Sin pruebas, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, se ha sumado a las tesis sobre una presunta manipulación del voto por correo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre alimentada antes por cargos de su partido como Isabel Díaz Ayuso o de Vox, como Santiago Abascal. “El voto por correo siempre ha tenido un halo de sospecha”, ha sentenciado en una rueda de prensa en Vitoria.

De Andrés, de hecho, ha retomado una senda que Génova había querido evitar tras los primeros comentarios de Díaz Ayuso. “Nuestro sistema es garantista. Que los españoles vayan a votar. Por tierra, mar y aire. Por voto presencial o por correo”, había manifestado, de su lado, otro dirigente vasco del PP, Borja Sémper, ahora muy cercano a Alberto Núñez Feijóo.

“La verdad es que se están viendo cosas un poquito raras. Ya ha habido casos un tanto extraños. En las anteriores elecciones los hubo”, ha lanzado De Andrés, si bien ha dicho no recordar “exactamente” esas supuestas “irregularidades” cuando una periodista le ha repreguntado por sus palabras en reiteradas ocasiones. “Lo voy a confirmar, pero creo que hubo algunos casos, desde luego chocantes. Creo recordar”, ha señalado.

De Andrés, después, ha vinculado sus dudas a la “presencia” de Leire Díez en Correos. La socialista vizcaína, a la que ha llamado “fontanera”, está actualmente investigada por corrupción y antes era alto cargo de la entidad postal. Estuvo en Correos de 2022 a 2024, pero en funciones relativas a la filatelia y a las relaciones institucionales.

“Seríamos tontos si no sospecháramos. Es una mafia. ¡Cómo no vamos a sospechar!”, ha insistido el dirigente 'popular', que ha asegurado que si Díez fue capaz de contratar “sicarios” también lo era de manipular unos votos. Correos, eso sí, ya desmintió en un comunicado oficial que Díez tuviese funciones electorales: “Nunca fue responsable del voto por correo”. Más tarde, De Andrés ha reconocido que “indudablemente” no se puede “cambiar una saca por otra”, aunque ha recalcado que tiene la “sospecha” de que “hay gente que lo puede intentar”.

“Nuestro sistema es garantista, garantiza que el procedimiento está controlado por la Junta Electoral Central, donde estamos representados”. Con estas palabras se ha pronunciado este martes el portavoz del PP, Borja Sémper, al ser preguntado por las dudas lanzadas el lunes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el proceso electoral. La dirigente madrileña alentó la teoría de un posible pucherazo electoral de cara a las generales del 29 de noviembre y pidió expresamente no votar por correo, dando a entender que no está garantizada la limpieza del proceso. “Le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”, dijo Ayuso

Sémper, que ha tratado de justificar a Ayuso, ha pedido en una entrevista en Onda Cero “votar por tierra, mar y aire, preferiblemente al PP”, y que vayan a hacerlo “masivamente”. “El que tenga que estar fuera, impedido, que lo haga por correo. Tenemos una alternativa mejor”, ha zanjado el portavoz de los populares.

“Hemos visto tantas cosas que entiendo que haya mucha gente que desconfíe de muchas cosas que pasan y de este Gobierno”, había asegurado Sémper, para justificar a Ayuso. “Hay gente que me para por la calle y me dice 'tened cuidado, que Sánchez es capaz de cualquier cosa'. La presidenta recoge ese sentir y, después de lo que hemos visto estos años, está diciendo que con Sánchez cualquier cosa es posible”, ha añadido.

A su juicio, el 29 de noviembre “se juega mucho”. “Llevo dedicándome mucho a la política, casi todas las elecciones decimos que son importantes, pero es que estas de verdad que son importantísimas. Es seguir cuatro años en esta dinámica o cambiar”, ha afirmado. Sémper ha dicho que España “merece mirar al futuro con optimismo” y “no estar cada semana sometidos a una sorpresa”. Por otro lado, Sémper insiste en que hay “muchas cosas que hacer y reformar”, como “reinstaurar el respeto y la credibilidad en las instituciones” y “tener a un presidente que gobierne para todos los españoles”.

Así, Sémper sostiene que los populares deben “volver a unir a los españoles en un proyecto común”. “Entiendo que si alguien no vota a un partido esté más incómodo si este gobierna, pero no puede ser que sean expulsados de la conversación pública ni de la acción del Gobierno. Necesitamos que volvamos a hablar de las cosas materiales, que la política del relato pase a segundo plano, que hablemos de vivienda, qué hacemos con la educación, la sanidad, pero sobre todo recuperar el respecto institucional”, ha zanjado.

Nunca sabremos si la frase que pronunció Borja Sémper estaba preparada o si fue fruto del subconsciente. “Cuando Feijóo sea presidente del Gobierno se van a desterrar el insulto y la mala educación”, dijo el portavoz del Partido Popular. De ese modo, Sémper fijó una fecha política para el regreso de las buenas formas a la política española: cuando gobiernen ellos. Lo que vino a decir Sémper es que la cordialidad institucional queda aplazada hasta la conquista del poder. Hasta ese día, probablemente seguiremos enrocados en la zafiedad del tono, los insultos o la conversión del adversario en enemigo. Después llegará, según la promesa establecida, la restauración de las buenas costumbres.

Como sabréis, el “Pedro Sánchez, hijo de puta” ya no funciona en determinados ambientes únicamente como un insulto, si no como un lema, un cántico, el estribillo de una canción pegadiza. Se ha coreado en actos públicos y concentraciones, en eventos deportivos, en conciertos, en estadios, en todo tipo de lugares. En enero de 2026, por ejemplo, Vito Quiles invitó al público de los Army Awards a corearlo en el Madrid Arena. Y desde el PP no hubo una censura pública equivalente a la contundencia con la que ahora se anuncia el futuro destierro de la mala educación porque, en realidad, el eslogan es casi factoría de la casa madrileña.

Más allá del hijo de puta, la propia Ayuso ha calificado a Sánchez como “autócrata sin escrúpulos”. Santiago Abascal lo ha denominado “psicópata peligroso”. Feijóo ha dicho que es un “déspota” y que practica el “caudillismo”. No son adjetivos sin más. Es la representación del adversario político como alguien irremediablemente malvado y, por extensión, como un objetivo legítimo de ataque popular. La ira es una respuesta humana natural ante el enfado y hay gente muy enfadada con lo de Ceuta, por ejemplo, y por supuesto es razonable que lo estén. La responsabilidad de rebajar la temperatura no corresponde a la gente, sino a todos los que tienen mayor capacidad para fijar el lenguaje público. Y aquí incluyo también a algunos dirigentes de la izquierda, por supuesto.

Me acuerdo de cuando Donald Trump llegó al poder en Estados Unidos después de haber convertido la batalla contra la corrección política en una de sus señas de identidad. “Creo que el gran problema de este país es ser políticamente correcto”, dijo durante la campaña de 2015. Trump convirtió la incorrección en una forma de emancipación política. Presentó determinadas restricciones del lenguaje público como imposiciones de una cultura que impedía a la gente expresarse con libertad. Ser incorrecto pasó a funcionar como una prueba de autenticidad. Lo que antes podía producir cierto pudor empezó a producir orgullo. La transgresión dejó de ser un coste y se convirtió en una credencial. Prejuicios, resentimientos y generalizaciones que antes necesitaban algún disimulo encontraron un lenguaje con el que presentarse como valentía. En una reunión a puertas cerradas con senadores sobre política migratoria en enero de 2018, Trump llegó a preguntar por qué Estados Unidos debería aceptar inmigrantes de “países de mierda”.

No sé en qué momento el insulto dejó de ser una anomalía en el camino político, pero en esas andamos. Por suerte, ya tenemos fecha para la restitución de la cordialidad, la educación y las buenas maneras.

Este 27 de agosto, al más puro estilo sionista, un par de decenas de ceutíes se plantaron delante de un camión de la Cruz Roja que llevaba alimentos a los migrantes que quedan en Ceuta y cruzaron la frontera. El objetivo era no dejar pasar al camión al grito de “¡La Cruz Roja es una mafia!”. Es el ejemplo vivo de lo que supone proyectar sobre la ciudadanía constantes mensajes de odio, racistas y xenófobos.

El día anterior el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta y miembro del PP, Juan Jesús Vivas, aseguraba que los polideportivos no se usarán como recursos para inmigrantes. A lo que añadió un rotundo “a mí me van a tener que sacar de los polideportivos”. En un arrebato de inconsciencia sumó un “y todos los que quieran venir conmigo”. Nada que no deseen los escuadristas fascistas que integraron la quema de refugios hechos por migrantes en la playa, más gasolina patriotera vacía. Desde luego no eran palabras que ayudaran a calmar los ánimos, que es lo mínimo que se le pide a un representante popular en este tipo de situaciones.

En realidad es lógico si observamos que cada vez que ha aparecido una solución humanitaria, Vivas se ha opuesto a ella. La crisis de Ceuta se ha convertido en algo así como su razón de existir. Por supuesto, para el PP es maravilloso porque así puede utilizarlo para intentar provocar un estallido social.

Tres días antes de que Vivas dijese esa barbaridad, Borja Sémper, compañero vasco del PP, solicitaba en rueda de prensa el confinamiento de los migrantes que estuviesen enfermos de gastroenteritis. Tal vez, por dentro, pensó que aquella frase era de lo más absurda después de que un periodista le preguntó si iban a proponer el confinamiento de todos los ciudadanos españoles que tuviesen gastroenteritis. Quiero pensarlo porque de lo contrario es un tremendo ejercicio de tragaderas para poder ganarse el pan.

Estos católicos apostólicos del PP tan duros con los malestares de estómago, pero tan blandos con el COVID-19 de cuyo confinamiento no paraban de quejarse. Tanto que Ayuso convirtió Madrid en la capital europea de la juerga con cientos de turistas de borrachera que quisieron aprovechar la apertura del horario nocturno. Otra más de Doña Ático.

Pero de esa rueda de prensa de Borja Sémper me quedo con esta frase: “Pedimos al Gobierno que estudie la posibilidad de proceder a medidas de confinamiento de esa parte de la población que tiene esas enfermedades”. En concreto el fragmento “esa parte de la población”. Terrible, se mire por donde se mire. La gastroenteritis se cura, la xenofobia es más complicada de curar. Por lo que veo ya no hay vergüenza en serlo.

Claro que debemos recordar que a principios de agosto el presidente del PP en el País Vasco, Javier de Andrés, dijo que le asombraba “que el Gobierno Vasco y el PNV le pregunten a Sanchez por un plan de migración como si no existiera un plan de migración por parte de Sánchez” porque es evidente que Sánchez “tiene un plan migratorio, lo lleva aplicando 8 años (...) son las regularizaciones masivas, es el papeles para todos, es la nacionalización porque sí”. Es decir, el líder de los populares vascos dejó entrever en sus palabras la teoría supremacista de extrema derecha llamada “Gran reemplazo” por la cual se sostiene que existe un plan deliberado de élites para sustituir a la población blanca y cristiana en Europa y Occidente mediante la inmigración masiva y la caída de la natalidad.

Estas palabras de Javier de Andrés fueron secundadas por la presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández. Curioso que viviendo ella, como yo, en un municipio en el que el 13% de la población ha nacido fuera de España plantee estas cosas. Sería muy interesante que se presentase a las próximas elecciones municipales con las palabras de Javier en su programa electoral. Así, los barakaldeses podríamos saber lo que realmente propone Amaya.

Nada nuevo en el ámbito municipal del PP ya que en enero de este año, Esther Martínez, portavoz del PP en el ayuntamiento de Bilbao, dijo aquello de «no es normal que tengamos calles en Bilbao que se han convertido en guetos en los que no se pueda entrar, en las que no podamos entrar los bilbaínos» mientras se grababa tranquilamente en la calle del 2 de Mayo del barrio de San Francisco. Trataba de denunciar la precaria situación laboral de los municipales ante lo que denominó como una “batalla campal” de aficionados que apoyaban a la selección marroquí tras la victoria en la Copa África. Le quedó un vídeo en el que demostraba que podía entrar a grabar sin problema incluso después de decir lo contrario. Además: ¿Con la frase “en las que no podamos entrar los bilbaínos” debemos entender que plantea que los ciudadanos de origen extranjero que viven y pagan impuestos en Bilbao no son bilbaínos?

En definitiva, estamos asistiendo a la adopción paulatina de premisas y marcos teóricos de la extrema derecha por parte de los cargos populares. No es un hecho aislado, sino una estrategia coordinada de deshumanización. Cuando la labor política sustituye la gestión pública por la estigmatización del migrante, no solo se erosiona la convivencia en municipios como Barakaldo o Bilbao, sino que se normaliza un discurso peligroso que acaba por materializarse en las calles (como pasó el verano pasado en Torre Pacheco o este verano en Ceuta). La responsabilidad institucional exige frenar esta deriva antes de que el daño a la cohesión social sea irreversible.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha pedido “no señalar a la gente” después de una noche de disturbios en Ceuta en la que personas sin identificar han destruido el campamento improvisado que cientos de personas han montado en la playa del Trampolín de la ciudad autónoma ante la falta de otros alojamientos. “No hay que señalar a la gente, hay que señalar a quienes gobiernan”, ha dicho este jueves. Poco después, el ministro Ángel Víctor Torres, que ha asumido el mando único de la gestión de la crisis en Ceuta, ha hecho un llamamiento al resto de los partidos para que se sumen “a un mensaje claro” de “no a la violencia” ante la escalada de la tensión en la ciudad autónoma.

Sémper ha comparecido ante los medios de comunicación durante el final de la comparecencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para explicar la acción del Gobierno ante la crisis de Ceuta. En su intervención, el también titular de Justicia ha asegurado que el Ejecutivo no recibió “información previa ni precisa” sobre la entrada desde Marruecos de decenas de miles de personas los días 30 y 31 de julio.

El portavoz del PP ha denunciado el triunfalismo de un Gobierno que presume de que “todo está correcto y todo está enfocado” en Ceuta. Sémper ha lamentado que el Gobierno dé la imagen de que “ha hecho lo que tenía que hacer”, mientras “la oposición y quienes señalamos que las cosas no se están haciendo bien” son tachados de “alarmistas, cuando no racistas”. “También los ciudadanos de Ceuta”, ha añadido.

“Es desoladora esta actitud de mirar para otro lado y hacernos creer que aquí no pasa nada o que lo que ha pasado está controlado”, ha continuado Sémper. “Y esto no es cierto. Está descontrolada la crisis de Ceuta. El Gobierno está siendo incapaz de encauzarla y de controlarla”, ha concluido.

“Es un Gobierno absolutamente descontrolado, desbordado y enfrentado entre ellos”, ha espetado Sémper, quien ha puesto como ejemplo las discrepancias públicas entre los ministros de Defensa, Margarita Robles, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a cuenta de la existencia o no de avisos previos por parte del CNI y otros servicios de inteligencia españoles.

“Hoy, Bolaños ha dicho que quien afirme que esta crisis está resuelta o se va a resolver fácilmente, se equivoca. El ministro Óscar Puente dijo 24 o 48 horas después [de los sucesos de julio] que la crisis había sido resuelta”, ha sostenido.

“Esto es un carajal”, ha defendido Sémper, quien ha defendido “a los inmigrantes” porque “están siendo tratados por este Gobierno de una manera absolutamente inhumana”. “Todo al servicio del relato”, ha zanjado.

Sémper ha sido cuestionado expresamente por los incidentes de la madrugada de este jueves. “¿Les preocupa a ustedes que los ciudadanos ceutíes se tomen la justicia por su mano? Y que eso al final no solucione nada, sino que empeore todavía más la situación?”, le han preguntado. El portavoz del PP ha respondido: “Lo que nos preocupa es que la gente en Ceuta está desesperada. Lo que nos preocupa es que haya mucha gente que cree que el Estado no le está respondiendo, que cale la sensación de que las autoridades y que el servicio público, y, por lo tanto, el Estado, es incapaz de resolver las crisis que enfrentan. Esto es lo verdaderamente preocupante. No hay que señalar a la gente. Lo que hay que señalar es a quienes gobiernan”.

Sémper ha recibido una segunda pregunta al respecto: “¿Entonces, portavoz, al Partido Popular le parece bien o le parece mal que ayer ciudadanos ceutíes atacaran el campamento de la playa del Trampolín, destruyeran donde están las personas migrantes viviendo e incluso atacaran a esas personas?”.

El portavoz del PP ha respondido con una defensa de los militares españoles desplegados en Ceuta: “Ayer fue atacada una unidad del Ejército español y hay cuatro heridos. Quiero mandar desde aquí, en nombre del PP, un afectuoso saludo y todo nuestro respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Ejército, que está trabajando en unas condiciones precarias en Ceuta”.

Sobre dicho ataque, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado en su cuenta de Twitter: “¿A qué espera el Gobierno? ¿A que haya una desgracia? O peor, ¿a aprovecharla políticamente?”.

El PP ha pedido en los últimos días que el Gobierno autorice que los militares desplegados en Ceuta sean considerados como agentes de la autoridad y puedan participar en actuaciones policiales sobre población civil.

Sémper ha insistido en que ese movimiento serviría “para evitar cualquier mal” que puedan padecer los soldados.

El portavoz del PP ha añadido para finalizar “Y por supuesto, estamos siempre en contra de la violencia. [Pero] estamos sobre todo en contra, y es compatible, de un Gobierno incapaz e inoperante. Y nos preocupa muy mucho que los ciudadanos ceutíes se sientan desprotegidos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben de tener medios y el Ejército debe de poder actuar, cosa que ahora no puede hacer en condiciones”.

Llamamientos a la calma del Gobierno y de Ceuta

Las autoridades de Ceuta se han sumado a los llamamientos a la calma. La vicepresidenta de la ciudad autónoma, Kissy Chandiramani, ha pedido no elevar la tensión después de que decenas de personas intentasen anoche echar ayer a quienes permanecen durmiendo a la intemperie en la playa del Trampolín, y la posterior detención durante la madrugada de 12 migrantes por lanzar piedras contra militares en la zona de Benzú.

“Con todo el derecho, los ceutíes tenemos que salir a la calle, si así lo consideramos, a pedir que las administraciones respondan, pero también desde la calma y desde la confianza en que esto se va a solucionar”, ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser este jueves. “Entre todos nosotros como entidades políticas, instituciones y medios de comunicación debemos llamar a la calma porque esta tensión puede llevarnos a donde nadie quiere que estemos”, ha concluido.

También desde el Gobierno se han hecho estos llamamientos. El ministro Ángel Víctor Torres, que ha asumido el mando único de la gestión de la crisis en Ceuta, ha pedido en su comparecencia de este jueves en el Congreso al resto de los partidos que se sumen “a un mensaje claro” de “no a la violencia”.

“No se puede atacar a ceutíes musulmanes, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja, que son de Ceuta, se sientan amenazados por entregar comida en la playa de El Trampolín y quieran desistir de hacer un trabajo voluntario porque reciben amenazas”.

Torres también ha rechazado las agresiones que se han dado en los últimos días a los profesionales de los medios de comunicación y a los representantes públicos. “Quizás esto es idílico pensarlo en estos momentos, donde parece que la crispación debe aumentar”, ha añadido el ministro. También ha dicho que no va a “engañar” a los ciudadanos de Ceuta diciendo que las personas migrantes “pueden ser devueltos mañana sabiendo que eso es falso”.

En el mismo sentido que Borja Sémper se ha pronunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien durante la comparecencia de Bolaños ha asegurado que “los que se están tomando una cerveza en una terraza son los que invadieron su ciudad”.

“Y les piden paciencia”, ha espetado la diputada después de que el ministro Félix Bolaños hiciera un llamamiento a la calma y asegurara que el Estado “está volcado para devolver cuanto antes la normalidad a la ciudad autónoma de Ceuta” y llamara a evitar “cualquier discurso racista o xenófobo”.“Mucha paciencia están teniendo los ceutíes”, ha dicho Gamarra. “Mucha paciencia han tenido”, ha concluido.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha respondido este jueves a la afirmación que hizo el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, cuando señaló que el absentismo laboral era un “cáncer”.

“Convendría que tuviéramos cierta cautela a la hora de hacer ciertas comparaciones”, ha afirmado Sémper en una entrevista en Rac1.

Sémper, que ha padecido un cáncer de páncreas que le ha tenido 10 meses de baja, ha admitido que a él no le ha molestado la comparación. “Es una palabra que se usa para describir cosas terribles, hay un paralelismo obvio”, ha señalado. “Hay gente a la que le molesta, pero a mí no”.

Feijóo apostó el martes por reducir sueldos y “prestaciones” a los trabajadores que no acudan a trabajar, bien sea por una baja, un permiso o una ausencia de cualquier otro tipo. El jefe de la oposición sostuvo que España gasta 30.000 millones de euros al año porque cada día se produce un absentismo laboral de 1,16 millones de personas. “Es un cáncer”, afirmó. Y prometió que “con o sin acuerdo”, si llegaba al Gobierno tomaría “una decisión con el absentismo”.

Sémper ha matizado que una baja laboral “no es un capricho” y ha criticado que, por ejemplo, quienes padecen un cáncer y no pueden acudir a su trabajo no cobren el 100% de su salario. “No podemos añadir al drama de tener que coger una baja por enfermedad que se aminore tu salario”, ha asegurado.

“Otra cosa es que tengamos en España un problema de absentismo detectado incluso por sindicatos”, ha proseguido el portavoz del PP. “El absentismo en nuestro país alcanza los 33.000 millones de euros y en 2018 estaba en torno a los 14.000 millones”.

Sémper ha defendido que se debería abrir un “debate sereno y profundo” sobre las bajas laborales. “¿Es todo fraude? Por supuesto que no”, ha explicado, “pero hay una carga financiera para las empresas y para las arcas publicas notable”.

“Son los socios los que deben moverse”. Así ha descartado este lunes el portavoz del PP, Borja Sémper, que su líder, Alberto Núñez Feijóo, vaya a presentar una moción de censura pese a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Sémper ha respondido expresamente al presidente del PNV, Aitor Esteban, quien este fin de semana deslizó la idea de un adelanto electoral. “Si cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también lo es. Las palabras solo, no valen”.

“España necesita una escoba que barra la corrupción y nosotros queremos ser esa escoba”, ha apuntado Sémper en la habitual rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP. Sémper ha afirmado que “el daño” que hacen los escándalos de corrupción “es extremadamente grave”.

La imputación de Zapatero “no es un episodio más”, ha apuntado Sémper, porque “es la primera vez que un expresidente está investigado por corrupción”, ha añadido. “Los escándalos se suceden”, ha dicho. “No nos da tiempo a dejar de sorprendernos y escandalizarnos”, ha asegurado, para anticipar que “esta misma semana comienza el juicio oral al hermano del presidente del Gobierno por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias por una contratación que la acusación considera amañada a su favor por la Diputación de Badajoz. Es decir, cobrar de una administración pública presuntamente gracias a su apellido”.

Los socios, “culpables por omisión”

Pese a todos estos elementos, Sémper ha descartado que Feijóo dé el paso de presentar la moción de censura si no tiene los apoyos. El PP lo deja en manos de los socios: “¿No hay ningún socio del Gobierno que diga que ya no se puede continuar ni un minuto más en esta situación y que haga algo para que no se siga más en esta situación?”.

“Creemos que tan culpables son quien hace como quien mira para otro lado, y en este caso los socios del señor Sánchez son culpables por omisión porque están respaldando la corrupción no haciendo nada”, ha afirmado el portavoz del PP.

“El foco político e informativo hoy está en lo que Zapatero ha hecho o hace Sánchez, no en lo que Feijóo va a hacer”, ha explicado Sémper. “Está en Moncloa o en Ferraz, no en Génova, 13”, ha añadido, en referencia a la sede del PP.

“Hay que dar pasos y estaremos a la altura de las circunstancias. Vamos a hacer lo más responsable, todo lo que esté en nuestra mano para sacar a España de este pozo. Que nadie espere cosas extravagantes. Cabeza y sensatez”, ha concluido.

El Partido Popular pide la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por tres delitos. La Audiencia Nacional sitúa al expresidente como líder de una estructura “estable y jerarquizada” de tráfico de influencias.

Desde el PP equiparan a Sánchez con el ex jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 por convertir “a este Zapatero corrompido en su portavoz de campaña”. “Zapatero es la musa del sanchismo y esa musa está imputada por la Audiencia Nacional”, añaden fuentes del PP remitidas a los medios. “Esta indecencia debe terminar”, aseguran.

El presidente y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra Sánchez tras la imputación del expresidente socialista. “Solo le queda una salida digna. No seguir manchando ni un minuto más el buen nombre de la política, de la Justicia y de España”, ha asegurado en su perfil de X. Feijóo ha afirmado que “la corrupción es la razón fundacional de este Gobierno” y ha añadido: “Sin apoyos no puede seguir. Sin decencia, menos aún”.

El primero en pronunciarse públicamente este martes ha sido el secretario general, Miguel Tellado, que ha pedido explicaciones al Gobierno. “Es de una gravedad extrema”, ha valorado. Tellado sitúa a Zapatero como “principal consejero de [Pedro] Sánchez”. “El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer”, ha añadido.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha arremetido este martes contra Sánchez por no convocar elecciones tras la imputación de su predecesor socialista en el cargo: “Qué más tiene que pasar para que Pedro Sánchez convoque elecciones”, ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso

Por su parte, el portavoz del partido, Borja Sémper, ha demandado un “cambio político, de formas y de fondo” en España. “Superaremos esta oscura etapa de escándalos de corrupción y políticos que se suceden casi a diario”, ha asegurado Sémper, que ha agregado: “Todo se terminará por saber, nadie es impune, el Estado de Derecho se impondrá”.

La portavoz de los 'populares' en el Senado, Alicia García, ha cargado contra el actual presidente por la imputación de Zapatero, al tratarse del “hombre al que Sánchez convirtió en referente moral de la izquierda”. “Zapatero hacía campaña con Sánchez y Montero mientras alrededor de Plus Ultra corrían millones del dinero público. Nunca un presidente del Gobierno había estado tan rodeado de corrupción, escándalos y presuntas tramas”, ha criticado García en su perfil de X.

La eurodiputada y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha pedido “elecciones ahora”. En una publicación en redes sociales en inglés, Montserrat ha apelado a Europa: “No puede tolerar que su cuarta economía más grande se permita este escándalo internacional de corrupción sin precedentes”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de “escándalo internacional” la noticia sobre el expresidente y ha acusado al Ejecutivo central: “Sorprende que el Gobierno, lejos de querer investigar un asunto que era de conocimiento internacional, se ha dedicado en todo momento a taparlo, y espero que no utilice la Fiscalía, ni la Abogacía ni lo que hacen siempre para intentar encubrir la verdad”, ha dicho este martes. Informa África Gelardo Arrebola.

Vox pide a Feijóo una moción de censura y elecciones a Sánchez

Vox ha pedido a Sánchez que convoque elecciones anticipadas tras la imputación del expresidente. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que ha sido quien ha explicitado la petición de unos comicios, ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no hacer “lo que merece el pueblo”: presentar una moción de censura. Así se ha expresado también el presidente del partido ultra, Santiago Abascal, que considera “necesaria” una moción de censura y ha señalado, sin pruebas, a Sánchez como “número 1 de todas las tramas de corrupción”.

Ester Muñoz ha descartado que su jefe de filas vaya a presentar una moción de censura: ha criticado a Abascal por reclamarla “a sabiendas” de que no puede salir adelante ya que, según ha sostenido, los socios del Gobierno no están dispuestos a apoyarla. Así, Muñoz ha criticado también a los partidos que sustentan parlamentariamente al Gobierno por no anunciar su voto favorable a una moción de censura que el PP dice que no va a presentar.

El PSOE apoya a Zapatero y Sumar plantea 'lawfare'

Desde el PSOE han trasladado su apoyo a Zapatero: “Trasladamos un mensaje de tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia”, han asegurado en fuentes remitidas a los medios, donde han añadido que “la derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado los avances” que hizo durante las dos legislaturas en que fue jefe del Ejecutivo. “'El que pueda hacer, que haga' llevado a su máxima expresión”, ha criticado la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en su perfil de X.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que Feijóo “posee información precisa de las actuaciones a practicar en una causa declarada secreta”, en referencia al mencionado caso Plus Ultra. “Es tan imbecil que nos deja las pruebas para que si albergásemos alguna duda, las despejemos todas. Por recordar, la causa Plus Ultra está bajo secreto de sumario”, ha añadido, en referencia a una intervención del pasado 12 de mayo en la que vaticinaba “muchas novedades” en materia de corrupción vinculadas con el expresidente. La causa ha permanecido bajo secreto hasta este martes y todavía no se conoce el detalle de las pesquisas.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que se ha quedado “de piedra” al conocer la imputación y ha confiado en que “todo pueda quedar explicado”. “Personalmente, me deja de piedra. Espero que pueda quedar aclarado por el bien suyo, de su familia y el buen nombre del PSOE”, ha dicho en una entrevista en Onda Cero.

El socio minoritario del Gobierno central, Sumar, ha deslizado sus “sospechas” en relación a que se trate de un posible caso de lawfare, informa Daniel Ríos. “Vamos a ver qué hay ahí, no tenemos información, pero no creo que a nadie que siga las noticias de la prensa y las imputaciones de dirigentes de la izquierda les pueda sorprender mucho que algunos tengamos dudas sobre el origen de estas acusaciones”, ha declarado la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, que ha preferido esperar a conocer los detalles del caso.

Podemos ha expresado los recelos que le suscita la imputación. La secretaria general del partido, Ione Belarra, no ha querido tildar expresamente la decisión de 'lawfare', pero ha afirmado que responde a que “la derecha le tiene muchas ganas”. “Es evidente que el Gobierno cada vez lo tiene más difícil para seguir gobernando” por “la corrupción, no hacer nada contra la guerra sucia judicial” y “el rearme”, ha añadido. Informa Daniel Ríos.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recuperado en redes sociales un discurso que hizo en la Cámara Baja defendiendo la figura de Zapatero y ha subrayado que sea el primer expresidente imputado y no Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy —unos términos en los que también se ha referido Belarra—: “El 1º [González] fue el presidente del robo y del terrorismo de Estado, el 2º [Aznar] fue el presidente del robo y de la corrupción de Estado, el 3º [Rajoy] fue el presidente del robo y del espionaje de Estado y el 4º [Zapatero] le ganó las elecciones del 2004 al PP, acabó con ETA en el 2011, remontó las elecciones del 2023 otra vez al PP y quería volver hacer campaña en el 2027 contra el PP”.

La Audiencia Nacional sitúa a Zapatero como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. Le cita como investigado el 2 de junio y señala que la finalidad de dicha trama era “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.

Este martes, el ex líder socialista ha sido imputado por organización criminal, falsedad y tráfico de influencias en el marco del caso Plus Ultra, la aerolínea que está en el punto de mira de la Justicia por el presunto “uso ilícito” de parte de los fondos obtenidos con su rescate durante la pandemia.

Borja Sémper ha vuelto a la política. Este martes, ante la plana mayor de su Partido Popular, expolíticos de otras formaciones, empresarios y periodistas, el diputado guipuzkoano ha protagonizado un acto informativo para certificar su regreso a la primera línea tras una larga baja provocada por un cáncer del que ya se ha curado. Es la segunda vez que el portavoz del PP se reincorpora a la vida pública. Lo hace, de nuevo, para acompañar a Alberto Núñez Feijóo. Y, pese a sus propias palabras, retorna con su partido abrazado a la ultraderecha de Vox. Otra vez.

“Hemos normalizado el insulto”, ha lamentado Sémper durante su intervención en el Nueva Economía Forum, un clásico en los actos políticos de Madrid. En uno de los salones más aparentes del exclusivo hotel Four Seasons de la capital, el portavoz del PP ha desgranado una posición política que no es nueva y que él suele practicar: el discurso mesurado, la huida de la descalificación personal y del sectarismo, al menos en sus alocuciones.

Sémper gusta de ser posición intermedia. El fiel de la balanza que le sitúe a él, y al partido al que representa, por encima de quienes, dice, desprestigian la labor política y llevan la legítima disputa a una situación insostenible que contagia después a toda la sociedad, víctima de la crispación. El portavoz ha desplegado esta forma de hacer política ante un auditorio repleto, con los principales dirigentes de su partido en primera fila, muchos empresarios haciendo 'networking' y la destacable ausencia de rivales políticos. Por parte del PSOE, quien fuera el presidente del Senado, el también vasco Ander Gil. Entre los 'ex', dos que compartieron partido y ahora apenas se saludan, Albert Rivera y Begoña Villacís.

“Hace tres días, el líder del tercer partido llamaba 'mierda' al presidente del Gobierno”, ha asegurado Sémper en referencia a Santiago Abascal. El líder de Vox y Sémper mantienen posiciones distantes, pero no hace tanto compartían militancia en el País Vasco en una situación muy diferente a la habitual en la que morir víctima de un atentado terrorista formaba parte de posible en el día a día de quienes se dedicaban a lo público. Se hicieron amigos casi a la fuerza.

El portavoz del PP ha añadido inmediatamente el contrapeso que le coloca a él y a los suyos en el centro: “Y un ministro del segundo partido decía 'qué asco me da este tío' sobre el jefe de la oposición”, una referencia a Óscar Puente y un tuit en el que arremetía contra Feijóo.

Sémper ha reconocido que “todos” tienen responsabilidad en un clima político que, ha asegurado, irá “a peor” porque se va a imponer la tentación de “degradar más la conversación” y “dividir a los españoles”. Pero “ellos” tienen la culpa. “Ellos” son el Gobierno. Y “ellos” no son la oposición, y su responsabilidad es mayor.

Y eso que el PP también es “Gobierno”. Y que cuenta en su equipo de gala con algunos de los principales crispadores del país, con Isabel Díaz Ayuso y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a la cabeza. La presidenta de Madrid, de viaje oficial en México, ha estado ausente de la cita. El PP de Madrid ha estado representado por el predecesor de Sémper en el cargo de portavoz nacional del partido, José Luis Martínez Almeida.

Precisamente cuando el alcalde de Madrid iba a asumir la responsabilidad de ser el rostro del PP de Pablo Casado se produjo la primera retirada de la política de Borja Sémper. Fue una decisión puramente ideológica, según dijo. El entonces concejal del Ayuntamiento de San Sebastián renegó en público de la línea marcada por su dirección, de sus coqueteos con Vox, y se pasó a la empresa privada.

“Rechazo la política de trinchera y el enfrentamiento gratuito”, dijo. Era enero de 2020 y, sin nadie saberlo, ya se estaba incubando la pandemia del coronavirus que contribuyó decisivamente a agriar el humor mundial.

Sémper volvió tres años después. Feijóo lo presentó en enero de 2023 como quien presume de su flamante regalo de Reyes. Tras su paso por la consultora EY, el político vasco saltó directamente a la dirección nacional del PP y asumió el rol de ser la voz moderada de un PP que rozaba con la punta de los dedos el pomo de la puerta del Palacio de la Moncloa.

Pero Feijóo falló, quizá por primera vez en su vida. Entre otros, uno de los motivos de la derrota asumidos por la dirección del PP fueron sus alianzas con Vox. La derecha logró en las autonómicas y municipales de aquel año una de las mayores cotas de poder territorial en democracia: once comunidades autónomas y cientos y cientos de ayuntamientos. En muchas ocasiones, con esos “pactos de perdedores” que tantas veces ha denunciado el PP: la suma de los segundos y terceros para desbancar al primero.

El encargado de defender aquellos pactos fue Borja Sémper. En la sala de prensa de la sede de la madrileña calle de Génova, el portavoz sufrió la primera de las grandes desautorizaciones públicas que recibió cuando prometió que su partido jamás trasvasaría unas “líneas rojas” en sus acuerdos que, casi a la misma hora, Carlos Mazón echaba por tierra al firmar una coalición con Vox para arrebatar la Generalitat valenciana al PSOE y Compromís, “divorcio duro” incluido.

Tras el valenciano llegaron el resto de gobiernos, y con ellos los ataques a las políticas de igualdad, la censura de películas de Disney, de obras de teatro o de actuaciones musicales en muchos municipios y el inicio de una batalla cultural contra el diferente que hoy no solo se ha acrecentado, sino que domina completamente las líneas argumentales de las derechas.

La vivienda, auténtica “prioridad nacional”

Sémper se fue para no ver a su partido compartir espacio político con Vox, y regresó para asumir los cogobiernos con los ultras. Y algo parecido le ha pasado ahora. Pese a que el motivo de su salida de la primera línea política ha sido muy diferente, diez meses después de anunciar su cáncer, y ya con el alta médica, el dirigente vasco vuelve con la “prioridad nacional” impuesta por la ultraderecha dominando los titulares, para enfado de los suyos.

El PP quiere salir de la rueda de ratón en la que se ha instalado tras firmar con Vox en Extremadura y Aragón que las ayudas sociales estarán vinculadas a la “prioridad nacional”, un significante difuso y vacío que los dos partidos pugnan por rellenar de contenido. Y los ultras van ganando esa partida.

Quizá por eso, Sémper ha dicho este martes que la “prioridad nacional” es “construir, construir y construir” vivienda “como si no hubiera un mañana”. Para resolver ese problema, ha dicho, la receta pasa por “no solo bajar impuestos”, sino “eliminar regulaciones, proteger a los propietarios, incentivar alquiler y acabar con la ocupación”.

Sémper también ha criticado que “los populistas” azuzan “el miedo” a las personas migrantes. La inmigración, ha sostenido, es el “gran tema de todo Occidente”. La “derecha” del PP plantea “levantar muros muy alto, la deshumanización y el rechazo al diferente”, ha denunciado. Y se va “contra la Iglesia católica”, incluso.

“Somos un partido humanista, que bebe del liberalismo y la democracia cristiana”, ha dicho. “Creemos en la dignidad del ser humano, defendemos que cualquiera que viva, trabaje y cotice tiene derecho a acceder a los servicios públicos”, ha defendido. “Cotizar” es una palabra muy importante en esa tríada.

Es la posición del PP sobre esa “prioridad nacional” que han asumido y que está en disputa. Para Sémper, se están haciendo “lecturas erróneas o interesadas” de lo firmado con Vox. “Pero los pactos dicen lo que dicen”, ha zanjado.

Sémper también ha calificado de “inmoral” la defensa del “decrecimiento” como opción de política económica que lanzan la mayoría de organizaciones ecologistas, y ha asegurado que “la empresa privada tiene más capacidad transformadora” que la política.

El portavoz del PP ha reconocido que tuvo la “tentación de la retirada” durante su convalecencia, de regresar a una “posición cómoda para ver la vida como un espectador”. “Decidí que ni rendirme ni abandonar era una opción cuando se tiene la oportunidad de contribuir al cambio”, ha apuntado. Y lo hace, ha dicho, solo porque quien le está esperando es Alberto Núñez Feijóo.

“Vuelvo por segunda vez al lado de la persona en la que más creo en política, que es Alberto Núñez Feijóo. Pero también anunciándoles, por si a alguien le quedaba alguna duda, que yo no voy a participar en circos, en insultos; no voy a participar en el barro, en 'shows' ni acciones políticas para dividir”, ha puntualizado.

Sémper ha dicho que tiene la “determinación” de “reparar el daño causado” por otros, y ha llamado a “ignorar las voces extremistas que intentan convencer de que lo personal es político” o del “auge de políticas radicales que prometen soluciones simples” o apelan a “nostalgias de pasado”.

Entre ese “daño causado” están, obviamente, los casos de corrupción que salpican al Gobierno, con el juicio al llamado 'caso mascarillas' en uno de sus momentos álgidos en el Tribunal Supremo. Sémper ha dicho al respecto que el PP no va a valorar las decisiones judiciales por respeto a la separación de poderes, al revés de lo que hace el Gobierno.

Y ha concluido: “Otra cosa es la censura política, que es la que nos corresponde hacer. Una censura política que pasa por lo ético y por lo moral. Desde dónde se hacen negocios, qué posiciones de privilegio utilizas para hacer negocios o no. Qué posición política preferente [tienes] para, en un momento extremadamente complejo, como es una pandemia, cuando no podíamos enterrar siquiera nuestros familiares, alguien aprovecha [para] hacer negocio con la venta de mascarillas. Esto es lo que es una inmoralidad. Cuando se acepta, como un doble lenguaje, que alguien pueda tener una vida determinada, que se sabe y se oculta porque es de los míos y no pasa nada”.

Una frase en teoría dirigida al Gobierno, pero que recuerda mucho a una que dijo el anterior presidente del PP, Pablo Casado, y cuya textualidad sigue en las redes sociales del partido cuatro años después.

“¿Qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas? ¿Qué pasaría si un ciudadano español de piel blanca asesinara a una mujer de procedencia extranjera y otro color de piel?”. Las dos preguntas fueron lanzadas este jueves en Twitter por el secretario general del PP, Miguel Tellado, a cuenta del asesinato de Charlie Kirk en EEUU, de cuya muerte el presidente americano, Donald Trump, ha acusado a la “izquierda radical”.

Tellado planteó en su tuit “abrir un debate” sobre la base de un supuesto “silencio ante la barbarie” que, en su opinión, “prende la llama de la crispación y la polarización. ”La violencia no tiene cabida en una democracia que se precie de serlo y hay que condenarla siempre, venga de quien venga“, aseguró en un mensaje que relacionaba esta muerte con la de una mujer refugiada ucraniana en Charlotte, en el estado de Carolina del Norte, a manos de un hombre. Dos sucesos que, al menos hasta este jueves, nadie ha relacionado.

El secretario general declaró que su partido condena “enérgicamente el atroz asesinato” y se une a “la conmoción” del país.

Tellado habló en nombre de su partido, pero no fue el único dirigente del PP que abordó el asesinato, del que todavía se desconocen autor y motivaciones, en sus redes sociales. El propio líder, Alberto Núñez Feijóo, tuiteó en los primeros instantes tras el disparo que acabó con la vida de Kirk para desear su “recuperación”.

“¿Qué clase de sociedad es aquella en la que la palabra se combate con pistolas?”, escribió Feijóo, quien no ha vuelto a postear ningún mensaje sobre el activista asesinado.

También el portavoz nacional, Borja Sémper, quien relacionó los hechos ocurridos en la universidad del estado de Utah con la violencia terrorista sufrida en España durante décadas por parte de ETA y alertó del “daño que hacen quienes ante el asesinato de un inocente hablan de que llevaba la falda muy corta”. “Ya me entiendes”, añade en su mensaje en Twitter.

Desde el PP aseguran que la reacción de primer nivel al asesinato de Kirk se explica por la defensa de la democracia. “Si alguien muere por sus ideas no está de más que los demócratas lo comentemos”, apuntan desde la dirección del partido a elDiario.es.

Preguntados por el silencio de Feijóo, Tellado o Sémper ante otros asesinatos de referentes políticos en Estados Unidos, sostienen que esta “es una noticia de apertura de todos los medios nacionales”, y concluyen “que las personas que han puesto tuit habrán visto muy razonable trasladar su preocupación por el hecho de que se maten a personas por motivaciones políticas”.

También en EEUU, el pasado mes de junio fueron asesinados la congresista Melissa Hortman y su marido en un ataque en el que otro senador fue herido. El motivo del autor de los disparos, según las pistas que se encontraron en su vehículo, estaba relacionado con el movimiento antiabortista, y las autoridades de EEUU determinaron que era un “ataque político”.

Otros dirigentes del PP optaron por el silencio o, en todo caso, por retuitear a sus superiores. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no comentó nada al respecto en sus redes. Tampoco el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, con quien este viernes inaugura el curso político Feijóo en Málaga.

Este mismo jueves, Vox y las Nuevas Generaciones del PP de Madrid secundaron una concentración convocada frente a la embajada de EEUU en repulsa por el ataque.

De la fosa para el Gobierno al “miedo” de Sánchez

El extenso post de Tellado en el que pide un “debate” sobre la violencia política llega menos de una semana después de un discurso suyo en el que aseguró en Pamplona: “Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país”. En Navarra hay identificadas 261 fosas comunes con víctimas de la dictadura franquista.

El 'número dos' del PP respondió a las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Qué manipulación más burda pero el Francomodín ya no da más de sí”. Y eso que apenas un día antes su jefe de filas había comparado a Sánchez con el dictador por su supuesta negativa a convocar elecciones.

“Antes de Sánchez, el único que creía que las elecciones eran un incordio era Franco”, espetó ante un millar de personas reunidas en Arganda del Rey (Madrid) para el inicio del curso político del PP de Ayuso.

Durante su discurso, Feijóo dijo: “A este Gobierno solo le mueve el miedo”. “El miedo a la justicia a los socios y a la mayoría del pueblo”, añadió. “Sabe lo que piensan los españoles, no pisa la calle. Noventa y pico escoltas este verano. Por eso señala y acosa a todo el que puede imponerse en su camino”, sostuvo.

Ese viernes también intervino Ayuso, quien dijo: “Tenemos un presidente que va al choque con todo. Porque Sánchez lo que necesita es tener un país invivible, porque él ya no puede vivir en él. Necesita que nadie pueda vivir en él”.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha informado este lunes de que los médicos le han detectado un “tumor cancerígeno” y que comenzará el tratamiento de forma inmediata, lo que afectará a su labor política y la presencia pública. “Hace unos días, en el contexto de un chequeo médico rutinario, me detectaron un tumor cancerígeno que me va a llevar a someterme a un tratamiento exigente, como tantos cientos de miles de españoles lo hacen al año”, ha asegurado en una rueda de prensa ofrecida este lunes tras la reunión del Comité de Dirección del partido.

“Mi presencia pública probablemente se ve alterada y no sé si estaré todos los lunes o en lunes alternos”, ha sostenido. “Veremos en función de cómo va el tratamiento, mi disponibilidad para seguir ejerciendo” su labor como portavoz del PP.

“Evidentemente, todo mi esfuerzo va a estar encaminado a curarme”, ha añadido. Sémper ha dicho que “las perspectivas médicas son razonables” porque “afortunadamente fue un chequeo médico rutinario que ha sido capaz de encontrar el tumor en una fase muy primigenia y la expectativa médica es de curación”.

“Entenderéis que esto ha alterado absolutamente mi vida en lo personal y en lo profesional. Vamos a intentar que lo altere lo menos posible, aunque intuyo que será difícil que no lo altere”, ha concluido.

Sémper ha dicho que “uno de los peajes de la política” pasa por “tener que contar estas cosas antes de que se cuenten de otra manera y se cuenten mal”. “No me considero especial”, ha añadido. “En torno a 300.000 españoles son diagnosticados de cáncer al año en sus diferentes grados, y dentro de la inmensa jodienda que podéis entender que esto significa ha sido una inmensa suerte que se haya encontrado en un estadio tan primigenio y tan primario”, ha asegurado.

“Lo que me han demostrado también mis compañeros y especialmente el presidente Feijóo a lo largo de estos últimos días, es la inmensa talla humana de la gente con la que trabajo. Y como estas cosas a veces en política, pues no se cuentan. Pues quiero aprovechar esta oportunidad para contarlo. Me siento absolutamente arropado, faltaría más, por mi familia, por mis amigos y también por mi partido”, ha concluido.

“Mafia o democracia”. Fue el lema bajo el que se manifestó el PP este domingo a cuenta de los escándalos que afectan al Gobierno, al presidente, a su partido y a su entorno. “Que convoque elecciones generales y que le pregunte a los españoles si quieren un gobierno de koldos, de leires o de Jessicas”, dijo el líder de la oposición. Alberto Núñez Feijóo, ante decenas de miles de personas en Madrid. Este lunes se ha publicado un audio de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, donde que fuera 'número dos' de Mariano Rajoy dice: “Al fiscal Grinda hay que matarlo”. Preguntado al respecto, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha zanjado: “tiene la misma consideración”.

“Ni este portavoz ni la dirección van a justificar nunca ese tipo de comportamientos”, ha afirmado Sémper en la habitual rueda de prensa de los lunes, aunque el dirigente ha intentado restar valor a las palabras de la que fuera ministra de Defensa porque, ha dicho, “se produjeron hace siete u ocho años, en contraposición con lo que estamos teniendo oportunidad de conocer hoy, que se produce en tiempo real”.

Pese a que Sémper ha apuntado que “las diferencias son abismales”, ha concluido: “Lo que le tengo que decir es que quien haya cometido un delito, quien haya dicho palabras altisonantes, me da igual el partido al que pertenezca, pues evidentemente tiene la misma consideración. No es asimétrica. Nuestra valoración de la realidad no es asimétrica en relación donde se sitúa la dirección del PP”.

Esas “diferencias abismales” que ha señalado Sémper se han concretado este lunes en el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por haber supuestamente filtrado la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una circunstancia que ha motivado que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, haya reclamado su dimisión y de “quien le daba las indicaciones”. Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, sí se ha atrevido a citar expresamente a Pedro Sánchez.

El PP intenta replicar con el procesamiento de García Ortiz la situación política que provocó en España la condena al PP por la trama Gürtel. Una sentencia que motivó la moción de censura que les expulsó de la Moncloa en 2018. Sémper ha tirado de chascarrillos para criticar lo que considera silencios ominosos de quienes “en el 15M” gritaban que “dimitir no es un nombre ruso” o “no hay pan para tanto chorizo”.

“ No hace falta llenar Sol. No hace falta convocar un 15M para responder a esta ignominia que padecemos los españoles cada día”, ha ironizado sobre el movimiento social que en 2011 marcó el inicio del fin del bipartidismo en España. “Basta con preguntar al presidente del Gobierno, basta con exigirle respuestas. Hay que demostrar talla y grandeza política. Si el presidente del Gobierno no responde, y la corrupción se hace presente cada semana, lo mínimo exigible a quienes sustentan este Gobierno es que digan algo, es que griten, es que se quejen. Y es que den un paso adelante”, ha dicho.

Ese “paso adelante” se fraguaría en un apoyo a una hipotética moción de censura para echar a Pedro Sánchez y poner a Feijóo en la Moncloa que el líder del PP no se atreve a presentar formalmente porque, en sus propias palabras, no le dan “los números”.

La culpa, según Sémper, es de los socios de Sánchez que, ha dicho, “están verdes” para asumir su teórica responsabilidad de echar a Sánchez. “Están en periodo de negación”, ha asegurado. “Les mancha a ellos y también les va a afectar electoralmente”, ha añadido, para presumir de que tiene “información”. “Como usted comprenderá, hablamos en los pasillos, sabemos lo que opina uno y lo que opinan otros”, ha remachado.

En la dirección del PP citan una frase del auto del juez Ángel Hurtado, con la que arranca los Hechos Probados en que basa su auto de procesamiento: “A raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno.”. Una afirmación por la que fuentes de la dirección del partido sostienen que “pedirán explicaciones” a Sánchez.

Leire Diez ha pasado de ser una persona totalmente desconocida a estar en el centro del debate político en España. En las últimas semanas se han filtrado audios en los que ella aparece, y en esas grabaciones se la oye, por ejemplo, ofreciéndose a mediar con la Fiscalía para llegar a algún acuerdo que rebaje la condena a algún empresario que tire de la manta. Se le ha llegado a llamar la “fontanera del PSOE”. Ella ha asegurado en una rueda de prensa sin preguntas que se ha dado de baja como militante del PSOE y que ella solo es una periodista haciendo una investigación para escribir un libro. También, que nadie le ha hecho ningún encargo, que todo lo ha hecho por su cuenta.

Al final de esa rueda de prensa, aparece Víctor de Aldama un empresario imputado por el caso Hidrocarburos que Leire dice investigar pero implicado también, como presunto corruptor, en la trama del Caso Ábalos. Aldama se encara con Leire Díez, hay remolino de cámaras y micrófonos, y entonces aparece otro personaje fundamental en esta historia, el empresario Javier Perez Dolset, que empuja a Aldama y protege a Leire Diez. ¿Qué está pasando? Intentamos entender esta complicada historia política con el director de elDiario.es Ignacio Escolar.

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La campaña pronuclear del Partido Popular –exacerbada tras el apagón del 28 de abril– ha llevado a los populares a reclamar en España y Europa una mina de uranio en Salamanca que no tiene permiso por las deficiencias del proyecto en cuanto a seguridad y riesgos ambientales. Un plan que acumula sentencias y nulidades judiciales de las licencias sobre las que se desarrolló y que, para rematar, fue dirigido por un ejecutivo que resultó sancionado por utilizar información privilegiada relacionada con la mina para ganar dinero en la Bolsa.

Tanto el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en España como la eurodiputada Susana Solís en Bruselas han desempolvado este mayo de 2025 la idea de extraer uranio a cielo abierto en Retortillo (Salamanca), a pesar de que el Consejo de Seguridad Nacional emitió un informe desfavorable sobre la explotación planeada por la empresa Berkeley Minera tras recibir un dictamen técnico negativo. Con ese informe, el Ministerio de Transición Ecológica denegó la autorización a Berkeley el 1 de diciembre de 2021.

Entre las conclusiones del Consejo de Seguridad Nuclear destaca que la minera no analizaba el impacto que una balsa de 135.000 m3 de “agua previsiblemente contaminada” podría tener en los acuíferos y ríos tanto a nivel físico, químico como radiológico. Y no solo en el sitio donde se planeó la balsa, “sino en toda la vaguada aguas abajo hasta el río Yeltes”.

Tampoco se aquilató, dictaminaron los técnicos, “el riesgo de subsidencia [es decir de hundimiento] de los residuos depositados en el almacenamiento”. Un peligro que, en caso de suceder, podría “afectar a la integridad de las dos barreras de aislamiento del proyecto presentado, lo que impediría cumplir su función de evitar la infiltración y la emanación de radón”. El radón es un gas radioactivo cuya inhalación puede aumentar la probabilidad de cáncer de pulmón.

A modo de resumen, el informe concluía sobre el proyecto que “el modelo hidrogeológico de flujo y transporte presentado por Berkeley Minera España no resulta aceptable, por su escasa fiabilidad y elevadas incertidumbres no acotadas”.

Sin embargo, cuatro años después de aquel examen y preguntado sobre la petición de las compañías eléctricas para que les rebajen los impuestos de la energía atómica, Borja Sémper ha afirmado que “el Gobierno ahoga la energía nuclear imposibilitando la extracción de uranio. En España existen 30.000 toneladas de uranio esperando a ser obtenidas, singularmente en la zona de Salamanca”.

Solo unos días después, la diputada europea Susana Solís –una voz pronuclear constante en Bruselas– le decía a la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera que era “un sinsentido” “prohibir por ley la extracción de uranio en España, pues la demanda está creciendo y queremos dejar de depender de Rusia”.

La minera reclama 1.000 millones

El proyecto Berkeley que ahora reivindican los dirigentes del Partido Popular no solo fue rechazado por los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, sino que acumula sentencias y nulidades judiciales sobre los permisos urbanísticos sobre los que fue completando fases de preparación.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló en 2023 las licencias de uso de suelo y urbanística de la mina que le otorgó en su momento el Ayuntamiento de Retortillo gracias al recurso de la organización Stop Uranio.

Solo un par de meses después, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de la empresa contra la anulación judicial de 2022 de otra de las autorizaciones que había conseguido la minera: la de vertidos de aguas otorgada por la Confederación Hidrográfica del Duero en 2016 – basándose en una declaración de impacto ambiental aprobada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León–.

Berkeley afirma en su Informe Anual 2024 que ha “retirado los recursos judiciales para preservar los derechos del grupo en un arbitrio internacional”. Porque la minera, por su parte, reclama al Gobierno de España unos 1.000 millones de euros por no haber recibido la autorización para construir sus instalaciones y comenzar así a explotar el yacimiento. Precisamente, el pasado 8 de mayo comenzó el proceso de arbitraje que se realiza en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Se trata de un proceso que suele dilatarse años.

Con todo, la licencia de explotación que Berkeley tiene sobre el yacimiento está vigente hasta 2044 (30 años desde 2014) y, recuerda la empresa, “es renovable por dos periodos de treinta años”.

De la multa al wolframio “crítico”

Cuando el pasado 25 de marzo se conocieron los siete proyectos mineros que la Unión Europea impulsará en España en busca de materiales críticos, pudo comprobarse que la explotación de wolframio El Moto, en Ciudad Real, estaba entre las elegidas. La mina está en manos de Abenojar Tungsten S.L. Solo un par de semanas antes, la sociedad había incorporado como consejero a Francisco Bellón del Rosal.

Bellón del Rosal llegó un año después de haber dimitido como director de Berkeley Minera España después de que la Comisión Nacional de Mercado de Valores lo hubiera sancionado por una infracción muy grave. El ejecutivo compró acciones de la empresa antes de dar a conocer públicamente la obtención de una autorización. Después, una vez se informó de ese hecho, las acciones de la empresa subieron y Bellón vendió ese paquete para embolsarse 40.000 euros.

El directivo dejó su puesto al frente del proyecto, pero la minera le mantuvo en un puesto ejecutivo como director de Operaciones. Ahora está en el consejo de la mina de wolframio en Ciudad Real.  

Una semana que comenzó con un apagón total y terminó con miles de personas atrapadas en los trenes tenía que provocar un súbito aumento del colesterol en la política, del malo, claro. Una oportunidad fantástica en manos de la oposición para atizar al Gobierno. Otra no menor del Gobierno para denunciar que el PP disfruta cuando le va mal a España. Argumentarios que circulan a más velocidad que el AVE. Este lunes, ha habido una novedad. Los diputados del PP se preguntan por qué los españoles no salen a la calle con los ojos inyectados en sangre. Quizá lo hacen porque hay convocada una manifestación en Madrid para el próximo sábado.

El recuento de viajeros afectados por los grandes retrasos llegó a 10.000 a lo largo de 24 horas, que incluyeron al AVE Madrid-Sevilla. Hubo escenas estremecedoras, como en ese tren a oscuras en el que de repente apareció uno de los dos miembros de Los Morancos para ponerse a cantar. A lo que cualquiera habría dicho: ¿es que no han sufrido lo suficiente?

Óscar Puente afirmó que la causa de todo estuvo en los robos de cable, que se repiten en puntos de la infraestructura ferroviaria desde hace años. “Son cuatro robos de cable de escasísimo valor en cuatro puntos distintos [después se confirmó un quinto caso]. Es una acción bastante coordinada. Quien lo hacía sabía perfectamente dónde iba, porque es una zona donde no hay cámaras”, dijo el ministro de Transportes. El presidente de Renfe añadió que el mayor percance fue originado por un tren de su competidor privado Iryo, que arrastró una catenaria. La empresa de capital italiano y español lo negó.

Puente estaba denunciando un sabotaje, del que su Ministerio ofreció pruebas fotográficas, realizado a saber con qué intenciones o incluso sugiriendo que el motivo no era robar y vender ese cable. Quizá al ministro le parezca que no tiene mucho valor, pero se ha visto con anterioridad que este tipo de robos son rentables para sus autores. Y lo normal es actuar en una zona sin cámaras. Lo contrario sería ponérselo muy fácil a la Guardia Civil.

Por la tarde, Puente se desplazó a la zona de los robos e insistió en sus sospechas. “El móvil económico es difícil de entender”, dijo a los periodistas. El cable robado en ese punto no era de gran valor, porque no cuenta con un gran peso en cobre. Se utiliza para la comunicación entre el tren y los sensores de la vía, con lo que permite conocer si está circulando algún tren ese punto. Sobre las dos hipótesis que planteó –el robo y la opción de “hacer daño”–, apostó por la segunda, porque es “la más plausible”.

El PP quedó escandalizado al saber que el Gobierno había relacionado los retrasos con un sabotaje. Solo le faltó defender el buen nombre de los honrados ladrones de cobre. La culpa tenía que ser del malvado Pedro Sánchez. “Lo que estamos viendo también en las últimas horas en relación con los graves retrasos sufridos por los trenes es también un ejercicio más de desinformación, porque nos hablan de sabotaje y porque culpan a todos menos asumir cualquier tipo de responsabilidad”, dijo el lunes Borja Sémper. ¿Estaba diciendo que el Gobierno se había inventado el robo?

En los años del Gobierno de Rajoy, hubo numerosos robos de cobre, en especial en 2013 y 2014, que causaron retrasos en los servicios ferroviarios. En los cinco años hasta 2017, se produjeron 4.600 incidentes de este tipo con un más de un millón de metros de cable sustraído y unas pérdidas de casi 35 millones de euros para Adif, según una respuesta parlamentaria del Gobierno. Los robos solo comenzaron a bajar cuando se inició el descenso del precio del cobre. No es un caso típico de España. Este tipo de delincuencia es también habitual en países como Francia, Alemania o Reino Unido.

“El robo de cables le cuesta a Network Rail millones de libras cada año”, decía hace unos años el director de seguridad de la empresa ferroviaria de Gales, citado por El Español. “El coste total para la economía, teniendo en cuenta el impacto de los retrasos en el transporte de mercancías y en los pasajeros cuyos viajes se ven interrumpidos, es aún mayor”.

El PSOE respondió a la altura de las críticas recibidas, sobre todo de los adversarios que restaban importancia a la existencia de los robos. A la acusación de Alberto Núñez Feijóo –“segundo lunes con imágenes impropias de la cuarta economía del euro”–, la cuenta socialista en Twitter respondió con la recortada y le acusó de ser un “carroñero político”. Los diputados del PSOE siguieron en esa línea: “El PP huele la carroña y se lanza corriendo”.

La particularidad de estos días, además de la cercanía de la manifestación, es que el PP parece dolido con que no haya habido una respuesta más potente en la calle por el apagón. Todo ese buen rollo por el hecho de que la falta de luz no provocara desórdenes graves en las ciudades le puso de los nervios. En la misma rueda de prensa, Sémper advirtió de que todo tiene un límite: “Este Gobierno está agotando la paciencia de los españoles y abusando del civismo de los ciudadanos”. A ver si al final los ciudadanos no van a ser tan cívicos y se van a liar la manta a la cabeza.

Como era de esperar, fue Isabel Díaz Ayuso la más directa en cuanto a alertas ominosas. “Que nadie se confunda: el buen carácter de los españoles no es pasividad, ni sumisión, ni indiferencia”, dijo en el discurso de la fiesta del Dos de Mayo. En Twitter, dio rienda suelta a su imaginación: “Si gobernase el PP, la izquierda estaría incendiando las calles desde el primer día”. También se puede entender como una forma de pedir a sus partidarios que se pongan las pilas.

En los aledaños del PP también circula el sentimiento de perplejidad. “Con el apagón y esto de Renfe hoy, poca bronca hay”, se lamentó Susanna Griso en Antena 3. “A nadie en el planeta se le funden los plomos como a España. Tenemos que estar orgullosos de nuestros apagones”, se quejó con sarcasmo Ana Rosa Quintana en Telecinco. Se la notaba pelín resentida. A ver si la gente se anima a cabrearse aún más y se pone fin a esta normalidad que trastorna tanto a la derecha.

¿España se va a negro? Culpa del Gobierno. ¿Hay un robo de cable en cinco puntos de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla? Culpa del Gobierno. ¿Piove? ¡Porco Governo! La oposición no tiene duda: ¡Tenemos servicios del tercer mundo!, claman los de Vox. “Las mafias del cobre campan a sus anchas por la inacción de Marlaska mientras el camorrista Puente solo se vuelca en acosar a tuiteros en lugar de hacer su trabajo como ministro”, se lee en la red social X de los ultras. 

Y dicen más: el ministro del Interior es un “incompetente” y el de Transportes, un “inútil, bananero y peligroso bufoncillo”. ¿Conclusión? “El enemigo es Sánchez y la nefasta gestión de un Ejecutivo corrupto que ha hecho de la ideología, la incompetencia, la mentira y la sumisión las armas perfectas para rendir a España”

El PP no se queda a la zaga y suma dos huevos duros: “Asistimos a una nueva semana de caos y de sobresaltos con una vergüenza más a la que nos tiene acostumbrados este Gobierno. Estamos seriamente preocupados porque el deterioro de los servicios públicos es continuo en nuestro país”. Son entrecomillados del moderado Borja Sémper, al que cada día cuesta más distinguir de Isabel Díaz Ayuso, responsable por cierto del deterioro de la sanidad y las universidades públicas madrileñas. Pero de eso no dice nada el ponderado Sémper. Ni de los 7.291 fallecidos en las residencias de ancianos durante la pandemia por una decisión estrictamente política y no médica. Ni de la fiesta de cumpleaños que se montó la baronesa el 2 de mayo, una fecha de la que se ha apropiado para celebrar con sus amigos y sus habituales apesebrados. Le cayó el diluvio universal durante el festejo para el que se vistió de bandera de España. A punto estuvo de culpar a Sánchez del aguacero. Se contuvo en eso, pero no en versionar la historia de España y en cargar contra el presidente del Gobierno. ¡Qué sería de Ayuso sin Sánchez! La baronesa aburre ya hasta los suyos, que tampoco acudieron a Sol a rendirle pleitesía.

España es un país serio, en el que los servicios públicos funcionan y consiguen recuperar la normalidad pese a los imponderables, sean estos un apagón eléctrico del que se desconocen aún las causas o un sabotaje como el que denunció el ministro Puente en las vías del AVE Madrid-Sevilla del que no tiene responsabilidad ni Renfe ni Adif. Ahora se trata de despejar cuál fue la motivación, que no parece un simple robo de cable, a tenor de los datos que se van conociendo, ya que el valor de lo sustraído ha tenido un coste de apenas 1.500 euros.

No es que España viva en el caos, es que la derecha tiene como objetivo aprovechar cualquier causa para proyectar la imagen de un país en constante vorágine donde cunde el desconcierto. “Desde que Gobierna Sánchez todo es un caos” (Ayuso, dixit). El todo no incluye, claro, las fechorías del emérito, que se pasea por España de regata en regata para recordarnos su obsceno pasado. Claro que ahí tiene al Supremo para echarle una mano y dar carpetazo a la querella presentada, entre otros, por jueces jubilados y exfiscales, contra Juan Carlos I por la gestión de su multimillonaria fortuna bajo el argumento de la prescripción y sus pírricos pagos a Hacienda. Nada, por cierto, que no hiciera antes la Fiscalía Anticorrupción en una operación que huele a concertada para “salvar a la Corona”. 

De esto no habla Sémper, ni Ayuso, ni Feijóo, ni Vox… Como buenos cortesanos, callan. Al menos, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, reabrió este lunes el debate sobre una “reforma constitucional amplia” que incluya el control de las actuaciones del jefe del estado y revisar la inviolabilidad del Rey. Lo hizo durante el transcurso de Los Desayunos del Ateneo, en los que apostó por hacer España “más federal” y otorgar al Senado facultades “puramente territoriales” con los miembros de los Gobiernos autonómicos y para facilitar así la toma de decisión compartida entre el Gobierno central y los autonómicos. Luego, fue preguntada por la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la querella contra el rey emérito por cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública y, aunque declinó valorar la decisión del tribunal, sí apostó por una revisión a fondo de la Carta Magna que incluya también controlar las actividades del jefe del Estado. Alguien tenía que decirlo… y lo dijo ella. 

El PP reclamará la comparecencia “urgente” ante el Parlamento del ministro de Transportes, Óscar Puente, para que dé explicaciones sobre el caos ferroviario vivido entre el domingo y el lunes y que ha afectado especialmente a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Además, el PP quiere que el Gobierno acometa una “auditoría de toda la red ferroviaria”, según ha pedido este lunes el vicesecretario económico, Juan Bravo, quien, además, ha anunciado el 'no' del PP al real decreto-ley para responder a los aranceles de Donald Trump que se votará el jueves en el Congreso.

“Lo que ha ocurrido hoy no es una excepcionalidad, es la nueva normalidad de un Gobierno que está sobrepasado”, ha asegurado Bravo en una rueda de prensa este lunes. “El sistema está peor ahora que cuando estaba el señor Ábalos”, ha ironizado, en referencia al exministro y ex secretario de Organización del PSOE, hoy en problemas judiciales por una supuesta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. “Ni para Puente ni para el otro la gestión era lo importante, ambos son ministros más pendientes de sus redes que de la gestión”, ha añadido.

Bravo, quien sufrió él mismo el percance y permaneció varias horas en un tren detenido, ha sostenido que el problema de la línea Madrid-Sevilla no es aislado. “Esto no es una realidad que se ha producido ayer”, ha dicho. “Estamos conociendo todas las semanas situaciones especiales en los trenes que llevan a retrasos, que llevan a cambiar de trenes, que llevan a circunstancias en las que el ciudadano no disfruta de esos servicios públicos”, ha añadido.

Junto a Bravo ha comparecido el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, quien ha acusado al Gobierno de “desinformar” adrede sobre lo ocurrido en la línea afectada ayer. “Asistimos también a un Gobierno claramente desinformador”, ha dicho en la misma rueda de prensa.

“La semana pasada, en relación con el apagón, la respuesta del Gobierno fue generar confusión, caos y desinformación”, ha sostenido, para añadir: “Y lo que estamos viendo también en las últimas horas en relación con los graves retrasos sufridos por los trenes, es también un ejercicio más de desinformación, porque nos hablan de sabotaje y porque culpan a todos menos asumir cualquier tipo de responsabilidad”, ha añadido.

Sémper ha puesto en duda la versión del “sabotaje” planteada por Óscar Puente, y aunque ha reconocido que “el Gobierno no tiene la culpa del robo de cobre si es el motivo”, poniéndolo también en duda, sí lo es, ha añadido, “la responsabilidad de cómo respondemos como país a los problemas de los españoles”.

“Estamos seriamente preocupados porque el deterioro de los servicios públicos es continuo. Este Gobierno está agotando la paciencia de los españoles. Dicho de otra manera, creemos que este Gobierno, en múltiples frentes, está abusando del civismo de los ciudadanos españoles”, ha zanjado.

“Estábamos de acuerdo e informados”. Así ha resumido el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, la posición de la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo sobre el preacuerdo presupuestario alcanzado entre Carlos Mazón y Vox para sacar adelante las cuentas de la Generalitat valenciana de 2025. El propio Mazón ha anunciado este lunes el trato cerrado con la cúpula estatal de Santiago Abascal en una declaración en la que ha hecho un llamamiento expreso “a la acción en contra del Pacto Verde Europeo y sus medidas”, ha avalado la expulsión de menores migrantes o ha anunciado que se publicarán las nacionalidades de las “personas detenidas por pillaje”.

Apenas unas horas después de que Feijóo protagonizara otro giro discursivo y comenzara a romper amarras con Mazón, la dirección del PP ha recuperado el apoyo a la “reconstrucción” de Valencia que había desaparecido de los argumentarios de los dirigentes del partido. Cuando Feijóo ha querido poner el foco en los posibles problemas judiciales del presidente valenciano, la ultraderecha le ha dado el espaldarazo que necesitaba para resistir al frente del Govern.

Sémper ha asegurado que las cuentas que han negociado PP y Vox serán los “presupuestos de la reconstrucción”, y ha sostenido que Mazón tenía la “obligación de aprobar Presupuestos y de garantizar la estabilidad” de su Gobierno. “La gente no quiere más ruido, quieren respuestas”, ha dicho. “Los ciudadanos esperan soluciones y menos confrontación. Es la línea que hemos seguido y vamos a seguir”, ha añadido.

El portavoz nacional ha asegurado que el acuerdo “es bueno para los valencianos y su estabilidad”, y ha defendido que el discurso enarbolado este lunes por Carlos Mazón es calcado al que el propio Feijóo defendió en su fallido debate de investidura, cuando apostó por “reducir la burocracia y la hiperregulación” que, en su opinión, ha traído de la mano el Pacto Verde. “Necesitamos centrarnos en la competitividad y el empleo”, ha asegurado Sémper que defendió Feijóo. Una “posición que comparte Ursula von der Leyen y el PSOE europeo”, ha añadido sobre la presidenta de la Comisión Europea.

Pero Mazón ha abogado por acabar con el Pacto Verde al completo, tal y como exige Vox. De hecho, Abascal ha felicitado al presidente valenciano no por el contenido del acuerdo, sino por el discurso de este lunes.

Este mismo lunes, preguntados expresamente por la continuidad del Pacto Verde y la posición de Von der Leyen, la portavoz para asuntos climaticos de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, ha zanjado: “La presidenta Von der Leyen ha sido muy clara: mantenemos el rumbo del Pacto Verde Europeo”, informa Irene Castro. “Ursula von der Leyen vinculó específicamente el desastre de la DANA con la emergencia climática. ”Es la dramática realidad del cambio climático“, dijo tras la catástrofe en la que han fallecido al menos 228 personas.

Sémper ha defendido que el acuerdo entre Mazón y Voz “no ha cambiado nada”. “No hemos tenido que cambiar nuestra posición en los asuntos capitales. Hemos mantenido nuestra posición”, ha zanjado.

“Quien nada teme, nada borra”. Así ha recibido el PP el nuevo informe de la UCO que atestigua que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no habló desde su móvil con ningún periodista la noche en la que se filtró el 'email' en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso asumía dos delitos fiscales cometidos por Alberto González Amador. La Guardia Civil también confirma que el fiscal borró los mensajes de su teléfono, así como su cuenta personal de correo electrónico. El PP ha vuelto a reclamar su dimisión.

“Vivimos en un escándalo permanente”, ha dicho este lunes el portavoz del PP, Borja Sémper, en una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección. “La Guardia Civil dice que el fiscal general del Estado borró hasta en dos ocasiones sus mensajes, casualmente coincidiendo con la citación en el Supremo”, ha sostenido. “El responsable de perseguir el delito en España entorpece una investigación judicial”, ha añadido.

“Por si todo esto fuera poco”, ha proseguido Sémper, para continuar: “Tenemos un presidente del Gobierno que exigió que se le pidieran disculpas. Y la vida sigue y nadie dimite”. “El daño es colosal. El daño ya lo han hecho”, ha planteado Sémper. “Lo que les pedimos es que lo restituyan. Y el fiscal general de Estado debería dimitir. ¿Y si no dimite? El gobierno debería de pedirle su dimisión”, ha añadido.

“La realidad es que todo apunta ya a una connivencia absoluta en todo este proceso entre el Gobierno y lo que consideramos que es ya el número 23 de los ministros del Gobierno de España”, ha concluido.

El nuevo informe de la UCO explica que Álvaro García Ortiz no habló con periodistas ni con nadie ajeno a la Fiscalía en la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se filtró el correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Los agentes de la Unidad Central Operativa han constatado que en esas horas solo un periodista intentó contactar con él, sin que García Ortiz descolgara el teléfono al estar hablando, en ese momento de crisis informativa, con la fiscal provincial de Madrid. El informe que ya está en manos del juez también afirma que el fiscal general borró sus mensajes de WhatsApp el mismo día de octubre en que el Supremo abrió la causa contra él, una semana antes de cambiar de teléfono.

La causa judicial contra el fiscal general del Estado y dos de sus colaboradores se aproxima a una decisión clave del juez Ángel Hurtado: si Álvaro García Ortiz debe ser juzgado por la filtración de datos del fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado del Supremo ha escuchado ya a los tres imputados y a más de una docena de testigos y tiene tres hitos relevantes en las próximas semanas: la respuesta de la Guardia Civil sobre si es posible recuperar los mensajes del teléfono del fiscal general, el desarrollo de la parte del caso que afecta a la Moncloa y, finalmente, si la Sala de Apelaciones del mismo tribunal avala o tumba los registros en el despacho de Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez a finales de octubre, pieza fundamental del caso.