La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Cantabria ha sacado a información pública un proyecto particular para construir cinco apartamentos turísticos sobre suelo rústico en Langre, cerca de la costa, en el municipio de Ribamóntán al Mar.

Los alojamientos se habilitarán sobre dos antiguos almacenes ya existentes, en el número 6 de la calle Usera, que precisan una ampliación y una reforma integral presupuestada en cerca de 300.000 euros. Las edificaciones de sillería y mampostería, con madera en la cubierta, son anteriores a 1950.

El expediente registrado en agosto en el Gobierno de Cantabria estima que la superficie a construir será cercana a los 500 metros cuadrados. Cuatrocientos de ellos en la edificación principal donde se ubicarán cuatro apartamentos. El quinto se construirá en la edificación secundaria de unos 70 metros cuadrados. Los apartamentos estarán ubicados al lado de la carretera y a un kilómetro y medio de distancia hasta la playa de Langre.

La tramitación de este proyecto turístico -promovido por dos particulares- ya está en marcha con la publicación del expediente para reforma, ampliación y cambio de uso durante quince días para que se puedan presentar alegaciones.

La utilización del suelo rústico para alojamientos turísticos se ha incrementado notablemente. De hecho, recientemente desde la propia Consejería de Vivienda se ha pedido a los ayuntamientos cántabros que no pongan trabas a los usos turísticos del suelo rústico en sus respectivos municipios.

Solo hasta abril en Cantabria se han tramitado 24 proyectos de alojamientos turísticos. 14 de ellos se localizan en el pueblo de Liencres, dentro del municipio de Piélagos, a través de dos proyectos distintos.

A ellos se suma la construcción de un edificio de cuatro apartamentos turísticos en una parcela de suelo rústico en Valdáliga y otros seis más en Ramales.

Más recientemente, un promotor ha pedido autorización para construir tres apartamentos turísticos sobre suelo rústico de especial protección en Meruelo.

El Ayuntamiento de Barcelona tiene intención de subir el IBI a los pisos turísticos al máximo de lo previsto dentro del nuevo decreto de vivienda aprobado por el Gobierno. Lo han avalado este viernes en una comisión extraordinaria de Economía el PSC, Comuns y ERC, que han pactado incluirlas como modificación en las ordenanzas fiscales de 2027 y deberán someterlo a votación del pleno antes de acabar el año.

La medida aprobada provisionalmente por la mayoría de grupos municipales prevé aplicar un recargo del 50% a los titulares de una licencia de piso turístico, del 100% a quienes tengan dos o tres y del 150% a los propietarios de cuatro o más alojamientos de este tipo. Del resto de partidos, Junts se ha abstenido y el PP y Vox han votado en contra.

El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda y Turismo, Jordi Valls, ha defendido que el objetivo es “desincentivar” esta actividad, mientras Barcelona mantiene la previsión de eliminar todas las licencias turísticas en 2028. Actualmente hay en Barcelona 10.600 pisos turísticos, cifra prácticamente congelada desde hace más de una década. De estos, 3.200 corresponden a titulares con una licencia, unos 1.200 a propietarios con dos o tres autorizaciones y cerca de 6.000 a titulares con cuatro licencias o más.

“Estos datos también nos dicen que esta es una medida plenamente justificada, en la que vemos claramente que se tiende a la concentración de licencias”, ha afirmado el teniente de alcaldía durante la comisión. Ha defendido que los pisos destinados a alojamiento turístico desarrollan una actividad económica y que, por tanto, no deberían recibir el mismo tratamiento fiscal que las viviendas de uso residencial ordinario.

El calendario prevé ahora que esta modificación se someta a votación inicial en un plenario municipal extraordinario la semana que viene. Y la votación definitiva se espera que sea en noviembre o diciembre.

El concejal de los Comuns Marc Serra ha anunciado su voto favorable a la medida, aunque considera que “llega tarde” y que tendrá un alcance “limitado”. “El ministerio lleva tres años retrasando medidas como esta”, ha lamentado, y ha añadido que deberían tener en cuenta su propuesta de IBI “progresivo” pensado para gravar más a quien más vivienda tiene.

Por su parte, la concejala de ERC Rosa Suriñac ha defendido que “la vivienda debe ser para vivir en ella” y ha reivindicado el papel de su partido en la incorporación de la medida al decreto estatal. “Si se produce esta subida es porque ERC ha pactado con el PSOE que esto se incorpore al decreto”, ha afirmado.

El concejal de Junts Arnau Vives ha justificado la abstención de su grupo porque la propuesta de incrementar hasta el 150% el recargo del IBI a las viviendas de uso turístico no se ha negociado con su formación. Vives ha cuestionado la eficacia de la medida y ha afirmado que “no resuelve el problema” del acceso a la vivienda.

Por su parte, Víctor Martí (PP)ha calificado la subida de “estocada fiscal» y de ”populismo fiscal“. Por su parte, el presidente de Vox en el Ayuntamiento, Gonzalo de Oro-Pulido, ha acusado al Gobierno municipal de ”populismo“ y ha considerado ”humo“ la medida, teniendo en cuenta que Barcelona prevé eliminar las licencias turísticas en 2028.

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión en pleno correspondiente al mes de octubre, que se ha celebrando este jueves, ha dado el visto bueno de manera provisional a una modificación del Plan General Municipal (PGM) en lo referente a varios artículos en referencia a la regulación y control de los alojamientos turísticos en la ciudad. Un acuerdo que, para su aprobación, ha contado con la abstención de la concejala no adscrita Eva Loza, el 'no' de los dos partidos del Grupo Mixto -Partido Riojano e IU-Podemos- y del PSOE, y el voto a favor tanto de VOX como del Grupo Popular.

En defensa de la modificación, el concejal de Urbanismo Íñigo López Araquistáin ha apuntado que el cambio afecta a seis artículos “con cuatro grandes asuntos: la modernización y adaptación a la normativa regional; dónde puede implantarse; el reforzamiento de los controles municipales, con licencia previa; y el procedimiento para la declaración de zonas saturadas, en las que no podrán concederse licencias”.

De este modo, ha afirmado que se crea “una herramienta para intervenir en zonas con problemas”, recordando en este sentido que el pasado mes de abril se procedió “a la aprobación inicial de la declaración como zona saturada del Casco Histórico”, a lo que siguió un plazo de presentación de sugerencias -con cuatro que no han sido aceptadas-. En consecuencia, este jueves “se procede a su aprobación inicial” para dar traslado de la modificación a la COTUR, de manera que, una vez que esta instancia emita su correspondiente informe “vuelva al pleno para su aprobación definitiva”.

En la práctica, la reforma del PGM introduce dos cambios administrativos para el control de la oferta de alojamientos turísticos en la ciudad. Por un lado, se elimina la simple declaración responsable —denominada hasta ahora “actuación comunicada”— y pasa a ser obligatoria la solicitud de una licencia previa antes de la apertura de cualquier piso turístico. Por otro, la normativa fija un mecanismo con “criterios objetivos” para declarar “zonas saturadas”, lo que permitirá congelar automáticamente la concesión de nuevos permisos en aquellos barrios donde la alta densidad de alojamientos amenace el uso residencial o la convivencia vecinal, un procedimiento que el Ejecutivo municipal ya activó de forma inicial en el Casco Histórico tras rechazar las cuatro alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública.

“Se clarifica la regulación. Se prioriza el uso residencial con licencia en todos los casos, no solo en las zonas saturadas. Y se ordenan las realidades existentes, con equilibrio, rigor técnico y seguridad jurídica”, ha defendido el edil de Urbanismo. Dirigiéndose a los vecinos, ha dicho que “este Gobierno no niega el problema, por eso, se declara el Casco Histórico como zona saturada, pero de una forma que persista” y que dé seguridad jurídica, defendiendo un análisis por zonas, “no por porcentajes porque no todas las realidades son iguales”, ante lo que ha señalado que “seguiremos vigilantes”.

Y ante las críticas por la moratoria en la suspensión de licencias, ha recordado el concejal que “fue una medida cautelar” mientras se redactaba la modificación “y ha cumplido su función”, subrayando la necesidad de “estabilidad” y de “seguridad jurídica”.

Desde el PR+, su portavoz Rubén Antoñanzas ha apuntado que “la prioridad debe ser la vivienda, y esta modificación no lo consigue”, señalando que “más pisos turísticos es menos ciudadanía, y no estamos en eso”, además de achacar al Gobierno local “falta de diálogo”. Ha criticado igualmente “el modelo turístico” del PP, al que ha culpado del problema y sobre el que ha pedido “sentarnos a hablar”.

Para la portavoz de Podemos Amaia Castro “para cuando la modificación llegue al Casco Histórico no quedará nada que proteger”, por lo que ha defendido “la prioridad para la vivienda”, calificando de “vergüenza lo que ha ocurrido en Logroño” con la moratoria en la suspensión de la concesión de licencias. “Ustedes están en compatibilizar, nosotras estamos en priorizar”, ha incidido la concejala.

Desde VOX, su portavoz María Jiménez ha insistido en “la necesidad de una regulación” de estas viviendas turísticas, para lo que “no se ha hecho nada ni en la Legislatura anterior ni en ésta”, además de criticar que “el problema se ha hecho aún mayor”. Ha reclamado por ello “una regla clara y conocida”, “sin criminalizar al propietario” y todo “con seguridad jurídica”.

Álvaro Foncea, por el PSOE, ha justificado su voto en contra en que se han rechazado todas las propuestas del Grupo, mientras que “se han seguido tramitando licencias de pisos turísticos por toda la ciudad, también en el Casco Histórico”. “Se están poniendo de perfil” para solucionar el problema, ha asegurado el concejal, quien ha acusado al Gobierno local de “estar vendiendo la ciudad”.

La portavoz del Ejecutivo municipal, Celia Sanz, ha recordado que “el primer Plan de Vivienda de este Ayuntamiento ha sido en esta Legislatura con este Gobierno, y estamos construyendo vivendas para los logroñeses y logroñesas”. “Estamos demostrando que nuestra prioridad es la vivienda, con hechos, con la realidad de la construcción de vivienda”, ha sentenciado, afeando que “algunos grupos votan en contra de declarar zona saturada el Casco Histórico” -que ha señalado como “una necesidad”- cuando, ha defendido para concluir, “lo que se busca es un modelo equilibrado, con un turismo de calidad”.

Los estatutos de la comunidad de propietarios se redactaron en 1997, años antes de la proliferación de plataformas de alquiler vacacional. Por ello, no hacían mención alguna a este tipo de alojamiento ni, por tanto, lo limitaban de manera expresa. Sin embargo, sí recogían una serie de vetos, una lista de actividades prohibidas, entre ellas la hospedería (las pensiones), e impedían alterar el destino de las viviendas (el uso residencial). Esa previsión ha sido crucial para que los vecinos de esa comunidad de la isla de Tenerife hayan conseguido frenar la explotación de pisos turísticos en el edificio. 

En una reciente sentencia, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado el recurso presentado por un propietario que pretendía seguir destinando su vivienda a alquiler vacacional. La resolución ya es firme porque no ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, según ha podido confirmar este periódico.  

El demandante había recurrido el acuerdo que adoptó la comunidad de propietarios en octubre de 2022. Aquella junta extraordinaria declaró, con 69 votos a favor y 5 en contra, que desde la constitución de la comunidad no podían destinarse viviendas al alquiler vacacional en “cualquiera de sus modalidades”. El acuerdo daba un plazo de un mes a los propietarios que explotaban pisos turísticos para volver al uso residencial. 

Un propietario llevó ese acuerdo a los tribunales. Sus pretensiones fueron rechazadas en un juzgado de primera instancia del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife y también en la Audiencia Provincial. El explotador del piso turístico sostenía que ese acuerdo de la junta le causaba un grave perjuicio y era abusivo. Además, recordaba que en 2018 la propia comunidad había rechazado una propuesta para incluir normas de alquiler vacacional en sus estatutos. 

Unos estatutos anteriores a los pisos turísticos

En su sentencia, la Audiencia Provincial pone el foco en el artículo 14 de estos estatutos elaborados a finales de 1997. Esa cláusula estipula que las viviendas deberán dedicarse “exclusivamente a lo que su propia denominación alude” y prohíbe a los propietarios desarrollar actividades que supongan “alteración” de ese destino o que sean “dañosas, peligrosas, insalubres o atentatorias contra la moral, buenas costumbres y orden público o que supongan perturbación del silencio y tranquilidad necesaria para el reposo de los restantes moradores o molestias de cualquier otra naturaleza que se puedan producir a través de los elementos comunes”. 

Los estatutos de esa comunidad vetan de forma expresa “las consultas y/o despachos profesionales, pensiones, círculos, academias y asociaciones”. 

En su sentencia, la Sala parte de un principio favorable al propietario demandante: según la jurisprudencia del Supremo, las prohibiciones sobre los usos de una vivienda “deben interpretarse de forma restrictiva” y constar “de manera expresa” en sus estatutos. 

En el caso de Tenerife, la Audiencia Provincial aplica el criterio adoptado por el alto tribunal en otros supuestos similares y equipara la actividad de alquiler vacacional a la de hospedería, a “las pensiones” que figuraban en los estatutos de la comunidad. Por tanto, entiende que la lista de actividades prohibidas alcanza a los pisos turísticos. 

Tampoco le sirve al demandante lo ocurrido en la junta celebrada en 2018. Los propietarios pueden modificar sus estatutos con las mayorías necesarias, pero mientras no lo hagan deberán seguir aplicándose tal y como están redactados, precisa la sentencia. 

La clave, el “cambio de uso”

La abogada Rosa María Zárate sostiene que esta sentencia se alinea con una jurisprudencia reciente del Supremo ya consolidada. Según explica, la clave radica en la existencia de un acuerdo inicial (los estatutos de 1997) que está inscrito en el Registro de la Propiedad y al que se adhieren los comuneros cuando adquieren las viviendas. Ese acuerdo “impide el cambio de destino”. Tal y como recuerda la Audiencia, el alquiler vacacional ya ha sido calificado por el alto tribunal como una actividad económica que guarda una “identidad de razón” con la de “destinar los pisos a hospedería”. 

Por tanto, “destinar la vivienda a una actividad económica (el alquiler vacacional) constituye un cambio de destino prohibido por los estatutos comunitarios”, asevera la letrada. 

Según Zárate, “lo importante no es tanto si se desarrolla una actividad de pensión prohibida por los estatutos”, sino “si se puede considerar lícito” modificar una prohibición estatutaria (el cambio de destino de las viviendas) sin un acuerdo unánime de los propietarios. 

Una prohibición que “ya estaba en los estatutos”

La reforma de 2025 de la Ley de Propiedad Horizontal introdujo una novedad relevante respecto a los pisos turísticos. En su anterior redacción, el artículo 17.12 establecía que las comunidades de propietarios podían “limitar o condicionar” el alquiler vacacional con una mayoría de tres quintos. En la última modificación, se incorporó también la posibilidad de prohibirlo. Además, también permite incrementar en hasta un 20% la participación en los gastos comunes para las viviendas con este uso. Esos acuerdos, precisa la ley, no tienen efectos retroactivos. 

Sin embargo, tal y como señala Zárate, en el caso de Tenerife no se aplica este artículo, sino el 17.6, que estipula que los acuerdos que impliquen la aprobación o modificación de las reglas contenidas en los estatutos de la comunidad requieren unanimidad. La Audiencia considera que el acuerdo de la junta de propietarios de 2022 no creó una prohibición nueva, sino que aplicó una limitación que ya figuraba en los estatutos de 1997. 

La sentencia de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife se apoya en la doctrina fijada por la Sala de lo Civil del Supremo en varios pronunciamientos desde 2023. En una de estas resoluciones, el alto tribunal ordenó el cese de viviendas turísticas en una comunidad de Oviedo al constatar que los estatutos vetaban actividades profesionales, empresariales, mercantiles o comerciales, y confirmar que la explotación turística constituye una actividad económica y empresarial. Otra sentencia de un caso de San Sebastián aclaró que pretender autorizar una actividad prohibida en los estatutos requiere el acuerdo unánime de los propietarios. La jurisprudencia exige, en todo caso, analizar la redacción concreta de cada estatuto. 

La coalición Por Andalucía, que pilota el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, va a registrar el 'decreto Maricarmen' en el Parlamento andaluz para someterlo a votación en un Pleno, a través de una proposición no de ley, con el objetivo de “retratar” al PP de Juanma Moreno y al resto de grupos.

La confluencia de izquierdas traslada así las reivindicaciones de las manifestaciones en defensa de la vivienda a la Cámara andaluza, metiendo de lleno al Gobierno de Moreno en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Así, el Parlamento autonómico reabrirá un debate sobre una competencia exclusiva de la Junta, apenas nueve meses después de aprobarse la Ley andaluza de Vivienda, con los votos de PP y Vox, con una propuesta política diametralmente opuesta a la del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El objetivo de Maíllo es aprovechar el foco nacional de las movilizaciones por la vivienda y la convocatoria electoral para reabrir ese debate en la Cámara andaluza, apenas cuatro meses después de las elecciones que dieron una victoria rotunda a Juanma Moreno.

El diputado y líder del Partido Comunista de Andalucía, Ernesto Alba, ha recordado este miércoles que las competencias sobre vivienda están en manos de las comunidades y que la intención de su grupo es comprometer al presidente andaluz en un debate nacional impulsado por las movilizaciones masivas de este fin de semana y las acampadas en plazas de todo el país.

“Nosotros no hemos reabierto el debate sobre vivienda, lo ha abierto la calle. Lo ha abierto la Plaza de la Encarnación, Maricarmen y las protestas en Madrid”, ha dicho Alba, al ser preguntado por la iniciativa de su grupo. Los decretos de vivienda que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, tras el anuncio de disolución de las Cortes de Pedro Sánchez, contemplan algunas medidas que ya aparecen en la Ley estatal de Vivienda y que el PP de Moreno ya ha rechazado frontalmente, y que no ha aplicado en Andalucía.

La prohibición de los desahucios, el tope a los precios de alquiler, las limitaciones al alquiler por temporada y por habitaciones, la asistencia legal para inquilinos por “rentistas avariciosos” o prohibir pisos turísticos en zonas tensionadas y revisar las licencias que ahora están en vigor (unas 95.000 en Andalucía).

El Gobierno de Moreno no ha declarado las zonas tensionadas, a pesar de que Sevilla, Málaga y Cádiz concentran los mayores problemas de acceso a vivienda y precios disparados de alquiler, en parte, por el impacto del turismo en estas ciudades. El voto de PP y Vox al 'decreto Maricarmen' en el Parlamento andaluz es previsiblemente de rechazo. Hace cuatro meses Andalucía fue a las urnas, con una participación histórica en unas autonómicas (64%), y dieron una victoria rotunda al PP de Moreno, 11 puntos por encima del PSOE, aunque perdió la mayoría absoluta por dos escaños, obligándole a formar un Gobierno de coalición con la ultraderecha.

“La gestión de la vivienda tiene ideología de fondo. Queremos llamar la atención para que Moreno no mire para otro lado, para subrayar que él tiene las competencias en materia de vivienda”, ha subrayado Alba, que también ha defendido la convocatoria de la huelga general por parte de los sindicatos CCOO y UGT.

Preguntado por las palabras de la líder del PSOE-A, María Jesús Montero, que este martes aseguró que esta huelga general es “inédita” porque “va contra la oposición por derribar los decretos de vivienda”, Alba ha matizado que esta huelga “nos interpela a todos, pero a unos más que a otros”. “La movilización interpeló al Gobierno para que llevara los decretos de vivienda, que es un acuerdo de mínimos para que la gente pobre viva un poco mejor; y también interpela a la oposición que lo ha rechazado”.

Puentes rotos con Adelante Andalucía

Alba también ha hablado de las candidaturas de izquierdas en las generales, constatando que no hay visos de entendimiento para unificar el voto progresista entre el Frente Amplio, que aúna a IU, Sumar, Más Madrid y otros partidos, y la coalición Adelante Andalucía. La formación soberanista andaluza que hoy pilota José Ignacio García fue la gran sorpresa en las autonómicas hace cuatro meses, cuando cuatriplicaron su resultado y triplicaron el número de escaños, de dos a ocho. Adelante sorpasó a la otra izquierda, de Por Andalucía, y a Vox en dos provincias.

García ya ha confirmado que se presentarán en solitario a las generales, en las ocho provincias, y ha descartado cualquier tipo de alianza para concurrir juntos, ni en las listas al Congreso ni en el Senado. Preguntado por esto, el líder del PCA ha sido muy duro: “Adelante Andalucía ha dejado claro que no es capaz de estar en un frente amplio para mejorar la vida de los trabajadores. Este objetivo que ellos han declarado es compatible con que se presenten solos [a las generales]. No. Entonces no hay tanta ambición histórica, están engañando a la gente”, ha asegurado.

La Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria ha sacado a información pública el proyecto de un promotor, el Grupo Matienzo, para rehabilitar una vivienda y convertirla en tres apartamentos turísticos sobre suelo rústico de especial protección en el municipio de Meruelo. Para favorecer “el desarrollo de la comarca” –justifica la memoria presentada oficialmente– y “para dotar al municipio de un servicio que se sabe que hace tiempo necesitan y en pleno auge”.

Los impulsores del proyecto –registrado en mayo– solicitan autorización para reformar una antigua edificación del año 1900 y “convertir su uso a vivienda con fines turísticos” en la que se construirán los tres alojamientos extrahoteleros independientes con categoría de una llave.

La edificación actual, situada en el número 5 del Barrio San Miguel de la localidad cántabra, tiene dos plantas construidas sobre 203 metros cuadrados de superficie y se encuentra incluida –precisa el proyecto– en el Catálogo de Edificios en Suelo Rústico de Meruelo. La parcela tiene en total casi 18.000 metros cuadrados.

En la actualidad no existe de red de saneamiento municipal por lo que se pretende instalar una fosa séptica “con filtración al terreno” que tendrá que autorizar la Confederación Hidrográfica.

El promotor –que invertirá 122.000 euros en la reforma– se compromete a que los rótulos y cartelería de establecimiento sean discretos y respetuosos –apuntan– con los valores arquitectónicos del edificio.

La ubicación de la vivienda no se encuentra en ningún espacio natural protegido –argumenta el Grupo Matienzo– por lo que considera que el fomento de la actividad turística “supondrá una pequeña ayuda a la economía del municipio y colaborará a la fijación de la población que deba dar servicio a la nueva actividad”.

Para proceder a la rehabilitación se derribarán dos fachadas laterales y la cubierta y se añadirá un porche de madera. La parcela se cerrará con un muro de mampostería de un metro de altura. Se construirá un apartamento de 68 metros cuadrados y otros dos prácticamente con la mitad de tamaño.

Todas las viviendas constará, como mínimo, de una habitación para estar, comer y cocinar; un cuarto de baño con bañera o ducha, inodoro y lavabo, y un dormitorio doble. Salvo en el caso de vivienda–estudio en la que el dormitorio podrá estar incorporado a la sala de estar.

El Partido Socialista ha apoyado este jueves en el pleno del Parlamento de La Rioja, una proposición no de ley de Izquierda Unida que, entre otras cuestiones, pedía regular los pisos turísticos y, como filosofía, abandonar el 'turismo de borrachera' y que ha levantado un “no rutundo” del Partido Popular.

El diputado de IU Carlos Ollero ha defendido que “no todo el incremento de turistas es positivo para la mayoría social”. Por eso, la proposición no de ley de esta formación pedía “impulsar una transformación del modelo turístico de La Rioja, abandonando el modelo de turismo de borrachera, bajo valor añadido y alta conflictividad”.

“Sólo leer eso”, le ha dicho más adelante el 'popular' Victor Visairas, “ya es un no rotundo por su desconocimiento del sector”. Y es que La Rioja, ha dicho, es enoturismo, patrimonio, calidez humana...

“Dese un paseo por esta región, podrá conocer personas que crean valor y una imagen muy alejada”, le ha espetado. “Esta PNL en absoluto ataca al sector”, le ha replicado Ollero considerando que los populares tienen “poco contacto con la ciudadanía que sufre sus consecuencias en el casco antiguo”.

“Apostar por otro tipo de turismo”

Ollero ha defendido, también, que existe una relación directa entre el aumento de pisos turísticos y la subida del precio de la vivienda, “que reduce la oferta, dificulta la emancipación, y está expulsando a los residentes en barrios gentrificados”. “No se trata de rechazar el turismo, se trata de apostar por otro modelo, que respete la convivencia”, ha dicho. Por eso, ha explicado, la iniciativa de IU pide definir el modelo, porque “no se puede dejar al albur del mercado”.

También, una tasa turística; regulación integral de las viviendas de uso turístico, “priorizando el derecho a la vivienda al turismo o a la borrachera” e “incluso promoviendo su retorno al alquiler ordinario”; y un plan para el empleo digno en los sectores turístico y hotelero.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Alda, ha considerado que “todos estamos de acuerdo en que hay y una emergencia habitacional y los mayores afectados son los jóvenes”, en un momento en el que “el esfuerzo para adquirir una vivienda se ha duplicado”. No obstante, ha visto que los pisos turísticos “suponen una fuente de ingresos extras” para algunas familias y ha rechazado que detrás estén grandes tenedores con fines especulativos.

Se ha mostrado en contra de la tasa turística. “El problema es la proliferación de un turismo de masa”, ha visto rechazando “bajo ningún concepto” una tasa para “convertir a españoles en extranjeros” porque el patrimonio, ha visto, pertenece a todos los españoles.

El socialista Ricardo Velasco ha compartido la preocupación de IU por un turismo de calidad, así como sobre los problemas de acceso a la vivienda; aunque ha reprochado que, recientemente, se rechazara una iniciativa del PSOE similar. “Nos preocupa sobre todo la regulación de las viviendas turísticas y es que el incremento ha sido muy importante, sobre todo en Logroño y el área metropolitana”, ha dicho.

Su “crecimiento descontrolado fuera de la normativa”, ha visto, trae “problemas” tanto al disparar el precio de los alquileres como a la creación de ruido.

Ha mostrado el apoyo del PSOE a todos los puntos de la iniciativa menos a la puesta en marcha de una tasa turística.

El 'popular' Víctor Visairas ha argumentado que la tasa, se está usando para poner coto a la entraba masiva, “que no es nuestro caso”, ha dicho. No ha visto “sensato”, pues, ponerla en marcha teniendo en cuenta, además, ha dicho, que “no todo el territorio tiene una realidad homogénea”.

Ha rechazado pedir al Gobierno riojano una regulación de los pisos turísticos porque “ya existe una regulación espcífica dentro del reglamento de turismo” y, además, no es “posible” porque hay competencias municipales.

El Real Decreto-Ley de vivienda publicado este miércoles interviene el mercado de los pisos turísticos al gravar esta actividad como lo que son: un negocio. Así, las estancias de menos de 30 días estarán gravadas con un 10% de IVA desde el 1 de diciembre de este año, siempre que el arrendador no preste “servicios complementarios propios de la hostelería” como restaurante o limpieza o si supera el mes de estancia.

Tampoco se aplicará este 10% del IVA si la vivienda arrendada es la misma en la que el propietario tiene como vivienda habitual, según recoge el texto aprobado en el Consejo de Ministros de este martes. Este porcentaje, que es el tipo reducido del impuesto, queda lejos del objetivo que se había fijado el Gobierno, que era incluirlo dentro del 21%, que es el tipo general, un gesto del Ejecutivo para llegar a un acuerdo con el resto de partidos.

Según datos de la patronal Hosteltur, la cifra de negocio de las plataformas de alquiler turístico como Airbnb o Booking se acercaba a los 2.100 millones de euros en 2022, lo que permitiría aflorar una cuantía notable a través de este impuesto.

Al otro lado, y para promocionar la vivienda protegida, el decreto rebaja el IVA de esta construcción al 4%. En cambio, aumenta los impuestos a las socimis hasta el 25% sobre los beneficios. Este impuesto se puede reducir un 50 y hasta un 100% si la socimi en cuestión destina parte de su cartera al alquiler asequible.

Un recargo del IBI de hasta el 150%

Otra novedad de alcance en materia fiscal es que el decreto autoriza a los Ayuntamientos a aplicar un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de aquellas viviendas que están destinadas a alquiler turístico, aunque aquí limita su aplicación a los municipios en zonas de mercado residencial tensionado.

El recargo que prevé es de hasta un 50% en la cuota líquida de este impuesto, aunque podrá elevarse hasta el 100% (es decir, duplicar el pago previsto) o el 150% si los propietarios lo son de dos o tres inmuebles residenciales, o de cuatro o más, respectivamente. “Su establecimiento y regulación corresponden a los ayuntamientos mediante ordenanza fiscal”, detalla la norma.

No es la primera vez que el Gobierno intenta intervenir en el mercado de los pisos turísticos. El Ministerio de Vivienda ya intentó poner en marcha un registro único de alquileres turísticos, pero el Tribunal Supremo lo tumbó por invadir competencias autonómicas, tras un recurso presentado por la Generalitat valenciana.

Con todo, el grueso de la regulación en la materia corresponde a las comunidades autónomas y los Ayuntamientos. Ciudades como Madrid o Barcelona ya han empezado a intervenir: la primera de manera más tímida, y la segunda ha anunciado que no otorgará más licencias y que las actuales expirarán en 2028.

La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León (AVATCYL) ha anunciado que promoverá la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el criterio unificado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) sobre el uso urbanístico de estos alojamientos.

La asociación, a través de una nota de prensa, ha expresado su preocupación por el impacto social y económico que la resolución publicada este miércoles puede tener en cientos de familias y propietarios de Salamanca, después de que el TSJ considerase que los pisos turísticos tenían un uso terciario y no residencial, por lo que debían limitarse a las plantas bajas y primeros en Salamanca.

La patronal ha pedido calma a los propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) y ha asegurado que la sentencia no supone un cierre inmediato ni automático de las viviendas afectadas, ya que existen medidas cautelares judiciales que amparan la continuidad de la actividad hasta que haya una resolución firme.

La asociación se niega a aceptar que el silencio del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Salamanca de 2007 permita considerar las viviendas turísticas como un uso terciario, ya que estas figuras no existían cuando se aprobó el planeamiento.

Ausencia de regulación

Asimismo, ha recordado que resoluciones anteriores del propio TSJCyL anularon parte de la ordenanza municipal y señalaron que el PGOU no podía haber previsto unas modalidades reguladas años después. En este sentido, AVATCYL sostiene que en materia urbanística solo pueden admitirse los usos expresamente previstos por el planeamiento y que la ausencia de una regulación específica no puede interpretarse en perjuicio de los propietarios. Por ello, considera que el Tribunal Supremo debe decidir si es correcto asimilar las viviendas turísticas al uso terciario hotelero.

La patronal ha reclamado al Ayuntamiento de Salamanca una regulación “sensata” y coherente del sector y ha pedido abrir una vía de diálogo con los profesionales para evitar, según ha señalado, el perjuicio económico para la ciudad y la concentración de la actividad en manos de grandes propietarios.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha establecido que las viviendas de uso turístico (VUT) de Salamanca tienen un uso terciario y no residencial, por lo que no pueden situarse por encima de la primera planta, según establece Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La Sala ha estimado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Salamanca y ha revocado una resolución del Tribunal de Instancia de Salamanca, que había reconocido el derecho de un propietario a continuar con la actividad de unas viviendas de uso turístico. El TSJ ha considerado conforme a Derecho la decisión municipal, que restringió las autorizaciones para los pisos turísticos.

“No es verdad que se haya producido un cambio de criterio en el Ayuntamiento de Salamanca, pues no consta que haya ningún acto por parte del mismo en el que se diga o reconozca que las VUT son un uso residencial”, ha señalado la sentencia, remitida a los medios a través del TSJ.

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha convocado para unificar el criterio porque dos de sus secciones habían discrepado sobre la naturaleza urbanística de los pisos turísticos.

La Sala ha subrayado además que esta conclusión deriva de la interpretación del PGOU de Salamanca y no de la Ordenanza Municipal reguladora de los apartamentos y viviendas de uso turístico, que había sido anulada por otra sentencia. El Tribunal ha señalado que el planeamiento salmantino establece que desde hace más de una década que los usos no residenciales únicamente pueden situarse en planta baja y primera, salvo determinadas excepciones.

Los vecinos de València están hartos de la “inacción” del Ayuntamiento con las obras sin permiso para hacer apartamentos turísticos en sus bajos. Este jueves, durante el debate sobre el estado de la ciudad, varias entidades han reclamado al gobierno que dirige María José Catalá medidas sólidas contra la proliferación de apartamentos sin licencia y obras que alteran zonas comunes sin permiso, y le han pedido que deje de escudarse en la gestión de la etapa anterior y asuma su responsabilidad.

Un representante de la comunidad de propietarios de la Encarna Albarracín Nº6, en el barrio de Benicalap, residencial que lleva meses bregando contra unas obras que han destrozado las zonas comunes sin permiso, ha denunciado una “situación de absoluta indefensión jurídica debido a un vacío intolerable en la coordinación entre la administración local y el derecho civil”. Los vecinos de este edificio han abordado el conflicto con el ayuntamiento, que les ha trasladado que deben acudir al juzgado, un caso similar al de otras comunidades como la de Castillo de Benisanó y Rincón de Ademuz, que han conseguido que un juez paralice cautelarmente los trabajos.

Esta comunidad apunta que cuando acude al Ayuntamiento, “la respuesta técnica es siempre la misma cortapisa burocrática” y reprocha: “Sus licencias se están utilizando como un ”escudo verde“, una falsa carta de legitimidad por parte de infractores para pisotear los derechos de propiedad de sus vecinos”. Reclaman que se estudie un cambio normativo que incompatibilice el uso residencial con el turístico: “Se está vulnerando el derecho a la protección y a la seguridad [de los vecinos] por parte de las administraciones”, sostiene. “Valencia debe ser para la ciudadanía que cumple la ley, y no para inversores extranjeros con privilegios que vulneran la legalidad, la convivencia familiar y vecinal”, reclaman.

La empresa tras las obras, según denuncian los vecinos, es la mercantil Business Decision and Advice, creada en 2024 para promoción inmobiliaria y hotelera. La firma denunció al concejal de Urbanismo, Juan Giner por paralizar un apartahotel en Benicalap, un caso que quedó archivado. El consistorio frenó los permisos por moratorias y normativas de limitación de usos turísticos.

“La ciudad se está deteriorando”

En líneas similares se manifiesta la presidenta de la Federació d'Associacions Veïnals de València, María José Broseta, que plantea que se está construyendo un modelo de ciudad “donde todo vale y donde los empresarios y fondos de inversión campan a sus anchas. Abriendo apartamentos turísticos en cada rincón de cada barrio saltándose todos los límites legales, pero también todos los límites mínimos de ética y de convivencia”.

“La ciudad se está deteriorando. Con viviendas imposibles de acceder, con el drama de los desahucios, con la constante y creciente ocupación del espacio público que genera más ruido y más problemas de convivencia, con más problemas de movilidad y un transporte público que cada vez ofrece peor servicio”, ha proseguido la representante de las entidades, que insiste en que la respuesta pasa por “vivienda pública y asequible, limitando los precios, recuperando los pisos turísticos para uso residencial, y acabando de una vez por todas con la especulación. La supervivencia de nuestros barrios pasa también por una ofensiva clara contra la ilegalidad y la desprotección”, ha sentenciado.

Catalá promete ayudas para la asistencia jurídica

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha prometido una serie de ayudas y asistencia jurídica para las comunidades con problemas con los bajos turísticos. La dirigente popular ha anunciado que habilitará una línea de ayudas para que las comunidades de vecinos puedan modificar sus estatutos para prohibir la instalación de viviendas de uso turístico en sus edificios. La asistencia jurídica se prestará a través del Colegio Territorial de Administradores de Fincas.

El Principado de Asturias prepara una nueva regulación de los apartamentos turísticos que sustituirá a la normativa vigente desde hace cuatro décadas. La Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo ha sometido este miércoles a información pública durante 20 días hábiles el proyecto de decreto que actualizará las condiciones que deben cumplir estos establecimientos, desde sus dimensiones y equipamientos hasta la publicidad, los precios, los controles administrativos o las normas de ocupación.

La regulación vigente data de 1986, antes incluso de la actual Ley de Turismo de Asturias y del sistema de declaración responsable. El Gobierno autonómico justifica su sustitución por los cambios experimentados tanto por el sector turístico como por su marco legal y plantea una norma que mantendrá las cuatro categorías tradicionales —de una a cuatro llaves—, pero actualizará los requisitos que debe reunir cada una.

El proyecto considera apartamentos turísticos aquellos bloques o conjuntos de al menos dos unidades de alojamiento, cada una de ellas compuesta por salón-comedor, uno o varios dormitorios, cocina y cuarto de baño, que estén equipadas para su ocupación inmediata y sean ofrecidas empresarialmente a cambio de un precio. Los establecimientos continuarán diferenciándose entre bloques y conjuntos y deberán exhibir en su entrada una placa con su categoría.

Declaración responsable y controles posteriores

Para comenzar a funcionar, las empresas tendrán que presentar electrónicamente una declaración responsable antes del inicio de la actividad. Entre la información exigida figurarán la referencia catastral, la capacidad máxima, el número de apartamentos, plazas y habitaciones, un teléfono para atender las incidencias, la empresa encargada de la asistencia y mantenimiento y la categoría solicitada.

Además, deberán disponer de documentación que acredite la disponibilidad del inmueble, planos o proyecto técnico, seguro de responsabilidad civil, certificado energético y documentación sobre sus obligaciones fiscales, tributarias y de Seguridad Social. La Administración podrá reclamar estos documentos y la empresa tendrá 15 días hábiles para entregarlos.

La presentación de la declaración permitirá iniciar la actividad, sin perjuicio de las autorizaciones que puedan ser necesarias y del cumplimiento de la normativa municipal. Posteriormente, Turismo podrá comprobar los requisitos y pedir al ayuntamiento correspondiente información sobre la legalidad urbanística del establecimiento, su capacidad máxima y el cumplimiento de las exigencias medioambientales y municipales.

Si se detectan falsedades u omisiones esenciales o el incumplimiento de los requisitos, la Administración podrá impedir la continuidad de la actividad y cancelar la inscripción. El proyecto contempla además periodos de entre seis meses y cuatro años durante los que no se podría iniciar un nuevo procedimiento con el mismo objeto, dependiendo del incumplimiento. Entre los supuestos más graves figuran la denegación de la licencia municipal, incumplir las medidas básicas de seguridad o volver a presentar una declaración durante un periodo de prohibición sin haber corregido los requisitos esenciales.

De la climatización al wifi

La categoría determinará también buena parte de los servicios. Los apartamentos de cuatro llaves deberán disponer de recepción atendida las 24 horas, climatización de frío y calor, conexión wifi, lavadora —o lavandería común—, caja fuerte, lavavajillas y plancha. Tampoco podrán utilizar literas. Los establecimientos de tres llaves tendrán recepción durante 12 horas cuando dispongan de cinco o más unidades y deberán ofrecer wifi salvo que estén en una zona sin cobertura.

La superficie mínima de los dormitorios variará. Una habitación doble deberá tener al menos 14 metros cuadrados en cuatro llaves, 12 en tres y 10 en dos y una llave. Los estudios tendrán un mínimo de 27, 24, 21 y 18 metros cuadrados, respectivamente, y una capacidad máxima ordinaria de dos plazas. El decreto permite determinadas camas supletorias cuando se supere la superficie mínima exigida, aunque en ningún caso podrá haber más plazas supletorias que fijas.

También se establecen mínimos para salones y baños. El salón-comedor tendrá que disponer de entre 10 y 16 metros cuadrados, dependiendo de la categoría, mientras los baños deberán alcanzar cuatro metros cuadrados en los establecimientos de cuatro llaves y 2,5 en los restantes. Las cocinas tendrán que contar, entre otros elementos, con extracción de humos, horno o microondas con grill y frigorífico con congelador.

Limpieza incluida en el precio

El decreto detalla además qué tendrá que estar incluido obligatoriamente en el precio: recepción cuando corresponda, limpieza diaria, conservación y mantenimiento, recogida de basuras, agua fría y caliente, electricidad y combustible. El cambio de lencería se realizará cada dos días en los apartamentos de cuatro llaves, cada cuatro en los de tres, cada seis en los de dos y cada ocho en los de una, además de cada vez que cambie de cliente.

Las empresas deberán mostrar de manera clara los precios y no podrán cobrar cantidades superiores a las publicitadas. Si existen precios contradictorios en su publicidad, se aplicará el inferior. Además, tanto las empresas explotadoras como los canales que comercialicen los apartamentos estarán obligados a incluir en sus anuncios el número de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Asturias y la localización exacta del alojamiento.

La propuesta también fija las condiciones de entrada y salida: salvo acuerdo diferente, el derecho a ocupar el apartamento comenzará a las 17.00 horas del primer día contratado y terminará a las 12.00 horas del día posterior al último incluido en la reserva. En caso de permanecer más tiempo del acordado, los contratos podrán establecer una indemnización equivalente al triple del precio correspondiente a los días excedidos.

La resolución publicada este 16 de septiembre en el BOPA abre ahora un plazo de 20 días hábiles para que particulares y entidades formulen alegaciones. Una vez aprobado definitivamente, el nuevo decreto entrará en vigor 20 días después de su publicación y derogará la regulación de apartamentos turísticos que Asturias mantiene desde 1986.

El Grupo Municipal Socialista ha acusado al Gobierno de Conrado Escobar de mantener la “barra libre” de pisos turísticos mientras, segun denuncian, “se está bloqueando la declaración de zonas saturadas”, por lo que exigen desde el PSOE la suspensión cautelar e inmediata de las licencias.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Álvaro Foncea, ha criticado este jueves en una rueda de prensa “la parálisis, el descontrol y la permisividad” con la que el Equipo de Gobierno del Partido Popular, encabezado por Conrado Escobar, está gestionando la proliferación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y alojamientos turísticos en la ciudad.

El edil ha tildado de “auténtica tomadura de pelo” el anuncio realizado por el alcalde Conrado Escobar relativo a la declaración del Casco Antiguo como zona saturada, ya que “lo anunció el pasado mes de abril y no tendrá efectos hasta dentro de un año” con lo que las plataformas y promotores “tienen vía libre para seguir obteniendo licencias sin freno alguno”.

Esta situación es consecuencia directa “de la decisión del PP en solitario de levantar el pasado 9 de abril de 2026 la suspensión preventiva de licencias que el Pleno había aprobado en noviembre de 2025”, ha recordado Foncea, quien ha asegurado que “el Ayuntamiento disponía de cobertura legal plena, al amparo del artículo 82.4 de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR), para haber mantenido la moratoria hasta la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General Municipal, una opción rechazada por el Gobierno de Escobar”.

El levantamiento de la moratoria y la reactivación de expedientes “no solo está castigando el corazón del Casco Antiguo, sino que está extendiendo agresivamente la presión especulativa a los barrios residenciales colindantes, como Madre de Dios”, ha aseverado el concejal.

Y es que los últimos expedientes oficiales de la Concejalía de Urbanismo constatan la concentración inasumible de alojamientos turísticos en la calle Ateneo Riojano (perteneciente al barrio de Madre de Dios), donde en un solo tramo acera con acera se están autorizando 14 apartamentos. “Este es el modelo que fomenta Escobar: la ciudad como un Monopoly, expulsando población fija en vez de solucionar los problemas y facilitar la vida a las personas residentes”, ha lamentado Álvaro Foncea.

Publicidad ilegal en las fachadas

A la parálisis en la regulación y el colapso de licencias se suma, ha denunciado Foncea, “la negligente pasividad municipal frente a la contaminación visual y la publicidad ilegal que exhiben las empresas de pisos turísticos en los balcones y fachadas del Casco Antiguo y la zona centro”.

Así, numerosos inmuebles lucen carteles, pancartas y placas publicitarias comerciales a la vista de todos, contraviniendo la normativa urbanística vigente. El concejal del PSOE ha recordado que la Ordenanza Municipal de Publicidad de Logroño prohíbe taxativamente este tipo de instalaciones. Por ello, el PSOE reclama “el cumplimiento estricto de la ley”.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ve la propuesta de ley de vivienda asequible que la Comisión Europea ha presentado este miércoles como un aval a su decisión de acabar con los pisos turísticos de cara a 2028. El edil ha asegurado que la medida “no tiene marcha atrás” y ha reclamado que el futuro marco comunitario blinde la capacidad de las ciudades para intervenir ante la crisis de la vivienda.

En una declaración institucional, Collboni ha celebrado que Bruselas reconozca que los poderes públicos deben disponer de herramientas para actuar en zonas de mercado tensionado. Según ha insistido, la propuesta europea acerca a Barcelona al objetivo de “devolver 10.000 pisos al uso residencial” porque “reconoce que los usos turísticos reducen la disponibilidad de viviendas para los residentes”.

El alcalde ha destacado que la norma prevé asumir el concepto de zona tensionada, lo que refuerza las políticas que ya se aplican en Barcelona y el conjunto de España. Collboni ha insistido en que este concepto ha permitido definir mejor políticas para contener los precios de los nuevos contratos.

“Algunos intentan presentar este debate como una confrontación entre economía y vivienda. No es cierto”. Según el alcalde, la cuestión es decidir si se quiere una ciudad en la que los pisos sean “un activo financiero” o “un hogar”. En esta línea, ha reivindicado el “derecho a quedarse en Barcelona” ante el aumento del coste de la vivienda.

Con todo, a pesar de celebrar la propuesta de Bruselas, Collboni ha advertido que todavía queda la tramitación. “Hoy empieza una segunda etapa”, ha afirmado. El alcalde ha apuntado que Barcelona trabajará para que el texto “no pierda ambición” y para que el futuro marco europeo “blinde claramente la capacidad de los gobiernos y las ciudades para actuar ante la crisis de la vivienda”.

“Estamos perplejos por la respuesta que nos ha dado el Ayuntamiento. Lo que ha pasado aquí es que han dado unos permisos de obras en base a unos proyectos que incumplen la Ley de Propiedad Horizontal al alterar zonas comunes sin permiso de cada comunidad y la respuesta municipal ha sido que tenemos que recurrir en el juzgado al tratarse de un asunto civil. Es indignante, nos han vendido para que unos especuladores hagan su negocio”.

Así de indignado se ha mostrado uno de los residentes que asistió este lunes a la reunión convocada por el concejal de Urbanismo, Juan Giner, con los afectados por las polémicas obras de alojamientos turísticos que una empresa con inversores del este, cuya representación legal ostenta un asesor del PP en el Senado, desarrolla en los bajos de sus tres edificios. La firma tiene otros dos proyectos en marcha en Torrefiel y La Raiosa.

Unos 16 vecinos y vecinas, incluidos representantes de la asociación vecinal del barrio y los administradores de las tres comunidades afectadas, asistieron al encuentro celebrado este lunes. Por parte del Ayuntamiento asistieron, además de Giner, otros seis altos funcionarios entre secretarios y jefes de servicio de las áreas de licencias y urbanismo.

Todos los residentes consultados por elDiario.es han coincidido en destacar que a pesar del buen trato y de la información facilitado por los responsables municipales, no se les ha aportado ninguna solución a las quejas planteadas, principalmente las obras no autorizadas por las comunidades sitas en las calles de Encarna Albarracín, de Carlos Cortina 5 y de Carlos Cortina 2.

En los dos primeros casos alteración de fachadas de zonas comunes mediante la apertura de ventanales y apertura de agujeros de forma indiscriminada en el techo del garaje para realizar canalizaciones y en el tercero la eliminación mediante taladro hidráulico de revestimiento de columnas de carga. Además, en el caso de los residentes de Encarna Albarracín han recordado que tienen recogido en los estatutos la prohibición de actividades turísticas tanto en plantas bajas como en el resto del edificio.

“Giner nos ha explicado que el Ayuntamiento solo puede revisar el cumplimiento de los procedimientos administrativos municipales y que de momento no pueden parar las obras porque todo lo que están haciendo se ajusta a los proyectos presentados y que en todo caso, el tema de la Ley de Propiedad Horizontal y de los estatutos son temas civiles por lo que debemos de recurrirlos en el juzgado. Es indignante porque el proyecto se presenta al Ayuntamiento y es el Ayuntamiento el que lo valida, pero dicen que no les corresponde a ellos verificar si la comunidad ha autorizado las obras”, lamentaron.

Los residentes también se preguntaron por qué no es de aplicación la nueva normativa aprobada el pasado mes de mayo que restringe la actividad turística en bajos comerciales a un máximo de un 15% por manzana (porcentaje que en todos los casos llega al 100%) a lo que el concejal, siempre según los vecinos, explicó que la empresa solicitó el permiso de obras presentando una declaración responsable un día antes de que se aprobara: “Nos parece muy llamativo que pidieran las licencias justo un día antes de que se aprobara una ley que les hubiera permitido desarrollar el proyecto turístico”, comentaron.

Colaboración municipal

Por su parte, Giner dio cuenta de las inspecciones realizadas y destacó que todas las actuaciones se han realizado para garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y la sujeción de las obras al proyecto autorizado, dentro de las competencias municipales y con plena seguridad jurídica.

“Comprendemos la preocupación de los vecinos, por eso he querido atenderles y explicarles, de la mano de los técnicos, las actuaciones que se han llevado a cabo y nos hemos puesto a su disposición para colaborar, dentro del ámbito de nuestras competencias, en todo aquello que necesiten”, defendió Giner.

El concejal recordó que el gobierno municipal ya ha demostrado en ocasiones anteriores que está del lado de los vecinos en actuaciones como la paralización del macrohotel de las Naves de Guala o la actuación en la colmena de Ruzafa.

“Lamentablemente estamos ante los últimos coletazos de la barra libre que permitió la izquierda para la proliferación de alojamientos turísticos en los bajos. Si el gobierno anterior no hubiera dado barra libre, la reunión que hemos mantenido hoy no hubiera sido necesaria”, dijo el concejal.

Por último, Giner recordó que la regulación urbanística vigente para el terciario hotelero blinda el uso residencial del 98 % de las viviendas y limita al 15 % el máximo de nuevos alojamientos turísticos en bajos, siempre que el barrio o distrito en el que se implanten no haya superado ninguno de los tres umbrales de saturación.

El PSPV critica el abandono de Catalá

La concejala socialista del Ayuntamiento de València Elisa Valía denunció que el gobierno de María José Catalá se ha desentendido del problema de las comunidades de vecinos de Benicalap que sufren la presión de una empresa que pretende desarrollar varios proyectos hoteleros y de apartamentos turísticos. Valía criticó que, lejos de proteger a las familias y defender la convivencia en los barrios, el Ayuntamiento les ha trasladado que deben resolver por su cuenta una situación ante la que se sienten completamente desamparadas.

“El gobierno de María José Catalá ha citado hoy a los vecinos y vecinas de los edificios de Benicalap, donde inversores extranjeros pretenden llenarles los bajos de apartamentos turísticos y habitaciones de hotel, para decirles que se tienen que apañar, que para ellos todo está bien y que no tienen nada ni que decir ni que hacer ante esta situación que viven estas familias que, como es natural, la viven con total impotencia, viendo como su ayuntamiento no les protege, no les ampara y una vez más se pone de parte de quien está tensionando y destrozando la convivencia en nuestros barrios”, indicó.

“Estem perplexos per la resposta que ens ha donat l’Ajuntament. El que ha passat ací és que han donat uns permisos d’obres basant-se en uns projectes que incompleixen la Llei de Propietat Horitzontal en alterar zones comunes sense permís de cada comunitat i la resposta municipal ha sigut que hem de recórrer al jutjat perquè es tracta d’un assumpte civil. És indignant, ens han venut perquè uns especuladors facen el seu negoci”.

Així d’indignat s’ha mostrat un dels residents que va assistir aquest dilluns a la reunió convocada pel regidor d’Urbanisme, Juan Giner, amb els afectats per les polèmiques obres d’allotjaments turístics que una empresa amb inversors de l’Est, la representació legal de la qual ostenta un assessor del PP al Senat, desenvolupa en els baixos dels seus tres edificis. La firma té altres dos projectes en marxa a Torrefiel i la Raiosa.

Uns 16 veïns i veïnes, inclosos representants de l’associació veïnal del barri i els administradors de les tres comunitats afectades, van assistir a la trobada celebrada aquest dilluns. Per part de l’Ajuntament van assistir, a més de Giner, altres sis alts funcionaris, entre secretaris i caps de servei de les àrees de llicències i urbanisme.

Tots els residents consultats per elDiario.es han coincidit a destacar que, malgrat el bon tracte i la informació facilitada pels responsables municipals, no se’ls ha aportat cap solució a les queixes plantejades, principalment les obres no autoritzades per les comunitats situades als carrers d’Encarna Albarracín, de Carlos Cortina 5 i de Carlos Cortina 2.

En els dos primers casos, s’ha produït una alteració de façanes de zones comunes mitjançant l’obertura de finestrals i de forats de manera indiscriminada al sostre del garatge per a realitzar canalitzacions i, en el tercer, l’eliminació mitjançant trepant hidràulic del revestiment de columnes de càrrega. A més, en el cas dels residents d’Encarna Albarracín, han recordat que tenen recollida en els estatuts la prohibició d’activitats turístiques tant en plantes baixes com en la resta de l’edifici.

“Giner ens ha explicat que l’Ajuntament només pot revisar el compliment dels procediments administratius municipals i que, de moment, no poden paralitzar les obres perquè tot el que estan fent s’ajusta als projectes presentats i que, en tot cas, el tema de la Llei de Propietat Horitzontal i dels estatuts són qüestions civils, per la qual cosa hem de recórrer-hi al jutjat. És indignant perquè el projecte es presenta a l’Ajuntament i és l’Ajuntament qui el valida, però diuen que no els correspon a ells verificar si la comunitat ha autoritzat les obres”, van lamentar.

Els residents també es van preguntar per què no és aplicable la nova normativa aprovada el passat mes de maig que restringeix l’activitat turística en baixos comercials a un màxim del 15% per illa —percentatge que en tots els casos arriba al 100%—, a la qual cosa el regidor, sempre segons els veïns, va explicar que l’empresa va sol·licitar el permís d’obres presentant una declaració responsable un dia abans que s’aprovara: “Ens pareix molt cridaner que demanaren les llicències just un dia abans que s’aprovara una llei que els hauria permés desenvolupar el projecte turístic”, van comentar.

Col·laboració municipal

Per la seua banda, Giner va donar compte de les inspeccions realitzades i va destacar que totes les actuacions s’han realitzat per a garantir el compliment de la normativa urbanística i la subjecció de les obres al projecte autoritzat, dins de les competències municipals i amb plena seguretat jurídica.

“Comprenem la preocupació dels veïns, per això he volgut atendre’ls i explicar-los, de la mà dels tècnics, les actuacions que s’han dut a terme i ens hem posat a la seua disposició per a col·laborar, dins de l’àmbit de les nostres competències, en tot allò que necessiten”, va defensar Giner.

El regidor va recordar que el govern municipal ja ha demostrat en ocasions anteriors que està al costat dels veïns en actuacions com la paralització del macrohotel de les Naves de Guala o l’actuació en la colmena de Russafa.

“Lamentablement, estem davant dels últims espeternecs de la barra lliure que va permetre l’esquerra per a la proliferació d’allotjaments turístics en els baixos. Si el govern anterior no haguera donat barra lliure, la reunió que hem mantingut hui no hauria sigut necessària”, va dir el regidor.

Finalment, Giner va recordar que la regulació urbanística vigent per al terciari hoteler blinda l’ús residencial del 98% dels habitatges i limita al 15% el màxim de nous allotjaments turístics en baixos, sempre que el barri o districte en què s’implanten no haja superat cap dels tres llindars de saturació.

El PSPV critica l’abandonament de Catalá

La regidora socialista de l’Ajuntament de València Elisa Valía va denunciar que el govern de María José Catalá s’ha desentés del problema de les comunitats de veïns de Benicalap que patixen la pressió d’una empresa que pretén desenvolupar diversos projectes hotelers i d’apartaments turístics. Valía va criticar que, lluny de protegir les famílies i defendre la convivència als barris, l’Ajuntament els ha traslladat que han de resoldre pel seu compte una situació davant la qual se senten completament desemparades.

“El govern de María José Catalá ha citat hui els veïns i veïnes dels edificis de Benicalap, on inversors estrangers pretenen omplir-los els baixos d’apartaments turístics i habitacions d’hotel, per a dir-los que s’han d’apanyar, que per a ells tot està bé i que no tenen res ni a dir ni a fer davant aquesta situació que viuen aquestes famílies que, com és natural, la viuen amb total impotència, veient com el seu ajuntament no els protegeix, no els empara i una vegada més es posa de part de qui està tensionant i destrossant la convivència als nostres barris”, va indicar.

La busca i adquisició de baixos comercials tancats per a la seua transformació en apartaments turístics, siga com a apartaments o com a aparthotels, sembla ser el filó que han trobat inversors de l’Est assessorats legalment pel bufet Soriano i Piqueras, del qual és cofundador Víctor Soriano, assessor adscrit a la Secretaria Primera del Senat, Eva Ortiz (PP), tal com reflecteix el Butlletí Oficial de les Corts.

En concret, es tracta de Business Decision and Advice SL i de la seua matriu, Skydive90 SL, responsables de les obres de tres aparthotels que s’executen als baixos comercials de tres residencials de la zona d’expansió de Benicalap. Els veïns han denunciat la seua oposició a aquesta activitat, com també la modificació d’elements comuns sense permís de la comunitat per a obrir finestrals.

A més d’aquests tres projectes, Business Decision and Advice SL ha presentat a l’Ajuntament diversa documentació per a posar en marxa allotjaments turístics als baixos dels números 4, 6, 8 i 10 del carrer de Gayano Lluch (Torrefiel), on fa anys es van ubicar temporalment els jutjats penals. Encara que inicialment la idea de la mercantil era fer apartaments turístics, la negativa de l’Ajuntament ha fet que ara sol·liciten permís per a un aparthotel de 29 habitacions.

De la mateixa manera, la mercantil tracta de fer el mateix als baixos comercials dels números 1, 3, 5 i 7 del carrer de Millares, al barri de la Raiosa, presentant a l’Ajuntament diversa documentació per a sol·licitar un canvi d’ús d’habitatges turístics a hoteler. A més, tracta de convertir en habitatge turístic un baix comercial situat al número 61 de l’avinguda de Burjassot.

Com ha informat elDiario.es, segons consta en el Registre Mercantil, Business Decision and Advice SL, juntament amb la seua matriu, Skydive90 SL, són dirigides per inversors de l’Est. Totes dues firmes estan presidides per Ilya Fischman, qui, a més, exerceix de conseller delegat. En la primera mercantil figura també Mariia Kolhanova com a consellera delegada i Konstantin Podsvirov com a conseller i secretari. En la segona, Skydive90 SL, Mariia Kolhanova figura com a consellera i Podsvirov com a conseller delegat.

A través de Business Decision and Advice SL, executen un aparthotel de 38 habitacions als baixos d’un residencial del carrer de Carlos Cortina, un altre de 22 habitacions als baixos d’un altre residencial del carrer d’Encarna Albarracín i un tercer a l’encreuament dels carrers Carlos Cortina, Manuel Meliá, Hermanos Machado i Salvador Cerveró, on compten amb una vintena d’apartaments tancats per un problema amb els permisos. Recentment, han iniciat obres per a reconvertir-los en un altre aparthotel amb habitacions. Els tres edificis estan a la nova zona d’expansió de Benicalap, molt pròxims entre si.

En els dos primers casos, a més que els veïns s’oposen a un ús turístic tan intensiu, com queda reflectit en els seus estatuts i per acord de la junta general de propietaris, denuncien que s’han obert finestrals en les façanes que donen a les zones comunes interiors sense permís de la comunitat, una cosa que asseguren que és il·legal segons la Llei de propietat horitzontal.

Quant al tercer residencial, els veïns han denunciat que la mateixa empresa ha posat en marxa obres d’enderrocament de façanes exteriors i ha perforat el revestiment d’un pilar de càrrega de l’edifici, que compta amb huit altures (vegeu vídeo): “Tenim por que puguen danyar l’estructura de l’edifici. Quan es van posar a picar la columna aquest dimarts 25 d’agost, vam telefonar a la Policia Local, però no va vindre. Temem que també obriran finestrals a l’interior de les zones comunes, alterant la convivència normal de la comunitat. Ens sembla una aberració que es permeta això”, van comentar diversos residents consultats per aquesta redacció.

Urbanisme es reunirà amb els veïns

El regidor delegat d’Urbanisme, Habitatge i Llicències, Juan Giner, mantindrà el pròxim dilluns 31 d’agost una reunió amb els veïns que s’han personat o s’han interessat pels expedients administratius vinculats a les obres que s’estan fent als edificis del carrer de Carlos Cortina, número 2 i número 5, i al carrer d’Encarna Albarracín, número 6, de València.

El regidor estarà acompanyat per tècnics municipals d’Urbanisme i Llicències. L’objectiu d’aquesta trobada és atendre personalment els veïns sobre els expedients pels quals s’han interessat, com també informar-los de les actuacions d’inspecció dutes a terme per l’Ajuntament. La reunió tindrà lloc el pròxim dilluns 31 d’agost, a les 11.30 hores, a la seu de la Delegació d’Urbanisme, edifici Tabacalera, carrer d’Amadeo de Saboya, 11.

La búsqueda y adquisición de bajos comerciales cerrados para su transformación en apartamentos turísticos, ya sea como apartamentos o como apartahoteles, parece ser el filón que han encontrado inversores del este asesorados legalmente por el bufete Soriano i Piqueras, del que es cofundador Víctor Soriano, asesor adscrito a la Secretaría Primera del Senado, Eva Ortiz (PP), tal y como refleja el Boletín Oficial de las Cortes.

En concreto, se trata de Business Decision and Advice SL y de su matriz, Skydive90 SL, responsables de las obras de tres apartahoteles que se ejecutan en los bajos comerciales de otros tantos residenciales de la zona de expansión de Benicalap. Los vecinos han denunciado su oposición a esta actividad, así como la modificación de elementos comunes sin permiso de la comunidad para abrir ventanales.

Además de estos tres proyectos, Business Decision and Advice SL ha presentado al Ayuntamiento diferente documentación para poner en marcha alojamientos turísticos en los bajos de los números 4, 6, 8 y 10 de la calle de Gayano Lluch (Torrefiel), donde hace años se ubicaron temporalmente los juzgados de lo penal. Aunque inicialmente la idea de la mercantil era realizar apartamentos turísticos, la negativa del Ayuntamiento ha hecho que soliciten ahora permiso para un apartahotel de 29 habitaciones.

Del mismo modo, la mercantil trata de hacer lo propio en los bajos comerciales de los números 1, 3, 5 y 7 de la calle de Millares, en el barrio de La Raiosa, presentando al Ayuntamiento diversa documentación para solicitar un cambio de uso de viviendas turísticas a hotelero. Además, trata de convertir en vivienda turística un bajo comercial ubicado en el número 61 de la avenida de Burjassot.

Como ha informado elDiario.es, según consta en el Registro Mercantil, Business Decision and Advice SL, junto a su matriz, Skydive90 SL, están dirigidas por inversores del este. Ambas firmas están presididas por Ilya Fischman, quien además ejerce como consejero delegado. En la primera mercantil figura también Mariia Kolhanova como consejera delegada y Konstantin Podsvirov como consejero y secretario. En la segunda, Skydive90 SL, Mariia Kolhanova figura como consejera y Podsvirov como consejero delegado.

A través de Business Decision and Advice SL, ejecutan un apartahotel de 38 habitaciones en los bajos de un residencial de la calle de Carlos Cortina, otro de 22 habitaciones en los bajos de otro residencial de la calle de Encarna Albarracín y un tercero en los cruces de las calles Carlos Cortina, Manuel Meliá, Hermanos Machado y Salvador Cerveró, donde cuentan con una veintena de apartamentos cerrados por un problema con los permisos. Recientemente, han iniciado obras para reconvertirlos en otro apartahotel con habitaciones. Los tres edificios están en la zona nueva de expansión de Benicalap, muy cercanos entre sí.

En los dos primeros casos, además de que los vecinos se oponen a un uso turístico tan intensivo, como queda reflejado en sus estatutos y por acuerdo de la junta general de propietarios, denuncian que se han abierto ventanales en las fachadas recayentes a las zonas comunes interiores sin permiso de la comunidad, algo que aseguran que es ilegal según la Ley de Propiedad Horizontal.

En cuanto al tercer residencial, los vecinos han denunciado que la misma empresa ha puesto en marcha obras de derribo de fachadas exteriores y ha taladrado el revestimiento de un pilar de carga del edificio, que cuenta con ocho alturas (ver vídeo): «Tenemos miedo de que puedan dañar la estructura del edificio. Cuando se pusieron a picar la columna este martes 25 de agosto, llamamos a la Policía Local, pero no vino. Nos tememos que van a abrir también ventanales en el interior de las zonas comunes, alterando la normal convivencia de la comunidad. Nos parece una aberración que se permita esto», comentaron varios residentes consultados por esta redacción.

Urbanismo se reunirá con los vecinos

El concejal delegado de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, mantendrá el próximo lunes 31 de agosto una reunión con los vecinos que se han personado o interesado por los expedientes administrativos vinculados a las obras que se están realizando en los edificios de la calle Carlos Cortina, número 2, y número 5, y en la calle Encarna Albarracín, número 6, de València.

El concejal estará acompañado por técnicos municipales de Urbanismo y Licencias. El objetivo de este encuentro es atender personalmente a los vecinos sobre los expedientes por los que se han interesado, así como informarles de las actuaciones de inspección llevadas a cabo por el Ayuntamiento. La reunión tendrá lugar el próximo lunes 31 de agosto, a las 11.30 horas, en la sede de la Delegación de Urbanismo, edificio Tabacalera, calle Amadeo de Saboya, 11.

Cantabria es la comunidad autónoma en la que más se han disparado los precios respecto a junio de 2025, concretamente un 41,6%, frente al 8,8% experimentado en el conjunto nacional. Con este encarecimiento, el precio se ha situado en los 2.286 euros por metro cuadrado, el sexto más elevado de las comunidades autónomas, solo por detras de Madrid, Cataluña, Euskadi y Baleares, y por encima de la media nacional (2.114 euros). Así se desprende de los datos publicadios este jueves por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).

También la compraventa de viviendas en Cantabria ha crecido en junio un 5,4%en relación con el mismo mes del año anterior, hasta las 932 operaciones, el tercer mayor ascenso porcentual de las comunidades autónomas y que se contrapone con el descenso experimentado a nivel nacional (-4%).

De hecho, Cantabria ha sido una de las cuatro únicas autonomías que han registrado incrementos, frente a los descensos registrados en las otras 13 comunidades, según los datos publicados por el CIEN.

Por otra parte, los préstamos hipotecarios concedidos en junio para la adquisición de una vivienda han disminuido en Cantabria un 9,6 por ciento interanual -la segunda mayor caída de las comunidades-, hasta los 429. Sin embargo, su cuantía ha aumentado un 5,7%, con un promedio de 158.836 euros.

Por tipo de inmueble, las compraventas de pisos han crecido un 1,1% interanual, con 684 operaciones registradas, mientras que las de viviendas unifamiliares se han disparado un 19,8%, con 248.

En cuanto a los precios, el metro cuadrado de los pisos se ha encarecido un 30,9%, hasta los 2.686 euros, mientras que el de las viviendas unifamiliares se ha encarecido un 48,5%, hasta situarse en 1.596 euros.

El tamaño medio de los inmuebles ha caído en junio en Cantabria un 10,2% interanual, la mayor caída del país, hasta situarse en una media de 110 metros cuadrados.

Mientras un señor trabaja con su portátil en una de las mesas de la planta baja del flex living Flipco Retiro, en el número 58 de la calle Cavanilles de Madrid, el barrio continúa con su trasiego al otro lado de la puerta de vidrio que sirve de acceso. Hombres mayores que caminan con ayuda de sus cuidadoras, matrimonios de jubilados que se sientan a la sombra en un banco o trabajadores de distintos establecimientos que apuran el cigarro del mediodía.

De repente, un extraño episodio provoca la interacción entre estos dos universos en principio aislados. Una señora se detiene junto a la entrada de Flipco, observa las piedras blancas que decoran el espacio y empieza a guardarlas en un bolso. Ni siquiera mira a los lados por si alguien la observa o alguna cámara de seguridad la capta. Las toma como si fueran un bien personal, o más bien común. Como si las encontrara en el parque situado a unos pocos metros.

El acto, al borde de la legalidad, demuestra una forma de resistencia imprevista frente a unos negocios que parecen operar dando la espalda a los lugares donde se insertan. Ninguno de los clientes que abandonan Flipco mientras Somos Madrid permanece en la puerta atiende las preguntas planteadas. Es una cuestión más de prisa que de descortesía: a todos ellos les espera ya un VTC cuando salen a la calle.

Flipco Retiro aterrizó en el corazón del distrito de Retiro a finales de abril. Ofrece dos estudios para estancias temporales, que van desde pocos días hasta varios meses, en la antigua sede de Metro de Madrid. No en vano, la Nave de Motores (abierta a visitas del público) se ubica a pocos pasos. Detrás del proyecto y previa inversión de 39 millones de euros está el fondo inmobiliario Argis, promotora inmobiliaria que también tiene una pata puesta en los alquileres tradicionales.

Pasar una noche en alguna de sus dos estancias cuesta un mínimo de 166 euros si se alquilan por días, mientras que en la modalidad mensual no bajan de 2.000 euros. De este modo, Argis garantiza unos ingresos muy superiores a los dueños de unos alquileres tradicionales que a su vez contribuye a aumentar con la implantación de su modelo. El precio de un piso de dimensiones similares a las del estudio en la zona oscila entre los 900 y los 1.000 euros. Y eso que el alquiler ha subido en Pacífico más de un 10% por metro cuadrado en el último año, según Idealista. Solo este último mes, ya con Flipco, lo ha hecho casi un 3%. Esto es, muy por encima del resto del distrito (en otros puntos incluso ha retrocedido).

Quedarse en Madrid al margen de la ciudad

“¿Esto qué es?”, pregunta a su hija un señor que pasea por la acera donde se ubica este alojamiento en el barrio de Pacífico. “Parece como un hotelito”, responde ella. No va desencaminada, ya que los flex living no se diferencian en demasía del tradicional apartahotel. Tampoco del más moderno coliving. A priori, se distancian en su apuesta por mayores y mejores servicios para fomentar estancias algo más prolongadas. Pero lo cierto es que muchos de estos negocios jugan indistintamente con ambos conceptos y apelan tanto a la cohabitabilidad como a la flexibilidad.

La verdadera divergencia está en el terreno normativo. El flex living opera principalmente bajo licencia hotelera o de hospedaje en suelo terciario destinado a oficinas, permitiendo alquileres de media estancia (de días a meses) sin las restricciones de la vivienda turística o la convencional. La flexibilidad no es así cosa solo de los huéspedes, también responde a la falta de regulación sobre un modelo que se erige con grandes facilidades.

De esta manera, los precios alcanzan cotas mucho más elevadas que las del alquiler tradicional, sin apenas seguridad para los inquilinos ni moderación de las cantidades que pagan largo plazo (en cambio, la Ley de Arrendamientos Urbanos limita las subidas anuales al IPC o al 3% durante unos contratos que deben durar un mínimo de cinco años). Todo ello dificulta echar raíces en este tipo de hospedajes y emprender proyectos de vida. De hecho, suelen enfocarse a nómadas digitales o a expats como los que se ven al otro lado del cristal en Cavanilles.

Un modelo en plena ebullición, como muestran de las cifras difundidas desde la sede en Madrid de la compañía de servicios inmobiliarios JLL. Un informe de finales del año pasado estimaba en 19.089 la cantidad de camas flex living en España, un número que podría duplicarse hasta las 38.716 en solo dos años. El análisis expone que la Comunidad de Madrid concentra esa oferta, el 60% de las camas actuales y el 72% de las proyectadas. 11.375 están ya en el mercado y más de 14.000 en desarrollo, para un total de 25.375 plenamente operativas en 2028 (en Barcelona, segunda provincia en implantación, no llegan a las 7.000). La capital aglutina la inmensa mayoría dentro de la región. Todo ello reforzado por el apoyo del Gobierno regional y del municipal, que facilitan su implentación con controles poco estrictos o hasta campañas promocionales.

En Flipco, toda esta actividad en ebullición se desarrolla en un bloque que cuenta también con decenas de viviendas. De hecho, el número 58 de Cavanilles incluye tres portales al margen de los apartamentos de estancia temporal. A dos de allos se accede por una puerta situada a pocos metros de la entrada al negocio, mientras que al correspondiente a la letra c se llega dando un rodeo al citado parque anexo.

Los residentes de esas viviendas prefieren guardar silencio ante las preguntas de este periódico, al igual que lo hacen de momento desde Flipco Retiro al no contestar las preguntas de este medio sobre cómo ha sido la llegada a un barrio que de momento les mira con recelo y suspicacias. Por ahora, como sus clientes, prefieren esquivar la mirada a quienes les rodean.