La Audiencia Nacional obliga a ACS a devolver 210 millones que cobró por el fallido proyecto Castor
La Audiencia Nacional ha rechazado un recurso de Escal UGS, la sociedad controlada por ACS que promovió el fallido almacén de gas Castor, que esta empresa presentó contra una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que le obligó a devolver 209,7 millones de euros con cargo a la tarifa del gas.
Se trata de pagos que la promotora del Castor recibió en concepto de “retribución financiera” por los ejercicios 2014, 2016 y 2017.
En una sentencia del pasado 5 de julio, la sección 4 de la Sala de lo Contencioso rechaza el recurso de Escal contra la resolución de Competencia y condena a la demandante al pago de las costas procesales. La Sala señala que “las liquidaciones anuladas de oficio por la CNMC son nulas de pleno derecho (y no meramente anulables) por haberse realizado a partir de un acto legislativo declarado nulo por el Tribunal Constitucional y exigirlo así la efectividad de esta declaración”.
Se trata del decreto-ley 13/2014 que aprobó el Gobierno del PP para pagar una indemnización exprés de 1.350 millones para ACS, la empresa cuyo presidente y principal accionista es Florentino Pérez, por la hibernación de ese almacenamiento submarino, en el que dejó de inyectarse gas hace ahora casi una década, en octubre de 2013, tras una sucesión de medio millar de microseísmos en esa zona cuando la infraestructura empezó a operar en pruebas.
Ese decreto fue declarado inconstitucional en diciembre de 2017 tras un recurso presentado por el PSOE, por no estar justificada la urgente y extraordinaria necesidad de esa norma. Esto propició que posteriormente la CNMC pusiera en revisión las liquidaciones que se habían satisfecho a Escal en esos tres ejercicios.
Finalmente, en julio de 2019 Competencia declaró la obligación de Escal de reintegrar, en un plazo de quince días, 209.721.751,27 euros al sistema gasista. Para no hacer frente a esos pagos, la filial de ACS (empresa que desde este año tiene en su haber el récord de abogados del Estado en el Ibex) recurrió a la Audiencia Nacional.
Según la sentencia, la “pervivencia” de ese concepto de retribución financiera a favor de Escal UGS, “que es la consecuencia inmediata del contenido singular de la ley declarada inconstitucional”, habría puesto “en jaque la propia eficacia de la sentencia constitucional”.
La Audiencia rechaza, entre otras, cosas, el argumento de la filial de ACS de que la competencia de revisar los actos de la CNMC corresponda al Gobierno y no al regulador. Le recuerda que Competencia es una “autoridad administrativa independiente”, no depende del Ejecutivo y la ley que regula su funcionamiento le prohíbe “solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada”.
Un culebrón judicial
El de estos pagos es un capítulo más del larguísimo culebrón judicial asociado al caso Castor. También como consecuencia de la anulación por parte del Constitucional del Decreto-ley 13/2014, se paralizaron en enero 2018 los pagos a los bancos que adelantaron esa indemnización de 1.350 millones a ACS para cobrarla con intereses con cargo a la factura del gas durante 30 años.
Tras congelarse esos pagos mensuales, las entidades financieras recurrieron al Tribunal Supremo, que les dio la razón, y el Estado tuvo que endeudarse para indemnizar a la banca.
El caso Castor tuvo también una derivada penal, pero en noviembre de 2021 la Audiencia de Castellón absolvió a Escal UGS y a dos de sus principales directivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Escal entró en concurso de acreedores en septiembre de 2019, poco después de esa millonaria reclamación de la CNMC.
También en 2019, el Consejo de Ministros acordó el desmantelamiento y sellado de los pozos del Castor, que Escal trató de tumbar sin éxito en el Tribunal Supremo.
El proyecto Castor fue impulsado en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Se justificó por la necesidad de impulsar el almacenamiento de gas en España, que no produce este hidrocarburo, en previsión de posibles cortes de suministradores como Rusia. La última crisis energética, la más grave en medio siglo, ha puesto de manifiesto que la infraestructura no era necesaria, gracias a la red de regasificadoras de España, la mayor de Europa.
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