En el Acuario de Nueva Inglaterra, en Boston, hay una isla donde nadie corre para comer, no hay empujones y el descanso está garantizado. Allí viven seis pingüinos africanos mayores, trasladados a un espacio especial pensado para algo muy concreto: envejecer mejor, ya que son una especie en peligro de extinción.

En la naturaleza, esta especie rara vez supera los 15 años. En el acuario, algunos de sus residentes rondan los 30 y hasta los 35 años, una longevidad comparable a la de muchas mascotas domésticas bien cuidadas. Por eso, el equipo decidió crear una especie de hogar para pingüinos senior, en un grupo separado del bullicio de la colonia principal.

Uno de los principales problemas de los pingüinos mayores es competir con los jóvenes durante la comida. En esta nueva “residencia”, los cuidadores reparten el pescado sin prisas y sin que nadie se lo quite al de al lado.

“Todos tienen su momento y pueden comer a su ritmo”, explica Kristen McMahon, responsable de pingüinos del acuario. El resultado es inmediato: menos estrés, más descanso y comportamientos mucho más relajados, algo clave cuando hablamos de animales geriátricos.

Gotas, fisio… y hasta acupuntura

Como ocurre con perros o gatos ancianos, los pingüinos también desarrollan artrosis, problemas de visión o dificultades de movilidad. Para tratarlos, el acuario aplica cuidados veterinarios avanzados: fisioterapia, dietas adaptadas, colirios… e incluso acupuntura. Algunos pingüinos con artritis reciben sesiones similares a las humanas. Según el equipo veterinario, muchos se relajan tanto que se quedan dormidos durante el tratamiento.

Mascotas exóticas… pero que también envejecen con dignidad

Aunque no sean animales de compañía, los cuidadores destacan que los pingüinos mayores buscan calma, rutinas predecibles y vínculos estables, algo muy parecido a lo que ocurre con las mascotas cuando envejecen.

Casos como el de Lambert, un pingüino de 32 años que recuperó actividad tras una cirugía ocular, o Isis, que por fin encontró un espacio propio lejos de los más dominantes, muestran cómo el entorno influye directamente en el bienestar emocional.

Este hogar de pingüinos jubilados no es solo una curiosidad. Es un recordatorio de que el envejecimiento animal requiere atención específica, igual que ocurre con nuestras mascotas. Mientras los pingüinos africanos siguen luchando por sobrevivir en libertad, en Boston algunos de ellos disfrutan de algo poco común en la naturaleza: una vejez tranquila, cuidada y sin prisas.

Las personas mayores de Calahorra quieren ir al centro de participación activa también en verano, pero no pueden. Y es que en época estival, el CPA de Calahorra cierra los domingos y festivos y el mes de vacaciones que lo distribuyen quince días en junio y otros quince en septiembre. Luisa Lorente es la presidenta del CPA de Calahorra y recuerda que estos cierres comenzaron en 2012 “por la crisis y desde entonces continúan cerrados”. Están empeñados en revertir la situación y han comenzado con una recogida de firmas. “En un solo día hemos recogido varios cientos de rúbricas que apoyan nuestra petición”. Porque asegura, “el centro de participación activa es mucho más que un centro. Para algunas personas usuarias es su hogar porque allí van a comer, a jugar y a estar con más gente. Es un verdadero antídoto contra la soledad no deseada. Este servicio es vital para muchas personas que viven solas y durante el verano permanece cerrado más de 50 días”.

La recogida de firmas continuará hasta el 17 de mayo en el propio centro de participación activa en horario de mañana y tarde y el 15 de mayo se desplazarán al Paseo Mercadal en Calahorra de 11:00 a 13:00 horas. La petición del colectivo comenzó el año pasado. “Al parecer en La Rioja Baja hay más interés que en Logroño y La Rioja Alta de mantener abiertos estos centros todos los días durante el verano y de hecho los presidentes de los centros de Rincón de Soto, Arnedo y Calahorra mantuvimos una reunión con la responsable del Gobierno de La Rioja”. La respuesta: “o todos o ninguno”.

Una respuesta que no comparten porque consideran que “no se puede castigar a los que sí quieren acudir al CPA en verano” a la vez que recuerda que no todos los municipios son iguales. “De Logroño a Nájera hay una autovía, pero de Logroño a Calahorra no. No todos los municipios tienen las mismas necesidades e intereses y en Calahorra sí que hay un claro interés por mantenerlo abierto”. Y es que dice que “los días de verano que permanece cerrado, muchos usuarios se quedan en casa solos y no salen, otros se sientan en los bancos de la calle expuestos a las altas temperaturas del verano y otros buscan bares en los que poder echar la partida”.

Y por lo que parece, todo continuará igual y el centro de participación activa de Calahorra seguirá cerrado domingos y festivos además del mes de verano. Y es que según ha confirmado el Ejecutivo regional a este medio, “los doce CPA de La Rioja cierran los domingos de junio a septiembre desde hace muchos años, coincidiendo con épocas en las que tradicionalmente y sin excepción se produce un importante descenso de la afluencia de usuarios. Por tanto, los doce centros mantienen un modelo común de atención y servicios a las personas mayores de La Rioja”.

También recuerdan el objetivo de estos centros gestionados pro el Gobierno de La Rioja como “la promoción de la autonomía personal y la prevención de las situaciones de dependencia de las personas mayores y se rigen por el Decreto 42/20216 de 4 de noviembre. Los horarios de apertura se rigen, por tanto, por esta normativa y son exactamente iguales en todos los centros, obedeciendo a criterios técnicos”. Y por todo ello, desde el Gobierno de La Rioja aseveran que “en la actualidad, desde la Consejería de Salud y Políticas Sociales no se está valorando cambiar este modelo que rige en estos centros”.

Aun así el colectivo de personas mayores de Calahorra continuará con su reivindicación y continuará recogiendo firmas para que su centro, el CPA de Calahorra abra todo el verano. “Primero nos reunimos con la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, y ahora hemos pedido ayuda la prensa”. El Centro de Participación Activa de Calahorra cuenta con cinco mil socios. Y es que como dice su presidenta, “es un centro muy activo con muchas actividades y muy variadas”. Y aunque reconoce que las actividades disminuyen en verano, también insiste que en “en verano, el CPA se convierte en un lugar al que poder ir, estar fresquitos y cómodos y, sobre todo, acompañados”.

La orden de desalojo del 'gaztetxe', un centro social autogestionado y en este caso okupado de Rekalde, estaba prevista para las 09.00 horas de este viernes 4 de abril, pero durante la noche anterior comenzaron los disturbios cuando un amplio dispositivo de la Ertzaintza lo custodió durante la jornada previa a su desalojo, por orden judicial. Tras los incidentes detuvieron a cinco personas por atentado contra agentes de la autoridad, aunque ya han sido puestas en libertad, y según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 15 ertzainas resultaron heridos, pero no de gravedad. Finalmente, este viernes a las 10.20 se ha producido el desalojo y se ha procedido a identificar a las cuatro personas que han pasado la noche dentro, a las que se les abrirá un expediente sancionador por obstrucción, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

El 'gaztetxe' de Rekalde, de nombre Etxarri, se puso en marcha por jóvenes de la zona en 2014, en la misma zona en la que se produjo el desalojo de Kukutza en 2011 en el que hubo una veintena de detenidos, disturbios y denuncias de “violencia policial” que llegaron hasta la Defensoría del Pueblo Ararteko. “Se abrió con el objetivo de darle una respuesta colectiva a los problemas de la juventud trabajadora del barrio que dejó la perdida Kukutza III Gaztetxea. Durante todos estos años Etxarri ha sido un espacio para la socialización y politización de la juventud, un refugio para diferentes organizaciones del barrio y un lugar para el desarrollo de un modelo de ocio alternativo”, informan desde el gaztetxe, que aseguran que a lo largo de estos años se han realizado decenas de charlas, exposiciones, conciertos y asambleas dentro del edificio.

La orden de desalojo se ha realizado debido a que los propietarios prevén la construcción de un bloque de viviendas. “Queremos denunciar el papel de los responsables de esta orden de desalojo. Los empresarios que se llenarán los bolsillos con el proyecto urbanístico elitista que se está planteando para la zona. A pesar de que tardarán unos años en construir, prefieren tener Etxarri vacío”, detallan tras explicar que “el Ayuntamiento de Bilbao no se ha comunicado con el gaztetxe, ni ha ofrecido ninguna alternativa”.

“Ante esta situación, nuestras únicas armas son la organización y la lucha. Aquellos que quieren desalojar Etxarri, son los mismos empresarios y políticos que eligen empeorar nuestras condiciones de vida y de trabajo, imponiendo los beneficios privados de unos pocos por encima de las necesidades de las vecinas y jóvenes del barrio. Si desalojan Etxarri, nos robarán un espacio clave para la organización de la clase trabajadora en Errekalde. Si desalojan Etxarri, nos robarán otro de los cada vez más escasos espacios autogestionados en Bilbao, en favor de la especulación. Hagámosle frente, extendramos la solidaridad y defendamos el gaztetxe”, concluyen.

La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a absolver a varios integrantes del grupo ultra Hogar Social Madrid, entre ellos su líder Melisa Domínguez, del delito de odio del que estaban acusados de lanzar bengalas y botes de humo frente a la mezquita de la M-30 de la capital en marzo de 2016. Los jueces, que han tenido que repetir su primera sentencia absolutoria por orden del Tribunal Superior de Justicia, entienden que la “única intención” de los ultraderechistas era “protestar contra el islamismo radical” tras los atentados de Bruselas y que su pancarta con el mensaje “Hoy Bruselas, ¿Mañana Madrid?” no buscaba incitar al odio contra la población musulmana.

Los acusados acudieron poco después de los atentados de Bruselas, perpetrados por ISIS y que dejaron 35 víctimas mortales y más de 300 heridos, a un puente en las inmediaciones de la mezquita de la capital. Desplegaron la pancarta, lanzaron algunas bengalas y botes de humo y difundieron la protesta en las redes sociales del grupo ultraderechista.

Fueron llevados al banquillo por la Fiscalía y la Red de ayuda al Refugiado con peticiones de cárcel por delito de odio y desórdenes públicos, y la Audiencia Provincial de Madrid les absolvió en un primer momento, pero los jueces tuvieron que repetir su sentencia por orden del Tribunal Superior de Justicia. En esta segunda resolución los magistrados llegan a la misma conclusión a lo largo de medio centenar de folios: que era una protesta contra el terrorismo yihadista y no contra la religión islámica en su conjunto.

La protesta, dicen los jueces por segunda vez, estaba dirigida a “protestar” contra los atentados de Bruselas pero “de ninguna manera para provocar, directa o indirectamente, sentimientos de odio, violencia, o de discriminación contras los musulmanes”. Los integrantes del grupo neonazi que fueron identificados no entraron en el Centro Cultural de la mezquita, destaca la sentencia, “ni lanzaron botes de humo a su interior, marchándose sin proferir amenazas e insultos tales como ”moros fuera“ o similares en contra de los musulmanes”.  

No encuentran pruebas los jueces, por tanto de que su intención fuera provocar los comentarios islamófobos que algunos usuarios escribieron en las redes sociales tras la publicación de los vídeos por parte del perfil de Hogar Social Madrid. Tampoco que causaran daños a la mezquita o que obstaculizaran la vía pública en el puente de la M-30 en el que desplegaron la pancarta.

Tampoco encuentran un delito de desórdenes públicos: “No se había producido una alteración de la paz pública porque no se refleja de ninguna de las maneras que se ejecutaron actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas”, justifica la sentencia.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM) ha anulado la absolución de la líder del grupo neonazi Hogar Social Madrid (HSM), Melisa Domínguez, del delito de incitación al odio del que fue acusada por el ataque que lideró contra la mezquita de la M-30 el 22 de marzo de 2016 después de los atentados yihadistas de Bruselas.

Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que los magistrados estiman los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la sentencia de 12 de diciembre de 2022, dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, por la que quedaban absueltos tanto Domínguez como el resto de acusados.

De este modo, se declara la nulidad de dicha resolución y, con retroacción de actuaciones, se procede a la devolución de la causa al órgano de procedencia a fin de que, por la misma Sección, se dicte nueva sentencia. La Sala anula la absolución respecto a Domínguez y otros once integrantes del colectivo de los delitos de incitación al odio y desórdenes públicos. Y deja sin efecto la decisión de imponer el 50% de las costas procesales a Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.

Los magistrados exponen que “la causa esencial de nulidad radica, precisamente, en que desconocen qué análisis crítico lleva a cabo la Audiencia Provincial sobre los hechos, al carecer de un relato completo y narrativo de cuanto ocurrió, que –al parecer– quiso componerse valiéndose de fotografías o fotogramas de un vídeo difundido en un canal abierto cuya autoría también se desconoce”.

“En suma: al no habernos pronunciado sobre la interpretación de las pruebas (racionalidad) sino que declaramos la nulidad de la sentencia por defectos (insuficiencia) evidentes de motivación, ningún obstáculo hallamos para que sea la misma Sala que celebró el juicio la que deba proceder a la reelaboración de la sentencia subsanando los defectos que hemos apreciado en los puntos analizados previamente”, agrega.

Durante el juicio, que se celebró en octubre, Melisa Domínguez se reafirmó en la protesta de aquella noche frente a la mezquita por “financiar el yihadismo terrorista”, manifestando que no se arrepentía de nada y que no cambiaría “ni una coma” del comunicado que entonces difundió por las redes sociales.

Manifestó que se optó, sin que hubiera una planificación previa, por la Mezquita de la M-30 por la investigación que había en curso en la Audiencia Nacional publicada por varios medios y ante “los indicios de financiación del terrorismo a través de una especie de impuesto revolucionario al rezo”.

El fiscal acordó entonces mantener su solicitud de tres años de cárcel de condena para la líder de HSM por vincular el Islam con el yihadismo terrorista en la protesta que lideró el 22 de marzo de 2016.

La Fiscalía de Madrid recurre la absolución de la líder de Hogar Social Madrid, Melisa Domínguez, después de que ella y el resto de acusados fuesen exonerados por la Audiencia Provincial de Madrid de un delito de odio y otro de desórdenes públicos del que estaban siendo investigados por participar en una protesta islamófoba frente a la mezquita de la M-30 de la capital en 2016.

El Ministerio Público solicita la nulidad de la sentencia emitida el 12 de diciembre pasado y, en caso de que esta petición no se acepte, pide tres años de cárcel y una multa de 3.000 euros para la portavoz de la organización de ultraderecha como autora de un delito de incitación al odio, según el recurso de apelación al que ha accedido elDiario.es.

En el juicio, la Fiscalía hizo definitiva su petición de tres años de cárcel únicamente para la líder de Hogar Social Madrid por desplegar una pancarta islamófoba frente a la mezquita de la M-30 de Madrid poco después de los atentados yihadistas de Bruselas donde murieron 32 personas. La pancarta tenía el mensaje “Hoy Bruselas, ¿mañana Madrid?”. Esta actuación fue acompañada de botes de humo “para dotar de mayor visibilidad a la acción”, recuerda el Ministerio Público en su recurso.

Según sentencia la Audiencia de Madrid, los miembros de la organización ultraderechista acudieron allí “con la única intención de protestar contra el islamismo radical por los referidos atentados”. “De ninguna manera para provocar, directa o indirectamente, sentimientos de odio, violencia, o de discriminación contras los musulmanes”, añadieron los jueces.

Mensajes que sirven “para incitar al odio”

Estas afirmaciones son rechazadas por el fiscal. Por un lado, sostiene que la sentencia no está debidamente motivada y, por otro, insiste en que los hechos enjuiciados se enmarcan en un delito de odio. En su argumentación recuerda el impacto que tuvo en redes sociales esta protesta, que fue difundida en Facebook junto a un comunicado que aseveraba lo siguiente: “Es inadmisible la connivencia de las instituciones en la cesión de terrenos públicos y estatales para la construcción de centros que han demostrado ser un foco principal de grupos terroristas”.

Por lo tanto, el Ministerio Público sostiene que “en el presente caso concurren todos los elementos del tipo que deberían fundamentar una condena, contando con la suficiente relevancia al haber generado un riesgo o peligro para el bien jurídico protegido, al constituir una serie de actos específicos de violencia, odio o discriminación contra el colectivo musulmán y sus integrantes”. Y añade: “Así, el lugar objeto de ataque es representativo para el colectivo musulmán, al tratarte de una mezquita, además la más conocida en Madrid”.

Sin embargo, la Audiencia Provincial señaló sobre estos comentarios que se trataron “de un cúmulo de conversaciones acaloradas y descontroladas entre personas que se llegan a insultar entre sí con ofensas tanto al Islam como al Catolicismo pero también en contra del comunismo y del fascismo”, ajenos a la protesta.

Asimismo, el fiscal considera relevante que, haciendo coincidir la protesta con los atentados de Bruselas, se trató de “asociar la idea de islamismo con la de terrorismo”. Y añade: “Focalizando un lugar de culto como un lugar donde se llevarían a cabo esas actividades deleznables, mostrando de esta forma un rechazo a la religión islámica y al colectivo musulmán, mediante el empleo de estereotipos negativos”.

El papel de Domínguez es escrutado en el recurso, donde se asevera que la acción “fue perfectamente planificada, coordinada por la acusada y responsable de la organización, grabando la actuación para posteriormente difundirla en las redes sociales para lograr un mayor impacto y difusión del contenido que incita al odio, violencia y discriminación hacia los musulmanes”.

Para el Ministerio Público los hechos enjuiciados exceden “los límites tanto a la libertad de expresión, como del derecho de reunión o manifestación”. Además, insiste en que Hogar Social Madrid es una organización de “ideología neonazi”. Y concluye aseverando que de “los mensajes proferidos”, tanto en redes sociales como en vídeos, “se desprende no solo una clara y rotunda intolerancia hacia el islam y los musulmanes, sino que además resultan por si mismos ofensivos y lesionan la dignidad de ese colectivo, sirviendo para incitar al odio, la hostilidad, violencia y discriminación contra ellos”.

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La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido absolver a la líder del grupo neonazi Hogar Social Madrid, Melisa Domínguez, de un delito de odio del que estaba acusada por participar en una protesta islamófoba frente a la mezquita de la M-30 de la capital en 2016. Los jueces, según ha sabido elDiario.es, consideran inocente a la dirigente ultraderechista y también al resto de acusados.

En el juicio, la Fiscalía hizo definitiva su petición de tres años de cárcel para la líder del grupo ultra Hogar Social Madrid por desplegar una pancarta islamófoba frente a la mezquita de la M-30 de Madrid poco después de los atentados yihadistas de Bruselas donde murieron 32 personas. La pancarta tenía el mensaje “Hoy Bruselas, ¿mañana Madrid?” con una mezquita tachada en un símbolo rojo, algo que acompañaron con el lanzamiento de bengalas de humo e insultos a los musulmanes que se encontraban en el centro islámico.

Según sentencia la Audiencia de Madrid, los ultras acudieron allí “con la única intención de protestar contra el islamismo radical por los referidos atentados”. No hay pruebas, dice la Justicia, de que la intención de este colectivo ultraderechista fuera “provocar algunos de los comentarios publicados en las redes sociales de carácter islamófobo, hispanófobo, antifascistas, anticomunistas, anticatólicos, y antiamericanos”.

La protesta, siguen los jueces, estaba dirigida a protestar contra los atentados de Bruselas “con motivo de las informaciones sobre la posible financiación de elementos yihadista en la misma”, refiriéndose a la mezquita de Madrid. “De ninguna manera para provocar, directa o indirectamente, sentimientos de odio, violencia, o de discriminación contras los musulmanes”, añade.

En cuanto a los comentarios que en internet, a raíz de la difusión de la protesta, en los que se basaba la acusación por incitación al odio, explica la sentencia que “se trata de un cúmulo de conversaciones acaloradas y descontroladas entre personas que se llegan a insultar entre sí con ofensas tanto al Islam como al Catolicismo pero también en contra del comunismo y del fascismo”, ajenos a la protesta.

Tampoco hubo un delito de desórdenes públicos. “La colocación de la pancarta no supuso ni cortes en la pasarela peatonal ni en la circulación de vehículos por la calle M-30”, dicen los jueces. Valoran también que el vigilante de la mezquita testificó y explicó que nadie zarandeó la verja de acceso “ni oyó amenazas ni vio armas ni tuvo miedo por él mismo sino por el conflicto”.

La líder ultraderechista ya fue absuelta de pagar una multa de 630 euros inicialmente impuesta por un delito de desobediencia. En ese caso Domínguez y otros dos absueltos fueron juzgados por, supuestamente, negarse a identificarse cuando la Policía acudió al edificio de la calle Joaquín Costa que el grupo neonazi había ocupado de manera irregular, un inmueble propiedad de Radio Televisión Española. La Audiencia de Madrid dictó su exoneración. Fue igualmente detenida en 2020 durante una protesta contra el Gobierno en la calle Ferraz, frente a la sede central del PSOE, nuevamente por negarse a ser identificada por los agentes.

La Guardia Civil ha detenido a los tres integrantes de un grupo organizado por su implicación en la promoción de odio antisemita, según ha señalado este viernes la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.

La operación, desarrollada bajo el título 'Perinola-lienzo', ha concluido con la detención de dos hombres y una mujer, como responsables de una campaña de acoso y hostigamiento a la corporación municipal y los vecinos de la población burgalesa de Castrillo Mota de Judíos.

En los registros realizados se intervino parafernalia y documentación de ideología nazi, indumentaria de Hogar Social, varias pistolas táser y de aire comprimido, un invernadero de marihuana y sustancias estupefacientes.

La investigación se inició a diciembre del pasado año tras la aparición de varias pintadas en este municipio contra el alcalde de la población y el intento de quema de la bandera de la localidad, en la que se encuentra la estrella de David.

El pasado mes de agosto, se repitieron los hechos y se incendiaron varios contenedores de residuos, que se percibieron como un incremento de las amenazas que venía sufriendo la localidad.

De manera paralela, el Grupo de Información de la Comandancia de Madrid mantenía un dispositivo de control desde octubre de 2020, tras detectarse varios mensajes con un claro tinte antisemita en la puerta de la sinagoga de la localidad de Villanueva de la Cañada.

En esta comunidad autónoma, aparecieron pintadas en un centro cultural judío en Alcobendas y se realizaron varias pintadas antisemitas en los cementerios judíos de Hoyo de Manzanares y de la Almudena.

Grupo criminal de extrema derecha radical

A tenor de estos hechos, se iniciaron sendas investigaciones en Burgos y Madrid que confluyeron al detectar que existía un común denominador en los autores de los hechos en diferentes emplazamientos, donde la grafía utilizada se atribuyó a un mismo autor o autores.

La investigación permitió identificar a los integrantes de un grupo organizado, compuesto por dos hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 36 y 42 años.

A los tres detenidos se les considera integrantes de un grupo criminal de extrema derecha radical que actuaba de manera concertada para cometer este tipo de delitos, adoptando medidas de seguridad para evitar ser descubiertos.

Dentro de la investigación se practicaron registros domiciliarios en las localidades madrileñas de Las Rozas y Algete, en los que se intervinieron diversos efectos, parafernalia y documentación de ideología nazi, así como varias pistolas táser y de aire comprimido, un invernadero de marihuana y sustancias estupefacientes.

Indumentaria de Hogar Social Madrid

Entre el material incautado, la Guardia Civil ha registrado indumentaria de Hogar Social Madrid, una organización de extrema derecha con amplia presencia neonazi en sus filas. En 2020 miembros del grupo neonazi irrumpieron en la sede del PSOE en Ferraz tras el desalojo del edificio que ocupaban en el centro de Madrid.

En marzo, La Audiencia Provincial de Madrid revocó una condena a la líder de Hogar Social, Melisa Domínguez, y la absuelvía de un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad porque “los hechos declarados probados no son constitutivos de un delito de resistencia o desobediencia grave a agentes de la autoridad”.

La Justicia revoca una condena a la líder de Hogar Social, Melisa Domínguez, y la absuelve de un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad. La Audiencia Provincial de Madrid estima el recurso presentado por la defensa de Domínguez y los también investigados J.F.R. y C.M.M. De esta forma, tumba la sentencia emitida en octubre por el Juzgado de lo Penal número 27 y que condenó a los tres denunciados a pagar una multa de 630 euros.

En ese momento, la magistrada consideró probado que se habían negado “en repetidas ocasiones” a facilitar su DNI cuando los agentes de Policía les instaron a ello el pasado 30 de agosto. Los hechos se produjeron en un edificio propiedad de Radio Televisión Española (RTVE), localizado en la calle Joaquín Costa de la capital, uno de los inmuebles que la organización ultraderechista ha ocupado en los últimos meses.

La Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid sostiene que “los hechos declarados probados no son constitutivos de un delito de resistencia o desobediencia grave a agentes de la autoridad”, apuntan los magistrados en una sentencia a la que ha accedido elDiario.es y que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.

“Conforme a los propios hechos probados recogidos en la sentencia, y a la declaración de los agentes y de los propios acusados, la actuación de éstos fue de mera negativa a abandonar las instalaciones, sin ofrecer resistencia activa ni pasiva, un mero acto de desobediencia”, indica el tribunal.

Un acto de desobediencia leve

Al estimar el recurso presentado por los tres denunciados, los jueces también añaden que “incluso aunque los agentes requirieran de identificación de forma reiterada, no hubo oposición relevante ni un comportamiento agresivo de los acusados que justifique la intervención penal”. “Se trata de un acto de desobediencia leve frente al que cabe en su caso valorar su relevancia en el ámbito del derecho administrativo sancionador”, apuntan.

La asociación publicó en sus perfiles en redes sociales el pasado 29 de agosto que volvían a ocupar la antigua sede del NO-DO (Noticiario Documental franquista), propiedad de RTVE. Un edificio que ya conocían porque lo habían ocupado hace cinco años. Una patrulla de la Policía Nacional se acercó para “identificar a las personas” que estaban en las instalaciones públicas por si estaban cometiendo “algún tipo de infracción” y “por si la seguridad de la Embajada de Israel [que se encuentra a escasos metros] pudiera verse comprometida”, recogía la sentencia revocada y emitida por el juzgado de lo penal número 27 de Madrid.

En el procedimiento de primera instancia, el Ministerio Público solicitó que se condenase a los denunciados por un delito de desobediencia grave y proponía una multa de 1.620 euros, más elevada de la que finalmente impuso la jueza. Al llegar la causa a la Audiencia Provincial, la Fiscalía ha optado por impugnar el recurso presentado por la defensa de Domínguez.

Esta es una de las primeras causas contra Domínguez que se han juzgado. La líder de Hogar Social tiene abierta algunas más. Se sentará en el banquillo acusada de un delito de incitación al odio por el ataque a la mezquita de la M-30 del 22 de marzo de 2016 tras los atentados yihadistas de Bruselas. También tiene decretada una apertura de juicio oral por su actuación en una de las caceroladas contra el Gobierno convocadas en la calle Ferraz de Madrid en el mes de mayo de 2020, cuando de nuevo se negó a identificarse. Y también está siendo investigada por una protesta celebrada en enero de 2020 frente a la sede del PSOE.

La Residencia de Estudiantes es desde hace mucho tiempo una referencia casi legendaria, un símbolo de toda una época. Su prestigio se afianzó tempranamente por su relación con figuras tan influyentes como Unamuno, Juan Ramón Jiménez y Ortega, residentes o visitantes habituales, con personalidades tan universalmente reconocidas como Bergson, Einstein, Marie Curie y Gabriela Mistral, que fueron allí conferenciantes, y con artistas tan populares como los jóvenes “alacres” –así los llamó Moreno Villa– Buñuel, Lorca y Dalí.

El 14 de abril de 1931, era ya una institución madura y reconocida, con más de veinte años de vida y plenamente arraigada en la vida universitaria y cultural madrileña. Dirigida por Alberto Jiménez Fraud, había comenzado su actividad con un pequeño número de estudiantes varones en el otoño de 1910, como parte del proyecto reformista de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, un organismo directamente inspirado por la Institución Libre de Enseñanza e inscrito con inusual autonomía en el Ministerio de Instrucción Pública, con el fin de mejorar la educación y promover la ciencia en España. Cinco años más tarde, en 1915, se abrió la Residencia de Señoritas, su grupo femenino, en los pequeños hoteles de la calle de Fortuny, que había desocupado la sección masculina al trasladarse a la nueva sede de la calle del Pinar, en los Altos del Hipódromo.  

Institución singular en la instrucción pública española, el grupo masculino se inspiró en los 'colleges' británicos de las universidades de Oxford y Cambridge, y la Residencia de Señoritas eligió el modelo norteamericano por el apoyo generoso que le prestó el International Institute for Girls in Spain y su relación con algunas de las más prestigiosas universidades femeninas de la costa Este de los Estados Unidos, como Smith College. Formar minorías directoras, solidarias y responsables, al igual que las fundaciones británicas y norteamericanas en las que se inspiraba, constituía el telón de fondo de la Residencia. 

Carácter internacional

El grupo femenino, que culminaba la atención que la Institución Libre de Enseñanza, siguiendo una característica peculiar del krausismo, había prestado a la educación de las mujeres, “no se basó en un hecho, sino en una suposición”, en palabras de su directora, María de Maeztu, por la escasísima existencia de universitarias en esos años. De hecho, su cometido fundamental consistió en impulsar y facilitar el acceso a la Universidad de Madrid de las jóvenes que llamaron a su puerta, prestarles su apoyo para que pudieran elegir estudios superiores cada vez más diversificados y, en consecuencia, consiguieran trabajos cualificados en sectores que les estaban vetados hasta entonces. Muy pronto, al igual que el grupo masculino, recibió más solicitudes de ingreso de las que podía atender: la Residencia siempre huyó de las grandes sedes y del elevado número de alumnos, temiendo llegar a ser, como decía Francisco Giner de los internados al uso, “mixto de cuartel y convento”. Pero siempre se dio cabida a un número significativo de estudiantes foráneos que convivieron con los españoles. En el caso de la Residencia de Señoritas, fueron mayoritariamente alumnas norteamericanas, aunque hubo también un núcleo notable de alemanas, no pocas de origen judío llegadas a Madrid en los años treinta para ampliar estudios y, a la vez, huir del antisemitismo de su país.  

Con flexibilidad y firmeza, con pragmatismo también –y gran habilidad para protegerse de las injerencias ministeriales y políticas–,  la Residencia de Estudiantes ejerció siempre sus funciones de acuerdo con los principios que la sustentaban, desde la independencia y la tolerancia, rasgos imprescindibles además de en este marco para toda acción educativa. Fueron delicados los primeros tiempos para su consolidación y peligrosos los años del directorio militar del general Primo de Rivera para su continuidad. En el periodo republicano, siguió primando la neutralidad y no se rompió su tradicional distanciamiento de la actividad política. 

No cambió tampoco su trayectoria. En los años treinta, siguió considerando fundamental tutelar a los estudiantes –una de las razones determinantes de su creación–, en sustitución de las tradicionales casas de huéspedes contra las que clamaban los reformistas –de Macías Picavea a Giner de los Ríos y sus sucesores de la Institución Libre de Enseñanza– por considerar que ejercían una pésima influencia sobre el modo de vida de los estudiantes, incluida desde luego su habitual falta de atención a los estudios. Tanto el grupo masculino como la Residencia de Señoritas quisieron procurar una educación integral, que comprendiera al tiempo el desarrollo intelectual y el cultivo moral, físico y social, mediante un sistema flexible, aunque no laxo, que fue mucho más indirecto y sutil en el grupo masculino que en la Residencia de Señoritas.

La institución tuvo que paliar además las deficiencias y carencias de la universidad española, y organizó para ello una serie de enseñanzas instrumentales no suficientemente atendidas en los centros oficiales y no siempre asequibles en el Madrid de entonces: clases de idiomas, en primer lugar, que la mayor parte de los años incluían francés, inglés y alemán. Fue muy novedosa –y sumamente beneficiosa– la posibilidad que ofreció de hacer prácticas en las materias de carácter experimental para completar una enseñanza excesivamente teórica en general: los laboratorios instalados en la sede de la calle del Pinar facilitaron, y no solo a los residentes porque admitían alumnos de fuera, una mejora sustancial del aprendizaje, especialmente en el caso de los estudiantes de Medicina, que en octubre de 1931 eran casi la mitad del total en la sección masculina. El laboratorio de Fisiología General, dirigido por Juan Negrín, y el de Histopatología, a cargo de Pío del Río-Hortega, estaban dedicados a la investigación.  

En la Residencia de Señoritas, y gracias a la colaboración del Instituto Internacional, se abrió el laboratorio de Química, fundado por Mary Louise Foster, profesora del Smith College, que atendía a las necesidades de las estudiantes de Farmacia –el sector más numeroso de las universitarias del centro a finales de los años veinte–, así como de las que estaban matriculadas en la Facultad de Ciencias, el siguiente grupo en importancia numérica. Se impartieron otras muchas materias complementarias. Las clases de Biblioteconomía, que inició la norteamericana Mauda Polley en la primavera de 1929, supusieron la introducción sistemática, con criterios modernos, de esa disciplina en Madrid, y favorecieron señaladamente la incorporación profesional de las mujeres a los archivos y bibliotecas. 

Cuerpo y mente

La práctica excursionista y deportiva que la Residencia alentó a lo largo de los años no fue una innovación menor, especialmente en el caso de las mujeres: fútbol, tenis, hockey, rugby y atletismo en la sección masculina, tenis, hockey y baloncesto, además de algunas modalidades de gimnasia rít-mica y baile, en el grupo femenino. La Residencia de Estudiantes tuvo además una destacada dimensión cultural con proyección pública que define una buena muestra de las inquietudes y de las tendencias –incluidas las manifestaciones de vanguardia– de la sensibilidad de su tiempo, tanto por la variedad de los temas tratados como por el diverso significado de sus participantes. Desarrolló un muy completo –y coherente– programa cultural e intelectual, con impronta liberal y carácter europeísta, basado en el intercambio y la cooperación internacionales. El planteamiento de esos actos, que incorporaron la mejor tradición de la alta divulgación anglosajona, fue original en el panorama español, con su intención de atender a las variadas y complementarias dimensiones que debían conformar el horizonte de un público culto. 

Por su parte, la Residencia de Señoritas prestó atención en las conferencias a temas de especial interés en el ámbito femenino, expuestos muchas veces, frente a lo que era habitual, por mujeres. Definida en 1930 por la revista Crónica como “el hogar madrileño de la intelectualidad femenina española y extranjera”, fue un núcleo fructífero de sociabilidad femenina en torno al cual se fundaron, bajo el amparo de María de Maeztu, dos organismos de raíz internacional, la Asociación Española de Mujeres Universitarias y el Lyceum Club Femenino. Y el centro constituyó una plataforma esencial para la configuración en las clases medias de “la mujer moderna” española  –tan bien retratada por Martínez Sierra o Casona–, que la legislación republicana procuró consolidar y difundir.  

La Residencia de Estudiantes tuvo a partir de la primavera de 1931 una influencia decisiva, resultado de la sintonía existente entre sus responsables y los de instrucción pública de los primeros gobiernos republicanos, en la conformación de la Universidad de Madrid y en la apertura de centros residenciales en París y Londres. Se iniciaba así la difusión e implantación del tipo de universidad al que respondía la Residencia de Estudiantes, concebido como una corporación autónoma de maestros y discípulos, con régimen colegial y organización tutorial, al modo anglosajón, muy diferente del modelo francés vigente en España, que era un sistema centralizado y uniforme, fuertemente reglamentado y jerarquizado, bajo el control de la Administración y al albur de los vaivenes políticos. 

La Residencia de Señoritas constituyó una plataforma esencial para la configuración de la mujer moderna española de clase media

La caída de la monarquía permitió cambiar la orientación de la Ciudad Universitaria madrileña, la nueva sede que se estaba construyendo en la Moncloa para la Universidad de Madrid, un proyecto, aprobado en 1927, que había protagonizado Alfonso XIII junto a un conjunto de catedráticos conservadores y católicos. Los miembros de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria republicana, y singularmente el doctor Negrín, su nuevo secretario, quisieron introducir en el proyecto de la Moncloa las directrices institucionistas seguidas en las creaciones de la Junta para Ampliación de Estudios como la Residencia de Estudiantes, exactamente lo contrario de lo que pretendían sus fundadores, que la habían ideado en buena medida para contrarrestar la influencia de ese organismo, al que consideraban extranjerizante y al que reprochaban su carácter laico, además de su condición extrauniversitaria. Iniciar la transformación gradual de la Universidad de Madrid hacia un modelo residencial, con el consiguiente desarrollo del sistema tutorial, fue el encargo que se encomendó a Alberto Jiménez Fraud, nombrado vocal de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria en mayo de 1931. Se ocupó, en primer lugar, de armonizar la organización y el funcionamiento de la Fundación del Amo, una residencia de estudiantes abierta en la Moncloa en 1929, con la que él dirigía desde 1910. Impulsó después, con pautas semejantes, la construcción, en un solar próximo, del Colegio de Alcalá, que estaba listo para ser inaugurado en octubre de 1936. 

Un modelo de universidad residencial

Idéntico camino siguió el Colegio de España en París, iniciativa encabezada también por Alfonso XIII en la Cité Universitaire, que había sido creada para fomentar la convivencia entre estudiantes de distintas procedencias y conseguir en la Europa –y en el mundo– de entreguerras el entendimiento entre las naciones y asegurar la paz. Tras proclamarse la Segunda República, el cambio de vocales, con la inclusión de Jiménez Fraud, en la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Estado de la que dependía, permitió que el Colegio de España, terminado de construir gracias a las gestiones del ministro Fernando de los Ríos, se ajustase a los principios de la Residencia de Estudiantes madrileña. Y se creó una Federación de Residencias, que unió, bajo la dirección de Jiménez Fraud, el Colegio de España, la Fundación del Amo y la Residencia de Estudiantes. A lo largo del curso 1936-1937, se hubiera integrado en ella, junto a esas tres instituciones, un nuevo centro en Londres, dependiente, como el Colegio de España, de la Junta de Relaciones Culturales, y pensado especialmente para arquitectos aunque extensible más tarde a economistas. 

Otra realización republicana, la Facultad de Filosofía y Letras radicalmente renovada en su plan de estudios por el decano García Morente y alojada en un moderno edificio de la Ciudad Universitaria desde enero de 1933, suponía, con su proyectada residencia para estudiantes, el Colegio de Córdoba, la prolongación y, en cierto modo, la culminación en Madrid de la idea de universidad de corte tutorial y residencial inicialmente plasmada en los grupos masculino y femenino de la Residencia de Estudiantes. Por sus ventajas –nunca por la imposición de una legislación uniforme en cuya efectividad no creía el núcleo institucionista–, se esperaba su generalización paulatina en el conjunto de las universidades españolas. 

La Justicia ha condenado a la líder de Hogar Social, Melisa Domínguez, por un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad a pagar una multa de 630 euros. La magistrada considera probado que la acusada y los también investigados J.F.R. y C.M.M. se negaron a facilitar su DNI cuando los agentes de Policía les instaron a ello el pasado 30 de agosto. “No estamos haciendo nada. No tenemos que identificarnos, esto es una propiedad privada”, alegaron los acusados, según recoge la sentencia a la que ha accedido esta redacción. Los hechos se produjeron en un edificio propiedad de Radio Televisión Española (RTVE), localizado en la calle Joaquín Costa de la capital, uno de los inmuebles que la organización ultraderechista ha ocupado en los últimos meses.

La asociación publicó en sus perfiles en redes sociales el pasado 29 de agosto que volvían a ocupar la antigua sede del NO-DO (Noticiario Documental franquista), propiedad de RTVE. Un edificio que ya conocían porque lo habían ocupado hace cinco años. Una patrulla de la Policía Nacional se acercó para “identificar a las personas” que estaban en las instalaciones públicas por si estaban cometiendo “algún tipo de infracción” y “por si la seguridad de la Embajada de Israel [que se encuentra a escasos metros] pudiera verse comprometida”, recoge la sentencia emitida el 29 de octubre por el juzgado de lo penal número 27 de Madrid. 

Ante la operación policial, “los acusados se identificaron como miembros de la asociación Hogar Social a través de la verja exterior del edificio y se les solicitó su identificación, por ocupación sin autorización de un inmueble, negándose a ello” en repetidas ocasiones, continúa la sentencia. 

Los condenados llegaron a rechazar en más de 15 ocasiones la orden dada por la Policía. J.F.R. grabó la actuación policial con el móvil y los agentes le detuvieron al negarse a identificarse y no cesar con la grabación. Ya en la vista judicial, Domínguez alegó que no se identificó porque se encontraban “en una propiedad privada” y, en su caso particular, porque “no llevaba la documentación”. 

La Fiscalía ejerció la acusación

Los hechos se han juzgado en una vista rápida que se celebró un día antes de que se dictase sentencia y en el que la acusación era ejercida por la Fiscalía. El Ministerio Público solicitó que se condenase a los acusados por un delito de desobediencia grave, como ha determinado la magistrada, aunque sí proponía una multa más elevada, que ascendía a 1.620 euros. Por su parte, la defensa de los acusados pidió la absolución de sus clientes. 

“En el caso que nos ocupa, se infiere que nos encontramos ante una desobediencia grave por negativa al cumplimiento del mandato a identificarse [de forma] reiterada, porque los agentes mantuvieron que los acusados se negaron a hacerlo después de pedírselo en más de quince ocasiones, luego en aplicación de la doctrina jurisprudencial no se puede tener a los acusados como autores de una falta administrativa, sino de un delito de desobediencia grave a la autoridad del que vienen imputados”, argumenta la jueza.

Finalmente, la magistrada concluye que “la conducta de los acusados merece la consideración de delito de desobediencia grave” por la insistencia con la que se negaron a facilitar su documentación. El fallo ya ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Esta es una de las primeras sentencias que se dictan contra Domínguez. Dentro de unas semanas, la líder de Hogar Social volverá a ser juzgada. En esta ocasión, acusada de un delito de incitación al odio por el ataque a la mezquita de la M-30 del 22 de marzo de 2016 tras los atentados yihadistas de Bruselas. También tiene decretada una apertura de juicio oral por su actuación en una de las caceroladas contra el Gobierno convocadas en la calle Ferraz en el mes de mayo de 2020, cuando de nuevo se negó a identificarse. Y cuenta con otra causa abierta por una protesta celebrada en enero de 2020 frente a la sede del PSOE.

La Fiscalía de Madrid solicita siete meses de prisión para la portavoz de la organización ultraderechista Hogar Social, Melisa Domínguez, por un delito de desobediencia. Los hechos investigados sucedieron en enero de 2020, cuando miembros del colectivo ultraderechista acudieron a la sede del PSOE a manifestarse después de que ese mismo día la Policía les hubiese desalojado de un edificio que estaban ocupando cerca de Plaza de España (Madrid).

El escrito de acusación recoge que el 9 de enero de 2020 Domínguez “se dirigió junto a otras quince personas, todas ellas integrantes del colectivo Hogar Social Madrid, a la sede del Partido Socialista Obrero Español” y se sentaron “en el suelo junto a la puerta de entrada y en el espacio comprendido entre ésta y los tornos y controles de seguridad”, según expone el departamento de prensa del Ministerio Público en un comunicado.

“La acusada se identificó como portavoz del grupo y se negó reiteradamente a acatar las órdenes que le fueron dadas por el responsable de seguridad de la sede y por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía para que abandonara el lugar”, expone la Fiscalía, que detalla que Domínguez continuó “persistiendo en su negativa, hasta que, finalmente, los agentes policiales tuvieron que desalojarla contra su voluntad” .

En un auto, emitido el 15 de febrero, la magistrada del juzgado de instrucción número 3 de Madrid descartó que Domínguez cometiese un delito de allanamiento, como solicitaba la defensa del PSOE, que ejerce la acusación particular. Para la magistrada, “basta el visionado del contenido de las imágenes aportadas para comprobar” cómo ni Domínguez ni el resto de manifestantes “trataron de pasar los tornos de acceso a las instalaciones del partido, situándose en la zona de acceso y en las puertas de entrada al edificio desde la calle”, aunque a su vez reconoce que “la presencia del grupo en el lugar dificultó la entrada y salida a la sede del partido”. Y se limitó a enmarcar los hechos en un presunto delito de desobediencia o resistencia a los agentes de la autoridad.

Este no es el único procedimiento judicial que tiene abierto la portavoz de la organización neonazi. En diciembre será juzgada por un delito de incitación al odio por el ataque a la mezquita de la M-30 del 22 de marzo de 2016 tras los atentados yihadistas de Bruselas. Unos meses antes, el 5 de julio se sentará en el banquillo por su actuación en una de las caceroladas contra el Gobierno convocadas en la calle Ferraz en el mes de mayo de 2020. En esta ultima causa, el juzgado de instrucción número 48 de Madrid acordó la apertura de juicio oral contra Domínguez por un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.

La líder de Hogar Social Madrid, Melisa Domínguez, se sentará en el banquillo por su actuación en una de las caceroladas contra el Gobierno convocadas en la calle Ferraz en el mes de mayo de 2020. El juzgado de instrucción número 48 de Madrid ha acordado la apertura de juicio oral contra Domínguez por un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad y contra otro acusado, J.R.P., por un delito de atentado contra la autoridad y dos delitos leves de lesiones. 

Este no es el único procedimiento judicial que tiene abierto la portavoz de la organización neonazi. En diciembre será juzgada por un delito de incitación al odio por el ataque a la mezquita de la M-30 del 22 de marzo de 2016 tras los atentados yihadistas de Bruselas. También está imputada por otra protesta celebrada en enero de 2020 frente a la sede del PSOE. Esta causa está siendo instruida por el juzgado de instrucción número 3, que investiga a Domínguez por un delito de desobediencia o resistencia a los agentes de la autoridad. 

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirman a elDiario.es que la líder del grupo ultra se sentará en el banquillo por su participación en una cacerolada contra el Gobierno de Pedro Sánchez que se celebró ya durante la pandemia, el 22 de mayo de 2020 frente a la sede del partido socialista.

En la instrucción, el magistrado expuso los hechos por los que los dos imputados serán juzgados. Durante la concentración, varios agentes de Policía Nacional “decidieron pedir” a Domínguez que “se identificara, a lo que se negó”, según un auto emitido el 21 de octubre por el magistrado del juzgado de instrucción número 48. Según recoge el escrito, la portavoz del colectivo ultra, “de forma cada vez más violenta”,  desoyó las indicaciones de los agentes, “dando gritos para que las personas congregadas se pusieran en contra” de los policías. 

Ante la respuesta de la portavoz de la organización neonazi, dos agentes “intentaron llevar a la investigada a un lugar seguro para identificarla”, Domínguez respondió a esa actuación “resistiéndose y revolviéndose contra” los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Uno de los policías que participó en esa operación “recibió un golpe con el palo de la bandera que portaba la investigada, llegando [Domínguez] a evadirse” de la retención policial, “aunque posteriormente fue detenida”. 

En el transcurso de esta actuación apareció el segundo acusado J.R.P., —siempre según recoge el auto emitido en octubre— que se dirigió a los agentes “con una actitud agresiva levantando los puños y dirigiéndoles insultos”. El magistrado destaca que este segundo acusado fue “requerido” por los policías para que mantuviera la distancia de seguridad“, ”sin hacer caso“. Según continúa el relato del juez, J.R.P. ”empujó“ a tres agentes, hasta que fue también detenido. Aún así, durante su retención ”siguió dirigiendo insultos, lanzando patadas y manotazos“ contra los policías. 

Al intentar reducirle, el acusado y dos agentes se “cayeron al suelo”. Una situación que provocó que los agentes “sufrieran contusiones y erosiones que precisaron de una primera asistencia facultativa en ambos casos”, continúa el auto judicial. La letrada que representa a este segundo acusado asegura que su cliente no tiene vinculación con la organización Hogar Social Madrid. 

En el escrito de la Fiscalía, dirigido al juzgado en noviembre, el Ministerio Público aclara que tras la intervención policial Domínguez finalmente fue identificada y los agentes encontraron en su mochila un bote de humo. Además, destaca que los dos “acusados tienen antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia”. 

Para el fiscal los hechos protagonizados en mayo de 2020 por Domínguez constituyen un delito de resistencia, que debería llevar aparejada una pena de seis meses de prisión y una pena de “especial de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena”. Por su parte, los hechos imputados al segundo acusado, J.R.P., conllevan para el Ministerio Público una pena de nueve meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad y dos delitos leves de lesiones. A eso suma una pena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, dos meses de multa a razón de doce euros diarios por cada uno de los delitos leves y una indemnización de 150 euros a dos agentes “por las lesiones”. 

El 18 de enero el juzgado de instrucción decretó la apertura de juicio oral contra los dos acusados por los delitos ya expuestos. La defensa de Domínguez, el letrado Alejandro Hernández, muestra su “disconformidad con el relato realizado por el Ministerio Fiscal” y asegura en el escrito de defensa que “los hechos realmente ocurridos no son constitutivos de delito alguno”.

La defensa de Melisa Domínguez, portavoz del grupo fascista Hogar Social Madrid, ha recusado a la magistrada que instruye la causa contra ella por liderar el asalto a la sede central del PSOE que se produjo el pasado 10 de enero. La representación legal de Domínguez alega que la jueza Isabel Durántez fue alto cargo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que antes lo había sido en el bipartito gallego que presidió Emilio Pérez Touriño.

El escrito de la defensa recuerda que el PSOE está personado como acusación particular en la causa abierta por resistencia a los agentes de la autoridad y allanamiento de persona jurídica. “La magistrada ha sido parte activa de la misma (acusación particular). Ha sido 'defensor o representante', circunstancia que se establece en el ordinal sexto del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, consecuentemente, tiene interés, aunque sea indirecto, en el pleito o la causa”, alega el letrado Ignacio Menéndez en un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es.

El 10 de enero, un grupo de miembros de Hogar Social Madrid se dirigió al mediodía a la sede socialista de Ferraz para protestar por el desalojo que habían sufrido de un local que fue de Comisiones Obreras y que está situado cerca de Plaza de España. Apenas habían pasado 72 horas de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Una quincena militantes fascistas entraron sin permiso en el edificio y se sentaron en la recepción sin llegar a traspasar los tornos de seguridad.

Melisa Domínguez fue detenida y la Brigada Provincial de Información abrió una investigación. En el atestado atribuía a Melisa Domínguez Ruiz el liderazgo de la ocupación de la sede socialista y una actitud de cabecilla del grupo. Una vez prestó declaración ante la Policía, la portavoz de Hogar Social Madrid fue puesta en libertad.

Por reparto, la denuncia policial recayó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, cuya titular es Durántez. La magistrada dictó un auto en el que citaba a Domínguez como presunta autora de los citados delitos, el de resistencia castigado con entre uno y cuatro años de cárcel; y el de allanamiento, con entre seis meses y un año y multa. La declaración debía haberse producido este martes, pero la recusación ha obligado a su suspensión.

María Isabel Durántez Gil fue nombrada directora general de Interior de la Xunta de Galicia en el bipartido gallego que presidió Emilio Pérez Touriño entre 2005 y 2009. Ese año, Durántez pasó al Gobierno de la nación. José Luis Rodríguez Zapatero la eligió para ser directora general de Marina Mercante en el Ministerio de Fomento.

La presentación de un incidente de recusación provoca la inmediata pérdida de causa del instructor, que tiene asignado previamente un juzgado que la asume. Una sala de la Audiencia Provincial decidirá sobre el citado incidente y mientras, el nuevo juez del caso puede instruir o esperar a que la sala falle sobre la recusación.

Melisa Domínguez está pendiente de sentarse en el banquillo de los acusados por el ataque con bengalas contra la mezquita de la M-30 en Madrid el 22 de marzo de 2016, tras un atentado en Bruselas, acción que incluyó el despliegue de una pancarta en el puente próximo que decía: “Hoy Bruselas, ¿mañana Madrid?”. El fiscal pide tres años de cárcel para Domínguez por un delito de odio al ser la única participante que justificó el ataque ante los medios de comunicación. La acusación que ejerce la Red Española de Ayuda al Refugiado eleva la petición a cuatro años de prisión.

La jueza Isabel Durantez ha citado a la portavoz del grupo fascista Hogar Social Madrid, Melisa Domínguez, para que declare como investigada el próximo 3 de marzo por el asalto a la sede del PSOE el pasado 10 de enero, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas. La magistrada atribuye indiciariamente a Domínguez los delitos de allanamiento de persona jurídica y resistencia a los agentes que practicaron su detención.

Hogar Social Madrid mantenía ocupado un antiguo local de Comisiones Obreras cerca de Plaza de España que fue desalojado por la Policía aquella mañana. Como protesta, miembros del grupo acudieron a la sede central del PSOE y ocuparon la recepción del edificio. La Brigada Provincial de Información abrió una investigación y atribuyó a Melisa Domínguez Ruiz el liderazgo de la ocupación de la sede socialista y una actitud de cabecilla del grupo, algunos de cuyos miembros fueron identificados en ese momento. Una vez prestó declaración ante la Policía, Domínguez fue puesta en libertad.

Por reparto, la denuncia policial ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, cuya titular es Dulantez. La magistrada ha decidido abrir diligencias por los citados delitos de resistencia a los agentes y allanamiento de persona jurídica, en referencia al PSOE y su sede. El primero de los delitos está castigado con entre uno y cuatro años de cárcel; el segundo, con entre seis meses y un año y multa.

La ocupación de la recepción del PSOE, sobre las 14:30 horas de aquel 10 de enero, estuvo protagonizada por una quincena de personas, que se sentaron en el suelo sin llegar a traspasar los tornos de seguridad. Cuando los agentes se personaron, la propia Melisa Domínguez se identificó como “portavoz de Hogar Social Madrid”, explicó que estaban allí para protestar por el desalojo y añadió que no tenían intención de abandonar el lugar.

Domínguez está pendiente de sentarse en el banquillo de los acusados por el ataque con bengalas contra la mezquita de la M-30 en Madrid el 22 de marzo de 2016, tras un atentado en Bruselas, acción que incluyó el despliegue de una pancarta en el puente próximo que decía: “Hoy Bruselas, ¿mañana Madrid?”. El fiscal pide tres años de cárcel para Domínguez por un delito de odio al ser la única participante que justificó el ataque ante los medios de comunicación. La acusación que ejerce la Red Española de Ayuda al Refugiado eleva la petición a 4 años de prisión.

El grupo neonazi Hogar Social ha ocupado este lunes un nuevo edificio en Madrid, en el distrito de Chamberí, después de que fuera desalojado el pasado jueves de otro en Malasaña. Los ultras, que desde hace un año están inscritos como partido político y defienden, entre otras medidas, “reducir la inmigración” y “la prohibición de todos los partidos independentistas”, ocupaban desde noviembre de 2018 una antigua sede de Comisiones Obreras a unos metros de Plaza España hasta este jueves cuando la Policía nacional desalojó el inmueble.

La portavoz del movimiento, Melisa Domínguez, ha recibido desde dentro de las instalaciones a una veintena de personas que han llegado con sus pertenencias en maletas. Domínguez ha abierto las puertas de chapa que vallan el lugar y las 26 personas, que son “españoles” sin hogar a los que el movimiento ultranacionalista asiste, han accedido sin dificultades a las instalaciones, que “aún no están acondicionadas” pero se encuentran “en mejor estado” que el anterior edificio ocupado, según ha asegurado Domínguez.

La líder de Hogar Social, acusada por un presunto delito de incitación al odio por atacar la mezquita de la M-30, ha justificado la nueva ocupación diciendo que el edificio pertenecía “a una clínica privada con irregularidades”: “Solo ocupamos edificios del Estado, de la banca o de empresas con irregularidades o casos de corrupción”. La construcción que ahora ocupan aún conserva en la fachada el cartel de la clínica Nuevo Parque, que era propiedad de Clínica Universal S. A, una empresa se declaró en 2009 concurso de acreedores y subastó todo su material, según informó entonces la agencia Europa Press.

Las instalaciones que ahora ocupa el grupo ultraderechista se ubican junto a la universidad CEU San Pablo, en una acera con poco movimiento. El grupo neonazi ya conocía el centro desde antes del desalojo del pasado jueves porque tienen, según ha asegurado la portavoz, “las cosas miradas” con antelación. Ahora, esperan recuperar las pertenencias que quedaron en la antigua sede de Comisiones Obreras para “acondicionar” el nuevo espacio.

“Dijimos que no nos íbamos a dejar amedrentar por el nuevo Gobierno”, ha dicho Domínguez fuera del edificio. El pasado jueves el grupo asaltó la sede federal del PSOE en la Calle Ferraz, después de ser desalojado. La portavoz del grupo fue detenida en ese momento por delitos de resistencia y desobediencia por agentes de la Unidad de Intervención Policial de la Policía. Según defiende Domínguez, la ocupación de la planta baja de la sede socialista tenía como fin “pedir ayuda” para reubicar a las personas que asisten.

Agentes de la Unidad de Intervención Policial de la Policía han detenido a Melisa Domínguez Ruiz, portavoz de la organización ultraderechista Hogar Social Madrid, por liderar el asalto a la sede central del PSOE, en la calle Ferraz, han adelantado a eldiario.es fuentes policiales. 

El grupo ultraderechista mantenía ocupado desde hace meses un antiguo local de Comisiones Obreras cerca de Plaza de España que ha sido desalojado por la Policía esta mañana. Como protesta, un grupo de ultras ha acudido a la sede del PSOE y ha allanado la recepción del edificio. Inmediatamente han acudido dos agentes de la Policía que vigilan la sede socialista y han pedido refuerzos para desalojar el lugar. 

La Brigada Provincial de Información ha abierto una investigación y atribuye a Melisa Domínguez Ruiz una tarea de liderazgo en la ocupación de la sede socialista y una actitud de cabecilla del grupo, algunos de cuyos miembros han sido identificados en ese momento. El arresto se ha producido por los delitos de resistencia y desobediencia sobre las 15:00 horas de este jueves, precisan las fuentes consultadas.

Una vez la Brigada Provincial de Información le ha tomado declaración, Melisa Domínguez ha sido puesta en libertad. La Policía pondrá los hechos en conocimiento de la autoridad judicial. 

La ocupación de la recepción del PSOE, sobre las 14:30 horas, ha estado protagonizada por una quincena de personas, que se han sentado en el suelo sin llegar a traspasar los tornos de seguridad. Cuando los agentes se han personado, la propia Melisa Domínguez se ha identificado como “portavoz de Hogar Social Madrid” y ha explicado que estaban allí para protestar por la “injusticia” del desalojo.

Domínguez también ha dicho a los policías que no tenían ninguna intención de abandonar el lugar. Unos minutos después ha sido detenida. Los antidisturbios también han identificado a varios de los miembros de Hogar Social Madrid, incluido uno de ellos que grababa en vídeo los hechos. 

Varios miembros del grupo neonazi Hogar Social han irrumpido este jueves a medio día en la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz. Los integrantes de ese colectivo habían sido previamente desalojados por la mañana de un edificio que ocupaban en el centro de Madrid.

El propio PSOE ha difundido imágenes de la irrupción en su sede de los neonazis. Al lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional.

En el video difundido por el PSOE se aprecia a varias personas tocadas con gorras y sentadas ante los tornos de entrada al edificio gritando “ayudas sociales para los nacionales”. Al otro lado de esos tornos, se puede ver a un par de agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional.

No es la primera vez que los neonazis acosan a los militantes y trabajadores de la sede socialista. El pasado 3 de enero media decena de miembros del colectivo desplegaron una pancarta ante la sede socialista y liberaron humo azul.

La Policía Nacional había desalojado el edificio ubicado en el número 4 de la calle Cristino Martos, en pleno barrio de Malasaña y que estaba ocupado desde noviembre de 2018.

Un portavoz de Jefatura Superior de Policía ha detallado a Europa Press que el desalojo se ha acometido a primera hora de la mañana por efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y se ha completado sin incidentes.

A su vez, desde el colectivo ha criticado en redes sociales el desalojo acometido por la Policía Nacional “sin previa notificación y dejando a casi a una treintena de personas en la calle”.

El edificio ocupado por Hogar Social fue una antigua sede de CC OO, muy cercano a la zona de Plaza de España y con una superficie de 7.000 metros cuadrados repartida en siete plantas y sótano. Su portavoz, Melisa Domínguez, detalló entonces en un vídeo que entraron en el inmueble al tratarse de una “sede emblemática” del sindicato.

Hogar Social ya es un partido político. El grupo neonazi ha solicitado su registro ante el Ministerio del Interior, que ha cursado la petición con fecha del 28 de febrero. La presidenta del nuevo partido será Melisa Rodríguez, la persona que ha ejercido la portavocía del grupúsculo ultra desde su nacimiento, según la información que consta en el Registro de Partidos Políticos.

“Nos hemos legalizado como partido político”, reconoce su presidenta en conversación con eldiario.es. “Nuestra intención es concurrir a una de las elecciones de este año”, ha avanzado Rodríguez, sin concretar a cuál de ellas.

La sede del partido político Hogar Social (HS) estará en Granada y no en Madrid, donde surgió el movimiento y ganó relevancia estatal. Tras su surgimiento, el grupo de ultraderecha ha ganado adeptos en otras latitudes. Granada ha sido precisamente uno de los epicentros de esa expansión.

En los estatutos con los que Hogar Social se ha inscrito como partido ante el Ministerio del Interior se establece “la posibilidad de crear, por acuerdo del Consejo Nacional, delegaciones territoriales” de ámbito “municipal, provincial o autonómico”.

Hogar Social saltó a la fama por ocupar edificios vacíos en Madrid en los cuales ofrecía servicios básicos a personas en problemas económicos. Las dudas comenzaron cuando se constató que no atendía a las personas extranjeras. Como otros movimientos sociales, exigía ser española a las personas que acudieran a su banco de alimentos, por ejemplo.

HS ganó posiciones en los medios de comunicación y su mensaje comenzó a calar, lo que provocó la reacción de otros movimientos sociales de Madrid. El colectivo fue denunciado por la Red Española de Inmigración ha denunciado ante la Fiscalía por sendos actos violentos que protagonizaron en Madrid y Granada tras el atentado de Barcelona de agosto de 2017.

El ataque de Madrid tuvo como objetivo una de las mezquitas más emblemáticas de la ciudad. La Fiscalía atribuyó a Hogar Social un delito de odio por tirar bengalas al edificio. 11 de sus miembros fueron imputados. La Fiscalía, al final, mantuvo solo la petición de investigar a Melisa Rodríguez por haber justificado el ataque.

Hogar Social, junto a otros partidos ultras como Falange y España 2000, secundó la movilización de la Plaza de Colón contra el diálogo abierto entre el Gobierno de España y el Govern catalán.

En un comunicado oficial lanzado después de la publicación de esta información, Hogar Social señala que su intención era anunciar su salto a la política institucional de otra forma y acusa a una “filtración periodística” de romper esos planes.

La protesta de la plaza de Colón de Madrid contra Pedro Sánchez por el relator sigue sumando adhesiones. Las tres últimas son de grupos vinculados a postulados neonazis y la extrema derecha, que defienden que la concentración es necesaria “por la unidad de los españoles”. Se trata de Hogar Social, Falange Española de las JONS y España 2000, que han comunicado oficialmente que estarán presentes y han hecho un llamamiento a asistir a la misma.

El grupo neonazi ha instado a acudir a la concentración “por la unidad de los españoles frente a quienes nos dividen”. Los motivos para ir son “la unidad de los españoles” o rechazar a “los políticos separatistas”.

Falange Española de las Jons también ha llamado a asistir a la convocatoria del domingo, pero sumándose desde una marcha previa que partirá de la plaza de Callao a las 11h. Aunque avisan de que Ciudadanos y PP “no son de fiar”, les compensa que quienes acudan lo harán “por la unidad de España”.

El partido de extrema derecha España 2000 es otro que se ha sumado a la protesta. En su página web, explican que lo hacen porque “Pedro Sánchez, el presidente accidental, se ha entregado al separatismo”.

Mientras se producen estas adhesiones, Pablo Casado ha empezado a negociar una foto común con Albert Rivera y Santiago Abascal para intentar mostrar unidad entre los líderes de las tres derechas. Casado está negociando para ello con Vox, pero esas conversaciones no existen entre la formación de extrema derecha y Ciudadanos.