La directora Escénica y Dramaturga Nuria Hernando se dio cuenta de que ella también era parte del problema del turismo masivo cuando tras querer escapar de su día a día tomó el vuelo más barato que partiera aquel día desde Bilbao aterrizó en Lisboa. “Allí alquilamos una vivienda turística en uno de los barrios más gentifricados e hicimos todo lo turístico. Hasta que cogiendo un autobús de línea una mujer nos gritó que otra vez iba a llegar tarde al trabajo por culpa de los turistas. Algo en mi cabeza hizo 'click' al darme cuenta de que aquello que me molestaba en mi ciudad, yo también lo estaba haciendo. Cuesta ver que al viajar también somos parte del problema”, explica a este periódico.

Con el objetivo de reflexionar sobre ello y tratar de darle una solución, que no pasa solo por lo individual, Hernando ha creado 'Free Tour-X', una obra de teatro relacional que convierte el Casco Viejo de cualquier ciudad en un escenario. Este sábado y domingo, 18 y 19 de abril Bilbao será el escenario de la obra. “El recorrido se ha creado tras una investigación exhaustiva acerca de las heridas del turismo masivo en la ciudad. Comienza como uno de tantos 'free tours' que parten de la Plaza del Teatro Arriaga y recorre las calles con ejemplos concretos: una zapatería histórica que ahora es un café de especialidad o una tienda de disfraces que ahora es una consigna para maletas”, detalla.

La obra ha sido desarrollada a través de residencias artísticas en Madrid (Esquina Nua), Pamplona (Teatrodix) y ahora recala en Bilbao, la ciudad de la dramaturga, con el programa de Artistas en Residencia de BilbaoEszena. “Es importante que la obra cuente con la participación de vecinos afectados y también de artistas y performers locales, en el caso de Bilbao a actriz Juana Lor o la artista Haizea F. Allika. Me parece más valioso que la ciudad la explique alguien que ha vivido su transformación de cerca y hable desde lo que le hace sentir esta situación”, reconoce Hernando.

Para participar, el público necesita llevar consigo un teléfono y auriculares. A través de una aplicación web, los asistentes reciben audios, vídeos e instrucciones que guían la experiencia. “En el caso de Bilbao, encontramos 60 viviendas de uso turístico en tan solo cuatro calles. Queremos utilizar el teatro relacional como un altavoz para contar qué ocurre con los habitantes de una ciudad cuando esta se convierte en un producto”, sostiene la creadora, cuya obra, a medio camino entre la performance y el teatro, presenta las limitaciones legales al turismo o las estrategias de resistencia vecinal contando con la participación de los habitantes de los barrios, que se han visto desplazados por la compra de edificios por parte de fondos de inversión o la proliferación de negocios orientados a los visitantes vacacionales.

El estreno se realizará en el marco del Festival BLV ART 2026 del Ayuntamiento de Bilbao, el sábado 18 a las 17:00h y el domingo 19 de abril a las 11:30h. Las entradas pueden adquirirse en la web Kultura Bilbao. Esta obra es la última producción de la compañía de teatro y danza emergente Perpetûa Vastarda. Se trata de una compañía de Artes Vivas creada por Nuria Hernando (Bilbao) y María Pizarro (Barakaldo) en el año 2024, con el objetivo de producir, investigar y promover espacios creativos híbridos. Su nombre es 'Free Tour-X' porque, con la aplicación web y el formato de teatro relacional se puede extrapolar a otras ciudades afectadas por la misma problemática. “Se trata de un problema que afecta a prácticamente todas las ciudades y, si desde las instituciones no se pone solución, no sabemos cómo podrá acabar”, reconoce Hernando, que sostiene que aunque la responsabilidad no sea únicamente individual, es importante realizar una reflexión sobre la situación que están viviendo las ciudades por el turismo masivo.

La Dirección General de Turismo del Gobierno de Navarra ha creado un buzón para denuncias anónimas de pisos turísticos clandestinos tras haber detectado en 2025 40 alojamientos de este tipo sin licencia. La creación de este mecanismo forma parte del nuevo plan de inspección que ha aprobado el Gobierno foral para los años 2026 y 2027 y que contempla entre sus líneas estratégicas los objetivos de asegurar el mantenimiento de unos estándares de calidad de la oferta turística de Navarra, detectar y perseguir los servicios turísticos clandestinos, garantizar los derechos de las personas usuarias de los servicios turísticos, evitar el destino fraudulento de subvenciones concedidas en materia turística, asesorar en el cumplimiento de la normativa vigente y unificar criterios ante circunstancias homogéneas de la actividad empresarial.

Según explican desde el Ejecutivo navarro, “en su compromiso con el sector turístico reglado y de calidad”, la Dirección General de Turismo “vuelve a situar como prioridad” de su nuevo Plan de inspección la lucha contra la oferta clandestina, especialmente en el ámbito de los apartamentos y viviendas turísticas que ejercen la actividad de forma clandestina. “Para maximizar la eficacia de este control, se habilita un buzón de denuncias anónimas para que la ciudadanía pueda colaborar en la detección de ofertas clandestinas que, además de suponer una competencia desleal, pueden afectar a la convivencia vecinal y al mantenimiento de un modelo turístico sostenible y de calidad”, añaden.

Cada una de las líneas estratégicas se desglosa en una serie de programas, como el dedicado al control y verificación del cumplimiento de la normativa turística de aquellos alojamientos turísticos que inicien su actividad o que hayan efectuado modificaciones, especialmente las que hayan dado lugar a reclasificación del establecimiento.

Se realizarán controles a través de la información obtenida fundamentalmente a través de internet o de cualquier otro medio de difusión o a través del nuevo buzón de colaboración ciudadana

Balance de inspecciones 2025

En el marco del Plan de Inspección de Turismo 2025, la Dirección General de Turismo realizó más de 600 actuaciones. El desglose de las inspecciones fue el siguiente: 299 de comprobación de inicio de actividad; 144 de modificación de actividad; 69 por cese de actividad y 116 por cumplimiento de la normativa turística. También se realizaron 71 comprobaciones destinadas a la eliminación de las actividades y servicios turísticos clandestinos. Por último, se emitieron 73 informes de adecuación a la normativa turística solicitados por promotores, entidades locales, otros departamentos del Ejecutivo o grupos de acción local. Además, se atendieron 172 consultas acerca de la normativa turística.

De las 71 actuaciones destinadas a la eliminación de la actividad clandestina 37 (52%) se iniciaron a instancia de la ciudadanía y 34 (48%) por la actuación inspectora de la Sección de Ordenacion, Calidad e infraestructuras de Turismo. Como consecuencia de estas actuaciones, se han abierto 41 expedientes sancionadores, 40 de alojamientos clandestinos y 1 sobre incumplimiento de garantías de AAVV, de los cuales 32 ya han concluido con sanciones económicas que alcanzan una media de 5.000 € por sanción. El resto de los expedientes se encuentran en tramitación. 

La mayor parte de estos alojamientos irregulares se localizan en Pamplona / Iruña (24) y su comarca (10)

El Plan de Inspección no solo busca la sanción, sino la protección de un modelo turístico equilibrado. Al eliminar la oferta ilegal, la Administración asegura que los visitantes reciban servicios seguros y profesionales, a la vez que se mitigan los efectos negativos del turismo descontrolado sobre el precio de la vivienda y el descanso de los residentes.

El Partido Socialista de Logroño llevará al próximo pleno municipal varias medias relacionadas con el problema de las viviendas de uso turístico en Logroño. Y es que califican de “decepcionante” el plan del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la modificación del Plan General Municipal que propone el Gobierno municpal para atajar “el problema de las viviendas de uso turístico” (VUT) en Logroño, ya que “no aborda el problema de fondo y deja casi todo igual”. Alonso ha ahondado en la cuestión criticando “los diez largos meses que van a transcurrir desde el inicio de la tramitación de las zonas saturadas hasta su aplicación”, un periodo de tiempo en el que “todo seguirá igual”.

Y es que el portavoz del Grupo Socialista ha lamentado que, durante ese tiempo, “van a poder entrar nuevas solicitudes de vivienda de uso turístico en toda la ciudad, incluido en el Casco Antiguo en edificios o bloques enteros”. Alonso ha recordado que el PSOE ha defendido “la necesidad de la regulación de este tipo de viviendas desde hace más de dos años” y ha precisado que la última regulación la hizo el Partido Socialista en el año 2021.

En este sentido, el concejal ha indicado que desde la propuesta que lanzó el Grupo Socialista en 2024, se han creado 250 viviendas de uso turístico en la ciudad. Para solucionar el problema, el edil Álvaro Foncea ha informado de las cinco enmiendas que el PSOE planteará este jueves en el Pleno ordinario del mes de abril.

Las medidas del PSOE para frenar las viviendas turísticas en Logroño

La primera se centra en “mantener la suspensión de licencias en el Casco Antiguo hasta que se declare como zona saturada”, ya que actualmente “se duplica la zona de riesgo de rotura del equilibrio” según los índices de la Consejería de Turismo, ha detallado Foncea.

La segunda enmienda que ha registrado el PSOE reclama “la prohibición de viviendas de uso turístico en planta baja de ejes comerciales y turísticos”, con el objetivo de “preservar los escaparates de la vida urbana de la ciudad”, ha informado.

La tercera enmienda presentada solicita “la declaración del Casco Antiguo como zona saturada por superar el diez por ciento sobre el total de viviendas” y la cuarta es “la fijación del mismo porcentaje de viviendas de uso turístico para declarar zonas saturadas”.

Por último, Álvaro Foncea ha detallado que la quinta enmienda que el PSOE ha planteado pide al Gobierno de Escobar “un estudio anual sobre la cantidad de viviendas de uso turístico existentes por distritos y secciones censales” con el fin de “poder tomar decisiones en consecuencia”.

En algunos estatutos de las comunidades de vecinos es habitual encontrar un artículo que señala que dentro de los domicilios no podrá ejercerse “ninguna profesión y oficio”. En los textos más antiguos, se apunta que las casas deberán destinarse “única y exclusivamente a honesta vivienda”. Esta formulación, que se empleaba mucho antes de que Airbnb fuera uno de los lugares de referencia donde encontrar alojamiento vacacional, ha sido uno de los motivos principales por los que miles de viviendas no han obtenido el número de registro que las habilita para anunciarse en plataformas.

“Las limitaciones estatuarias son las que más limitaciones han generado”, explicaba en un acto organizado por el Colegio de Registradores el vocal de usuarios Ángel Chacón. En total, de las más de 412.000 solicitudes recibidas se han rechazado 86.275, que no cumplen con los requisitos. Algunas son fácilmente subsanables, como la falta de contratos de gestión entre propietarios y agencias o discrepancias en el número de ocupantes. Otras, como el veto de las comunidades, habilitadas desde abril de 2025 a prohibir estos usos por una mayoría de tres quintos o la propia limitación en los estatutos, o el uso de viviendas de protección oficial para alojamiento vacacional, son insalvables.

Los datos no responden a una estadística concreta, sino a la percepción de los encargados de gestionar esa ventanilla única, obligatoria desde el 1 de julio de 2025. Pero hay una serie que sí permite evaluar, en parte, el efecto de la medida. Desde 2020, el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza dos veces al año un web scraping, una técnica de rastreo que permite estimar el número de viviendas de uso turístico que se anuncian en todo el territorio.

El último dato del INE se publicó hace unas semanas, con datos de noviembre. La cifra total muestra un descenso en términos interanuales de más de 46.000 anuncios. Desde mayo, el último registro antes de la entrada en vigor de la obligatoriedad de la ventanilla única, fueron más de 52.000.

Aunque los expertos consultados consideran que es pronto para medir el impacto de la ventanilla única, sí apuntan a una profesionalización. “Desde distintas administraciones se está trabajando para regularizar el sector. Antes era una especie de ley de la selva, en la que se ponían las casas en las plataformas sin ningún requerimiento. En el momento en el que hay más trámites, registros, etc. buena parte de la oferta más amateur va saliendo del mercado y se queda el núcleo duro del negocio, agencias y grandes propietarios”, explica el vicedecano de la Facultad de Turismo en la Universidad Complutense de Madrid, Manuel de la Calle Vaquero.

“El hecho de que haya un mayor control hace que quieren quiera operar de manera oculta lo tenga aún más difícil y, quien está pensándoselo pero que hay una tramitación más complicada, tal vez se eche para atrás”, coincide el profesor de Derecho Público de la Universidad de Málaga, Manuel Moreno. La clave es qué ocurrirá con esas 50.000 viviendas turísticas menos, que el Gobierno quiere canalizar al alquiler de larga estancia. Los expertos tienen dudas de que ese trasvase se vaya a producir de forma automática. En un contexto de auge de discursos vinculados a una supuesta inseguridad jurídica de los caseros, mantener esas casas vacías o venderlas también puede ser una opción.

De lo que hay más evidencia es de los efectos colaterales de este tipo de alojamientos. Fedea publicó un documento de trabajo en el que analiza la literatura económica empírica sobre las externalidades de los alquileres turísticos y de corta duración. Entre las aportaciones positivas se sitúa una mayor variedad y flexibilidad de la oferta vacacional, sobre todo en periodos de alta ocupación, una redistribución del gasto hacia zonas residenciales, un impulso al sector servicios y aumento del empleo y los ingresos empresariales.

Al otro lado de la balanza, la documentación analizada señalaba efectos perniciosos sobre la asequibilidad de la vivienda, impactos adversos en los residentes y una mayor competencia para el sector hotelero tradicional. Unos efectos que se dan cuando el alquiler turístico alcanza “una concentración elevada”.

En el siguiente mapa se puede consultar la concentración y el número de viviendas de uso turístico por sección censal. Un análisis al detalle permite diferenciar grandes núcleos urbanos saturados de zonas rurales donde este tipo de servicios pueden suponer un revulsivo para la economía local o las regiones costeras, donde este tipo de alojamiento ha ido ganando terreno.

Fevitur, la patronal del alquiler de corta estancia, emitió un comunicado en el que lamentaba que el registro estatal deja fuera del mercado a “más de 64.000 viviendas turísticas legales”, que en realidad solo tienen vetada su promoción en plataformas y defienden que la salida de 46.000 viviendas “tan solo supone un 0,17% del parque residencial construido”. Sin embargo, si se analiza por zonas, ese porcentaje se dispara en las áreas más tensionadas, porque estos alojamientos se encuentran en muchos casos en zonas residenciales.

“En los grandes destinos urbanos, hay una concentración absoluta, fundamentalmente en el centro de las ciudades”, señala De la Calle, que apunta a una “tensión en el mercado de alquiler y venta”. En las zonas más céntricas de Madrid, como algunos distritos censales en torno a la Puerta del Sol, Malasaña o Chueca, estos alojamientos turísticos llegan a bloquear hasta el 20% de las viviendas para uso residencial. En Barcelona, son el 15,9% en la zona de Plaça de Catalunya. Y, en Sevilla, superan el 20% en buena parte del centro de la ciudad, con picos por encima del 30% en Santa Cruz.

Estos son solo tres ejemplos, porque la dinámica se repite en varias ciudades con atractivo turístico, como Granada, Mallorca o Canarias. Uno de los casos más claros de la tensión es Málaga, donde hay secciones céntricas con más del 50 y más del 90% de viviendas dedicadas al alquiler vacacional. Sin embargo, hay siete provincias donde han aumentado los anuncios y la malagueña es donde más se han incrementado, hasta el 6%, con un total de 48.261 viviendas.

“En muy poco tiempo, en [la ciudad de] Málaga se ha pasado de decir que las viviendas de uso turístico no tenían ningún impacto y eran buenas para la ciudad a una intervención a partir de 2024, con una modificación del plan general de ordenación urbanística, que les pone coto”, explica Moreno Linde. Este experto apunta también a un fenómeno de reubicación, ante determinadas normativas que buscan limitar esta actividad allí donde tensionan el acceso al uso residencial o la convivencia en los barrios. “Lo que hacen estos planteamientos es impedir que se implanten más en estas zonas, pero no en el resto”, explica.

Con matices, es algo similar a lo que ocurre en Madrid. El Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida aprobó el Plan Reside, con el que restringe la dispersión de pisos turísticos en edificios de viviendas en la almendra central, pero sí permite reconvertir bloques completos. Esto ha provocado, por un lado, la expulsión de inquilinos de escaleras enteras, en los casos en los que los caseros quieran cambiar el uso de los inmuebles, como ha pasado con dos bloques propiedad de la Casa de Alba. Por otro, se prevé una traslación de la presión a aquellos distritos donde las restricciones son más laxas.

“En general, la normativa que se está aplicando parte de una situación en la que los que están se quedan y los nuevos no pueden entrar”, señala De la Calle, que coincide en que, “en Madrid, se intenta limitar la presión sobre los centros urbanos, mientras las condiciones de implantación son más flexibles en las zonas más periféricas”. Estas no se verán afectadas por igual, porque las lógicas de inversión se decantan hacia aquellas áreas mejor comunicadas. “Carabanchel, Lucero o Usera son zonas muy dinámicas, donde se trasladará parte de la presión. En Vallecas irá hacia la parte más cercana a Pacífico”, razona el experto.

Al margen de la reducción de anuncios interanual, si se amplía el foco al inicio de la estadística experimental, la comunidad autónoma donde más se han reducido las ofertas es en Catalunya. La comparativa no es del todo exacta, porque el INE cambió la fecha en la que hacía el rastreo, al considerar que el mes de noviembre se ajustaba más a la demanda turística. Sin embargo, si se compara el último dato con el publicado en febrero de 2020, los pisos en alquiler turístico aumentaron en 35.000 unidades en el conjunto del Estado, pese a una caída en esta comunidad de más de 8.000, algo superior a Balears. En Madrid ha habido un descenso de 2.500 anuncios en estos cinco años, especialmente desde agosto de 2024; además de una caída testimonial, de apenas un centenar en Murcia.

“La referencia siempre ha sido Barcelona”, indica el vicedecano de turismo de la Complutense, “mientras el resto de ciudades van aplicando las medidas que empezaron implantarse allí hace años”. En esta localidad, el alcalde Jaume Collboni se comprometió, ya en 2024, a no renovar ninguna de las 10.000 licencias que había en la ciudad, lo que supone la eliminación de esta actividad para 2028, cuando todas caduquen.

Pese a los datos y las normativas más o menos laxas que tratan de poner coto a una actividad que ha tensionado ya las zonas más centricas de las principales ciudades españolas, los expertos señalan que el fénomeno, extendido a escala global, ha llegdo para quedarse. Lo harán, eso sí, los actores más profesionalizados: “La lógica de la economía colaborativa era una estrategia de márketing”.

El Gobierno local elevará al próximo pleno municipal la modificación puntual de las normas urbanísticas del Plan General Municipal para regular los alojamientos turísticos y sus condiciones de implantación en la ciudad, tras aprobarse en la Junta de Gobierno.

Tal y como han explicado los concejales de Alcaldía y de Urbanismo, Celia Sanz e Íñigo López Araquistáin, se continua así la hoja de ruta iniciada por el actual Ejecutivo tras suspender en noviembre de 2025 las licencias de apartamentos y viviendas de uso turístico en la ciudad. “Con esta modificación de las normas urbanísticas del Plan General Municipal, Logroño contará con una regulación clara sobre este tipo de viviendas. Una modificación planteada desde la apuesta por un modelo turístico sostenible y de calidad que contribuya al desarrollo económico y la dinamización de nuestra ciudad pero que al mismo tiempo asegure un equilibrio con la convivencia y la habitabilidad de logroñesas y logroñeses” ha señalado Celia Sanz.

Los ediles han destacado que la modificación supone que se “regula claramente las condiciones y los requisitos para declarar cualquier zona de la ciudad como zona saturada en esta materia, introduciendo que esta declaración pueda realizarse de manera ágil mediante un acuerdo de la Junta de Gobierno local. Se trata de un paso muy importante que permitirá al Ejecutivo que cuando una zona de la ciudad y según los datos existentes supere los indicadores establecidos, se pueda declarar zona saturada y por tanto no conceder nuevas licencias mientras esa situación se mantenga”.

Así, han añadido que una vez que se apruebe la norma reguladora el Ejecutivo local iniciará el análisis de la situación en la ciudad y aplicará el procedimiento que se establece respecto a la declaración de zona saturada.

En concreto se modifican varios artículos de las normas urbanísticas del Plan General de Logroño el 1.2.22, 2.1.1, 2.1.27, 2.2.3 y 2.2.11, lo que va a suponer:

Tras la aprobación inicial de estas modificaciones en el pleno municipal se abrirá un plazo de un mes de información pública a partir de su publicación en el BOR. 

Como ya ha sucedido en otras zonas de València tales como Patraix, la Saïdia o El Cabanyal, donde los residentes se han opuesto frontalmente a grandes complejos de apartamentos turísticos, la polémica ha llegado también al barrio de Russafa.

Allí, la empresa Puerto Rico Project 2022 adquirió hace cuatro años una nave abandonada incrustada en el patio interior de una manzana rodeada por las calles Puerto Rico, Pintor Gisbert, Cuba y Filipinas en la que pretende construir 34 minipisos turísticos de entre 29 y 33 metros cuadrados de superficie útil, además de 66 plazas de aparcamiento en un sótano de dos plantas.

Los vecinos afectados de los edificios que rodean esta nave, unos 330 de 29 comunidades, se han agrupado en una plataforma y en colaboración con otra entidad vecinal del barrio, la Plataforma per Russafa, presentaron este lunes una serie de acciones para visibilizar su rechazo a un proyecto que consideran que alterará la normal convivencia en sus diferentes edificios, cuyas viviendas dan a lo su se pondría convertir en un complejo de apartamentos turísticos.

Virginia Fuentes y Miguel Cañas, portavoces de los afectados, expusieron los peligros de este proyecto en un contexto de barrio y ciudad saturados y con una declaración de Zona Acústicamente Saturada (ZAS): “Un proyecto de dos sótanos de aparcamientos de coches y 34 apartamentos turísticos en el interior de la isla de casas, con entradas y salidas de coches por la calle Puerto Rico, que contemplaría otros cinco bajos turísticos”.

Según Virginia Fuentes, “la dinámica de ciudad neoliberal pone todos sus recursos, espacios y bienes subordinados a la especulación y al interés económico, donde los intereses del vecindario, su calidad de vida y su derecho a vivir pasan a un segundo o tercer plano”. Y es esta dinámica la que provoca “unos impactos terribles en su población, que cada vez encuentra más difícil poder habitarlo”. En definitiva, “la invasión de apartamentos turísticos en la ciudad transforma los barrios en escaparates que nos expulsan de nuestras casas y deterioran el tejido vecinal, así como las identidades de barrio”, afirmó Fuentes.

Ante esta amenaza, Miguel Cañas desgranó las acciones que han desarrollado y las previstas en unos días. Por un lado, comentaron que han presentado alegaciones al proyecto con el asesoramiento la cooperativa El Rogle. Las enmiendas presentadas cuestionan aspectos clave como el cumplimiento de la normativa urbanística vigente, especialmente después de las recientes actualizaciones reguladoras. También ponen de relieve la posible existencia de incompatibilidades con el planeamiento o con criterios de protección urbana.

Además, los portavoces de la plataforma han destacado la estructura empresarial de la promotora, “bajo diferentes denominaciones sociales o vehículos mercantiles, que esconde un mismo patrón de actuación, con los mismos objetivos y consecuencias sobre el barrio”, informó Cañas, quien exigió al Ayuntamiento transparencia ante sospechas de “algún tipo de trato preferente por parte de la administración, y por eso exigimos transparencia”.

Según denunciaron, “este macroproyecto turístico dentro de una isla de casas supone un cambio de paradigma significativo respecto al planeamiento urbano de València” puesto que “la construcción dentro de los patios interiores rompe la estructura tradicional y la escala del barrio, creando un precedente para futuros desarrollos especulativos”, al tiempo que “genera presión sobre infraestructuras y servicios locales, desvirtuando el equilibrio urbano y afectando negativamente la cohesión del barrio”.

Por todos estos motivos, los afectados exigen la paralización del proyecto, la declaración de Russafa como zona turísticamente saturada, así como la declaración de València como “zona de mercado residencial tensionado” para favorecer los alquileres.

Para visibilizar su oposición al proyecto, la Plataforma per Russafa, junto a la de afectados, hará una cadena humana que rodeará toda la manzana el próximo sábado 28 de marzo a las 11.00 horas. Además, llevarán a cabo una campaña informativa, junto con el reparto, iniciado antes de Fallas, de más de 140 pancartas en los balcones para la sensibilización del barrio. También participarán en el pleno del Ayuntamiento el próximo martes 31 de marzo.

La empresa defiende el proyecto

A preguntas de elDiario.es, fuentes de la empresa Puerto Rico Project 2022 se han mostrado sorprendidos por el revuelo que ha causado el proyecto puesto que no elimina vivienda residencial, sino que transforma “una nave que lleva entre 40 y 50 años cerrada y llena de basura en lo único que permite el planeamiento en estos casos que es este tipo de vivienda”.

Además, han explicado que en la última reunión que mantuvieron con el Ayuntamiento plantearon la posibilidad de transformar el proyecto en un hotel, pero la respuesta municipal fue negativa puesto que el expediente ya se había iniciado como apartamentos y ya no se podía modificar una vez tramitado.

Sobre los posibles problemas de convivencia han explicado que se trata de apartamentos de alto nivel y que no están pensados para “turismo mochilero”, al tiempo que han puesto de relieve que lo que realmente generan conflictos de convivencia son las viviendas de uso residencial que se reconvierten en apartamentos turísticos dentro de las propias comunidades de vecinos: “Si nos dejaran hacer viviendas lo haríamos, pero la normativa no lo permite. Somos los primeros interesados en acoplarnos al barrio porque también somos vecinos del barrio, vivimos en Russafa y defendemos que debe haber un orden, un comercio, una hostelería en condiciones”.

Com ja ha passat en altres zones de València, com ara Patraix o a la Saïdia, on els residents s’han oposat frontalment a grans complexos d’apartaments turístics, la polèmica ha arribat també al barri de Russafa.

Allí, l’empresa Puerto Rico Project 2022 va adquirir fa quatre anys una nau abandonada incrustada al pati interior d’una poma envoltada pels carrers de Puerto Rico, Pintor Gisbert, Cuba i les Filipines en què pretén construir 34 minipisos turístics entre 29 i 33 metres quadrats de superfície útil, a més de 66 places d’aparcament en un soterrani de dues plantes.

Els veïns afectats dels edificis que envolten aquesta nau, uns 330 de 29 comunitats, s’han agrupat en una plataforma i en col·laboració amb una altra entitat veïnal del barri, la Plataforma per Russafa, van presentar dilluns una sèrie d’accions per a visibilitzar el seu rebuig a un projecte que consideren que alterarà la convivència normal en els seus diferents edificis, els habitatges dels quals donen al que suposaria convertir en un complex d’apartaments turístics.

Virginia Fuentes i Miguel Cañas, portaveus dels afectats, van exposar els perills d’aquest projecte en un context de barri i ciutat saturats i amb una declaració de zona acústicament saturada (ZAS): “Un projecte de dos soterranis d’aparcaments de cotxes i 34 apartaments turístics a l’interior de l’illa de cases, amb entrades i eixides de cotxes pel carrer de Puerto Rico, que preveuria cinc baixos turístics més”.

Segons Virginia Fuentes, “la dinàmica de ciutat neoliberal posa tots els seus recursos, els espais i els béns subordinats a l’especulació i a l’interés econòmic, on els interessos del veïnat, la seua qualitat de vida i el seu dret a viure passen a un segon o tercer pla”. I és aquesta dinàmica la que provoca “uns impactes terribles en la seua població, que cada vegada troba més difícil poder habitar-lo”. En definitiva, “la invasió d’apartaments turístics a la ciutat transforma els barris en aparadors que ens expulsen de les nostres cases i deterioren el teixit veïnal, així com les identitats de barri”, va afirmar Fuentes.

Davant aquesta amenaça, Miguel Cañas va desgranar les accions que han desenvolupat i les previstes d’ací a uns dies. D’una banda, van comentar que han presentat al·legacions al projecte amb l’assessorament la cooperativa El Rogle. Les esmenes presentades qüestionen aspectes clau com el compliment de la normativa urbanística vigent, especialment després de les recents actualitzacions reguladores. També posen en relleu la possible existència d’incompatibilitats amb el planejament o amb criteris de protecció urbana.

A més, els portaveus de la plataforma han destacat l’estructura empresarial de la promotora, “amb diferents denominacions socials o vehicles mercantils, que amaga un mateix patró d’actuació, amb els mateixos objectius i conseqüències sobre el barri”, va informar Cañas, que va exigir a l’Ajuntament transparència davant sospites d’“alguna mena de tracte preferent per part de l’Administració, i per això exigim transparència”.

Segons van denunciar, “aquest macroprojecte turístic dins d’una illa de cases suposa un canvi de paradigma significatiu respecte del planejament urbà de València”, ja que “la construcció dins dels patis interiors trenca l’estructura tradicional i l’escala del barri, i crea un precedent per a futurs desenvolupaments especulatius”, alhora que “genera pressió sobre infraestructures i serveis locals, desvirtuant l’equilibri urbà i afectant negativament la cohesió del barri”.

Per tots aquests motius, els afectats exigeixen la paralització del projecte, la declaració de Russafa com a zona turísticament saturada, així com la declaració de València com a “zona de mercat residencial tensionat” per a afavorir els lloguers.

Per a visibilitzar la seua oposició al projecte, la Plataforma per Russafa, juntament amb la d’afectats, farà una cadena humana que envoltarà tota l’illa dissabte que ve 28 de març a les 11.00. A més, duran a terme una campanya informativa, juntament amb el repartiment, iniciat abans de les Falles, de més de 140 pancartes als balcons per a la sensibilització del barri. També participaran en el ple de l’Ajuntament dimarts que ve 31 de març.

L’empresa defensa el projecte

A preguntes d’elDiario.es, fonts de l’empresa Puerto Rico Project 2022 s’han mostrat sorpresos pel renou que ha causat el projecte, perquè no elimina habitatge residencial, sinó que transforma “una nau que ja està entre 40 i 50 anys tancada i plena de brutícia en l’única cosa que permet el planejament en aquests casos, que és aquesta mena d’habitatge”.

A més, han explicat que en l’última reunió que van mantindre amb l’Ajuntament van plantejar la possibilitat de transformar el projecte en un hotel, però la resposta municipal va ser negativa, perquè l’expedient ja s’havia iniciat com a apartaments i ja no es podia modificar una vegada tramitat.

Sobre els possibles problemes de convivència, han explicat que es tracta d’apartaments d’alt nivell i que no estan pensats per a “turisme de motxilla”, al mateix temps que han posat en relleu que el que realment generen conflictes de convivència són els habitatges d’ús residencial que es reconverteixen en apartaments turístics dins de les mateixes comunitats de veïns: “Si ens deixaren fer habitatges, en faríem, però la normativa no ho permet. Som els primers interessats a acoblar-nos al barri, perquè també som veïns del barri, vivim a Russafa i defensem que ha d’haver-hi un ordre, un comerç, una hostaleria en condicions”.

El Gobierno de Cantabria ha autorizado que las viviendas turísticas que aún no estén regularizadas puedan seguir funcionando mientras se resuelven los trámites burocráticos que exige el decreto que regula el sector en la comunidad. El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica este viernes las instrucciones de la Dirección General de Turismo y Hostelería para “interpretar” y “aplicar” la fecha límite para regulalizarse, que finalizaba este 25 de marzo. Es decir, que se autoriza una prórroga para todas las solicitudes que estén tramitación o que se encuentren pendientes de resolución.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) estiman que Cantabria tiene casi 9.000 viviendas turísticas, prácticamente el doble de las que había antes de la pandemia. La comunidad se mantiene como la tercera autonomía con mayor porcentaje de estos alojamientos (2,3%), solo por detrás de Canarias (4,7%) y Baleares (4,1%). Es decir, la que mayor concentración tiene en territorio peninsular. 

El decreto que se aprobó el año pasado, después de media legislatura de retraso, daba ocho meses de plazo, pero la Consejería de Turismo hace ahora una excepción “para dar tranquilidad a los propietarios”, según comunican oficialmente, “a las viviendas previamente inscritas a la entrada en vigor del nuevo decreto o que hubieran presentado declaración responsable con posterioridad al 3 de abril”.

El departamento que dirige Luis Martínez Abad (PP) ha detectado “diferentes casuísticas” en las solicitudes de adaptación relacionadas con las acreditaciones requeridas por los propietarios a los ayuntamientos o comunidades de propietarios para cumplir los requisitos.

Nuevos plazos

En concreto, se autoriza el funcionamiento cuando el titular de una vivienda de uso turístico haya solicitado dentro del plazo establecido (antes del 25 de marzo de 2026) el informe municipal de compatibilidad urbanística al ayuntamiento correspondiente. “No se procederá a la cancelación de la inscripción en el Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria mientras dicho informe se encuentre pendiente de emisión”, dicen las instrucciones de la Consejería.

También se prorroga el plazo de autorización si el propietario ha recurrido el informe negativo municipal. Mientras esté pendiente de resolución la vivienda turística puede seguir abierta. En todo caso, el propietario deberá acreditar en la Consejería que se han presentado los documentos para poder acceder a la moratoria del plazo de regulación.

Con la publicación de las instrucciones en el BOC, Turismo “quiere tranquilizar a los propietarios” y su titular, Luis Martínez Abad, asegura que la Consejería “será garantista” para que los propietarios pueden concluir su adaptación a la nueva normativa.

Desde su departamento se han enviado cartas a la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) y a la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (AVUTCAN) “para explicarles las instrucciones y trasladarles, igualmente, tranquilidad”.

Fue mucho antes. Yo estaba al otro lado: aún era frágil, cándida. Luchaba contra el ruido de las injusticias. Soñaba con el soniquete de unas llaves mecerse, las llaves de mi casa. Aún era becaria. Casi una niña. 

Fui la primera universitaria de mi familia. Empecé a currar a los diecisiete. Sin cotizar ni derecho a vacaciones. Haciendo de canguro, dando clases, pasando trabajos por ordenador. De comercial, de dependienta, de gogó. Conocí a un profesor de primaria octogenario que me encargó mecanografiar varios de sus manuscritos. También fui becaria en unas cuantas empresas cuando terminaba las clases de la facultad.

Antes de que la locura inmobiliaria se desatara en España, antes de la primera burbuja, tuve el privilegio de poder comprarme un apartamento cerca del centro. Lo pagué con mis ahorros, con un contrato en prácticas y con la ayuda del banco cuando las condiciones de crédito y el Euríbor no estaban desorbitados. Hice durante tardes y noches enteras el cálculo de cómo afrontar la dichosa hipoteca si alguna vez me quedaba en el paro. Tuve pesadillas que contagiaron a mis padres y finalmente decidí dar el paso. Leí las escrituras como me leía entonces las cartas de amor: oliendo el papel, subrayando las palabras importantes, esas que no entendía, poniendo flechas e interrogantes con rotuladores de colores. Preguntándome qué pasaría si. Le consulté todas las dudas a un compañero abogado que me confesó no haber conocido nunca a nadie estudiar unas escrituras de aquel modo. Es que es una promesa para toda la vida, le dije.

Hace unos días, las inquilinas de ese apartamento me comunicaron que se marchaban. El lugar en el que fui feliz nunca ha estado destinado a vivienda turística. Me gusta creer que un alquiler de larga duración y a precio justo distrae mi culpa por tener lo que otros no tienen. Durante las primeras doce horas en las que estuvo publicado el anuncio, recibí más de doscientos correos de personas desesperadas suplicando por una vivienda digna en una zona de la ciudad que ya casi se destina exclusivamente a los turistas. 

Leo: Estoy muy interesado. Puedo pagarle varios meses de fianza. Leo: Lo necesito desesperadamente. Leo: Soy responsable. No fumo. No bebo. No hago fiestas. Leo: No me hace falta verlo. Se lo alquilo. Leo: Tengo avalistas. Leo: Tengo trabajo fijo. O soy funcionario. O no tengo mascotas ni pareja. Es una subasta de virtudes para acceder a un derecho básico; un casting de supervivientes.

Despublico el anuncio del lugar en el que fui feliz a las pocas horas. Organizo las visitas: como si estuviera haciendo algo inmundo, algo imperdonable. Como si yo fuera una inmundicia, imperdonable. Una impostora. Culpable por tener en un mundo donde los demás no tienen. Y siempre, cada vez, acabo preguntándome lo mismo: Si no me da vergüenza.  

Soy de este barrio. Quiero personas que vivan en él. Cinco embarazos han brotado de ese apartamento en el que yo comencé mi camino en solitario con toda la ilusión. Y me gustaría que fueran muchos, muchos más. O muchas rupturas, muchos llantos, muchas risas, muchas vidas. Que oliera a comida dónde yo aprendí a cocinar. No juergas de fin de semana, no fiestas vacuas, no dinero

Durante las visitas, ellos me dicen: No es una ratonera. Me dicen: las fotografías son como su apartamento. Me dicen: el suelo es bonito y las ventanas cierran bien. Es luminoso.

Según el último Barómetro de Alquiler, el precio medio de la vivienda en Sevilla supera los 950 euros mensuales y el parque de vivienda en alquiler de larga duración en 2025 ha experimentado mínimos históricos. El problema es tanto de precio como de escasez, sustentado en la tendencia de eliminar la oferta para beneficiarse del alquiler de temporada —turístico, por habitaciones o por semanas—, en el que se puede fijar el precio libremente.

Suena el timbre. Es la última visita. El chico recorre el apartamento rápidamente, con una chaqueta resuelta, sin arrugas. Al terminar, me pregunta: ¿Y por qué no lo alquila usted con nosotros como vivienda turística? Ganaría usted cuatro veces más.

El tipo disfrazado de inquilino comienza a explicármelo: la rotación, la ocupación media, las plataformas, la limpieza externalizada. Habla de porcentajes. De optimización. De rentabilidad.

Soy de este barrio. Quiero personas que vivan en él. Cinco embarazos han brotado de ese apartamento en el que yo comencé mi camino en solitario con toda la ilusión. Y me gustaría que fueran muchos, muchos más. O muchas rupturas, muchos llantos, muchas risas, muchas vidas. Que oliera a comida dónde yo aprendí a cocinar. No juergas de fin de semana, no fiestas vacuas, no dinero.

No sé si la culpa es cuestión de clases. O si es el último residuo de humanidad en una clase media que se siente verdugo por no querer ser víctima. Y convierto el amasijo de ideales en un agujero negro que se lo lleva todo. En este mecanismo del falso consuelo, me digo que solo quiero alguien que viva en el lugar donde fui feliz. Donde mi hijo aprendió sus primeros gateos.

A veces me siento como Saturno devorando a su hijo, de Goya. Y lo peor no es el hambre. Es haber aprendido a llamarla necesidad. Una generación que, para sostenerse, acaba engullendo el futuro de la siguiente.

¿No siente usted culpa?, le pregunto al tipo. ¿Culpa? El tipo de la inmobiliaria se echa a reír como si le hubiera contado un chiste en un idioma muerto. En la lengua alemana, la palabra “deuda” y la palabra “culpa” comparten el morfema Schuld, como Nietzsche expuso en La genealogía de la moral (1887). Culpa y deuda se hermanan. Tanto la deuda como la culpa se cargan. Siempre hay una culpa y una deuda.

Tengo un piercing en el estómago, canta Joaquín Calderón en una de sus canciones. Pero lo cierto es que mi remordimiento no baja el precio de la zona, ni detiene la gentrificación, ni le da una vivienda a los ciento noventa y nueve que hoy se han quedado fuera. Al final, la levadura de la culpa solo es el impuesto revolucionario que la clase media se paga a sí misma para poder dormir sin pastillas. 

Lo siento. Nos hemos vuelto tan culpables que a veces hasta parecemos decentes.

Apenas un 17,2% de las viviendas turísticas de Andalucía cumplen los requisitos para poder anunciarse en las principales plataformas, como Booking o Airbnb. Así lo admite la patronal de propietarios y gestoras de viviendas turísticas de Andalucía (AVVAPro), que alerta de un “colapso” por la “barrera burocrática insalvable” del nuevo Registro Único puesto en marcha por el Ministerio de Vivienda, al que pide una moratoria que evite la retirada de miles de anuncios. AVVAPro alerta de “graves perjuicios económicos, jurídicos y reputacionales” para “familias y profesionales”. Desde julio, la inscripción y puesta al día en ese registro es requisito para obtener el código con el que anunciarse en las plataformas de referencia.

En Andalucía hay 153.517 viviendas que cuentan con una licencia vigente concedida por la Junta de Andalucía para operar como vivienda turística, pero una inmensa mayoría no han completado los dos procesos obligatorios para inscribirse en el Registro Único, aprobado en diciembre de 2024 y puesto en marcha en julio de 2025. De esta forma, 86.411 (el 57%) no se han inscrito, y de las 67.106 que sí lo han hecho, sólo el 40% (unas 26.840) han presentado en tiempo (antes del 2 de marzo) el nuevo modelo con las estancias de 2025, según los datos de AVVAPro. Según estas cifras, casi 130.000 estarían en el limbo.

En teoría, a partir de este martes sólo una mínima parte de las viviendas con licencia, poco más de 25.000, podrían anunciarse en plataformas como Airbnb o Booking. El resto, tendrán una licencia en vigor concedida por la administración competente en materia de turismo (la Junta de Andalucía), pero podrían ver revocado su acceso al principal canal de comercialización de estos alojamientos al no haber recibido un número de registro por no cumplir con las exigencias del Ministerio.

Según la patronal, el impacto sobre la actividad turística en algunos municipios puede ser mayúsculo. Los bajos porcentajes de inscripción “amenazan con paralizar la oferta turística legal en zonas que dependen en gran medida de las VUT para diversificar su economía”, alerta AVVAPro.

Dos registros

El atasco afecta a viviendas que operan de acuerdo con los criterios establecidos por la Junta de Andalucía y están inscritas en el registro autonómico. Es decir, legalmente; al menos, a priori. Esas viviendas deben ahora inscribirse también en el Registro Único estatal para poder anunciarse en las principales webs. Y Andalucía, cuyo turismo representa en torno al 13% del PIB, es la comunidad autónoma en las que el registro único ha rechazado más inscripciones, 21.000, según las cifras ofrecidas por el Ministerio hace un mes. Siete de los 20 municipios con mayor número de peticiones denegadas están en Málaga: Marbella (2.993), Málaga (1.845), Benalmádena (1.035), Fuengirola (719), Mijas (664) y Estepona (505).

Fuentes del Ministerio apuntan a la laxitud de algunas comunidades autónomas para verificar los requisitos legales para obtener la licencia, mientras que en el Registro único “se comprueba verdaderamente” la documentación. “Hay CCAA que no comprueban si las viviendas tienen las licencias necesarias, si las comunidades de propietarios han autorizado la actividad económica...”, explican.

En Andalucía, basta una declaración responsable de que la vivienda no incumple ninguna normativa municipal y es compatible con el PGOU para poder inscribirla en el registro, sin perjuicio de que luego pueda revisarse esa inscripción a petición de los ayuntamientos. La Junta de Andalucía dice haber desinscrito más de 13.000 viviendas turísticas hasta febrero de 2026, si bien este medio desveló que en Málaga caducaron cientos de expedientes de desinscripción por la inacción combinada de Ayuntamiento y Junta.

Con todo, el Ministerio rebaja el impacto sobre la operatividad del sector del nuevo registro único. Fuentes del departamento que dirige Isabel Rodríguez explican que de las más de 150.000 con licencia en vigor, hay muchas que no están operando realmente o que se comercializan por otras vías. En noviembre de 2025, el INE calculaba 91.757 viviendas turísticas operativas en Andalucía en las principales plataformas, por las 150.000 inscritas en el Registro. “El registro andaluz no tiene por qué ser una foto de las viviendas que se quieren publicar en plataformas”, subrayan.

De esta forma, las que no han cumplido aún los dos requisitos del nuevo registro no serían 130.000, como da a entender la patronal, sino como máximo unas 65.000 (91.757 del total que se anunciaban menos 26.840 que ya están inscritas y han presentado el registro de estancias de 2025).

Choque de competencias

De fondo, late una disputa entre la Junta de Andalucía (además de otras comunidades autónomas y las patronales) y el Gobierno central sobre cómo afrontar el fenómeno de los pisos turísticos y su impacto sobre la disponibilidad de vivienda, particularmente en zonas con una abundante oferta turística disparada en los últimos años y escasez de vivienda asequible, como Málaga, la Costa del Sol, Cádiz o algunos barrios de Sevilla. El Gobierno central no oculta su voluntad de sacar viviendas del mercado turístico para reincorporarlas al residencial. El Gobierno andaluz, a través del consejero Arturo Bernal, ha calificado esta visión de “ideologizada”.

El choque es de competencias, porque la Junta de Andalucía tiene las de Turismo (y por tanto, la concesión de licencias de pisos turísticos) y la administración central tiene las de Vivienda. En Andalucía existe desde 2016 un registro para todas las viviendas turísticas, pero el Ministerio impuso la obligación de que, desde julio de 2025, estas viviendas se inscribieran también en un nuevo registro, aduciendo que la Unión Europea obliga a contar con uno “único” para todo el territorio. Si no están inscritas en ese registro las viviendas no obtienen un código con el que anunciarse en las principales plataformas.

La Comisión ha dado hasta finales de mayo para que Junta y Gobierno central eliminen esta duplicidad, mientras en el Tribunal Supremo se dirime cuál de las dos administraciones es competente.

Plazo “suficiente”

En medio de esta batalla legal, la denuncia del lobby de las viviendas turísticas apunta a un problema práctico, que algunos operadores trasladan desde hace tiempo: las delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía en algunas provincias con muchas viviendas turísticas (Cádiz o Málaga) están tardando en entregar la acreditación de que la vivienda tiene uso turístico; además, los registros de la propiedad (que operan el nuevo registro del Ministerio) también están saturados.

A esto se ha sumado la entrada en vigor de un nuevo requisito, previsto en el Decreto de diciembre de 2024 pero cuyo cumplimiento no se ha exigido hasta este 2 de marzo: un modelo en el que se consignen las estancias en cada vivienda turística a lo largo del año, a presentar también ante el Registro de la Propiedad, al que se carga con un nuevo trámite.

Fuentes del Ministerio aseguran que se han presentado la “inmensa mayoría” de los modelos, sin cuantificar ni desglosar por comunidades. El Ministerio cree que el plazo de un mes que ha dado es suficiente “dada la simplicidad del modelo” y que ha ofrecido ayuda presencial y telefónica a quien la ha necesitado. “En cualquier caso, el Colegio de Registradores está trabajando con el Ministerio de Justicia para determinar la forma de proceder con los restantes casos en los que no ha habido depósito.

Según la patronal, el problema es de gestión. “No se puede penalizar a propietarios legales por la incapacidad del sistema para procesar las solicitudes”, señala AVVAPro.

El “muro burocrático” sería generalizado en todas las provincias, pero afecta especialmente a provincias como Málaga, Cádiz o Huelva. En Málaga, la provincia con mayor volumen de licencias (87.370, el 57% de todas las de Andalucía), sólo se han completado 36.939 registros. En Cádiz, se han completado 7.306 registros de 23.497 viviendas con licencia.

Según AVVAPro, los peores datos se dan en municipios costeros y pueblos pequeños donde las viviendas turísticas “representan la principal fuente de ingresos”, como El Bosque (2% de registros sobre licencias), Barbate (12%), Arcos de la Frontera (11%), Chipiona (8%), Chiclana de la Frontera (28%), Conil de la Frontera (31%), Jabugo (4%), Almonte (17%), Isla Cristina (27%), Lepe (24%), Benahavís y Benalmádena (25%).

El PSOE de La Rioja ha reclamado este viernes al Gobierno regional que “planifique y regule” las viviendas de uso turístico para evitar un “crecimiento descontrolado” de estos pisos, que, según afirma, han crecido “exponencialmente” en los últimos años en La Rioja, sobre todo en Logroño y su entorno metropolitano.

La secretaria de Cultura, Turismo y Deporte de la CER, Coral Pérez, y el diputado regional Ricardo Velasco han comparecido este viernes ante los medios de comunicación para abordar la situación de las viviendas de uso turístico.

Velasco ha afirmado que este tipo de viviendas “contribuyen al tejido económico y turístico de La Rioja”. Eso sí, “su crecimiento desordenado y la proliferación de oferta fuera de la normativa han generado efectos negativos sobre el derecho a la vivienda, la convivencia vecinal y la cohesión social en núcleos urbanos y turísticos”.

El diputado socialista ha recordado que el incremento en La Rioja de las viviendas de uso turístico “ha sido exponencial, pasando de 1094 en el año 2022, a 1807 en el año 2026”. Especialmente “significativo y preocupante es el incremento en Logroño y el del área metropolitana”, ha añadido Velasco. Y esto es así “porque en Logroño y su entorno es donde más problemas de acceso a la vivienda se están planteando”.

Ricardo Velasco ha recordado que el Gobierno de España “ha actuado ante esta realidad, y lo ha hecho trasponiendo la normativa europea, o notificando a las plataformas online la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales para que retiren sus anuncios”. De estas, “302 viviendas se encuentran en La Rioja”.

Además, el registro obligatorio de alojamientos de corta duración “ya está funcionando con el objetivo de perseguir y poner fin al fraude en los alquileres de corta duración al tiempo que se activan otros mecanismos para que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial”.

Velasco también ha explicado que otras administraciones, como el Ayuntamiento de Logroño, “también han adoptado medidas, aprobando la suspensión de la tramitación del otorgamiento de licencias relativas al uso turístico con incidencia en el mercado de la vivienda”.

Sin embargo, el Gobierno de La Rioja “pese a tener competencias en la materia, no ha actuado ni adoptado medida alguna ante esta realidad”.

Por eso, Coral Pérez ha asegurado que ante la inacción del Ejecutivo “desde el PSOE hemos registrado ya una Proposición no de Ley en el Parlamento y presentaremos mociones en los ayuntamientos para instar al Gobierno de La Rioja a que actúe”.

“Lo que queremos -ha dicho- es que el Ejecutivo regional refuerce el servicio de vigilancia y control en la dirección general de Turismo y que se trabaje, especialmente, en las zonas más saturadas y en las que hay más problema de acceso a la vivienda”.

Coral Pérez ha explicado para finalizar que el Gobierno “tiene que planificar, regular y controlar las viviendas de uso turístico con el objetivo de evitar su crecimiento descontrolado”.

El Ayuntamiento de Albacete no concederá licencias a viviendas turísticas que no tengan acceso independiente desde la calle, tal y como se ha aprobado por unanimidad en el Pleno municipal a partir de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El concejal de Urbanismo, Julián Garijo, ha informado de un cambio normativo para “clarificar una posible interpretación del Plan General”. Se formaliza una norma que impide “claramente” la ubicación de pisos o apartamentos turísticos en comunidades de vecinos, para evitar molestias o problemas de convivencia con los vecinos residentes en los edificios afectados.

Solo se autorizarán viviendas para alquiler vacacional cuanto tengan acceso directo desde la vía pública, y no cuando se acceda a ellas por el portal comunitario.

El Consejo Rector de Urbanismo ya acordó suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas para el uso hotelero en las plantas primeras y entreplantas de edificios anteriores al PGOU de 1999 que no tengan acceso independiente desde el exterior, y ha pedido al Pleno una modificación puntual del PGOU para consolidar este criterio.

En su intervención ante el Pleno, Garijo ha recordado que “la normativa urbanística actual solo permite apartamentos turísticos en locales de edificios en planta baja, siempre que sea un uso permitido en la norma zonal donde se ubique el edificio y tengan un acceso independiente desde el exterior”.

Sin embargo, mediante un criterio interpretativo de hace años podría darse el caso de admitir este tipo de licencias en entreplantas de edificios anteriores al Plan de 1999, “cuando la licencia original contemplara locales en entreplantas o primeras plantas con uso comercial o de oficinas”.

Para evitar de forma tajante esa posibilidad, la modificación impulsada este jueves excluye el uso hotelero, “porque los horarios y condiciones de utilización de los apartamentos turísticos pueden ocasionar molestias al resto de vecinos. La intención es dejar meridianamente claro este asunto, para que no quepa ninguna duda de que los apartamentos o pisos de este tipo deban tener siempre una entrada independiente en todos los edificios destinados a viviendas”.

El pleno de Santiago de Compostela ha aprobado suspender cautelarmente y durante un año la concesión de licencias de hospedaje para la conversión de edificios residenciales completos en equipamientos destinados a usos turísticos, mientras el Gobierno local trabaja en la modificación de la normativa.

La medida ha salido adelante con los votos del bipartito (BNG y Compostela Aberta), las concejalas no adscritas y el PSOE y pese a la abstención del PP, que la califica de “nueva restricción” dentro de una política urbanística basada en la “escalada normativa”, informa Europa Press.

El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, centró su atención en los apartamentos turísticos, una tipología -regulada de forma autonómica- que consiste en bloques de pisos dedicados en su totalidad al alojamiento turístico y sobre la que una asociación le trasladó su preocupación semanas atrás por un caso reciente. El edil confirmó que la normativa municipal modificada en 2023 “no impide la posible proliferación de este modelo” en la ciudad, que sustituye al “tradicional de hotel”, con su recepción, cafetería y restaurante. Esto no es “fácil” que suceda en edificios con división horizontal, pero sí si no la hay o si hay un único propietario, según lo explicado por Lestegás.

Esta situación aún no se ha generalizado ni se está produciendo “a gran escala”. Por ejemplo, en 2025, el Ayuntamiento solo concedió tres licencias de este tipo. La pretensión de esta suspensión cautelar y la modificación normativa en la que trabajará ahora Urbanismo, que revisará los requisitos de implantación, es “anticiparse” a la problemática.

El PP, a través del edil José Antonio Constenla, cargó contra la “escalada normativa” que ve en la política urbanística del bipartito: “Siempre una nueva restricción”. En esta línea, ha asegurado que “la prohibición por sí sola no crea vivienda, no rehabilita edificios y no incrementa el parque público”. Sin embargo, la formación no votó en contra, sino que se abstuvo.

Pese a dar su 'sí', Mercedes Rosón, en representación de las concejalas no adscritas, afeó el “proceder” en la tramitación de la norma y dijo que debería estar sustentada en “datos” y no solo en “retórica”. “Las políticas de vivienda no se hacen por ocurrencia de un día”, reprochó.

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Gumersindo Guinarte, cuestionó cuál es el problema que pretende resolver el Gobierno local y el “impacto real” en la oferta de vivienda. “Ahora nos suena más a maquillaje político que a una iniciativa a solucionar un problema real”, manifestó.

La Empresa Municipal de Turismo de Santander ha licitado una consultoría, valorada en más de 37.800 euros, para externalizar el primer estudio de impacto turístico y capacidad de carga de la capital de Cantabria. El informe solicitado por el Ayuntamiento, cuyo plazo para entregar propuestas concluye este 27 de febrero, tiene que estar entregado a finales de junio. El análisis busca estudiar los escenarios de “potencial saturación” e identificar “puntos de fricción” en periodos concretos, incluyendo “el cálculo de presión humana máxima”.

El encargo de este estudio se produce dos años después de que la alcaldesa Gema Igual dijera públicamente que el turismo de Santander “ni es estacional ni está masificado”, poco antes de la participación de la ciudad en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) de Madrid y ante más de medio centenar de representantes del sector turístico.

Ahora, del estudio, el equipo de gobierno del PP espera saber el impacto en “los principales recursos” turísticos. No especifica cuáles son, pero prioriza todas las playas urbanas, la península de La Magdalena y la senda costera que va desde Mataleñas hasta la Virgen del Mar. El objetivo es que cada zona incluya una ficha con “puntos de fricción o posible saturación y en qué momentos, temporadas y casuísticas se produce”, según consta en el pliego de contratación consultado por elDiario.es.

Además de esto, el Consistorio pide un diagnóstico y un mapa de presiones para mostrar dónde hay alta concentración de visitantes respecto a residentes. Además, la idea es incluir una metodología con métricas e indicadores de impacto y capacidad de carga y un estudio y propuesta de medidas para mejorar la gestión de esa capacidad de carga. “Todo ello con el objetivo final, de disponer, de forma alineada a otras iniciativas vinculadas con la mejora de la sostenibilidad turística”, indica el pliego administrativo.

El impacto turístico, según la patronal del sector (Hosteltur), es el conjunto de impactos, positivos y negativos, que genera el turismo en una ciudad. Positivos como el empleo, el intercambio cultural y la inversión. Y negativos como la precariedad laboral, las tensiones con los residentes o la gentrificación.

Además, la capacidad de carga turística, según la Secretaría de Estado de Turismo, es una herramienta para medir la sostenibilidad, en relación con el territorio, el medio ambiente, el uso de recursos, las infraestructuras, la conectividad, el equipamiento, el desarrollo local, las tradiciones y otras variables. Es decir, no es un límite absoluto, pero marca una pauta hasta ahora desconocida en Santander.

Para extraer los datos sobre la capacidad de carga de la ciudad, la Empresa Municipal de Turismo de Santander ofrece al consultor “los datos económicos (gasto medio turista/visitante); los datos turísticos (actividad y usos turísticos en destino); los patrones de movilidad; además de perfiles de los turistas, ocupación según recurso, consumo de agua y movilidad, entre otras variables sujetas a confidencialidad.

Santander, sin “problemas” con los pisos turísticos

Ya en julio de 2023, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), afirmó que la ciudad no tenía un “problema” con los pisos turísticos, aunque dijo que para “anticiparnos”, iba a trabajar junto al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) en regular la actividad. A inicios de 2024 fue cuando, antes de ir a Fitur, rechazó que hubiese ninguna masificación. Ese verano, Cantabria presentó un nuevo decreto para regular la actividad. 

En los últimos tres años han sido muchas las veces que los partidos de la oposición municipal han pedido las cifras que aclaren cuántos pisos turísticos tenía Santander antes y después del decreto y cómo operan en la actualidad. El último en hacerlo ha sido el PSOE, al solicitar a la alcaldesa datos “claros y verificables” sobre los pisos turísticos y el uso tanto en cesión completa (toda la vivienda) como en cesión compartida (alquiler por habitaciones).

En la última edición de FITUR, este pasado mes de enero, la alcaldesa dijo que “el turismo debe ser una herramienta de desarrollo económico, generación de empleo y proyección internacional, pero siempre desde la planificación, la sostenibilidad y el respeto” por Santander. Y reconoció como un reto que “existe una tendencia hacia estancias más cortas” en la capital.

El litigio entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central ha posicionado rápidamente a la patronal de los pisos turísticos, desde donde se exige parar la “criminalización” de los que “sostienen parte de la economía” y, a su vez, se requieren medidas que eviten que haya inmuebles “legales” que queden fuera de la oferta. Con esta declaración de intenciones, la asociación, que representa el 15% de las viviendas de uso turístico en la comunidad, puntualizó que la entrada en vigor del registro único ha disminuído la oferta un 14%, con un total de 21.862 viviendas menos.

En estos ocho meses, la rebaja también se ha experimentado en Sevilla, donde la cifra se sitúa en el 27% con 2.659 pisos. El podium lo completaría Marbella, donde ha habido una disminución del 19% con la baja de 2.993 inmuebles. En Granada, hay un 16% menos de pisos turísticos, que supondrían unos 620; en Málaga cayó un 14%, con 1.845 propiedades, y en la Costa del Sol se estima en torno al 15%.

Unos datos que traslada la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro), desde donde se muestra “preocupación”: “Hay un conflicto de intereses entre las exigencias de la Junta y el Gobierno”. El debate se generó a raíz de la entrada en vigor en junio de 2025 del registro único del Ejecutivo español, que tiene competencia en Vivienda. Sin embargo, se atribuía unas medidas similares que ya contemplaba el Registro de Turismo de Andalucía. Ante los requerimientos de la Comisión Europea, el Tribunal Supremo dirime a quién corresponde la responsabilidad antes de que el 20 de mayo entre en vigor la disposición europea del Reglamento sobre alquileres de corta duración.

“Reclamamos que haya una rectificación profunda del sistema que se ha realizado, porque es confuso operar entre distintas administraciones, y se está expulsando del sector a viviendas que son legales”, expresó Juan Ignacio Chaves, vicepresidente de AVVAPro y delegado en Sevilla. “Hay un muro burocrático que impide que desaparezca la oferta ilegal, porque este registro es solo obligatorio para la vivienda de uso turístico, que no para los apartamentos turísticos”, criticó, “decir que hay 23.000 viviendas ilegales porque no tienen un número de registro no es veraz”.

“Arbitrio del Colegio de Registradores”

Al respecto, justificó que para obtener el código hay varias dificultades, entre ellas, la duplicidad de la documentación entre administraciones que podría provocar más conflictos judiciales, así como el requerimiento de la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad —una medida voluntaria que, a su juicio, entienden que se disponga para que haya menos opacidad en el parque inmobiliario—. Además, subrayaron que hay negocios que no solicitan este código dado que, aunque se están explotando, no desean publicitarse en Airbnb o Booking. Si bien tacharon la cifra de irreal, la plataforma desconoce en la actualidad cuál sería el número de viviendas ilegales.

“Estamos contentos de que se vigilen las publicaciones en las plataformas, pero lo deja al arbitrio del Colegio de Registradores, que funcionan como policías y dejan dudas de interpretación”, rechazó Chaves. Desde la asociación, manifestaron que el funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía era suficiente, ya que funciona desde el año 2010 como garantía para el sector, aunque solicitaron modificaciones en la Ley de Turismo Sostenible de Andalucía que prepara el Gobierno de Juanma Moreno, como que se adecúe el número de plazas turísticas por área geográfica, “no es lo mismo tener 16 personas en una vivienda en el centro de Sevilla a que sea en una casa rural”.

Otro dardo que lanzan a la Junta de Andalucía es el relativo a las multas de 600.000 euros que contempla la nueva normativa. “Estamos de acuerdo en que haya una persecución de la clandestinidad, pero tiene que haber una proporcionalidad: no es lo mismo multar con esa cantidad un macrocomplejo que a una casa”, zanjó el responsable de AVVAPro. En plena crisis habitacional, la plataforma se mostró como un actor dialogante, definiéndose como un activo importante y cada vez más profesionalizado del sector turístico, “complementamos a la oferta hotelera, y se resuelve una demanda de los visitantes, sobre todo las familias, dando actividad a los barrios”.

Sevilla, la presión turística en la periferia

La capital hispalense, en manos del gobierno del PP con la colaboración de Vox, legisló en octubre de 2024 para limitar la tramitación de nuevas licencias para pisos turísticos. El tope por cada barrio es del 10%, un escenario que venía a intentar frenar la presión inmobiliaria en el casco histórico, donde ya se consideran saturados al estar por encima del porcentaje Santa Cruz, Arenal, Afalfa, San Bartolomé, Feria, Encarnación-Regina, así como San Lorenzo, San Vicente y el centro de Triana. Teniendo en cuenta que en la actualidad hay 9.650 disponibles, de los que alrededor de 6.000 están operativos, adelantó la asociación, quedaría margen para dar permisos a otros 22.750.

“Hay zonas donde la vivienda turística ha ejercido presión, motivo por el que se han establecido reglas más estrictas. En un momento dado, era oportuno para dar respuesta a la vorágine de creación de pisos turísticos, pero en otros barrios de la ciudad mantiene vivo el comercio y, además, la vivienda de uso turístico reparte dinero entre los propios sevillanos, y no se va a grandes empresas ni fondos”, apostilló Juan del Toro, vocal de AVVAPro en Sevilla. “Sentimos responsabilidad por lo que pasa en la ciudad”, indicó, aunque creen que se “destruye vivienda” ante las exigencias urbanísticas del Ayuntamiento de Sevilla.

La presión se está trasladadno hacia los barrios periféricos, por ejemplo, hacia los exteriores de la calle Ronda se detecta más actividad, “pero no en la misma proporción como en el centro antes de la regulación”. Aunque la actividad turística transforme el callejero sevillano, estiman que no se alcanzará el máximo permitido de pisos turísticos debido a que la demanda de los visitantes se sitúa en el casco histórico. “No tiene sentido llegar al máximo del 10% en Pino Montano, donde ya hay 48 viviendas de uso turístico, y aunque la normativa lo permitirá, creemos que no será así”, zanjó.

“Bajar los precios” por el impacto de Adamuz

Un mes después del accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, las condolencias se transforman en estimaciones por el impacto económico en el sector turístico. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, el vocal de AVVAPro mostró su “preocupación” por el hecho de que las reservas han caído entre un 20 y 30% en los pisos turísticos: “Hemos tenido que bajar precios para evitar las cancelaciones”.

El parón en la circulación en el eje Madrid-Sevilla ha afectado a la ganancia de estos negocios, para lo que piden que “se restituya la confianza y la seguridad en el turista”. El reajuste de precios también ha estado apuntalado por el número de cancelaciones que, estimó, varían entre un 8 y 10%. El año pasado, la capital hispalense recibió 1,02 millones de visitantes y tan solo en ocupación hotelera llegó al 84%. En las principales plataformas, quedan anuncios que oscilan con costos entre los 1.000 y 1.5000 euros.

El pasado mes de noviembre el alcalde hablaba ante los medios presumiendo de un dato: “Ya hay 2.400 viviendas ilegales de uso turístico menos en nuestra ciudad, lo digo por aquellos que decían que íbamos a llenar de viviendas turísticas el centro de Madrid”. Almeida se refería a un estudio basado en cifras de Inside Airbnb, una plataforma que recopila los anuncios que ofrece la citada compañía en cualquier ciudad del mundo y que cifraba en 14.297 los anuncios disponibles en la ciudad, número notablemente inferior a los 16.959 que había en julio. “El Ayuntamiento de Madrid está consiguiendo una reducción muy considerable del número de viviendas turísticas de uso ilegal en la ciudad”, aseguró entonces.

En Madrid había bajado la oferta, pero entonces hubo una discusión sobre el tamaño real de ese descenso y si a él había contribuido el Ayuntamiento con sus multas primero y, luego, con el Plan Reside, o había tenido más peso el registro único del Ministerio de Vivienda o la persecución del Ministerio de Consumo a las grandes comercializadores de estos alojamientos para que retiraran los anuncios de pisos ilegales.

Hoy sabemos que el Ayuntamiento de Madrid ha registrado el cese de la actividad de 706 viviendas de uso turístico en la ciudad. Según datos del Plan de Inspección Urbanística Municipal (PIUM) a los que ha tenido acceso este periódico, el consistorio ha conseguido el cese de 544 viviendas de uso turístico, dato al que se suman otras 162 por por restablecimiento de la legalidad, al no dedicarse ya al uso turístico.

La Agencia de Actividades, entidad municipal encargada de la vigilancia de esta actividad económica, para la que es necesaria contar con una licencia habilitante que emite el Ayuntamiento, ha atendido sobre todo las denuncias de los ciudadanos (siete de cada diez recibidas) y las de la Policía Municipal. La agencia ha efectuado entre mayo de 2024 y diciembre de 2025 hasta 2.042 inspecciones, en las que ha detectado 1.893 viviendas de uso turístico, de las cuales, 1.788 operaban sin título habilitante, el 94% del total. Fruto de estas inspecciones se incoaron 891 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística, que de momento han conseguido las 706 reconversiones citadas.

La Agencia de Actividades actúa sobre las denuncias existentes y no sobre los anuncios totales que se ofertan en plataformas como Airbnb, ya que estos no suelen detallar su dirección. Además, fuentes municipales explican que el PIUM es solo una parte de las acciones puestas en marcha por el Gobierno de Almeida dentro del Plan Reside, su herramienta para reordenar los pisos turísticos en Madrid.

Volviendo al informe del PIUM y a sus sanciones, este indica que amenazó con multas a más de medio millar de pisos turísticos ilegales. Los dueños de 335 decidieron abandonar su actividad antes de que llegara la sanción, una opción que permite el procedimiento. Pero otros 199 siguieron adelante con su actividad de alquiler de viviendas a turistas pese a no contar con licencia, por lo que fueron emitidas las sanciones correspondientes. 176 de las multas son de más de 30.001 euros, en aplicación del régimen sancionador de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Al menos dos de estas multas han sido tumbadas por la justicia.

El Plan Reside con el que el Gobierno de Almeida busca reordenar los pisos Airbnb en la capital acaba de sumar un nuevo frente judicial. Esta vez lo plantea Más Madrid, que lo ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por lo que considera varios errores burocráticos y de fondo.

“El Plan Expulsa como lo denomina el partido de la oposición- incumple requisitos de forma básicos como la memoria de sostenibilidad económica válida, exigida por la Ley del Suelo”, indican en un comunicado emitido después de interponer la demanda. También citan otros elementos de fondo como “la previsión de un crecimiento ilimitado de la actividad turística, la falta de motivación para fijar en 15 años el cambio de uso de residencial a turístico o la indeterminación del concepto de vivienda asequible”.

Más Madrid ya había emprendido una ofensiva judicial en octubre presentando un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación definitiva por parte de la Comunidad de Madrid de la normativa de Almeida, que tuvo lugar a inicios de septiembre. Fuentes del partido consideran que, “lejos de suponer una regulación efectiva de las viviendas de uso turístico, ha abierto la veda a la expulsión de familias y vecinos de bloques enteros amenazados por la especulación”.

Lucía Lois, concejala de Más Madrid, alerta que este plan aprobado por el Gobierno de Almeida “facilita la transformación del uso residencial por el terciario de hospedaje en edificios completos, incluidos aquellos considerados protegidos y de un único propietario”. Lois advierte de que el Partido Popular persigue “arrodillar el derecho a la vivienda ante fondos buitres y grandes inversores” y cita los ejemplos de “Gaztambide 22, Valverde 41 o los bloques del duque De Alba en la calle de Manuel”.

“Todo alentado por esta normativa que además es una chapuza porque no incluye ni memoria de sostenibilidad económica a la que le obliga la Ley del Suelo y su informe económico es puramente inventiva y capricho. Vamos a llegar hasta el final contra este despropósito”, advierte.

El PSOE también ha denunciado este cambio urbanístico porque considera que permite que el 73% de los edificios de la almendra central puedan transformarse al completo en turísticos. En el otro lado, los pequeños propietarios de pisos Airbnb han presentado una demanda colectiva para intentar tumbar el Plan Reside, por considerarlo lesivo para sus intereses al prohibir los pisos dispersos en comunidades de vecinos.

El pasado martes 27 de enero, a primera hora de la mañana, decenas de personas se sobresaltaron en las alturas del edificio residencial más alto de Andalucía. Niños y ancianos, muchos en zapatillas, algunos aún en pijama y sin desayunar, bajaron con angustia hasta 30 plantas por las escaleras de emergencia para comprobar, ya en la calle y bajo la lluvia, que se trataba de otra falsa alarma de incendio. Unos turistas se habían pasado tostando el bacon del desayuno. Para entonces ya se habían desplegado seis coches y un camión escala del cercano parque de bomberos de Martiricos. La escala no hubiera llegado al incendio, pues en Málaga sólo hay una de 42 metros, insuficiente para una torre que supera con holgura los cien.

No es la primera vez que pasa, tampoco la segunda. Estos episodios ocurren más o menos cada mes en alguno de los dos edificios que componen el AQ Urban Sky de Málaga, más conocidas como las torres de Martiricos. Son el ejemplo de una convivencia difícil: aproximadamente 160 viviendas turísticas (VUT) registradas se reparten entre las 450 viviendas de las dos torres, más al menos una decena sin registrar, según los vecinos. El trasiego de turistas genera inseguridad a los residentes, que han denunciado fiestas, amenazas, conatos de incendio y peleas. Además, hay dos hoteles en la torre norte, estos sí con accesos independientes.

Tanto el Ayuntamiento de Málaga como la Junta de Andalucía, ambos gobernados por el PP, se han comprometido a agilizar la desinscripción del Registro andaluz de los pisos turísticos que incumplan la normativa. Sin embargo, hasta ahora su inacción o la descoordinación entre ambas ha provocado que caduquen expedientes abiertos hace más de año y medio, obligando a empezar de nuevo, tal y como desveló este periódico.

“Somos ejemplo de un problema que tiene toda Málaga: mezclar turistas con residentes en edificios que no están preparados para ello”, lamenta Francisco Ramos, portavoz de la asociación de vecinos Torre Sur: “Tenemos la ley de nuestra parte, pero no podemos deshacernos de ellos porque enfrente hay un séquito de buitres con mucho dinero y mucho poder político, institucional y económico”.

“Aquí están metidos nuestros ahorros y vamos a luchar por nuestra vivienda”, advierte un vecino de la torre norte. Teme sufrir represalias si se desvela su nombre, y asegura que ya hay al menos una denuncia interpuesta por una vecina por amenazas.

La Asociación de profesionales de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía (AVVAPro) dice “comprender la preocupación” de los vecinos, pero lo limita a problemas “concretos” que achaca a la “ausencia de gestión profesional, controles adecuados y protocolos claros”.

40% de pisos turísticos en torres para 2.000 personas

Las dos torres de Martiricos tienen capacidad para sumar más población que muchos municipios de España. La promotora AQ Acentor entregó 450 viviendas entre finales de 2023 y el primer semestre de 2024 en las que podrían vivir casi 2.000 personas. Por ahora, muchos propietarios son extranjeros que residen por temporada. Inicialmente, la idea de AQ era quedarse la torre norte y alquilarla, pero tan bien le fueron las ventas de la Sur que también se deshizo de ella. A los vecinos les aseguraron que no tenían que temer: se dedicarían a residencial.

Sin embargo, en pleno boom turístico muchos propietarios concibieron la compra como un negocio y algunos acumularon hasta contar media decena. Hoy hay 80 VUT registradas en la torre sur y 86 en la norte. La cifra ha ido oscilando, y llegó a suponer el 47% en una de las torres. Se da así la paradoja de que el barrio limita el porcentaje de VUT al 8% del parque inmobiliario, pero aquí cada edificio ronda el 40% del total.

Detrás de esto está el dinero. Una gestora de pisos turísticos llegó a ofrecer 3.500 euros mensuales a un vecino que resiste. En las plataformas los pisos se ofertan a entre 250 y 300 euros por noche, lo que arroja ingresos de hasta 9.000 euros al mes, mucho más que los 2.000 euros por piso (de dos habitaciones) que puede pagarse por un alquiler residencial. Con la temporada alta en Málaga extendida de marzo a octubre, el negocio anual del alquiler turístico puede rondar los 100.000 euros al año por piso. Teniendo en cuenta que hay unas 160 viviendas turísticas, hay 16 millones de euros en juego en estas torres.

“Los propietarios de VUT siguen una política de tierra quemada. El beneficio es tan enorme que aguantarán lo que puedan, y luego se irán vendiendo por más dinero del que compraron”, comenta Ramos. En este tiempo se han revalorizado: salieron a la venta a entre 250.000 y 600.000 euros; tres años después, el rango ha pasado a 345.000-900.000 euros. Un piso de dos habitaciones y 120 metros cuadrados se vende en Idealista por 498.000 euros e incluye licencia turística “para seis personas”, asegurando que es una de las “pocas” que la tiene.

El Ayuntamiento dejó caducar los expedientes

Los vecinos denuncian que la inacción de la Junta y el Ayuntamiento perpetúa el problema. El 7 de junio de 2024 el Ayuntamiento publicó una Instrucción para interpretar el PGOU de 2011: no pueden inscribirse en el Registro andaluz como VUT si no tienen accesos y suministros independientes, a contar desde febrero de 2024 (cuando se aprobó el Decreto de la Junta de Andalucía). Todas las VUT de la torre norte se inscribieron después. La mayoría de la torre sur se inscribieron entre febrero y junio. Lo consiguieron presentando una simple declaración responsable de que cumplían la normativa, lo cual no es cierto.

En teoría, ninguno de esos pisos podría estar inscrito y operar legalmente. Pero ahí siguen, porque el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía no han hecho cumplir su normativa aprobada hace dos años. “Nos sentimos indefensos y desamparados por las administraciones”, protesta Ramos.

Muchas VUT han recibido al menos año y medio de vida extra por la inacción de las administraciones. Así, en agosto de 2024 el Ayuntamiento pidió a la Consejería de Turismo de la Junta que desinscribiera las que no tienen acceso independiente (incluyendo más de un centenar en las torres). Sin embargo, luego dejó pasar más doce meses sin responder a las alegaciones de los propietarios, y la Junta acabó declarando la “caducidad” de los procedimientos y “amnistiando” temporalmente las VUT.

La Junta asegura que ha cancelado 51 VUT en las torres (sin aclarar desde cuándo) y que ha creado una “comisión de trabajo” con el Consistorio. Según fuentes de Urbanismo, en Málaga hay unos 1.500 pisos turísticos que se están beneficiando de esa “caducidad” sobrevenida (entrer ellos los de las torres), si bien el Ayuntamiento no ha confirmado oficialmente la cifra. Ahora asegura que reiniciará las desinscripciones una por una, lo cual puede suponer varios meses más. Ante esta perspectiva, los vecinos de la torre norte han pedido al Ayuntamiento y la Junta que agilicen declarando la nulidad del registro por falsedad. Han mantenido reuniones, pero ni una respuesta a los ocho escritos que han remitido al Consistorio.

Por su parte, AVAPro argumenta que la Instrucción municipal no puede “imponer condiciones o limitar actividades legales”, discute la aplicación retroactiva y asegura que está “trabajando intensamente” con el Ayuntamiento para “dar respuesta” al supuesto debate sobre los efectos de esa norma.

La sensación de los vecinos es que hay una connivencia para ganar tiempo para ganar más dinero. La Cadena Ser desveló que un exconcejal del PP de Málaga y actual asesor del equipo de gobierno, Julio Andrade, es propietario de una vivienda turística registrada días antes de que se aprobara el Decreto de la Junta de Andalucía. Juan Cubo, presidente AVAAPro, es también propietario o gestor de algún piso turístico aquí. Cuando los vecinos denunciaron la situación, Cubo cargó contra ellos acusándolos de “turismofóbicos”. Los vecinos cuentan que hay más personas relevantes con intereses en los edificios. Algunos presentaron la declaración responsable antes incluso de escriturar la vivienda.

Málaga es una de las ciudades con mayor saturación de pisos turísticos, con la zona centro como epicentro del fenómeno a nivel estatal. A fecha de 3 de febrero, el Registro de la Junta de Andalucía (que opera desde 2017) tiene inscritas 12.791 VUT. Son un 19,6% que en febrero de 2024, cuando se supone que el Ayuntamiento empezó a limitarlas. El Ministerio de Vivienda, que el 1 de julio activó su propio registro, ha revocado en estos meses 1.845 solicitudes para VUT o alquileres de temporada en Málaga capital, pero la mayoría de estas viviendas siguen inscritas en el registro andaluz. La Junta de Andalucía y el Gobierno central dirimen quién tiene las competencias y el alcance de los dos registros ante el Tribunal Supremo y las autoridades europeas, que acaba de advertir contra la duplicidad.

El número de viviendas turísticas que ofertan las plataformas en España ha caído un 12,4% de noviembre de 2024 a noviembre de 2025, según la estadística del INE publicada este lunes, pero Málaga es la única gran ciudad en la que crece, un 5,4%.

Selfies, fiestas y preservativos: “Damos la llave a cualquiera”

Entre tanto, la colección de conflictos generada por la vida pseudo hotelera en las torres es amplia. En la norte aún recuerdan cuando un joven turista inmortalizó su verano en España colgando en Instagram un vídeo subido en la barandilla de la azotea, a una altura aproximada de 110 metros. Aquí la piscina está abierta las 24 horas del día todos los días del año, para garantizar que siempre se pueda hacer una fiesta con chapuzón en la azotea. En los baños es habitual encontrar vómitos o preservativos y en los pasillos de vez en cuando aparece algún turista borracho.

No es raro que los vecinos encuentren sus plazas de garaje ocupadas, porque un turista se despiste o se haga el despistado. Allí aguardan entre coches los carros de lavandería. El trajín de maletas por los pasillos es continuo. El primer verano desalojaron la torre sur porque unos turistas vaciaron los extintores, y ha habido conatos de incendio porque algunos apagan el cigarrillo donde encarta. “En una ocasión se incendió un macetero y empezó a desprender parte del material que caía por la fachada”, relata el presidente de la asociación: “Quemó el jardín en la planta 0. Por entonces no había toldos, pudo ser peor”.

La suciedad y las bolsas de basura abundan, y los desperfectos por mal uso son habituales. Hace un año un turista empotró el coche contra la puerta del garaje, que estuvo dos meses estropeada. Esto supone un sobrecoste en la cuota comunitaria, que ronda los 200 euros. Los vecinos denuncian que apenas pueden usar las zonas comunes (piscina, gimnasio, sala de trabajo).

La ligereza con la que actúan algunos turistas contrasta con las medidas de seguridad extremas del edificio, recogidas en un libro de 256 páginas que cada vecino debe conocer. Cada habitación tiene detector de humos.Cada año los bomberos organizan dos simulacros.

“Está diseñado para ser muy seguro, pero luego le damos la llave a cualquiera”, se queja un vecino de la torre norte. La administración (dominada por las VUT) ni siquiera ha activado la función de la llave electrónica que limita el acceso a cada planta.

Las dos torres de Martiricos estuvieron siempre marcadas por la polémica. Levantarlas en unos terrenos usados como aparcamiento donde históricamente se ubicaba el rastro agravó el problema de movilidad del barrio, obligando a talar decenas de árboles. Cuando se terminaron, media Málaga se llevó las manos a la cabeza: son dos estacas blancas fuera de escala que dominarán durante décadas la vista desde prácticamente cualquier punto de la ciudad.

“El Ayuntamiento tiene que entender que este es un edificio singular. Un problema con una VUT en otro sitio tiene remedio, pero aquí no”, advierte un vecino, recordando incendios de grandes edificios. Aquí la altura fue desde el comienzo su principal rasgo de identidad, pero pronto se añadió la conflictividad. Los vecinos insisten: el edificio es seguro y no tienen nada contra el turismo, pero no pueden vivir con el trasiego continuo de turistas que no entienden dónde están, ni probablemente quieran hacerlo. “Y no puede prevalecer el negocio de unos pocos sobre la vida de los demás”.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado uno de los dos recursos interpuestos a la ordenanza que regula las viviendas de uso turístico en Santiago de Compostela al considerar que no contradice el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y que no invade otros ámbitos competenciales. Esta ordenanza fue aprobada definitivamente en noviembre de 2024 y su objetivo era el de regular la comunicación al Ayuntamiento al respecto de este tipo de viviendas con el objetivo de “facilitar” su supervisión, estableciendo mecanismos para revisar el cumplimiento de las normativas a las que están sujetas.

En este sentido, el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, ha dado cuenta este miércoles de los “frutos” dados por esta y otras actuaciones llevadas a cabo por su departamento de cara al control y reducción de los pisos turísticos. Entro otros, se ha hecho eco de una sentencia dictada por el TSXG el 28 de enero de 2026 que desestima uno de los dos únicos recursos interpuestos a la ordenanza aprobada. En su sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha dictado que del PXOM “no se desprende ningún mandato normativo con el que la ordenanza aprobada entre en contradicción”, como alegaba el recurso juzgado.

La parte demandante también sostenía que el Ayuntamiento legislaba el alquiler por habitaciones con finalidad turística -lo que le corresponde a la Administración autonómica-, algo que la resolución desmiente. “La normativa impugnada no determina nuevos usos, ni es la norma que establece esa posibilidad de cesión”, defiende el TSXG, que explica que las disposiciones impugnadas tienen una intención “exclusivamente procedimental”. El órgano judicial añade que la ordenaza tampoco establece “ninguna” regulación en materia de propiedad horizontal que “invada” la competencia regulatoria del Estado. Ahora, a esta sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante la Sala correspondiente del mismo TSXG.

El PSOE pedirá en el Pleno de febrero datos “claros y verificables” sobre los pisos turísticos de Santander ante su “proliferación” y reclamará al equipo de Gobierno del PP detalles sobre la aplicación del decreto autonómico que los regula, firmado en julio de 2025.

Los socialistas preguntarán cuáles son las actuaciones municipales y el número de viviendas turísticas que estaban inscritas antes de la entrada en vigor del decreto, así como cuántas se han registrado después, cuántas solicitudes permanecen pendientes, cuántas operan en régimen de cesión completa y cuántas en cesión compartida.

Además, preguntarán al Ayuntamiento cómo está ejerciendo sus competencias urbanísticas, cuántos informes de compatibilidad con el planeamiento se han emitido, cuántos han sido favorables o denegados y con qué criterios, especialmente desde la entrada en vigor del nuevo decreto. También, reclamará claridad sobre qué requisitos exige la ciudad para autorizar una vivienda turística.

Por otro lado, el PSOE registrará una cuestión sobre las medidas de inspección y control locales frente a las viviendas turísticas ilegales, “una cuestión fundamental para garantizar la igualdad de condiciones, evitar agravios y frenar un crecimiento desordenado que perjudica a la ciudad”, ha informado en una nota de prensa.

El partido ha señalado “las crecientes dificultades de muchos vecinos” para vivir en la ciudad “en un contexto marcado por la escasez de vivienda habitual, la subida de los precios del alquiler y de la compraventa”.

El portavoz y secretario general de la agrupación santanderina, Daniel Fernández, ha afirmado que el turismo “no es el problema”, sino “la falta de control y de planificación”. Una situación que “está teniendo consecuencias directas en la convivencia y en el acceso a la vivienda en numerosos barrios” de Santander, ha dicho.

“La información es clave tanto para los propietarios como para las comunidades de vecinos, que hoy viven en una situación de incertidumbre absoluta sobre qué se permite y qué no en sus edificios”, ha subrayado el socialista.

Por otro lado, ha defendido que el decreto autonómico permite a los ayuntamientos limitar el número de viviendas turísticas por edificios, zonas o barrios. Por ello, quiere saber las restricciones implementadas en la capital cántabra y si el equipo de Gobierno tiene previsto introducir nuevas limitaciones para proteger la vivienda residencial y el equilibrio urbano.

“El acceso a la vivienda es un derecho básico y una prioridad social. La ciudadanía tiene derecho a saber qué está haciendo el Ayuntamiento, con qué datos trabaja y qué modelo de ciudad está defendiendo”, ha concluido Fernández.