Isabel Díaz Ayuso fue contundente después de que el polémico concepto de “prioridad nacional” salpicase los pactos entre PP y Vox en territorios como Extremadura o Aragón. Dijo que “esos requisitos no son legales”. Pero el nuevo reglamento de vivienda aprobado por su propio Gobierno de la Comunidad de Madrid exige un empadronamiento mínimo de diez años para la compra de casas protegidas, un requisito que según distintas organizaciones, ya implica una “discriminación indirecta” a las personas migrantes y, por tanto, podría suponer en la práctica una suerte de “prioridad nacional”.

El aumento de las exigencias mínimas para acceder a ayudas de este tipo no solo se da en la Comunidad de Madrid, aunque con las medidas más recientes, es una de las autonomías más duras en cuanto al mínimo de años de empadronamiento. También ocurre en Canarias, que recientemente ha pasado de siete años a doce. Ahora, diferentes organizaciones sociales han acudido a los tribunales a denunciar lo que consideran una “discriminación indirecta” especialmente a las personas migrantes. El Observatorio DESCA es una de estas asociaciones que ahora apunta a Madrid. “Esta demanda es un aviso a navegantes” para quien vaya por el mismo camino. “Esta propaganda barata y ultra no puede salir gratis al gobierno”, apuntan en declaraciones a elDiario.es.

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Vivienda, no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre este tema.

Desde el Observatorio DESCA trabajan junto a diferentes entidades para evitar lo que consideran una “discriminación indirecta”, especialmente en la Comunidad de Madrid y en la Comunitat Valenciana. “Creemos que en cualquier sitio que se apruebe una medida parecida se tiene que impugnar”, dicen a elDiario.es.

“Es un tipo de medida que parece neutra en apariencia” pero que “discrimina más a las personas migrantes” en realidad. Las personas migrantes tienen más dificultades para empadronarse en una comunidad. “La propia trayectoria de la persona migrante impide tener un recorrido en el mismo municipio”, pero es que además “muchas de estas personas tienen una trayectoria discriminada debido al racismo inmobiliario”. “Las mismas comunidades que no actúan contra este racismo son las que además las excluyen del único mecanismo por el que pueden acceder a una vivienda estable”, indican desde la asociación en referencia a las dificultades que experimentan muchas personas migrantes para acceder al mercado de la vivienda, especialmente a un alquiler.

Una de las organizaciones que trabaja con el Observatorio DESCA es el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). El abogado Javier Rubio explica en declaraciones a elDiario.es que se prevé que el nuevo reglamento general de VPO que el Gobierno de Ayuso está elaborando también incluya estos requisitos: “Junto con otras organizaciones sociales venimos haciendo seguimiento a los sistemas de acceso a la vivienda, cada vez más inaccesibles, y en su momento habrá que valorar una posible impugnación de estas medidas en varios frentes”, precisa.

“Esto ya es la prioridad nacional, que viene de otros países como Francia o Italia”, donde ya se han encontrado con problemas en los tribunales. Sin ir más lejos, este pasado mes de mayo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que exigir diez años de arraigo para acceder a ayudas sociales es una “discriminación indirecta” que afecta “principalmente a los no nacionales” y que, por tanto, estaría “prohibida, en principio” por el “Derecho de la Unión”.

¿Eso significa que es discriminatorio aplicar cualquier requisito de residencia mínimo? En principio, no tiene por qué. “En Catalunya, la ley establece que los municipios pueden decidir no imponer mínimo, pero como máximo pueden ser tres años. Tiene sentido porque para acceder al arraigo son tres años, eso ya muestra una voluntad. Uno puede establecer límites razonables, pero no excluyentes. La vivienda pública sirve para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad”, concluyen desde la organización. A nivel nacional, explica el abogado Javier Rubio, la regulación de la Ley de Vivienda o el Plan Estatal cuentan con “requisitos económicos o sociales pero no establecen ningún requisito de antigüedad”.

Una propuesta inspirada en los pactos autonómicos

Aunque el nuevo Reglamento de Vivienda Protegida en trámite ya contemplaba este requisito de pedir un empadronamiento en la Comunidad durante al menos diez años tanto en la vivienda protegida pública como en la privada, en mayo se aprobó una proposición no de ley presentada por Vox en la Asamblea de Vallecas inspirada directamente en el concepto de “prioridad nacional”. A través del texto, se exige a la Comunidad de Madrid que reclame al Gobierno central que promueva el acceso a estas ayudas bajo este término, no solo en materia de vivienda, sino también con otros subsidios sociales. Una PNL presentada por el partido de extrema derecha y que finalmente el PP modificó y aprobó, a pesar de haber rechazado durante meses la “prioridad nacional”.

El documento contempla como fin “promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. También plantea la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

En concreto, mencionan el sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social, que también buscan que esté “inspirado en el principio de prioridad nacional” pero “adecuado a la legalidad vigente”. Además del mínimo de años, se recoge asimismo el “refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio”. Y consideran que “se debe excluir a aquellos” condenados por okupar viviendas “en los últimos cinco años” además de instar al Gobierno a poner fin al proceso de regularización de migrantes.

Por su parte, Vox celebró lo que consideran como un “giro” del PP: “La Asamblea de Madrid ha aprobado, gracias a Vox, una iniciativa para avanzar en la aplicación del principio de prioridad nacional”, comunicaron. Incluso a nivel nacional celebran aplicar esta medida a toda España: “Exigir diez años de padrón como arraigo prioriza al nacional sobre el inmigrante, es legal y moral”, dijo el diputado Carlos H. Quero.

Este mismo jueves, la Asamblea de Vallecas ha aprobado la nueva ley de medidas urgentes para la vivienda por la que pretenden ampliar la oferta de vivienda asequible y “acelerar los plazos de construcción”. Según datos de la Comunidad de Madrid, en la actualidad la región cuenta con 14.000 viviendas protegidas, en total 4.875 se han entregado ya en nueve municipios, y hay otras 3.495 en construcción. Uno de los puntos que la oposición lleva tiempo pidiendo en este sentido es que estas viviendas no pierdan su calificación de protegidas: desde 2019, 9.871 viviendas han pasado al mercado libre, según publicaba Cadena Ser tras una petición en Transparencia.

Ayudas a la natalidad

Este mismo miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, explicó la relación de la región con el polémico concepto. Lo hizo después de que PP y Vox cerrasen en Castilla y León un pacto que incluía la “prioridad nacional”. Preguntado por si le gustaba el término, García Martín habló precisamente del requisito del arraigo y puso como ejemplo las ayudas a la natalidad.

Cuando Ayuso anunció estas ayudas a la natalidad en 2021, la polémica estalló porque en un principio se exigió que llevaran diez años empadronadas en Madrid. Un requisito que tuvieron que rebajar hasta los cinco años que se piden actualmente. “Esto no es un concepto nuevo”, dijo el portavoz este miércoles, que enmarcó el requisito en la “normalidad”.

Luigi Ferrajoli (Florencia, Italia, 1940) es una leyenda: jurista, antiguo magistrado y uno de los filósofos del Derecho más leídos del mundo. Además de ser el padre del garantismo penal moderno —proteger al máximo de los derechos fundamentales frente al poder punitivo del Estado—, en los últimos años impulsa una Constitución de la Tierra.

Se trata de un proyecto que sacude la actual gobernanza mundial en favor de la paz y de los derechos sociales y que tiene un punto clave: el desarme de los ejércitos. “La utopía es pensar que podemos seguir como ahora”, señala en una entrevista con elDiario.es en Girona, donde Ferrajoli ha sido premiado, junto al exmagistrado Perfecto Andrés Ibáñez, por la Cátedra de Cultura Jurídica de la UdG.

¿Son malos tiempos para el garantismo?

¡Malísimos! La humanidad está gobernada por un pequeño número de autócratas y multimillonarios que desprecian el derecho. Sufrimos dos absolutismos. Uno de tipo político, cuya expresión más clara es el presidente de los EE. UU., Donald Trump, y ha declarado que no tiene más límite que él mismo. El otro es económico, y todavía es más peligroso.

¿Por qué?

Porque financia y corrompe a los políticos y porque existe una asimetría entre el carácter global de la economía y el carácter local de la política. Los poderes económicos pueden transferir sus inversiones a Estados donde no pagan impuestos y deslocalizar el trabajo hacia países donde pueden explotar sin límites a los trabajadores y destruir el medio ambiente. Vivimos una evolución neofeudal del capitalismo y la utopía es pensar que podemos seguir como si nada en vez de cambiar las cosas.

Después de la Segunda Guerra Mundial entramos, al menos en Europa, en una etapa de libertades y derechos, que ahora parece, contra todo pronóstico, reversible. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

A nivel nacional, se ha producido una involución de la democracia en detrimento del dominio de los mercados. Los derechos de los trabajadores se han ido laminando para intentar mantener la producción de las empresas en territorios nacionales, y ni así se han evitado deslocalizaciones. La política fiscal impuesta por las grandes corporaciones y la disminución de los impuestos ha reducido la garantía de los derechos sociales. Y todo ello se ha mezclado con esta concesión populista al líder que dice representar la omnipotencia de la mayoría y ha desconstitucionalizado nuestros ordenamientos.

¿Las guerras que vive el mundo son un resultado de este absolutismo o un intento de consolidarlo?

La situación dramática y el riesgo de un holocausto nuclear debido a la carrera armamentística que todo el mundo, incluso Europa, ha emprendido es real. No solo es por la guerra de Rusia contra Ucrania. También me preocupa el calentamiento global. No hemos iniciado ninguna transición ecológica hacia modelos más sostenibles. Cada año producimos más emisiones contaminantes que el año precedente. Esto significa que en dos siglos, puede que menos, la Tierra será inhabitable.

En la academia existen voces que consideran que la idea de que el derecho internacional esté muerto y sea inútil ante los nuevos autoritarismos es absurda. ¿Qué opina usted?

La guerra de Putin en Ucrania, la guerra de Netanyahu en Gaza o las guerras producidas por Trump sin ninguna justificación han destruido el derecho internacional. Tampoco lo fomentan los grandes poderes económicos internacionales. Vivimos un golpe de Estado internacional que propugna la ley del más fuerte y el desprecio por el derecho. Frente a esta situación no hay otra alternativa que una constitucionalización de la ONU. Tomarse en serio el derecho internacional vigente significa introducirle garantías de cumplimiento.

Creo en una refundación de la Unión Europea y de la ONU sobre la base de la Constitución de la Tierra

¿El individualismo de esos líderes y corporaciones traspasa también al ciudadano corriente?

Creo que nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos, no podrán ya no perdonar, sino tan siquiera comprender, nuestra estupidez y nuestra irresponsabilidad que ha transformado este planeta en un infierno. Nuestra herencia está siendo dejar una Tierra con mucho sufrimiento y literalmente inhabitable, porque no se puede vivir en un sitio donde se alcanzan los 50 o 60 grados centígrados. Los países más ricos pueden intentar bajar sus termostatos, pero dejan un rastro de injusticia ecológica en los países pobres.

Y además, en los países ricos crecen las actitudes contra los migrantes. ¿Europa ya no es un continente de acogida?

Europa tiene una deuda enorme hacia los países de donde provienen migrantes y las políticas de algunos países, como Italia, contra ellos, son una vergüenza y un escándalo para Europa. El derecho a emigrar fue inventado por Francisco de Vitoria en 1539 para legitimar la conquista de América, donde los países europeos produjeron un genocidio. De los 100 millones de personas que habitaban en el continente americano, solo cinco millones sobrevivieron.

El derecho a emigrar ha sido la base del colonialismo y también ha formado parte de las ideas de pensadores liberales como John Locke, que defendía el derecho a emigrar a las“tierras incultas” de América. Hoy en día la transformación en delito de la migración de esta gente, que son los descendientes de los que han sido depredados y esclavizados, es una verdadera vergüenza.

¿Cómo se le ponen límites a estos millonarios y tiranos que no aceptan los límites?

Los límites se ponen introduciendo garantías. Ante todo, se tiene que transformar la Carta de la ONU en una Constitución rígida, que esté por encima las otras constituciones, también las estatales, y que sea capaz de anular las leyes o tratamientos liberticidas de los estados. Toda Constitución se basa en límites y vínculos desde la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. No hay Constitución sin garantía de los derechos y separación de los poderes, que son las dos cosas que el fascismo y todos los populismos tienden a negar.

¿Cuál sería el primer objetivo de esta transformación de la ONU?

La paz y la garantía de los principios universales. La paz se debe garantizar a través de la prohibición y castigo como crimen contra la humanidad, severamente punido, de la producción y comercio de armas. No solamente las armas nucleares, sino todas las armas. Sin armas, la guerra sería imposible. No tener armas es una garantía de la seguridad.

En cada guerra, en cada asesinato y en cada acto de terrorismo está la corresponsabilidad moral de estos productores de muerte, porque las armas se producen para matar. Citando la teoría de Hobbes, tenemos que pasar del estado de naturaleza al estado civil, y esto se produce con el desarme y la desaparición de los ejércitos nacionales. La fuerza correspondería a la ONU y a las policías estatales y municipales. Esta es la norma fundamental de un nuevo ordenamiento jurídico y de una democracia constitucional. Un mundo pacificado podría resolver otros conflictos.

No tener armas es una garantía de seguridad

¿Cómo se puede forzar a los Estados a creer en esta constitucionalización de la ONU?

Creo que en este sentido España tiene un papel importante a jugar. España es el país más avanzado de Europa en la defensa del derecho internacional. Sería una contribución histórica a la salvación de la humanidad y un factor de prestigio que España propusiera una reforma en el sentido de la constitucionalización de la ONU, para tomarse así en serio el derecho positivo que ha sido violado por la falta de garantías.

La verdadera polis hoy es el mundo, la humanidad entera. Y sus verdaderos adversarios son los poderes salvajes y los que defienden las fronteras, expulsar a los inmigrantes. Por ello hay que constitucionalizar los derechos fundamentales una Constitución de la Tierra.

¿Cómo se garantizarían en su proyecto los derechos sociales como la Educación o la Salud?

Se puede articular con una Federación de la Tierra, que es un federalismo diferente al tradicional. No es un federalismo estatal, no tenemos necesidad de un Estado global, sino que lo que se debe universalizar son las garantías, los vínculos y los controles. La función del gobierno y el mercado es la esfera que debe ser confiada a los Estados, pero con la obligación de garantizar la alimentación básica, la educación o la salud. Una renta pública de ciudadanía universal, con un salario mínimo garantizado, sería una manera de emancipar el trabajo de la mera supervivencia.

¿En su propuesta, el Tribunal Internacional de Justicia tendría poder coercitivo para imponer sus decisiones?

Naturalmente, se prevé como garantía secundaria. Las garantías secundarias son las garantías jurisdiccionales, cuya jurisdicción debe ser obligatoria y debe decidir sobre medidas de protección de los derechos y de los bienes fundamentales. La Corte Penal Internacional también debe ser transformada en una jurisdicción obligatoria para algunos crímenes, como por ejemplo el apartheid de género: a las mujeres, que son media humanidad, se las oprime y discrimina por ser mujeres en países como Afganistán o Irán.

Nuestros nietos no nos podrán perdonar la irresponsabilidad que ha transformado este planeta en un infierno

Me gustaría terminar con unas preguntas sobre su país. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha sido derrotada en el referéndum sobre la reforma de la judicatura. ¿Cómo ha visto todo este proceso?

La derrota de la primera ministra, afortunadamente, ha sido un respaldo a la razón. Su reforma era un primer paso hacia la subordinación del poder judicial al ejecutivo y contra la separación de los poderes. Aunque el texto de la reforma era confuso, ella misma [Meloni] dejó claras sus intenciones al asegurar que después de la reforma no existirían “sentencias absurdas”, es decir, que ya no habría sentencias que desagradaran al Gobierno.

Su derrota y su alianza con Trump están desvelando el carácter autoritario de su Gobierno, cuyo partido es heredero del fascismo. El Ejecutivo de Meloni no ha hecho ninguna reforma en favor de los ciudadanos pobres, sino que está aplicando medidas de seguridad de forma compulsiva para limitar el pensamiento y el libre ejercicio de derechos. Su política hacia los migrantes es vergonzosa.

¿Tiene algo de esperanzador esa derrota de Meloni?

¡Sí! Creo que llega un momento donde la gente ve que la mistificación del gobierno sin límites y del autoritarismo solo conduce al colapso. La gente, al final y puede que no toda, pero ve que hay cosas que son inmorales. Y las acciones de muchos líderes autoritarios alimentan la inmoralidad. Además de tomar conciencia, hay que proponer: yo creo en un replanteamiento y una refundación de la Unión Europea y de la ONU sobre la base de la Constitución de la Tierra. Una Europa social, que abriera sus fronteras por la deuda que tiene con el resto de la humanidad, que fuera garantía de derechos y con una renta de ciudadanía por todos cambiaría las tornas del continente y contestaría a los nacionalismos y los populismos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha conmemorado en la localidad alcarreña de Brihuega, el Día Internacional contra la LGTBIfobia, en un acto institucional en el que ha hecho entrega de cinco grandes reconocimientos regionales.

Durante su intervención, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha anunciado que el próximo mes de junio quedará constituida la Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad de Castilla-La Mancha, destacando, a su vez, la labor que el tejido social de la región realiza en materia LGTBI.

“Queremos no solo ser agente de cambio, sino también palanca transformadora para favorecer que otras instituciones o entidades privadas tomen parte activa y se comprometan a desarrollar políticas LGTBI”, para demostrar, ha añadido, que “somos muchas y muchos más quienes entendemos que vivimos en una sociedad diversa, en la que cada persona tiene derecho a ser quien quiera ser, en perfecta igualdad de condiciones”, ha explicado.

Simón ha justificado medidas como esta en la “necesidad de aislar a los discursos de odio”, recordando que la LGTBIfobia es un problema “estructural” a cuyos riesgos se enfrentan, aproximadamente, entre 4 y 5 millones de personas mayores de edad en nuestro país.

“Existen datos a nivel nacional que sin duda urgen a seguir trabajando: el 54% de las personas LGTBI han sufrido situaciones de odio en el último año, de forma física o a través de los entornos digitales. Apenas un tercio de las personas que sufren estos episodios decide denunciar y pedir ayuda a instituciones o entidades”, ha desarrollado la consejera.

Sara Simón ha expuesto también datos positivos, como que el nivel de denuncia ha pasado en solo dos años del 17 al 34%, gracias “a un mayor apoyo social”, que siempre ha destacado por ser un espacio de respeto y de convivencia para las personas LGTBI, remarcando el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha, que, frente a lo que sucede en otras regiones, “no deroga las leyes de diversidad sexual, sino que amplía derechos y servicios para orientar, atender y acompañar a personas LGTBI”.

Durante el acto celebrado en Brihuega, en el que ha participado el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, y el alcalde de la localidad, Luis Viejo; el Gobierno ha hecho entrega de cinco reconocimientos regionales a personas que destacan “por hacer de nuestra sociedad un mejor espacio en el que convivir bajo criterios de libertad, igualdad, tolerancia y reconocimiento mutuo”.

Los reconocimientos

Por la provincia de Albacete, el Gobierno regional reconoce la labor de la escritora, poeta y activista cultural, Sara Monsalve, por su continuo compromiso con la defensa e igualdad, con el feminismo y con la visibilización del colectivo LGTBI, utilizando la palabra para reivindicar derechos, combatir prejuicios y generar referentes diversos.

El activista Jesús Muñoz Morales es la persona reconocida en la provincia de Ciudad Real, figura clave en el activismo LGTBI de Castilla-La Mancha y uno de los principales impulsores del movimiento asociativo en la comarca de Mancha Centro.

El Gobierno regional destaca también la trayectoria de la activista María Elena López Blasco, impulsora del movimiento LTGBI en Cuenca y firme defensora de los derechos de las personas trans y de sus familias, a partir de una experiencia personal.

En Guadalajara, la entidad reconocida es la empresa Mixer & Pack, que destaca por un modelo comprometido con la igualdad y la diversidad, la equidad y la inclusión de las personas LGTBI en el ámbito laboral, concibiendo toda la compañía como un espacio seguro, donde cada persona puede desarrollar su proyecto vital desde la libertad y la autenticidad.

La Escuela de Arte de Toledo obtiene el último reconocimiento regional, que destaca su apuesta por una educación integradora que valore la diversidad y atienda a las distintas realidades personales y sociales del alumnado, incluyendo de manera expresa la diversidad afectivo-sexual y de género, fomentando un clima de convivencia basado en el respeto mutuo, la tolerancia y la participación.

Un turno de noche que terminaba de madrugada y enlazaba con otra jornada al amanecer dejaba a muchas personas sin apenas descanso. Los trabajadores pasaron décadas en ese ritmo, con horarios que podían alargarse hasta 16 horas y salarios que apenas cubrían lo básico, mientras sus hijos entraban en fábricas desde los seis años y las mujeres asumían turnos nocturnos para completar ingresos.

Esa situación empujó a miles de personas a organizarse y exigir cambios, porque el tiempo de trabajo ocupaba toda la vida diaria y dejaba fuera cualquier conciliación personal. La presión creció hasta convertir la reclamación de una jornada de ocho horas en una exigencia que marcó el inicio de una intensa lucha por los derechos laborales.

La huelga de 1886 arrancó la protesta por las ocho horas

La huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 en Estados Unidos, seguida por la revuelta de Haymarket y la condena de ocho trabajadores, dio origen a la conmemoración internacional del Día del Trabajo.

Según Historia National Geographic, ese conflicto se desarrolló en un momento de fuerte crecimiento industrial, con ciudades como Chicago que habían multiplicado su población por la llegada de trabajadores atraídos por la industria y el transporte.

La movilización buscaba aplicar una jornada de ocho horas que ya figuraba en leyes como la impulsada en 1868 por el presidente Andrew Johnson, pero que no se cumplía en la práctica. Esa brecha entre norma y realidad empujó a sindicatos y organizaciones obreras a fijar una fecha para actuar.

Las jornadas laborales en aquel periodo alcanzaban cifras que duraban casi el día completo. Muchos trabajadores empezaban a las cuatro de la madrugada y terminaban a las ocho de la tarde, lo que dejaba apenas espacio para descansar. Esa presión diaria se combinaba con sueldos bajos y con la amenaza constante del paro si cerraba una empresa, una situación que obligaba a muchas familias a aceptar cualquier condición. La dureza no se limitaba al horario, también incluía entornos peligrosos y una vigilancia policial que respondía con fuerza ante cualquier protesta.

La Federación del Trabajo decidió dar un paso organizado y fijó el 1 de mayo de 1886 como fecha para iniciar una huelga general. La convocatoria se extendió por varias ciudades, con especial intensidad en Chicago, donde miles de personas salieron a la calle para exigir la jornada de ocho horas.

Algunas empresas aceptaron reducir horarios, pero otras se negaron, lo que generó tensiones que crecieron durante varios días. Esa falta de acuerdo convirtió las protestas en un conflicto abierto que se prolongó más allá de la fecha inicial.

Los Mártires de Chicago quedaron ligados a la lucha laboral

El 4 de mayo, en la plaza Haymarket de Chicago, una concentración terminó en violencia tras la explosión de una bomba entre las fuerzas policiales. Murieron agentes y manifestantes, y la respuesta de la policía incluyó disparos que causaron más víctimas y centenares de heridos. No se pudo determinar con certeza quién lanzó el artefacto, pero la presión política llevó a detener a varios dirigentes obreros. El episodio, asimismo, se convirtió en el punto más grave del conflicto iniciado días antes.

El juicio posterior condenó a ocho hombres vinculados al movimiento obrero. Cuatro fueron ejecutados en la horca, otro se suicidó en prisión antes de que lo colgaran junto a sus compañeros y otros recibieron penas de cárcel, a pesar de que no se presentaron pruebas directas que los relacionaran con la bomba.

August Spies, uno de los condenados, afirmó antes de morir que “llegará un momento en que nuestro silencio será más poderoso que las voces que hoy estranguláis”. Esa frase circuló en círculos obreros y quedó asociada a la memoria de quienes fueron castigados tras las protestas.

Los ejecutados pasaron a ser conocidos como los Mártires de Chicago. Su caso no partía de una condena por pedir ocho horas de trabajo, sino de un proceso penal tras los disturbios, pero la conexión entre su muerte y la reivindicación laboral quedó para la historia. De esta manera, los movimientos obreros adoptaron esa referencia para recordar la represión sufrida en el camino hacia derechos básicos.

La Segunda Internacional fijó el 1 de mayo como jornada obrera

En 1889, la Segunda Internacional decidió establecer el 1 de mayo como jornada internacional de reivindicación obrera. La elección buscaba mantener viva la memoria de los hechos de Chicago y dar continuidad a la exigencia de una jornada laboral limitada. La fecha dejó de ser solo un episodio concreto y pasó a formar parte de una tradición que se extendió por Europa y América Latina como Día del Trabajador.

Estados Unidos tomó un camino distinto y consolidó el Labor Day en septiembre como su principal festividad laboral. La decisión se vinculó a un rechazo parcial de los sucesos de Chicago y a una voluntad política de alejar esa conmemoración de los movimientos obreros más conflictivos.

Esa diferencia se mantiene, mientras el 1 de mayo sigue siendo en muchos países como España en una jornada ligada a la memoria de aquellas protestas y a los derechos que se lograron después.

L'Ajuntament de Palma ha reconegut que van existir indicacions polítiques en la decisió de no reforçar el personal de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) en ple procés de regularització de persones migrants, un fet que diversos funcionaris de l'àrea de Serveis Socials van denunciar la setmana passada en un comunicat. Des del Consistori, governat per PP i Vox, justifica el seu plantejament en la intenció que la resta de serveis que ofereix la corporació municipal no veiessin minvada la seva capacitat d'acció i funcionessin amb normalitat.

Durant la Comissió de Serveis a la Ciutadania celebrada aquest dijous al Consistori, la coordinadora de Serveis Socials de Cort, Patricia Pizà, que va comparèixer a petició d'Unides Podem, va assenyalar que es van donar instruccions des de la direcció política per no reforçar les OAC malgrat l'increment de la càrrega de treball, encara que no va aclarir qui les va donar, tal com informa Diario de Mallorca. En declaracions a elDiario.es, fonts de l'Ajuntament precisen, sense desmentir aquesta informació, que el servei compta amb cinc treballadors i que s'han ajustat els horaris per atendre la demanda, si bé s'ha descartat reforçar-lo en considerar que implicaria desatendre altres àrees.

La decisió hauria respost així, segons la corporació municipal, a un criteri d'organització interna per evitar descompensar altres serveis considerats igualment prioritaris i equilibrar les diferents necessitats del conjunt de la ciutadania.

Segons va explicar a Europa Press el regidor de Més per Palma Miquel Àngel Contreras, qui va ser present a la comissió, Pizà no va respondre a “pràcticament res” durant la seva primera intervenció. Després que els grups municipals de l'esquerra li reformulessin les preguntes, la coordinadora de Serveis Socials va admetre que es van donar -en paraules de l'ecosobiranista-, “instruccions o directrius polítiques” per no reforçar les OAC malgrat l'increment de la càrrega de treball, encara que no va precisar qui les va donar.

En aquest sentit, l'Ajuntament insisteix que continua prestant el servei i tramitant les sol·licituds dins les seves capacitats actuals, alhora que assenyala que el procés de regularització depèn en gran mesura de la planificació estatal.

Des de l'oposició d'esquerres, tanmateix, qüestionen la decisió de no reforçar el servei en aquest context i dóna per acreditades les ordres polítiques de no reforçar les oficines davant l'augment de la demanda derivat de l'expedició d'informes de vulnerabilitat per a la regularització extraordinària de persones migrants.

El dimarts passat, el Govern central va acusar a més el PP de “boicotegar” els tràmits que necessiten els migrants per accedir a la regularització extraordinària impulsada des de la Moncloa impedint que els ajuntaments governats pel partit d'Alberto Núñez Feijóo realitzin les gestions oportunes. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra de migracions i portaveu de l'Executiu va assegurar que hi ha “ajuntaments que seguint directrius polítiques del PP estan boicotejant les esperances i els drets” dels migrants.

Els veïns de Palma que esperen el seu torn davant les oficines de l'OAC busquen, en la majoria dels casos, un certificat de vulnerabilitat social. És un dels documents essencials per a qualsevol migrant que vulgui iniciar la seva regularització. El procés va començar el dimecres de la setmana passada després que el Govern aprovés per Reial Decret en l'últim Consell de Ministres concedir permís de residència als extracomunitaris que puguin demostrar arrelament a Espanya i no tinguin antecedents penals.

La nota dels funcionaris assegurava que, davant les cues que començaven a formar-se, “l'equip directiu” de l'OAC va activar “mesures de reforç de personal amb l'objectiu de garantir una atenció adequada i el compliment dels terminis establerts”. Segons continuava el text, aquell mateix matí hi va haver ordres de “no reforçar el servei, deixant tota la gestió d'aquest volum extraordinari en mans únicament de les professionals habituals de l'OAC Social”. 

Poc després que els mitjans rebessin l'escrit dels funcionaris, el batle de Palma, Jaime Martínez, sense fer esment a la nota, va asseverar que “no es pot entrar en aquesta ciutat per la porta del darrere”. Segons les dades aportades en la comissió, i que recull Última Hora, les oficines municipals han rebut ja prop de 4.000 sol·licituds per a l'emissió de certificats de vulnerabilitat, un requisit essencial en alguns casos del procés de regularització. Tanmateix, moltes d'elles encara no han començat a tramitar-se a causa de la manca de recursos humans.

El Ayuntamiento de Palma ha reconocido que existieron indicaciones políticas en la decisión de no reforzar el personal de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) en pleno proceso de regularización de personas migrantes, un hecho que varios funcionarios del área de Servicios Sociales denunciaron la semana pasada en un comunicado. Desde el Consistorio, gobernado por PP y Vox, justifica su planteamieno en la intención de que el resto de servicios que ofrece la corporación municipal no vieran mermada su capacidad de acción y funcionaran con normalidad.

Durante la Comisión de Servicios a la Ciudadanía celebrada este jueves en el Consistorio, la coordinadora de Servicios Sociales de Cort, Patricia Pizà, quien compareció a petición de Unidas Podemos, señaló que se dieron instrucciones desde la dirección política para no reforzar las OAC pese al incremento de la carga de trabajo, aunque no aclaró quién las dio, tal como informa Diario de Mallorca. En declaraciones a elDiario.es, fuentes del Ayuntamiento precisan, sin desmentir esta información, que el servicio cuenta con cinco trabajadores y que se han ajustado los horarios para atender la demanda, si bien se ha descartado reforzarlo al considerar que implicaría desatender otras áreas.

La decisión habría respondido así, según la corporación municipal, a un criterio de organización interna para evitar descompensar otros servicios considerados igualmente prioritarios y equilibrar las distintas necesidades del conjunto de la ciudadanía.

Según explicó a Europa Press el regidor de Més per Palma Miquel Àngel Contreras, quien estuvo presente en la comisión, Pizà no respondió a “prácticamente nada” durante su primera intervención. Después de que los grupos municipales de la izquierda le reformularan las preguntas, la coordinadora de Servicios Sociales admitió que se dieron -en palabras del ecosoberanista-, “instrucciones o directrices políticas” para no reforzar las OAC pese al incremento de la carga de trabajo, aunque no precisó quién las dio.

En este sentido, el Ayuntamiento insiste en que continúa prestando el servicio y tramitando las solicitudes dentro de sus capacidades actuales, al tiempo que señala que el proceso de regularización depende en gran medida de la planificación estatal.

Desde la oposición de izquierdas, sin embargo, cuestionan la decisión de no reforzar el servicio en este contexto y da por acreditadas las órdenes políticas de no reforzar las oficinas ante el aumento de la demanda derivado de la expedición de informes de vulnerabilidad para la regularización extraordinaria de personas migrantes.

El pasado martes, el Gobierno central acusó además al PP de “boicotear” los trámites que necesitan los migrantes para acceder a la regularización extraordinaria impulsada de las Moncloa impidiendo que los ayuntamientos gobernados por el partido de Alberto Núñez Feijóo realicen las gestiones oportunas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de migraciones y portavoz del Ejecutivo aseguró que hay “ayuntamientos que siguiendo directrices políticas del PP están boicoteando las esperanzas y los derechos” de los migrantes.

Los vecinos de Palma que esperan su turno ante las oficinas de la OAC buscan, en la mayoría de los casos, un certificado de vulnerabilidad social. Es uno de los documentos esenciales para cualquier migrante que desee iniciar su regularización. El proceso comenzó el miércoles de la pasada semana después de que el Gobierno aprobara por Real Decreto en el último Consejo de Ministros conceder permiso de residencia a los extracomunitarios que puedan demostrar arraigo en España y no tengan antecedentes penales.

La nota de los funcionarios aseguraba que, ante las colas que comenzaban a formarse, “el equipo directivo” de la OAC activó “medidas de refuerzo de personal con el objetivo de garantizar una atención adecuada y el cumplimiento de los plazos establecidos”. Según continuaba el texto, esa misma mañana hubo órdenes de “no reforzar el servicio, dejando toda la gestión de este volumen extraordinario en manos únicamente de las profesionales habituales de la OAC Social”. 

Poco después de que los medios recibieran el escrito de los funcionarios, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, sin hacer mención a la nota, aseveró que “no se puede entrar en esta ciudad por la puerta de detrás”. Según los datos aportados en la comisión, y que recoge Última Hora, las oficinas municipales han recibido ya cerca de 4.000 solicitudes para la emisión de certificados de vulnerabilidad, un requisito esencial en algunos casos del proceso de regularización. Sin embargo, muchas de ellas aún no han comenzado a tramitarse debido a la falta de recursos humanos .

Nos enfrentamos a una crisis gravísima y muy preocupante. Presenciamos guerras y genocidios, el auge del racismo y las extremas derechas, un machismo y una LGTBIfobia desatados, el colapso climático… Todo acompañado por la obscenidad de multimillonarios enriqueciéndose aún más —a costa nuestra— mientras abusan impunemente de menores. Ante este panorama, cualquiera se desmoraliza.

Sería fácil resignarse, pensar que no podemos hacer nada, que ellos ya han ganado. Fácil, pero sería un terrible error.

En realidad, a la gran mayoría de las personas del planeta nos indigna y enfada lo que está pasando. Cada una con su propia visión, por supuesto, pero sabemos que el mundo no va bien. Si nos unimos y actuamos, podemos cambiar las cosas.

La situación actual nos perjudica colectivamente. Las políticas de austeridad, que están intensificando la desigualdad en un país tras otro, van acompañadas de una involución democrática y una creciente represión contra las luchas sociales. Mientras, los poderosos recurren al racismo para aplicar el divide y vencerás. Plantar cara ante todo esto es en nuestro interés colectivo.

Pues este sábado, 28 de marzo, será una buena oportunidad para mostrar nuestro rechazo compartido ante la deriva actual del mundo. 

La red internacional de movimientos unitarios, “Un mundo contra el fascismo y el racismo” (WARAF en sus siglas en inglés) ha llamado a 150 protestas por todo el planeta. Habrá acciones por toda Europa, además de Sudáfrica, Malawi, Japón… En EEUU, se han convocado 3.000 protestas bajo la bandera de No Kings.

En Barcelona, unas 140 entidades convocamos la manifestación unitaria “Paremos el fascismo y el racismo”. La iniciaron Unitat Contra el Feixisme i el Racisme —el movimiento unitario establecido en 2010 e integrante de la red global WARAF— y otros espacios antirracistas como Movimiento #RegularizaciónYa o Top Manta. 

A estos, se han sumado asociaciones vecinales, sindicatos y partidos; movimientos feministas y LGTBI+, el movimiento por la vivienda digna, la federación de ONGs, y movimientos de solidaridad con Palestina, incluyendo la propia Global Sumud Flotilla. Es que cada vez más personas están reconociendo dos cosas esenciales.

Los problemas a los que nos enfrentamos no son aislados. La subida de la extrema derecha conlleva el endurecimiento de las políticas europeas sobre migración y refugio, ya de por sí racistas. Exacerba la islamofobia y la transfobia (formas de odio que también promueven sectores más allá de la extrema derecha, tristemente). 

Ante las cifras alarmantes de violencia de género —en el Estado español este año, una mujer es asesinada cada cinco días, y el año pasado hubo más de 150.000 denuncias por violencia machista— los ultras niegan los hechos, y efectivamente promueven la impunidad de esta violencia. A pesar de las pruebas científicas clarísimas del cambio climático, la extrema derecha, otra vez, impulsa el negacionismo. Son una amenaza global.

La impunidad de las sucesivas guerras en Oriente Medio solo se entiende en el contexto de muchos años de deshumanización racista de las poblaciones que están siendo asesinadas bajo las bombas. El genocidio que lleva a cabo el Estado israelí contra el pueblo palestino es la máxima expresión del racismo supremacista y colonialismo: de hecho, instituciones como la Asamblea General de la ONU o el Parlament de Catalunya han identificado el sionismo como una forma de discriminación racial. Esto explica por qué gran parte de la extrema derecha internacional, incluyendo a grupos claramente fascistas, apoyan plenamente al gobierno israelí, también ultra. Sin dejar de promover, por supuesto, la pseudoteoría antisemita e islamófoba del “gran reemplazo”.

Todo esto confirma que toda lucha seria en uno de estos ámbitos debe reconocer su conexión con otras luchas. 

Esto nos lleva al segundo punto clave. No nos pondremos de acuerdo en todo un análisis teórico sobre todos estos problemas, ni en la manera exacta en que se relacionan. Cada persona o grupo tendrá su propia visión, y es esencial reconocer y respetar esta diversidad. 

Necesitamos la unidad en las luchas, no la uniformidad de ideas.

La manifestación de Barcelona tiene como lema “Drets per a tothom”: derechos para todo el mundo. No hace falta que compartamos la misma visión teórica sobre las opresiones. Lo que compartimos es el principio —a la vez muy moderado y muy radical— de que todas las personas deben, debemos, tener derechos, sin discriminaciones en base al origen o nacionalidad; género/identidad de género; orientación sexual; religión, etc. 

En términos concretos, nos oponemos al racismo en todas sus formas, incluyendo la islamofobia, el antisemitismo, el antigitanismo, el sionismo…; rechazamos la transfobia y el machismo; y eso no depende de si somos personas trans, musulmanas, etc.

Una de las entidades convocantes de la protesta en Barcelona es el Movimiento Regularización Ya, que ha impulsado una lucha unitaria, exitosa y ejemplar. Muchísimas personas, muy diversas, participaron en la recogida de las más de 700.000 firmas para exigir la regularización administrativa de las personas que actualmente no tienen documentación. Una de las demandas de la manifestación del 28M es que se ponga en marcha una regularización amplia, efectiva, ágil y no excluyente.

Otro ejemplo modélico de lucha unitaria es el movimiento vecinal, que también convoca el 28M. Las asociaciones vecinales luchan desde hace décadas en defensa de la democracia. Ahora están luchando barrio a barrio para que los discursos de odio no contaminen nuestras calles o las instituciones. Movimientos más nuevos, como el Sindicat de Llogateres, otro convocante del 28M, también combaten el racismo inmobiliario, una de las claves de la exclusión y discriminación.

Además, no hay duda de la transformación que ha impulsado el movimiento feminista y de como, por ello, también se ha convertido en una de las principales dianas de los fascismos. Y una vez más, el pasado 8M demostró su voluntad de plantarles cara sin tapujos.

Hace falta generalizar el modelo de lucha unitaria y amplia en muchos frentes, pero especialmente contra la extrema derecha y el racismo. 

En Catalunya, Unitat Contra el Feixisme i el Racisme existe desde 2010, pero en muchos territorios del Estado español, no existe nada parecido. Esperamos que la jornada internacional de protestas de este 28 de marzo inspire a personas y movimientos en otros lugares a trabajar en este sentido.

Por nuestra parte, saldremos a las calles de manera unitaria y diversa (ya se están organizando bloques específicos de mujeres; contra la LGTBIfobia; sobre la vivienda; del mundo educativo; por Palestina; contra el antigitanismo…) para hacer visible que sí, las personas que nos oponemos al fascismo y el racismo somos la mayoría.

El 28M debe ser una gran muestra de que, a pesar de todo, hay esperanza. Con todo lo que pasa en el mundo, esto tiene un valor enorme.

Firman este artículo:

Sebastián González Martos ha sido elegido nuevo presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, en la Asamblea General Extraordinaria de la entidad en la que se ha renovado el Comité Ejecutivo Autonómico para el período 2026-2030.

González Martos, que sustituye a Carmen Pereira Santana tras finalizar su mandato, es presidente de EAPNExtremadura, la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en la región.

El nuevo Comité Ejecutivo contará además con cinco vicepresidencias, que serán ocupadas por Jorge Mena Collado, de la Asociación Extremeña de Fundaciones (AFEX); José Manuel Rodríguez Muñoz, de Cáritas Regional de Extremadura; Pedro Calderón Rodríguez, del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura (CERMI Extremadura); Fernando Solís Fernández, de Cruz Roja Española en Extremadura; y Jesús Gumiel Barragán, de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura (PVEX), ha informado este martes la plataforma en un comunicado.

Asimismo, la Secretaría General será asumida por Venancio Ortiz Silva, de la Organización Nacional de Ciegos Españoles de Extremadura (ONCE-Extremadura).

En la reunión se ha hecho un especial reconocimiento a la labor de Carmen Pereira Santana, quien ha liderado la organización desde 2022, destacando su contribución al fortalecimiento del tercer sector social en la región.

Con esta renovación, la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura reafirma su compromiso de defender los derechos de las personas más vulnerables, promover la inclusión social y fortalecerla participación del tercer sector en la sociedad extremeña.

La plataforma agrupa a las principales organizaciones sociales, con el objetivo de fortalecer el sector, defender los derechos sociales y mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo la cooperación entre entidades, impulsando proyectos de impacto social y fomentando la participación ciudadana. 

Catalunya es una de las primeras comunidades autónomas en desplegar la ley estatal de la ELA. El president Salvador Illa ha anunciado que el martes aprobarán el decreto que incluye las prestaciones para los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica en fase avanzada, es decir, aquellos que son extremadamente dependientes. Con el complemento fijado por la Generalitat, las ayudas a estos pacientes, que se calcula que son unas 200 personas, oscilarán entre los 5.000 y los 15.000 euros al mes.

Durante la sesión de control del pleno del Parlament, Illa ha explicado que el decreto que aprobarán, que ha contado con aportaciones de ERC y los Comuns, permitirá que las ayudas previstas para el grado III+ de dependencia de los enfermos de ELA se puedan solicitar a partir de este mismo mes. La medida, ha defendido, permitirá “cuidar de personas que están pasando una situación muy dramática de dependencia”.

La ley estatal de la ELA fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados en octubre de 2024, pero hasta hace poco no había recibido financiación específica. Ahora las comunidades ya pueden desplegar la ley y la Generalitat ha diseñado el procedimiento, le ha puesto fecha y también ha estimado un presupuesto: 20 millones de euros para 2026.

A partir del 19 de marzo se podrá solicitar el reconocimiento del llamado grado III+ de dependencia, el más alto y el único que puede beneficiarse directamente de las prestaciones de la Ley ELA. Para el resto de casos, con grados inferiores, existen otras ayudas vinculadas a la dependencia.

Concretamente, podrán acogerse a las prestaciones de la Ley ELA las personas diagnosticadas con esta esclerosis en una fase avanzada de la enfermedad. También podrán hacerlo aquellas con enfermedades de neurona motora neurodegenerativa diferentes de la ELA, encefalopatías espongiformes transmisibles, infarto cerebral y atrofia muscular espinal tipo I y II.

Para evaluar cada solicitud, habrá un llamado “gestor de caso” referente que tendrá en cuenta las necesidades clínicas y los cuidados requeridos. Estos profesionales dependerán del Departamento de Derechos Sociales, y la Administración deberá resolver las solicitudes en un plazo máximo de tres meses.

La solicitud para el reconocimiento del grado III+ podrá hacerse por vía electrónica o presencial y se requerirá un informe médico que acredite al menos dos de estos tres criterios: que la persona necesite soporte de ventilación superior a 8 horas al día, que tenga diaria de aspiraciones de secreciones e inmovilidad del tronco superior. En total, se calcula que alrededor de 200 personas podrían cumplir los requisitos del grado III+ en Catalunya.

De momento, se ha previsto destinar unos 20 millones de euros en 2026 para atender a todas las personas solicitantes. En caso de otorgar las ayudas, las personas beneficiarias recibirán entre 5.000 y 15.000 euros mensuales. La cuantía de la prestación es gradual y se ajusta a la intensidad de horas de atención necesarias, que van desde un mínimo de 8 horas hasta un máximo de 24 horas, en franjas de ocho horas.

El dinero previsto en concepto de ayuda estará vinculado a dos tipos de prestaciones: un servicio de atención a domicilio o un asistente personal de apoyo a la vida autónoma. Así, para poder recibir la ayuda, la persona deberá contratar un servicio de atención intensiva en el domicilio, y la prestación cubrirá el coste hasta el máximo establecido.

La prestación base dentro del marco estatal prevé una aportación del Estado de 4.930 euros mensuales, independientemente de si la persona solicitante necesita un servicio de atención especializado de 8 h diarias, 12, 16, 20 o 24 (todo el día). El resto de la prestación la financia la comunidad autónoma. En este caso, Catalunya aportará 2.464 euros mensuales si son más de 12 h y 4.929 euros mensuales de las 16 horas en adelante.

Además, el Govern ha decidido ir más allá y la Generalitat ofrecerá un complemento autonómico que supone un “nivel de protección adicional” para los casos más graves, aquellos que necesitan un servicio de 20 horas o 24 horas diarias, aportando 2.464 y 4.929 euros adicionales, respectivamente, sobre lo ya previsto en la prestación. De esta manera, por ejemplo, las personas más dependientes —aquellas que necesitan asistencia las 24 horas— recibirán 9.859 euros mensuales de prestación base (la mitad financiada por el Estado y la otra por la Generalitat) y 4.929 euros adicionales de la Generalitat, lo que eleva la prestación hasta un máximo de 14.788 euros al mes.

Según Derechos Sociales, el coste medio estimado del servicio en Catalunya en casos así se sitúa entre 14.000 y 15.000 euros. De esta manera, con el complemento autonómico se cubre todo el coste de los gastos mensuales que suponen estos casos más extremos, en los que las personas deben hacer uso de ventilación mecánica invasiva y necesitan tener a alguien al lado las 24 horas.

El mediodía del 13 de marzo de 1970, el legendario cantante Ramón Pelegero Sanchis, más conocido por su nombre artístico Raimon, ofreció un concierto en la facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona. Con canciones cargadas de mensajes políticos en oposición al régimen franquista, el cantante valenciano reunió a unas 5.000 personas en el vestíbulo del edificio, en apoyo a los trabajadores de AEG Telefunken de Terrassa, despedidos tras una de las huelgas más importantes de la época.

Este concierto se convirtió en uno de los actos más significativos de la facultad durante los últimos años del franquismo, una etapa en la que el movimiento estudiantil estaba especialmente activo en términos de movilización y compromiso político. La exposición 'Derecho a la resistencia. Una facultad comprometida con la democracia' en la Universitat de Barcelona, disponible hasta el 29 de mayo, rememora los episodios más relevantes de la Facultad de Derecho entre 1970 y 1976.

Durante esta última etapa de la dictadura, la Facultad de Derecho fue escenario de distintas asambleas políticas y actos culturales. Todo ello a pesar del vacío de poder en la institución, que entonces carecía de decano debido a las restricciones impuestas por el régimen.

Otro día histórico fue el 3 de febrero de 1976, cuando más de 4.000 personas asistieron a una asamblea multitudinaria a favor de la amnistía de los presos políticos, con Arias Navarro aún al frente del régimen. Según la comisaria de la muestra, Rosa Ana Alija, esta fecha sirve como eje de la exposición.

Aunque la asamblea era estudiantil, también participaron personas ajenas al alumnado. Se celebró dos días después de la multitudinaria manifestación del 1 de febrero, que se replicaría el día 8, terminando con disturbios. Estas protestas allanaron el terreno para que, un año y medio más tarde, se aprobara la Ley de Amnistía.

Cinco años sin decano como resistencia

Coincidiendo con esta asamblea, Manuel Jiménez de Parga –exministro de Trabajo del Gobierno de Adolfo Suárez y expresidente del Tribunal Constitucional–, tomó posesión como decano tras cinco años sin un titular oficialmente reconocido. A diferencia de lo habitual, el acto se celebró en el aula magna de la facultad y no en el rectorado. “Se quiso subrayar así la excepcionalidad de la situación”, apunta Alija.

Jiménez de Parga había sido elegido por la Junta de la Facultad en 1970, pero el régimen no ratificó el nombramiento por considerarlo un perfil “incómodo”, entre otras razones “por su vinculación con la defensa de los presos políticos”, señala la comisaria. Esto abrió un periodo de excepcionalidad institucional, que incluso derivó en el cierre temporal de la facultad en 1972, ya que ningún catedrático quería asumir un cargo ratificado por el franquismo.

Ante esta situación, el Gobierno franquista solicitó una terna, es decir, tres candidatos propuestos a la Junta de la Facultad. La particularidad fue que, por primera vez en la historia de España, los estudiantes participaron en la elección de los aspirantes. Sin embargo, el Ministerio tampoco aceptó la propuesta, y la situación permaneció en el limbo hasta la toma de posesión de De Parga en 1976, tras la asamblea proamnistía.

Movimiento estudiantil, actos culturales y prensa

Paralelamente al conflicto institucional, la Facultad vivió una intensa actividad política estudiantil iniciada a finales de los años sesenta, con la capuchinada como punto de inflexión, donde se creó el Sindicato Democrático de Estudiantes. De hecho, el nivel de movilización del alumnado fue uno de los motivos por los que el régimen trasladó la facultad de Derecho desde el centro de la ciudad hacia la Diagonal, tras los Hechos del Paraninfo en 1957.

Las asambleas y actos políticos eran frecuentes, a pesar de la represión franquista. En ocasiones, las fuerzas del orden entraban en el recinto. Varios estudiantes fueron detenidos y encarcelados por su participación en protestas.

Uno de los actos culturales más característicos eran los llamados “juicios bufos”, espectáculos satíricos en los que los estudiantes criticaban tanto la vida académica como la situación política. Celebrados anualmente por los alumnos de los últimos cursos, podían tener un tono “muy mordaz” contra el régimen, convirtiéndose en uno de los pocos eventos públicos donde se podía criticar al franquismo, aunque de forma más o menos sutil, resalta Alija.

No obstante, en 1971, se prohibió uno de esos actos y unos 4.000 estudiantes protestaron en el interior de la facultad y a lo largo de la Diagonal, protesta que acabaría disuelta por la policía.

Tras la aprobación de la Ley de Prensa de 1966, aumentó, aunque de forma limitada, la pluralidad ideológica en la actividad editorial estudiantil, con boletines y publicaciones de distintas tendencias, muchos de ellos anónimos. 

Otro de los caballos de batalla de los estudiantes fue el acceso a la universidad para personas de clases populares. Las pruebas de acceso eran consideradas elitistas, ya que requerían conocimientos de idiomas modernos como inglés, alemán o francés, que solo estaban al alcance de familias de clase alta. En 1974, la Junta de la Facultad decidió por unanimidad oponerse a la realización de estas pruebas para estudiar Derecho.

Esta última etapa del franquismo, sin embargo, no fue especialmente violenta dentro de la facultad en comparación con otras anteriores, explica Alija. Durante estos años, el régimen promovió iniciativas aperturistas como la Ley de Asociaciones Políticas, la Ley de Huelga y una mayor tolerancia informativa en los medios de comunicación, modificando la Ley de Prensa de 1966, en un intento de mejorar su imagen ante la comunidad internacional. 

Sin embargo, la represión seguía siendo evidente en muchos ámbitos y la sociedad estaba cada vez más concienciada de ello. “Antes de preparar la exposición, nos dimos cuenta de que en esa época había una gran demanda de democracia desde la facultad, mucho más exigente que los años anteriores”, concluye Alija.

70 organizaciones sociales han firmado un comunicado conjunto en el que instan a las fuerzas políticas de la región a garantizar la protección de los derechos humanos y evitar cualquier retroceso democrático en Extremadura.

Las organizaciones firmantes expresan su preocupación ante la deriva que está tomando el debate político en torno a la formación de gobierno en la Junta de Extremadura, y advierten del riesgo que supone que los derechos y las políticas sociales se sitúen en el centro de disputas de poder.

En un contexto internacional marcado por una creciente inestabilidad y por la reaparición de conflictos armados como forma de resolución de disputas entre Estados, las entidades recuerdan que la defensa de la democracia, los derechos humanos y la convivencia plural adquiere hoy una relevancia aún mayor.

En este sentido, consideran especialmente preocupante que, en el marco de las negociaciones políticas en Extremadura, determinadas políticas públicas vinculadas a derechos y garantías sociales puedan utilizarse como instrumentos de presión política o como mecanismos de exclusión ideológica.

“La fortaleza de una democracia no se mide por su capacidad para restringir derechos o desmantelar políticas públicas, sino por su compromiso en protegerlos y ampliarlos”, señalan las organizaciones en el comunicado.

Las entidades recuerdan que la ciudadanía extremeña ejerce su derecho al voto confiando en que las instituciones actúen con responsabilidad, defendiendo el interés general y garantizando las libertades que sostienen la convivencia democrática.

Asimismo, advierten de que utilizar los derechos y los bienes públicos como herramientas de imposición ideológica debilita el pluralismo democrático y erosiona la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Las organizaciones subrayan que los derechos humanos no son negociables ni pueden estar sujetos a retrocesos, y reafirman su defensa de los derechos de las personas LGTBI, de las personas migrantes, de las identidades diversas y de todos los colectivos que históricamente han sufrido discriminación o exclusión.

En el comunicado recuerdan además que la historia reciente demuestra las consecuencias de restringir libertades y debilitar derechos, dinámicas que —advierten— degradan la democracia y abren la puerta a formas de ejercicio del poder incompatibles con los principios constitucionales y los derechos humanos fundamentales.

Por ello, hacen un llamamiento a todas las fuerzas políticas e instituciones de la comunidad autónoma para que el debate público se desarrolle desde el respeto al pluralismo democrático y a los derechos y libertades garantizados en el marco jurídico.

“La democracia no se negocia desde el autoritarismo ideológico ni se construye limitando derechos; se fortalece garantizándolos y defendiéndolos”, concluyen.

Las organizaciones sociales de Extremadura aseguran que no permanecerán al margen ante ningún intento de retroceso democrático y reclaman responsabilidad institucional y un compromiso firme con la defensa de los derechos de todas las personas.

El texto está impulsado por la Coordinadora Extremeña de ONGD, en representación de sus 51 entidades socias, junto a la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes de Extremadura, Ecologistas en Acción de Extremadura. Cuenta además cuenta con el respaldo de organizaciones de todo el país como La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y las coordinadoras autonómicas de ONGD de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia.

Al comunicado también se han adherido los grupos políticos Unidas por Extremadura y el Partido por un Mundo más Justo (M+J) y el Partido Nuevo Extremeñismo (NEx).

“¡Que vivan los Fernández!”. Claro, corto y al pie, el discurso de Antonio (Toni) Fernández Gabarre ha trascendido más allá de las palabras. Ciudad sin sueño, la película que le hizo subir al escenario de los Premios Goya y recibir la estatuilla al Mejor Actor Revelación, narra una vida que él conoce bien: la que aún resiste en la Cañada Real Galiana, el asentamiento chabolista más extenso de Europa que se quedó sin luz en octubre de 2020. En el filme de Guillermo Galoe, Toni interpreta a un joven con una vida similar a la suya, e incluso el mismo nombre.

Su personaje pertenece a una familia gitana de chatarreros que vive en la Cañada Real. Con el avance de los derribos de viviendas a su alrededor, tiene que plantearse si abandonar aquel hogar o luchar para quedarse. El largometraje dibuja un conflicto social lleno aristas, ya que mientras su abuelo se niega a marcharse de un paraje que considera único, su madre trata de convencerle desde el otro lado para que sus hijos crezcan en un lugar con suministro eléctrico, agua, espacios culturales o zonas de ocio. La noche del domingo, cuando Toni Fernández –el actor, no el personaje– levantó su galardón ante la mirada del cine español no habló de cumplir un sueño, ni de cómo es desfilar por la alfombra roja. Habló de su barrio.

“Se lo quiero dedicar a toda mi familia, que está en la Cañada”, concluyó en un discurso breve y donde no olvidó agradecer la oportunidad al equipo de producción de la película, al director que retrató su casa o a sus compañeros de nominación, “que son unos cracks”. Para esta categoría competía con actores más experimentados como Julio Peña (El cautivo), Hugo Weizel (Enemigos), Jan Monter Palau (Estrany riu) o Mitch (Romería). En los pasillos del Auditorio Fòrum de Barcelona, cuando la gala ya había terminado, el joven reconoció lo nervioso que estaba.

“Tengo un nudo de nervios que no se va del todo. Pero estoy súper feliz y, bueno, ¡me lo llevo!”, respondió a preguntas de los periodistas sujetando su primer cabezón. Poco después de su victoria, Toni admitió que sus vecinos en la vía pecuaria ya le estaban “petando el móvil” y celebrando la noticia. “Yo creo que están chillando, saltando...”, dedujo. El ganador a Mejor Actor Revelación vive en el sector VI de Cañada, el más perjudicado por los cortes de luz y el único que aún a día de hoy continúa sin ningún tipo de suministro eléctrico. La suya es la historia de una familia que sobrevive entre apagones, estigmatización o promesas políticas que nunca llegan a fraguarse.

Nos interesaba algo más que solo hablar de un espacio y de un contexto sociopolítico. Queríamos ver cómo ese contexto sociopolítico afecta en lo íntimo

Guillermo Galoe — Guionista y director de 'Ciudad sin sueño'

El filme, dirigido por una cineasta que también hace su debut en el mundo del largometraje, trata de describir una realidad ajena a la de la mayoría sin regodearse en lo dramático. “Nos interesaba algo más que solo hablar de un espacio y de un contexto sociopolítico. Ver cómo ese contexto sociopolítico afecta en lo íntimo. Son personajes que podían haber ocupado tramas y tropos de películas de género, de wéstern o de noir, y están en ese espacio. Nos interesa ver cómo se sienten, cómo se enfrentan al desvanecimiento del mundo en el que viven. Nos interesaba la idea del fin de la comunidad”, contó Guillermo Galoe en una entrevista con elDiario.es, en mayo del año pasado.

La Cañada Real Galiana está dividida en varios sectores y se extiende a lo largo de 15 kilómetros de vía. El año de la pandemia se quedó sin luz después de que Naturgy, la empresa privada que suministra electricidad a la zona, comenzara a eliminar conexiones sobre el terreno al considerarlas sospechosas o vincularlas a plantaciones de marihuana. El 26 de febrero del año pasado, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa falló en contra de España por dejar sin luz a la Cañada a raíz de una demanda colectiva en la que varias entidades expusieron los perjuicios a los que se ven expuestos sus habitantes.

Un año después, la situación no ha cambiado en exceso. Los desalojos forzosos, que se mencionan en la película, comenzaron a raíz de un pacto regional entre administraciones para desmantelar los asentamientos y realojar en otras viviendas a sus vecinos. La resolución del órgano paneuropeo ya pidió a España que garantizara un acceso “estable, constante y seguro” a la energía entre la población de la Cañada, pero de momento no ha establecido ningún tipo de régimen sancionador en caso de que el país incumpla el dictamen. En diciembre de 2027 solicitarán un nuevo informe al Gobierno español y una rendición de cuentas. Mientras esperan en un largo periplo, la estatuilla para Toni ha dado algo de luz a una zona a oscuras.

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles una resolución en la que urge a incluir el consentimiento en la definición de violación en toda la Unión Europea. Con este paso se busca el objetivo de incorporar el “solo sí es sí” en la definición del delito en la revisión de la directiva sobre la violencia contra las mujeres, que tendría que estar aprobada en 2027. La medida ha tenido el respaldo de la mayoría de los grupos políticos, incluido el PP, mientras que la ultraderecha ha votado en contra en las comisiones parlamentarias.

El texto pide a la Comisión Europea “que proponga sin retraso legislación que establezca una definición de violación a escala de la Unión basada en el requisito del consentimiento libre, informado y revocable. Sólo es válida una indicación clara, afirmativa, libre e inequívoca de consentimiento (...). El silencio, la falta de resistencia verbal o física o la ausencia de un 'no' no pueden interpretarse como consentimiento; ni el consentimiento previo ni la conducta sexual pasada ni ninguna relación pasada o presente con el agresor (...) implican el consentimiento actual o futuro para cualquier acto sexual”.

En esta nueva resolución, los eurodiputados señalan que la violencia sexual suele verse agravada por otras formas de discriminación. De esta manera, se instan a los Estados miembros a garantizar una atención médica integral, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva como el aborto, el apoyo psicológico y la asistencia jurídica. El informe destaca la necesidad de centros de crisis abiertos las 24 horas, servicios especializados gratuitos y mecanismos eficaces de reparación. También pide ampliar los plazos de prescripción de los delitos de violación, reconociendo que muchas víctimas denuncian los hechos solo tras retrasos significativos debido al trauma, el miedo o la presión social.

Ya se aprobó una norma en 2024 en el que se se recogían como delito determinadas formas de violencia de género en toda la UE. Entonces la Eurocámara solicitó que el consentimiento fuera tomado en cuenta a la hora de definir el crimen de violación. Sin embargo, una serie de países, encabezados por Alemania y Francia tumbaron la iniciativa en el Consejo de la UE. Ahora hay otra oportunidad para volver a incluir en la normativa el “sí es sí”, que España impulsó en la Cámara europea.

La normativa que se aprobó en 2024 sí establecía normas a escala de la UE sobre la tipificación como delito, que los países tienen que incluir en las legislaciones penales, como la prohibición de la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado, así como medidas específicas contra los delitos online, como la difusión de material íntimo o el ciberacoso. Además, se propusieron agravantes como el ejercicio reiterado de violencia contra la mujer, la comisión de un acto de violencia contra una persona vulnerable o un niño y el uso de niveles extremos de violencia.

Desde Podemos en el Parlamento Europeo explican que “el texto aprobado va en consonancia a la legislación española impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en 2023” y que la medida aprobada ratifica que “solo sí es sí, que el consentimiento debe ser siempre explícito y que la ausencia de un no jamás constituye un sí”.

“La ley de libertad sexual fue pionera y ha abierto camino en una Unión Europea que avanza para garantizar el derecho a la libertad sexual de las mujeres”, insisten desde la formación morada en la Eurocámara.

El Partido Popular español en la Eurocámara ha asegurado que “siempre ha sido firme con la defensa del Convenio de Estambul . Este Convenio es la piedra angular en la lucha contra la violencia contra las mujeres. España tuvo un papel pionero gracias al Gobierno de Mariano Rajoy, quien ratificó el Convenio en 2014. Este Convenio refleja en su artículo 36 que el consentimiento debe ser claro, afirmativo, libremente dado e inequívoco”.

“El PP ha votado defendiendo el apoyo a la protección de las víctimas y el principio de consentimiento como puntos vectores y tradición de un partido que siempre ha defendido la protección real de las mujeres”, aseguran desde la formación conservadora.

Según han informado desde el PP en la Eurocámara “apoyar la definición de consentimiento en este informe no es en ningún caso apoyar la ley del 'solo sí es sí', sino reforzar y proteger en todos los aspectos posibles la protección de las víctimas y sus derechos”, pese a que dicha normativa española recoge los mismos puntos que la iniciativa en la Eurocámara.

Estrenamos junto a Oxfam Intermón, la ONG de cooperación para el desarrollo que lleva casi 70 años combatiendo la pobreza y la desigualdad, DESIGUALDAD CERO, una sección dentro de Carne Cruda para visibilizar a quienes el sistema damos la espalda, incluso con nuestras acciones más rutinarias.

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En Argentina ha aumentado la mortalidad infantil, rompiendo con una tendencia de descenso -salvo excepciones- que enciende las alarmas. El último dato oficial revelado es sobre el 2024, primer año del Gobierno ultra de Javier Milei, que indica que la tasa de mortalidad infantil llegó a 8,5 muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos. Ello se traduce en un aumento del orden del 6,25% en comparación con el registro de 2023, cuando el indicador era de 8 muertes por cada 1.000. El recorte en programas dedicados al cuidado perinatal y el alejamiento del Estado nacional en la gestión de la salud pública son factores a tener en cuenta a la hora de indagar la multiplicidad de aristas, advierten expertos.

La mortalidad infantil puede considerarse uno de los indicadores de desarrollo de una sociedad que explica las condiciones de vida de una población junto al nivel de alfabetización y la esperanza de vida y, en ese marco, se evidencian las políticas públicas en salud. El último informe realizado por la Fundación Soberanía Sanitaria, una organización sin fines de lucro compuesta por trabajadores de la salud de todo el país, desgrana el dato que el Gobierno primero puso en sus estadísticas oficiales para luego quitarlo y finalmente dejarlo en la página del Ministerio de Salud.

En los países más avanzados las tasas están cercanas o por debajo al 2 y en Argentina es de 8,5. 2024 fue un año complejo porque se generó un gran recorte a nivel nacional y hubo un cambio drástico en las políticas en materia de salud

Nicolás Kreplak — ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires

Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, señala a elDiario.es que si bien deben evaluarse múltiples causas, como un contexto de paz, empleo, agua potable, contaminación ambiental, el año 2024 fue el del peor recorte del gobierno ultraliberal y eso impactó en los sectores vulnerables en el acceso a la atención sanitaria. “En general, uno ve en el mundo que cuando hay una crisis socioeconómica eso tiene un impacto en la mortalidad infantil. Al analizar técnicamente la tasa, se separa la mortalidad infantil en dos elementos: neonatal, los primeros 28 días, y posnatal, del día 29 a los 12 meses. En los países más avanzados las tasas están cercanas o por debajo al 2 y en Argentina es de 8,5. El 2024 fue un año complejo para el país porque se generó un gran recorte a nivel nacional y hubo un cambio drástico en las políticas nacionales en materia de salud”.

Kreplak afirma que, por ejemplo, hubo un recorte de suministro de insumos y medicamentos como el surfactante pulmonar (vital para patologías respiratorias) y los tratamientos para patologías congénitas, como la toxoplasmosis. “Fue un período con más restricciones, el Estado nacional dejó de proveer muchísimos productos que afectan a la mortalidad en los primeros 28 días como el surfactante y las provincias tuvimos que salir a buscarlos y comprarlos y ya los estamos proveyendo. No se puede hablar de causalidad directa pero sí que haya impactado”, afirma el ministro de un bastión del peronismo.

La gran mayoría de las muertes se produjeron los primeros 28 días de vida, en el período neonatal, informa Fundación Soberanía Sanitaria. En relación a 2023, cuando se calculaba una tasa de 5.5 puntos, se produjo un salto a 6. Esta clase de muerte se vincula de manera directa con el acceso a controles de calidad durante el embarazo, una atención adecuada durante el parto y el cuidado del lactante. Si el número aumenta es posible inferir la falta de políticas de cuidado perinatal.

Espejo del ajuste

El Ejecutivo de Milei cortó programas preventivos como el de Sueño Seguro, que anticipaba para los casos de bebés prematuros o con condiciones crónicas la entrega de moisés de piso [cuna portátil pequeña y ligera, tradicionalmente hecha de mimbre] a fin de evitar casos de muerte súbita. Asimismo, el Gobierno debilitó el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas que había sido creado en 2008, reducido a una mínima expresión administrativa, con el argumento de que bajó la tasa de natalidad. Como informó elDiario.es en abril de 2024, el Gobierno además desmanteló el Plan ENIA (Embarazo No Intencional en la Adolescencia) plan de reducción de embarazo adolescente que es modélico en América latina. Además, buscó desfinanciar el principal hospital pediátrico del país: el Garrahan.

“Hay sistemas que tenés que mantenerlos aunque el volumen baje, como el Programa Nacional de Cardiopatías. Si pones una alarma en una casa es por si entra una persona o cien. La regionalización y derivación de casos a centros más especializados se tienen que adaptar, no achicar”, sostiene Fernando Zingman, pediatra e investigador de Fundar y excoordinador del Programa Nacional de Salud Integral en Adolescencia.

El especialista señala a elDiario.es que no hay una causa unívoca, pero sí indicios sobre la mortalidad infantil. “Los resultados en salud pública no son unicausales ni lineales, pero podemos pensar que hay factores que confluyen. Entonces podemos plantear que haya un impacto de los recortes en programas de salud. Que en un año la mortalidad infantil pegue un salto y que la mortalidad materna pegue un salto (aumentó 1,2 puntos) —se había logrado en 2021 tener cero muertes maternas adolescentes por aborto y en 2024 hubo cuatro— son señales que indican que el sistema de salud pública tiene serios problemas en algunos lugares”.

Los resultados en salud pública no son unicausales ni lineales, pero podemos pensar que hay factores que confluyen. Entonces podemos plantear que hay un impacto de los recortes en programas de salud. Que en un año la mortalidad infantil y la mortalidad materna peguen un salto son señales que indican que el sistema de salud pública tiene serios problemas

Fernando Zingman — pediatra e investigador de Fundar

En esa línea el ministro Kreplak afirma: “No hay una sola causa que explique la mortalidad infantil, pero algunas pautas sirven como botones de muestra. El Programa de Cardiopatías surgió como un programa federal, por intermedio del cual se fueron armando servicios de complejidades en todo el país y se garantizó que hubiera equidad en el tratamiento más allá del lugar en el que vivías o de tus posibilidades económicas. El Gobierno actual lo puso en crisis, por ejemplo, a partir de trabajadores cualificados que dejan el ámbito público en busca de otras opciones”.

Según el informe de la organización Soberanía Sanitaria, “el actual contexto de crisis económica y social, con empeoramiento de las condiciones laborales y aumento del desempleo, dificulta el acceso al sistema de salud”.

Para Zingman, se requiere una acción para indagar qué está sucediendo, pero existen señales de alerta. “Hay que tomar en cuenta las condiciones de vida de la población, el acceso al sistema de salud y calidad de la oferta. Hay programas que se disgregaron y fueron dejados en manos de las provincias; y el ida y vuelta con las provincias perdió intensidad seguramente. El programa de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, tiene mucha menos inversión y compra de anticonceptivos. La cadena de prevención de embarazo, parto y puerperio se vio afectada, así como la compra de insumos”.

Lo esperable es que la tasa de mortalidad infantil baje, entonces que aumente provoca la preocupación de los expertos sanitarios. Esto sucede en 15 de las 24 provincias de Argentina. Sobre todo del noroeste y noreste del país, como Corrientes, La Rioja y Santiago del Estero, donde los incrementos fueron del 10 y 20%. Desde 2002, la tendencia fue de descenso, de una tasa de 16,8 fallecidos por cada 1000 nacidos en el 2001, año en el que hizo eclosión la crisis económica, a 8 en 2023. Los años que fueron excepciones a esa tendencia fueron 2007, 2019 (con la crisis de deuda externa desatada durante el Gobierno de M.auricio Macri) y 2022 con la pospandemia.

Una primera versión del artículo afirmaba que era la primera vez en 20 años, no era correcto y el error fue subsanado.

Combatir el problema de acceso a la vivienda, acabar con la pobreza infantil severa, reducir la brecha de género o disminuir la contaminación son algunos de los objetivos que recoge la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros.

Esta Nueva Estrategia, elaborada por el Ministerio de Derechos de Sociales, Consumo y Agenda 2030, está compuesta por 100 metas que tienen como fin reforzar el estado de bienestar y orientar las políticas públicas hacia una transición social, económica y medioambiental que garantice los derechos, la igualdad y la cohesión territorial, además de acelerar la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Entre los 10 principales objetivos de España para 2030 se encuentra la lucha contra la pobreza infantil, que se coloca como un eje clave de la nueva estrategia, en la que se incorpora como aspiración una prestación universal por crianza para que llegue a todas las familias con hijos menores a su cargo. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, alega que esta medida se ha aplicado en otros países, y que se trata de una herramienta eficaz. Desde el ministerio señalan que esta medida debe ir acompañada de un modelo fiscal redistributivo, progresivo y justo.

El objetivo de esta prestación es reducir la tasa de pobreza y exclusión social (AROPE) en un 10% en España, por debajo de la incidencia de la Unión Europea. Para lo que se priorizarán medidas dirigidas a familias monoparentales, el modelo más afectado por situaciones de pobreza. Con esta media, materializada en una prestación universal, el Gobierno busca erradicar la pobreza infantil más severa a corto plazo. 

La vivienda, un problema transversal

Este 2026 la crisis de la vivienda se agudizará con la subida de los precios del alquiler y la compra, tras alcanzar niveles récord durante el año 2025. Esta nueva Estrategia busca facilitar el acceso a la vivienda en los objetivos de España para 2030. Por este motivo, se pretende triplicar la inversión en vivienda con el propósito de alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social, destinando 7.000 millones de euros en los próximos 4 años.

Sostenibilidad y medioambiente

La despoblación es uno de los problemas que afecta a cientos de municipios en España. De los 8132 que hay en nuestro país, más de la mitad, en 4.975 viven menos de 1000 personas, y la población de los municipios más pequeños tiende a ser aún más envejecida. Entre los objetivos de esta nueva estrategia se encuentra reducir en un 5% la tasa de municipios que pierden población, y disminuir en un 32% las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La brecha de género 

Reducir la brecha salarial es otro de los objetivos para 2030, la nueva estrategia buscar diminuirla en un 10%, incluyendo una reducción del porcentaje de contratos a tiempo parcial de las mujeres para alcanzar el 55% respecto a los hombres, y producir un aumento de la tasa de actividad femenina del 5%.

En línea con la lucha por la igualdad de género y oportunidades, uno de los objetivos es aumentar en un 50% la proporción de personas con discapacidad que accedan y completen estudios superiores o formación técnica avanzada, con especial atención a las mujeres con discapacidad.

Colectivos vulnerables

Otro de los 10 objetivos de esta nueva Estrategia pone el foco en la visibilidad y la concienciación sobre los delitos y discursos de odio. Con esta propuesta se busca lograr que el 100% de los trámites de extranjería estén digitalizados, simplificados y unificado para reducir las resoluciones y, de esta forma, garantizar la posibilidad de atención presencial a aquellos que lo necesiten.

El abandono escolar es otro de los asuntos recogidos en esta Estrategia que pretende reducir la tasa de abandono escolar temprano al 9%, con especial atención a colectivos vulnerables como migrantes, población gitana o personas con discapacidad, entre otros. 

Abres la prensa y, por fin, una buena noticia: Podemos anuncia un pacto con el Gobierno para una regularización extraordinaria de migrantes. Este martes, una lucha con años de trayectoria y con miles de personas detrás –desde colectivos antirracistas hasta la propia Iglesia– se abre de una vez paso tras varios fracasos y cuando parecía que ya estaba todo perdido en esta legislatura. ¡Viva! 

Si todo sigue adelante como debe, mi cuñado será una de esas miles de personas beneficiadas por el real decreto: un chico de 20 años que lleva más de 18 en España, que llegó por reagrupación familiar y en un momento quedó en un limbo administrativo que a nadie le parece lógico pero que ni la Administración ni los abogados han sabido resolver hasta ahora. No se puede negar su arraigo: vino a Madrid con 2 años, su familia y sus amigos están aquí, toda su educación se ha desarrollado en España (desde la escuela infantil hasta la Formación Profesional), y de su país de origen apenas recuerda lo que le cuentan o lo que ve en fotos. ¿Alguien podría argumentar que no es un ciudadano de pleno derecho? Ahora mismo ‘solo’ su documentación lo hace.

Estoy segura de que la situación de mi cuñado no es única (tengo más casos cercanos parecidos). De hecho, y pese al imaginario, la mayoría de los migrantes irregulares que viven en España no llegaron en patera ni hablan otro idioma: según el último informe del centro de análisis Funcas, el 90% procede de Latinoamérica, es decir, entraron al país en avión, y son niños en muchísimos casos. En 2019, la fundación Por Causa cifraba en 147.000 el número de migrantes en situación irregular menores de edad. 

Lo digo por el PP y por Vox, que hablan de “mafias”, por los policías, que salen con el mantra de la “inseguridad”, por tu cuñado, quizás, que necesita datos, pero también por ti o por mi entorno, que no sabe de qué va esto. Conseguir los papeles no es fácil; si lo fuera, no tendría sentido una regularización extraordinaria como esta para sacar a medio millón de personas de un limbo plagado de requisitos y trabas que en muchos casos solo se solventan previo pago de abogados.  

Siento que una buena parte de la población española no es consciente de esto y que, cuando la gente lee que cientos de miles de migrantes van a ser regularizados, piensa en un ente difuso, lejano, estereotípico, deshumanizado, ajeno al ‘nosotros’. Pero es que resulta que esas personas ya son parte del ‘nosotros’: estudian, trabajan, son niños –muchas veces nacidos en España–, compran en el supermercado, cogen el Metro o el autobús, tienen redes sociales y hasta se van de cañas, leen, escriben y hablan con sus vecinos, solo que evitan mencionar, en la mayoría de los casos, su situación irregular, ese punto negro en su documentación que les quita derechos básicos –como asistencia sanitaria o acceso a una nómina–, y más de una vez también el sueño.  

Ojalá lo entienda esa derecha que habla de “efecto llamada” y de “cortinas de humo” y se fije, si le parece buena referencia, en las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, que ha celebrado la medida como una cuestión de “dignidad” para decenas de miles de personas.

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias elaborará este año un nuevo plan de inclusión social que situará la lucha contra el sinhogarismo como uno de sus ejes centrales. El objetivo es avanzar hacia un modelo que combine prevención, intervención y acompañamiento y que refuerce el compromiso del Gobierno de Asturias con la reducción de las desigualdades y la garantía efectiva de derechos.

La consejera del área, Marta del Arco, ha anunciado la puesta en marcha de este plan durante la inauguración de la jornada Acompañar para volar. Transformando la atención social, celebrada este martes en Gijón/Xixón y organizada por la Fundación Albergue Covadonga junto a la Asociación Gijonesa de la Caridad.

La vivienda en el epicentro

Según ha explicado Del Arco, el documento pretende ir más allá de la respuesta a la emergencia habitacional y consolidar itinerarios estables de inclusión para las personas que viven en la calle o en recursos de alojamiento temporal. “La vivienda se sitúa en el epicentro de los motivos o riesgos de exclusión social”, ha señalado, defendiendo que la intervención pública debe ofrecer una solución habitacional desde el inicio para favorecer la estabilidad vital.

La consejera ha subrayado también que Asturias cuenta con una trayectoria consolidada en este ámbito y participa en el desarrollo de la Estrategia Nacional contra el Sinhogarismo. En este sentido, ha destacado que el Principado se sitúa entre las comunidades con más plazas destinadas a la atención de personas sin hogar y mantiene un papel activo en el despliegue de medidas orientadas a erradicar esta situación en la región.

“Ninguna situación queda sin amparo”

Del Arco ha recordado que la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales reconoce el derecho de las personas beneficiarias del salario social a un complemento para sufragar los gastos de alquiler de la vivienda. Esta medida alcanza actualmente a más de 250 hogares de forma mensual y con carácter indefinido e incluye también la exención del pago de préstamos hipotecarios. “Ninguna situación queda sin amparo”, ha afirmado.

El sistema asturiano de garantía incorpora además ayudas de emergencia social para afrontar gastos relacionados con la vivienda, como el alquiler o las cuotas de comunidad, dirigidas a personas que atraviesan dificultades puntuales. En 2025, la consejería ha destinado 12,5 millones de euros a transferencias a los ayuntamientos en este marco, con un procedimiento de concesión ágil y directo para atender situaciones urgentes.

Ayudas específicas

El refuerzo de las políticas públicas se completa con el apoyo a las entidades sociales. Esta semana se ha aprobado un millón de euros en subvenciones con cargo a la asignación del IRPF para programas dirigidos a personas en situación de especial dificultad o riesgo de exclusión, incluida la atención integral a personas sin hogar. A ello se suman 356.000 euros en ayudas específicas a entidades que trabajan con este colectivo.

Asimismo, el Principado ha incrementado la financiación destinada a las entidades locales, responsables de la primera acogida a través de la red de albergues. Para el periodo 2024-2027 se han consignado seis millones de euros —1,5 millones anuales para Oviedo, Gijón y Avilés—, a los que se añadirá un fondo específico de 900.000 euros para proyectos que combinen alojamiento e itinerarios de inclusión, en línea con el cambio progresivo de modelo que impulsa la consejería

El 12 de marzo de este año en la marcha a favor de los jubilados todo fue gases lacrimógenos, palos y balas de goma. Un cartucho de gas lacrimógeno impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo. La violencia policial estaba amparada en el protocolo “antipiquetes” del Ministerio de Seguridad. Hasta ahora. Frente al reclamo de varias organizaciones, un juez argentino ha declarado nulo ese protocolo que dejó 1400 heridos en dos años de Gobierno de Javier Milei.

El juez federal Martín Cormick falló en contra de la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad que la entonces ministra Patricia Bullrich puso en marcha en diciembre de 2023. El protocolo establece que cualquier manifestación que interrumpa el tránsito constituye un delito en flagrancia, lo que habilita a las fuerzas policiales a intervenir.

Entre los argumentos enumerados en la resolución judicial, el magistrado remarcó las garantías para la libre protesta que emanan de la Constitución. “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

En su escrito, Cormick cuestionó la definición del “impedimento al tránsito” enunciada en el manual represivo, ya que según éste cualquier acto que disminuya el tránsito de una arteria vehicular era considerada un delito susceptible de ser sancionado. En tanto, según el juez, la protesta social implica necesariamente cierto grado de afectación a la circulación.

“El protocolo es ilegal”

El fallo de Cormick llegó tras la presentación de un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras organizaciones que vienen impugnando el marco represivo del Gobierno. Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, señala a elDiario.es que el juez entendió que el Ministerio de Seguridad se excedió en sus facultades y que el protocolo no es legal. “El Ministerio sacó una resolución ilegal por fuera de sus competencias para restringir al máximo posible el derecho a la protesta. Ha sido bajo una forma muy arbitraria, pasando por encima del Congreso y del Poder Judicial, y con un objetivo político claro de mostrar que se podía contener las protesta mediante el uso del protocolo y con un amedrentamiento muy claro a quienes estaban dispuestos a salir a protestar”.

El saldo del protocolo de Bullrich, la ahora senadora del partido gobernante La Libertad Avanza, alcanza a 1.400 manifestantes heridos desde que se implementó. Según datos registrados por el CELS, se contabilizaron en estos dos años exactamente 1.399 heridos: hubo 750 en 2024 y 649 este año.

Litvachky explica cuál es el panorama que se abre con el fallo. “La nulidad del protocolo es aplicable a todo el país porque es un caso colectivo, no individual. En los términos en los que el juez está diciendo que el protocolo es ilegal y que iría en contra de la Constitución también, entendemos que por más que el Ministerio apele, el protocolo va a quedar suspendido”.

El Gobierno apelará

El Gobierno de Milei ya anunció que apelará la decisión judicial. Así lo comunicó la ministra Alejandra Monteoliva, exmano derecha de Bullrich en el Ministerio de Seguridad y su sucesora. En un mensaje difundido en la red social X, Monteoliva sostuvo que “sin protocolo no hay orden, hay caos”, y afirmó que el fallo representa un avance de sectores que, según su visión, “no quieren paz ni orden en la Argentina”.

La sentencia se conoce una semana después de que fuera confirmado el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por el grave ataque que recibió el fotógrafo Pablo Grillo en marzo de este año. En un fallo unánime, un tribunal confirmó el procesamiento del gendarme por lesiones gravísimas y por abuso de armas reiterado en otras cinco oportunidades. El caso de Grillo, joven que aún se recupera tras varias cirugías, ha sido emblemático: expuso la violencia policial en las marchas de los jubilados de cada miércoles, cuando el protocolo antipiquetes se utilizó contra jubilados, periodistas y reporteros gráficos.

Cada 10 de diciembre me despierto con un nudo en la garganta y la misma certeza: los derechos humanos no son una fecha en el calendario. Son una brújula. Un compromiso que atraviesa cada gesto de mi vida.

En 1948, con el mundo aun sangrando por la guerra, la humanidad se atrevió a soñar otro futuro y escribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy, traducida a más de 577 idiomas, no es un papel solemne en la ONU: es el grito vivo de millones de personas que siguen diciendo “basta” a que la dignidad tenga precio, color, género o frontera.

Llevo décadas entre aulas, mediaciones familiares, congresos y calles. Y lo tengo clarísimo: los derechos humanos no se defienden solo con discursos. Se defienden con amor terco y ternura rebelde. Con la convicción de que toda persona herida es alguien a quien podríamos abrazar.

En 2025 ese compromiso es más urgente que nunca. Veo niñas a las que se les roba la infancia, personas mayores tratadas como objetos inservibles, mujeres sin soberanía sobre su cuerpo, migrantes que se ahogan mientras discutimos si “cabemos” y una crisis climática que castiga primero a quienes menos han contaminado. Pero, también veo luz. He visto mediadoras devolver la esperanza a familias rotas, estudiantes entender que la paz se cultiva en los pequeños gestos, mujeres valientes plantarles cara a las redes de prostitución y personas mayores recordarnos que la experiencia no caduca y que el edadismo también es violencia. Por eso este 10 de diciembre no “conmemoro”. Me reafirmo.

Seguiré defendiendo el artículo 19 aunque la verdad incomode a los poderosos. Seguiré peleando por el artículo 26, porque una persona educada jamás vuelve a arrodillarse. Y recordaré siempre que “nadie debería quedarse vivo trabajando” incluyendo derechos humanos fundamentales como el derecho al descanso y tiempo libre (Art. 24) y el derecho a un nivel de vida digno (Art. 25), que implican que el trabajo debe permitir vivir con dignidad y no solo sobrevivir, garantizando salud, bienestar y tiempo para la vida personal, no una existencia precaria a costa de la propia vida y salud.

Este año la campaña “Lo esencial de cada día” me ha atravesado el alma. Porque lo esencial, para mí, es poder mirar a cualquier persona a los ojos y decirle: «Tú importas. Tú vales. Tú tienes derecho a ser feliz» y actuar en consecuencia. Hoy no celebro un aniversario. Hoy renuevo mi promesa: seguiré formando corazones que no se conforman, acompañando en la calle a quienes muchos prefieren no ver, escribiendo, gritando, mediando, educando y abrazando. Seguiré poniendo amor donde otros ponen miedo, porque estoy convencida de que el amor valiente cambia leyes y cambia vidas.

Los derechos humanos no son un regalo de 1948. Son una tarea diaria que empieza cada mañana al abrir los ojos. Y yo, mientras tenga aliento, seguiré eligiendo esa tarea, con todo mi compromiso y todo mi cariño.