El Supremo da vía libre al Gobierno para desmantelar el almacén de gas Castor

Almacenamiento de gas Castor

Alberto Pozas


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El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de la promotora de la planta de gas Castor contra la decisión de su desmantelamiento. Los jueces han rechazado por falta de legitimación activa el recurso interpuesto por Escal UGS contra la decisión del Consejo de Ministros de 2019. Para el Supremo, la promotora deja de estar afectada por estas decisiones "una vez que ha renunciado voluntariamente a la explotación del citado almacenamiento subterráneo y que se ha declarado la extinción de la concesión".

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La empresa, participada por ACS y la compañía canadiense Escal, llevó ante la sala tercera la decisión del Consejo de Ministros de desmantelar el almacén de gas ubicado frente a las costas de la localidad castellonense de Vinaroz. Ese acuerdo del ejecutivo "puso término a la hibernación de las instalaciones del almacenamiento subterráneo «Castor» acordando su desmantelamiento y ordenó el sellado y abandono definitivo de los pozos".

La sala desestima el recurso sin entrar en el fondo al entender que la empresa no tiene legitimación para cuestionar el acuerdo del ejecutivo central. Explica el Supremo que desmantelar el almacén no tiene nada que ver con el anterior concesionario sino, en todo caso, con el "actual y único administrador de la instalación de almacenamiento subterráneo, Enagás". Esta empresa no ha anunciado ningún tipo de recurso.

El almacén de gas entró en funcionamiento en julio de 2012 y un año después las inyecciones de gas empezaron a provocar movimientos sísmicos que provocaron el parón de las operaciones en septiembre de 2013. Empezó entonces una múltiple batalla legal por las indemnizaciones, el desmantelamiento y las posibles responsabilidades penales de los responsables del almacén.

En cuanto a las indemnizaciones, el Tribunal Supremo estableció hace un año que el Estado tenía que indemnizar con 1.350 millones de euros a Santader, Caixabank y Bankia por el dinero que adelantaron para indemnizar a su vez a la constructora ACS por el cierre anticipado de la infraestructura. Los jueces reconocieron el derecho de estos bancos a cobrar de la Administración el dinero que habían pagado para adquirir el derecho de cobro.

La vía penal también quedó sentenciada hace unos días en la Audiencia Provincial de Castellón. La empresa Escal UGS y el resto de acusados han sido absueltos del delito contra el medio ambiente y los recursos naturales del que estaban acusados". Los jueces, en una sentencia todavía recurrible ante el Tribunal Supremo, entienden que en todo momento se cumplió la normativa de medio ambiente y que no existió un peligro grave con los temblores, además de negar que los directivos de la empresa ocultasen información a las autoridades.

El proceso de desmantelamiento, desde su aprobación a finales de 2019, lleva un ritmo lento. La primera fase de sellado y abandono definitivo de los pozos salió a información pública hace un año y un informe de Enagás hecho público hace dos años por Compromís considera que el cierre de la planta costará 260 millones y llevará 5 años.

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