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El Supremo avala que los afectados por la venta de pisos del IVIMA a un fondo buitre recurran la operación

Señala que tiene "consecuencias directas" para los inquilinos: "Los fines sociales que tiene una administración pública no concurren en una privada"

Es el primer fallo que estima que los adjudicatarios tienen derecho a impugnar la venta de 2.935 viviendas protegidas a Goldman Sachs-Azora en 2013

Los inquilinos no fueron avisados de la operación efectuada durante el gobierno de Ignacio González en la Comunidad de Madrid 

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Jonathan, a la derecha, reside sin contrato en una de las viviendas del Ensanche.

El Supremo avala que los afectados por la venta de pisos del IVIMA a un fondo buitre recurran la operación. Olmo Calvo

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha avalado el derecho de los afectados por la venta de 2.935 viviendas del Ivima al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs a impugnar la venta de sus viviendas, al considerar que esta compra menoscaba la "protección social" de los propietarios.

Así lo recoge el Alto Tribunal en una sentencia, adelantada por 'La Información' y a la que ha tenido acceso Europa Press. Este fallo judicial supone el primero que estima que los adjudicatarios de las viviendas tienen el derecho a recurrir dicha venta, después de que múltiples recursos contra la decisión hayan sido desestimados por la justicia madrileña al "no afectar" a los intereses de los propietarios.

Ha sido un afectado de Navalcarnero el que ha conseguido finalmente que den la razón a los afectados. Este hombre, después de que el Juzgado de lo Contencioso 29 de Madrid y la sección octava de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le negaran el derecho a impugnar la operación, ha obtenido esta sentencia favorable.

La magistrada María Isabel Perelló Doménech estima que este propietario sí tiene interés legítimo en la causa, "pues la venta implica que la vivienda por él ocupada pasa del sector público pasa a una empresa privada, con las diferencias en cuanto al grado de protección social de la vivienda y de sus arrendatarios que ello implica".

Perelló continúa evocando que una administración pública está obligada a obliga a "promover las condiciones para la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas".

Además, también cita el artículo 47 de la Constitución Española que dispone que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", y que los poderes públicos deben promover "las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

En este sentido, la magistrada considera que la adjudicataria de las viviendas es "una entidad privada que tiene como finalidad la obtención de beneficios en una sociedad de mercado", por lo que el cambio de régimen jurídico tiene "consecuencias directas y concretas para el propietario, dada la diferencia entre los fines sociales que sí tiene una administración pública que no concurren en una empresa privada
respecto a la vivienda y a la situación del arrendador".

Por último, la jueza da por "ciertas" las "consecuencias
negativas derivadas de la desaparición de los beneficios y fines sociales inherentes a la actuación que corresponde al Ivima", como podrían ser la bonificación temporal de la renta o prórrogas.

"Solo falta que se ratifique la ilegalidad de la venta"

Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha detallado en declaraciones a Europa Press que esta sentencia es un "gran paso". "Vemos la luz, y ahora solo falta que alguna jueza valiente ratifique la ilegalidad de las ventas", señala la abogada.

Jacinto explica que desde la Plataforma llevan cuatro recursos desde 2013 de propietarios en situaciones similares en Vallecas, Leganés y Parla. "Tras ir al Contencioso-Administrativo un juez decidió de manera cobarde no entrar al fondo del asunto y aferrarse a que no tenían legitimación sobre la legalidad o no de la venta", cuenta la letrada, que lamenta que se quitaron "de un plumazo el marrón".

La abogada se muestra "esperanzada" con este fallo del Supremo, que "abre una puerta" al resto de recurrentes y podría obligar a los jueces a pronunciarse sobre el fondo del asunto: "si la venta fue ajustada a derecho o no".

Por su parte, un portavoz de Encasa Cibeles, la empresa que gestiona las 2.935 viviendas adjudicadas, ha detallado a Europa Press que la empresa cumple "íntegramente y de forma escrupulosa todas las condiciones establecidas en los contratos firmados con el Ivima", así como que han respetado "en todo momento" el alquiler fijado y las bonificaciones otorgadas a los inquilinos, que de hecho "ha decidido prorrogar en numerosos caso una vez finalizaron".

Este portavoz ha mostrado el "absoluto respeto" de la empresa por las decisiones judiciales, puntualizando que, tal y como reconoce el Supremo en la sentencia, "en el momento actual no se origina ninguna variación en el arrendamiento".

"La política general de Encasa Cibeles es analizar caso a caso las circunstancias presentes de todos sus vecinos, una vez que terminan aquellos contratos firmados con el Ivima, para buscar, si así fuera necesario y en colaboración con los servicios sociales locales, soluciones y alternativas que mejor se adapten a cada situación, siendo su prioridad los casos de vulnerabilidad social", concluye.

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