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MADRID

La Fiscalía ve prevaricación y malversación en la venta de VPO a Goldman Sachs en la época de González

El Ministerio Público sostiene en un informe que el proceso de venta de 3.000 viviendas sociales al fondo buitre estuvo "trufado de irregularidades" 

El fiscal del caso señala a los directores del IVIMA Ana Gomendio y Juan Van-Halen, imputados, como máximos responsables 

La causa continúa abierta en el juzgado de instrucción número 48 de Madrid 

Ana Gomendio visitando una promoción de viviendas cuando dirigía el Ivima.

Ana Gomendio visitando una promoción de viviendas cuando dirigía el Ivima.

El proceso de venta de casi 3.000 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid al fondo buitre Goldman Sachs-Azora en la etapa de Ignacio González estuvo "trufado de irregularidades". La Fiscalía pide en un informe incorporado a la investigación de la operación llevada a cabo en 2013 que la instrucción se centre en los posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y señala como máximos responsables a los directores del Instituto de la Vivienda de Madrid en esa época, Ana Gomendio y Juan Van-Halen, adelanta la Cadena SER

Ambos llevan más de dos años imputados en una causa que permanece abierta en el juzgado de instrucción número 48 de Madrid. Él dijo ante al juez que había seguido las órdenes de la Consejería de Vivienda mientras ella aseguró que "no sabía nada" porque el proceso de licitación ya había sido iniciado por su predecesor, Van-Halen.  

Para el fiscal del caso, Carlos García-Berro, la venta de golpe de las 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales de titularidad pública por 200 millones de euros al fondo de capital riesgo revela "indicios de uso de artificio para la venta infraprecio". "No existe rastro documental de que se hubieran realizado estudios sobre cuál de las formas de enajenación hubiera sido más ventajosa para el sector público".

Otro hecho que llama la atención del Ministerio Público es que la directora del IVIMA, Ana Gomendio, "ya se estaba reuniendo con los representantes de los fondos de inversión" cuando pidió la autorización al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para efectuar la venta. El fiscal sospecha que la operación fue un traje hecho a medida para los "grandes fondos de inversión", los únicos capaces de asumir un desembolso de esas características. 

Las viviendas, concebidas para personas con un bajo nivel socieconómico, fueron adjudicadas a Azora Gestión pero son gestionadas por Encasa Cibeles, que entró de forma "oculta" en la operación, según el Ministerio Público. Azora Gestión está participada casi en su totalidad por ELQ Investors, a su vez propietaria de Encasa, informa la SER. De ello se desprende para el fiscal que Encasa fue "un vehículo creado a tal efecto, lo que viene a su vez a aumentar el secretismo y la escasa transparencia". La Fiscalía también encuentra irregularidades en el proceso de tasación. 

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