Vox corta la estrategia de Feijóo y arrastra al PP al debate de la “prioridad nacional”

El PP quiere zanjar el debate sobre la “prioridad nacional” que ha asumido para garantizarse el apoyo de Vox en Extremadura, Aragón y, dentro de poco, en Castilla y León y Andalucía. Alberto Núñez Feijóo ha intentado salir del bucle en el que están inmersos desde hace dos semanas con actos sectoriales centrados en el apagón de hace un año, los problemas de las infraestructuras o los impuestos. Pero el partido ultra les devuelve una y otra vez a la casilla de salida y les obliga a volver a confrontar sobre el alcance del nuevo concepto.

Este martes, Feijóo viajó hasta Tarragona. En el primer aniversario del apagón total que sufrió toda España, el líder del PP hizo una apuesta ideológica y comunicativa del máximo nivel: reunirse con empresarios de la zona, visitar el grupo nuclear de Ascó, asumir en primera persona las demandas del sector y arremeter contra el Gobierno por el ‘cero total’ de hace un año, haciendo caso omiso a los informes de los expertos.

Feijóo tuvo un éxito limitado, en el mejor de los casos, porque tanto él como sus portavoces tuvieron que salir al paso de sus teóricos aliados de Vox. Y otra vez por una proposición no de ley en el Congreso, una iniciativa meramente declarativa con la que el partido de Santiago Abascal busca que sus socios se retraten: o compran su discurso ultra o les señalarán por blandos.

La PNL aborda “el colapso del Sistema Nacional de Salud provocado por el Gobierno de España”. ¿Y qué provoca ese colapso? Los migrantes irregulares, que ya en 2018 recuperaron “la atención sanitaria con cargo a fondos públicos” porque “las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española”.

“Los españoles han sido testigos en los últimos ocho años de cómo nuestros servicios públicos se han deteriorado a pesar de pagar más impuestos que nunca”, añade el texto de Vox, que obvia que son los gobiernos autonómicos, la mayoría del PP y muchos con su apoyo, los que tienen las competencias para gestionar la sanidad.

“España no puede ser el hospital del mundo”, afirma Vox, que plantea derogar un decreto del pasado mes de marzo que terminaba de recuperar el sistema que desmontaron en 2012 Mariano Rajoy, su ministra, Ana Mato, y su secretario de Estado, Juan Manuel Moreno. El texto quiere “establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario con carácter general”, y limitar su acceso al resto “a las situaciones de emergencia vital”. “Y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros”, zanja.

El PP ha presentado una enmienda “de sustitución”. Es decir, un texto nuevo, que se limita a reclamar más dinero del Gobierno central para las comunidades autónomas y obvia el debate de la “prioridad nacional”, de la exclusión de los extranjeros de la sanidad y de la remigración.

Volver al modelo Rajoy

Muñoz intentó salir al paso con un ejercicio de contorsionismo sobre el acceso de migrantes irregulares a la sanidad. Sin comprar el marco planteado por Vox, la portavoz del PP sí pidió limitar el acceso a los extranjeros sin residencia. No explicó cuánto ni cómo. “Todos conocemos el concepto de turismo sanitario, de gente que viene a nuestro país y que acceda al sistema para que le hagan operaciones programadas, no operaciones de urgencia”, dijo. Y añadió: “Y es evidente que no puede ser lo mismo estar de forma regular que de forma irregular”.

Ante las preguntas de los periodistas, Muñoz apuntó que “una cosa es el derecho a tener prestación sanitaria, que te lo otorga el ser legal y contribuir a tu país, y otra cosa es que tú tengas acceso a nuestro sistema de salud si tienes un problema”. Algo que “va mucho más allá de vida o muerte”. “Pero eso no tiene que ver, por ejemplo, con operaciones programadas, como por ejemplo una operación de cadera”, explicó.

Es decir, volver a un sistema donde las personas migrantes irregulares puedan acudir a las urgencias y ser tratados, pero no tener acceso a la atención primaria básica o a los especialistas.

Ya en la tribuna del Congreso, la diputada de Vox Blanca Armario lamentó el acceso de los extranjeros a la sanidad. “Todos tienen acceso a un médico de cabecera”, afeó al pleno. “Es una situación injusta o vergonzosa”, añadió, porque “los españoles pagan más que nunca y no lo ven reflejado en acceso a la sanidad y los servicios sociales”.

“El dinero de los españoles va a la sanidad pública de países como Marruecos, Egipto o Etiopía”, dijo Armario, quien concluyó: “La izquierda prioriza a los que acaban de llegar, Vox defiende a los españoles. Es de sentido común que tengan mejores condiciones”.

En su réplica en la tribuna del Congreso, el diputado del PP Antonio Román dijo que el discurso de Armario era “mejor” que el texto de la propuesta debatida, que tildó de “reduccionista, simplista y efectista” por “culpar a la inmigración”. Aun así, Román sí pidió “regular el derecho a la prestación sanitaria”, algo que “corresponde a quien cumple la ley, contribuye y tiene residencia legal”. Es decir, quien “tiene arraigo, un vínculo estable, real y verificable”. Es decir, lo que recogen los acuerdos con Vox al hablar de “prioridad nacional”.

La “prestación sanitaria”, continuó Román, “se debe diferenciar de la asistencia, que debe prestarse en supuestos donde no hacerlo es inasumible para cualquier sociedad decente y cualquier persona con mínimos principios humanistas”.

¿Qué es la “prioridad nacional”?

Este martes ha ocurrido en el Congreso algo similar a lo sucedido la semana pasada con otra propuesta de Vox sobre el alcance de la “prioridad nacional” que han pactado para las comunidades autónomas, y que los futuros presidentes autonómicos intentan limitar mientras los ultras lo espolean. Porque ese es el debate de fondo.

Por la mañana le tocó el turno de defender el pacto a Jorge Azcón. En su discurso de investidura ante las Cortes de Aragón, el barón del PP aseguró que la “prioridad nacional” no tendrá en cuenta la “procedencia” de quienes pidan las ayudas que, según Vox, deberían ir “a los españoles primero”.

¿Qué significa entonces la “prioridad nacional”, si no tiene en cuenta la nacionalidad? “Nosotros nos sentimos cómodos con el término de prioridad nacional”, dijo Ester Muñoz a preguntas de los periodistas, “entendido como el arraigo que hay que tener para acceder a determinados servicios públicos”. “Cuando hablamos de prioridad nacional lo que estamos diciendo es que tiene que contribuir a la nación y al bienestar de forma legal”, explicó. 

“La verdad es que es muy fácil de entender qué quiere decir prioridad nacional orientada al arraigo”, añadió. “Quiere decir que tiene que contribuir a la nación”, insistió, para zanjar: “Y si tú vienes a mi país de forma ordenada, de forma legal, atendiendo nuestras normas, entras con un contrato de trabajo y contribuyes al sistema, por supuesto que tienes todos los derechos igual que los demás”.

Muñoz intentó en su rueda de prensa hablar de los juicios por corrupción que afectan al Gobierno, del apagón de hace un año y del accidente de Adamuz. Pero no logró colocar esos mensajes y casi toda su intervención giró alrededor de la manida “prioridad nacional”.

Tampoco Feijóo desde Tarragona y con una central nuclear de fondo. Cuestionado por las palabras de Azcón, optó por eludir la pregunta.