La intromisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente al pedir en su auto sobre José Luis Ábalos una “reflexión” acerca de la pertinencia de una reforma del Congreso para evitar que pueda seguir siendo diputado ha suscitado el rechazo de la mayoría de los grupos parlamentarios. La jueza y exdiputada Victoria Rosell, quien sufrió una conspiración para tumbarla por medio de una causa judicial manipulada, se suma a las voces críticas y afirma en declaraciones a elDiario.es que los magistrados no pueden tener “el poder de alterar la composición del Poder Legislativo”.

Victoria Rosell era en 2016 uno de los principales activos de Podemos. Jueza de carrera, formaba parte de la nutrida lista de miembros de la sociedad civil que abrazaron el proyecto que lideraba Pablo Iglesias. Cabeza de cartel por Las Palmas en las elecciones de diciembre de 2015, dimitió unos meses después cuando el Tribunal Supremo admitió una querella del por entonces ministro José Manuel Soria contra ella. El código ético de su partido le impidió además volver a presentarse en la repetición electoral de junio de 2016.

El caso fue archivado, pero fue utilizado mediáticamente contra Podemos. Pero no solo eso: el juez Salvador Alba fue condenado por conspirar precisamente contra Victoria Rosell. La justicia ha acreditado que inventó pruebas contra ella, y que estas fueron utilizadas por el exministro del PP para intentar acabar con su carrera.

Rosell era inocente. Ella lo sabía, y desde el principio defendió que el suyo era un caso de persecución política con uso de los tribunales y de los medios de comunicación. ‘Lawfare’. Aun así, dimitió en cuanto la querella fue admitida a trámite, y solo pudo volver a la política en 2019. 

Hoy justifica su decisión. “Al día siguiente de que el Supremo admitiera la querella falsa y tramposa del PP, yo dimití”, rememora en conversación con elDiario.es. “Fue una opción personal, éticamente era la decisión más correcta para salvaguardar las instituciones”, afirma. Rosell asume que un diputado por sí mismo “no tiene mucho poder”, pero cree que “no se debe manchar el trabajo parlamentario con la defensa personal”. “Tenemos ejemplos actuales, como el presidente de la Comunidad Valenciana [Carlos Mazón], y otros anteriores, cuyas actuaciones se leen mejor en clave de defensa penal que en clave de gestión política”, afirma.

Rosell vivió un calvario personal y político hasta que el Supremo tuvo que archivar la querella planteada por Soria contra ella. En 2019 pudo volver a presentarse a las elecciones, y en 2020 fue designada delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. 

Pero Rosell rechaza el planteamiento del juez que instruye el ‘caso Koldo’ sobre la necesidad de quitar el escaño a los diputados investigados. “Como ciudadana y como magistrada”, asegura, “creo que los jueces no podemos tener el poder de alterar la composición del Poder Legislativo imputando a un miembro del Congreso o del Senado”. La magistrada recuerda que, de hecho, “en casos graves” como el terrorismo, “el artículo 384bis de la LeCrim lo permite desde hace años”.

Rosell explica que es “esencial en un sistema democrático que los jueces, que son el menos democrático de los poderes, no afecte al poder que representa la soberanía popular”, es decir, al Legislativo. Y recuerda que existe la figura del suplicatorio, el mecanismo que los jueces activan para pedir permiso a las Cortes Generales para investigar a sus miembros. “El suplicatorio y la inmunidad parlamentaria obedecen a garantías frente al poder absoluto del rey y del Poder Judicial”, sostiene.

La exdiputada recuerda el caso del que fuera compañero de bancada, Alberto Rodríguez, a quien el Supremo desposeyó de su escaño con la ayuda de la entonces presidenta del Congreso, Meritxel Batet, aunque su causa fue luego anulada en parte. 

“En la práctica, se alteró la soberanía popular”, acusa Rosell, quien traza un paralelismo con su propio caso. También asume que un movimiento como el planteado por Puente no solo afecta a los derechos fundamentales de los diputados, “también al de participación política de quienes hayan votado”. 

Rosell concluye que la defensa de la independencia de los poderes públicos y el respeto a la labor de los parlamentarios “no se pueden usar solo como coletillas o prefacios para añadir luego un ‘pero”. 

La investigación que un juzgado de Tarragona dirige desde hace años sobre Equipo Económico se centra en si el despacho que fundó Cristóbal Montoro usó su influencia en Hacienda para beneficiar a sus clientes, principalmente en el sector del gas industrial. Cambios legislativos que, sobre todo, bajaron drásticamente los impuestos de empresas que pagaban al despacho por su función de lobby. Varios informes de los Mossos d'Esquadra apuntan más allá del sector del gas y vinculan los pagos de varias empresas de las renovables a Equipo Económico con cambios legales de la primera legislatura de Mariano Rajoy que supusieron un beneficio fiscal de 2.200 millones de euros para el sector.

Según los Mossos, el juez y Anticorrupción, la dinámica era la misma: las empresas buscaban cambios legales de calado que nunca llegaban y la fórmula del éxito era contratar a Equipo Económico. El despacho que fundó Cristóbal Montoro en 2006, tras ser ministro de Hacienda con José María Aznar y cinco años antes de volver a serlo con Rajoy. El juzgado, por el momento, solo ve material penal en la presión que Equipo Económico ejerció sobre Hacienda para beneficiar a sus clientes del sector del gas, pero el sumario revela más sospechas de los Mossos que llegan a más sectores de la energía.

Los investigadores apuntan a un momento de la primera legislatura de Rajoy en que dos de sus ministros se enfrentaron a cuenta del régimen fiscal del sector energético: José Manuel Soria, de Industria, y Cristóbal Montoro, de Hacienda. El primero había impulsado un cambio “drástico” en enero de 2012 cuando suspendió las primas para las renovables, con una previsión de más de 5.100 millones destinados al sector. Montoro, según los Mossos, consiguió “mitigar” el impacto de la medida a través de los Presupuestos Generales del Estado “destinando una partida de 2.200 millones de euros a paliar el déficit generado por las renovables”.

Esos años fueron clave para el sector. Además de la maniobra de Montoro en los Presupuestos Generales del Estado, en 2014 una ley modificó el impuesto de la electricidad y permitió que las industrias en las que el coste de la electricidad representara más de la mitad del coste del producto pudieran beneficiarse de una reducción del 85% en ese tributo.

Los Mossos destacan que en esos años empresas clave de las renovables eran clientes de Equipo Económico. Una decena de empresas que, en total, desembolsaron casi diez millones de euros al despacho entre 2009 y 2015, cuando Montoro estaba fuera de la empresa y cuando ya formaba parte del Gobierno en los últimos tres años. Algunas de estas empresas, además, tenían claros vínculos económicos con el despacho.

Ricardo Martínez, alto cargo de Hacienda con Montoro durante el Gobierno de Aznar, heredó la presidencia de Equipo Económico en 2008, cuando el exministro volvió al Congreso. Para entonces era consejero de Abengoa Bioenergía (2007-2012) y también lo fue de Abengoa (2012-2016). Los años en los que se pusieron en marcha los cambios legales para beneficiar al sector. Otra de las empresas que pagó a Equipo Económico, Solaria Energía, también compartía directivos con el despacho: Manuel de Vicente Tutor, otro alto cargo de la primera etapa de Montor en Hacienda, fue secretario no consejero de Solaria entre 2010 y 2014, años en los que también fue directivo del despacho.

Los Mossos cuestionan desde hace más de cinco años que estos beneficios legales para las empresas renovables llegara justo mientras contrataban a Equipo Económico y mientras ambas empresas compartían directivos. El juez, al menos por el momento, no ha puesto en marcha ninguna imputación relacionada con esto y ha centrado sus investigaciones en los correos que muestran cómo Equipo Económico participó activamente en la redacción de leyes que beneficiaban a sus clientes del sector del gas industrial y medicinal.

La denuncia anónima que originó el caso no solo apuntaba al sector del gas, investigación en la que fueron claves los correos encontrados por casualidad por los Mossos durante un registro. También hablaba de cómo grandes empresas como Abengoa habían pasado por la 'caja' de Equipo Económico tras contactar con un estrecho colaborador de Montoro en el Ministerio.

Forestalia, la compañía aragonesa líder en el sector de las energías renovables, ha fichado a José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo de España, que recortó las primas a las energías renovables durante su mandato. La reforma impulsada por Soria supuso un recorte de 2.700 millones de euros a las empresas que habían disfrutado de dichas primas.

Durante su mandato también se aprobó el Real Decreto que regulaba el autoconsumo de electricidad, conocido como el impuesto al sol, que establecía que las personas o entidades con instalaciones conectadas a la red con más de 10 kilovatios de potencia debían pagar un cargo sobre la electricidad autoproducida y consumida de forma instantánea.

Según ha adelantado el diario económico Cinco Días, la relación de Soria con la compañía aragonesa se remonta a 2018, con trabajos de consultoría “puntuales”. No es su único trabajo relacionado con el sector, en 2021 fue nombrado presidente de la filial española del grupo británico Island Green Power, que promueve proyectos en Reino Unido, España Italia, Australia y Nueva Zelanda, y tiene una planta fotovoltaica en Baleares.

Forestalia irrumpió en el sector en 2016, cuando se celebró la primera subasta de renovables organizada por el Ministerio de Industria y esta empresa aragonesa, liderada por Fernando Samper, se adjudicó el grueso de la puja a cero euros. Desde entonces, las polémicas no han estado lejos de esta empresa, con más de cien proyectos de energías renovables en la comunidad aragonesa y con seis líneas de alta tensión.

De hecho, una comisión investigará en las Cortes de Aragón si ha habido irregularidades en las renovables y la actuación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en la tramitación de los expedientes. En este contexto Forestalia ha sido acusada de tener “en nómina” a varios directivos anteriores gobiernos de Aragón.

Una jueza ha mandado al banquillo de los acusados al periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, un medio asociado a elDiario.es. Le piden 23 años de cárcel. La acusación la ejerce Salvador Alba, el juez corrupto en prisión por fabricar pruebas falsas para destruir la carrera política de otra jueza, Victoria Rosell, pareja de Carlos Sosa.

Alba se venga del periodista desde la cárcel y le acusa de acoso, delitos de odio y revelación de secretos por publicar las artimañas que usó para intentar eludir su ingreso en prisión. De momento, la jueza ha impuesto a Carlos Sosa una fianza de más de 400.000 euros.

Hablamos con Carlos Sosa para conocer los detalles de este nuevo caso y con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, analizamos cómo afectan este tipo de ataques a la libertad de información, a los periodistas y a los medios.

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al Día”. El número es el 699 518 743.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Lo puedes escuchar en Podimo, la app de podcast y audiolibros que apoya ‘Un tema Al Día’. Si te abres una cuenta en Podimo desde este enlace, tienes 45 días de acceso gratuito a todo su contenido exclusivo.

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Una década del inicio del fiasco del Castor, el multimillonario almacén subterráneo de gas que ACS construyó frente a las costas de Castellón y Tarragona, y que solo llegó a operar en pruebas.

Diez años después el resultado es conocido: una infraestructura inservible, un agujero multimillonario que ha acabado pagando el contribuyente y una cascada de litigios judiciales, sin que haya habido responsables, tras el archivo de la causa por la vía penal.

El 3 de octubre de 2013, José Manuel Soria, entonces ministro de Industria, confirmó la paralización de las primeras inyecciones de gas en esa infraestructura, tras una sucesión de microseísmos en la zona registrados entre el 13 de junio y el 16 de septiembre de aquel año.

Ese anuncio fue el pistoletazo de salida de un culebrón del que se escribió un capítulo clave justo un año después. El 3 octubre de 2014, el Gobierno del PP, a propuesta de Soria (que se cuidó de comparecer tras aquel Consejo de Ministros), aprobaba la indemnización exprés de 1.350 millones de euros para la adjudicataria por renunciar a la concesión de la infraestructura, que en ese momento se declaró en estado de “hibernación”, mediante un Real Decreto-ley declarado inconstitucional en diciembre de 2017.

Las prisas para aprobar ese decreto se justificaron “teniendo muy presente”, dijo la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el proyecto, al que había prestado 500 millones. Pero el Constitucional, tras un recurso del PSC, no apreció razones justificadas de urgente necesidad para usar esa figura normativa.

La última consecuencia de esa sentencia ha sido la reciente decisión de la Audiencia Nacional de obligar a Escal UGS, la sociedad controlada por ACS y participada por la canadiense Dundee que construyó el fallido almacén, a devolver a los consumidores de gas 209,7 millones de “retribución financiera” que cobró por los ejercicios 2014, 2016 y 2017.

Esos pagos han quedado anulados tras esa sentencia del Constitucional, pero está por ver que la empresa los devuelva, dado que Escal entró en concurso de acreedores en 2019, tras reclamarle esas cuantías la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La sentencia del Constitucional también propició que la CNMC paralizase en enero de 2018 los pagos a los bancos que habían adelantado esa indemnización, a cambio de cobrarla con intereses en la factura del gas durante 30 años. Al cesar los pagos mensuales, las entidades financieras recurrieron y el Tribunal Supremo les dio la razón. El resultado fue que el Estado, y por ende el contribuyente, tuvo que endeudarse por decreto para indemnizar a la banca.

Socializar pérdidas

Este clásico ejemplo de socialización de pérdidas tuvo también una derivada penal. Pero en noviembre de 2021 la Audiencia de Castellón absolvió a Escal UGS y a dos de sus principales directivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Esta retahíla de procesos judiciales quizá explique por qué ACS ha batido este año el récord de abogados del Estado en un consejo de administración del Ibex: de tener uno en 2013, cuando arrancó el caso Castor, a los seis actuales, pese al menguante peso de España en la facturación del grupo.

Aunque fue Soria quien rescató el Castor con esa norma inconstitucional, la indemnización a ACS estaba recogida en un decreto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que adjudicó en 2008 la infraestructura a Escal UGS.

Una polémica cláusula, que el Gobierno del PP intentó declarar lesiva para el interés público y que avaló el Supremo en octubre de 2013, días después de paralizarse las inyecciones de gas, decía lo siguiente: en caso de extinción de la concesión, la adjudicataria tendría derecho a recibir una compensación por “el valor residual de las instalaciones”, aun en caso de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”.

El decreto llevaba la firma de Miguel Sebastián, entonces recién aterrizado en Industria, que luego culpó a su antecesor en el cargo, Joan Clos, de la cláusula de la discordia. En una comparecencia en 2019 en el Parlament de Catalunya, el presidente de ACS, Florentino Pérez, dijo que sin esa garantía para la concesionaria, por la que “el Estado asume el riesgo geológico”, “nadie” se habría presentado a una licitación de este tipo.

Pérez se mostró en esa comparecencia “consternado” por la “desgracia” del Castor, que pese a su “trascendencia” representa “el 1% de la facturación de nuestro grupo”. También aseguró que su empresa perdió dinero en el proyecto y negó haber “intervenido en ninguna cuestión” relativa al almacén.

Cortes de suministro

El proyecto se justificó por la necesidad de impulsar el almacenamiento de gas en España, que no produce este hidrocarburo, en previsión de posibles cortes de suministradores como Rusia. La crisis energética derivada de la invasión de Ucrania, la más grave en medio siglo, ha puesto de manifiesto que la infraestructura no era necesaria, gracias a la red de regasificadoras de España, la mayor de Europa.

Pero, sobre el papel, y en los mensajes que se lanzaban desde empresas como Enagás, el operador del sistema gasista, parecía una buena idea. El proyecto ya figuraba en la planificación energética que el Gobierno de José María Aznar elaboró en 2002, pero no era prioritario “dada la inmadurez” de los estudios previos.

El espaldarazo definitivo llegó en marzo de 2006. Con el socialista José Montilla al frente de Industria, la Planificación energética 2005-2011 identificó como “urgentes” cinco almacenamientos subterráneos, entre ellos Castor, calificado de “proyecto necesario y prioritario para el sistema gasista español”.

El silo submarino estaba avalado por las recomendaciones de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y Enagás. Entonces, la demanda estaba disparada por la elevada utilización de las centrales de ciclo combinado (que queman gas para producir electricidad) y España sólo tenía dos almacenamientos subterráneos, Gaviota (frente a las costas de Bilbao) y Serrablo (Huesca).

Castor debía ser capaz de guardar un tercio de la demanda durante 50 días. Con la crisis posterior y el desplome de la demanda eléctrica, cuando acabó su construcción (mediados de 2012) las infraestructuras gasistas funcionaban al 50% de su capacidad.

El almacén submarino está ubicado a unos 1.700 metros de profundidad, a 21,6 kilómetros de la costa, frente a Vinarós (Castellón), en la comarca de Baix Maestrat, muy próxima a la comarca de Montsià (Tarragona). Se diseñó aprovechando el sellado natural que proporcionaba el terreno calizo del antiguo yacimiento de la falla de Amposta, en el que Shell extrajo entre 1975 y 1989 unos 56 millones de barriles de petróleo.

Con una capacidad de unos 1,9 bcm (miles de millones de metros cúbicos), consta de una plataforma marina, un gasoducto de 30,3 kilómetros de longitud y una planta terrestre en Vinarós bautizada con el nombre de Ignacio Pérez, como el expresidente de ACS Servicios Industriales y Energía, fallecido en 2007 y hermano del presidente del Real Madrid.

El almacén es hoy un activo varado de cuya gestión se encarga Enagás. En 2019, el Consejo de Ministros acordó el desmantelamiento y sellado de los pozos del Castor. Escal trató de tumbar sin éxito esa decisión en el Supremo. Y se ha planteado su desguace para venderlo por piezas.

Ocurrió en Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad de la que fue dos veces alcalde José Manuel Soria López. Ante un nutrido auditorio de afiliados y afiliadas que lo aclamaban como próximo presidente de España. Alberto Núñez Feijó presidía el primer acto de la convención autonómica del Partido Popular en las islas, dando la bendición al nuevo presidente local de la formación, el tinerfeño Manuel Domínguez. En la primera fila del inmenso salón de la Institución Ferial de Canarias (Infecar), José Manuel Soria aplaudía con entusiasmo, y todas las miradas se fijaron en él cuando Feijóo hizo mención expresa a su persona desde el escenario: “Canarias también ha sido referente de buenas prácticas, con buenos alcaldes, presidentes de cabildos y ministros como José Manuel Soria, al que agradezco su presencia”, proclamó el gallego antes de que todo el auditorio corroborara sus palabras con una cerrada ovación.

Las alabanzas a Soria se lanzaban el domingo 16, a menos de 48 horas de que el exjuez corrupto Salvador Alba Mesa ingresara en la prisión del Salto del Negro, en la misma ciudad en la que Feijóo habló a los suyos. Alba entraba por fin a cumplir condena, la que dictó una sentencia en la que el nombre de José Manuel Soria aparece una decena de veces. “Don Salvador Alba, mediante este acuerdo, conseguía información lesiva para la imagen pública de doña Victoría Rosell, así como para incrementar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Tribunal Supremo por don José Manuel Soria, en el procedimiento penal promovido por este contra la entonces diputada señora Rosell, querella pendiente de admisión a trámite en el Tribunal Supremo”, se puede leer en la sentencia.

No es baladí que Feijóo elogie ahora a José Manuel Soria. El último episodio público que protagonizaron sitúa al hoy presidente nacional del PP vetando al canario para su candidatura al Banco Mundial, el postrer favor que le quiso hacer el gobierno de Mariano Rajoy cuando tuvo que dimitir al descubrirse que mantenía abiertas cuentas en paraísos fiscales para la gestión de sus negocios familiares. A Feijóo le parecía inoportuna esa candidatura, y se abrazaba a las palabras que por aquel entonces, primavera de 2016, pronunciaba el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. “Un presidente, un ministro, no puede tener ninguna cuenta en ningún paraíso con independencia de que no incumpla la ley, porque los ciudadanos no entienden que un político gestione los impuestos de todos y tenga intereses comerciales fuera de su país”, recalcó el presidente gallego.

Entonces, ¿a qué “buenas prácticas” pudo haberse referido Núñez Feijóo cuando alabó las de José Manuel Soria? Imposible de escrutar porque lo dijo durante un mitin, sin posibilidad de interrumpirlo para preguntarle. Junto a José Manuel Soria, en aquel acto del domingo, estaba sentado Asier Antona, la persona que lo sustituyó al frente del Partido Popular de Canarias cuando el exministro de Industria se vio forzado a dimitir. Porque además de su cargo en el Gobierno, Soria abandonó también su escaño en el Congreso de los Diputados y su puesto al frente de los populares canarios.

Antona, ya investido, quiso romper con el pasado, con viejos atavismos que unían de modo que parecía inexorable a su partido con Coalición Canaria. El dirigente palmero frustró el último pacto posible entre ambas fuerzas cuando se negó a aceptar la propuesta envenenada que lanzaron a García Egea y a Pablo Casado los nacionalistas en las negociaciones de 2019 para que la presidenta de la Comunidad Autónoma fuera la número 2 del PP, Australia Navarro, colocada como florero, muy al gusto del partido de Fernando Clavijo.

Antona se resistió al matonismo de Teodoro García Egea, brazo ejecutor de Pablo Casado, y no prosperó el Gobierno que pretendía CC, así que lo colocaron como senador por la Comunidad Autónoma como premio de consolación cuando lo echaron de la presidencia para colocar a la mencionada Australia Navarro en su lugar. Hasta la reciente rueda de congresos por aclamación que, en el caso de Canarias, elevó a ese puesto al exalcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez.

A Soria aquella escaramuza, que permitió el primer gobierno de izquierdas en tres décadas en Canarias, le sentó a cuerno quemado. Desde 2016 se dedica a los negocios puros y duros y el ecosistema no es el mismo según quién gobierne en Canarias. Ahora se dedica precisamente a eso, a los negocios: es miembro del consejo de administración de la distribuidora automovilística Grupo Domingo Alonso; socio para Canarias de la potente consultora Grant Thorton; senior advisor de Alantra Corporate Finance, también dedicada al asesoramiento a grandes compañías e instituciones, y, paradójicamente, presidente de Island Green Power Spain, una compañía dedicada a la energía fotovoltaica, sector que él frenó dramáticamente durante su etapa de ministro con el siempre recordado impuesto al sol.

Hace meses que abandonó su retiro voluntario de la primera línea de exposición social. Cada vez que puede participa en actos de resonancia pública, especialmente empresarial. Se le ha visto recientemente en una charla con Daniel Lacalle, uno de los economistas inspiradores del PP; en un encuentro con el Círculo de Empresarios de Lanzarote o en un acto de la Cadena Ser en Las Palmas con la alta dirigencia del PP regional.

Es miércoles, 16 de marzo. Año 2016. Son las dos de la tarde y dos hombres han quedado para conocerse y charlar. La cita tiene lugar en un despacho de los juzgados de Las Palmas, en Canarias. “Yo me quedo fuera”, dice un tercer hombre. Cierran la puerta y se saludan. De un lado de la mesa del despacho, el juez Salvador Alba; del otro, el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado en una causa que investiga ese magistrado. El que se ha quedado fuera es su abogado, que prefiere no saber nada de lo que se va a hablar entre esas cuatro paredes.

Esa conversación, que dura una hora y 17 minutos, es el hito fundamental de una persecución judicial y política contra una diputada electa de Podemos. El encuentro cristaliza una serie de voluntades con el objetivo común de tumbar a Victoria Rosell, que ha dejado de lado su labor como jueza para dar el salto a la política; la conversación supone también el punto de inflexión de la conspiración. Es el intento de ponerla en marcha, pero será fundamental para destaparla: el empresario ha decidido entrar al despacho con un dispositivo de grabación en el que recogerá toda la charla.

El Tribunal Supremo confirmó en noviembre del año pasado que aquel encuentro tenía como objetivo tumbar a la diputada del Congreso Victoria Rosell. El medio utilizado iba a ser la causa que la jueza había investigado contra el empresario, y que ahora estaba en manos de Alba. Este decidió usar la instrucción para desprestigiarla y salvar a Ramírez, a quien se investigaba por no pagar a Hacienda. Un caso de lawfare, guerra jurídica, de libro, que ahora ha quedado plasmado en una sentencia que condena a Alba a más de seis años de cárcel. Ahora la Justicia, después de muchas paralizaciones, ha ordenado su entrada en prisión.

Pero la historia no tiene solo a estos tres protagonistas. Hay uno más cuyo nombre aparece en cada capítulo de esa persecución, que ha acabado después de seis años. Es el entonces ministro José Manuel Soria. Su sombra planea durante todo el caso, aunque ha quedado fuera de cualquier investigación judicial. Lo que sigue es la historia en cinco actos de una conspiración a medio camino entre la política y los tribunales que logró que Rosell tuviera que abandonar la política, a la que solo pudo regresar cuando Alba fue condenado por primera vez.

Capítulo 1: el salto a la política

El inicio de este relato comienza con el punto de partida de ambos protagonistas. Alba había tratado en varias ocasiones de ascender en la judicatura, con poco éxito hasta entonces. Rosell estaba decidida a dar un giro a su carrera y ficha por Podemos, que por entonces trata de levantar una estructura como partido para concurrir a las elecciones generales previstas para diciembre de 2015 tras su irrupción espectacular en las europeas de un año antes.

24 de julio de 2014. Salvador Alba intenta, sin éxito, convertirse en el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. No obtuvo ni un solo voto. Para entonces ya había intentado entrar dos veces en el Consejo General del Poder Judicial: su nombre sonó para ingresar en 2008 y encabezó la lista de candidatos en 2013 con los avales de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria de la carrera y de tendencia conservadora. En ese momento, Alba presidía la APM en Canarias y no obtuvo ni un solo voto en el Senado.

23 de octubre de 2015. Victoria Rosell ficha por Podemos. El partido anuncia que la que fuera portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia iba a encabezar la lista por Las Palmas para las elecciones del 20 de diciembre. Es uno de los grandes fichajes de la formación, que va creciendo a trompicones: Rosell es magistrada, aporta un plus de profesionalidad a una formación fundada por politólogos sin experiencia en la gestión política. Es uno de sus perfiles más relevantes, y los medios la apodarán inmediatamente “la jueza de Podemos”. En las elecciones, Podemos logra la segunda plaza en esa circunscripción con 136.278 votos, a menos de 10.000 papeletas del PP.

3 de noviembre de 2015: Salvador Alba toma posesión en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para relevar a Victoria Rosell, que se encontraba en situación de excedencia voluntaria tras su salto a la política. En este juzgado, Alba asume la instrucción de la causa que atribuía al empresario Miguel Ángel Ramírez delitos contra la Hacienda Pública como administrador de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), y que hasta entonces había investigado Rosell.

El mismo día de su toma de posesión, Alba acuerda la declaración como imputados el 30 de noviembre de Miguel Ángel Ramírez (que ya había declarado anteriormente) y de Héctor de Armas (administrador de SIC).

Es ya desde ese momento cuando Alba comienza a desviar el objeto de la causa: de investigar al entonces presidente de la UD Las Palmas a indagar en el trabajo previo de Rosell, buscando grietas en su instrucción.

Con este fin, Alba pidió a De Armas los libros de contabilidad de cuatro ejercicios, los que van de 2011 a 2014, las operaciones bancarias y los contratos publicitarios de SIC. El abogado de De Armas, Sergio Armario, se mostró sorprendido ante las peticiones de Alba, que no tenían ningún tipo de relación con el objetivo de las diligencias. Entonces, el juez le expresó su interés en “incorporar a la causa documentación de contratos que pudieran vincular a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora [medio asociado a elDiario.es] y pareja de Victoria Rosell, con Ramírez”.

El abogado entiende en ese momento las motivaciones del juez y se pone manos a la obra para propiciar un encuentro entre Ramírez y Alba.

23 de noviembre de 2015. La Fiscalía Provincial abre una “investigación preprocesal” contra la magistrada Victoria Rosell a partir del contrato firmado entre la UD Las Palmas y Clan de Medios, la empresa de Carlos Sosa, que alguien hizo llegar “de manera anónima” al Ministerio Público. La investigación incorpora un informe del juez Alba sobre la instrucción de Rosell.

El contrato que motiva esa apertura de investigación tiene una particularidad: tiene una fecha equivocada y solo existía una copia, que obraba en manos del ministro José Manuel Soria.

El 3 de diciembre, varios medios publican los detalles de la investigación de la Fiscalía. Un día después, Soria se querella contra Rosell por injurias y calumnias. La entonces candidata de Podemos había afirmado que el ministro utilizaba los medios del Estado para atacar a adversarios políticos. Poco tiempo después, el TSJC ordena suspender la investigación de la Fiscalía contra Rosell tras un recurso de la jueza al considerar que podía estar atentándose contra su derecho a presentarse a unas elecciones. La Fiscalía intentó sin éxito acudir al Consejo General del Poder Judicial contra Rosell.

Capítulo 2: La conspiración

La vía judicial contra Rosell no ha prosperado. La querella de Soria contra la candidata de Podemos, que es ya cargo electo en el Congreso de los Diputados, aún no ha sido admitida a trámite. El intento de investigarla por parte de la Fiscalía de Canarias ha quedado en nada.

Es entonces cuando empieza a gestarse la conspiración contra Rosell usando la causa que ella instruía como jueza.

15 de febrero de 2016. Al fracasar la iniciativa de la Fiscalía, el ex ministro Soria transforma su querella por injurias y calumnias contra Rosell en otra a la que sumó los delitos de retraso malicioso, cohecho y prevaricación. En su texto se recogen pasajes íntegros del informe que Alba evacuó en diciembre por encargo de la Fiscalía de Las Palmas.

16 de marzo de 2016. Salvador Alba y Miguel Ángel Ramírez se reúnen en solitario en el despacho del magistrado, sin presencia del abogado del empresario. El encuentro no trasciende hasta meses más tarde. Ramírez graba la conversación porque, dijo tiempo después, le sorprendió y descolocó que el juez le citara en su despacho.

En este encuentro ambos conversaron sobre el interés de Alba en poder acreditar “la quiebra del deber de imparcialidad” de Victoria Rosell como instructora de las diligencias relacionadas con Ramírez, utilizando para ello la posible existencia de relaciones comerciales entre Carlos Sosa y el empresario.

El administrador de SIC se comprometió entonces a entregar a Alba los contratos comerciales existentes entre él y el periodista, aunque no eran objeto de la causa, que versaba sobre el impago de impuestos. A cambio, el juez le ofreció a Ramírez una declaración de nulidad de actuaciones que impidiera acciones de la Agencia Tributaria en su contra.

Durante la conversación, el juez Alba da instrucciones precisas al empresario imputado sobre qué debe decir en su próxima declaración para sostener las acusaciones contra Rosell y tratar de eliminar el rastro de sospecha sobre que ambos estaban poniéndose de acuerdo.

La sombra de José Manuel Soria siempre estuvo ahí. Los hechos probados de la sentencia de la Sala Penal del TSJC establecen que la conspiración de Alba pretendía aumentar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Supremo por el exministro contra Rosell, como así ocurrió.

23 de marzo de 2016: juez e imputado vuelven a verse las caras pero ahora sí en el interior del juzgado con luz, taquígrafos y abogados como testigos. Ramírez sigue el guión pactado con Alba en el encuentro anterior. Durante el interrogatorio de una hora dirigido por el juez, se introducen ya preguntas sobre posibles relaciones comerciales de la empresa Clan de Medios de Comunicación, vinculada a Carlos Sosa, con la empresa Ralons Servicios y Sistemas de Gestión 3000. Incluso el empresario se ofrece a presentar documentación sobre estos vínculos económicos.

28 de marzo de 2016: Soria utiliza varias noticias publicadas en prensa sobre la declaración para su querella ante el Supremo, y la amplía con esas piezas informativas. A pesar de que el contenido de la declaración ya se había publicado en el diario El Mundo, el Juzgado número 8 denegó la solicitud de Rosell de obtener una copia de las palabras del empresario. Unos días después otro diario publica la declaración del empresario.

Capítulo 3: El terremoto político

El 25 de abril de 2016 el Supremo admite a trámite la querella de Soria contra Rosell por hechos delictivos relativos a su actuación jurisdiccional en la causa de Ramírez. La Fiscalía había dicho en marzo que no veía indicios de delito en la actuación de Rosell y se opuso a investigarla.

En el auto de admisión a trámite el Supremo asegura que la investigación deberá dilucidar si las decisiones que adoptó la jueza en una investigación que implicaba al por entonces socio de su pareja “no eran sino el vehículo par la consecución del objetivo de la señora Rosell, que según el querellante, buscaba enriquecer a su pareja”. Rosell ya está formalmente investigada por el Supremo a los pocos meses de las elecciones, el escándalo político se desencadena inmediatamente con gran repercusión en los medios.

27 de abril de 2016: Rosell abandona de Diputación Permanente, el órgano de guardia en el Congreso cuando se disuelven las Cortes, al admitirse a trámite la querella interpuesta por Soria en el Supremo. Con la convocatoria de nuevas elecciones ya fijada, supone la pérdida del escaño inminente cuando se disuelva la cámara baja. El impacto político de la admisión de la querella es doble. Rosell deja la Diputación Permanente y poco después se confirma que no repetirá en las listas de Podemos para las elecciones del 26 de junio, convocadas de manera automática ante la falta de acuerdo para formar Gobierno.

Capítulo 4: la grabación

El objetivo de tumbar a Rosell ya se ha conseguido. El recorrido final de la querella en el Supremo pierde relevancia; la exjueza ha tenido que dejar el cargo electo que consiguió y ha visto truncada su carrera política a los pocos meses de entrar en Podemos. A partir de entonces las bases de la conspiración comienzan a tambalearse.

3 de mayo de 2016. El juzgado número 8 de Las Palmas deja de estar en manos de Salvador Alba. El Boletín Oficial del Estado publica en abril la adjudicación de la plaza a la magistrada Carla Vallejo, actualmente viceconsejera de Justicia del ejecutivo canario. Salvador Alba abandona el juzgado el 3 de mayo de ese año. 

11 de mayo de 2016. Miguel Ángel Ramírez entrega al Juzgado de Instrucción número 8, ya con magistrada Carla Vallejo al frente, el audio con la conversación que había mantenido con Salvador Alba en el despacho del juez. Ese mismo día se publican en elDiario.es. Además de acordar la declaración con el empresario, Alba dedica algunos improperios a Rosell, relata su jugada judicial y dice que el fiscal “se tendrá que joder”.

Una vez fuera del Congreso y de la política, Victoria Rosell solicita su reingreso en la carrera judicial. Un día después la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acuerda su reingreso.

12 de mayo de 2016. El juez Alba se defiende y dice que “en ningún momento se ha efectuado imputación alguna de actividades irregulares a Victoria Rosell”, y niega que conspirase con Ramírez. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece, defiende a Alba y dice que “no hay ningún problema en recibir, como acto de transparencia, a quien se lo solicita. Lo hacen todos los jueces”. Seis días después, la Fiscalía dice que hay delito en la actuación de Alba.

19 de mayo de 2016. La jueza Vallejo también ve delito y eleva una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que abre diligencias penales contra el juez Alba. Al mismo tiempo, el Consejo General del Poder Judicial le abre un expediente que se salda con una propuesta de expulsión que se hará efectiva ahora que la sentencia condenatoria es firme. El 26 de mayo, el TSJC abre diligencias contra el juez. Para defenderse, Alba ficha al abogado del exministro Soria.

4 de octubre de 2016. La Guardia Civil localiza la grabación completa entre el empresario y el juez. Es de más de una hora, pero el empresario solo entregó al juzgado unos 32 minutos. En esa parte de la conversación, ambos aluden al ministro Soria.

Ramírez: ¿Tú crees que a José Manuel le va bien esto para la querella que tiene?

Alba: A ver, la querella que tiene yo creo que prospera sí o sí, como está, pero desde luego esto...

Ramírez: Sí, ya está, admitirla a trámite.

Alba: Sí, por supuesto, pero esto, ya…

2 de diciembre de 2016. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que había asumido la querella de Soria cuando Rosell dejó de ser aforada en el Supremo, la archiva. La jueza no cometió delito alguno, ni de injurias ni durante la instrucción del caso.

Capítulo 5: la caída del juez

El juez Alba no desiste y empieza a intercambiar correos con un exconvicto, que se autoproclama antiguo agente del CESID. Su interlocutor, apodado “La Araña”, le ofrece en marzo de 2017 un “dossier explosivo” para hundir a Victoria Rosell. El juez mostró su interés pero cortó las conversaciones cuando “Araña” le pidió 1.000 euros a cambio, lo que provocó una denuncia por parte del magistrado. Alba ocultó a la Fiscalía los correos que más le comprometían. 

29 de septiembre de 2017. El papel de Alba como uno de los integrantes del tribunal que juzga el ‘caso Faycán’ empieza a ser cuestionado por el escándalo relacionado con Victoria Rosell. Un empresario le recusa por “enemistad” del magistrado con su abogado, relacionado a su vez con Miguel Ángel Ramírez. Alba forma parte del tribunal pero se queda en minoría y no puede evitar que el Partido Popular sea condenado por reformar su sede de Telde con dinero público en 2003.

8 de mayo de 2018. Se cierra la instrucción dirigida por la magistrada del TSJC Margarita Varona, y se decreta la apertura de juicio oral, lo que activó la suspensión del juez Alba, que desde septiembre de ese año no ejerce en la judicatura, aunque sigue cobrando del Ministerio de Justicia un salario sin complementos de acuerdo con el reglamento que rige para jueces y magistrados. El Ministerio Fiscal pide para Alba una condena de 10 años de prisión y 29 de inhabilitación, mientras la acusación particular (Victoria Rosell) y las acusaciones populares (Podemos y Carlos Sosa) elevaban la petición de cárcel hasta los 14 años.

19 de julio de 2018. El Consejo General del Poder Judicial decide suspender de manera cautelar a Salvador Alba después de la apertura de juicio oral contra él. La Comisión Permanente le reprocha incluso que busque acreditar su incapacidad laboral cuando ha estado de viaje en las islas Maldivas.

21 de marzo de 2019. La jueza Rosell anuncia que regresa a la política y que se presentará a las elecciones generales de abril con Unidas Podemos. Encabeza la lista del partido por Las Palmas y obtiene un escaño en unos comicios en los que el partido fue el segundo más votado en la provincia. Conservó su acta en la repetición electoral de noviembre. 

1 de julio de 2019. Comienza el juicio contra Salvador Alba en el Tribunal Superior de Canarias. El empresario Miguel Ángel Ramírez reconoce la reunión con el magistrado y llega a comparar su manera de proceder con la de “la mafia”. Previamente, Alba se había declarado víctima de un “chantaje”. 

02 de julio de 2019. Victoria Rosell afirma en el juicio que Salvador Alba “es como nuestro Villarejo”. 

12 de julio de 2019. El juicio contra Salvador Alba queda visto para sentencia. El todavía magistrado niega haber querido perjudicar a Victoria Rosell y afirma: “Yo nunca he asesorado al señor Soria”. El fiscal Vicente Garrido hace un duro alegato en el que asegura que Alba “usó su poder como juez para satisfacer un interés personal: desprestigiar a Rosell”. 

10 de septiembre de 2019. Tres años después de que se iniciara la conspiración, el TSJC dicta una sentencia que evidencia cómo cada uno de los pasos dados por Salvador Alba componen una maquinación dirigida a acabar con la carrera política de Victoria Rosell que le costará 18 años de inhabilitación y seis años y medio de cárcel. 

3 de noviembre de 2019. En una entrevista en el digital ConfiLegal, donde ha escrito varios artículos, Alba asegura que el juicio contra él “fue, como poco, irregular” y plantea una batería de argumentos que acaban de ser rechazados por el Tribunal Supremo. 

20 de mayo de 2020. El caso empieza a tramitarse ante el Tribunal Supremo y la Fiscalía pide en su escrito que los jueces confirmen su condena. La representante del Ministerio Público defiende, entre otras cosas, que la grabación realizada por el empresario Ramírez es válida y sirve para cimentar su condena junto con el resto de pruebas. Rosell y la acusación popular de Podemos pide aumentar su condena a 10 años de prisión. El juez Pablo Llarena se aparta del caso por su relación profesional pasada con el acusado. 

11 de noviembre de 2021. La sala de lo penal del Supremo celebra una vista pública para estudiar la condena de Salvador Alba. La fiscal Iliana Navia-Osorio pide la confirmación de su condena y es contundente al hablar sobre la grabación de sus conversaciones con el empresario Miguel Ángel Ramírez durante la conspiración contra Rosell: “El contenido de la grabación sonroja”.

25 de noviembre de 2021. Seis años y tres semanas después de sus primeras maniobras conspiratorias, Salvador Alba es condenado en firme. El Tribunal Supremo confirma su condena de más de seis años de prisión, lo que implica que tendrá que cumplir condena entre rejas y que será expulsado de la judicatura. Victoria Rosell recibe la noticia en su despacho donde sigue ejerciendo como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Capítulo 6: el largo camino hasta la cárcel

La sentencia que condena a Salvador Alba es firme y la cantidad de años de cárcel impuesta hace muy poco probable que pueda evitar la prisión, pero el juez consigue dilatar casi un año su entrada en el presidio para cumplir condena. Mientras tanto, además, el Consejo General del Poder Judicial rechaza una y otra vez sus recursos para evitar perder la toga de forma definitiva.

15 de febrero de 2022. Salvador Alba alega que padece una patología que le impide cumplir condena en las islas por falta de un módulo específico de seguridad y por su supuesta incapacidad para viajar en avión. El plazo para su entrada en prisión queda en suspenso.

3 de marzo de 2022. El Consejo General del Poder Judicial expulsa a Salvador Alba de la judicatura después de la declaración de firmeza de su condena. El ya exmagistrado intentó varias veces, sin éxito, que el órgano de gobierno de los jueces reconsiderara la decisión pero sus recursos y alegaciones fueron rechazados en abril y en junio de este año.

5 de abril de 2022. El primer intento contundente de Salvador Alba de evitar la cárcel termina en fracaso. El Tribunal Superior de Canarias rechaza su petición de suspender la ejecución de su condena mientras se tramita la petición de indulto que había presentado su entorno apenas tres semanas antes. Previamente también había solicitado al Tribunal Constitucional la suspensión de su ingreso en la cárcel.

2 de junio de 2022. Salvador Alba ha dedicado varios meses a intentar evitar su entrada en la cárcel alegando problemas de salud. En junio de 2022 llegó el último informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife, homologando lo que antes habían dicho sus compañeros de Las Palmas: las patologías que padece el exmagistrado pueden tratarse en la prisión. Alba llegó incluso a recusar a las forenses que firmaron estos informes desfavorables para sus intereses.

13 de octubre de 2022. La Justicia da un plazo de 24 horas al exjuez corrupto Salvador Alba para entrar en una cárcel de su elección. El plazo para su entrada voluntaria en la cárcel llevaba suspendido desde febrero y su condena firme fue dictada hace ahora 11 meses.

Iberdrola ha empezado a formalizar las primeras reclamaciones para que el Estado le devuelva las liquidaciones del canon hidroeléctrico que implantó el PP en 2015 y que anuló el Tribunal Supremo el pasado abril.

De momento, el grupo ha reclamado hasta septiembre la devolución de 417 millones de euros por los cuatro primeros ejercicios. Iberdrola ha contabilizado ese importe como “efecto extraordinario positivo de la reversión de tributos en España correspondiente a importes pagados en los ejercicios 2013-2016, tras la sentencia del Tribunal Supremo”.

En la documentación remitida este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para presentar sus resultados hasta septiembre, la eléctrica explica que esa devolución ha tenido un efecto contable positivo de 382 millones en su beneficio neto ajustado y de 92 millones en su resultado financiero neto consolidado, por los intereses de demora acumulados.

Esa devolución ha contribuido a disparar un 70,9% el beneficio bruto operativo (Ebitda) del negocio de Renovables de Iberdrola, que aglutina sus centrales hidroeléctricas.

En los nueve primeros meses de este año, estas plantas han aumentado su producción en España un 30,9%, en vísperas de que el Gobierno aprobase en septiembre el mecanismo para minorar los beneficios extraordinarios que reciben las centrales nucleares e hidroeléctricas por la subida del gas, matizado por el Ejecutivo con un nuevo decreto-ley aprobado el martes y celebrado este miércoles por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Como líder nacional de hidroeléctrica, para la que el Gobierno también ha planteado un recorte por la subida del CO2 que PP, Vox y PNV están intentando torpedear en el Congreso, la multinacional vasca es la empresa más beneficiada por la anulación del canon, muy por delante de Endesa, Acciona y Naturgy. Es también la primera que desvela que ha empezado a reclamar al Estado que se lo devuelva. De momento, por los cuatro primeros ejercicios.

Permiso expreso

El canon por utilización de aguas continentales grava con un 25,5% la facturación por la producción de las centrales con una potencia de al menos 50 MW. Lo puso en marcha el entonces ministro de Industria del PP, José Manuel Soria, para atajar (según se anunció en su momento) el llamado déficit de tarifa, la diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico, aunque este no recibe lo que recauda, que va a parar al Tesoro Público.

Cuando trascendió la sentencia del Supremo, se cifró la devolución en unos 500 millones, pero la cifra final será muy superior. Y es que el Alto Tribunal no anuló el canon como tal, pero sí su carácter retroactivo (los ejercicios 2013 y 2014), y además decretó que las Confederaciones Hidrográficas (encargadas de recaudarlo) no pueden reclamárselo a aquellas concesiones cuyos titulares no dieran su visto bueno expreso porque el Reglamento de Dominio Público Hidráulico señala que una concesión puede modificarse solo “si el peticionario aceptase las condiciones propuestas”, cosa que no ocurrió.

Las eléctricas trataron de tumbar el canon en el Tribunal de Justicia de la UE, que avaló su naturaleza de impuesto medioambiental. Pero el tribunal europeo no entró en si contravenía o no otra normativa española, como finalmente ha reconocido el Supremo. El Alto Tribunal estimó un recurso de Unesa, la patronal rebautizada hace unos años como Aelec, y que desde hace más de 20 años tiene como secretario general al abogado del Estado en excedencia Pascual Sala Atienza, hijo del jurista Pascual Sala Sánchez, ex presidente del Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

Se desconoce la cuantía definitiva que, como consecuencia de esa “ocurrencia” del PP, en expresión de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, tendrá que devolver finalmente la Administración a las eléctricas. A finales de agosto, y para justificar su negativa a intervenir el mercado eléctrico (acabó haciéndolo unas semanas después, ante la espiral de subidas del mercado mayorista), la vicepresidenta tercera cifró el importe en “más de 1.400 millones”.

Días después, un documento distribuido por Moncloa elevaba la cuantía a más de 1.500 millones, y posteriormente el departamento de Ribera cifró lo recaudado desde la puesta en marcha del canon en 2014 hasta el cierre de 2020 en más de 1.624 millones, cifra que supera el agujero del famoso almacén de gas Castor, y que no incluye los intereses de demora ni lo cobrado este 2021 de precios récord de la electricidad.

Las devoluciones, explican fuentes del sector, deben reclamarse central por central, por lo que se espera una cascada de reclamaciones en los próximos meses.

Como explicaban en un reciente artículo en El Periódico de la Energía Lourdes Martínez y Laura Pla, del despacho Cuatrecasas, la sentencia del Supremo “abre la puerta a la obtención de la devolución a los concesionarios cuyas concesiones no hayan sido revisadas y adaptadas para prever el canon hidráulico”.

“En el caso del canon de 2015 y 2016, esta posibilidad está abierta solo para aquellos procedimientos de devolución instados antes de prescribir sendos ejercicios. En el caso del canon de 2017 a 2020, podrá instarse un procedimiento de devolución de ingresos indebidos para obtener su reembolso”, añaden.

El Gobierno aireó las verdaderas consecuencias de esta sentencia en plena escalada de tensión con las eléctricas por la subida de la luz y el vaciado de embalses en agosto por parte de empresas como Iberdrola. Esa tensión iría en aumento tras el recorte aprobado en septiembre para intentar contener los precios récord del mercado mayorista.

La decisión de dejar los contratos bilaterales a largo plazo fuera del mecanismo de minoración que puso en marcha el Ejecutivo para intentar garantizar precios “razonables” a la industria ante esta crisis energética ha satisfecho a las eléctricas. En la misma línea que Galán, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, consideraba este miércoles que las medidas aprobadas el martes por el Consejo de Ministros introducen “racionalidad”.

Ni 500 millones de euros, como se pensó inicialmente, ni los más de 1.400 millones que apuntó la semana pasada la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Las arcas públicas van a sufrir un agujero mayor por la anulación por parte del Tribunal Supremo del denominado canon hidroeléctrico que creó el Gobierno de Mariano Rajoy: de al menos, 1.624 millones, según la última estimación del Ministerio para la Transición Ecológica. El agujero es superior al rescate del fallido almacén de gas Castor.

Esa cifra es provisional, porque aún hay litigios abiertos y ejercicios no prescritos, según fuentes del Ministerio. Es la cantidad bruta que en principio deberá devolver el Tesoro Público a las eléctricas por lo liquidado por este canon entre 2013 y 2020, tras la sentencia del Supremo que en abril anuló varias disposiciones de un decreto del PP con el que se puso en marcha en 2015. Pero la cifra no está cerrada. Ese importe no tiene en cuenta los costes en los que han incurrido las diferentes confederaciones hidrográficas por la liquidación del gravamen, ni los intereses acumulados; ni lo recaudado este año. 

En cuanto a lo recaudado este año, la cantidad es importante, como consecuencia de los precios récord de la electricidad en este 2021. Solo en el caso de la Confederación del Miño-Sil, “en el ejercicio 2021 los ingresos por este canon ascienden a 47.399.925,59 euros”, apunta en sus cuentas de 2020, formuladas a mediados de año. Esta entidad es el segundo organismo de cuenca que más recauda por el canon (25,6% del total), solo por detrás de la Confederación del Duero (33,2%), donde están las grandes presas de Iberdrola, líder nacional en energía hidroeléctrica.

Esos más de 1.600 millones superan con mucho los 1.350 millones del rescate al Castor, cargado en la factura del gas con un Real Decreto-Ley aprobado, como el canon hidroeléctrico, por José Manuel Soria como ministro de Industria. Ese decreto lo anuló el Tribunal Constitucional y a finales de 2020, el Tribunal Supremo obligó al Gobierno a devolver a la banca acreedora (Caixabank y Santander) el dinero que habían adelantado esas entidades para compensar a ACS, promotora del almacén. Esto obligó al Ejecutivo a endeudar al Estado para hacer frente a esa compensación.

En los últimos días, varios miembros de la parte socialista del Gobierno han puesto el fiasco del canon hidroeléctrico como ejemplo de los riesgos de afrontar la actual crisis de precios de la luz a golpe de decreto, como ha pedido Unidas Podemos. “Cuando uno se empeña en tomar medidas en contra de la ley, se puede encontrar con lo que no busca y eso genera un enorme impacto en la economía, en la confianza de los inversores y, por supuesto, en la factura que pagan los consumidores”, dijo Ribera en su última comparecencia parlamentaria.

Por su parte, el director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), Joan Groizard, nombrado por Ribera, advertía también hace unos días de cómo “dar patada hacia delante” por la vía del decreto para solucionar un problema puede deparar luego “sorpresas”.

“Cuando alguien plantea soluciones sencillas, lo que hace es agravar el problema”, afirmó por su parte el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en alusión a una devolución que, recordó, equivale a más de un 1% del PIB. El importe supera el gasto extra en pensiones por cada punto de subida de la inflación, que ha escalado por el alza de la luz hasta su máximo en casi una década.

El canon por utilización de aguas continentales grava con un 25,5% la facturación por la producción de las centrales con una potencia de al menos 50 MW. Lo puso en marcha el ministro Soria para atajar (según se anunció en su momento) el llamado déficit de tarifa, la diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico. Pero el gravamen acabaría anulado por el Tribunal Supremo en una sentencia dictada el 15 de abril. 

Aunque en un primer momento se interpretó que la decisión solo afectaría a los dos primeros ejercicios en los que se empezó a cobrar el canon, 2013 y 2014, al tener carácter retroactivo, la interpretación del Gobierno es que la sentencia obliga a devolver todo lo cobrado porque el Ejecutivo del PP olvidó modificar el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que señala que una concesión puede modificarse solo “si el peticionario aceptase las condiciones propuestas”, cosa que no ocurrió.

“Legado envenenado”

A esos 1.624 millones, que corresponden al periodo 2013-2020, habría que sumar los intereses generados y lo cobrado este 2021. Además, los organismos de Cuenca ya se han gastado, como mínimo, el 2% de lo recaudado en la propia gestión ordinaria del tributo “y deben ser compensadas por ello”, según el Ministerio, que ha calificado esta situación de “legado envenenado”.

El canon está vinculado a la producción hidroeléctrica de cada central. Esta fuente de generación, que utiliza un bien público, ha estado en el centro de la polémica por su papel en el mercado mayorista de electricidad: ha sido la gran dominadora en agosto, el mes más caro de la historia hasta que ha llegado septiembre, aprovechando los altos precios del gas y del carbono, a los que no hace frente. El Gobierno ha planteado recortar los ingresos extra de estas plantas y las nucleares por el encarecimiento del CO2. El proyecto de ley, muy contestado por las empresas, invita a las compañías a renunciar a sus concesiones si creen que el recorte no va a hacer rentables las presas.

En las últimas semanas el Ministerio ha abierto expedientes informativos por el “escandaloso” vaciado de varios pantanos, en expresión de Ribera, que va a regular “inmediatamente” para poner coto al desembalse de estas infraestructuras, en el marco del paquete de medidas que prepara el Ejecutivo para tratar de hacer frente a la escalada del mercado mayorista de electricidad. Ribera también ha puesto sobre la mesa que una empresa pública gestione las concesiones hidroeléctricas que caduquen.

Algunas eléctricas ya han reclamado que se les devuelva parte del dinero del canon. Es el caso de Endesa. El pasado 21 de mayo solicitó “la devolución las liquidaciones de los ejercicios 2013 y 2014, correspondientes al canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, ascendiendo su importe a 3.355.839,79€”, explica la Confederación del Guadiana en sus cuentas de 2020. Ninguna de estas empresas ha incluido en sus cuentas semestrales alusiones a que la sentencia del Supremo obligue a devolver todo lo recaudado.

Las eléctricas trataron de tumbar el canon en el Tribunal de Justicia de la UE, que avaló su naturaleza de impuesto medioambiental. Pero el tribunal europeo no entró en si contravenía o no otra normativa española. Ahora resulta que no se podía aplicar si las compañías eléctricas no se avenían a aceptar el cambio en las concesiones, según determinó el Supremo al estimar el recurso de Unesa. La patronal, rebautizada hace unos años como Aelec, tiene como secretario general a Pascual Sala Atienza, hijo del jurista Pascual Sala Sánchez, ex presidente del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

El Tesoro Público va a tener que devolver más de 1.400 millones de euros a las compañías eléctricas por un decreto aprobado por el Gobierno del PP en 2015 que ha anulado recientemente el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha tumbado el denominado 'canon hidráulico' que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con José Manuel Soria como ministro de Industria, implantó para gravar el uso de aguas para la producción de energía eléctrica y atajar (según anunció en su momento) el llamado déficit de tarifa, la diferencia entre los ingresos y los costes regulados del sistema eléctrico.

Esa estimación de 1.400 millones la dejó caer el lunes en el Congreso la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la comparecencia en la que dio cuenta de la escalada del recibo de la luz y rechazó intervenir los precios de la electricidad por ser contrario, dijo, a la normativa europea, lo que ha propiciado un nuevo choque entre el PSOE y sus socios de Unidas Podemos.

Ribera subrayó que “ocurrencias” como ese decreto del PP ahora anulado por el Supremo pueden tener un coste multimillonario para los consumidores (como pasó con los arbitrajes por los recortes a las renovables) o para las arcas públicas, como en este caso.

La cifra de 1.400 millones, que prácticamente triplica las previsiones iniciales, es una estimación provisional, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Y es un importante boquete para las cuentas públicas. Equivale al desembolso adicional en pensiones que, según Funcas, debe realizar el Estado por cada punto de subida del IPC. En agosto, la inflación se ha disparado a la mayor tasa en casi una década, precisamente, por la escalada de la luz. Este miércoles el mercado mayorista de electricidad va a batir su tercer máximo histórico consecutivo por la subida de la cotización del gas natural y la cotización récord de los derechos de emisión.

Esa millonaria devolución para las eléctricas tiene su origen en una sentencia del pasado 15 de abril, cuando la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo estimó en parte el recurso presentado por la patronal de la industria eléctrica Unesa contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se reguló el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias.

Esta sentencia dictó la nulidad de la disposición transitoria segunda del citado decreto de 2015, que establecía el carácter retroactivo de los pagos de los ejercicios 2013 y 2014. Cuando trascendió la resolución, se interpretó que la devolución se limitaría a esos dos ejercicios, lo que supondría reintegrar a las eléctricas unos 500 millones de euros. Pero en realidad la cifra a devolver es muy superior y las empresas van a recuperar todo lo recaudado hasta ahora fundamentalmente a Iberdrola (líder destacado en la hidroeléctrica nacional), Endesa, Naturgy y Acciona. Esos fondos no van a parar al sistema eléctrico, sino al Tesoro Público, que ahora deberá articular la correspondiente partida presupuestaria para devolvérselo a las empresas, explican fuentes del Ministerio.

La sentencia del Supremo que estimó en parte del recurso de Unesa no solo tumbó la retroactividad del canon para los ejercicios 2013 y 2014. También la disposición adicional primera del decreto, relativa a la “revisión de concesiones”, que argumentaban las eléctricas en su demanda, implicaba “una infracción del principio de jerarquía normativa por extralimitación reglamentaria”, según se lee en la sentencia.

Esa revisión se dejaba al albur de lo fijado en la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, también aprobada por el Gobierno de Rajoy, y que establecía que las concesiones “deberán ser adaptadas a la nueva regulación” de conformidad con la Ley de Aguas y con el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Visto bueno del titular

El problema, explican fuentes del sector, es que este último reglamento dice en su artículo 116 que una concesión solo puede modificarse “si el peticionario aceptase las condiciones propuestas”. Es decir, el concesionario tiene que dar su visto bueno al cambio y la Administración, de oficio, no puede revisar la concesión si el concesionario no lo acepta. Las Confederaciones Hidrográficas no han revisado las concesiones y se han limitado a cobrar el canon que ahora ha anulado el Supremo. Del total ingresado, el 98% va a parar al Tesoro Público y el restante 2%, a los propios organismos de cuenca.

A esos 1.400 millones, que corresponden al periodo 2013-2020, habría que sumar los correspondientes intereses generados en este período de tiempo y, en su caso, lo cobrado este 2021. Además, hay que tener en cuenta que los organismos de Cuenca ya se han gastado, como mínimo, ese 2%, en la propia gestión ordinaria del tributo “y deben ser compensadas por ello”, apunta el Ministerio, que califica esta situación de “legado envenenado”.

Las confederaciones, reconoce Transición Ecológica, “no han revisado las numerosas concesiones para aprovechamiento hidroeléctrico que se han otorgado en las distintas cuencas por la dificultad de tramitar estos procedimientos, por la paradoja de que las condiciones de la concesión han de ser aceptadas por el concesionario, aceptación que no parece propia de un tributo cuyo presupuesto es la realización del hecho imponible”.

El canon está vinculado a la producción hidroeléctrica de cada central. Esta fuente de generación, que utiliza un bien público, está en el centro de la polémica por su papel en el mercado mayorista de electricidad (ha sido la gran dominadora en agosto, por ahora el mes más caro de la historia), aprovechando los altos precios del gas y del carbono, a los que no hace frente, aunque el Gobierno ha planteado recortar sus ingresos y los de las nucleares por el encarecimiento del CO2.

En las últimas semanas el Ministerio ha abierto expedientes informativos por el “escandaloso” vaciado de varios pantanos, en expresión de Ribera, que el lunes anunció una reforma legal para regular el desembalse de estas infraestructuras. También se ha puesto sobre la mesa que una empresa pública gestione las concesiones hidroeléctricas que caduquen.

Advertencias de las confederaciones

Las propias confederaciones ya venían advirtiendo en las cuentas anuales que próximamente se publicarán en el BOE de que van a tener que devolver ese dinero. Así lo reconoce la del Duero, la que más recauda por ese canon. En sus últimas cuentas señala que “presumiblemente se ha de devolver el importe de lo ingresado” en el periodo 2013-2020, que cifra en más de 485 millones.

Otro tanto apunta la del Miño-Sil (CHMS): “Podría llegar acordarse la devolución de los ingresos percibidos entre los años 2015 y 2020 en concepto de canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica”, advierte. “Se podría acordar que la devolución de la totalidad de los ingresos se realizase por la CHMS, previa transferencia de los fondos ingresados en el Tesoro. Por ello, nos encontramos ante un pasivo contingente equivalente a la cantidad ingresada en el Tesoro (362.069.793,05 €), y un activo contingente por idéntico importe”, añade la entidad, que indica que “en el ejercicio 2021 los ingresos por este canon ascienden a 47.399.925,59 euros”.

Algunas eléctricas ya han reclamado que se les devuelva parte del dinero. Es el caso de Endesa, que el pasado 21 de mayo “ha solicitado la devolución las liquidaciones de los ejercicios 2013 y 2014, correspondientes al canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, ascendiendo su importe a 3.355.839,79€”, explica la Confederación del Guadiana en sus cuentas de 2020.

Las eléctricas trataron de tumbar el canon en el Tribunal de Justicia de la UE, que avaló su naturaleza de impuesto medioambiental. Pero el tribunal europeo no entró en si contravenía o no otra normativa española. Ahora resulta que no se podía aplicar si las compañías eléctricas no se avenían a aceptar el cambio en las concesiones. Así lo ha determinado el Supremo al estimar el recurso de Unesa. La patronal, rebautizada hace unos años como Aelec, tiene como secretario general a Pascual Sala Atienza, hijo del jurista Pascual Sala Sánchez, ex presidente del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

El Ayuntamiento de Santa Lucía (Gran Canaria) investiga si el jefe de prensa del exministro José Manuel Soria presentó un presupuesto firmado por su propio hijo y otro por un empleado del Partido Popular para cumplir el trámite de tres ofertas de las que la suya resultase ganadora y obtener así un contrato menor de más de 15.000 euros. La interventora municipal, que este viernes activó el procedimiento para anular ese contrato con Juan Santana y reclamarle la devolución de las cantidades cobradas, ha pedido a los responsables políticos de la Corporación que pongan los hechos en conocimiento de la justicia por si de ellos pudieran derivarse responsabilidades penales.

El expediente para la contratación de Juan Santana como asesor de comunicación de la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Santa Lucía incluye las preceptivas tres ofertas económicas para cumplimentar el contrato menor que, por importe de 15.890 euros (IGIC incluido), se suscribió con él en septiembre pasado.

La oferta de Santana fue la más económica con diferencia frente a la que presentaron sus supuestos dos competidores, cuyos nombres y ocupaciones han llamado la atención de las autoridades municipales de Santa Lucía.

Con una oferta de 17.500 euros, muy por encima del tope legal establecido (15.000 euros más 7% de IGIC), aparece el nombre de Luis Ignacio Mollá Moltó, que es secretario ejecutivo, empleado del Partido Popular de Canarias y hasta 2017 subordinado de Juan Santana. Mollá Moltó es el responsable de redes sociales de esa formación política y tampoco es periodista. Curiosamente su oferta se presentó sin incluir su número de carné de identidad y fue aceptada como válida.

La otra oferta aparece firmada por Miguel Ángel Santana Bautista, cuya filiación coincide con la de uno de los cinco hijos de Juan Santana. En sus redes sociales, Santana Bautista se presenta como empleado de una importante cadena nacional de supermercados. Tampoco es periodista. Su oferta fue también desproporcionada, de 18.500 euros, lo que, al igual que la de Mollá Moltó, debía ser rechazada de plano por superar con creces el límite legal para contratos menores.

Con estas dos ofertas, Santana cumplía con los trámites necesarios para que la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía pudiera hacerle el contrato para la prestación del “servicio de comunicación, plan de medios y difusión de actividades” por el que ya ha cobrado 6.800 euros netos, que en base al expediente de nulidad activado este viernes, tendrá que reintegrar al ayuntamiento.

Como es habitual, Juan Santana ha declinado contestar las preguntas formuladas por este periódico.

El ex secretario de Estado de Telecomunicaciones Víctor Calvo-Sotelo ha declarado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que en relación con las subvenciones y ayudas millonarias adjudicadas desde el Ministerio de Industria al Grupo Zed siempre actuó conforme a los informes de los servicios técnicos.

Calvo-Sotelo, quien ha comparecido ante el magistrado en calidad de investigado durante aproximadamente una hora y cuarto, ha respondido a las preguntas del fiscal anticorrupción José Grinda sobre supuestas adjudicaciones fraudulentas entre 2012 y 2016 al grupo del que era consejero delegado Javier Pérez-Dolset.

Según fuentes jurídicas, el ex secretario de Estado de Telecomunicaciones en la época en la que era ministro el popular José Manuel Soria ha sido preguntado por dos secuencias de correos electrónicos. La primera de ellas, de 27 de agosto de 2012, en la que la entonces directora de gabinete del ministro de Industria se dirige a Calvo-Sotelo para pedirle que, dado que Soria se iba a reunir con el Grupo Zed, le facilitara información sobre determinados expedientes relacionados con el estado de ayudas o subvenciones públicas.

Calvo-Sotelo ha asegurado a preguntas de su letrado que remitió el archivo con dichos expedientes y que se desentendió del asunto, aunque ha añadido que participó en las adjudicaciones siempre “conforme a los informes técnicos”.

Un correo desde una cuenta de gmail un viernes por la noche

La segunda secuencia de correos electrónicos es del 27 de octubre de 2014, un viernes por la noche, y arranca con un mail del propio ministro Soria desde una cuenta de correo personal y ajena a la que le proporcionan desde el ministerio.

Soria le señala que le ha llegado un documento con una propuesta provisional del Grupo Zed en la que se dice que el proyecto denominado Ariadna “ha sido negativo”, es decir que era desfavorable para recibir ayudas. Tras esto, Calvo-Sotelo le traslada la preocupación del ministro al director de su gabinete Juan Corro y ambos deciden hablar con quien fuera subdirector general de Fomento de la Sociedad de la Información y vocal asesor de la Secretaría de Estado Antonio Alcolea.

Alcolea les confirma que efectivamente se ha producido una inspección al Grupo Zed para analizar y hacer seguimiento de las subvenciones y que el resultado ha sido desfavorable. Esta inspección de 2014 se enmarca dentro de una nueva política de seguimiento de las ayudas más pormenorizado con un seguimiento in situ por medio de empresas contratadas a tal efecto. El seguimiento se habría intensificado por exigencia de la Unión Europea, que pide que no se hagan solo muestreos sino que se vaya presencialmente a la empresa que recibe ayudas.

En esa comunicación vía mail, Calvo-Sotelo traslada a Soria el resultado de su indagación y que el asunto era “imposible rescatarlo” por lo que recomendaba que en el futuro desde Zed se debería presentar “un proyecto más serio”. Se da la circunstancia de que el que fuera secretario de Estado ha reconocido a preguntas del fiscal que el ministro Soria no preguntó por ninguna otra empresa que concurriera a subvenciones.

Este miércoles no ha comparecido finalmente por videoconferencia la que fuera subdirectora General de Fomento de la Sociedad de la Información María Ángeles Barragán por problemas técnicos.

Pero quien sí lo ha hecho en calidad de testigo ha sido José Ángel Alonso, quien trabajó tanto para Barragán como para Antonio Alcolea. En su breve comparecencia ha indicado que los criterios para otorgar ayudas se fueron haciendo poco a poco más restrictivos, y que él que envió un correo electrónico a Barragán en el que le transmitía el estado de expedientes relativos a Zed. Si bien algunos de estos eran desfavorables, finalmente acabaron siendo favorables excepto uno que quedó pendiente de valorar.

“Subvenciones fraudulentas”

Tal y como figura en el auto de imputación, Anticorrupción entiende que “pudo haber manipulaciones económicas realizadas por el investigado Pérez-Dolset y su círculo familiar para la obtención de subvenciones por parte del Ministerio de Industria de forma fraudulenta, manipulando los requisitos necesarios para su obtención”.

“Pudo haber una suerte de connivencia por parte de algunos responsables de la Administración con facultad de resolver sobre la concesión de estas subvenciones, que pudieron haber acordado otorgarlas a pesar de su carácter aparentemente fraudulento”, explica el fiscal, que advierte de que Pérez-Dolset “se podría haber valido de un sistema de influencias encaminadas a remover los obstáculos que las administraciones pudieran poner a la concesión de las ayudas”.

La operación Hanta, en la que resultó detenido Pérez-Dolset, tuvo lugar a finales de junio de 2017 por la presunta comisión de delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude de subvenciones y tráfico de influencias por valerse de más de una decena de sociedades para captar entre 2011 y 2016 un total 69.369.876 euros de fondos públicos.

Según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el exCEO de Zed se habría embolsado parte de ese dinero a espaldas de los pequeños accionistas de la compañía, que habrían así resultado perjudicados, por contratos sin contenido alguno.

La Audiencia Nacional ha imputado a Víctor Calvo Sotelo, secretario de Estado de Telecomunicaciones durante la etapa de José Manuel Soria (Partido Popular) al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2011-2016), por un supuesto fraude en la concesión de subvenciones millonarias al grupo tecnológico Zed. El magistrado Manuel García Castellón ha citado al exalto cargo como investigado para el próximo 26 de febrero, según informa en su edición de este lunes el periódico El Mundo.

La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional sitúa a Calvo Sotelo como la persona con una relación “más directa” en la adjudicación de las ayudas de esta presunta trama urdida por el dueño del grupo ZED, Javier Pérez Dolset, para influir en miembros de la administración pública y obtener contratos de forma ilícita, en ocasiones inflados o vacíos de contenido. Para los investigadores, Soria era un “actor relevante” en esta trama y uno de los responsables de que la tecnológica se llevara, entre 2011 y 2015, más de 48 millones de euros.

El informe de la brigada Anticorrupción contiene mensajes de correo intercambiados entre Soria y altos cargos. “Se ha comprobado que al menos en dos ocasiones el exministro José Manuel Soria solicitó información a sus subordinados sobre ayudas al grupo Zed, una de ellas derivada de una nota facilitada en La Razón y la otra debido a la remisión de una nota redactada por el grupo Zed”, precisa el escrito, que además recalca que el exministro utilizaba su cuenta personal de correo para comunicarse con sus cargos de confianza sobre estas subvenciones, lo que ha impedido a los investigadores tener acceso a todos los mensajes.

La información publicada por el diario El Mundo, que está firmada por la periodista Ángela Martialay, que ya publicó sobre esta causa, la denominada Operación Hanta, cuando trabajaba en el diario El Independiente, explica que “Calvo Sotelo mostró interés por la aprobación de un proyecto llamado Ariadna a raíz de la solicitud efectuada por Soria, que mantuvo una estrecha relación con esta compañía, que se hizo famosa por la creación del videojuego Comando”.

La Fiscalía Anticorrupción cifra el perjuicio patrimonial por el presunto fraude de subvenciones de Zed, grupo que terminó en concurso de acreedores. Según sus pesquisas, este daño “se proyectó directamente sobre los accionistas de la compañía, las entidades de crédito que aportaron financiación a la misma y los organismos públicos que le concedieron subvenciones”. El Ministerio Público señala que algunos miembros de la trama ocultaron fondos de la empresa, valorada en 1.000 millones de euros, en sociedades opacas radicadas en Panamá.

En la Operación Hanta se investiga la comisión de los delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude de subvenciones, falsedad documental, tráfico de influencias, amenazas y coacciones.

El juez instructor no ha citado, de momento, a José Manuel Soria, que abandonó su carrera política en abril de 2016 después de que su nombre apareciera en los papeles de Panamá vinculado a empresas radicadas en paraísos fiscales. El exministro se dedica ahora al asesoramiento y la consultoría para la expansión internacional de empresas, entre ellas algunas vinculadas a sectores sobre los que reguló. Para estos negocios privados, Soria ha aprovechado la red exterior del Gobierno e, incluso, utilizó el correo oficial del Ministerio de Industria un año después de su dimisión.  

Un año después de dimitir por su implicación en los papeles de Panamá, José Manuel Soria accedió a su cuenta de correo corporativo en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la utilizó para enviar un mensaje al consejero económico y comercial de España en Oriente Medio, Erik Rovina, con el objetivo de buscar su apoyo para favorecer la implantación en la zona del grupo Hotusa, un consorcio hotelero al que comenzó a asesorar y representar formalmente en febrero de 2017 a través de la consultora que montó a los pocos meses de abandonar el cargo, Sorben Partners, con la que facturó más de 420.000 euros en el año 2018.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, Soria remitió ese correo desde una cuenta a su nombre en el dominio minetur, acrónimo de Ministerio de Turismo, en torno a las 21.00 horas del miércoles 5 de abril de 2017. El mensaje que contenía era similar al que había enviado en fechas cercanas a otros embajadores comerciales de España desde el correo de su empresa consultora. En él pedía el “inestimable apoyo y ayuda” del consejero para organizar una agenda de trabajo en los Emiratos Árabes para favorecer la penetración del grupo hotelero en la zona y el contacto con inversores locales.

Soria dimitió el 15 de abril de 2016 tras una convulsa semana en el que su nombre apareció ligado a empresas radicadas en paraísos fiscales. Las informaciones periodísticas sobre los papeles de Panamá precipitaron su adiós y el abandono de la actividad política que había iniciado hacia más de veinte años en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Se ponía fin así a una trayectoria marcada por su absoluto liderazgo en el PP canario, su permanencia en el poder (solo estuvo en la oposición unos meses tras la ruptura del pacto de Gobierno con Coalición Canaria en 2010) y las denuncias por corrupción, tanto hacia su persona como a otros miembros del partido que presidía, desde los casos La Favorita, Chalet o Salmón, hasta Faycán o Eolo.

Fuentes del Ministerio consultadas por este periódico señalan que, tras esa renuncia, la cuenta de correo del extitular de Industria fue dada de alta en dos ocasiones por “orden verbal” de su gabinete. La primera de ellas el 26 de abril, once días después de la dimisión y al día siguiente de que se diera de baja una vez finalizado el periodo de cortesía otorgado a los miembros del Gobierno cuando abandonan el cargo para cerrar el correo corporativo.

Esa primera alta solo duró dos días, hasta el 28 de abril. Las mismas fuentes informan de que un mes y medio después, concretamente el 8 de junio, se registró un intento de entrada en la cuenta de Soria, aunque no se utilizó una cuenta que volvió a estar operativa el 13 de julio, de nuevo por orden verbal del gabinete del exministro, cuyas funciones habían sido asumidas por su “buen amigo” Luis De Guindos, compañero de promoción en las oposiciones a técnico comercial del Estado en 1984 y entonces titular de la cartera de Economía y Competitividad.

En el historial vinculado al correo corporativo del ministro Soria también consta una petición de su secretaria, registrada el 28 de octubre de 2016 en la base de datos del Centro de Atención de Usuarios, para eliminar el reenvío automático de mensajes desde este dominio a la cuenta personal del dirigente popular, solicitud que se ejecuta de inmediato.

En ese momento no quedó registrado si la cuenta seguía operativa o si se dio de baja de forma simultánea con la baja del reenvío, pero meses después, en abril de 2017, ya con nuevo ministro de Industria, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, se produce el mencionado envío del mensaje de Soria al consejero económico y comercial de España en los Emiratos Árabes.

La cuenta se cierra finalmente el 26 de octubre de 2017, un año y medio después de la dimisión de Soria, y se borran todos los datos y mensajes relacionados con el exministro también por orden verbal del gabinete del entonces titular de la cartera, Nadal, que había accedido al cargo en noviembre del año anterior. El expresidente del PP canario no ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico sobre la utilización de ese correo corporativo del Gobierno.

Tan solo diez meses después de presentar su dimisión como ministro de Industria, Energía y Turismo y como presidente del Partido Popular en Canarias por su aparición en los denominados papeles de Panamá, José Manuel Soria comenzó a defender los intereses de un importante grupo hotelero y de una empresa industrial, sectores sobre los que había regulado en su etapa en el Gobierno de Mariano Rajoy, a través de Sorben Partners, la consultora que abrió apenas dos meses después de ver frustrado su fichaje como director ejecutivo del Banco Mundial por las presiones en su propio partido.

Soria asesoró a estas empresas privadas en sus objetivos de internacionalización y, para ello, no dudó en aprovechar la red de altos cargos dependientes del Gobierno del que formó parte entre el 22 de diciembre de 2011 y el 15 de abril de 2016, el día en el que presentó su renuncia cercado por las informaciones periodísticas sobre sus participaciones en sociedades offshore y por sus propias contradicciones a la hora de explicar estas actividades.

El expresidente del PP canario inició en febrero de 2017, nada más obtener la autorización preceptiva de la Oficina de Conflictos para ejercer la actividad privada, gestiones directas ante los consejeros económicos y comerciales de España en el exterior en representación de La Granja Insulators (posteriormente denominada Verescence), una empresa dedicada la fabricación de aisladores de vidrio que se utilizan en las líneas de transporte y distribución de electricidad, y de la compañía Hotusa, en la que se integran más de 170 hoteles de las cadenas Eurostars y Exe. Al presidente de este grupo empresarial había otorgado Soria en abril de 2014, siendo ministro, la Medalla al Mérito Turístico de Internacionalización por su labor en favor “del desarrollo del turismo y la empresa española más allá de nuestras fronteras”.

Según documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el fundador de Sorben Partners envió entre febrero de 2017 y noviembre de 2018 correos electrónicos a los máximos responsables de las embajadas comerciales de España solicitando su apoyo para la implantación de Hotusa en diversos países y para buscar potenciales clientes para la empresa industrial en el continente africano y, más en concreto, en Tanzania y Kenia.

Soria no solo se valió de la autoridad que le confería su condición de exministro sobre unos altos cargos que, si bien no estuvieron bajo su estricta responsabilidad (el Instituto de Comercio Exterior –ICEX– estaba adscrito entonces al Ministerio de Economía y Competitividad que lideraba Luis de Guindos), sí que coincidieron con él en las visitas oficiales que realizó durante sus algo más de cuatro años en el cargo. También se apoyó en la relación cercana, incluso de amistad, que le une a varios de ellos. Al igual que el exministro y que el propio De Guindos, todos los consejeros del ICEX son técnicos comerciales y economistas del Estado. Algunos, de su misma promoción, la de 1984, la que fusionó los dos cuerpos de élite, los ahora denominados tecos.

Hoteles en Oriente Medio

Quien fuera líder de los populares canarios durante 17 años (de 1999 a 2016), además de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria (1995-2003), presidente del Cabildo de Gran Canaria (2003-2007) y vicepresidente del Gobierno de Canarias (2007-2010), recurrió a los embajadores comerciales en Omán, Turquía y Qatar para tratar de introducir el grupo hotelero Hotusa en esos países. En esos correos, el exministro repite el mismo patrón. Informa a sus receptores de que ha puesto fin a sus más de veinte años de actividad política para iniciar una nueva etapa en el sector privado, les describe la estructura de la compañía turística con sede en Barcelona y sus planes de expansión internacional y solicita su “inestimable apoyo y ayuda” para organizar una agenda de trabajo que incluya reuniones con los operadores económicos e inversores del país.

En esas comunicaciones, Soria alude a su experiencia como ministro. “No tenemos ningún hotel en Asia, donde observamos con interés la coyuntura y evolución económica de algunos países, entre ellos el Sultanato de Omán que, recordarás, tuve la ocasión de visitar como ministro acompañado a SM el rey Juan Carlos en 2015”, escribe al consejero de esa embajada, Sergio Vela. Esa visita a la que hace referencia el ahora asesor empresarial se produjo el mismo mes en el que entregó la Medalla al Mérito Turístico al presidente del grupo hotelero para el que trabaja.

Con la máxima representante del ICEX en Ankara, Aurora Tarruella, el lenguaje denota aún más cercanía. “Estimada consejera, querida Aurora”, inicia el correo. “Con mi afecto y amistad de siempre”, lo concluye.

Industria en África

El vínculo con La Granja Insulators es más reciente. Entre noviembre de 2018 y enero de 2019, Soria pidió respaldo a los consejeros económicos y comerciales de España en Sudáfrica y en el oeste de África (con jurisdicción en Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda, Islas Mauricio y Seychelles), Ferrán Casadevall y Rocío Kessler, respectivamente. Los objetivos, los mismos: facilitar la penetración o incrementar la presencia en mercados emergentes de esta empresa vinculada al sector industrial y energético, dos de las áreas que reguló como ministro.

Al igual que con el grupo Hotusa, Soria establece contacto directamente con los máximos responsables de las delegaciones del ICEX, aunque en esta ocasión deja la coordinación de la agenda de trabajo en manos de uno de los trabajadores de su empresa, el analista de mercados. Es este empleado quien recibe un mensaje en el que su homólogo en la embajada comercial del oeste de África le explica las condiciones de los servicios personalizados de la empresa pública y le advierte de que cualquier gestión a través de consultoras debe seguir un procedimiento y contar con la autorización firmada por la sociedad representada (La Granja, en este caso).

Según sus cuentas anuales, Sorben Partners, la empresa constituida por Soria y su mujer (la procuradora de los tribunales María del Carmen Benítez) en noviembre de 2016, facturó en 2018 más de 420.000 euros. En los dos primeros años de actividad de la consultora, el exministro percibió un total de 381.000 euros, 146.000 el primer ejercicio y 235.000 el segundo. Como miembro del Gobierno presidido por Mariano Rajoy su retribución, incluyendo antigüedad, ascendió el último año a 76.320 euros.

Al margen de su actividad como asesor de empresas, en agosto de 2018, dos años después de abandonar el cargo, Soria se integró formalmente en el Consejo de Administración de Domingo Alonso Group, la mayor compañía automovilística de Canarias, importadora y distribuidora de marcas como Volkswagen, Audi o Skoda en las Islas y en algunos países latinoamericanos. Como ministro de Industria, el expresidente del PP canario intercambió correos con altos ejecutivos del grupo Volkswagen para buscar alternativas a la imposición de sanciones por el fraude detectado en los test de emisiones de motores diésel.

Este periódico ha intentado recabar la versión de José Manuel Soria sobre estos hechos, pero el exministro no ha contestado ni al correo electrónico ni a los mensajes de teléfono enviados a su terminal.

El Cabildo de Gran Canaria “no está para vender yogures”. Con esta célebre frase, el entonces presidente de la Corporación Insular, José Manuel Soria (2003-2007), defendió la privatización del Servicio Insular de Abastecimiento de Leche S.A. (Sialsa), cuya creación se remonta a mediados del siglo XX. Diez años después, desde que Antonio Morales (Nueva Canarias) ostenta la Presidencia, la administración ha dado un giro de 180 grados abogando por la soberanía alimentaria, apostando por “recuperar la filosofía de aquella Sialsa que desmanteló el Partido Popular con José Manuel Soria al frente para ponerla en manos del sector privado, que acabó destruyéndola”

La compañía pública sostenida por el Cabildo de Gran Canaria garantizaba la compra de la producción a los ganaderos isleños y los ciudadanos podían acceder a una oferta de productos lácteos baja la marca Sandra, que daba trabajo a casi un centenar de personas. Hace 14 años, Soria vendió el 95% de la central a Kalise-Menorquina por 12 millones de euros tras un concurso redactado a la medida de la entidad.

Años después, la Corporación perdió su participación y la compañía fue acumulando deuda, muriendo poco a poco. Tras un Expediente de Regulación de Empleo que liquidó prácticamente a la totalidad de la plantilla, la leche Sandra desapareció del mercado (aunque fue recuperada en 2018 por una empresa en el municipio grancanario de Agüimes). Y la empresa entró en concurso de acreedores. Nadie presentó ofertas para comprar Sialsa y en 2014 acabaron por subastarse sus pertenencias: 400 lotes que adquirieron compañías de varios continentes a precios de saldo.

El año pasado, Sialsa acabó por desaparecer después de que el Juzgado Mercantil número 1 de Las Palmas así lo acordara aprobando la rendición de cuentas de la administración concursal y obligando a cancelar su inscripción en el Registro Mercantil.

Cristóbal Moreno, pastor trashumante que lleva más de 25 años dedicándose a esta actividad, recuerda que, aunque él no comercializaba con Sialsa, la privatización de la entidad “le costó a muchos ganaderos su granja”, porque “dejó de ser rentable”. La leche que vendían se pagaba, “por ejemplo, a 100 pesetas, y después bajó a 40 pesetas”.

Sin embargo, no recuerda que los ganaderos protestaran cuando se llevó a cabo la privatización, ni durante los años posteriores. A Soria lo desplazaron de la presidencia del Cabildo en 2007 el PSOE y Nueva Canarias con una moción de censura y el entonces consejero de Agricultura, Demetrio Suárez (PSOE), afirma que cuando llegaron a la Corporación Insular “no tenían poder de decisión” sobre Sialsa.

Desde COAG, su presidente, Rafael Hernández, recuerda que a los ganaderos se les garantizó que tras la privatización todo seguiría igual, “pero no fue así”. Además, asegura que sí se produjeron protestas y trae a colación que llevaron una vaca a un instituto para mostrar a los alumnos cómo se ordeñaba y ese mismo día hicieron lo mismo con el animal en la puerta de la Corporación Insular para denunciar la situación que se estaba produciendo. “Pero fue una decisión política y no hubo nada que hacer”, afirma.

Hernández confirma que tras la medida de Soria “el sector ganadero retrocedió mucho”, porque Sialsa era una empresa “que permitía a todos los grancanarios comprar leche fresca y, además, tenía una marca, Sandra, identificada, querida y posicionada en el mercado con un fondo de comercio muy grande” que, incluso, patrocinaba equipos de fútbol o baloncesto, es decir, “iba más allá del sector”. También permitía “hacer política ganadera”, porque a través de la entidad pública “se modernizaban las explotaciones” y, aunque los ganaderos pagaban, “se prefinanciaba, se descontaba el precio de la leche” y recibían “un precio justo”.

Actualmente, Gran Canaria cuenta con 400 explotaciones ganaderas, con 12.000 cabezas de ganado bovino, 21.000 ovino y 50.000 caprino, según la Consejería de Soberanía Alimentaria de la Corporación Insular. Hace una década, existían 800 explotaciones ganaderas. “Ahora el sector está remontando un poco gracias, entre otras cosas, a algunas líneas dentro del POSEI [el programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias]”, dice Hernández.

Moreno afirma que la actual Corporación Insular “está apostando por lo ganaderos”, porque, “por lo menos, se está moviendo” mediante la creación de escuelas de ganadería y pastoreo o financiado a los pastores para que su ganado mantenga el paisaje y limpie el monte con el fin de evitar incendios, aunque la burocracia ha retrasado esta línea de pago.

A pesar de que para lograr la soberanía alimentaria en Gran Canaria queda un largo camino por recorrer dada la alta dependencia de la importación de alimentos, el presidente de la Corporación Insular ha manifestado en reiteradas ocasiones la intención de encaminarse hacia esa utopía, fomentando el consumo de producto local o con el Plan de Revitalización Agrícola y Ganadero, que trata de aumentar la superficie que se puede cultivar en la Isla o subvenciona el alimento de los animales de pastoreo, entre otras acciones.

Volver a crear una Sialsa es algo “que sería bueno”, según afirma Hernández, pero para ello sería necesario “tener las instalaciones, la infraestructura, las maquinarias o la marca comercial” y se pregunta “¿quién se plantea esto hoy en día?”.

“Hasta los que no la quieren se la van a tener que tragar”. 30 de septiembre de 2006, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, a la sazón José Manuel Soria López, vivía uno de sus momentos de mayor gloria política, aun estando al borde de perder la mayoría absoluta en la Corporación después de sucesivas legislaturas barriendo en su feudo electoral.

Necesitaba aglutinar alrededor de su figura signos identitarios que le permitieran reforzar su imagen pública, así que decidió que una bandera de gigantescas proporciones, similar a la española que ondea en la plaza de Colón de Madrid, fuera ese símbolo. Por un precio de 360.000 euros contrató la colocación de un mástil de 50 metros que soportara una bandera de 300 metros cuadrados en la plaza del Fuero de Gran Canaria, más conocida por los palmenses como de la Fuente Luminosa. Trece años después, el mástil va a ser desmontado y troceado para ser vendido como chatarra.

En el Cabildo de Gran Canaria no aciertan a la hora de concretar el coste total que ha supuesto esa excentricidad de Soria durante estos trece años. Porque al precio de su colocación, el del mástil y los juegos de banderas contratados (una de Gran Canaria, otra de España y otra de la Unión Europea) habría que añadir los costes de mantenimiento del conjunto: pintura y protección del mástil, buen funcionamiento del motor y lavado y reposición de las enseñas. Si en un primer momento se informó de que el coste anual iba a ser de 30.000 euros, el actual grupo de gobierno (Nueva Canarias, PSOE y Unidas Podemos) ha cifrado ese importe en más de 47.300 euros al año.

Así las cosas, la idea de Soria de hacer ondear una bandera en plena Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, a la vista de los ocupantes de los más de 150.000 vehículos que la transitan a diario, superaría con creces los 700.000 euros de coste estos trece años, incluyendo su inversión inicial.

Un precio que dista bastante del que pagó el Ayuntamiento de Sevilla el pasado agosto por una instalación similar, 197.000 euros, por un mástil de 41 metros y una bandera de 150 metros cuadrados instalados en la rotonda de la confluencia de la Avenida de Andalucía con la Ronda del Tamarguillo. El temporal de viento del pasado 23 de noviembre causó a la bandera española que ondeaba sobre ese mástil severos desperfectos.

Más grave fue el primer incidente que sufrió la bandera de Gran Canaria que José Manuel Soria hizo izar en la plaza de la Fuente Luminosa, porque a las pocas semanas cayó de madrugada sobre las vías colindantes sin provocar daños ni víctimas dado el poco tráfico que circulaba en aquellos momentos.

Pero los servicios técnicos del Cabildo de Gran Canaria sostienen ahora que o se le aplica al mástil y a las banderas una severa política de mantenimiento, que se cifra en 47.385 euros al año, o se convertirán en una fuente de riesgo para la ciudadanía y los bienes públicos y privados de su alrededor.

Para retirar el mástil será necesario invertir más de 12.000 euros en una operación que ya ha sido adjudicada formalmente.

“Se la van a tener que tragar”

Unas 1.000 personas arroparon a José Manuel Soria aquel 30 de septiembre de 2006 en la puesta en funcionamiento del mástil y el primer izado de la bandera en la plaza del Fuero de Gran Canaria. Fue un acto con todos los aditamentos protocolarios y las solemnidades propias de quien gustaba mucho del boato: la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria interpretó la pieza Sombra del Nublo, a modo de himno de la isla, al tiempo que las autoridades del Partido Popular ocupaban marcialmente una pequeña tarima en posición de saludo respetuoso a la bandera mientras comenzaba a ondear.

La oposición en el Cabildo no acudió en señal de desagrado por la egocéntrica decisión del presidente, lo que motivó que Soria llamara a sus miembros “cobardes”. Desprecio que también dirigió a las 150 personas que se manifestaron en la zona para protestar por aquellos fastos portando banderas canarias con siete estrellas verdes (inicialmente la que utilizaron los primeros movimientos independentistas) y vociferando contra el presidente del Cabildo. “Hasta los que no la quieran se la van a tener que tragar”, les dedicó en sus declaraciones a la prensa, por aquel entonces entregada mayoritariamente al líder del Partido Popular en las islas.

El mandato de José Manuel Soria al frente del Cabildo de Gran Canaria (2003-2007) ya prometía desde que, en los primeros momentos, ordenó reformar el salón de plenos de la Casa Palacio Insular para colocarse seis escalones por encima de los demás consejeros y consejeras de la Corporación, 29 en total, lo que a su vez lo alejaba todavía más del público que deseara acudir a esas sesiones porque prácticamente quedaba fuera y obligado a sentarse en el gallinero.

Durante las obras, los plenos corporativos se celebraron en el auditorio Alfredo Klaus, donde Soria ejerció en muchas ocasiones de protagonista dramático, paseando amenazante por el escenario bordeando las sillas y las mesas de los consejeros de la oposición a los que miraba con desprecio y expulsaba de los plenos con singular ligereza. Fueron cuatro años verdaderamente movidos en los que, entre otras decisiones muy contestadas, vendió al capital privado el Servicio Insular de Abastecimiento de Leche (Sialsa), la central lechera de la isla con la que se protegía al sector ganadero, alegando que “el Cabildo no está para vender yogures”. Los compradores liquidaron pocos años después la empresa mediante concurso de acreedores, quedándose para sus empresas matrices la cuota de mercado correspondiente, hasta entonces copada por la popular leche Sandra que producía Sialsa.

Tras su paso por el Cabildo de Gran Canaria, del que fue desalojado después de las elecciones de 2007 gracias a un pacto entre el PSOE y Nueva Canarias, Soria pasó a la vicepresidencia del Gobierno regional en una más de las renovaciones de las alianzas entre el PP y Coalición Canaria. Sus relaciones con el presidente, Paulino Rivero, acabaron muy deterioradas después de que le fueran apartadas sus competencias al descubrirse que con determinadas decisiones irregulares favorecía a un empresario al que pretendió otorgar una indemnización de 102 millones de euros por unos derechos mineros que solo le reconocía él y que acabaron tumbados por el Tribunal Supremo.

Ya como ministro de Industria y con un pacto en Canarias entre CC y el PSOE, Soria profundizó en sus desavenencias con el Gobierno regional hasta alcanzar el nivel de ruptura cuando impuso a favor de Repsol unas fracasadas prospecciones petrolíferas en las costas de Lanzarote que rechazaban las instituciones y gran parte de los movimientos sociales organizados.

El exministro de Industria José Manuel Soria está rentabilizando rápido sus servicios de asesoría para empresas a través de la consultora que montó en 2017 tras más de dos décadas dedicado a la política, Sorben Partners SL, en la que el año pasado se autoasignó un sueldo de 235.000 euros.

Así se recoge en las últimas cuentas anuales de esta sociedad, del ejercicio 2018. En ellas, Sorben Partners explica que “el órgano de Administración lo integra una persona del sexo masculino”, Soria, “habiendo percibido durante el ejercicio, por todos los conceptos el importe de 235.000,00€ euros”.

Esta cifra triplica los 76.320 euros de retribución anual que (incluyendo su antigüedad como funcionario) cobró Soria en su último año completo como ministro de Industria, Turismo y Comercio (2015). También es un 61% superior a los 146.000 euros que se asignó el político canario en el primer año de actividad de su consultora.

En menos de dos años, lo percibido por Soria de Sorben Partners, 381.000 euros brutos, ya supera la retribución que recibió en toda su etapa como ministro del Gobierno de Mariano Rajoy, desde 2012 hasta su abrupta dimisión en abril de 2016 acorralado por el escándalo de los Papeles de Panamá.

Sin detalles sobre sus clientes

Esos 235.000 euros equivalen al 55% de la facturación que obtuvo la sociedad de Soria en el pasado ejercicio, que se disparó un 48%, hasta 422.661 euros. Sorben Partners, cuyo objeto social es el “asesoramiento y consultoría para la expansión nacional e internacional de empresas, facilitando soluciones comerciales, financieras, jurídicas, técnicas y fiscales a tales efectos, incluyendo la realización de estudios de mercados”, no detalla en sus cuentas quiénes son sus clientes.

El que fuera ministro de Industria de España durante el estallido del dieselgate, que en agosto de 2018 se convirtió en consejero de Domingo Alonso Group, importador y distribuidor en el archipiélago canario de Volkswagen, Audi y Skoda, entre otras marcas automovilísticas, constituyó su consultora el 25 de noviembre de 2016, dos meses después de que el Gobierno de Rajoy, y en concreto su amigo Luis de Guindos, abortase a última hora su intención de designarle como director ejecutivo del Banco Mundial dentro del cupo asignado a España en esta institución. Allí habría tenido una retribución de 226.000 euros al año, libres de impuestos.

La consultora del exministro, técnico comercial y economista del Estado de la misma promoción que Guindos (aunque apenas ejerció como tal), debe su nombre a la unión de las tres primeras letras de su primer apellido y el de su esposa, la procuradora de los tribunales Carmen Benítez. Inició sus operaciones el 1 de febrero de 2017, una vez que Soria obtuvo la preceptiva autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses para ejercer actividades privadas y renunció a su indemnización como exministro, una compensación de 4.644 euros mensuales de la que podía haber disfrutado hasta abril del año pasado, cuando se cumplieron dos años desde su dimisión como ministro.

La diputada de Unidas Podemos en el Congreso Victoria Rosell ha estado este miércoles en el programa de La Sexta El Intermedio, presentado por el Gran Wyoming, para hablar de la sentencia que condena al juez Salvador Alba a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación por conspirar contra ella, cometiendo los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad de documento público. “Ha sido agotador, pero teniendo la posibilidad de combatir esto, tenía que hacerlo y no darme por vencia”, señala Rosell. “Tenía el deber ético de pelear contra este montaje utilizando los conocimientos jurídicos”. 

La magistrada ha destacado el delito de falsedad de documento público por el que también se condena a Alba. Además, ha hecho referencia a los medios de comunicación que se hicieron eco de la conspiración sin contar con su versión porque alba era Alba era “una fuente judicial”. 

Preguntada por su relación con el condenado antes de que comenzara la conspiración, Rosell explica que son compañeros de promoción pero con un perfil profesional totalmente distinto y contrarios ideológicamente. “Yo invierto tiempo en darle a la gente una Justicia más cercana [...] Él siempre ha sido un juez fuerte con los débiles y débil con los fuertes”, afirma. Además, asevera que Alba siempre ha presumido de su amistad con el PP de Canarias presidido durante mucho tiempo por Soria, además, “ha querido prosperar en la carrera judicial mediante favores políticos”. “No ha acabado en el Supremo de la mano de Soria porque lo hemos desenmascarado”, afirma. 

La ausencia de Soria en el juicio

Pese a que el nombre de José Manuel Soria aparece en la sentencia condenatoria más de ocho veces y que los hechos probados muestran cómo el político alimentó su querella contra Rosell en el Supremo gracias a la conspiración, el exministro de Industria del PP no fue citado a declarar en el juicio del 'Albagate'. Además, tal y como afirmó Victoria Rosell en una entrevista concedida a Canarias Ahora, las acusaciones pidieron su testimonio. Rosell plantea que tal vez cuesta “un poquito menos llamar a declarar a cualquier persona de la calle y más a un político o a una persona poderosa”. Sin embargo, detalla que “de todos los abogados que hay en Las Palmas a Alba no le valió ninguno”, sino que lo defendió el abogado de Soria. “Quizás a quien estaba defendiendo allí no era solo a Alba”, señala la diputada. 

De este modo, Victoria Rosell se ha mostrado satisfecha con el fallo pese a la complejidad de todo el proceso. “Es complicado enfrentarse a personas con poder, es cloaca pura usar las instituciones del estado en beneficio propio”. “Le han condenado por lo que decían que yo hacía. Pero gracias a los 18 años de inhabilitación a los que ha sido condenado, no podrá hacerle lo que me hizo a mí a nadie más”, concluye la magistrada.

La judicatura española tiene un nuevo delincuente en sus filas: Salvador Alba Mesa, condenado a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación pero aún dentro de la carrera judicial a la espera de que la sentencia dictada este 10 de septiembre por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) adquiera firmeza en el Supremo. Alba nunca estuvo solo en el compló que ejecutó contra su compañera de carrera y de promoción Victoria Rosell, diputada de Podemos antes y ahora, por eso siempre sostuvo en público y en privado que no se iban a atrever a condenarlo, que la víctima de la conspiración en todo caso era él y que todo se aclararía en el juicio. Le fallaron los cálculos, seguramente porque se produjo una confluencia de fenómenos que llevaron a sus compañeros de viaje a dejarlo solo.

Para los denunciantes y las acusaciones resultaba muy arriesgado, tanto desde el punto de vista procesal como político y mediático, meter en la misma causa a todas las personas sin cuyo concurso hubiera sido imposible que Alba se atreviera a actuar como actuó. Si bien es cierto que en su comportamiento habitual constan episodios muy propios de quien se cree impune o, en su defecto, tocado por un don divino que impide a los demás condenarle siquiera moralmente.

Estos son algunos nombres sobre los que muchos se preguntan qué papel habrían tenido en esta conspiración:

Guillermo García-Panasco Morales (fiscal). Con él empezó todo. Era fiscal jefe de Las Palmas en noviembre de 2015 cuando puso en marcha una investigación “pre-procesal” contra Victoria Rosell a partir de recibir un anónimo que en realidad ha tenido hasta ahora dos padres: el exministro José Manuel Soria, por entonces titular de Industria, y el juez Salvador Alba. Aquella cacería sumarísima fue tan irregular que resultó anulada primero por el TSJ de Canarias y luego por el Supremo, lo que dejó en ridículo no solo al fiscal García- Panasco, sino también a la subordinada a la que puso al frente de las pre-procesales, Evangelina Ríos, además de al inductor del procedimiento, José Manuel Soria, y al fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, que la avaló en todo momento.

El Tribunal Constitucional dilucida en estos momentos si aquella vulneración flagrante de los derechos de la magistrada Rosell aconsejerían prohibir a la Fiscalía investigar presuntas conductas disciplinarias de los jueces españoles, que fue lo que realmente hizo García- Panasco con menos respeto por la legalidad que el que se tributa a sí mismo.

Pese a las dos sentencias que afearon a Panasco su flagrante falta de respeto por los derechos fundamentales, el ministro Catalá y su impagable José Manuel Maza lo premiaron con un ascenso a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Había que sacarlo de Las Palmas, donde su prestigio había quedado a la altura del betún, y lo mejor que se le ocurrió al PP fue mandarlo a la sala de máquinas del Ministerio Público, donde aún lo mantiene incomprensiblemente el Gobierno del PSOE.

Evangelina Ríos Dorado (fiscal). Fue el brazo armado de García-Panasco en la investigación pre-procesal contra Victoria Rosell, es decir, la que bajo el amparo de su inmediato superior se pasó por el arco del triunfo todas las garantías procesales con el único objetivo de encontrar cualquier atisbo de irregularidad que pudiera incriminar a la magistrada en alguna irregularidad disciplinaria o, en su defecto, penal. Su animadversión hacia Rosell es sobradamente conocida en el foro canario, donde fue muy comentada su denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra la instrucción de Rosell al empresario Miguel Ángel Ramírez, que se saldó con una resolución en la que se le atribuían a ella los retrasos que precisamente quería endosar a la jueza instructora.

Ríos fue decisiva en la conspiración del juez Alba porque, lejos de acatar el mandato constitucional que obliga al Ministerio Público a velar por la pulcritud legal de los procedimientos, participó activamente del compló al permitir que el empresario Ramírez fuera interrogado por contratos absolutamente ajenos a la causa por la que estaba siendo investigado en el juzgado que ocupaba el magistrado ahora condenado en sustitución de Rosell. De hecho, esta fiscal hizo más preguntas a Ramírez (más de 80) sobre esos contratos que las que formuló el propio Alba.

Antonio Doreste Armas, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Es una pieza fundamental en el compló porque se prestó abiertamente a las pretensiones de Alba de ser nombrado sustituto de Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria cuando ya había rebasado los seis meses anuales que se permiten a cada juez realizar sustituciones. Una gestión suya ante el Consejo General del Poder Judicial bendijo la necesaria prórroga y, de paso, se hizo una para sí mismo.

En la grabación que el empresario Miguel Ángel Ramírez hace en el despacho de Alba se escucha a este decir en varias ocasiones que tiene a su presidente (Antonio Doreste) al tanto de todas las operaciones que se están aplicando a la causa objeto de aquella investigación, las famosas diligencias previas 644/2014.

La relación de Doreste y Alba está probada, tanto por esa grabación como por las que posteriormente realiza este último de los encuentros furtivos que ambos celebraron posteriormente en los garajes de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, donde se puede escuchar al presidente del TSJC advertir a su subordinado de la conveniencia de que tenga cuidado con sus denuncias contra Miguel Ángel Ramírez a raíz de que este entregara su grabación ante la Justicia.

Doreste se presenta en estos momentos al proceso de renovación de los TSJ de España, que deberá dilucidar en noviembre el Consejo General del Poder Judicial. Alcanzó ese puesto gracias al apoyo del PP (José Manuel Soria) y de Coalición Canaria, partido para el que en su día ejerció como consejero de Industria del Gobierno regional.

Emilio Moya Valdés, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas. No desempeñó un papel especialmente activo en la trama, pero tras conocer que Alba estaba conspirando para perjudicar a Victoria Rosell y descubrir personalmente la reunión en la que todo se prepara entre el juez y el empresario Ramírez, no hizo absolutamente nada por impedir el desenlace. Al contrario, en los meses posteriores al compló, actúa con absoluta normalidad con su compañero en la Audiencia Provincial de Las Palmas, con el que solo rompe relaciones cuando Alba graba a todos los magistrados de la Sección Sexta deliberando acerca de varios asuntos y, de manera más informal, insultando a mujeres rumanas y a las personas naturales de Rusia e Italia. Se le escucha en la grabación REC004, la que finalmente incriminó a Alba, animando al empresario Ramírez a participar en la conspiración contra Victoria Rosell con expresiones tan poco confusas como “adelante, adelante”.

Fernando Lázaro y Manuel Reyes, periodistas. Su concurso fue decisivo para que la maquinación pudiera funcionar porque era necesario que se publicaran en la prensa los informes y las resoluciones de Alba de modo que Soria y sus abogados (Nicolás González- Cuéllar y Eligio Hernández) pudieran alegar que se enteraban de ellos por la prensa y no directamente de la mano del juez corrupto. Lázaro y Reyes fueron reiteradamente advertidos de que estaban siendo cómplices de la conspiración, pero aún así continuaron adelante con ella, cada día con más inquina, si cabe.

Aunque el TSJC ha absuelto a Alba del delito de revelación de secretos, era evidente que las filtraciones partieron todas de él con destino a estos dos periodistas. En el caso de Lázaro, había antecedentes: la sentencia del caso Kárate -de la que el juez Alba fue ponente- fue publicada por él en el blog que mantiene en el diario El Mundo más de un mes antes de que se firmara por el tribunal, y en la conversación grabada por Ramírez, el juez corrupto reconoce una comida entre ambos la víspera de que el periódico publicara las primeras investigaciones de la fiscal Ríos. Y en el caso de Manuel Reyes, de La Provincia/Diario de Las Palmas, no hubo disimulo alguno en las constantes visitas a la vista de todos los funcionarios que realizaba prácticamente todos los días al despacho del juez en pleno proceso conspirativo.

Nicolás González-Cuéllar y Eligio Hernández, los abogados. Los escrúpulos y la deontología profesional también brillaron por su ausencia entre los abogados que intervinieron en la conspiración contra Rosell. Nicolás González-Cuéllar Serrano maquinó con su cliente José Manuel Soria desde que se puso en marcha la investigación pre- procesal de la fiscalía en noviembre de 2015, y presumió ante sus colegas del Colegio de Abogados de Madrid de lo que iba a publicar el diario El Mundo la víspera de que todo estallara, el 2 de diciembre de aquel mismo año. Editor y amigo del presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, cuando la querella de Soria contra la magistrada entra en el alto tribunal cede el testigo al ex fiscal general del Estado con el PSOE Eligio Hernández para cuidar las apariencias, pero es evidente que su ascendencia sobre el todopoderoso magistrado hace que parezcan creíbles los argumentos del exministro y luego el contenido de los informes del juez Alba. Para que no quedara duda de su implicación en el compló, aceptó la defensa del juez corrupto sin recatarse lo más mínimo en la aplicación de argucias procesales marca de la casa, como la de atraerse a su causa a un testigo que era de las acusaciones y presentarlo por sorpresa el mismo día de comienzo del juicio. En el caso de Eligio Hernández, su animadversión hacia la jueza Rosell por no haberle atendido en determinadas pretensiones con clientes imputados en el Juzgado de Instrucción 8, desembocaron en una sucesión impertinente de artículos de opinión insultándola y luego en su ofrecimiento para sustituir a González-Cuéllar en la ampliación de las querella de Soria contra ella ante el Tribunal Supremo. Todavía no ha sido capaz de explicar cómo es posible que en esa ampliación aparecieran textos íntegros de uno de los informes reservados que el juez Alba terminó enviando al alto tribunal, con distinta tipografía respecto al resto del texto, y con expresiones como “este magistrado”, que el Pollo de El Pinar no se molestó ni en corregir al hacer su corta y pega.

Su falta de profesionalidad se vio aún más acentuada cuando ni siquiera se dignó aparecer en el interrogatorio a la jueza cuando la causa fue trasladada -muy a su pesar- al Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras dimitir como miembro de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

José Manuel Soria López, exministro de Industria. Es el autor intelectual de toda la cacería contra Rosell, desde la investigación pre-procesal que inicia la Fiscalía de Las Palmas en noviembre de 2015, hasta las acciones que ejecuta el juez Alba cuando fue colocado al frente de Instrucción 8. Fue José Manuel Soria, a la sazón ministro de Industria, el que se hizo con un contrato de arrendamiento de una frecuencia de radio entre la productora audiovisual de la UD Las Palmas y la empresa Clan de Medios, de la que soy administrador único. Es Soria quien entrega ese contrato a Alba para que este a su vez lo haga llegar a la Fiscalía y dé comienzo el primer intento de acabar con la carrera profesional y política de Rosell.

Fracasada esa primera acción con unas sentencias demoledoras, Soria pone en marcha la segunda fase con su querella contra Rosell ante el Supremo, tras hacer gestiones para que Alba fuera colocado en el juzgado de la magistrada con el fin de buscar algo debajo de las alfombras. Alba se prestó de inmediato, sabedor de que el poder del entonces ministro de Industria podía hacer realidad su acariciado sueño de ser alguien en los puestos de alcurnia de la judicatura en Madrid, o como mínimo, al frente del TSJ de Canarias.

¿Qué buscaba Soria? Muy sencillo: dos por el precio de uno. Con el asesinato cívico de Victoria Rosell por unas supuestas relaciones mías con Miguel Ángel Ramírez acababa con su principal adversaria política, que a punto estuvo de ganarle las elecciones en 2015, y de paso, liquidaba al periódico que más le incomodó durante sus 21 años de carrera política, la que acabó con su dimisión tras ser descubierto en los papeles de Panamá y publicar Canarias Ahora el dato definitivo de sus empresas en el paraíso fiscal de Jersey.