Una persona con problemas cognitivos enfrenta, cada día, grandes retos: desde comprender las indicaciones en el transporte o comunicarse en centros de salud, en las administraciones judiciales y los espacios públicos, hasta utilizar los servicios de telecomunicaciones, votar en unas elecciones o acudir a eventos culturales. El Consejo de Ministros aprueba este martes un real decreto para garantizar el acceso de estas personas a todos estos servicios, tanto públicos como privados, con autonomía y sin discriminación.

Este real decreto, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, trata de asegurar que estas personas puedan “comprender la información, comunicarse y orientarse en los entornos y realizar actividades con autonomía y sin discriminación”, indican fuentes ministeriales.

La accesibilidad cognitiva es “el derecho a comprender la información que nos proporciona el entorno y dominar la comunicación que mantenemos con él”, especifican en Asuntos Sociales. Además, deben poder hacerse “con facilidad las actividades” de esos entornos “sin ningún tipo de discriminación”.

El reglamento incluye herramientas como el lenguaje claro, la lectura fácil y los sistemas aumentativos. También la utilización de señalización accesible o pictogramas para mejorar la realización de tareas y “soluciones tecnológicas que mejoran la comunicación, la orientación y la realización de tareas”.

Los ámbitos a los que se aplican, según el Ministerio, abarcan las telecomunicaciones, los espacios públicos, edificios e infraestructuras, los transportes, los servicios ciudadanos, las relaciones con la Administración Pública, la participación en los procesos electorales, el patrimonio histórico y cultural y el empleo.

Desde Asuntos Sociales destacan el carácter “universalista” de una norma que pretende “beneficiar al mayor número posible de personas con dificultades de comprensión”: personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral, personas mayores con deterioro cognitivo, en situación de analfabetismo o migrantes qeeue no dominan las lenguas del Estado.

El Campamento Dignidad nació en Extremadura en plena resaca de la crisis económica y financiera de 2008. Trece años después, las tiendas de campaña ya no ocupan las calles como entonces, pero algunas de las preguntas que dieron origen al movimiento siguen abiertas: qué ocurre cuando una familia no puede acceder a una vivienda, cuando una prestación no llega, cuando una persona sin hogar no puede empadronarse o cuando incluso cubrir una necesidad fisiológica se convierte en un problema. La actualidad ha devuelto al colectivo a uno de los escenarios donde comenzó una de sus principales batallas: la vivienda.

En Badajoz, Campamento Dignidad trabaja hoy para que se regularice la situación de diez familias que recuperaron viviendas vacías en el barrio de Suerte de Saavedra, antiguos inmuebles vinculados a la Guardia Civil que quedaron abandonados tras el traslado de los agentes. La Junta de Extremadura plantea actuar sobre esos inmuebles, pretende recuperar y rehabilitar parte de las viviendas, mientras las familias reclaman una alternativa habitacional antes de cualquier desalojo. Para el movimiento, el conflicto representa la continuidad de una reivindicación que atraviesa más de una década de actividad: que las viviendas vacías se utilicen para garantizar el derecho a un techo. “Estamos intentando que se legalice la situación de diez familias que recuperaron su vivienda en el barrio de Suerte de Saavedra”, explica Juan Viera, uno de sus portavoces históricos.

El origen del conflicto se encuentra en un conjunto de 90 viviendas que quedaron vacías tras la salida de la Guardia Civil del barrio. Primero quedaron bajo la titularidad del Ministerio del Interior y, con el paso del tiempo, la Junta de Extremadura asumió su gestión. En ese intervalo, cuando los inmuebles llevaban años abandonados, diez familias entraron a vivir en diez de esas casas. Viera recuerda aquel momento como el inicio de una reivindicación que no ha cesado: viviendas públicas sin uso frente a familias sin alternativa. Desde entonces, Campamento Dignidad ha defendido que esos inmuebles pasaran definitivamente a manos de la Administración autonómica y que se reconociera la situación de quienes ya los habitaban. “Empezamos la batalla para que, en primer lugar, las viviendas del Ministerio pasasen a la Junta de Extremadura y después que la Junta de Extremadura legalizara la situación de las familias”, resume.

Destino de los inmuebles

El movimiento cuestiona ahora el destino de parte de los inmuebles. Según Viera, la Junta ha habilitado 40 viviendas y las ha entregado a Cáritas para su gestión, mientras el colectivo reclama participar en las decisiones sobre la adjudicación. “La Junta de Extremadura ha habilitado y preparado 40 y no sabemos por qué se las ha entregado a Cáritas. Cáritas hará lo que le parezca con ellas. Nosotros estamos pidiendo participar en la decisión, en la concesión de esas viviendas”, afirma. La Junta ha planteado actuar sobre las viviendas pendientes y reservar diez para una actuación posterior, según la reconstrucción del colectivo. Las familias ocupantes reclaman que su situación sea tenida en cuenta antes de cualquier salida. Campamento Dignidad ha anunciado nuevas movilizaciones: “Tenemos el día 15 una movilización en Badajoz y seguiremos con ello para que se asignen por parte de la Junta de Extremadura las viviendas a estas familias”, avanza Viera.

El conflicto actual tiene una particularidad: la Administración autonómica también pretende que los inmuebles formen parte de la solución al problema de la vivienda, pero el desacuerdo está en quién debe acceder a ellos y qué debe ocurrir con quienes ya viven allí. Para Campamento Dignidad, la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas sociales de Extremadura. Desde sus primeros meses, el colectivo denuncia la contradicción entre promociones vacías y familias sin alternativa residencial. Durante los años más duros de la crisis señaló viviendas inacabadas, inmuebles de entidades financieras y promociones públicas sin uso. En Mérida, uno de los focos fue la urbanización Los Álamos; en Badajoz, Suerte de Saavedra se convirtió en uno de los escenarios más prolongados. Su posición se ha mantenido: aumentar el parque público, utilizar las viviendas vacías y garantizar que ningún desalojo deje a una familia sin alternativa. Viera considera que el problema continúa agravándose. “La cuestión de la vivienda es un problema fundamental ahora mismo en Extremadura y estamos haciendo todo lo que podemos”, sostiene.

La reivindicación enlaza con la evolución del mercado inmobiliario: la dificultad no afecta solo a personas sin ingresos, sino también a trabajadores con salarios insuficientes para afrontar los precios del alquiler. Campamento Dignidad ya advertía que el problema extremeño no era únicamente el precio, sino la insuficiencia del parque disponible para quienes no pueden competir en el mercado privado.

Sinhogarismo

La agenda del movimiento se ha ampliado desde aquellos primeros años. Uno de los nuevos frentes es el de las personas sin hogar. “En Mérida, en Cáceres y en las grandes localidades hay muchas personas sin hogar que viven en la calle, en los portales, debajo de las obras”, relata Viera. Pero el problema no termina con la falta de un techo: las personas que viven en la calle encuentran dificultades para acceder a espacios básicos de la vida cotidiana, entre ellos algo tan elemental como utilizar un aseo. “Cuando tienen necesidad fisiológica, en algunos restaurantes no les dejan entrar porque están estigmatizados por una circunstancia o por otra y en la calle, la Policía los multa. Entonces, ¿dónde van?”, plantea. De ahí surge una de las reivindicaciones más llamativas del movimiento: la instalación de aseos públicos gratuitos y accesibles. La demanda parte de una cuestión de dignidad, pero también de salud pública, convivencia e igualdad en el uso del espacio urbano. El colectivo considera que no basta con reclamar ciudades turísticas, accesibles y cuidadas si quienes viven en ellas en las condiciones más extremas no tienen siquiera un lugar donde cubrir sus necesidades fisiológicas. “Y no es solo por ellos, sino también por la cuestión turística. Tanto que hablan del turismo, pues que se preocupen por este tema”, señala Viera.

La reivindicación coloca en el debate una dimensión poco visible del sinhogarismo: no se trata solo de dónde duerme una persona, sino de cómo puede desarrollar las actividades más básicas de la vida cotidiana cuando no dispone de un espacio privado.

La escena que describe Viera —una persona sin hogar buscando un lugar donde simplemente poder orinar o asearse, recibiendo negativas en los bares y multas en la calle— revela hasta qué punto la ciudad puede volverse hostil cuando no se dispone de un espacio propio. La necesidad fisiológica, que en cualquier hogar se resuelve sin pensarlo, se convierte en un recorrido humillante y, a veces, sancionable. No es solo un problema de higiene o de salud pública: es la constatación de que la vida urbana está diseñada para quienes pueden pagar por cada gesto cotidiano. Campamento Dignidad insiste en que esta vulneración silenciosa de derechos básicos muestra la crudeza del sinhogarismo en su forma más íntima, allí donde la dignidad se juega en lo más elemental: poder ir al baño sin ser expulsado, señalado o castigado.

Empadronamiento

Otro frente abierto es el del empadronamiento. El colectivo acompaña a personas vulnerables ante los servicios sociales y denuncia especialmente las dificultades de quienes viven en la calle para figurar en el padrón municipal. “Estamos batallando para que se empadrone a la gente”, explica Viera. La inscripción padronal acredita la residencia y es esencial para acceder a prestaciones, servicios y derechos. El colectivo denuncia que algunas personas sin hogar permanecen sin empadronar. “Por ley es una obligación de los municipios, pero así y todo muchos municipios se oponen a empadronar a gente que vive en la calle”, sostiene. Campamento Dignidad mantiene este conflicto especialmente con el Ayuntamiento de Mérida. La consecuencia, según Viera, es una cadena de exclusión: “Si no tiene empadronamiento, pues no hay nada”.

Acompañamiento

El acompañamiento constituye una de las señas de identidad del movimiento desde su nacimiento. No se limita a convocar concentraciones: acompaña a familias ante los servicios sociales, participa en negociaciones y ayuda a personas vulnerables a realizar trámites. “Estamos acompañando a muchas familias a los servicios sociales, sobre todo de Mérida”, explica Viera. Ese papel no siempre resulta cómodo para las administraciones. El portavoz asegura que el colectivo ha encontrado dificultades para acompañar a familias en los servicios sociales municipales. “Tenemos problemas en los servicios sociales municipales cuando acompañamos a familias porque no nos dejan”, afirma. La presencia de una organización junto a una persona usuaria cambia la relación con la Administración: ya no acude sola, sino acompañada por un colectivo que conoce sus derechos y reclama explicaciones. Es una práctica heredada de los movimientos sociales surgidos durante la crisis hipotecaria y que Campamento Dignidad ha convertido en parte estable de su actividad.

Histórico

El movimiento nació el 20 de febrero de 2013 en Mérida. Personas desempleadas y demandantes de prestaciones sociales se concentraron ante las oficinas del Servicio Extremeño Público de Empleo y decidieron instalar allí un campamento para reclamar trabajo, protección social y una renta básica. La experiencia conectaba con el 15M y con las Plataformas de Afectados por la Hipoteca. La acampada se extendió a Plasencia, Almendralejo y Badajoz. Las tiendas se convirtieron en una imagen de la crisis social extremeña. Pero el movimiento no se limitó a permanecer en la calle: construyó una red de apoyo mutuo que combinaba protesta, acompañamiento y organización comunitaria. Su idea central era que las personas afectadas por la pobreza no fueran consideradas únicamente receptoras de ayudas, sino sujetos activos de las reivindicaciones.

La primera gran batalla política fue la renta básica. La Asamblea de Extremadura aprobó en mayo de 2013 la Ley 3/2013, de 21 de mayo, de renta básica extremeña de inserción, que reconocía un derecho subjetivo vinculado a requisitos económicos y a un Proyecto Individualizado de Inserción. La fecha requiere una precisión: la ley fue aprobada el 21 de mayo y publicada en el DOE el 23. El modelo estaba lejos de la renta básica defendida por el movimiento, que reclamaba una prestación universal, individual, incondicional y suficiente. La Administración articuló una renta mínima condicionada. Ahí apareció uno de los debates centrales: si la protección frente a la pobreza debe plantearse como una prestación asistencial sometida a condiciones o como un derecho económico universal.

Continúa el debate

La aprobación de la ley no puso fin a las movilizaciones. Campamento Dignidad denunció retrasos, obstáculos burocráticos y falta de recursos. La crítica se dirigió tanto al Gobierno del PP de José Antonio Monago como al Ejecutivo socialista de Guillermo Fernández Vara. El problema iba más allá del dinero disponible: se trataba de si una persona en situación de pobreza podía realmente ejercer el derecho reconocido. Las protestas se sucedieron y el movimiento reclamó más recursos para garantizar el pago de las prestaciones. La regulación ha cambiado desde entonces: la Renta Básica Extremeña de Inserción fue sustituida por otros modelos y hoy existe la Renta Extremeña Garantizada. Pero el debate sobre suficiencia, requisitos, burocracia y capacidad real de las prestaciones para sacar a una persona de la pobreza permanece.

La vivienda se incorporó pronto a la agenda. Campamento Dignidad acompañó a familias amenazadas por desahucios y señaló viviendas vacías. En Mérida puso el foco en promociones sin terminar; en Badajoz, en Suerte de Saavedra. El repertorio de acción fue directo: concentraciones, acampadas, ocupaciones reivindicativas, acompañamientos, encierros y protestas ante responsables políticos. El objetivo era desplazar al espacio público conflictos que habitualmente permanecían encerrados en expedientes administrativos o procedimientos judiciales. El movimiento asumió así una de las características fundamentales de los movimientos surgidos tras el 15M: transformar un problema individual en un conflicto colectivo.

También recurrió a los escraches. En 2013, varios integrantes protagonizaron acciones de señalamiento ante responsables políticos durante la tramitación de la renta básica. Uno de los episodios judicializados fue el escrache ante el domicilio del dirigente del PP Carlos Floriano. Los seis integrantes juzgados fueron absueltos. La estrategia generó una intensa controversia sobre los límites entre la protesta política y las conductas sancionables. El movimiento defendía la legitimidad de señalar a responsables políticos cuando consideraba que las instituciones no respondían a situaciones de emergencia social.

El episodio judicial más conocido fue la entrada de activistas en el Centro Territorial de TVE en Mérida el 11 de febrero de 2014 durante la emisión del informativo regional. Pretendían reivindicar los retrasos en la renta básica. La acción interrumpió la emisión y acabó en los tribunales. Las primeras diligencias hablaron de 19 detenidos, aunque el procedimiento que llegó al TSJEx quedó referido a 18 activistas. Nueve aceptaron una conformidad con una multa de 540 euros; los otros nueve rechazaron el acuerdo. Entre ellos estaba Eugenio Romero, posteriormente diputado de Podemos. El TSJEx condenó a los nueve a multas de 900 euros por desórdenes públicos. El Supremo confirmó la condena. La causa se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos del colectivo y en un ejemplo de la tensión entre la acción directa y la respuesta penal del Estado.

Nuevos retos

La actividad actual demuestra que Campamento Dignidad no se ha quedado anclado en 2013. La inflación, el encarecimiento de la vivienda, el sinhogarismo, la precariedad laboral, el acceso a los servicios públicos y la burocratización de las prestaciones han ampliado su agenda. En 2022, Viera denunciaba que la legislación de vivienda no abordaba suficientemente el problema extremeño y reclamaba utilizar viviendas vacías de entidades bancarias y organismos públicos para alquiler social. En 2023 volvió a situar la pobreza, las prestaciones sociales y la vivienda en el centro de las protestas. Y en 2026 el conflicto de Suerte de Saavedra demuestra que la vivienda sigue siendo una de sus principales líneas de actuación. RTVE recogía este mes la posición del colectivo en defensa de las familias y su petición de que no se produzcan expulsiones sin alternativa habitacional.

Existe además una dimensión asistencial que convive con la protesta. Viera recuerda la colaboración histórica con Cruz Roja y el reparto de alimentos que llegó a alcanzar cerca de 100.000 kilos anuales. El apoyo material constituye otra parte de la red construida por el movimiento. Pero para sus integrantes la ayuda directa no sustituye la reivindicación política: ambas se complementan. Se atiende una necesidad concreta mientras se denuncia la estructura que la provoca. Ese modelo —apoyo mutuo, acompañamiento y movilización— constituye una de las principales herencias del Campamento Dignidad.

Más de trece años después de aquella primera acampada, Campamento Dignidad sigue ocupando un espacio particular en la política social extremeña. No es una institución pública. No es una ONG asistencial convencional. Tampoco funciona exclusivamente como plataforma de protesta. Es una combinación de acompañamiento, denuncia, movilización, negociación y acción directa. Su historia permite observar la transformación de las demandas sociales en Extremadura: en 2013, el principal reclamo era una renta básica; después llegaron los desahucios y la vivienda; ahora se suman el sinhogarismo, el empadronamiento, el acceso a los servicios sociales, los aseos públicos, la atención administrativa y la defensa del parque público. La pregunta de fondo apenas ha cambiado: ¿qué ocurre cuando un derecho existe sobre el papel pero una persona no puede ejercerlo en la práctica?

En Suerte de Saavedra, diez familias esperan una solución mientras la Administración prepara viviendas públicas. En las calles de Mérida y Cáceres, personas sin hogar necesitan un lugar donde dormir, pero también un lugar donde hacer algo tan básico como utilizar un aseo. Y en los servicios sociales, Campamento Dignidad sigue acompañando a personas que intentan abrir la puerta de un sistema del que, en demasiadas ocasiones, se sienten expulsadas. “Nosotros nacimos en la batalla y siempre estamos ahí, en la batalla por las cuestiones sociales”, resume Viera. Trece años después, aquella batalla ya no tiene una sola tienda de campaña ni una única reivindicación: tiene diez familias esperando una vivienda, personas sin hogar buscando un baño, ciudadanos intentando empadronarse y una organización que sigue intentando convertir esas situaciones individuales en una cuestión colectiva. La acampada terminó, pero el conflicto social que la hizo posible, para Campamento Dignidad, todavía no.

El Ayuntamiento de la población toledana de Cazalegas celebra el sábado 8 de agosto su segundo Orgullo de Cazalegas.

Durante el pregón será desplegada la mayor bandera arcoíris de ganchillo de Castilla-La Mancha, una pieza de más de 30 metros de longitud confeccionada por una veintena de mujeres de la asociación Entretejiendo Cazalegas.

Una gala con presencia de Loles León, entre otras

Tras su presentación, la bandera recorrerá las calles del municipio durante la marcha por la visibilidad LGTBIQ+ hasta llegar al embalse, donde presidirá el escenario principal de una gala artística con Merche, Loles León, La Prohibida, Samantha Ballentines, Rocío Saiz, Sofía Coll, Prince Noir y La Mismísima Mackenzie.

La jornada contará además con la participación de entidades LGTBIQ+ comoson Amnistía Internacional, LGTBTorrijos, la Asociación PLuRaL LGTBI Mancha Centro, la asociación de Talavera de la Reina LGTBora, la Asociacion Bolo Bolo CLM y EUFORIA. Familias Trans-Aliadas, entre otras.

Todas ellas participarán en la marcha y estarán presentes durante la jornada en una Mesa Arcoíris, un espacio informativo y de sensibilización instalado en el recinto del embalse.

Celebramos el Día de los Abuelos y las Abuelas. Una fecha para reconocer a quienes han sido —y siguen siendo— refugio, consejo, ternura y protección para muchas generaciones.

Desde la Asociación Europea Liderazgo y Calidad de la Educación hemos querido poner en valor su figura promoviendo concursos de relatos sobre los abuelos y las abuelas. Porque detrás de cada historia hay una memoria, una enseñanza, una mano tendida y, muchas veces, una infancia que se sintió más segura gracias a ellos.

Son memoria viva, raíces y experiencia. Han cuidado, acompañado, educado y sostenido a sus familias. Han estado cuando más se les necesitaba. Pero reconocer su importancia no puede limitarse a una celebración o un homenaje.

Nuestros abuelos y abuelas tienen derechos. Y esos derechos no pueden depender de la suerte, de la familia que cada persona tenga, del lugar en el que viva o de la capacidad económica de cada hogar.

Tienen derecho a una atención sanitaria adecuada, accesible y digna. No podemos normalizar la falta de camas cuando una persona necesita atención hospitalaria, las demoras en la atención sanitaria o que las familias tengan que enfrentarse solas a situaciones de dependencia y enfermedad.

También tienen derecho a recibir atención en su propio domicilio cuando la necesitan. La atención domiciliaria debe ser suficiente y de calidad. No podemos aceptar que una persona mayor pase horas y días en una situación de soledad no deseada porque no existen los apoyos necesarios. La soledad no deseada no es un problema privado: es una realidad social que exige respuestas públicas.

Igualmente, tienen derecho a recibir cuidados paliativos cuando llega el final de la vida. Una atención digna exige que nadie tenga que afrontar un sufrimiento evitable por falta de equipos, profesionales o recursos suficientes. Morir con dignidad también forma parte de una vida digna.

Pero hablar de los derechos de las personas mayores exige también mirar hacia nuestros pueblos y hacia el mundo rural.

Vivir en un pueblo no puede significar tener menos derechos. La distancia no puede convertirse en una barrera para acceder a la sanidad, a los servicios sociales, a la atención domiciliaria, a los cuidados o a una vida acompañada y digna. Las personas mayores que viven en nuestros municipios rurales tienen derecho a recibir una atención de calidad sin verse obligadas a abandonar su entorno, sus raíces y la comunidad en la que han construido su vida.

Y debemos prestar una atención especial a las mujeres mayores del mundo rural. Mujeres que han trabajado, cuidado y sostenido durante décadas a sus familias y a sus pueblos. Mujeres cuya contribución muchas veces no ha sido suficientemente reconocida y que, al llegar a la vejez, pueden enfrentarse a una desigualdad acumulada, a la soledad y a mayores dificultades para acceder a los servicios y apoyos que necesitan.

Ellas también tienen derecho a ser escuchadas, atendidas y cuidadas. Tienen derecho a envejecer con dignidad en sus pueblos si así lo desean. Tienen derecho a que la falta de servicios no las obligue a abandonar su hogar. Tienen derecho a no ser invisibles.

Por eso, en el Día de los Abuelos y las Abuelas, queremos reivindicar algo tan sencillo como esencial: el cumplimiento efectivo de sus derechos.

No basta con decir que nuestros mayores son importantes. Hay que garantizarles una atención sanitaria adecuada. Hay que reforzar la atención domiciliaria. Hay que combatir la soledad no deseada. Hay que ampliar y fortalecer los equipos de cuidados paliativos. Hay que asegurar servicios suficientes en el mundo rural. Y hay que reconocer y atender las necesidades específicas de las mujeres mayores que viven en nuestros pueblos.

Porque nadie debería tener que reclamar como un privilegio aquello que es un derecho.

Cuidar a nuestros abuelos y abuelas es cuidar nuestra memoria. Respetarlos es respetar nuestra propia historia. Pero garantizar sus derechos es, sobre todo, construir la sociedad en la que todos queremos vivir.

Vivir en un pueblo no debe significar tener menos derechos. Y ser una mujer mayor no puede significar ser invisible.

Nuestros mayores no son únicamente pasado. Son presente. Son dignidad. Son vida. Y por eso, hoy y todos los días, debemos decirlo alto y claro: ofrezcamos derechos, corazón y futuro.

Primer relevo a en el Govern de Salvador Illa a punto de cumplirse dos años desde su inicio. La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martinez Bravo, ha abandonado el cargo por motivos personales, en un reemplazo pactado con el president de la Generalitat, al que la consllera había manifestado su deseo de volver a centrarse en la academia.

Tal y como ha avanzado este lunes El Periódico y ha confirmado el propio Salvador Illa en una comparecencia desde el Palau de la Generalitat, a Martínez Bravo le tomará el relevo Raúl Moreno, quien hasta ahora ostentaba la secretaría general del Departament y del que se espera una gestión continuista.

La ya exconsellera había comunicado hace unas semanas al president Illa que no deseaba continuar, alegando motivos de índole personal. Se da la circunstancia de que Martínez Bravo, que se incorporó al Govern como independiente, aunque procedente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, inició la legislatura con un pie en Madrid, donde residen su pareja y su hija, y otro en Barcelona, donde no disponía de otro domicilio que el de sus padres.

A lo largo de estos últimos dos años la consellera ha tenido que hacer frente al estallido de la crisis más importante en la antigua Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA), salpicada por una serie de irregularidades en la contratación de servicios de atención a los menores. El Govern apostó por una refundación completa que convirtió las siglas del organismo en la Direcció General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). Unos cambios que, sin embargo, no han convencido a buena parte de la oposición.

El conseller entrante, Raúl Moreno, es un socialista de pedigrí, partido en el que ha militado desde hace tres décadas. Moreno, educador social de profesión, fue concejal Santa Coloma de Gramenet durante 12 años y diputado en el Parlament desde 2015.

Illa ha destacado de Moreno su “larga trayectoria a favor de la justicia social”, con su relación desde la política con el tercer sector. Es la primera vez además, ha destacado, que ocupa una conselleria un educador social de formación y ejercicio.

Además de continuar con la refundación del sistema de protección a la Infancia, Moreno hereda otros retos dentro como responsable de la conselleria. Entre ellos, destacan la mejora de la atención a la dependencia, el despliegue de la ley del ELA, la equiparación salarial en el tercer sector o la integración del ingreso mínimo vital con la catalana renta garantizada de ciudadanía.

Pilar Ferrer tiene 75 años y, pese a los “problemas que le acarrea la edad”, su bienestar es el que menos le preocupa. Su hija Cristina, de 55 años, tiene el grado II de dependencia y el 35% de discapacidad, y han decidido que lo mejor para su futuro es que ingrese en una residencia: “Cuesta aceptarlo, lleva desde que nació conmigo, toda la vida. Pero yo voy a tener que entrar otra vez al quirófano y me da miedo, no por mí, sino por ella”.

La preocupación también la genera el coste mensual de la residencia, pese a que le han concedido una prestación de ayuda, todavía no llega: “Puedo pagar tres, cuatro o cinco meses. Pero más no sé si voy a llegar. No puedo pagar 2.800 euros todos los meses porque con mi pensión y la ayuda que recibe mi hija por la incapacidad, no llega”.

La presión económica asfixia a miles de familias cuidadoras. “¿Podré seguir pagándolo?, ¿tardará mucho la ayuda?”, se plantea Pilar. Algunas familias reconocen haber prescindido de terapias necesarias por no poder costearlas, mientras otras admiten su “suerte” porque conocen la situación de otras personas.

La reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que contará con la mayor partida presupuestaria de la historia, pretende paliar las problemáticas estructurales a las que se refieren estas familias: se eliminarán incompatibilidades para recibir ayudas, se reforzará el servicio domiciliario y la teleasistencia y se reconoce la accesibilidad universal como un derecho, entre otras medidas.

Las asociaciones y plataformas sociales reconocen el cambio como una “buena ley”. “Permitirá transitar de un modelo asistencialista a uno basado en los derechos y la autonomía”, aseguran desde el Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad (CERMI). En la misma línea, el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Fernández, la valora positivamente: “Estas dos leyes convergentes impactan muchísimo en millones de ancianos y van a permitir que puedan seguir envejeciendo en su medio habitual, en su vivienda, y que se articulen toda una serie de prestaciones domiciliarias que permitan conseguir este objetivo”.

Las familias también la reciben con esperanza y se alegran del cambio, puesto que plantea cuestiones “muy positivas”, pero insisten en que estas medidas “deben materializarse”.

Javier Pérez es padre de Rosario, una joven de 29 años con discapacidad orgánica y un retraso intelectual debido a un daño cerebral que padeció al ser un parto prematuro. Javier cree que la ley “está muy bien”, pero “mejor está que se cumpla”. Su experiencia y las trabas burocráticas que ha padecido a lo largo de estos años le invitan a dudar de su eficacia. “Durante mucho tiempo me han contado muchas cosas que estaban sobre el papel, pero no estaban sobre la realidad. La Administración es la mayor incumplidora de la norma”, sentencia.

“Ahora es como un rayito de esperanza, siempre quieres pensar que va a ir bien. Pero esto al final no deja de ser una lucha partidista y estamos un poco en medio de las negociaciones entre políticos”, comenta Catalina Pol, la madre de Diego, un menor con Trastorno del Espectro Autista.

Trámites burocráticos

Hasta ahora la ley de dependencia establecía que desde que se presenta la solicitud hasta que se emite la resolución en la que se concede la prestación deben pasar como máximo seis meses. Con la reforma, este plazo pretende reducirse a tres. “No pueden cumplir ni lo de los seis”, interviene indignado el padre de Diego.

Ambos progenitores relatan las dificultades burocráticas: “A mi hijo le hicieron una valoración que se tenía que renovar en julio del 2023 y la renovación se hizo en 2025, dos años después. Mientras tanto hacían prórrogas de 9 meses a expensas de que alguien pasase por tu domicilio a hacer una valoración”, lamenta Catalina.

La familia explica que este retraso conlleva que la ausencia de este reconocimiento les perjudique en múltiples aspectos: “Si no tengo la renovación, no puedo renovar el carné de familia numerosa, si no puedo renovar el carné de familia numerosa, no tengo acceso a algunas prestaciones. Y cuando me lo renuevan, si va con retraso, tengo que volver a solicitarlo todo”. Catalina lo ilustra con ejemplos prácticos: “La tarjeta del coche de discapacidad, el bono social de la luz, la solicitud de ayudas…”.

Claudia García es una joven de Sevilla. Su madre, Mari Carmen López, sufrió un ictus y desde entonces tiene parálisis facial en la parte derecha y le cuesta andar. Mari Carmen tiene reconocida un 75% de discapacidad. “Nos ofrecieron dinero o una persona que viniera a casa”, explica Claudia, que junto a su padre eligió la primera opción porque entre ambos “pueden organizarse”. Sin embargo, no han podido obtener más ayudas: “Queríamos poner la silla que va por las escaleras. Preguntamos y tampoco nos la dan. Hay que presentar un montón de cosas: el certificado de discapacidad, la nómina, de todo. Y al final es para nada”.

Pilar Ferrer señala que para poder optar a las ayudas “ha tenido que presentar muchos informes” y reconoce la labor de las trabajadoras sociales: “Gracias a ellas, que me han ayudado y me han dicho: ‘Ahora ve aquí, ve allá, tráeme esto’”.

Aunque la ayuda de un asistente ya estaba reconocida por la ley, a Javier le dijeron que no “tenía sentido pedirla”: “No estaban concediendo por las carencias presupuestarias, no había para cubrir la demanda. La ley decía que estaba otorgando el servicio, pero en Andalucía había tres personas recibiéndolo”.

La presión económica

Ante las carencias estructurales, las familias asumen los costes económicos de su bolsillo. La familia de Rosario, al no recibir asistencia, la contrató. “Mi hija va a la universidad, a la academia, se desplaza por la ciudad. Necesita un asistente personal para llevar el ritmo de vida que lleva y tenemos contratada una persona que por las mañanas realiza esas funciones y por la tarde vamos nosotros”, explica Javier, que lamenta que no haya ninguna ayuda para costear los seguros sociales de los contratados: “Pago igual que paga el que tiene una persona contratada por tener la camisa planchada. A mí eso no me parece razonable, entiendo que son circunstancias distintas”.

La familia de Mari Carmen ha costeado todos los servicios para tratar de ayudarla en su recuperación, pero admiten que “no da para todo”. “La logopeda la tuvimos que dejar. Entre el fisioterapeuta, la piscina y el gimnasio… Y menos mal que mi padre trabaja y tiene un sueldo que más o menos se lo puede permitir”, relata su hija Claudia.

Las terapias a las que asiste Diego son costosas. Catalina cuenta que la beca del Ministerio de Educación, junto con otras prestaciones destinadas mensualmente para ellas “permiten cubrir una parte pero no todo”. Además, considera que son unos “privilegiados”, porque pueden hacer frente a esos costes: “He conocido familias que han tenido que renunciar y llevar a sus hijos, con mucha necesidad, a una hora a la semana de terapia”. Para ello han tenido que renunciar a otras cosas: “Hubo una época en la que medía todo en terapias, medía el tiempo en el coste de las horas. Veía que alguien se gastaba tanto dinero en algo y pensaba: ‘pues con eso me podría permitir cinco sesiones de terapia de Diego’”.

Las ayudas en ocasiones llegan, otras veces no y otras lo hacen tarde. Es el caso de Pilar, su prestación está aprobada para pagar una parte del coste de la residencia de su hija Cristina, pero todavía no la ha recibido: “La Generalitat Valenciana me dijo que sí. ¿Pero cuándo llegará?, ¿Cuándo me quede sin dinero para poder pagar? Lo empecé a solicitar hace 3 años”.

Catalina Pol, de Mallorca, explica que, en ocasiones, las prestaciones llegan con retraso: “A veces la ayuda te la pagan un año después, a los seis meses o a los cinco años. Nosotros esperamos casi cuatro años en cobrar una, que dices: ”‘Si son 160 euros igual ya hasta renuncio', pero eran 1.200 euros“.

“¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”

El futuro es incierto para estas familias, que desconocen qué ocurrirá con sus familiares cuando ellos no puedan prestarles ayuda. “¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”, plantea Pilar. Claudia también reflexiona sobre ello: “Vivo con mis padres, pero me terminaré yendo y claro, mi padre irá envejeciendo y va a tener que estar al cuidado de otra persona. Mi preocupación del día de mañana es cómo lo van a llevar los dos”.

Javier y su mujer están preparando un colchón económico: “Estamos haciendo un esfuerzo para que tenga un patrimonio y pueda cubrir los costes de asistencia o de una residencia”. Además, explica que hay familias que organizan proyectos privados de cara a futuro: “Plantean viviendas compartidas entre personas con discapacidad para que compartan servicios. En vez de tener una persona en tu domicilio o vivir en una institución grande, vivir en un sitio con cuatro o cinco personas donde los cuidados sean más precisos”.

Rechazo ante la lucha partidista

De alguna forma u otra, la nueva ley trata de dar respuesta y solvencia a las problemáticas que se hallan en el día a día de las personas dependientes, así como de sus familias. Las familias entonan al unísono “esperemos” ante las nuevas medidas. Las asociaciones las aplauden aunque reconocen que “tienen muy presentes los objetivos aún pendientes”.

Tanto unos como otros muestran su desagrado ante las discrepancias políticas, que también generan cierta incertidumbre. “Estos derechos no pueden estar sometidos a vaivenes presupuestarios, de que llegue otro y diga ‘bueno, pues yo voy a dar menos’”, añade Javier. Desde el CERMI reclaman un “aislamiento de la polarización y una paz política” en materia de discapacidad para que “los derechos no se vean malogrados por la crispación o el cálculo partidista”.

El presidente de la PMP habla sobre la necesidad de un “acuerdo” entre las fuerzas políticas: “Tiene que haber un pacto, igual que con el pacto de Toledo para las pensiones. Que se quite este rifirrafe y que se garantice, porque vamos hacia una sociedad muy envejecida donde cada vez vamos a tener que invertir más en cuidados”.

El sistema de reubicación de menores migrantes que Isabel Díaz Ayuso ha llevado a los tribunales no ha provocado la saturación de la que tanto alertó la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lejos de generar el colapso de plazas argumentado por el Gobierno autonómico para justificar su rechazo al mecanismo de reparto, el número de adolescentes extranjeros albergados en la región se ha reducido en más de 670 menores desde el inicio de los traslados, lo que supone una caída de un 30%, según el registro oficial al que ha tenido acceso elDiario.es.

A inicios de 2025, antes de la aprobación del plan de reubicación de menores migrantes, el sistema de acogida de Madrid contaba con 2.184 menores extranjeros no acompañados. A 30 de junio de 2026, la Comunidad acoge a 1.514 niños, niñas y adolescentes, según los datos oficiales.

La ocupación del sistema de acogida madrileño, además, está lejos de colapsar la capacidad mínima que debería tener según la normativa vigente. Actualmente, el número de menores migrantes atendidos supone el 60% de las plazas ordinarias, según los datos oficiales. La Consejería de Asuntos Sociales no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre las cifras.

Hace solo dos semanas, el Gobierno autonómico advirtió de que ya estaban estudiando acudir a los tribunales para intentar frenar lo que ellos consideran un “atropello”: la actualización de la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de estos menores en las comunidades y ciudades autónomas, que eleva en 204 plazas las de la Comunidad de Madrid hasta los 2.471 menores que, según cálculos del Ejecutivo central, podría acoger.

El Gobierno de Ayuso se opone a ese decreto. “El cupo relacionado con los menores no acompañados es un asunto que no ha pasado por la conferencia sectorial y, por tanto, es manifiestamente ilegal”, criticó este miércoles el portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa.

Pero las declaraciones de García Martín son solo un ejemplo del choque de Ayuso con el Gobierno de Pedro Sánchez, en este caso en materia de migración y derechos de la infancia migrante. En abril de este mismo año, la Consejería de Asuntos Sociales lanzó un aviso al Ministerio de Política Territorial: no aceptará nuevos traslados de menores migrantes no acompañados. Lo hizo a través de una carta de la consejera madrileña, Ana Dávila, en la que de nuevo amenazó con acciones legales en caso de mantener el sistema de reparto.

En su misiva, la consejera hablaba de un supuesto “efecto llamada” a pesar de que las cifras oficiales desmienten esas acusaciones. Dávila acusaba al Gobierno de tomar “decisiones unilaterales” y de “separar a grupos de hermanos y trasladar a Madrid a menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades”.

El centro de menores de La Cantueña, la última causa de disputa por los menores migrantes

Uno de los choques más recientes en cuanto a acogida de menores migrantes se ha producido esta misma semana, después de que la Justicia haya dado la razón a la Comunidad de Madrid sobre el centro de menores de La Cantueña, en Fuenlabrada. El fallo ha concedido al Gobierno autonómico la “única y exclusiva” titularidad de la finca después de meses de disputa, una resolución que todavía puede ser recurrida y que el alcalde socialista de la localidad, Javier Ayala, critica.

Para Ayala, la Comunidad “intentó castigar” a la ciudad con la ubicación del centro, “a más de tres kilómetros de cualquier síntoma de civilización” y con un centenar de menores concentrados en espacios donde, según criticaba, debían tener zonas más “personalizadas”. Este mismo miércoles el portavoz del gobierno regional le recomendó al alcalde socialista Javier Ayala que fuese a la “ventanilla” del Gobierno central al considerar que genera un “caos migratorio” con los menores migrantes que, según sus propias palabras, no han llegado al país “por generación espontánea”, sino que “los ha traído el Gobierno”.

Pero el rechazo de Ayuso por el reparto de menores migrantes viene de lejos y recopila durante meses diferentes choques, desde el protagonizado con Delegación de Gobierno al intentar que retornaran a 110 menores no acompañados, hasta las acusaciones de la Consejería de Dávila y Sol, que hablan de una supuesta estafa por casos de “falsos menores” y advierten que denunciarán a los inmigrantes adultos que se hayan hecho pasar por menores no acompañados. “Nos han colapsado y haremos responsable al Gobierno de España de lo que pueda ocurrir”, dijo Dávila a finales de 2025, además de afirmar que la región “no puede aceptar ni un menor más”.

Descenso generalizado en España

A nivel estatal, los datos del registro oficial de menores, publicados por elDiario.es, confirmaron un descenso continuado en las llegadas de estos chavales tras la aprobación de la medida y la tramitación de la reubicación de alrededor de 2.000 adolescentes.

En mayo de este año, la cifra de niños y adolescentes ha bajado a 13.964, recuperando los niveles de julio de 2024. La cifra marca un punto de inflexión respecto al pico registrado entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando el sistema de acogida llegó a albergar a más de 16.000 menores extranjeros en pleno debate político por la reforma de la Ley de Extranjería, cuando Canarias y Ceuta acogían a más del triple de su capacidad.

En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitía la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes de aquellos territorios declarados en “contingencia migratoria”, tras el acuerdo alcanzado con Junts que garantizó su tramitación parlamentaria. La medida pretendía reducir la presión de los sistemas de acogida cuya ocupación triplicase la capacidad ordinaria de acogida, a través de un mecanismo de reparto por comunidades autónomas basado en criterios como la población, la renta o el número de chavales extranjeros tutelados previamente. Canarias, Ceuta y Melilla cumplieron poco después los requisitos para solicitar los traslados de chavales a otros puntos del país, siempre que se cumpliesen una serie de garantías.

Tras su aprobación, los primeros traslados se llevaron a cabo en septiembre de 2025. Casi un año después, el Gobierno ha tramitado 2.000 expedientes de niños y niñas desde Canarias, Ceuta y Melilla, según los datos proporcionados el mes pasado por el Ministerio de Infancia.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad y también su modelo de financiación, en lo que supone “la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, en palabras del ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Solo Vox ha anunciado durante el debate previo su voto en contra de ambos cambios y de la nueva financiación. El PP ha adelantado su “sí” al aumento de la partida económica después de reprochar al Gobierno que solo busca votos con este cambio y de no tener presupuestos para ejecutarlo, pese a que hay 6.200 millones extras anunciados y negro sobre blanco en la ley para dependencia, y tras mantener la intriga toda la tarde se ha abstenido en la votación de la reforma de la ley en sí. Finalmente, las reformas normativas han salido adelante con 179 votos favor (del Gobierno y sus socios), 137 abstenciones (del PP) y 33 en contra (Vox).

“Es un día que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestra política social. El 14 de julio se recordará durante décadas como el día que se refundó el sistema de cuidados. Es difícil poner en perspectiva los cambios. Son comparables a lo que sucedió en el siglo XX con la construcción del sistema de pensiones, del sistema público de sanidad o del sistema educativo”, ha expresado Bustinduy en el Congreso.

Formalmente han sido dos debates. Uno, sobre la financiación de las reformas, que el Gobierno regará con 6.200 millones extra entre este año y el siguiente para alcanzar la inversión récord de 7.239 millones de euros en 2027. El otro, sobre las propias reformas de las leyes. Pero el ministro, y todos los grupos excepto el PP, lo han abordado como un todo (ambas reformas son copmlementarias), en la línea mantenida por el Ejecutivo con estos dos temas, y ha realizado una defensa conjunta de los dos cambios.

Bustinduy ha insistido en su intervención en que el objetivo de la reforma es pasar del “modelo asistencialista” que ha regido los cuidados hasta ahora a uno en el que las personas con discapacidad o en dependencia tengan autonomía en su propio hogar y se base en derechos y autonomía personal.

"Hay millones las familias cuyas vidas van a mejorar de forma inmediata. La mirada asistencialista o paternalista sobre personas con discapacidad o dependencia ya no nos sirve. El modelo de macrorresidencias alejadas de los centros urbanos ya no nos sirve. Condenar a miles de compatriotas a vivir de forma no elegida ya no nos sirve"

Pablo Bustinduy — Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

“Hay millones las familias cuyas vidas van a mejorar de forma inmediata. La mirada asistencialista o paternalista sobre personas con discapacidad o dependencia ya no nos sirve. El modelo de macrorresidencias alejadas de los centros urbanos ya no nos sirve. Condenar a miles de compatriotas a vivir de forma no elegida ya no nos sirve”, ha enfatizado. Según el ministro, el 90% de la población desearía envejecer en casa.

La mayoría de los partidos del Congreso han celebrado la reforma. Compromís, CC, BNG, Podemos, Junts, ERC y Sumar desfilaron por la tribuna del Congreso para anunciar su apoyo a la propuesta, pero también para recordarle al Gobierno que hace años que las comunidades vienen exigiendo el aumento en la financiación, porque el Gobierno central solo se hace cargo actualmente del 27% del coste de la dependencia, según advirtió ERC, dejando el grueso a los Ejecutivos regionales. También se plantearon dudas respecto a qué pasará a partir de 2028.

El PP reprochó al Gobierno que solo busca votos, que la reforma que se aprueba hoy “no cambia el sistema de financiación de la dependencia”, que los 6.200 millones extras anunciados “son solo un titular político” y, recogiendo una expresión que había utilizado Pilar Calvo, de Junts, que el Ejecutivo practica el “yo invito, tú pagas”. Finalmente, tras un discurso que dio la impresión contraria, anunció el voto favorable del partido. Pero solo al aumento de la financiación, en la reforma propiamente se abstuvo.

Vox justificó su rechazo porque duda de que el Gobierno esté en condiciones de implementar todo lo que dice la ley. “Qué fácil es votar 'sí' a esta propuesta, quedar bien con todo el mundo y dejar que las personas con discapacidad y sus familias crean que va a mejorar sus vidas. De nada sirve aprobar ayudas si no están en disposición de asegurar que vayan a llegar”, ha sostenido la diputada María de la Cabeza Ruiz.

Ayudas compatibles y aumentadas

Con esta doble reforma el Gobierno amplía y flexibiliza las ayudas en la ley de dependencia y la discapacidad (entre un 18,4% y un 120% en función del grado concedido), más que duplica la inversión en ambas materias y garantiza que la Administración General del Estado (AGE) aportará en adelante el 50% de la financiación, que las comunidades autónomas deberán complementar.

Con los 6.200 millones extras que aportará el Ejecutivo en dos años, el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas “una cantidad récord”, en sus propias palabras, de 5.513 millones de euros este año y 7.239,4 millones el siguiente, primero en el que se aplicará la nueva financiación de manera íntegra.

Los principales cambios en la norma apuntan a flexibilizar y ampliar las ayudas que contempla la ley. Una persona podrá recibir ayudas diferentes de forma simultánea: “Por ejemplo, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día y a la vez tener una prestación de cuidados en el entorno familiar o teleasistencia, etc.”, explica Asuntos Sociales.

El amigo cuidador

La asistencia personal sale del hogar. “La persona que ofrezca una asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en su casa, también podrá acompañarla para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra, ir al médico, etc.”, explica el ministerio.

También se abre el abanico de los cuidadores no familiares y se contempla que personas del entorno del beneficiario de la discapacidad puedan ofrecer cuidados, “asumiendo los diferentes modelos de convivencia que hay”, argumenta el Ejecutivo: “Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casados, o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí (modelos unipersonales)”.

Además, se universaliza el derecho a la teleasistencia, de manera que este servicio debería llegar a más gente en situación de dependencia o a otras que no podían acceder actualmente, por ejemplo las personas con demencia. Esta herramienta se usará también de manera preventiva, para evitar o retrasar la institucionalización de alguien.

Finalmente, se eliminan las sujeciones farmacológicas (personas a las que duermen con pastillas), que quedan “solo como medida alternativa”, según el Ejecutivo.

Accesibilidad universal

La reforma de la ley de la discapacidad centra buena parte de sus novedades en el acceso universal, pese a que ya es un servicio recogido en la normativa nacional. Ahora pasa de principio rector a derecho subjetivo.

La diferencia es que el primero marca un objetivo para la administración, mientras el segundo es una garantía reconocida a las personas. Es la diferencia, por ejemplo, entre el derecho a la vivienda digna, principio rector constitucional, y el derecho a la Educación.

Para reforzar esta línea de actuación, la ley modificará la Ley de Propiedad Horizontal “para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de vecinos tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita”.

Se calcula que unas 100.000 personas viven confinadas en su casa porque no es accesible y no pueden salir.

Reconocimientos automáticos

La reforma también contempla que habrá reconocimientos automáticos de discapacidad para agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera. A las personas que se asigne un grado I de dependencia se les reconocerá igualmente un 33% de discapacidad y las que obtengan un grado II o III llegarán al 65%.

Por último, se prohibirá que algunos contratos de seguros penalicen económicamente la discapacidad, como hacen algunos actualmente, y se crea la figura del “facilitador procesal” que actúe de mediador entre los operadores jurídicos y las personas con discapacidad cuando estas afronten procesos judiciales.

Más de la mitad habitantes de Catalunya, un 62,8%, viven en municipios que incumplen la normativa y ponen algún tipo de trabas para tramitar el padrón. Así lo muestra un sondeo realizado por ECAS a más de medio centenar de entidades que se dedican a acompañar a personas con problemas para acceder al este derecho recogido en la ley española.

El resultado de la encuesta apunta a que 40 municipios, el 66% de los que estas asociaciones tienen presencia, dificultan de alguna manera la incorporación en el censo de parte de su ciudadanía. El problema es “estructural”, tal como alertan las entidades, y no entiende ni de zonas geográficas ni de partidos políticos.

De hecho, la mayoría de municipios que dificultan este trámite (34,4%) están gobernados por el PSC, seguidos por Junts (26,2%). Pero los partidos situados más a la izquierda y que se han posicionado activamente en contra de las trabas al padrón tampoco están libres de culpa. En esta lista se encuentra también a ERC (18%), los Comuns (4,9%) y la CUP (3,28%).

Esta heterogeneidad en los colores políticos demuestra que los impedimentos al padrón “no tienen detrás una razón sólo ideológica”, tal como apunta Helena Costas, miembro de Ksnet, entidad que ha realizado el sondeo. Es más, todas las formaciones mencionadas, a excepción de Junts, firmaron el pasado diciembre el Pacto Nacional por el padrón. A pesar de eso, el sondeo alerta que el 30% de los encuestados asegura haber notado un empeoramiento en la situación después de las elecciones de 2023.

En la lista de municipios que se saltan la norma figuran las 10 ciudades más pobladas de Catalunya. “No se trata de casos aislados ni de una problemática de ciudades pequeñas”, apunta Carlos Macías, presidente de ECAS, que añade que los datos dibujan “un modelo de administración que no respeta la legalidad ni la calidad democrática”.

En este sentido, las entidades recuerdan que el padrón “no crea ni otorga derechos, simplemente es una herramienta administrativa” que está recogida en una ley orgánica idéntica para todos los municipios. “No es una prestación, un privilegio ni una política social, es una obligación de los municipios para tener claro quién vive allí y poder gobernar en consecuencia”, ha añadido Kautar Loukani, portavoz del área de padrón de ECAS.

A pesar de que la normativa es clara y establece que cualquier persona que viva en un municipio debe ser empadronada, la encuesta ha encontrado una gran variedad de casuísticas. En casi la mitad de los casos no se empadrona a todo el mundo que lo solicita, aunque cumpla con las condiciones.

Por ejemplo, en un 11,3% de los municipios se exige un tiempo mínimo de residencia para acceder al padrón, cosa que la ley no contempla. Y en un tercio se supera el máximo de tres meses para resolver el trámite y no se salda con silencio positivo. Otra de las cuestiones que alertan las entidades es que en muchos casos las verificaciones técnicas las realiza la policía municipal, cosa que “genera miedo” en aquellas personas con hijos a cargo, en situación administrativa irregular o en infraviviendas.

Además, lamentan que se suele demandar una prueba de residencia que “difícil de conseguir”. Cabe recordar que la ley especifica que no es necesario contar con un contrato de alquiler o de propiedad, aunque en diversos municipios es condición sine qua non.

Esto deja en un limbo a aquellas personas que están ocupando o también a las que realquilan habitaciones, una situación en la que están cerca de 400.000 personas sólo en el Área Metropolitana de Barcelona. Esto lleva a que el 30% de casos no se empadronen de ninguna manera; el 19% lo hagan en otros pisos que no son en los que residen habitualmente y el 23% optan por la medida del padrón sin domicilio fijo.

Se trata de una modalidad reconocida en la ley que dicta que una persona puede registrarse en lugares que no figuren como vivienda; es decir, en barracas, campamentos, sedes de entidades o equipamientos municipales. Pero esta es una posibilidad reconocida por muy pocos ayuntamientos. De hecho, el informe muestra que ninguno de los consistorios sobre los que hay datos realiza este trámite de manera ágil y que casi la mitad de ellos directamente no contemplan esta opción.

“Muchos municipios añaden condiciones a la normativa estatal, cosa que, si se traduce en dificultar el empadronamiento, es ilegal”, alerta Costas, que sostiene que estas trabas vienen a añadir más vulnerabilidad a las personas “más necesitadas”. En esta línea, apuntan a que la situación afecta más a aquellas personas que ya están en una exclusión residencial severa y lleva a problemas a la hora de acceder a servicios públicos como la escolarización de menores o la atención por parte de Servicios Sociales.

“Cuando alguien no se empadrona, desaparece del radar de la administración. Pero esa persona sigue existiendo”, apunta Loukani. Los colectivos más afectados por la vulneración del derecho al padrón son las personas migradas (77,4), seguida de aquellas que están en situación administrativa irregular (68,8%), los que ocupan o realquilan (64,5%) y las personas sin hogar (45,2%).

Uno de los datos más alarmantes para ECAS es que casi la mitad de entidades encuestadas asegura que el trato de los usuarios que se encuentran en estas casuísticas es diferente dependiendo de si van solos o acompañados por algún referente o voluntario. “Esto demuestra, no sólo que saben que lo que hacen no es legal, sino que un trámite que debería ser sencillo y asequible se convierte en una discriminación que resta autonomía a la ciudadanía”, apunta Loukani.

“No pedimos que se cambie la ley, sino que se aplique la que ya tenemos. En un momento en que aumentan los discursos de odio, es esencial exigir a nuestras administraciones que velen por la democracia y por la total garantía de los derechos”, zanja Carlos Macías, director general de ECAS.

Los hogares que poseen dos o más viviendas en alquiler, tienen una renta mediana anual casi cuatro veces superior a la de quienes viven de alquiler. Además, su patrimonio neto puede llegar a multiplicar por 450 el de los inquilinos. Esta una de las principales conclusiones del informe elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en colaboración con el Instituto de Filosofía del CSIC (IFS-CSIC), a partir de los microdatos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España.

El documento sostiene que la principal línea de desigualdad económica en España no pasa por la edad, sino por la posición que ocupa cada hogar en el mercado de la vivienda: si vive de alquiler, es propietario de su vivienda o, además, obtiene ingresos por alquilar inmuebles a terceros. El estudio titulado 'Renta, riqueza y régimen de tenencia' es el tercero de la serie 'Vivienda, Consumo y Desigualdad'. Está firmado por Javier Gil, investigador Ramón y Cajal del CSIC y autor del libro 'Generación inquilina'; Miguel García-Duch, doctor en Economía y profesor del Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la UCM; Irene Lebrusán, asesora Científica del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y doctora en Sociología por la UCM; y Óscar Villas, técnico comercial y economista del Estado y vocal asesor en el gabinete técnico de la Secretaría General de Consumo y Juego.

Los inquilinos concentran las rentas más bajas

Los datos muestran una brecha entre quienes pagan un alquiler y quienes lo cobran. La renta mediana anual de los hogares inquilinos se sitúa en 21.335 euros. Entre los propietarios de la vivienda en la que residen asciende a 32.120 euros, un 51% más. Los hogares que alquilan una vivienda a terceros alcanzan una renta mediana de 50.959 euros (2,39 veces la de los inquilinos). En el caso de los multiarrendadores, con dos o más viviendas alquiladas, la cifra llega a 80.375 euros anuales, 3,77 veces superior.

La brecha no se detiene ahí: crece cuanto más viviendas se acumulan. Entre quienes alquilan dos viviendas, la renta mediana sube hasta los 74.808 euros; entre quienes alquilan tres, hasta los 83.898 euros; y entre los que tienen cuatro o más, supera los 213.000 euros anuales. Según el estudio, quienes obtienen ingresos del alquiler se encuentran entre los grupos con mayores niveles de renta, mientras que los hogares inquilinos concentran los ingresos más bajos.

Una brecha patrimonial mucho mayor

Las diferencias son todavía más acusadas cuando se analiza la riqueza acumulada. Los hogares que viven de alquiler cuentan con un patrimonio neto mediano de apenas 2.217 euros. Entre quienes son propietarios de su vivienda habitual la cifra asciende a 193.919 euros, lo que supone una riqueza casi 90 veces superior.

La distancia se dispara entre quienes, además de ser propietarios, alquilan una vivienda a terceros: su patrimonio mediano alcanza los 407.975 euros, 184 veces más que el de los inquilinos. Y entre los multiarrendadores con dos o tres viviendas la riqueza mediana ronda ya el millón de euros (972.189 euros y 1.069.029 euros, respectivamente), hasta superar los 1,5 millones (1.519.186 euros) entre quienes alquilan cuatro o más. En conjunto, los multiarrendadores acumulan una riqueza neta mediana de 996.826 euros, 450 veces superior a la de los hogares inquilinos.

El informe interpreta estos datos como una evidencia de que el mercado del alquiler canaliza recursos desde los hogares con menor capacidad económica hacia aquellos que ya acumulan más patrimonio: “El arrendamiento de viviendas es una actividad concentrada principalmente entre hogares con mayor patrimonio. Lejos de reducir las desigualdades, el sistema tiende a reforzarlas”, concluye el informe.

¿Qué divide más: la edad o la vivienda?

Uno de los hallazgos que más subraya el informe es que la brecha generacional, con tanto protagonismo en el debate público de los últimos años, resulta menos determinante que la posición en el mercado de la vivienda.

En términos de renta, las diferencias entre grupos de edad son moderadas: la renta mediana oscila entre los 19.651 euros de los mayores de 74 años y los 34.200 euros de quienes tienen entre 45 y 54. Apenas 14.549 euros de diferencia entre el extremo más bajo y el más alto. Los menores de 35 años, de hecho, no son el grupo con menor renta: su mediana (26.900 euros) es similar a la de quienes tienen entre 65 y 74 años (27.416 euros); son los mayores de 74 quienes registran la renta más baja de toda la distribución.

Donde sí aparece una brecha generacional relevante es en el patrimonio: los menores de 35 años tienen una riqueza neta mediana de 20.069 euros, frente a los 223.960 euros de quienes tienen entre 65 y 74 (el grupo con más patrimonio), es decir, una diferencia de unos 200.000 euros. Pero esa distancia, con ser importante, es muy inferior a la que separa a inquilinos de arrendadores, que oscila entre los 405.000 y los 994.000 euros según el número de viviendas en alquiler.

El propio informe lo resume así: “La desigualdad en España tiene menos que ver con cuántos años tienes y más con si pagas un alquiler, tienes una vivienda en propiedad, o si percibes ingresos procedentes del arrendamiento de viviendas”. Y añade, en sus conclusiones: “las personas jóvenes no tienen menos riqueza porque sean jóvenes, sino principalmente porque son inquilinas”.

Esa brecha de acceso a la propiedad se ha acelerado en la última década: en 2011, el 69,3% de los menores de 35 años era propietario de su vivienda; en 2022, ese porcentaje había caído hasta el 31,8%, un descenso de más de 37 puntos porcentuales en apenas once años. Entre los hogares de 35 a 44 años la caída también es notable (del 77,6% al 61,8%), mientras que entre los grupos de más edad el retroceso es mucho más moderado (los mayores de 74 años pasan del 87,9% al 84%).

Más concentración de la riqueza inmobiliaria

El estudio también identifica una creciente concentración de la riqueza residencial en muy pocas manos. En 2002, el 90% de los hogares acumulaba el 65,4% del patrimonio inmobiliario en vivienda; dos décadas después esa proporción había descendido hasta el 58,1%. En paralelo, el 10% más rico pasó de concentrar el 34,5% al 41,9% de toda la riqueza residencial. Dentro de ese 10%, la concentración se intensifica todavía más: el 5% de los hogares con más patrimonio acumula el 27,7% de toda la riqueza en vivienda, y el 1% más rico concentra, él solo, el 10,7%.

El índice de Gini de la riqueza en vivienda (que mide de 0 a 1 el grado de concentración) se mantuvo relativamente estable en torno a 0,50 entre 2005 y 2011, pero desde entonces ha subido con claridad: 0,544 en 2014, 0,589 en 2017 y 0,591 en 2022, el valor más alto de toda la serie histórica y un 18% por encima del nivel de 2005. La curva de Lorenz del informe (que representa gráficamente cómo se reparte la riqueza) confirma esa evolución: la de 2022 queda sistemáticamente por debajo de la de 2002, señal de que una parte cada vez más pequeña de los hogares concentra una porción cada vez mayor del patrimonio en vivienda.

Para los autores, esta evolución refleja que la revalorización de la vivienda ha beneficiado principalmente a quienes ya eran propietarios, especialmente desde la intensa subida de precios observada a partir de mediados de la década de 2010.

El alquiler reduce la capacidad de ahorrar

El informe también advierte de que el aumento de los precios del alquiler intensifica estas diferencias. Cuanto más elevada es la renta mensual que pagan los inquilinos, más recursos se transfieren hacia los propietarios y menor capacidad de ahorro tienen los hogares arrendatarios. Esa pérdida de capacidad económica dificulta posteriormente el acceso a una vivienda en propiedad y limita la acumulación de patrimonio por otras vías.

Los autores sostienen que la subida del precio de la vivienda y de los alquileres no es un fenómeno neutral desde el punto de vista económico, ya que amplía las diferencias entre quienes ya poseen activos inmobiliarios y quienes permanecen fuera del mercado de la propiedad.

En sus conclusiones, el informe es explícito sobre las implicaciones de política pública: la corrección de estas disfuncionalidades del mercado “a través de políticas de acceso, regulación del alquiler y fiscalidad sobre la propiedad u otras fórmulas”. No es solo una cuestión de equidad, sino “una condición necesaria para frenar una dinámica que, de seguir su curso, tenderá a profundizar las brechas existentes”.

6.162 millones de euros más en dos años. El Gobierno anunció el martes “la mayor inversión social de esta legislatura”, una inyección extra a las comunidades autónomas para que reduzcan las listas de espera en dependencia, incrementen e intensifiquen las prestaciones y mejoren las condiciones laborales de las cuidadoras.

La partida, aprobada a través de un real decreto en Consejo de Ministros, supone un incremento para 2026 y otro más para 2027, cuando se alcanzará el compromiso de la coalición de financiar al 50% el gasto en dependencia con las comunidades autónomas, que son las que gestionarán el dinero.

Según una estimación del Ministerio de Derechos Sociales, todas las comunidades verán incrementada la cuantía para 2027 respecto a las transferencias previstas entre un 31% y un 34%. El reparto no es aleatorio: la nueva normativa eleva las cuantías que las autonomías reciben por persona dependiente. Aumentan un 128% para las de grado III (hasta los 660 euros al mes); un 100 % para las de grado II, con 260 euros; y un 18 % por cada persona en grado I, hasta los 90 euros.

Según los datos del departamento que dirige Pablo Bustinduy, para este ejercicio, las comunidades que más verán aumentar sus ingresos en términos absolutos serán Andalucía, con 318 millones de euros más; seguido de Madrid, con una inyección extra de 227 millones; y Catalunya, con 189 millones de euros adicionales.

Como puede verse en el siguiente gráfico, quienes reciben una aportación extra menor en 2026 son La Rioja, con 8 millones de euros más; Navarra, con 13 millones; y Cantabria, con un extra de 18.

El gran salto, donde el Gobierno llegará a financiar el 50% del gasto en dependencia, se producirá en 2027, cuando las cifras se multiplican por dos en todos los territorios.

Bajo el mismo criterio, Andalucía pasará de recibir 640 millones de euros a 1.276. Madrid tendrá un extra de 453 millones, hasta los 887 para dependencia. Y Catalunya, pasa de 416 a 378 millones.

El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se celebra el próximo lunes 29 de junio, abordará esta nueva inversión, que deberá ser aprobada en el Congreso, previsiblemente a lo largo del mes de julio.

Extremadura recibirá 114,2 millones de euros más del Gobierno de España entre 2026 y 2027 para financiar el nivel mínimo de la dependencia. El real decreto-ley que aprobó este martes el Consejo de Ministros para ampliar las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) supondrá un importante incremento de las cantidades que recibirán las autonomías por cada persona que tiene un grado reconocido de dependencia.

Esta ampliación de las cuantías entra en vigor de forma inmediata, el próximo 1 de julio, y es especialmente significativa en la dotación destinada por cada persona en grado III (gran dependencia) y en grado II (dependencia severa), que aumentan un 128% y un 100%, respectivamente, ha detallado el Ministerio de Derechos Sociales en un comunicado.

Estos incrementos, sumados al del 18% aplicado al grado I (dependencia moderada), implican que la aportación estatal al SAAD será la mayor de su historia, según ha subrayado.

Extremadura, según la última cifra publicada por el Imserso, de 31 de mayo de 2026, tiene 37.451 personas con prestaciones reconocidas. En base a ello, el Ministerio de Derechos Sociales estima que el Gobierno de España transferirá 114.231.780 euros más a la Junta de Extremadura entre 2026 y 2027, solo para el nivel mínimo.

Es decir, para cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido y, por tanto, ha aclarado, sin incluir la inversión adicional que supone el nivel acordado, que es la otra vía con la que el Gobierno de España contribuye a la financiación de la dependencia y cuya cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD que se celebrará el próximo lunes, 29 de junio.

Desglosado por años el incremento estimado para el nivel mínimo, la Junta de Extremadura recibirá 38.077.260 euros más en 2026 y 76.154.520 euros más en 2027.En total, la aportación estatal a la dependencia extremeña será en 2026 de 111.834.060 euros y en 2027 de 149.911.320 euros. Según esta misma estimación, la aportación total del Estado al nivel mínimo de la dependencia extremeña hubiera sido notablemente más baja de no haberse aprobado esta semana la ampliación de las cuantías por grado.

En concreto, en base al número de personas existentes en el sistema actualmente, se habrían transferido 73.756.800 euros a la Junta de Extremadura, ha precisado Derechos Sociales.

Miles de millones de euros para “refundar el sistema de la dependencia”. Una inversión “sin precedentes” para llevar a cabo la “mayor ampliación de la red de protección social” en décadas. El anuncio del presidente del Gobierno de incrementar las transferencias a las comunidades hasta los 7.239 millones de euros en 2027 ha sido recibido con entusiasmo por entidades, asociaciones de pacientes y sindicatos. Los expertos, a la espera de la letra pequeña del real decreto aprobado este mismo martes en Consejo de Ministros, ponen el foco ahora en los ejecutivos autonómicos, encargados de gestionar la caja.

“No se debe permitir que, haciendo lo mismo, las comunidades reciban más dinero”, advierten desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Esta entidad, que ha sido crítica con lo que consideraban una paralización de la financiación, celebra ahora en un comunicado esta “buena noticia” y que “el Gobierno de España pasa de la retórica a los hechos”.

El gráfico de la evolución de la inversión estatal en dependencia muestra hitos claros. La puesta en marcha del sistema, los recortes tras la crisis financiera, la llanura hasta 2021, los incrementos progresivos desde entonces y el impulso ya en este ejercicio, anunciado también este martes, y que supone “la mayor inversión social de la legislatura”, en palabras del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que ha asegurado que se sientan “las bases de un nuevo modelo de cuidados, que ahora cuent con los recursos suficientes para garantizar un servicio público de calidad y un derecho subjetivo de la ciudadanía”.

A partir del 1 de julio, las comunidades autónomas recibirán una inyección extra de más de 1.700 millones, hasta un total de 5.500 para 2026. Para 2027, superarán los 7.000 millones.

Solo esos más de 1.700 millones extra de este ejercicio son más que la cuantía ordinaria que se transfirió anualmente desde 2011 —el primer año de Mariano Rajoy en la Moncloa— hasta 2020. Ese dinero, consideran los directores y gerentes de servicios sociales, “deben servir para agilizar los procedimientos y reducir la lista de espera, aumentar las intensidades del Servicio de Ayuda a Domicilio, incrementar las cuantías de las prestaciones económicas de cuidadoras familiares, subir las prestaciones económicas vinculadas al servicio y autorizar compatibilidad entre prestaciones y servicios”.

Los objetivos

Pedro Sánchez ya marcó tres “objetivos fundamentales”: reducir las listas de espera, ofrecer más y mejores cuidados y dignificar las condiciones de quienes cuidan. Son los tres grandes retos que afronta el sistema de atención a la dependencia y que las expertas consultadas esperan que se puedan subsanar con esta inyección de recursos.

Las listas de espera es una de las tareas en las que más se ha avanzado y, a la vez, en la que más esfuerzos se requieren. Según los datos del Gobierno, estas se han reducido en un 50% desde 2020. “Pero no es suficiente”, ha admitido Sánchez. A finales de mayo, 155.352 personas con el derecho reconocido, estaban a la espera de recibir la atención y 110.108 más estaban a la espera de valoración. En el último año, unas 30.000 personas fallecieron esperando una ayuda.

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente son 180 días —seis meses—, aunque según los datos de los directores y gerentes en servicios sociales el cumplimiento es dispar entre comunidades. Solo Castilla y León (119 días), Aragón (122), Euskadi (131), La Rioja (144), Castilla-La Mancha (166) y Cantabria (171) están por debajo. En el otro extremo, Murcia (552), Andalucía (446), Asturias (411), Madrid (346) y Canarias (335).

Estas disparidades son el ejemplo de que cada comunidad autónoma deberá buscar su propia receta para mejorar el sistema. “No se puede decir de manera unívoca que todas se lo gasten en lo mismo, porque hay muchas diferencias entre unas y otras”, razona la presidenta de la Fundación Pilares de la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, que califica de “hito” el avance. “Lo importante es garantizar que ese dinero se gaste de manera clara para atender a las personas en situación de dependencia”, exige.

Rodríguez, que fue una de las autoras del libro blanco sobre dependencia previo a la norma de 2006, celebra que el Ejecutivo haya alcanzado al fin el compromiso del 50% de financiación del sistema. La medida, considera, bloquea una crítica habitual de las comunidades autónomas, que echaban en cara al Gobierno central la falta de fondos.

Mejorar las prestaciones

El otro área de mejora son las prestaciones. Aunque el número de beneficiarios de alguna ayuda a la dependencia está en máximos, con casi 1,7 millones de personas recibiendo una prestación, estas han sido catalogadas como 'low cost'. Actualmente, las prestaciones económicas de cuidadoras familiares, que suponen en torno al 45% del total, son de 262 euros al mes de media, y las económicas vinculadas al servicio, de 567 euros.

“Si tienes más dinero, puedes atender a más gente”, concede Rodríguez, que reclama que esa atención esté centrada en la persona y su familia. “Para hacer una buena valoración de cada caso y ofrecerle las ayudas que necesita esa persona, se requiere de profesionales formados, más ratios y la formación es fundamental”, continúa, tanto para el entorno de las propias usuarias como a nivel de profesionalización de las trabajadoras del ámbito de los cuidados.

Tanto los sindicatos como las asociaciones de pacientes llevan tiempo alertando del déficit de trabajadoras. Según los datos de CCOO y UGT, actualmente hay 555.000 personas empleadas en el sector, de las que 186.000 se incorporaron en el marco del Plan de Choque para los años 2021-2023 —cuando también se incrementó la financiación—. Con todo, las organizaciones sindicales estiman que harán falta unas 100.000 trabajadoras más.

“No podemos pedir cuidados de primera con condiciones laborales de segunda”, ha reconocido Sánchez, que ha pedido “dignificar las condiciones laborales” de estas trabajadoras, que lo son muchas veces por horas, con el salario mínimo interprofesional o de forma irregular.

“Consideramos que este incremento de financiación adicional debe realizarse estableciendo criterios de reparto con las comunidades autónomas, acordados previamente en el marco del diálogo y la concertación social para vincularlos a la atención preferente de servicios profesionales, prioritariamente de gestión pública directa, así como al cumplimiento de los estándares de calidad del empleo por parte de empresas y administraciones que operan dichos servicios”, han señalado UGT y CCOO en un comunicado conjunto.

En ese texto, los sindicatos mayoritarios reclaman la atención a las listas de espera, que se cumplan las ratios de plantillas y su elevación progresiva, que haya garantía de que las empresas y las administraciones públicas cumplen con las condiciones laborales y salariales establecidas en los convenios colectivos, el reconocimiento y la cualificación profesional de las trabajadoras y que se establezca un porcentaje mínimo de jornada, entre otras demandas.

Amnistía Internacional ha alertado del aumento de las políticas y prácticas que vulneran los derechos de las personas LGTBIQ+ en distintos países y ha anunciado una serie de movilizaciones con motivo del Orgullo, entre ellas varias actividades en Castilla-La Mancha. La organización denuncia que durante el último año se han producido graves retrocesos en materia de igualdad y no discriminación en países como Estados Unidos, Argentina, Turquía, Ghana o Uganda.

Según ha informado la ONG en una nota de prensa, la iniciativa principal será “Orgullo de Ruta”, una acción reivindicativa que incluirá el izado de banderas LGTBIQ+ ante las embajadas de Estados Unidos, Argentina, Turquía y Ghana en Madrid para denunciar las vulneraciones de derechos registradas en estos países. La organización considera que existe una “preocupante tendencia antiderechos” impulsada por gobiernos que cuestionan libertades y derechos previamente conquistados por el colectivo.

Denuncia de leyes, discursos y persecuciones

Amnistía Internacional pone el foco en distintas situaciones que considera especialmente preocupantes. Entre ellas, menciona la aprobación de legislación restrictiva en varios estados de Estados Unidos, el incremento de los crímenes de odio contra personas LGTBIQ+ en Argentina, los procesos judiciales contra organizaciones defensoras de estos derechos en Turquía y la aprobación en Ghana de una de las normativas más severas del continente africano contra el colectivo.

La organización también recuerda que en Uganda continúa vigente una ley que contempla penas extremadamente severas, incluida la pena de muerte para determinados supuestos relacionados con la denominada “homosexualidad agravada”.

Frente a estos retrocesos, Amnistía destaca algunos avances recientes, como la retirada de cargos contra organizadores de marchas del Orgullo en Hungría y la celebración de la manifestación prevista en Budapest el próximo 27 de junio.

Actividades previstas en Castilla-La Mancha

Dentro de la programación del Orgullo, Amnistía Internacional participará en diferentes actos organizados en la región junto a otros colectivos sociales y entidades locales. En Albacete, la organización estará presente en la actividad “Hacemos comunidad” y en la manifestación prevista para finales de junio.

En Alcázar de San Juan, la ONG se sumará a la V Marcha del Orgullo Rural, convocada por la asociación Plural LGTBIQA+ Mancha Centro, con el objetivo de reivindicar derechos, denunciar el aumento de los delitos de odio y reforzar el compromiso con la igualdad y la diversidad en el medio rural.

Además, en la provincia de Toledo se desarrollarán proyecciones, coloquios y concentraciones en localidades como Torrijos, Toledo, Añover de Tajo y La Puebla de Almoradiel, dentro de una programación que busca visibilizar la realidad del colectivo y promover el respeto a los derechos humanos.

La sobrecogedora historia de esta familia permite observar de cerca y de una forma un poco más humana las diferentes dimensiones que adquiere la pobreza. Laura es una mujer luchadora, con problemas de salud que implican obstáculos en su día a día y un hijo de 18 años con discapacidad, así como un fuerte entusiasmo por ayudar a su madre. Carlos se ha criado en una familia compuesta por 10 hermanos, ha tenido una infancia llena de dificultades y ha enfrentado situaciones muy duras a lo largo de su vida.

Actualmente atraviesan una de las situaciones más extremas que han vivido. Por distintas circunstancias, han acabado malviviendo los tres en una habitación de alquiler por 330 euros mensuales, atrapados en un arduo debate: “o como, o pago el alquiler”, señala Carlos. En elDiario.es hemos tenido la oportunidad de escuchar la historia de esta familia que, lejos de quedarse en algo anecdótico, constituye un ejemplo paradigmático de la situación actual que viven muchas familias en España y que se ha ido agravando con el tiempo debido a la terrible crisis de vivienda.

Problemas de salud como obesidad mórbida, apneas graves y severos problemas de salud mental –en gran parte derivados de la situación extrema en la que viven– dificultan aún más encontrar un trabajo. Carlos actualmente trabaja vendiendo cupones con un contrato de pocas horas semanales que no alcanza para cubrir poco más que el alquiler por lo que está buscando un trabajo, pero su pasado –del que no se encuentra orgulloso porque asegura porque cometió errores “para sacar mi familia adelante” que acabaron derivando en antecedentes penales– conforma una barrera difícil de traspasar: “Me dicen: tienes un buen perfil, pero por tus antecedentes no puedo contratarte”, menciona Carlos.

Laura ha trabajado toda su vida como feriante y vendedora pero siempre en negro, por lo que su vida laboral parece muy pobre en comparación con la gran experiencia que tiene, que no queda reflejada en ninguna parte. Adrián –hijo de Laura de una pareja anterior que se limita a aportar la pensión que le exige la ley– tiene una discapacidad reconocida del 33%. Debido a su entusiasmo y dedicación, su madre siempre le animó a seguir estudiando, pero él mismo decidió dejar los estudios después de finalizar la ESO para buscar un trabajo y poder ayudar en casa.

Una serie de circunstancias han ido agravando la situación hasta llegar a un punto crítico. Diferentes dificultades burocráticas para acceder a ayudas, problemas de salud graves y una vida, en general, muy complicada, han desembocado en un círculo vicioso del que les resulta muy complicado salir.

Por ejemplo, Laura cuenta cómo tuvo que posponer para otro momento su cirugía de bypass gástrico: “mi marido está enfermo, tiene una fuerte depresión por lo que yo no me puedo permitir operarme ahora y dejarlo solo, además, no tengo dinero para los medicamentos ni para hacer dieta”. Toda está situación le provocó un episodio de depresión severa que, según relata, le llevó a la idea de quitarse la vida: “La habitación se me venía encima, me provocaba una fobia terrible”. Por si fuera poco, muchos medicamentos que debía tomar para sus numerosos problemas le provocan alergia. Los problemas de salud sin resolver dificultan el acceso a un trabajo, pero la falta de ingresos y vivir en una situación tan precaria, supone una barrera para solucionar estos problemas: “Es la pescadilla que se muerde la cola”, señala Laura.

La situación es extrema: la casera amenaza con echarles, se ven obligados a limpiar el piso que comparten con otras tres personas que se desentienden de las tareas de limpieza, sin zonas comunes más que un baño y una cocina, y a arreglar las averías de la casa de las que la casera no se hace cargo.

Las administraciones públicas sí que tienen una línea de ayudas para estas situaciones pero las dificultades de empadronamiento –muchos propietarios no permiten el empadronamiento de los inquilinos– hace que su situación sea especialmente delicada y compleja.

Actualmente se ven respaldados por la Cruz Roja, dentro del programa de “atención a personas en extrema vulnerabilidad”, que les ayuda en la medida de lo posible puesto que los fondos son limitados. El apoyo se concreta en varios frentes: ayudas puntuales para el alquiler cuando la situación se vuelve crítica, acompañamiento emocional, orientación y formación laboral —Carlos llegó a impartir un curso de carnicería para la propia entidad, con buenos resultados entre sus alumnos—, y un sistema de ayudas alimentarias que evita la entrega directa de productos: en su lugar, acuerdos con comercios locales —carnicerías, pescaderías— para que las familias puedan elegir qué comprar, preservando así su dignidad y, de paso, apoyando al pequeño comercio del barrio. La trabajadora social asegura que son una familia encantadora: “Participan en todos los talleres, no son de esa gente que vienen a pedirte y se van”

La historia de esta familia no es excepcional. Según datos de Cruz Roja Valencia, el 80% de las personas que atiende la organización en la ciudad viven hoy en habitaciones de alquiler, pagando entre 300 y 700 euros al mes. Hace apenas cuatro o cinco años, la mayoría de familias podían aspirar a alquilar un piso completo. Ese cambio brutal, ha empujado a cientos de familias a una forma de vida que combina la falta de intimidad, la precariedad económica y, en muchos casos, la exclusión de las ayudas públicas que deberían protegerlas.

Desde la Cruz Roja señalan: “Las situaciones de desigualdad y falta de oportunidades son hereditarias”. Uno de los programas de la organización, dirigido a la promoción del éxito escolar, trabaja precisamente con menores de familias en dificultades para evitar que la precariedad de los padres se traduzca automáticamente en la de los hijos: apoyo con los deberes, una merienda digna, acompañamiento a las familias durante etapas más delicadas como la adolescencia.

En el caso de Adrián, el patrón ya se intuye: dejó de estudiar a los 16 para ayudar económicamente, igual que en su día Carlos —criado entre diez hermanos, sin apenas estudios— tuvo que buscarse la vida desde joven. La diferencia es que ahora hay una red, aunque limitada, que intenta cortar esa cadena antes de que se repita una generación más. El acceso a una educación pública, gratuita y de calidad, y las ayudas económicas, juegan un papel fundamental, son la única palanca real de movilidad social. Sin ellas, el origen familiar no es un punto de partida sino un techo.

Según datos de Cruz Roja Española, en lo que llevamos de año (del 1 de enero al 15 de junio de 2026), han atendido a más de 110.700 personas en situación de extrema vulnerabilidad, con una representación del 56% de mujeres, ofreciendo más de 563.000 respuestas. En 2025, la atención total a este colectivo alcanzó a más de 222.000 personas, con más de 1,2 millones de respuestas.

En la Comunitat Valenciana, en lo que llevamos de año, Cruz Roja ha atendido a más de 18.414 personas en situación de extrema vulnerabilidad, ofreciendo más de 78.087 respuestas. En 2025, la atención total a este colectivo en el territorio valenciano alcanzó a más de 36.166 personas, con más de 158.801 respuestas.

Pese a todo, ni Carlos ni Laura piden asistencia indefinida. Lo repiten varias veces durante la conversación, lo único que quieren es un trabajo digno: “No pido un piso con muchos requisitos. Con que tenga dos habitaciones, una para nosotros y otra para mi hijo, ya vamos para adelante. No pido más”, dice Carlos. Desde Cruz Roja coinciden en el diagnóstico: el problema de fondo ni siquiera es la vivienda, sino la falta de oportunidades laborales. “Es una familia que lo único que quiere es trabajar. Ese es el principal obstáculo con el que se encuentran”, resume la trabajadora social que les acompaña.

Isabel Díaz Ayuso fue contundente después de que el polémico concepto de “prioridad nacional” salpicase los pactos entre PP y Vox en territorios como Extremadura o Aragón. Dijo que “esos requisitos no son legales”. Pero el nuevo reglamento de vivienda aprobado por su propio Gobierno de la Comunidad de Madrid exige un empadronamiento mínimo de diez años para la compra de casas protegidas, un requisito que según distintas organizaciones, ya implica una “discriminación indirecta” a las personas migrantes y, por tanto, podría suponer en la práctica una suerte de “prioridad nacional”.

El aumento de las exigencias mínimas para acceder a ayudas de este tipo no solo se da en la Comunidad de Madrid, aunque con las medidas más recientes, es una de las autonomías más duras en cuanto al mínimo de años de empadronamiento. También ocurre en Canarias, que recientemente ha pasado de siete años a doce. Ahora, diferentes organizaciones sociales han acudido a los tribunales a denunciar lo que consideran una “discriminación indirecta” especialmente a las personas migrantes. El Observatorio DESCA es una de estas asociaciones que ahora apunta a Madrid. “Esta demanda es un aviso a navegantes” para quien vaya por el mismo camino. “Esta propaganda barata y ultra no puede salir gratis al gobierno”, apuntan en declaraciones a elDiario.es.

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Vivienda, no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre este tema.

Desde el Observatorio DESCA trabajan junto a diferentes entidades para evitar lo que consideran una “discriminación indirecta”, especialmente en la Comunidad de Madrid y en la Comunitat Valenciana. “Creemos que en cualquier sitio que se apruebe una medida parecida se tiene que impugnar”, dicen a elDiario.es.

“Es un tipo de medida que parece neutra en apariencia” pero que “discrimina más a las personas migrantes” en realidad. Las personas migrantes tienen más dificultades para empadronarse en una comunidad. “La propia trayectoria de la persona migrante impide tener un recorrido en el mismo municipio”, pero es que además “muchas de estas personas tienen una trayectoria discriminada debido al racismo inmobiliario”. “Las mismas comunidades que no actúan contra este racismo son las que además las excluyen del único mecanismo por el que pueden acceder a una vivienda estable”, indican desde la asociación en referencia a las dificultades que experimentan muchas personas migrantes para acceder al mercado de la vivienda, especialmente a un alquiler.

Una de las organizaciones que trabaja con el Observatorio DESCA es el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). El abogado Javier Rubio explica en declaraciones a elDiario.es que se prevé que el nuevo reglamento general de VPO que el Gobierno de Ayuso está elaborando también incluya estos requisitos: “Junto con otras organizaciones sociales venimos haciendo seguimiento a los sistemas de acceso a la vivienda, cada vez más inaccesibles, y en su momento habrá que valorar una posible impugnación de estas medidas en varios frentes”, precisa.

“Esto ya es la prioridad nacional, que viene de otros países como Francia o Italia”, donde ya se han encontrado con problemas en los tribunales. Sin ir más lejos, este pasado mes de mayo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que exigir diez años de arraigo para acceder a ayudas sociales es una “discriminación indirecta” que afecta “principalmente a los no nacionales” y que, por tanto, estaría “prohibida, en principio” por el “Derecho de la Unión”.

¿Eso significa que es discriminatorio aplicar cualquier requisito de residencia mínimo? En principio, no tiene por qué. “En Catalunya, la ley establece que los municipios pueden decidir no imponer mínimo, pero como máximo pueden ser tres años. Tiene sentido porque para acceder al arraigo son tres años, eso ya muestra una voluntad. Uno puede establecer límites razonables, pero no excluyentes. La vivienda pública sirve para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad”, concluyen desde la organización. A nivel nacional, explica el abogado Javier Rubio, la regulación de la Ley de Vivienda o el Plan Estatal cuentan con “requisitos económicos o sociales pero no establecen ningún requisito de antigüedad”.

Una propuesta inspirada en los pactos autonómicos

Aunque el nuevo Reglamento de Vivienda Protegida en trámite ya contemplaba este requisito de pedir un empadronamiento en la Comunidad durante al menos diez años tanto en la vivienda protegida pública como en la privada, en mayo se aprobó una proposición no de ley presentada por Vox en la Asamblea de Vallecas inspirada directamente en el concepto de “prioridad nacional”. A través del texto, se exige a la Comunidad de Madrid que reclame al Gobierno central que promueva el acceso a estas ayudas bajo este término, no solo en materia de vivienda, sino también con otros subsidios sociales. Una PNL presentada por el partido de extrema derecha y que finalmente el PP modificó y aprobó, a pesar de haber rechazado durante meses la “prioridad nacional”.

El documento contempla como fin “promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. También plantea la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

En concreto, mencionan el sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social, que también buscan que esté “inspirado en el principio de prioridad nacional” pero “adecuado a la legalidad vigente”. Además del mínimo de años, se recoge asimismo el “refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio”. Y consideran que “se debe excluir a aquellos” condenados por okupar viviendas “en los últimos cinco años” además de instar al Gobierno a poner fin al proceso de regularización de migrantes.

Por su parte, Vox celebró lo que consideran como un “giro” del PP: “La Asamblea de Madrid ha aprobado, gracias a Vox, una iniciativa para avanzar en la aplicación del principio de prioridad nacional”, comunicaron. Incluso a nivel nacional celebran aplicar esta medida a toda España: “Exigir diez años de padrón como arraigo prioriza al nacional sobre el inmigrante, es legal y moral”, dijo el diputado Carlos H. Quero.

Este mismo jueves, la Asamblea de Vallecas ha aprobado la nueva ley de medidas urgentes para la vivienda por la que pretenden ampliar la oferta de vivienda asequible y “acelerar los plazos de construcción”. Según datos de la Comunidad de Madrid, en la actualidad la región cuenta con 14.000 viviendas protegidas, en total 4.875 se han entregado ya en nueve municipios, y hay otras 3.495 en construcción. Uno de los puntos que la oposición lleva tiempo pidiendo en este sentido es que estas viviendas no pierdan su calificación de protegidas: desde 2019, 9.871 viviendas han pasado al mercado libre, según publicaba Cadena Ser tras una petición en Transparencia.

Ayudas a la natalidad

Este mismo miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, explicó la relación de la región con el polémico concepto. Lo hizo después de que PP y Vox cerrasen en Castilla y León un pacto que incluía la “prioridad nacional”. Preguntado por si le gustaba el término, García Martín habló precisamente del requisito del arraigo y puso como ejemplo las ayudas a la natalidad.

Cuando Ayuso anunció estas ayudas a la natalidad en 2021, la polémica estalló porque en un principio se exigió que llevaran diez años empadronadas en Madrid. Un requisito que tuvieron que rebajar hasta los cinco años que se piden actualmente. “Esto no es un concepto nuevo”, dijo el portavoz este miércoles, que enmarcó el requisito en la “normalidad”.

Luigi Ferrajoli (Florencia, Italia, 1940) es una leyenda: jurista, antiguo magistrado y uno de los filósofos del Derecho más leídos del mundo. Además de ser el padre del garantismo penal moderno —proteger al máximo de los derechos fundamentales frente al poder punitivo del Estado—, en los últimos años impulsa una Constitución de la Tierra.

Se trata de un proyecto que sacude la actual gobernanza mundial en favor de la paz y de los derechos sociales y que tiene un punto clave: el desarme de los ejércitos. “La utopía es pensar que podemos seguir como ahora”, señala en una entrevista con elDiario.es en Girona, donde Ferrajoli ha sido premiado, junto al exmagistrado Perfecto Andrés Ibáñez, por la Cátedra de Cultura Jurídica de la UdG.

¿Son malos tiempos para el garantismo?

¡Malísimos! La humanidad está gobernada por un pequeño número de autócratas y multimillonarios que desprecian el derecho. Sufrimos dos absolutismos. Uno de tipo político, cuya expresión más clara es el presidente de los EE. UU., Donald Trump, y ha declarado que no tiene más límite que él mismo. El otro es económico, y todavía es más peligroso.

¿Por qué?

Porque financia y corrompe a los políticos y porque existe una asimetría entre el carácter global de la economía y el carácter local de la política. Los poderes económicos pueden transferir sus inversiones a Estados donde no pagan impuestos y deslocalizar el trabajo hacia países donde pueden explotar sin límites a los trabajadores y destruir el medio ambiente. Vivimos una evolución neofeudal del capitalismo y la utopía es pensar que podemos seguir como si nada en vez de cambiar las cosas.

Después de la Segunda Guerra Mundial entramos, al menos en Europa, en una etapa de libertades y derechos, que ahora parece, contra todo pronóstico, reversible. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

A nivel nacional, se ha producido una involución de la democracia en detrimento del dominio de los mercados. Los derechos de los trabajadores se han ido laminando para intentar mantener la producción de las empresas en territorios nacionales, y ni así se han evitado deslocalizaciones. La política fiscal impuesta por las grandes corporaciones y la disminución de los impuestos ha reducido la garantía de los derechos sociales. Y todo ello se ha mezclado con esta concesión populista al líder que dice representar la omnipotencia de la mayoría y ha desconstitucionalizado nuestros ordenamientos.

¿Las guerras que vive el mundo son un resultado de este absolutismo o un intento de consolidarlo?

La situación dramática y el riesgo de un holocausto nuclear debido a la carrera armamentística que todo el mundo, incluso Europa, ha emprendido es real. No solo es por la guerra de Rusia contra Ucrania. También me preocupa el calentamiento global. No hemos iniciado ninguna transición ecológica hacia modelos más sostenibles. Cada año producimos más emisiones contaminantes que el año precedente. Esto significa que en dos siglos, puede que menos, la Tierra será inhabitable.

En la academia existen voces que consideran que la idea de que el derecho internacional esté muerto y sea inútil ante los nuevos autoritarismos es absurda. ¿Qué opina usted?

La guerra de Putin en Ucrania, la guerra de Netanyahu en Gaza o las guerras producidas por Trump sin ninguna justificación han destruido el derecho internacional. Tampoco lo fomentan los grandes poderes económicos internacionales. Vivimos un golpe de Estado internacional que propugna la ley del más fuerte y el desprecio por el derecho. Frente a esta situación no hay otra alternativa que una constitucionalización de la ONU. Tomarse en serio el derecho internacional vigente significa introducirle garantías de cumplimiento.

Creo en una refundación de la Unión Europea y de la ONU sobre la base de la Constitución de la Tierra

¿El individualismo de esos líderes y corporaciones traspasa también al ciudadano corriente?

Creo que nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos, no podrán ya no perdonar, sino tan siquiera comprender, nuestra estupidez y nuestra irresponsabilidad que ha transformado este planeta en un infierno. Nuestra herencia está siendo dejar una Tierra con mucho sufrimiento y literalmente inhabitable, porque no se puede vivir en un sitio donde se alcanzan los 50 o 60 grados centígrados. Los países más ricos pueden intentar bajar sus termostatos, pero dejan un rastro de injusticia ecológica en los países pobres.

Y además, en los países ricos crecen las actitudes contra los migrantes. ¿Europa ya no es un continente de acogida?

Europa tiene una deuda enorme hacia los países de donde provienen migrantes y las políticas de algunos países, como Italia, contra ellos, son una vergüenza y un escándalo para Europa. El derecho a emigrar fue inventado por Francisco de Vitoria en 1539 para legitimar la conquista de América, donde los países europeos produjeron un genocidio. De los 100 millones de personas que habitaban en el continente americano, solo cinco millones sobrevivieron.

El derecho a emigrar ha sido la base del colonialismo y también ha formado parte de las ideas de pensadores liberales como John Locke, que defendía el derecho a emigrar a las“tierras incultas” de América. Hoy en día la transformación en delito de la migración de esta gente, que son los descendientes de los que han sido depredados y esclavizados, es una verdadera vergüenza.

¿Cómo se le ponen límites a estos millonarios y tiranos que no aceptan los límites?

Los límites se ponen introduciendo garantías. Ante todo, se tiene que transformar la Carta de la ONU en una Constitución rígida, que esté por encima las otras constituciones, también las estatales, y que sea capaz de anular las leyes o tratamientos liberticidas de los estados. Toda Constitución se basa en límites y vínculos desde la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. No hay Constitución sin garantía de los derechos y separación de los poderes, que son las dos cosas que el fascismo y todos los populismos tienden a negar.

¿Cuál sería el primer objetivo de esta transformación de la ONU?

La paz y la garantía de los principios universales. La paz se debe garantizar a través de la prohibición y castigo como crimen contra la humanidad, severamente punido, de la producción y comercio de armas. No solamente las armas nucleares, sino todas las armas. Sin armas, la guerra sería imposible. No tener armas es una garantía de la seguridad.

En cada guerra, en cada asesinato y en cada acto de terrorismo está la corresponsabilidad moral de estos productores de muerte, porque las armas se producen para matar. Citando la teoría de Hobbes, tenemos que pasar del estado de naturaleza al estado civil, y esto se produce con el desarme y la desaparición de los ejércitos nacionales. La fuerza correspondería a la ONU y a las policías estatales y municipales. Esta es la norma fundamental de un nuevo ordenamiento jurídico y de una democracia constitucional. Un mundo pacificado podría resolver otros conflictos.

No tener armas es una garantía de seguridad

¿Cómo se puede forzar a los Estados a creer en esta constitucionalización de la ONU?

Creo que en este sentido España tiene un papel importante a jugar. España es el país más avanzado de Europa en la defensa del derecho internacional. Sería una contribución histórica a la salvación de la humanidad y un factor de prestigio que España propusiera una reforma en el sentido de la constitucionalización de la ONU, para tomarse así en serio el derecho positivo que ha sido violado por la falta de garantías.

La verdadera polis hoy es el mundo, la humanidad entera. Y sus verdaderos adversarios son los poderes salvajes y los que defienden las fronteras, expulsar a los inmigrantes. Por ello hay que constitucionalizar los derechos fundamentales una Constitución de la Tierra.

¿Cómo se garantizarían en su proyecto los derechos sociales como la Educación o la Salud?

Se puede articular con una Federación de la Tierra, que es un federalismo diferente al tradicional. No es un federalismo estatal, no tenemos necesidad de un Estado global, sino que lo que se debe universalizar son las garantías, los vínculos y los controles. La función del gobierno y el mercado es la esfera que debe ser confiada a los Estados, pero con la obligación de garantizar la alimentación básica, la educación o la salud. Una renta pública de ciudadanía universal, con un salario mínimo garantizado, sería una manera de emancipar el trabajo de la mera supervivencia.

¿En su propuesta, el Tribunal Internacional de Justicia tendría poder coercitivo para imponer sus decisiones?

Naturalmente, se prevé como garantía secundaria. Las garantías secundarias son las garantías jurisdiccionales, cuya jurisdicción debe ser obligatoria y debe decidir sobre medidas de protección de los derechos y de los bienes fundamentales. La Corte Penal Internacional también debe ser transformada en una jurisdicción obligatoria para algunos crímenes, como por ejemplo el apartheid de género: a las mujeres, que son media humanidad, se las oprime y discrimina por ser mujeres en países como Afganistán o Irán.

Nuestros nietos no nos podrán perdonar la irresponsabilidad que ha transformado este planeta en un infierno

Me gustaría terminar con unas preguntas sobre su país. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha sido derrotada en el referéndum sobre la reforma de la judicatura. ¿Cómo ha visto todo este proceso?

La derrota de la primera ministra, afortunadamente, ha sido un respaldo a la razón. Su reforma era un primer paso hacia la subordinación del poder judicial al ejecutivo y contra la separación de los poderes. Aunque el texto de la reforma era confuso, ella misma [Meloni] dejó claras sus intenciones al asegurar que después de la reforma no existirían “sentencias absurdas”, es decir, que ya no habría sentencias que desagradaran al Gobierno.

Su derrota y su alianza con Trump están desvelando el carácter autoritario de su Gobierno, cuyo partido es heredero del fascismo. El Ejecutivo de Meloni no ha hecho ninguna reforma en favor de los ciudadanos pobres, sino que está aplicando medidas de seguridad de forma compulsiva para limitar el pensamiento y el libre ejercicio de derechos. Su política hacia los migrantes es vergonzosa.

¿Tiene algo de esperanzador esa derrota de Meloni?

¡Sí! Creo que llega un momento donde la gente ve que la mistificación del gobierno sin límites y del autoritarismo solo conduce al colapso. La gente, al final y puede que no toda, pero ve que hay cosas que son inmorales. Y las acciones de muchos líderes autoritarios alimentan la inmoralidad. Además de tomar conciencia, hay que proponer: yo creo en un replanteamiento y una refundación de la Unión Europea y de la ONU sobre la base de la Constitución de la Tierra. Una Europa social, que abriera sus fronteras por la deuda que tiene con el resto de la humanidad, que fuera garantía de derechos y con una renta de ciudadanía por todos cambiaría las tornas del continente y contestaría a los nacionalismos y los populismos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha conmemorado en la localidad alcarreña de Brihuega, el Día Internacional contra la LGTBIfobia, en un acto institucional en el que ha hecho entrega de cinco grandes reconocimientos regionales.

Durante su intervención, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha anunciado que el próximo mes de junio quedará constituida la Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad de Castilla-La Mancha, destacando, a su vez, la labor que el tejido social de la región realiza en materia LGTBI.

“Queremos no solo ser agente de cambio, sino también palanca transformadora para favorecer que otras instituciones o entidades privadas tomen parte activa y se comprometan a desarrollar políticas LGTBI”, para demostrar, ha añadido, que “somos muchas y muchos más quienes entendemos que vivimos en una sociedad diversa, en la que cada persona tiene derecho a ser quien quiera ser, en perfecta igualdad de condiciones”, ha explicado.

Simón ha justificado medidas como esta en la “necesidad de aislar a los discursos de odio”, recordando que la LGTBIfobia es un problema “estructural” a cuyos riesgos se enfrentan, aproximadamente, entre 4 y 5 millones de personas mayores de edad en nuestro país.

“Existen datos a nivel nacional que sin duda urgen a seguir trabajando: el 54% de las personas LGTBI han sufrido situaciones de odio en el último año, de forma física o a través de los entornos digitales. Apenas un tercio de las personas que sufren estos episodios decide denunciar y pedir ayuda a instituciones o entidades”, ha desarrollado la consejera.

Sara Simón ha expuesto también datos positivos, como que el nivel de denuncia ha pasado en solo dos años del 17 al 34%, gracias “a un mayor apoyo social”, que siempre ha destacado por ser un espacio de respeto y de convivencia para las personas LGTBI, remarcando el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha, que, frente a lo que sucede en otras regiones, “no deroga las leyes de diversidad sexual, sino que amplía derechos y servicios para orientar, atender y acompañar a personas LGTBI”.

Durante el acto celebrado en Brihuega, en el que ha participado el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, y el alcalde de la localidad, Luis Viejo; el Gobierno ha hecho entrega de cinco reconocimientos regionales a personas que destacan “por hacer de nuestra sociedad un mejor espacio en el que convivir bajo criterios de libertad, igualdad, tolerancia y reconocimiento mutuo”.

Los reconocimientos

Por la provincia de Albacete, el Gobierno regional reconoce la labor de la escritora, poeta y activista cultural, Sara Monsalve, por su continuo compromiso con la defensa e igualdad, con el feminismo y con la visibilización del colectivo LGTBI, utilizando la palabra para reivindicar derechos, combatir prejuicios y generar referentes diversos.

El activista Jesús Muñoz Morales es la persona reconocida en la provincia de Ciudad Real, figura clave en el activismo LGTBI de Castilla-La Mancha y uno de los principales impulsores del movimiento asociativo en la comarca de Mancha Centro.

El Gobierno regional destaca también la trayectoria de la activista María Elena López Blasco, impulsora del movimiento LTGBI en Cuenca y firme defensora de los derechos de las personas trans y de sus familias, a partir de una experiencia personal.

En Guadalajara, la entidad reconocida es la empresa Mixer & Pack, que destaca por un modelo comprometido con la igualdad y la diversidad, la equidad y la inclusión de las personas LGTBI en el ámbito laboral, concibiendo toda la compañía como un espacio seguro, donde cada persona puede desarrollar su proyecto vital desde la libertad y la autenticidad.

La Escuela de Arte de Toledo obtiene el último reconocimiento regional, que destaca su apuesta por una educación integradora que valore la diversidad y atienda a las distintas realidades personales y sociales del alumnado, incluyendo de manera expresa la diversidad afectivo-sexual y de género, fomentando un clima de convivencia basado en el respeto mutuo, la tolerancia y la participación.

Un turno de noche que terminaba de madrugada y enlazaba con otra jornada al amanecer dejaba a muchas personas sin apenas descanso. Los trabajadores pasaron décadas en ese ritmo, con horarios que podían alargarse hasta 16 horas y salarios que apenas cubrían lo básico, mientras sus hijos entraban en fábricas desde los seis años y las mujeres asumían turnos nocturnos para completar ingresos.

Esa situación empujó a miles de personas a organizarse y exigir cambios, porque el tiempo de trabajo ocupaba toda la vida diaria y dejaba fuera cualquier conciliación personal. La presión creció hasta convertir la reclamación de una jornada de ocho horas en una exigencia que marcó el inicio de una intensa lucha por los derechos laborales.

La huelga de 1886 arrancó la protesta por las ocho horas

La huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 en Estados Unidos, seguida por la revuelta de Haymarket y la condena de ocho trabajadores, dio origen a la conmemoración internacional del Día del Trabajo.

Según Historia National Geographic, ese conflicto se desarrolló en un momento de fuerte crecimiento industrial, con ciudades como Chicago que habían multiplicado su población por la llegada de trabajadores atraídos por la industria y el transporte.

La movilización buscaba aplicar una jornada de ocho horas que ya figuraba en leyes como la impulsada en 1868 por el presidente Andrew Johnson, pero que no se cumplía en la práctica. Esa brecha entre norma y realidad empujó a sindicatos y organizaciones obreras a fijar una fecha para actuar.

Las jornadas laborales en aquel periodo alcanzaban cifras que duraban casi el día completo. Muchos trabajadores empezaban a las cuatro de la madrugada y terminaban a las ocho de la tarde, lo que dejaba apenas espacio para descansar. Esa presión diaria se combinaba con sueldos bajos y con la amenaza constante del paro si cerraba una empresa, una situación que obligaba a muchas familias a aceptar cualquier condición. La dureza no se limitaba al horario, también incluía entornos peligrosos y una vigilancia policial que respondía con fuerza ante cualquier protesta.

La Federación del Trabajo decidió dar un paso organizado y fijó el 1 de mayo de 1886 como fecha para iniciar una huelga general. La convocatoria se extendió por varias ciudades, con especial intensidad en Chicago, donde miles de personas salieron a la calle para exigir la jornada de ocho horas.

Algunas empresas aceptaron reducir horarios, pero otras se negaron, lo que generó tensiones que crecieron durante varios días. Esa falta de acuerdo convirtió las protestas en un conflicto abierto que se prolongó más allá de la fecha inicial.

Los Mártires de Chicago quedaron ligados a la lucha laboral

El 4 de mayo, en la plaza Haymarket de Chicago, una concentración terminó en violencia tras la explosión de una bomba entre las fuerzas policiales. Murieron agentes y manifestantes, y la respuesta de la policía incluyó disparos que causaron más víctimas y centenares de heridos. No se pudo determinar con certeza quién lanzó el artefacto, pero la presión política llevó a detener a varios dirigentes obreros. El episodio, asimismo, se convirtió en el punto más grave del conflicto iniciado días antes.

El juicio posterior condenó a ocho hombres vinculados al movimiento obrero. Cuatro fueron ejecutados en la horca, otro se suicidó en prisión antes de que lo colgaran junto a sus compañeros y otros recibieron penas de cárcel, a pesar de que no se presentaron pruebas directas que los relacionaran con la bomba.

August Spies, uno de los condenados, afirmó antes de morir que “llegará un momento en que nuestro silencio será más poderoso que las voces que hoy estranguláis”. Esa frase circuló en círculos obreros y quedó asociada a la memoria de quienes fueron castigados tras las protestas.

Los ejecutados pasaron a ser conocidos como los Mártires de Chicago. Su caso no partía de una condena por pedir ocho horas de trabajo, sino de un proceso penal tras los disturbios, pero la conexión entre su muerte y la reivindicación laboral quedó para la historia. De esta manera, los movimientos obreros adoptaron esa referencia para recordar la represión sufrida en el camino hacia derechos básicos.

La Segunda Internacional fijó el 1 de mayo como jornada obrera

En 1889, la Segunda Internacional decidió establecer el 1 de mayo como jornada internacional de reivindicación obrera. La elección buscaba mantener viva la memoria de los hechos de Chicago y dar continuidad a la exigencia de una jornada laboral limitada. La fecha dejó de ser solo un episodio concreto y pasó a formar parte de una tradición que se extendió por Europa y América Latina como Día del Trabajador.

Estados Unidos tomó un camino distinto y consolidó el Labor Day en septiembre como su principal festividad laboral. La decisión se vinculó a un rechazo parcial de los sucesos de Chicago y a una voluntad política de alejar esa conmemoración de los movimientos obreros más conflictivos.

Esa diferencia se mantiene, mientras el 1 de mayo sigue siendo en muchos países como España en una jornada ligada a la memoria de aquellas protestas y a los derechos que se lograron después.

L'Ajuntament de Palma ha reconegut que van existir indicacions polítiques en la decisió de no reforçar el personal de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) en ple procés de regularització de persones migrants, un fet que diversos funcionaris de l'àrea de Serveis Socials van denunciar la setmana passada en un comunicat. Des del Consistori, governat per PP i Vox, justifica el seu plantejament en la intenció que la resta de serveis que ofereix la corporació municipal no veiessin minvada la seva capacitat d'acció i funcionessin amb normalitat.

Durant la Comissió de Serveis a la Ciutadania celebrada aquest dijous al Consistori, la coordinadora de Serveis Socials de Cort, Patricia Pizà, que va comparèixer a petició d'Unides Podem, va assenyalar que es van donar instruccions des de la direcció política per no reforçar les OAC malgrat l'increment de la càrrega de treball, encara que no va aclarir qui les va donar, tal com informa Diario de Mallorca. En declaracions a elDiario.es, fonts de l'Ajuntament precisen, sense desmentir aquesta informació, que el servei compta amb cinc treballadors i que s'han ajustat els horaris per atendre la demanda, si bé s'ha descartat reforçar-lo en considerar que implicaria desatendre altres àrees.

La decisió hauria respost així, segons la corporació municipal, a un criteri d'organització interna per evitar descompensar altres serveis considerats igualment prioritaris i equilibrar les diferents necessitats del conjunt de la ciutadania.

Segons va explicar a Europa Press el regidor de Més per Palma Miquel Àngel Contreras, qui va ser present a la comissió, Pizà no va respondre a “pràcticament res” durant la seva primera intervenció. Després que els grups municipals de l'esquerra li reformulessin les preguntes, la coordinadora de Serveis Socials va admetre que es van donar -en paraules de l'ecosobiranista-, “instruccions o directrius polítiques” per no reforçar les OAC malgrat l'increment de la càrrega de treball, encara que no va precisar qui les va donar.

En aquest sentit, l'Ajuntament insisteix que continua prestant el servei i tramitant les sol·licituds dins les seves capacitats actuals, alhora que assenyala que el procés de regularització depèn en gran mesura de la planificació estatal.

Des de l'oposició d'esquerres, tanmateix, qüestionen la decisió de no reforçar el servei en aquest context i dóna per acreditades les ordres polítiques de no reforçar les oficines davant l'augment de la demanda derivat de l'expedició d'informes de vulnerabilitat per a la regularització extraordinària de persones migrants.

El dimarts passat, el Govern central va acusar a més el PP de “boicotegar” els tràmits que necessiten els migrants per accedir a la regularització extraordinària impulsada des de la Moncloa impedint que els ajuntaments governats pel partit d'Alberto Núñez Feijóo realitzin les gestions oportunes. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra de migracions i portaveu de l'Executiu va assegurar que hi ha “ajuntaments que seguint directrius polítiques del PP estan boicotejant les esperances i els drets” dels migrants.

Els veïns de Palma que esperen el seu torn davant les oficines de l'OAC busquen, en la majoria dels casos, un certificat de vulnerabilitat social. És un dels documents essencials per a qualsevol migrant que vulgui iniciar la seva regularització. El procés va començar el dimecres de la setmana passada després que el Govern aprovés per Reial Decret en l'últim Consell de Ministres concedir permís de residència als extracomunitaris que puguin demostrar arrelament a Espanya i no tinguin antecedents penals.

La nota dels funcionaris assegurava que, davant les cues que començaven a formar-se, “l'equip directiu” de l'OAC va activar “mesures de reforç de personal amb l'objectiu de garantir una atenció adequada i el compliment dels terminis establerts”. Segons continuava el text, aquell mateix matí hi va haver ordres de “no reforçar el servei, deixant tota la gestió d'aquest volum extraordinari en mans únicament de les professionals habituals de l'OAC Social”. 

Poc després que els mitjans rebessin l'escrit dels funcionaris, el batle de Palma, Jaime Martínez, sense fer esment a la nota, va asseverar que “no es pot entrar en aquesta ciutat per la porta del darrere”. Segons les dades aportades en la comissió, i que recull Última Hora, les oficines municipals han rebut ja prop de 4.000 sol·licituds per a l'emissió de certificats de vulnerabilitat, un requisit essencial en alguns casos del procés de regularització. Tanmateix, moltes d'elles encara no han començat a tramitar-se a causa de la manca de recursos humans.