El Tribunal Supremo se opone a indultar a los condenados por Aturem el Parlament
El Tribunal Supremo da un nuevo golpe a los condenados por participar en la protesta Aturem el Parlament que en 2011 rodeó el parque de la Ciutadella para protestar contra el primer paquete de recortes de CiU en el marco de las movilizaciones del 15-M. El tribunal ya revocó la absolución de la Audiencia Nacional a ocho acusados, por considerar, en respuesta a un recurso presentado por la Fiscalía, la Generalitat de Catalunya y el Parlament, que la audiencia tenía que poner el derecho de representación política por encima del de manifestación. Este jueves el Supremo ha vuelto a responder con dureza a los activistas con un informe contrario a su petición de indulto.
Los magistrados que condenaron las ocho personas absueltas por la Audiencia Nacional se oponen al indulto porque consideran que no hay “razones de justicia, equidad y utilidad pública” para concederlo. Señalan que los condenados “comprometieron” una de las manifestaciones de la soberanía popular, en este caso en el pleno del Parlamento de Catalunya que, a pesar de la manifestación, acabó aprobando los presupuestos que recortar el gasto social un 10%.
“Los hechos objeto de condena afectaron el ejercicio pacífico de las funciones legislativas”, sostiene el informe, que añade que las acciones de los condenados “implicaron un ataque a un pilar de nuestra estructura democrática [el Parlament]” y “vulneraron principios y valores esenciales” del ordenamiento constitucional “. Asimismo, los magistrados recuerdan el argumento de la Fiscalía para oponerse al indulto: la ”gravedad“ del delito cometido y el ”gran impacto mediático nacional e internacional“ de los hechos.
En cambio Laia Serra, una de las abogadas de los condenados, considera que “la democracia pasa por un poder ciudadano crítico y activo que participe en todos los niveles”. La abogada señala que tienen pareceres discordantes con el tribunal, ya que defiende que “no hay democracia sin control ciudadano de los estamentos de poder”, y asegura que todos los organismos internacionales dan la razón a esta postura.
Serra explica que el procedimiento de indulto requiere, aparte del juicio del juez, la opinión de la Fiscalía, la de las partes -la acusación está formada por Fiscalía, Generalitat y Parlament- y en este caso se ha pedido también un posicionamiento personal de cada uno de los imputados. La abogada cree que habrá una decisión sobre el indulto en los próximos meses. “Sabíamos que era una solución temporal para evitar un ingreso inminente a prisión”, declara.
La sentencia de la Audiencia Nacional, revocada por el Supremo, consideraba que “cuando las vías de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controladas por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacer -se oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta ya la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo”.
Informe discrepante
El magistrado Perfecto Andrés ha emitido un informe discrepante con el criterio de los otros cuatro jueces del Supremo en el que defiende que sí se debe indultar a los condenados. El magistrado considera que los condenados no realizaron los actos de fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave recogidos en el artículo 498 del Código Penal por el que fueron condenaron.
Además, Andrés razona que las conductas por las que se juzgó los condenados están destipificadas y recuerda los diferentes indultos y reducciones de pena de los que se han beneficiado policías condenados por torturas. “No han sido pocas las ocasiones -algunas, además, recientes y particularmente cridaneres- en que funcionarios policiales responsables de odiosos delitos de tortura se han beneficiado de generosas condonaciones de pena”, concluye su informe.
