpas a las familias que se hayan podido ver afectadas por la “decisión política” que se tomó en 2013.

El vicepresidente ha explicado que lo que se ha hecho es “presentar un incidente de nulidad” de la sentencia porque esta deja “muchas lagunas, especialmente desde el punto de vista de ejecución”. En este sentido, ha recordado que afecta “a miles de personas, no solamente a un fondos de inversiones”. En concreto, “a mil familias que ya han vendido esas viviendas, que han ejercido su derecho a compra” y por las que, según el vicepresidente, también habrá “que preocuparse”.

“Es una sentencia compleja que hay que interpretar y que hay que intentar dar cumplimiento de la mejor manera posible. El hecho de que finalmente se decida recurrir al Tribunal Constitucional no implica que no haya que ejecutar la sentencia”, ha indicado.

Aguado ha insistido en que están iniciando los trámites oportunos “para defender el interés general”, en lo que es “un procedimiento habitual”. En este sentido, ha garantizado que defenderán el interés de todas las partes y buscarán “la mejor solución posible” en el momento en el que haya que ejecutar la sentencia. “Es una sentencia basada en una decisión política que nos hemos encontrado como Gobierno y que por tanto hay que resolver. Yo le pido disculpas en nombre de todo el Gobierno a todas las familias que se hayan podido ver afectadas y también les traslado nuestro compromiso de que vamos a intentar resolverlo de la mejor manera posible por la vía judicial”, ha sostenido.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid que creen un procedimiento para asignar viviendas a los adjudicatarios que se han visto afectados por la venta de vivienda pública protegida a empresas privadas, con el fin de atender sus necesidades habitacionales de manera ágil y eficaz.

Según ha informado la Institución, ha realizado diferentes actuaciones sobre este asunto y ya en 2013 señaló a las administraciones vendedoras “las posibles irregularidades en que podrían haber incurrido en la operación de venta”.

Además, el Defensor mantiene abierta una actuación tras recibir “numerosas quejas” de ciudadanos que tuvieron que “abandonar sus hogares tras la venta de su vivienda a fondos de inversión, bien porque la empresa les comunicó la no renovación del contrato, bien porque no podían hacer frente a las nuevas condiciones impuestas”.

Tras requerir información el Defensor del Pueblo, ambas administraciones comunicaron que las personas, en su día arrendatarias, podían solicitar nuevamente adjudicación de una vivienda por el procedimiento establecido en los correspondientes reglamentos de adjudicación de viviendas públicas protegidas, en los cuales tienen que participar en igualdad con otros ciudadanos solicitantes y en base al principio constitucional de no discriminación.

Así, según expone el Defensor, “muchos de los afectados” que volvieron a encontrarse sin alojamiento y que optaron por solicitar la adjudicación de otra vivienda pública protegida, han visto que sus solicitudes “quedaban en lista de espera, por lo que han tenido que hacer frente nuevamente a la demora y opacidad del procedimiento de adjudicación”.

En opinión del Defensor del Pueblo, sin embargo, estos ciudadanos “no tienen obligación de solicitar nuevamente la adjudicación de una vivienda, pues ya cuentan con un derecho reconocido a disfrutar de una vivienda pública protegida y, por tanto, la adjudicación continúa siendo válida y eficaz si sus condiciones personales, sociales y económicas no han variado”.

En sus escritos remitidos a la Agencia de Vivienda Social madrileña y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, el Defensor ha insistido en que son las administraciones “quienes tienen el deber de proporcionar una vivienda en las mismas condiciones de la adjudicación inicial en cuanto a tamaño y renta”.

Además, también ha hecho hincapié en que dicho derecho no se encuentra ligado a una vivienda concreta, sino “a la necesidad de vivienda que tienen los interesados, y mientras ésta persista también lo hará su derecho”.

Por tanto, a juicio de la Institución, la adjudicación “continúa en vigor, con independencia de las actuaciones llevadas a cabo entre la empresa privada propietaria del inmueble y los adjudicatarios”.

Por otro lado, la reciente resolución del Tribunal Supremo por la que se rechazan los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y el fondo de inversión que compró las viviendas contra la sentencia dictada en mayo pasado por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, “está en línea con lo advertido por el Defensor del Pueblo en sus actuaciones y en sus Informes Anuales”.

No obstante, y aunque dicha sentencia confirma la nulidad de la operación, “parece compleja la ejecución material de la misma, que se recuperen las viviendas y, en consecuencia, solventar el problema habitacional en el que se encuentran los afectados”.

Rachid Boikou llevaba años soñando con este desenlace. En 2013 demandó al Instituto de la Vivienda y el Suelo de Madrid (IVIMA) por vender su vivienda social a un fondo buitre. No tenía recursos y le asignaron un abogado de oficio que le ha acompañado hasta el final.

El final llegó esta semana, casi siete años después. El Tribunal Supremo declaró nula esa operación, tras inadmitir los recursos de Goldman Sachs y la Comunidad de Madrid presentados con el objetivo de revocar varias sentencias que daban la razón a los inquilinos. El Supremo refrenda un argumento sencillo que ha tirado por tierra la venta: la administración no justificó que la casa de Rachid y las otras 3.000 vendidas no eran necesarias para su fin, dar techo a la población más necesitada.

Rachid llegó a España en 2001. Ahora tiene 42 años y trabaja en mantenimiento del Ayuntamiento de Navalcarnero, la ciudad donde reside, aunque estuvo muchos años sin empleo. Sus tres hijos, de 12, 14 y 15 años, han crecido en una casa con silencios e incógnitas sobre lo que deparaba el futuro.

¿En qué situación estaba ahora con Encasa Cibeles?

Resistimos a las presiones y hemos seguido pagando 50 euros al mes. La empresa ha ido aceptándolo mes a mes, tal vez porque sabía que nuestro caso estaba en los tribunales. Entramos aquí a vivir en 2007 pagando 230 euros de alquiler. Después la cuota se redujo a 49 porque no tenía trabajo. En estos años, muchos vecinos se han marchado.

¿Esperaba este final? ¿Cómo ha recibido la noticia?

Es una alegría total, estoy al borde del llanto.

Su vivienda volverá a ser pública seis años después. ¿Cómo ha sido el camino?

Ha habido muchos obstáculos y mucho esfuerzo en el camino. Lo hemos pasado muy mal por la incertidumbre del futuro. Llevo tiempo yendo al psiquiatra, tomo pastillas. Hemos sufrido mucho. Y tengo mucho que agradecer a César [su abogado de oficio].

¿En qué momento decidió meterse en esta batalla judicial contra Goldman Sachs y la Comunidad de Madrid?

Demandé cuando me llegó la carta que me informaba del cambio de condiciones de mi alquiler. Yo pagaba un alquiler reducido por mi situación económica y me lo quisieron subir. Me llamaban mucho, vinieron varios días a mi casa y me llegaron a pedir la llave. Yo entonces ya había denunciado.

¿Esta decisión judicial repara los daños?

No repara todavía. Son siete años de sufrimiento psicológico todos los días. No solo mío, sino de mis hijos. Pero esto nos ha dado un respiro. Nos da una mínima seguridad.

¿Qué les diría a otros inquilinos que están en su misma situación?

Que ojalá con esto ganemos todos. Son las mismas viviendas. No es lógico que una vivienda vuelva a manos públicas y el resto no. Una sola no puede quedar en un cajón. Estamos juntos en esto, somos vecinos y nos hemos acompañado mucho en esta lucha. Cuando uno está hundido se hacen fuerzas. Uno luchando solo no es fuerte.

Y si tuviera delante al gobierno [de Ignacio González (PP)] que vendió las viviendas, ¿qué le contaría?

Que nos vendieron como si no hubiera personas con vidas dentro y que, desde que tomaron esa decisión, hemos sufrido cada día durante siete años.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid capitaneado por Ignacio González despojó en 2013 al antiguo Instituto autonómico de la vivienda (IVIMA) de 2.935 viviendas del plan Joven, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales. Vendió todos estos inmuebles que eran hasta entonces de titularidad pública al fondo de inversión Goldman-Sachs Azora por 210 millones de euros. En plena crisis económica, cientos de familias que pagaban alquileres sociales se vieron afectadas: su nuevo casero los dejaba en la calle o aprovechaba para encarecer considerablemente sus rentas. Muchos de los inquilinos acudieron a los tribunales, que uno tras otro, han fallado contra la Comunidad de Madrid. El Tribunal Supremo acaba de cerrar uno de sus pleitos, desestima los recursos contra la sentencia del Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que anuló la venta.

En lo más gordo de la crisis, el Gobierno de Ignacio González decidió hacer caja con las viviendas sociales para obtener liquidez en la Comunidad que presumía de ser la locomotora de España y ejemplo de prosperidad económica.

Fue una operación en paralelo y calcada a la que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Madrid por parte del Gobierno de Ana Botella, que enajenó otras 1.860 viviendas públicas al fondo buitre Blackstone. El objetivo era idéntico: vender patrimonio público, en forma de viviendas sociales, a fondos de inversión para obtener liquidez en plena recesión. Al menos así lo justificaron los gobiernos del PP que, desde Ayuntamiento y Comunidad, se desprendieron de golpe de casi 5.000 viviendas protegidas, en medio del clamor social y las protestas de la oposición. Las mayorías absolutas del Partido Popular decidieron pasar por encima de todas las críticas.

En el caso del Consistorio, la Cámara de Cuentas primero y el Tribunal de Cuentas después determinaron que la venta se hizo a un precio muy por debajo de mercado. En la Comunidad de Madrid, la memoria de justificación de la operación con apenas ocho folios de extensión y que firmó la gerente del IVIMA, Ana Gomendio, se limitó a exponer que las 32 promociones “no eran necesarias” y que la operación “resultaría doblemente positiva jurídica y económicamente en la medida en que garantiza la posición de los arrendatarios y maximiza el rendimiento del IVIMA” sin “alterar la función social”. No había ni rastro de datos económicos en el informe con la que el Gobierno avaló la operación. Por eso, los primeros fallos judiciales fueron en la línea de que la venta se sostuvo en “la llana afirmación” de que las viviendas no eran “necesarias” y sin informes de tipo económico que respaldaran semejante razonamiento.

Según la ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, “los bienes y derechos que constituyan el dominio privado, cuando no sean necesarios para el ejercicio de sus funciones, podrán ser enajenados”. Las numerosas sentencias que anulan la venta ponen en cuestión precisamente el hecho de que no fueran necesarias cuando estaban ocupadas por inquilinos que habían accedido a ellas por su limitado nivel de renta, a quienes en teoría se debería haber facilitado su compra a los diez años.

Algunos de los responsables de aquellas operaciones se encuentran ahora desempeñando labores en las diferentes empresas públicas de vivienda de Madrid. Diego Lozano, antiguo jefe de Gabinete de Ignacio González cuando se produjo la venta en la Comunidad de Madrid, ocupa actualmente el puesto de consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid, nombrado por el Gobierno de PP y Ciudadanos que dirige José Luis Martínez Almeida.

Por su parte, Concepción Dancausa, que era concejala de Hacienda con Botella y que aprobó la venta de la EMVS en la Junta de Gobierno, es la actual viceconsejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Dancausa junto con Botella y otros cargos del Gobierno municipal fue condenada en primera instancia por el Tribunal de Cuentas a pagar de su bolsillo 25,7 millones de euros por el menoscabo a las arcas públicas. El mismo tribunal los absolvió en segunda instancia y el Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida decidió no recurrir y agotar los plazos después de despedir a la abogada que preparaba el escrito días antes. El despido lo ejecutó el exjefe de gabinete de González, Diego Lozano, actual consejero delegado de la EMVS.

La posición del Alto tribunal este jueves se trata del principio del fin de una gran batalla que iniciaron en los tribunales los inquilinos afectados por la venta del Gobierno de Ignacio González, cuando se encontraron de un día para otro con un casero diferente y unas condiciones también opuestas. Pasaron de entenderse con la administración pública a hacerlo con un fondo buitre, que a los pocos meses comenzó a poner a la venta las casas en las que vivían cientos de familias.

Todos aquellos argumentarios políticos que prometían que nada iba a cambiar para los inquilinos se revelaron falsos.

La carrera judicial la inició un particular con un abogado de oficio, Rachid Bouikou, que este jueves ha ganado definitivamente en el Supremo su litigio en los tribunales contra la Comunidad de Madrid y Azona anulando la venta de las 3.000 viviendas. El Alto Tribunal ha rechazado el recurso del Gobierno regional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que tumbó la venta. Además de la sentencia por el caso de Bouikou, hubo dos más del Tribunal Superior madrileño en el mismo sentido que actualmente se encuentran recurridas en el Supremo.

No siempre fueron buenas las noticias

El primer recurso de Rachid Bouikou y de los otros dos colectivos representados por la PAH desencadenó una larga travesía en los tribunales. En un primer momento, en 2016, la justicia no reconoció el derecho a recurrir la venta a los inquilinos. No tenía “legitimación activa” el denunciante, argumentó el juez. Este fallo en primera instancia fue ratificado posteriormente por el Tribunal Superior y los recurrentes no empezaron a ver la luz hasta que el Supremo les dio la razón a finales de 2017 y obligó a los juzgados a entrar en el fondo del asunto al considerar que esta compra menoscaba la “protección social” de los propietarios.

Después del fallo del Supremo, la primera sentencia histórica llegó en mayo de 2018. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de la capital declaró nulas dos resoluciones del IVIMA (ahora Agencia de la Vivienda Social) que permitieron efectuar el traspaso de 32 promociones de vivienda protegidas por 201 millones de euros. A las semanas le sucedieron otras dos en la misma dirección.

Estas sentencias fueron recurridas por la Comunidad de Madrid y por el fondo buitre. El actual consejero de Transportes, Ángel Garrido fue el encargado entonces como presidente de la Comunidad de Madrid de capitanear su oposición a los inquilinos en los tribunales, y de justificar la venta. Garrido, entonces en el PP y hoy en las filas de Ciudadanos, optó en aquel momento por respaldar la gestión del muñidor de la operación, Ignacio González, a quien ya se le investigaba dentro del caso Lezo como cabecilla de una trama criminal. El gobierno de Garrido defendió que se trataba de una “decisión política legítima” y amparada “en argumentos sólidos ligados al ahorro de costes que tanto reclama la ciudadanía y a la mejor eficacia en la gestión”.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló un año después y volvió a dar la razón a los inquilinos en segunda instancia en otras tres sentencias. El Superior señaló que la operación se encontraba “bajo sanción de invalidez” porque la condición de justificar que esas viviendas ya no hacían falta a la población madrileña es “imprescindible” y no se cumplió. “Una cosa es que la motivación sea breve o escueta y otra muy distinta es que la misma sea inexistente en relación con lo que ha de justificarse”, esgrimió la sentencia sobre el informe de Gomendio anteriormente mencionado.

La sentencia, con un marcado carácter social, recordaba que toda la operación se llevó a cabo a sabiendas de que “quienes ocupan estas viviendas lo hacen porque tienen una necesidad reconocida por la propia administración al carecer de recursos para acceder a una vivienda a precio de mercado, o por estar, incluso, en declarado riesgo de exclusión social”. La Comunidad de Madrid y el fondo buitre volvieron a recurrir la sentencia, pero el Supremo los ha desestimado. Quedan todavía pendientes otros dos recursos en el Alto Tribunal.

La vía penal por esta operación se archivó tras un cambio de criterio de la Fiscalía porque en la venta, apuntó en su momento el Ministerio Público, se apreciaban “irregularidades” pero no indicios de delito. Sin embargo, en ese mismo escrito animaba a los afectados a utilizar la vía de lo contencioso-administrativo para defender sus derechos.

La travesía no termina aquí. Si el Supremo vuelve a rechazar los recursos pendientes, se abrirá un “largo proceso”, según las defensas de los afectados, para revertir la operación del Gobierno de González. Recuerdan que el fondo buitre ha vendido muchas de las viviendas a terceros y otros muchos inquilinos han sido desahuciados.

La venta de 2.935 inmuebles de protección pública que la Comunidad de Madrid llevó a cabo en 2013 por 201 millones de euros encalla en los tribunales. El Supremo ha confirmado la nulidad de esa operación al inadmitir a trámite los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y la sociedad Goldman Sachs Azora, que compró esos inmuebles, contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que el pasado junio había declarado ilegal esa operación.

El Alto Tribunal tiene pendiente resolver los recursos de la Administración y la adjudicataria en al menos otros dos procedimientos colectivos iniciados por afectados por esta venta. No obstante, esta resolución sí asesta un duro golpe a la Comunidad y le hace perder su primera gran batalla en el Supremo con una operación que justificó en plena crisis bajo el argumento de que necesitaba obtener liquidez para la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Estos inmuebles, la mayoría de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie, pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid. Según un informe de la Cámara de Cuentas, que es el órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid, las 32 promociones tenían un valor neto contable de 300 millones de euros. La operación, por tanto, dio lugar a la “contabilización como pérdidas” de 98,1 millones de euros por la diferencia entre el precio que pagó Goldman Sachs Azora y lo que figuraba registrado en los libros de contabilidad.

Pérdida de función social

Al inadmitir los recursos por no tener interés casacional para la formación de jurisprudencia porque se refieren a una resolución concreta –requisito indispensable para que esta Sala determine o no la admisión–, el Supremo no entra a analizar el fondo de los mismos. No obstante, los jueces de la Sala Tercera sí recuerdan en su auto los argumentos que utilizó el TSJM para determinar que esa operación había sido ilegal en mayo de 2019.

El tribunal autonómico señaló entonces que el antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) no justificó debidamente que los inmuebles vendidos ya no eran necesarios para su fin: dotar de techo a las personas vulnerables que lo necesitan, algo que exige la ley. “Una cosa es que la motivación sea breve o escueta –se materializó en una memoria de apenas unos folios– y otra muy distinta es que la misma sea inexistente en relación con lo que ha de justificarse”, apuntaba la sentencia del TSJM.

El citado tribunal aseguraba también que esas viviendas fueron concebidas con una función social para atender a personas que no pueden acceder a un piso a precio de mercado, algo que la adjudicataria no tiene obligación de hacer. Los afectados por la venta han venido denunciando que la actual gestora no ha renovado las reducciones de renta de entre el 20% y el 90% que venían recibiendo los inquilinos por su situación de especial vulnerabilidad.

Además, 1.159 de esas viviendas han sido vendidas a terceros: 654 tras ejecutar los inquilinos su opción de compra a un precio protegido y 505 en el mercado libre, según reveló El País. Los abogados de algunos de los afectados que siguen litigando creen que esta circunstancia puede complicar una hipotética reversión de este parque de vivienda a la red pública.

Seis años de batalla judicial

La resolución del Alto Tribunal es consecuencia del procedimiento que inició en agosto de 2013 Rachid Bouikou, uno de los arrendatarios de las viviendas vendidas a Goldman Sachs Azora. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid le dio la razón cinco años después, en mayo de 2018, y anuló tanto la enajenación de las 32 promociones, como la transmisión del contrato de arrendamiento de su vivienda a Encasa Cibeles, sociedad participada por Azora y Goldman Sachs, que ejerce como gestora del parque de viviendas. Un año después, en mayo de 2019, el TSJM confirmó esta decisión.

Durante todo su periplo judicial, la Comunidad ha intentado limitar la legitimidad de Bouikou para recurrir la operación al completo y ha pretendido que sus recursos únicamente afectaran a la cesión de su inmueble. Pero tanto el juez de primera instancia como el TSJM han dado la razón al recurrente al considerar que “la transmisión de las viviendas no se produjo de forma individualizada sino en bloque”. Este jueves, la Comunidad de Madrid anunció que está valorando la opción de recurrir al Constitucional la decisión del Supremo si bien no precisó qué derecho fundamental ha podido vulnerar la resolución del Alto Tribunal.

El Tribunal Supremo ha anulado la venta de 3.000 viviendas sociales a un fondo buitre que el Gobierno de Ignacio González (PP) llevó a cabo en 2013 por 201 millones de euros. Según ha adelantado El Español, la Sala Tercera del Alto Tribunal ha inadmitido a trámite los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y la sociedad Goldman Sachs Azora que resultó adjudicataria de esas viviendas contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que el pasado junio declaró nula esta operación. 

El TSJM argumentó entonces que el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) no pudo justificar debidamente que los inmuebles vendidos ya no eran necesarios para su fin: dotar de techo a las personas vulnerables que lo necesitan. Algo que exige la ley. La sociedad de gestión Azora, que fue la adjudicatria; y el fondo de inversión Goldman Sachs, que financió la operación; pagaron a la Administración regional 201 millones de euros por quedarse con 32 promociones de viviendas situadas en varios emplazamientos de la región. 

En un auto fechado el 29 de noviembre, los jueces de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo inadmiten los recursos presentados tanto por la sociedad Azora Gestión S.L. como por la Comunidad de Madrid bajo el argumento de que no tienen interés casacional para la formación de jurisprudencia, que es requisito indispensable para que esta Sala determine o no la admisión de un recurso.

Esta resolución del Alto Tribunal es consecuencia del procedimiento que inició en agosto de 2013 Rachid Bouikou, uno de los afectados. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid le dio la razón en mayo de 2018 y que anuló tanto la enajenación de las 32 promociones, como la trasmisión del contrato de arrendamiento de su vivienda a Encasa Cibeles, sociedad participada por Azora y Goldman Sachs, que ejerce como gestora del parque de viviendas. Un año después, en mayo de 2019, el TSJM confirmó esta decisión al desestimar los recursos tanto de la Administración regional como de Azora.  

En su recurso, la Comunidad de Madrid reclama que la sentencia anulatoria se circunscriba únicamente al caso de Rachid Bouikou, aspecto que rechaza el Supremo por no tener relación con la sentencia recurrida en el TSJM. 

La vía contencioso-administrativa es la única a través de la cual los afectados pueden impugnar esta venta. La vía penal se archivó tras un cambio de criterio de la Fiscalía porque en la operación, apuntó en su momento el Ministerio Público, se apreciaban “irregularidades” pero no indicios de delito. Sin embargo, en ese mismo escrito animaba a los afectados a utilizar la vía de lo contencioso-administrativo para defender sus derechos.  

El fondo buitre de Goldman Sachs y la gestora inmobiliaria Azora que en agosto de 2013 compró 3.000 pisos sociales del antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) afila la artillería legal ante la sucesión de sentencias (la última, conocida la semana pasada) en contra de esa polémica operación del Gobierno de Ignacio González.

La filial del banco de inversión estadounidense que se quedó esas viviendas, Encasa Cibeles, avisa en sus últimas cuentas de que, “en el escenario hipotético” de que una sentencia firme acabe tumbando la adjudicación, se planteará reclamar al Gobierno regional que actualmente preside la popular Isabel Díaz Ayuso una indemnización por “daños y perjuicios”.

Uno de los procedimientos está ya en el Tribunal Supremo y la mayoría de los pronunciamientos hasta ahora han sido desfavorables para Encasa. La empresa advierte de que, si hubiera que revertir la venta, “cabrá la posibilidad de que la Compañía presentara una reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración por los daños y perjuicios causados”.

Encasa recuerda que las resoluciones judiciales dictadas hasta ahora “no son firmes” y “vienen a confirmar la anulación del Acuerdo de Adjudicación por un vicio procedimental únicamente imputable a la Administración consistente en la insuficiente justificación de la innecesariedad de las viviendas para el entonces IVIMA (actualmente, Agencia de Vivienda Social)”.

Según la empresa, ese “vicio” de procedimiento “sería imputable exclusivamente a la Administración”, que no obstante, lo podría “subsanar” mediante diversas fórmulas jurídicas, “si bien su adopción depende, en última instancia, de que la Comunidad de Madrid las considere viables y oportunas”.

“A pesar de que la Compañía ha hecho todo lo posible para seguir desenvolviendo su actividad con total normalidad, la existencia de los procedimientos judiciales en curso ha dificultado la gestión de los activos de la Sociedad”, dice Encasa, que reconoce que “en el caso de que la anulación del Acuerdo de Adjudicación deviniera firme”, tendría consecuencias “relevantes”.

“A efectos aclaratorios, si como consecuencia de la anulación del Acuerdo de Adjudicación se declarara, a resultas del correspondiente procedimiento judicial civil instado al efecto en ejecución de la sentencia contencioso-administrativa, la nulidad del contrato de compraventa por el que la Compañía adquirió las viviendas, la declaración de nulidad del contrato lleva aparejada como efecto la necesaria restitución de las prestaciones recibidas por las partes en virtud del contrato declarado nulo”.

En otras palabras, Encasa tendría que devolver las viviendas y la Comunidad de Madrid, la contraprestación obtenida, que ascendió a 203 millones de euros.

Encasa, que ha preparado sus cuentas siguiendo el principio de empresa en funcionamiento, “en el sentido de que no se prevé su liquidación en los próximos doce meses”, recuerda que “a pesar de las Sentencias, la Compañía sigue siendo propietaria de las viviendas, trasteros y plazas de aparcamiento adquiridas y no vendidas hasta la fecha”.

La filial de Goldman Sachs (tiene el 97,95% de las acciones), que tuvo que reformular sus cuentas el pasado 29 de julio como consecuencia de las últimas sentencias desfavorables, ya ha vendido a terceros parte de esos inmuebles, que comprendían 32 promociones de viviendas ubicadas en once municipios madrileños.

Esas desinversiones están recogidas en sus cuentas como “bajas” en la partida de Terrenos y Construcciones del epígrafe de “inversiones inmobiliarias”, por un importe de cerca de 25 millones en 2018 (frente a 16,2 millones en 2017). Solo en 2017 y 2016, la empresa se desprendió de 352 viviendas y registró un resultado positivo con esas operaciones de más de 10 millones, según sus cuentas de 2017.

Beneficios multiplicados

El año pasado, la filial de Goldman Sachs se apuntó un beneficio de 5,79 millones, que casi multiplica por diez los 600.000 euros de ganancias de 2017. Como en anteriores ejercicios, volvió a recurrir a la vía de la devolución de prima de emisión a sus accionistas para retribuir a sus dueños con una suerte de dividendo con un mejor tratamiento fiscal. En este caso, sus propietarios recibieron 8 millones por esta vía (13 millones en 2017).

En la actualidad existen cinco procedimientos contenciosos abiertos contra la resolución del IVIMA. Las últimas fueron dictadas los pasados 14 de mayo y 19 de junio por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), con dos sentencias que anulaban la decisión.

La vía penal se archivó tras un cambio de criterio de la Fiscalía porque en la actuación, apuntaba el Ministerio Público, no se aprecian indicios de delito. Sin embargo, el propio auto de archivo animaba a los afectados a utilizar la vía de lo contencioso-administrativo para defender sus derechos.  

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado en una sentencia la venta de casi 3.000 viviendas públicas del antiguo IVIMA a un 'fondo buitre' en 2013. Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que los magistrados estiman la demanda colectiva interpuesta por veinte familias residentes en el madrileño barrio del Ensanche de Vallecas.

Es la tercera sentencia favorable a los perjudicados emitida por el TSJM, aunque habrá que esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo dado que el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid ya anunció su intención de recurrir todas estas sentencias.

En este caso, el Alto Tribunal madrileño estima el recurso contra la sentencia de septiembre de 2018, dictada por el juez de lo Contencioso número 10 de Madrid. Así, acuerda revocar la desestimación del recurso, confirmando el fallo desestimatorio de la causa de inadmisión por falta de legitimación activa y, en su lugar, estima en su integridad el recurso.

El fallo determina que la venta fue irregular y quebró “la protección social” de las personas que vivían en ellas en respuesta a la demanda de varios inquilinos del Ensanche de Vallecas de la Plataforma de Afectados por Vivienda Pública (PAVPS).

Los magistrados señalan que es “evidente la infracción del principio de innecesariedad en la enajenación de las 32 promociones de viviendas, con incidencia en las ocupadas por los arrendatarios apelantes” y agregan que la venta ha supuesto “la quiebra de la protección social de estos grupos de personas, colectivos favorecidos con el disfrute de viviendas de protección pública”.

Pese a que ya hay tres sentencias favorables por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para los perjudicados, habrá que esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo dado que el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid ya anunció su intención de recurrir estas sentencias.

Las operaciones de venta de vivienda pública que impulsaron los gobiernos del PP en Madrid en el año 2013 siguen embrolladas en los tribunales con sentencias y autos que emanan de diferentes vías. En solo 24 horas, la enajenación de 32 promociones del IVIMA, empujada por la Comunidad de Madrid, se ha declarado ilegal por lo contencioso-administrativo y se ha archivado por lo penal.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado, en un auto fechado en 3 de junio, que no hubo delito en esta actuación. Ni de malversación, ni de fraude ni de prevaricación, según los magistrados. “No resultan debidamente acreditadas las infracciones penales”, dice el pronunciamiento, al que ha tenido acceso eldiario.es. La Sección Tercera confirma así la decisión de archivar la causa comunicada por el Juzgado de Instrucción número 48 el pasado mes de enero. En su auto, sin embargo, reitera lo que ya subrayó el estamento judicial inferior: que los indicios de delito no son suficientemente sólidos aunque “el procedimiento administrativo adolece de irregularidades”.

Esto explica que la causa siga adelante por la vía de lo contencioso-administrativo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló este martes que la operación no había cumplido con un requisito fundamental exigido por ley: justificar que las viviendas vendidas ya no eran necesarias para su fin, atender las necesidades habitacionales de la población sin posibles para alquilar un piso a precio de mercado.

La sentencia del TSJM confirma un fallo histórico de un juzgado de lo contencioso-administrativo que decretó por primera vez la anulación de las resoluciones que permitieron la operación. Con esta nueva sentencia, la justicia marca el camino hacia la reversión de la actuación para que las viviendas vuelvan a formar parte de la cartera pública del IVIMA.

En la espiral de sentencias y autos que caen a cuentagotas sobre estas operaciones, bajo el foco de la justicia desde 2014, hay otra contradicción. Mientras los jueces no aprecian delito en la venta del IVIMA, los magistrados de otra sección de la misma Audiencia Provincial sí detectan posibles responsabilidades penales en una actuación paralela y calcada en procedimiento pilotada por la excalcaldesa Ana Botella para traspasar 1.860 viviendas públicas al fondo buitre Blackstone.

El auto es de la semana pasada y empuja la causa a la fase final: la que sentará en el banquillo a los acusados por la operación. Entre los encausados no estará Ana Botella, pese a que el Tribunal de Cuentas la condenó en diciembre por perjuicio económico a las arcas públicas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) marca el camino para que la venta de casi 3.000 viviendas del IVIMA a un fondo buitre en 2013, pilotada por el Gobierno de Ignacio González (PP), quede anulada por los tribunales. En una sentencia firmada por la Sección Octava, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el TSJM confirma que la operación queda “bajo sanción de invalidez” por incumplir la ley y mantiene la puerta abierta a la anulación por este motivo.

Una sentencia de mayo de 2018 ya declaró anuladas dos resoluciones que permitieron la venta, por la que la Comunidad de Madrid se embolsó 201 millones de euros a cambio de prescindir de 2.985 viviendas sociales que son parte de la cartera del fondo de inversión Goldman Sachs Azora. Ahora, un estamento jurídico superior respalda este fallo con el argumento de que el IVIMA no pudo acreditar que los inmuebles vendidos ya no eran necesarios para su fin: dotar de techo a las personas vulnerables que lo necesitan. Algo que exige la ley.

Tras una deliberación que se ha retrasado cuatro meses, la Sección Octava señala que la operación se encuentra “bajo sanción de invalidez” porque la condición de justificar que esas viviendas ya no hacían falta a la población madrileña es “imprescindible” y no se cumplió. “Una cosa es que la motivación sea breve o escueta –se materializó en una memoria de apenas unos folios– y otra muy distinta es que la misma sea inexistente en relación con lo que ha de justificarse”, apunta la sentencia.

La sentencia desprende un marcado carácter social y recuerda que toda la operación se llevó a cabo a sabiendas de que “quienes ocupan estas viviendas lo hacen porque tienen una necesidad reconocida por la propia administración al carecer de recursos para acceder a una vivienda a precio de mercado, o por estar, incluso, en declarado riesgo de exclusión social”.

Los magistrados que firman la resolución cortan el paso a los recursos de la Comunidad de Madrid y de Azora contra esa histórica sentencia de primera instancia. Pero aún no es firme: puede ser recurrida en el propio tribunal y también en el Supremo. En cualquier caso, el TSJM ha frenado, al menos por el momento, los intentos de los dos firmantes de aquella operación –la Comunidad de Madrid y el fondo de inversión– de parar la causa por la vía administrativa. Es el único camino a través del cual los afectados pueden ejercer su derecho, reconocido por el Tribunal Supremo en 2017, a impugnar la decisión.

La vía penal se archivó tras un cambio de criterio de la Fiscalía porque en la actuación, apuntaba el Ministerio Público, no se aprecian indicios de delito. Sin embargo, el propio auto de archivo animaba a los afectados a utilizar la vía de lo contencioso-administrativo para defender sus derechos.

La operación dirigida por el IVIMA se realizó en paralelo a otra que fue pilotada desde el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo. Ambas actuaciones, realizadas bajo las batutas de gobiernos del PP, están bajo el foco de la justicia. En el segundo caso se mantiene viva la vía penal y hace una semana la Audiencia Provincial ordenó cerrar la investigación para sentar en el banquillo próximamente a los presuntos responsables de la operación. Entre ellos no está la exalcaldesa Ana Botella. La venta del IVIMA, sin embargo, está archivada por la vía de lo penal, pero continúa avanzado por lo contencioso-administrativo para anularse.

La jurisdicción contable y la penal mantienen visiones dispares sobre las consecuencias que deben tener las irregularidades en la venta de vivienda pública a fondos buitre. Mientras el Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador del Estado, condenó hace un mes a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella (PP) y a parte de su equipo a pagar 25,7 millones de euros por vender 1.860 viviendas al considerar que incurrieron en una “negligencia grave” porque “no impidieron el perjuicio en el patrimonio público”, un juez de Madrid ha archivado de nuevo esta semana la investigación abierta sobre esta misma venta a pesar de admitir la existencia de “irregularidades formales y menores”.

El Tribunal de Cuentas observó en la venta de estas viviendas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone “un menoscabo injustificado en el patrimonio público”, pues la operación se cerró por 128,5 millones de euros cuando, según sus cálculos, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), propietaria de los inmuebles, podría haber ingresado más de 151 millones. Es decir, que las viviendas se vendieron por 23 millones menos de su valor real.

De ahí que determine que la operación se cerró “por un precio lesivo para el patrimonio público” e imponga la citada condena por “responsabilidad contable” al entonces consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, pero también a Botella y otros seis concejales del PP, de los que dice que “no advirtieron y evitaron que la enajenación se hiciera a través de un procedimiento ilegal y por un precio lesivo para el patrimonio público”. 

El juzgado número 38 de Madrid, sin embargo, niega que se admitiera un precio objetivamente inferior al que hubiera podido obtenerse. En la causa a la que dio cerrojazo esta semana estaban siendo investigados por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y fraude el citado Oslé y Alfonso Benavides, apoderado de Fidere Vivienda, la filial del fondo Blackstone que compró los pisos.

La sentencia determina sobre el supuesto quebranto de patrimonio público que el precio ofrecido por la adjudicataria estaba dentro del rango del que se le había señalado como “de mercado” y que “no distaba mucho de otras ofertas realizadas por grupos contrincantes”. 

También respecto al precio establecido el fallo del Tribunal de Cuentas detalla que la transacción se realizó “sin la previa fijación de un precio inicial de referencia basado en una tasación o en un estudio previo adecuado sobre el valor de los inmuebles enajenados”. Es decir, remarca que ese estudio previo, que fue realizado por la consultora PwC, no fue fiable. No lo cree igual el juez, que insiste en que aunque el gerente de la EMVS actuó “lejos de la perfección formal, de un modo que no puede calificarse (...) como ejemplar”, no se alejó de la ley vigente. 

Supuesto trato de favor 

La sentencia del órgano fiscalizador no solo determina que el precio al que se vendieron los pisos “dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público”, sino que pone negro sobre blanco otras irregularidades presentes en el expediente. Por ejemplo, ve indefendible que la EMVS llevara a cabo el procedimiento “sin publicidad de los criterios por los que se valorarían las ofertas”, lo que habría fomentado que hubiera más participantes en la licitación.

Al juez, sin embargo, sí le parece suficiente para acreditar que se dio el principio de publicidad que tiene regir en cualquier concurso público que la EMVS publicara “un anuncio” con los detalles de la adjudicación en los “medios de comunicación” el 3 de mayo de 2013, dos semanas antes de la fecha límite para presentar las ofertas. Y concluye que la publicidad del concurso “fue suficiente y originó un verdadero interés contrapuesto entre diferentes empresas”. Para el órgano fiscalizador, en cambio, ese anuncio se hizo para dar a la operación una “apariencia de publicidad ficticia”, pues la enajenación había comenzado “meses antes”. 

El Tribunal de Cuentas también afea al equipo de Botella las carencias del procedimiento en materia de “concurrencia”. En concreto, considera probado que en una primera fase no vinculante dio acceso a al menos cuatro empresas, entre ellas la finalmente adjudicataria, a datos clave de las promociones, lo que las colocó “en una situación de ventaja respecto a otros posibles interesados”. En este hecho se basa el órgano fiscalizador para concluir que estas compañías gozaron de información privilegiada. 

De nuevo el juez ofrece una versión contrapuesta. Mantiene que el propio carácter público del concurso ya de por sí opera como una “llamada” dentro del mercado inmobiliario sobre la posible venta de inmuebles y añade que la existencia de ofertas “directas y previas” al inicio del procedimiento de venta “no supuso ninguna ventaja ni desventaja para ninguno de los ofertantes”.

Sobre la existencia de esa primera fase no vinculante, da mucha importancia a las afirmaciones realizadas por los representantes del resto de empresas que no resultaron adjudicatarias que, en su mayoría, explicaron que es algo habitual en este tipo de licitaciones. “El trato de favor que se afirma o insinúa a favor del adjudicatario no ha sido acreditado”, concluye el fallo. 

Otro archivo por la vía penal 

Esta no es la primera vez que se cierra la vía penal en un caso de venta de vivienda pública a fondos buitre. Otro magistrado de Madrid dio cerrojazo recientemente a la investigación sobre la venta por parte de la Comunidad de Madrid de 2.935 viviendas, donde también observó “irregularidades” pero no delito.

La sociedad Azora fue en 2013 la adjudicataria de 32 promociones del Plan Joven por 201 millones de euros. En esa transacción también participó el fondo de inversión Goldman Sachs, que financió la operación; y Encasa Cibeles, participada por ambas, y que ejerce ahora como gestora del parque de viviendas.

En este caso, el juez advierte de que el proceso, impulsado por el Gobierno regional de Ignacio González (PP), sí sería “susceptible de anulación” por la vía de lo contencioso administrativo, donde ya dos sentencias dan la razón a los inquilinos con el argumento de que el desprendimiento del patrimonio público en uso, que son las viviendas con los vecinos dentro, no se justificó de manera adecuada.

La sentencia, del pasado 9 de enero, d class=“mce”>escarta que haya indicios de prevaricación, malversación o fraude, pero señala varias cuestiones “sorprendentes”, “inconvincentes” y “criticables” que se dieron durante el proceso. Entre ellas, el criterio del bajo precio que ha resultado clave en la citada condena del Tribunal de Cuentas.

Esta venta se cerró por 201 millones de euros, aunque el conjunto se tasó por bastante menos: 168,9. Este precio de salida, advierte el juez, supone una infratasación en más de 39 millones y “evidencia, al menos, un error en los responsables de aquella tasación”. Además, el perito que durante el proceso de investigación tasó los inmuebles situó el precio en 208,28 millones, un 3,62% más del precio por el que se enajenaron. En todo caso, el juez insiste en que esta cuestión “carece de relevancia a efectos penales”. 

La justicia ha archivado la causa que investigaba desde 2014 por la vía penal la venta de 2.935 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid al fondo buitre Goldman Sachs-Azora en 2013. Sin embargo, el instructor que firma el auto, Juan Ramón Reig, advierte de que el proceso, impulsado por el Gobierno regional de Ignacio González, “adolece de irregularidades” y sería “susceptible de anulación” por la vía de lo contencioso administrativo, donde ya dos sentencias dan la razón a los inquilinos con el argumento de que el desprendimiento del patrimonio público en uso, que son las viviendas con los vecinos dentro, no se justificó de manera adecuada. 

En la sentencia recurrible, fechada en 9 de enero y conocida este viernes, el magistrado del juzgado de Instrucción número 48 de Madrid calca los argumentos del dictamen del fiscal, que ha cambiado recientemente y, con él, el criterio sobre la causa. En línea con el nuevo, Reig descarta que haya indicios de prevaricación, malversación o fraude pero señala varias cuestiones “sorprendentes”, “inconvincentes” y “criticables” que se dieron durante el proceso, puesto en marcha en paralelo a uno muy similar iniciado en el Ayuntamiento de Madrid con el equipo de Ana Botella (PP) y por el que la exalcaldesa y otros siete concejales ya han sido condenados por el Tribunal de Cuentas.

1. La justificación: “Formulaciones genéricas pero inconvincentes”

El auto se refiere a la sentencia favorable a un inquilino, dictada el pasado mes de mayo, que señala “la falta de motivación” de la venta. Según este fallo, recurrido por la Comunidad de Madrid, no se justificó la “innecesariedad” del bien público como exige la ley regional de Patrimonio del año 2001. La operación se sostuvo en una memoria de ocho páginas que, según el juez, “se contenta con una serie de formulaciones genéricas pero inconvincentes”. Además, Reig apunta a la vía administrativa como “la vía de enmienda” a la “injusticia” del procedimiento, que tilda de “controvertido” y generador de “conflicto social”. 

2. “Un error en los responsables de la tasación”: venta por debajo de mercado

La venta de 32 promociones (2.935 viviendas del plan Joven), 1.865 trasteros y 45 locales en agosto de 2013 se cerró por 201 millones de euros, aunque el conjunto se tasó por bastante menos: 168,9. Este precio de salida, advierte el juez, supone una infratasación en más de 39 millones y “evidencia, al menos, un error en los responsables de aquella tasación”. Además, el perito que durante el proceso de investigación tasó los inmuebles situó el precio en 208,28 millones, un 3,62% más del precio por el que se enajenaron. Sin embargo, según la sentencia, “la diferencia de valoración entre el precio de adjudicación y el valor real, siendo en sí mismo apreciable, carece de relevancia a efectos penales”.

En el proceso separado emprendido por el Ayuntamiento en la misma época con viviendas municipales, precisamente el bajo precio ha sido el motivo de la primera condena por estas ventas de pisos protegidos en Madrid. La exalcaldesa Ana Botella y siete concejales más del PP de la época fueron condenados el pasado 28 de diciembre por el Tribunal de Cuentas a pagar 25 millones de euros por la responsabilidad contable derivada de la venta de patrimonio por un precio inferior al de mercado, máxime cuando la enajenación se justificó por la necesidad de obtener liquidez en un momento de crisis económica, según el fallo. Los responsables políticos “incurrieron en una negligencia grave” porque “no impidieron el perjuicio en el patrimonio público” a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) a Blackstone por 128,5 millones, cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas el Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones.

3. La relación entre el exconsejero Pablo Cavero y Goldman Sachs

El juez afirma en la sentencia que sobresee provisionalmente la causa penal, iniciada en 2014 a través de una querella, porque no hay “indicios suficientes para entender acreditada la existencia de un delito de fraude a la Administración” en el proceso. El magistrado, haciendo suyos los argumentos del fiscal, asegura que los “vínculos” entre “los investigados” –en este caso, los exresponsables del IVIMA Ana Gomendio y Juan Van-Halen– y “terceros interesados en la adjudicación” no han sido “corroborados”.

Pero la sentencia hace referencia a un informe de la UCO de la Guardia Civil de 2015 que, si bien concluye que “no existen relaciones societarias de los licitadores entre sí ni de estos con los adjudicatarios”, subraya una excepción. “Goldman Sachs Internacional es subrogada de una Sicav, Bussola 99 de la que es partícipe el consejero de Transportes, Infraestructura y Vivienda, Pablo Cavero”. Este extremo, sin embargo, no está vinculado “con el proceso de licitación”, según el auto. 

4. Una adjudicataria y luego otra 

El juez Reig también se detiene, como ya hizo el fiscal en su dictamen, en otro detalle: la venta se formalizó a favor de una entidad que fue distinta de la adjudicataria. “La deficiente motivación de una y otra decisiones, si es susceptible de anulación en la jurisdicción contencioso administrativa, no permite sostener su naturaleza manipuladora o artificiosa”, argumenta la sentencia, que incluye que la “cobertura legal de tal actuación, aunque ”puede resultar sorprendente o criticable, es incompatible con la noción de artificio“. 

El 29 de agosto de 2013 el IVIMA adjudicó a la sociedad anónima Azora Gestión S.G.I.I.C 32 promociones de vivienda en alquiler. Solo dos semanas después, el 12 de septiembre, la misma sociedad creó otra limitada, llamada Encasa Cibeles, con el capital mínimo, a cuyo nombre se escrituraron las nuevas propiedades, según publicó El Mundo.

Como ya hizo el fiscal, el magistrado empaqueta toda la operación, sobre la que ve “irregularidades” pero no delito, en un marco legislativo “permisivo” que avaló entrar en la enajenación a fondos de inversión cuyas nuevas condiciones han generado después un “conflicto social”. La sentencia, contra la que cabe recurso, lleva consigo la desimputación de los dos responsables políticos señalados por el proceso, Ana Gomendio y Juan Van-Halen. El auto clausura la vía penal pero deja todas las puertas abiertas a que los afectados ganen por lo contencioso, donde sus casos individuales van avanzando.