El astronauta y exministro de Ciencia e Innovación Pedro Duque será el próximo presidente de Hispasat, según ha adelantado El País y confirman fuentes del sector, que explican que esta va a ser la propuesta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI, accionista de la compañía de satélites.

Duque, que fue ministro desde 2018 hasta 2021, va a cubrir la vacante dejada por el ex alcalde de Barcelona y actual ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que acaba de dejar la presidencia del grupo tras ser nombrado al frente de ese ministerio.

El primer paso para el nombramiento de Duque al frente de Hispasat será su nombramiento en el consejo de administración como representante de la SEPI. “Desde SEPI no vamos a confirmar nada hasta que no se celebre el Consejo de Administración”, ha indicado una portavoz del holding público que depende del Ministerio de Hacienda y que controla un 7,41% de Hispasat.

El primer accionista de la empresa de satélites, con un 89,68%, es Redeia, dueña de Red Eléctrica, en la que la SEPI tiene un 20%, y que preside otra exministra del PSOE, Beatriz Corredor. REE tampoco comenta este asunto. Otro 2,91% de Hispasat está en manos de otro organismo público, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), adscrito al ministerio que pilotó Pedro Duque hasta 2021, cuando fue sustituido por la actual ministra de Ciencia, Diana Morant.

El exastronauta fue uno de los independientes que entró en el primer Gobierno de Pedro Sánchez. Desempeñó la cartera de Ciencia desde 2018, primero en el Ejecutivo en solitario del PSOE, y desde 2019 con el Gabinete de coalición hasta 2021, cuando fue sustituido por Morant.

Antes, Duque fue conocido por ser el primer astronauta español que viajó al espacio, como integrante de una expedición a la Estación Espacial Internacional de la Agencia Europea del Espacio (ESA, por sus siglas en inglés).

Hispasat, que gestiona el sistema nacional de comunicación satelital, es una empresa estratégica para España por las implicaciones que tiene para la defensa nacional. La empresa tiene como mayor accionista a Redeia desde 2019, cuando adquirió su paquete a Abertis por cerca de 1.000 millones. Su consejero delegado es Miguel Ángel Panduro.

Uno de los grandes retos que debe desarrollar Hispasat es la puesta en marcha de la constelación europea de satélites IRIS (Infraestructura para la Resiliencia, Interconectividad y Seguridad por Satélite), un proyecto cuya inversión rondará los 6.000 millones de euros.

El objetivo de IRIS es brindar una nueva infraestructura de conectividad segura y resiliente a los gobiernos, las empresas y los ciudadanos europeos, para lo que prestará servicios de telecomunicaciones y acceso a internet de banda ancha a través de satélites que ofrecerán cobertura en zonas en las que no haya infraestructura terrestre, bien de banda ancha fija o de telefonía móvil.

En el disputadísimo proceso para convertirse en astronauta que acaban de superar con éxito los españoles Pablo Álvarez y Sara García hay al menos un detalle que no coincide con la habitual descripción cinematográfica hollywoodense del atleta con vista de águila, casi un superhéroe. “También los tenemos con gafas y lentillas”, confirman, para esperanza de miopes, desde el Centro Europeo de Astronautas de Colonia (Alemania). Ni siquiera conviene tener unos bíceps de gimnasio, según explica la guía de selección de astronautas 2021/22 de la Agencia Espacial Europea: “Los músculos demasiado desarrollados son una desventaja en realidad, al vivir los astronautas en una situación de ingravidez”.

Han pasado 20 años desde que Pedro Duque ingresó en el programa de la ESA (siglas en inglés de la agencia). Para repetir el hito, Álvarez y García han tenido que batir a más de 20.000 candidatos. A todos se les pedía al menos un título universitario de máster y tres años de experiencia en el campo de las ciencias naturales, la medicina, la ingeniería, las matemáticas o la informática, hablar inglés y, según el folleto para aspirantes, “guardar la calma bajo presión”. 

Tener una personalidad a prueba de sobresaltos es más importante que la estatura –el límite inferior es de 150 centímetros y el superior, de 190 (hay que caber en los cohetes)–. Es preciso gozar de buena salud con carácter general, no fumar y, por descontado, se valora la inteligencia: “Buena capacidad de razonamiento, memoria y concentración, orientación espacial, coordinación psicomotriz y destreza manual”, enumera la ESA.

También, explican los dos astronautas seleccionados, hay intangibles como saber gestionar la incertidumbre o la ansiedad, elementos que se ponen a prueba durante el proceso selectivo, que se extendió durante más de un año. “No tienes ni idea de cuándo te van a llamar o si te van a llamar, cómo van a ser las pruebas, todas son para sorprenderte, ver cómo reaccionas bajo presión, resuelves y mantienes la calma”, relata García. “El proceso selectivo es una prueba en sí mismo”.

Entre los requisitos medibles, el índice de masa corporal debe de estar en el rango considerado como normal (entre 18,5 y 24,9), el oído tiene que ser agudo (25 decibelios por cada lado, como mínimo) y la visión ha de ser la de un piloto comercial, pero no necesariamente de forma natural: se permiten gafas, lentillas y ojos operados. Los daltónicos y otras personas con problemas para percibir los colores sí se quedan fuera.

Tampoco hace falta ser un súper hombre ni se mide la resistencia física de los aspirantes con pruebas concretas, según confirman Álvarez y García. “Desde mi punto de vista, lo más importante –aunque suene genérico–, es ser trabajador en equipo. Eso implica paciencia, ser flexible, adaptarte, tener dotes de liderazgo cuando haya que tomar decisiones pero a la vez ser un buen seguidor de un líder”, explica a este periódico en base a su experiencia la biotecnóloga García. “Otra de las grandes cualidades que tienes que tener es mantener la calma bajo presión, ser resolutivo, tener un poco de resiliencia también, dado que es un trabajo muy duro y muy sacrificado. Y ser una persona agradable en general. Gente calmada, paciente”, elabora. Su compañero resume otra cualidad que evalúa la ESA para las largas estancias en un sitio tan pequeño como es la estación espacial internacional (ISS): “Creo que buscan gente normal y simpática”, sonríe.

Tras enviar el currículum y superar un primer filtro, los aspirantes tienen que superar primero una serie de test psicológicos, después otros de tipo práctico y psicométrico, el examen médico y dos rondas de entrevistas. De las 22.523 solicitudes de 2021 solo llegaron al final 17, lo que representa menos del 0,1% del total, a los que se suma un paraastronauta, con una discapacidad física. 

Prácticas en las cuevas de Cerdeña y lecciones de ruso

Una vez seleccionados, los candidatos entran en el periodo de formación que, en su fase inicial y pese a los condicionantes geopolíticos, sigue incluyendo aprender ruso, porque rusa es mucha de la tecnología de los viajes espaciales. Además de la formación técnica específica, los astronautas en prácticas pasan un mínimo de tres semanas en un complejo de cuevas de la isla de Cerdeña, un entorno que se entiende similar al espacio por la situación de aislamiento, confinamiento y falta de privacidad, entre otros factores. El periodo total de formación antes de salir al espacio es variable, pero nunca dura menos de tres años.

La convocatoria, que arrancó en 2021, fue la primera desde 2008, y coincide con un fuerte aumento de la inversión española en la ESA. Será de 300 millones de euros en 2023, un 20% más que este año. El aumento total con el gobierno actual –incluido el tiempo de Pedro Duque en el Ministerio de Ciencia– ha sido del 50%. Los fondos que los países destinan a la agencia se distribuyen según el principio del geo-retorno, que supone que el dinero ha de volver a de repercutir en la industria del país en cuestión en forma de contratos. 

La Junta de Extremadura y el Ministerio de Ciencia e Innovación han dado el visto bueno este jueves al terreno de 12.000 metros cuadrados cedido por la Diputación de Cáceres para la construcción del Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento de Energía (CNIAE) en la capital cacereña.

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara; y el ministro del ramo, Pedro Duque, ha visitado esta mañana el espacio, ubicado en la finca El Cuartillo, detrás del Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI) y el nuevo hospital.

En una rueda de prensa en Mérida, Fernández Vara ha recordado que el centro, que tiene que estar terminado en 2023, cuenta con 70 millones de euros de inversión de fondos europeos -34,5 millones incluidos ya en los Presupuestos Generales del Estado de este año- que deben estar ejecutados en 2023.

Por lo tanto, ha considerado que “hay que ponerse las pilas” y, por ello, el objetivo es firmar un convenio entre ambas administraciones antes del verano o como muy tarde en septiembre.

El CNIAE, que contará con un consorcio, tendrá un edificio principal, una planta piloto e infraestructura científica y tecnológica, y una incubadora.

Más de 70 científicos

A pesar de la denominación del centro, Duque ha aclarado que en él no se va a guardar energía, sino a investigar nuevas formas de almacenamiento y más eficientes en materia de hidrógeno, baterías o con nuevos materiales.

El ministro, que también ha visitado las instalaciones del CCMI, que tiene dos proyectos financiados por su departamento para desarrollar tecnologías nuevas, y el Centro de Computación y Tecnologías de Extremadura, ha subrayado que el CNIAE es el proyecto “estrella”, que puede atraer a entre 70 u 80 científicos.

Duque y el presidente extremeño han advertido de la importancia de poder almacenar la nueva energía que se genera para poder salir del consumo de la de origen fósil, una investigación en la que España no se puede quedar atrás, ha apuntado el ministro.

En este sentido, ha destacado que España, y Extremadura dentro de ella, está entre los principales países en generación de energía solar térmica.

Desarrollo industrial

A partir de este centro se pretende que surja un polo de desarrollo industrial, como está ocurriendo en torno al centro de computación con el asentamiento de firmas de base tecnológica, ha añadido el ministro.

Fernández Vara, como viene recalcando últimamente, ha asegurado que la reindustrialización de España va a comenzar en Extremadura por una “hecho diferencial”: los costes energéticos.

Duque, que ha abogado por mejorar la cohesión territorial, ha dicho que el objetivo es dejar de recibir los Fondos de Cohesión de la Unión Europea porque “ya estamos en la cohesión” y hay las mismas oportunidades en todos los sitios. A su juicio, hay que tomar decisiones “estratégicas” y no puede haber de todo en todas las partes, sino que hay que tener en cuenta las potencialidades de cada territorio.

En este sentido, el ministro ha señalado que la industria agroalimentaria, la biodiversidad, la generación energías limpias y la salud y la biotecnología aplicada a la salud van a ser las áreas en las que se va a trabajar conjuntamente con Extremadura.

Por otro lado, ambos responsables han hablado de la posibilidad de incorporar a Portugal en este proyecto, “un componente transfronterizo –ha dicho Fernández Vara- que aquí entendemos muy bien”.

El presidente extremeño ha anunciado también que se ha encargado a Fundecyt-PCTEX iniciar los “primeros pasos” en este proyecto que “para nosotros es absolutamente estratégico”.

El Ministerio de Ciencia, liderado por Pedro Duque, aborda el importante reto de reformar la Ley de Ciencia. Entre otras cosas, revisa las condiciones laborales del personal científico, pero hay un fuerte descontento en muchos colectivos de profesionales y en sindicatos, que consideran que hay elementos que “precarizan” aún más el sector y que ahondan en la elevadísima temporalidad de su plantilla. El Ministerio abrió un periodo de reuniones con diferentes colectivos y partidos, así como una mesa de negociación con sindicatos, pero tras los primeros encuentros hay un gran temor entre los trabajadores a que la “negociación” se quede en esto, sin una verdadera discusión del nuevo articulado. “No vemos que estén abiertos a cambiar nada, eso no es negociar”, critica Elisa Fernández, representante de CCOO en la Marea Roja de la Ciencia y la Investigación.

Pedro Duque publicó una columna hace unos días en elDiario.es en la que defendía su voluntad de diálogo sobre la reforma legislativa, aunque añadía: “Pero nuestro objetivo es claro: definir una carrera científica con una evaluación independiente para seleccionar a los y las mejores teniendo en cuenta sus méritos”. “No aspiro a que nuestras reformas se acepten sin cierta resistencia inicial y creo que el debate es necesario. Espero, sin embargo, que no caigamos en debates maniqueos, tan habituales hoy en política. La ciencia de excelencia no está reñida con la estabilidad del personal investigador ni requiere excluir a la clase media de nuestro sistema de I+D+i. No debemos elegir entre excelencia y derechos, porque lo uno no tiene sentido sin lo otro”, argumentaba en el artículo.

La Marea Roja teme que el anteproyecto que hay ahora sobre la mesa apenas sufra cambios. La plataforma engloba a casi una veintena de organizaciones de profesionales de distinto tipo, como la Federación de Jóvenes Investigadoras Precarias (FJI Precarias), FPIs en lucha, FPU investiga, Ciencia con Futuro y CCOO, entre otros. El pasado domingo, los colectivos consensuaron un comunicado en el que apuntan que el Ministerio de Ciencia ha tenido reuniones con diversas entidades, asociaciones y sindicatos que forman parte de Marea Roja. “Las distintas entidades le han trasladado al Ministerio que el borrador no cumplía sus expectativas, ni respondía de forma adecuada a las necesidades y problemas actuales en investigación. Sin embargo, no existe la sensación de que el Ministerio tenga una clara voluntad de negociación y esté abierto al cambio de su propuesta”, advierte el texto.

Este miércoles los colectivos de Marea Roja convocaron una “manifestación virtual” de las 12 a las 13 horas para visibilizar la precariedad en el sector, con las etiquetas #laciencianosehacesola y #sinderechosnohayciencia, así como su rechazo al actual texto de anteproyecto de la Ley de Ciencia y para insistir en su llamada al ministro Duque a una “negociación real”, explican desde la plataforma.

El Ministerio insiste en que está “abierto a negociar”

En el Ministerio de Ciencia rechazan la crítica. “Hay una negociación absolutamente real”, insisten fuentes del Ministerio que dirige Pedro Duque, que recuerdan que se han reunido con “25 asociaciones sindicales, empresariales, científicas e innovadoras” y que ya han tenido lugar “dos reuniones” con los sindicatos mayoritarios en la mesa de diálogo social. “No hay todavía un texto consolidado. Claro que estamos abiertos a negociar. Si no, no nos reuniríamos con los colectivos”, indican estas mismas fuentes. La intención inicial del ministro era aprobar la reforma legislativa antes de fin de año, pero no es una fecha cerrada.

El sindicato UGT considera que sí hay oportunidades de negociar. “Somos algo más positivos u optimistas en cuanto a la posibilidad de llegar a acuerdos con el Ministerio de Ciencia”, explica Javier Sánchez, portavoz de Ciencia y Tecnología de UGT. “Creemos tener un nivel de interlocución razonablemente fluido, les hemos hecho llegar una serie de propuestas y de mejoras del anteproyecto de Reforma de la Ley de la Ciencia. Esperamos y deseamos que muchas de ellas se acepten, porque son buenas para el colectivo de investigadores”, añade Sánchez.

En el sindicato consideran que el texto actual “tiene puntos conflictivos y controvertidos”, donde están incidiendo, “pero no todo es malo: hay aspectos positivos, sobre todo en lo que se refiere a transferencia de la I+D del Sistema Publico al tejido empresarial, colaboración público-privada,...”, añade el representante de UGT.

CCOO por su parte ha rechazado enviar propuestas porque consideran que “esto que plantean no es negociar”. “No vamos a entrar en el juego, esto es un circo. Negociar no es que te mande propuestas en un email, es convocar la mesa de diálogo social y que discutamos el texto. Una mesa con todos los involucrados, por ejemplo el Ministerio de Universidades”, defiende Elisa Fernández, de CCOO, que recuerda que “más del 60%” de la investigación en España se hace en universidades. “¿Y dónde está el Ministerio de Universidades?”, lanza al aire la sindicalista. En UGT comparten en este punto su inquietud: “La comunicación es mucho más escasa con el Ministerio de Universidades”, coinciden.

Fuentes del Ministerio de Universidades, que dirige Manuel Castells, así como del Ministerio de Ciencia, responden a este medio que “ambos ministerios trabajan juntos” de manera “coordinada”, aunque en el ministerio de Pedro Duque el que lidera la reforma del texto normativo. En Universidades señalan que participan en las partes del texto que afectan a su ámbito, pero que la interlocución hacia afuera está vehiculada por Ciencia.

En CSIF han enviado propuestas al Ministerio, como su “rotunda oposición a la extinción de la actual escala de funcionarios de Científicos Titulares de OPIS”, que el sindicato defiende que es compatible “con las figuras laborales propuestas por el Ministerio”, denominadas 'tenure track'. El sindicato mostró hace unos días “su preocupación” por “la posición inmovilista de la Administración” en la mesa de diálogo. “Esperamos que flexibilice sus planteamientos iniciales durante la negociación”, expresan en CSIF.

Desde partidos políticos, en Más País se han unido a la movilización virtual con un mensaje del líder de la formación, Íñigo Errejón, que llama al Gobierno a consensuar la reforma legislativa. “El anteproyecto que ha presentado es mucho menos que insuficiente”, ha criticado Errejón.

Guillermo Muñoz, físico, investigador de 42 años que se doctoró en 2010, aún tiene un contrato temporal. “Y casi se puede decir que soy un privilegiado, soy investigador principal de un proyecto nacional”, explica este científico vinculado al Instituto de Ciencias de los Materiales de la Universidad de Valencia. La edad media a la que los investigadores alcanzan la estabilidad laboral en España, con un contrato fijo, está “entre los 43 y 45 años”, explica Elisa Fernández, representante de CCOO en la Marea Roja de la Ciencia y la Investigación. Este amplio colectivo de científicos llama a movilizarse este jueves por la tarde en varias ciudades españolas contra el proyecto de reforma de la Ley de Ciencia que ha presentado el ministro Pedro Duque. “No solo no estabiliza, sino que empeora la precariedad que ya tenemos”, critica Fernández, bióloga, doctora y personal técnico superior en el CSIC.

Duque explicó el pasado 30 de marzo el anteproyecto para reformar la Ley de Ciencia que ha elaborado su Ministerio y que pretende aprobar antes de que termine 2021, tras un proceso de negociación “con todos los agentes implicados”, destacan desde su equipo. Una de las apuestas principales de la reforma consiste en implantar una nueva figura, denominada tenure track, para “estabilizar a los mejores científicos en un momento crucial”, afirmó el ministro de Ciencia, ya que “más de 25.000 investigadores se jubilarán en los próximos 10 años”.

Ese mismo día, muchos científicos expresaron su oposición a este contrato a través de las redes sociales, bajo la etiqueta #Stoptenuretrack, que va unida a la desaparición del puesto fijo de Científico Titular existente hoy en día. Los colectivos que forman la Marea Roja consideran que, no solo no estabiliza a los investigadores, sino que empeora la enorme temporalidad ya existente en España, del “40% en Universidades y Organismos Públicos de Investigación y superan el 80% en el sistema sanitario”, según CCOO.

Además, critican que la reforma legislativa no aborda otros problemas centrales del sector científico en España, como la enorme precariedad de los científicos predoctorales y la inestabilidad y falta de carrera profesional del personal técnico, también clave en los laboratorios. Este jueves, la protesta se traslada a las calles, con concentraciones en varias ciudades del país. En Madrid, tendrá lugar a las 18 horas ante el Ministerio de Ciencia.

Un contrato para “la excelencia” que ahonda la temporalidad

Como afirmó Pedro Duque, en el Ministerio de Ciencia explican a elDiario.es que la implantación del contrato de tenure track pretende “atraer y retener el talento científico” en España. Un contrato en favor de la excelencia, para “atraer a los mejores” que lideren equipos de investigación en España, lo que consideran que repercutirá en positivo para el conjunto de la ciencia en el país.

En la actualidad, los científicos que se dedican a la investigación suelen tener un contrato predoctoral mientras hacen la tesis (unos cuatro o cinco años en los que cobran unos mil euros) y después suelen encadenar varios contratos o becas postdoctorales (con salarios de unos 1.500 euros en muchos casos). Cuando pasan esta etapa, si tienen suerte y no han abandonado por el camino o se han marchado al extranjero, se estabilizan en puestos indefinidos pasados los 40 años, con plazas de Científico Titular y, más tarde si lo desean, de Investigador Científico en los organismos públicos de investigación, como el CSIC. La estabilización también puede encontrarse en el campo de la Universidad, tras la evaluación de la carrera investigadora mediante la acreditación I3, también a una edad avanzada.

¿Cómo cambia la carrera de los investigadores con el contrato tenure track? El Ministerio propone eliminar la figura del Científico Titular y dejar solo la más elevada, la de Investigador Científico. Tras el doctorado, lo que existiría es este contrato de tenure track, que se utiliza en otros países como “EEUU y Canadá”, destaca el Ministerio, y que “consiste en una contratación fija sujeta a evaluación externa”.

“Es un modelo que en el Ministerio nos presentan como 'predecible', en el que se te ofrece un contrato de incorporación de 3 años, después de este, un contrato de estabilización de 4 años, que tiene evaluación externa y, si se supera, ya no pasas a ser funcionario indefinido sino personal fijo laboral”, explica Javier Sánchez, portavoz de Ciencia y Tecnología de UGT. El sindicato no ha convocado a las movilizaciones de este jueves, pero tampoco comparte la reforma planteada. “Hemo presentado propuestas al Ministerio y estamos un mes después a la espera de respuestas. Estamos en la crítica constructiva y a la espera, pero no quiere decir que compartamos la propuesta de ley, en la que no terminamos de ver una mejoría respecto a lo que ya existe”, añade Sánchez.

Los colectivos de la Marea Roja ven poco –o nada– de “fijo” en el tenure track, ya que es un contrato sometido a dos evaluaciones, que se podría rescindir si no se cumplen ciertos objetivos, y que no está ligado a su término a una estabilización con una plaza fija, como sí sucede con otras becas postdoctorales actuales como las Ramón y Cajal, con acceso a plazas de Científico Titular. Esa es la idea, aunque la falta de plazas en muchos organismos, provoca que al término de la beca Ramón y Cajal ni siquiera sea inmediata o rápida esa estabilidad.

“El tenure track ofrece lo mismo que ya tenemos con las Ramón y Cajal, pero con desventajas, ya que después no accedes a una plaza de personal funcionario”, critica Guilllermo Muñoz, que teme que suponga recortes salariales al no tener derecho a sexenios ni quinquenios. “En mi experiencia personal, cuando hablan de excelencia, hablan de precariedad. Porque se centran en unos pocos excelentes, pero la cara b es la de muchos otros que no llegan ahí y que son indispensables para la ciencia”, añade el físico.

Muchos compañeros científicos se van también al extranjero porque España, no es que no ofrezca condiciones buenas o muy buenas, es que no son decentes en muchos casos

Jaime, un investigador del CSIC postdoctoral, se movilizará este jueves para reclamar una mayor estabilidad y mejora de las condiciones laborales de los investigadores, “fundamental para el progreso de un país, como se ha podido ver ahora con las vacunas” contra la COVID. En sus años de carrera investigadora (ya va por su cuarto contrato postdoctoral), ha comprobado cómo la inestabilidad deja por el camino a muy buenos profesionales.

“He visto a compañeros que podrían haber sido investigadores muy buenos y que abandonaron por la incertiumbre o por su situación personal. Porque no podían investigar en España y formar una familia a una edad más temprana, por ejemplo. Son muchos sacrificios y mucha dedicación no remunerada, por amor al arte. Muchos compañeros se van también al extranjero porque España, no es que no ofrezca condiciones buenas o muy buenas, es que no son decentes en muchos casos”, explica Jaime, al que tras este contrato le esperan seguramente otros temporales.

La Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios, que congrega tanto colectivos de investigadores predoctorales como postdoctorales, tampoco comparte el modelo de tenure track que intenta implantar Pedro Duque. “Proponemos hacer un uso más eficiente de los recursos que ya existen hoy en día, sin necesidad de inventar soluciones nuevas”, explica Manuel Heras, coordinador de Documentación de la federación.

En su opinión, hacen falta muchas más plazas estables de las ya existentes, tanto en los organismos públicos de investigación como en las universidades, y consideran que el acceso podría generalizarse a través de las acreditaciones I3 de la carrera investigadora. “El objetivo es que los investigadores alcancen mucho antes la estabilidad, como sudece en otros países. Ahora se logra pasados los cuarenta años, con el I3 se podría alcanzar con unos 34 años, si empiezas la tesis con unos 24 años. Se adelantan diez años”, sugiere Manuel Heras.

La ciencia más allá del líder: los grandes olvidados

Más allá del contrato tenure track para los investigadores, destinado a aquellos que quieran liderar equipos de investigación, la otra gran crítica de los colectivos de la Marea Roja es el “olvido” del resto de profesionales científicos en la reforma legislativa que propone el ministro Duque. “Un líder de equipo necesita, como bien dice su nombre, un equipo. Es fundamental mejorar sus condiciones laborales”, subraya Guilllermo Muñoz.

Elisa Fernández, representante de CCOO en la Marea Roja, considera fundamental que mejoren las condiciones de los contratos predoctorales, que no tienen derecho a ninguna indemnización al término de sus contratos y que cuenta con remuneraciones “muy bajas”.

Otra pata fundamental de la investigación científica, que tampoco se aborda en la reforma de la Ley de Ciencia propuesta, la forman los técnicos y tecnólogos en los laboratorios. “En muchos organismos de investigación suponen la mitad del personal”, recuerda Javier Sánchez (UGT). Elisa Fernández pertecene a este grupo de científicos, es técnica superior especializada y doctora. “La escala técnica es fundamental, desde los técnicos que tienen un Formación Profesional (FP), pasando por los que son licenciados y graduados, técnicos especializados y técnicos superiores especializados, muchos doctores”, explica la también representante de CCOO.

Fernández advierte de la necesidad de que la reforma legislativa desarrolle la carrera profesional de este personal técnico, “que no tienen perspetivas de mejora ni carrera profesional en la actualidad”. Llama a detenerse en las condiciones laborales de todos los trabajadores, no solo de la persona que lidera un proyecto. “La mayoría de científicos no queremos ser excelentes, queremos llegar a fin de mes, pagar la hipoteca, las facturas...”, añade la bióloga. La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), que valora positivamente el mecanismo de tenure track aunque con matices, como la necesidad de ligar contratos fijos, también advierte al Gobierno “la necesidad absoluta de establecer una trayectoria científica profesional para técnicos, tecnólogos y gestores científicos” en esta reforma legislativa.

Desde el Ministerio de Ciencia destacan a este medio que todavía queda un largo proceso de negociación y escucha de los agentes implicados, entre ellos los sindicatos en la mesa de diálogo social, un punto fundamental para el Ministerio de Trabajo. “Es fundamental que el Gobierno escuche a los científicos. Es muy importante la movilización de hoy del colectivo, que reclamemos derechos laborales. Muchas veces este trabajo se ha visto como algo muy vocacional, que aporta mucho en lo personal, pero es un trabajo y, por muy gratificante y vocacional que sea, debe tener derechos”, destaca Guillermo Muñoz.

Los investigadores de la Guardia Civil han elaborado un segundo informe aclaratorio de la investigación del 8M que abunda en la tesis del anterior, conocido hace una semana, y persiste en la idea de que el Gobierno era consciente del riesgo que corrían los ciudadanos cuando autorizó actos multitudinarios a principios de marzo, entre ellos la manifestación feminista.

El anterior atestado estaba repleto de bulos, documentos públicos mutilados e incluso una declaración manipulada de un testigo y en este, entregado a la juez que investiga el caso el pasado lunes, los investigadores rebajan algunas de sus conclusiones pero mantienen la acusación de que el Gobierno puso en riesgo a sabiendas a la ciudadanía autorizando las marchas del 8M.

En el caso sigue imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, a quien se acusa de prevaricación por omisión, por no prohibir la manifestación, un delito que no conlleva pena de cárcel pero sí inhabilitación para cargo público.

El capitán y el teniente de la Guardia Civil que actúan como policía judicial al servicio de la jueza Carmen Rodríguez-Medel siembran dudas a lo largo de 295 páginas sobre el director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, pese a no estar investigado, y deslizan conclusiones tomando partes preseleccionadas de escritos de las autoridades sanitarias internacionales y despreciando otros que contradicen sus tesis.

El segundo informe arranca con dos páginas dedicadas a enmendar errores del anterior que atribuyen a la “transcripción realizada” por ellos mismos para a continuación sostener que éstos no modifican “en absoluto” los “hechos de relieve plasmados en la investigación en curso”.

Ocurre, por ejemplo, con la referencia a que hacían en el anterior atestado a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia por el coronavirus el 30 de enero cuando esa decisión no se adoptó hasta el 11 de marzo. Lo que el organismo internacional declaró en enero fue una emergencia sanitaria internacional, que supone la búsqueda de una actuación coordinada de los estados, una cuestión muy distinta a la calificación de pandemia, que conllevó el cierre de fronteras en muchos países y el drástico confinamiento en España.

Y disculpa también el caso de la declaración del sindicalista Antonio O'Connor, al que inicialmente atribuyó al temor al coronavirus la cancelación el 6 de marzo de una manifestación prevista para el día 10, a pesar de que en la Comandancia dejó claro que se debía a una cuestión operativa. Se significa que dicho extremo “queda aclarado y perfectamente incorporado” al procedimiento más adelante en un cuadro que recoge todas las movilizaciones y, en su caso, el motivo de la desconvocatoria. “Cambio de fecha”, figuraba en ese apartado, pero no en la descripción analítica de su testimonio, que ahora corrige.

Como sucedió con el primer polémico informe, el instructor vuelve a utilizar algunos documentos de forma parcial para sustentar la teoría de que el Gobierno sabía la gravedad de la situación mucho antes de tomar medidas y que incluso boicoteó la adopción de algunas como el distanciamiento social con el colofón de autorizar la movilización del 8M. La tesis que defiende es que “el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus”.

Para sustentarlo analiza el intercambio de correos electrónicos desde el Centro de Coordinación Alertas y Emergencias (CCAES), que desde que el brote estalló en China ha hecho un seguimiento paulatino de la evolución de la epidemia. Entre esos documentos figura la Guía para la identificación y seguimiento de los contactos de Covid-19 con fecha 18 de febrero. “Cabe significar que, en dicha fecha, se incorporan las primeras medidas de contención del brote destinadas a los contactos, entre las que se destaca evitar los lugares con aglomeración de personas como eventos multitudinarios o medios de transporte en hora punta, como medida de precaución adicional”. Ese conjunto de medidas se establecían, en ese momento, para las personas susceptibles de haber estado en contacto con el virus, no para la población en general.

La Guardia Civil aprovecha un comentario del CCAES sobre que no remitió un informe del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades al resto de organismos del Estado, como las comunidades autónomas, dado que era público, para afirmar que “refuerza aún más la autonomla y proactividad que debiera haber tenido la Delegación del Gobierno en Madrid”. Pero es que además, ese documento de la UE del 2 de marzo, solo justificaba la “cancelación de las reuniones masivas en casos excepcionales”, y citaba “grandes conferencias con un número significativo de participantes de un área afectada”. Esto es, el organismo internacional censuraba eventos como el clausurado World Mobile Congress de Barcelona, con miles de asistentes procedentes de Asia, un tipo de afluencia que no se produjo en la manifestación feminista de Madrid.

El informe del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades señalaba que toda Europa, incluida España, estaba en la fase 1 y que caminaba a una posible y rápida evolución a la fase 2. Y añade que no es hasta los escenarios 3 y 4 cuando se debían cancelar los eventos masivos. El informe, en inglés, es adjuntado por los guardias civiles a su informe ampliatorio, fechado el pasado lunes. Otro aspecto que obvian es cuando el Centro europeo precisa: “Debido a los importantes efectos secundarios (sociales, económicos, etc.) de las medidas de distanciamiento social, la decisión sobre su la aplicación debe basarse en una evaluación de riesgos caso por caso, según el impacto de la epidemia y el situación epidemiológica local”.

A pesar de que las declaraciones de los trabajadores de la Delegación del Gobierno desmontan la teoría de que se produjeron llamadas ocultas para que se desconvocaran movilizaciones, la Guardia Civil insiste en cuestionar ese procedimiento. “Resulta significativo para esta Instrucción que citadas llamadas se produzcan a partir del 11/12 de marzo de 2020 y no se hubieran producido con anterioridad”, reza el informe.

Fue el 9 de marzo cuando se produjo un crecimiento exponencial de los casos en la Comunidad de Madrid -se multiplicaron por ocho los nuevos detectados- y se declaró “transmisión comunitaria significativa” en esa región, la ciudad de Vitoria y la localidad de Labastida. Ese día el Consejo Interterritorial de Sanidad tomó las primeras medidas de distanciamiento social, para las áreas en esa fase, como la suspensión de la actividad docente, y recomendaciones generalizadas como la limitación de salidas a las personas vulnerables. Además, el instructor omite en su análisis una parte de la declaración de uno de los trabajadores de la delegación que aseguró que el 10 de marzo vieron la gravedad y por eso empezaron a hacer llamadas.

Otro de los elementos centrales del análisis del instituto armado son las medidas preventivas que aprobó la Delegación del Gobierno el 28 de abril a través del departamento de riesgos laborales y que son prácticamente iguales a las de la OMS, incluida la referida al distanciamiento social: “Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre”.

Además de analizar documentación, la Guardia Civil recoge noticias y discursos en ocasiones de forma parcial. Así, en el folio 68 alude a una alocución pronunciada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom, que elevaba el “riesgo de propagación e impacto de la COVID-19 a muy ‎alto a nivel mundial”.‎ No obstante, elude otra parte de su discurso que se produjo a continuación en la que aseguraba que seguía “sin haber pruebas de que el virus se ‎esté propagando sin control en las comunidades”. De hecho, realizó unas recomendaciones muy básicas para el conjunto de la población y solo aconsejó “precauciones ‎adicionales para evitar las aglomeraciones o los lugares en los que ‎pueda tener contacto con personas enfermas” a los mayores de 60 años o personas con patologías previas.

Al comienzo de ese mismo párrafo señala que el 27 de febrero “ya hay transmisión local” en España: “Un ciudadano de Sevilla que no había viajado a ningún país de riesgo contrae el virus por contacto con otra persona que a su vez había estado con una pareja china”. El director del CCAES, Fernando Simón, aseguró un día después que el nivel era “muy bajo” y circunscrito a Madrid y Sevilla.

También recoge como “muy significativa” una noticia publicada por La Razón el 22 de marzo -fuera del periodo que la jueza le pide analizar- titulada “La OMS alertó antes del 8-M del riesgo de concentraciones por el temor a la propagación del virus”. No obstante, la recomendación emitida por la OMS el 7 de marzo hacía una serie de recomendaciones para todas las situaciones (como la higiene de manos, las mascarillas para personas con síntomas o el aislamiento para personas enfermas) y recogía, entre los consejos a considerar “basado en la evaluación local y global”, el evitar aglomeraciones como las reuniones masivas. En España ese tipo de concentraciones se rechazaban si había riesgo de alta afluencia de personas de áreas de riesgo, como partidos de fútbol o el examen de acceso a la abogacía en el que se esperaba una alta asistencia internacional, especialmente procedente de Italia.

No es la única información fuera de tiempo que incluye el informe: lo hace también con la conversación informal que mantuvo la ministra de Igualdad, Irene Montero, con una periodista antes de una entrevista en directo en la televisión pública vasca. Su introducción se produjo in extremis ya que ABC publicó ese off the record el 1 de junio, el mismo día en el que la Guardia Civil concluyó el informe y lo registró el documento en el juzgado número 51 de Madrid.

“¿A qué crees que se debe la bajada de cifras?”, le preguntó la periodista del programa En Jake de EiTB “Creo que al coronavirus. O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir”, respondió Montero, que añadió: “Quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena comunicación muy basada en los datos médicos. Claro, como siempre priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico generalizado que ya hay porque incluso hay países europeos que ya están tomando medidas drásticas”. Nada más publicarse la noticia sobre la conversación privada de Montero, la derecha la utilizó como ariete contra el Gobierno. El PP vio en esas palabras un “motivo para dimitir”.

Los guardias civiles dicen que hacen esa selección de informaciones “con la finalidad de plasmar, en cada momento, la concienciación social sobre la crisis sanitaria existente en España con anterioridad al día 15 de marzo de 2020” y que para ese cometido, el off the record de la ministra Montero es de “especial significancia”, a pesar de que los propios colectivos feministas admitieron una menor afluencia que el año anterior por el “temor” al coronavirus. También incluyen un vídeo de la periodista Susana Griso animando a manifestarse el 8M o una publicación de Libertad Digital bajo el título: “Así animaba La Sexta a manifestarse el 8M” en el que se recogen las declaraciones en ese canal de Cristina Almeida asegurando que acudirá a la marcha pese al riesgo.

En otro apartado, la Guardia Civil vuelve a interpretar unas declaraciones del ministro de Ciencia, Pedro Duque, para concluir que el Gobierno conocía desde enero la gravedad real de lo que estaba por venir. Duque aseguró que “los investigadores españoles comenzaron a trabajar de forma intensa desde que se conoció esta enfermedad, en el mes de enero” -de hecho, se reunió con dos científicos expertos en ese tipo de virus cuando ya había un brote en China-. “Ese mismo 2 de febrero liberamos medios e hicimos cambios legales para reducir plazos que culminaron en el Real Decreto de Estado de Alarma donde hemos puesto todas las medidas en funcionamiento”, dijo el ministro, que no se expresó correctamente pero se refería a que el CSIC liberó fondos para el Centro Nacional de Biotecnología y que se eliminaron trabas para acelerar la investigación con organismos modificados genéticamente en el decreto ley aprobado el 17 de marzo, tras habérselo reclamado sus interlocutores en el encuentro de enero.

El informe siembra dudas constantes sobre la actuación del propio doctor Simón, a pesar de que se ha rechazado su imputación en esta y en otras denuncias presentadas en diferentes juzgados contra él. Así, recoge documentos en los que se advierte que las personas que hayan estado en contacto con contagios o que puedan ser portadores de la enfermedad no participen en eventos masivos y asevera: “No consta a esta Instrucción mensajes, comunicados o advertencias que anunciasen a los ciudadanos sobre estas obligaciones provenientes del propio CCAES”. Simón, en sus comparecencias diarias, al igual que hizo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, insistieron en que no acudieran al 8M las personas que creyeran que podían estar contagiadas. “Es esencial que las personas con síntomas de coronavirus no acudan a las manifestaciones del 8M”, dijo Illa.

De hecho, Simón recordó que se avalaba esa celebración y no otros eventos porque no estaba prevista la asistencia masiva de personas extranjeras que pudieran proceder de zonas de riesgo. El informe de Guardia Civil lanza un último dardo contra el Ejecutivo, al que reprocha que “no se tomó ninguna medida de restricción de vuelo hasta el 10 de marzo” tras mencionar el caso de una pasajera china que el 10 de febrero contagió a diez personas en un avión trasladándose uno de los contagios a España. La OMS no lo recomendaba en ese momento y fueron las propias compañías las que paulatinamente fueron cancelando vuelos -como Iberia con la conexión Madrid-Shangay- hasta que el Gobierno optó por cancelar aquellos con origen y destino Italia. El 13 de marzo, el mismo día que Pedro Sánchez anunció el estado de alarma, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuestionó las “prohibiciones generales de viaje”.

 El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Ministerio de Ciencia e Innovación que se articulen “nuevos mecanismos financieros” que permitan un mejor aprovechamiento de los fondos europeos, especialmente para las regiones del Estado con un menor tejido científico, técnico y de innovación.

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, se ha pronunciado de este modo tras el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, celebrado en el Ministerio de Ciencia e Innovación en Madrid, en que las comunidades autónomas han conocido la política que el departamento dirigido por Pedro Duque va a desarrollar a lo largo de la presente legislatura.

En sus declaraciones, la consejera de Educación ha argumentado que el Gobierno central tiene que favorecer la colaboración institucional y “priorizar” las inversiones en las comunidades autónomas que, por razones históricas, demográficas o geográficas, cuentan con una menor estructura científica, técnica y de innovación, para de este modo favorecer la convergencia de estos territorios en sintonía con los que dicta la Comunidad Europea.

Cambios para cumplir con la Ley de Ciencia de la región

En este sentido, Rosa Ana Rodríguez ha recordado que se reclama este cambio en los mecanismos financieros porque, entre otros asuntos, la Ley de Ciencia de Castilla-La Mancha, que ha sido registrada en el Parlamento autonómico, recoge el compromiso de incrementar progresivamente los fondos regionales destinados a la I+D+i.

Asimismo, Rosa Ana Rodríguez ha traslado al Ministerio de Ciencia e Innovación que Castilla-La Mancha mostrará su apoyo a todas las medidas que desarrolle a lo largo de la legislatura, siempre y cuando, ha aclarado, “las políticas beneficien al conjunto de la comunidad científica y técnica, y sean sensibles con la realidad de nuestra comunidad autónoma”.  

Nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación

Según ha comunicado este lunes el ministro Pedro Duque a las comunidades autónomas, la nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, que entrará en vigor el año que viene y que debe ser aprobada por el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación antes de que finalice 2020.

La nueva Estrategia Española se fija en la necesidad de aumentar el presupuesto dedicado a la I+D+i durante el periodo 2021-2027, lograr un marco normativo y unos instrumentos flexibles y adecuados a las necesidades de los agentes del sistema de I+D+i. Además debe coordinar y complementar las políticas de I+D+i nacionales y sectoriales con las del ámbito europeo, regional y local.

También se ha aprobado los criterios de intercambio de información entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en el marco del Sistema de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación, y ha avanzado respecto a la tramitación del Real Decreto que aprobará el Estatuto del Comité Español de Ética en la Investigación.

Por último, se ha modificado el régimen del Consejo de Política Científica, Tecnológica para incluir entre sus funciones la aprobación de las actualizaciones del Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS). En Castilla-La Mancha actualmente forma parte de esta red de infraestructuras el Observatorio Astronómico de Yebes (Guadalajara). 

Separados en el nuevo gobierno los ministerios de Ciencia y Universidad, Pedro Duque (Madrid, 1963) podrá centrarse en la legislatura en una sola tarea: elevar la inversión en I+D+i a niveles homologables con Europa, recuperar el sistema productivo científico y atraer de vuelta el talento emigrado y aprobar un Estatuto del Personal Docente e Investigador de la universidad. Para esto último tendrá que trabajar con el nuevo ministro de Universidades, Manuel Castells, quien tiene el encargo de sacar adelante una nueva ley de universidades.

La pérdida de competencias para Duque podría interpretarse como una degradación; sin embargo, nunca pareció muy cómodo con la responsabilidad sobre Universidad. Su mandato en esta área ha sido básicamente infructuoso desde que tomó posesión. Otro de los puntos negros de su mandato tiene que ver con su condición de propietario de una sociedad patrimonial a la que pertenecía su propia vivienda familiar. Duque tuvo que dar explicaciones, aunque no acabó de aclarar algunas cuestiones.

Sin las competencias de Universidades, Pedro Duque podrá centrarse en su área de especialidad. Porque Duque es un hombre de Ciencia. Como explicaba José Cervera en este perfil, el ministro estudió ingeniería aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid (con brillantez, se licenció con Matrícula de Honor) y tras obtener su título se incorporó inmediatamente a la Agencia Espacial Europea, donde pronto entró a formar parte del grupo de formación de futuros astronautas. Desde entonces su carrera ha estado fundamentalmente vinculada a la ESA con un par de excepciones: colaboraciones con su Escuela de Ingeniería Aeronáutica y un periodo en el que se incorporó y acabó dirigiendo la empresa española de microsatélites Deimos Imaging que puso en órbita el Deimos-1, diseñado para recoger y analizar datos de la cobertura vegetal terrestre. Conoce por tanto muy bien el ámbito de la cooperación científica y tecnológica internacional.

Pero lo que más destaca en su currículum son sin duda sus dos misiones espaciales como astronauta de la ESA: la STS-95 en 1998 en la lanzadera espacial Discovery estadounidense y la misión Cervantes en la Estación Espacial Internacional en 2003, a la que llegó en el Soyuz TM-2 ruso; esto y sus años de trabajo en oficinas de la ESO en Alemania implica que habla no sólo inglés, sino alemán y ruso.

El pacto de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos tiene un subapartado exclusivo para la Ciencia, con siete puntos. El primero de ellos, probablemente el mayor reto que afrontará Duque esta legislatura, es “aumentar la inversión pública en I+D+i civil por encima del incremento del límite de gasto no financiero del Estado y avanzaremos hacia los objetivos comunitarios de inversión total pública y privada”.

Traducido: hay que gastar más en ciencia. España, que gasta aproximadamente el 1% de su PIB en I+D+i, necesitaría duplicar su inversión para llegar a la media europea a la que aspira el nuevo Gobierno. Como explicaba uno de los científicos más prestigiosos del país, Francisco Mojica, en esta entrevista, buena parte del reto es elevar la inversión de las empresas.

Esta subida en la inversión debe traducirse, según los planes del nuevo Ejecutivo, en contratar más personal investigador y en mejores condiciones. Para ello, el acuerdo de Gobierno contempla aumentar las “becas predoctorales” (el texto del pacto las llama “becas” aunque hace tiempo que pasaron a ser contratos) y los contratos postdoctorales.

Por último, y en colaboración con el que será su compañero Castells, en Universidades, PSOE y UP quieren aprobar el largamente deseado Estatuto del Personal Docente e Investigador, que debe poner orden entre los docentes universitarios, un cuerpo que se ha precarizado a marchas forzadas durante la crisis. Precisamente la comunidad científica y los rectores han expresado su preocupación por la separación de las dos áreas en dos ministerios distintos. Temen que la división provoque que una pérdida de recursos.

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, Pedro Duque, ha participado en la jornada inaugural de la Cumbre del Clima que aloja Madrid con una conferencia sobre el papel de las universidades en la ejecución de la Agenda 2030. Estará más días en esta reunión internacional, hablando entre otros asuntos de las investigaciones científicas españolas en la Antártida. Duque ha evitado pronunciarse directamente sobre los rumores que lo sitúan fuera de un futuro Gobierno de coalición con Unidas Podemos, en el que su cartera iría a los de Pablo Iglesias, ni sobre la posibilidad de que el ministerio se divida en dos (Ciencia por un lado y Universidades por otro).

Ha venido este lunes a la COP25 a hablar sobre el papel de las universidades en la ejecución de la Agenda 2030. ¿Qué más compromisos con la emergencia climática presenta el Ministerio de Ciencia?

En la parte pública de la COP tenemos un área específica del Ministerio en la parte pública dedicada a ciencia e innovación donde vamos a mostrar los resultados de varios estudios científicos presentados por investigadores y universidades españolas, y donde también presentaremos empresas innovadoras, en principio pequeñas, con ideas que pueden contribuir, si crecen, a paliar los efectos del cambios climático. Luego vamos a presentar una convocatoria de subvenciones públicas, consorcios de ciencia y empresas dedicadas a la movilidad, a las energías renovables, etc. y obviamente vamos a hablar estos días del Horizonte Europa, que tiene que presentar Europa y del que formamos parte. Yo creo que tenemos una buena oferta que hacer ahí: España es un país muy rico en generación de energías renovables, pero la gente se tiene que concienciar. Hay algo que hacer: la gente tiene que invertir su dinero en estas cosas.

Hablando de inversiones, la financiación pública en I+D no ha alcanzado todavía en España los niveles previos a la crisis de 2008, sigue por debajo y no se ha revertido durante esta legislatura. ¿Qué plan hay desde el Ministerio? no ha alcanzado todavía en España los niveles previos a la crisis de 2008, sigue por debajo y no se ha revertido durante esta legislatura

Primero tenemos que tener un gobierno lo suficientemente estable para durar los cuatro años que nos dan, hay que pensarlo a ese largo plazo. El compromiso que nosotros teníamos en el programa electoral, en el cual creo plenamente, es aumentar la inversión pública y fomentar la privada. Tenemos que llegar al 2% del PIB en i+D, es un deber en España. Cualquier combinación de gobierno que al final terminemos por hacer tiene que estar en esa base.

¿Va a estar usted en ese posible gobierno estable?

Eso ya… Yo estoy dispuesto a continuar con la labor que tengo o con lo que el país necesite de mí.

Hay quien acusa que en la COP25 no se van a llegar a grandes resultados, entre otras cosas por las grandes ausencias. ¿Es una cumbre “floja” la COP25?

No creo que sea una cumbre floja. Hay que continuar desde aquí concienciando al público en general, de todos los países. Los medios deben pasar el mensaje. En estos países y en muchos otros hay gobiernos concienciados sobre el problema que está causando al clima la humanidad y sus efectos adversos. En otros hay gobiernos que no están concienciados. Si informamos bien, posiblemente cada vez más votantes elijan gobiernos que ayuden a paliar este problema.

¿Cuáles pueden ser las medidas que salgan de esta COP?

El secretario general de la ONU ha puesto una meta: ponerle precio a la emisión de efecto invernadero. Si le ponemos precio y entramos en ese baremo, en esas transacciones en el comercio mundial, haremos un enorme efecto acumulativo para que la gente se vea incentivada.

Una de las conferencias en las que va a participar es en común con Chile, por el proyecto antártico de España. ¿Se va a conseguir devolver protagonismo a ese país en esta COP?

Lo que ha ocurrido es que una de las áreas donde se hace ciencia más importantes para estudiar el efecto invernadero son los polos, la Antártida. Y por fechas, la base abierta ahora mismo es la de Chile, donde tenemos científicos españoles. Es importante traer a colación con esto la idea de que hay que estudiar la Tierra en su conjunto, los efectos del cambio climático en su conjunto.

Todos son importantes, no se trata de mi pueblo ni de mi país. Y en particular, son importantes los polos y los glaciares. Ahí se estudia la biología y evolución de muchas especies, muchas de ellas directamente implicadas con los efectos del cambio climático, como la proliferación de algunas por la subida de las temperaturas y las aguas. Tenemos a científicos españoles ahí buceando por debajo de los hielos, o tomando medidas con aerosoles, y esto es importante contarlo.

Durante prácticamente ocho de los más de diez años que Alberto Núñez Feijóo lleva en la presidencia de la Xunta, el Gobierno del PP en Galicia coincidió con un Gobierno del PP en España. Tras apenas dos años en los que el enfrentamiento con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en plena crisis económica había sido una de las principales herramientas políticas del Ejecutivo de los populares gallegos, la Xunta de Feijóo compartió, al menos aparentemente, las principales líneas de la agenda política del gabinete de Mariano Rajoy.

Este escenario cambió tras la moción de censura que en primavera de 2018 llevó a La Moncloa al socialista Pedro Sánchez. Los argumentarios de la Xunta regresaron en gran medida a los tiempos de Zapatero y el PPdeG comenzó a señalar lo que consideró diversos “castigos” del Gobierno de Pedro Sánchez a Galicia, especialmente tras la presentación del proyecto de Presupuestos del Estado que no llegó a prosperar. La tensión se intensificó tras la convocatoria de las elecciones del 28A y no deja de crecer tras la investidura fracasada del líder del PSOE. Ahora, a cuenta de las visitas a Galicia de miembros del Gobierno de España en funciones sin contar con la Xunta.

La semana comenzó con un viaje a A Coruña y Santiago de la ministra de Industria, Reyes Maroto, con el cierre de la venta de la factoría coruñesa de Alcoa como telón de fondo. Continuó este jueves con la visita del ministro de Ciencia, Pedro Duque, al buque Sarmiento de Gamboa en su base de Vigo antes de su partida a una misión de investigación sobre minería en aguas profundas. Ninguno de los dos dirigentes incluyó en su agenda a la Xunta, pero sí a cargos institucionales del PSdeG y también a su secretario general, Gonzalo Caballero, que insta a Feijóo a asumir que ya no es el “único protagonista” de la escena política gallega.

Las quejas del Gobierno gallego llegaron primero por parte de dos conselleiros. Después se ha unido a ellas el propio presidente. Maroto y Duque, acusó Feijóo desde Baiona, han mostrado un “enorme desprecio por las instituciones democráticas”.

Al no contar con la Xunta en sus agendas, cree, demuestran que no visitan Galicia como ministros, sino como potenciales candidatos a unas nuevas elecciones generales. Pedro Sánchez, dice el titular del Gobierno gallego, está “preparando la próxima campaña electoral” y por eso promueve que la Xunta sepa “por la prensa” de las visitas de sus ministros a Galicia.

Una interpretación diferente es la que hace Caballero de los actos gallegos de Maroto y Duque, que estuvieron en actos de partido y también en encuentros institucionales con dirigentes socialistas como la alcaldesa de A Coruña, los alcaldes de Santiago y Vigo o la presidenta de la Diputación de Pontevedra. Feijóo, dice el líder socialista, debería “tranquilizarse”.

“Se ha terminado el tiempo en que Feijóo creía que era el único que repartía juego y hablaba con la deslealtad que quería en cada lugar de Galicia”; dice Caballero, que recomienda al líder del PPdeG “gobernar con lealtad institucional”. La Xunta, según el socialista, tendría que “respetar” la “autonomía” de los diferentes gobiernos, porque ya no es el “tiempo” en el que Feijóo “decía a los gallegos quién se podía reunir con quién”. Ahora, mantiene, ya no es “el único protagonista de la vida política” de Galicia.

Durante los últimos años, varios organismos públicos de investigación (OPI) han manifestado públicamente su oposición a las trabas administrativas que lastran el sistema de I+D. El pasado año, hasta cuatro de estos organismos publicaron una carta abierta en la que denunciaban el colapso de la ciencia española, debido, entre otros factores, a los mecanismos de control de gasto que impedían a los grupos de investigación ejecutar el presupuesto que se les había concedido para desarrollar sus proyectos de investigación. Hoy, un Real Decreto publicado por el gobierno ha puesto fin a algunos de estos trámites burocráticos.

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha presentado tras el Consejo de Ministros un paquete de medidas para reducir las cargas administrativas que dificultaban el desarrollo de los proyectos científicos, agilizar la contratación de investigadores o aumentar los medios para evitar retrasos en las convocatorias. Según Duque, estas medidas suponen un punto de inflexión para el sistema de I+D+I y universidades, que ha soportado en los últimos años normativas que dificultaban el normal desarrollo de proyectos científicos.

Parte de los problemas provienen de la normativa presupuestaria que el Ministerio de Hacienda introdujo en 2014, entonces dirigido por Cristóbal Montoro, para controlar el gasto de los organismos públicos, incluidos los de investigación. Entre las medidas destacaba lo que se conoce como intervención delegada previa, una herramienta mediante la cual cada gasto de un centro de investigación tenía que pasar por la aprobación de un inspector de Hacienda, lo que provocaba meses de retrasos. Este mecanismo, junto a otros problemas, provocó que España solo gastase el 30% de todo el presupuesto destinado a I+D en 2017.

En mayo del pasado año, la portavoz del grupo de coordinación de OPIs, la investigadora del Centro Nacional de Epidemiología, Julia del Amo, aseguraba en una entrevista que la prioridad para la supervivencia de algunos proyectos no estaba en un aumento de la financiación, sino en la eliminación de estas trabas burocráticas. “Tenemos muchos inconvenientes para ejecutar el presupuesto y, en ocasiones, incluso tenemos que devolver el dinero a las agencias financiadoras”, afirmaba Del Amo.

El Gobierno ha reaccionado a esta reclamación de la comunidad científica y el nuevo Real Decreto elimina la intervención previa en los OPIs, recuperando la situación de 2014, en la que estos organismos eran sometidos a un control financiero permanente.

Agilizar la contracción indefinida

El retraso a la hora de obtener la autorización de los gastos también provocó toda una serie de problemas para contratar personal investigador. Los científicos que suelen encadenar contratos temporales asociados a distintos proyectos se vieron en la situación de tener que pasar varios meses en paro entre la finalización de un contrato y la aprobación del siguiente.

Aunque en 2016 la secretaria de Estado logró reducir los tiempo de espera a cinco meses, la situación seguía siendo crítica, según los investigadores. “Al final, el tiempo va pasando sin que se pueda contratar al investigador y los que están pendientes de estos contratos se acaban marchando”, afirmaba del Amo. “En España estamos sufriendo un éxodo de investigadores muy importante y estamos perdiendo gente con vocación científica porque no les podemos ofrecer un contrato, aunque sea temporal, en un plazo razonable”.

La pérdida de capital humano ha sido otro de los grandes retos del sistema de I+D español durante los últimos años. Según un informe publicado el pasado año por el Observatorio de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, España ha visto reducido su número de investigadores en más de un 9% en los últimos años, lo que supone una pérdida de más de 12.000 científicos desde 2010.

El RD presentado por el gobierno modifica la Ley de la Ciencia de 2011 para que los centros y universidades puedan contratar personal de forma indefinida con cargo a proyectos que tengan financiación específica. El RD también recoge medidas para agilizar la compra de material por parte de los grupos de investigación, como la posibilidad de ejecutar contratos menores de servicios y suministros hasta importes de 50.000 euros, y otras destinadas a que la Agencia Estatal de Investigación pueda contar con más medios externos para reducir los plazos de comprobación de las subvenciones de proyectos de investigación.

Mayor atención a la conciliación

Entre las modificaciones de la Ley de la Ciencia, también se incluye un nuevo a apartado para que los investigadores en situaciones de maternidad y paternidad, así como de incapacidad temporal, no se vean discriminados en la selección y evaluación de su actividad científica.

En los procesos de evaluación que deben pasar los científicos a la hora de optar o renovar plazas o proyectos se suele hacer una revisión de los méritos o los objetivos conseguidos durante un plazo determinado. Sin embargo, al revisar estos objetivos no se tienen en cuenta los periodos de baja.

“Omitir este supuesto de interrupción hace que compitas en desventaja”, explicaba el pasado año la investigadora María de la Fuente, una de las impulsoras de la campaña #oCientíficaoMadre, creada por varias investigadoras para visibilizar la discriminación que sufren las mujeres científicas a la hora de afrontar la maternidad.

El RD también recoge mejoras para los afectados por los préstamos Renta-Universidad que puso en marcha el Gobierno de Zapatero en 2007, ya que solo los que sobrepasen los 22.000 euros anuales tendrán que comenzar a devolver el crédito, para lo que dispondrán de 15 años de plazo, una medida que se prevé podrá beneficiar a hasta 12.000 jóvenes que están pendientes de la devolución de los créditos, algunos de los cuales se han enfrentado a situaciones de impago. Esas eran las condiciones iniciales de estos créditos del ICO con condiciones ventajosas. Sin embargo, las condiciones fueron endureciéndose gradualmente en sucesivas convocatorias hasta tener que devolver el préstamo aunque no se haya encontrado trabajo, según han denunciado los afectados a lo largo de los años.

La semana pasada finalizaba el período hábil para solicitar la evaluación del denominado sexenio de transferencia, que busca dotar de reconocimiento a la actividad científica de los mejores investigadores españoles para la innovación y mejora social. Esta iniciativa, de entre las más importantes del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha tenido atareadas a muchas de las personas que hacen ciencia durante todo el mes de diciembre. Durante varias semanas, alrededor de 17.000 personas (según nos contaba ayer José Manuel Pingarrón, actual Secretario General de Universidades) han elaborado un resumen del periodo de su carrera en el que más y mejor actividad de transferencia de conocimiento a la sociedad han realizado.

Ese período de actividad científica que se somete a evaluación se denomina sexenio, ya que debe abarcar un plazo de referencia de 6 años de actividad profesional. La evaluación mediante convocatoria de sexenios no es nueva: desde hace años se aplica con regularidad para evaluar la producción de publicaciones científicas y promover la excelencia. Es un sistema de rendimiento por objetivos, muy exigente, que estimula la producción de conocimiento científico de alto nivel, y al que regularmente se someten la mayoría de los investigadores en nuestro país. La evaluación positiva de los sexenios de investigación condiciona la carrera profesional en el ámbito científico (sin ellos, en la práctica, no es posible desarrollarse profesionalmente), y también, en parte, la retribución (127,74 euros brutos al mes por cada período de seis años de excelencia, para un profesor titular de universidad).

Desde que se implantó este sistema, la producción investigadora de la universidad española ha mejorado ostensiblemente, y hoy en día es corriente encontrar en las mejores revistas del mundo el nombre de muchos centros de investigación y universidades españolas. Es decir, es un sistema que recompensa el esfuerzo y que funciona: a pesar de que España tiene el 0,7% de la población mundial, hoy produce casi el 4% de las publicaciones científicas. Muy por encima de la media. Y entre estas, es muy notable la producción científica de excelencia: españoles son el 14% de los artículos científicos que están entre el selecto grupo del 10% más citado del mundo. Nada mal para un país que no llega a la mitad de la media de inversión en ciencia de los países en la OCDE.

Con estos resultados, se ha intentado fomentar el mismo sistema para promover la transferencia de conocimiento a la sociedad y la empresa, en lo que se viene a denominar “la tercera misión de las universidades”, es decir, actividades de investigación orientadas al desarrollo social y económico en nuestro entorno de referencia. Desarrollo científico en empresas, administraciones de todo tipo y organizaciones del tercer sector, en una dimensión local o regional, auspiciado y promovido por una universidad moderna y socialmente responsable. No obstante, el primer intento, en el año 2010, falló. La concepción de la transferencia en esa primera convocatoria tenía un marcado sesgo tecnológico, con un baremo extremadamente exigente y sesgado a las disciplinas más técnicas, y además era excluyente, ya que se daba a elegir a los científicos entre ser evaluados por publicar ciencia o por transferir conocimiento. Y así, con esas premisas, prácticamente nadie la solicitó (en todo el país, 14 personas registraron solicitud en la última edición). Una convocatoria que no tenía futuro alguno, antes de nacer siquiera.

Ahora, el gabinete del ministro Duque ha relanzado esta idea, pero corrigiendo los errores de bulto del primer intento. Primero: no ha dado a los científicos a elegir entre publicar o hacer transferencia, sino que asume (correctamente) que ambas cosas se realizan, con frecuencia, de manera simultánea. Segundo: Duque y su equipo han entendido que en el plano de la transferencia es posible y deseable la innovación y la difusión del conocimiento científico hacia todo tipo de actores sociales. Es decir, la transferencia es cosa de todas las personas que hacen ciencia, con independencia de su ámbito de conocimientos. Y tercero: existe la expectativa de una evaluación y reconocimiento justo del trabajo realizado en este ámbito.

Con estas nuevas características, ahora sí, la convocatoria actual ha despertado el interés en la comunidad universitaria. Y se ha generado un total de 17.000 solicitudes, que han colapsado un sistema piloto. Pueden parecer muchas, pero esta cifra es baja: sólo lo ha solicitado el 14% de la comunidad universitaria (de un total, aproximadamente, de 118.094 personas en nuestro país). Entre otras cuestiones, porque la convocatoria de Duque ya es, de entrada, muy exigente: está dirigida a personas con una carrera consolidada (contratados doctores, titulares y catedráticos) y que pueden avalar un currículum investigador de reconocido prestigio (deben tener al menos un sexenio de investigación evaluado positivamente). Además, hay que presentar al menos 5 méritos de transferencia, dos de ellos obligatoriamente en ámbitos de aplicación diferentes. Para que nos hagamos una idea: en el caso de que el 80% de las solicitudes presentadas fueran resultas favorablemente, este reconocimiento de mérito lo obtendría sólo 1 de cada 10 científicos en España.

Con estas cifras, el coste anual de incentivar la transferencia científica en toda España, de ser exitosa, no superaría los 22 millones de euros; esto es, para todo el país, poco más que la multa que ha impuesto Audiencia Provincial de Madrid a Cristiano Ronaldo. O sea que nada de la “barra libre de sexenios” de la que hablan algunos políticos de la oposición al criticar a Duque, ni tampoco las cifras, indocumentadas y faltas de criterio, del reciente artículo de Marina Alía en Vox Populi. En un maravilloso y divertido bucle, podríamos decir que quizá la transferencia también precisa de transferencia para ser comprendida por algunas personas.

No obstante, aparte de estas críticas mal fundadas por parte de un sector de la oposición política, esta convocatoria también ha provocado en la comunidad universitaria, por momentos, nervios y buenos cabreos. Una aplicación informática sobrecargada, los nervios de buscar justificantes y acreditar actividades documentalmente, y la tensa sensación durante todo el proceso de no tener ni idea de cómo va a ser la evaluación. Pero también he podido apreciar en muchas personas que ha generado expectativas e ilusión por saber que, ahora sí, se va a evaluar una parte de nuestro trabajo que en el ámbito académico no se ha visibilizado lo suficiente. Ahora sólo nos queda esperar, y aguantar el misterio de cómo van a medir lo mejor que cada uno de nosotros hemos hecho durante nuestra carrera académica. En este sentido, el colofón y futuro de esta iniciativa de Duque queda en manos de quiénes y cómo van a evaluar la transferencia de los científicos españoles.

El astronauta Pedro Duque, actual ministro de Ciencia, Innovación y Universidades acudirá a Murcia el próximo lunes 14 de enero para impartir la conferencia titulada 'Un país de conocimiento e innovación'. El conferenciante será presentado por Alberto Requena, catedrático de Química Física de la Universidad de Murcia y vicepresidente de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia.

Esta charla, que tendrá lugar en la Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia (Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, 23) a partir de las 18.00 horas, ha sido organizada por la Academia de Ciencias de la Región de Murcia con la colaboración de la Fundación Cajamurcia. Su presidente, Juan Carmelo Gómez, explica que “nos hemos propuesto para este 2019 potenciar aún más la divulgación. La conferencia del ministro de Ciencia dará el pistoletazo de salida a las iniciativas que organizaremos a lo largo de este año”.

Duque pasará a la historia como el primer astronauta español. Ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, llegó al espacio en dos ocasiones: en los años 1998 y 2003. Entre sus numerosas hazañas se encuentra haberse formado en la Ciudad de las Estrellas (Rusia) y en Estados Unidos, trabajar para la Agencia Espacial Europea (ESA) y participar en proyectos en colaboración con la NASA.

Además, su brillante carrera especial ha obtenido reconocimientos como el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1999, que comparte con los astronautas Chiaki Mukai, John Glenn y Valery Polyakov.

Junto a su conocida labor profesional, su implicación en la defensa de la investigación y de la inversión pública en ciencia lo ha convertido en ministro del Gobierno de Pedro Sánchez. Con todo ello, Pedro Duque no deja de ser un firme defensor de la divulgación, tal y como demostró recientemente al rescatar su traje de la Agencia Espacial Europea para responder a las preguntas de los más pequeños.

El Ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, ha asegurado que el Gobierno tratará de renovar el decreto franquista que a día de hoy sigue regulando la disciplina estudiantil en las universidades. “Voy a atreverme a intentarlo”, ha expresado en una entrevista en Europa Press.

Duque ha querido mostrarse “cauto” a la hora de prometer una modificación que no se ha acometido en 40 años de democracia, pero aun así ha recalcado la necesidad de cambiar un decreto que fecha de 1954. Algunos de sus artículos, ha recordado, quedan hoy fuera del marco constitucional, como por ejemplo el que considera una infracción grave las “manifestaciones contra la moral católica”.

Con sus palabras, el ministro de Ciencia y Universidades da a entender que tendrá en cuenta la propuesta que le haga llegar la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que se ha puesto a trabajar en una propuesta que ponga fin a este anacronismo legislativo, tal como adelantó eldiario.es.

El reglamento de disciplina académica vigente, firmado por Francisco Franco el 8 de septiembre de 1954, debía quedar superado con la aprobación del Estatuto del Estudiante en 2010, que dejaba por escrito el compromiso “en el plazo de un año” de aprobar una ley de potestad disciplinaria para los campus. Se llegó a elaborar un borrador, pero la entrada del PP, con José Ignacio Wert en el ministerio, lo paralizó.

Con los años, las universidades públicas españolas han ido desarrollando sus propias normativas sobre comportamiento y sobre evaluación, actualizadas a las necesidades estudiantiles del siglo XXI, pero lo cierto es que sus regímenes sancionadores siguen teniendo como base legal el decreto franquista de 1954.

Algunas de las infracciones que establece, como la “falta de probidad”, han sido catalogados de “jurídicamente indeterminados” por el Tribunal Constitucional, pero aun así se ha dado algún caso reciente en el que se ha expedientado a estudiantes por este motivo. Sucedió en 2011 con 11 alumnos de la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias, aunque la justicia los acabó absolviendo.

En la historia solo ha habido dos astronautas de origen español. Uno es Miguel López-Alegría, que salió en misión con la NASA en octubre de 1995. El otro es el actual ministro de Ciencia, Pedro Duque, que en 1998 viajó al espacio por primera vez. Una fecha que el propio Duque ha celebrado este 29 de octubre, cuando se cumplían 20 años desde su viaje a bordo del transbordador Discovery.

Pedro Sánchez ha aprovechado el tuit de su ministro para elogiarle y felicitarle por su aniversario espacial, definiéndole como el “primer ciudadano español en ir al espacio”. Una frase que ha provocado una ola de correcciones y reproches al presidente del Gobierno por, según estas críticas, olvidarse de López-Alegría. Lo que supone resucitar un debate del pasado: ¿quién fue el primer español en ir al espacio?

Los reproches a Sánchez han llegado mayoritariamente de tuiteros desconocidos. Pero también se los han hecho otros conocidos, como el exdiputado de Ciudadanos en el Parlament Jordi Cañas.

Por fechas, parece claro que López-Alegría fue el primero en abandonar la Tierra en una nave espacial. Nacido en Madrid, cuando era un bebé se mudó a California junto a sus padres, un extremeño y una italoamericana. Además, es uno de los pocos que ha pasado siete meses seguidos viviendo en la Estación Espacial Internacional (ISS).

Pero, en su caso, hay un matiz que le diferencia de Duque: tuvo que renunciar a su nacionalidad española para poder participar en las misiones de la NASA. Algo que el actual ministro no tuvo que hacer en su momento, ya que formaba parte de la Agencia Espacial Europea (ESA por sus singlas en inglés).

Decir que Pedro Duque es el “primer ciudadano español” en ir al espacio sí es correcto, ya que López-Alegría tenía la ciudadanía estadounidense cuando salió en 1995. El divulgador científico Alex Riveiro también lo explicó cuando Duque entró en el Consejo de Ministros como titular de la cartera de Ciencia, Innovación y Universidades.

Esto no significa que el científico, también como Michael López-Alegría, no sea español o que haya que considerarle un astronauta estadounidense. Como ya contó El Confidencial, el Código Civil recoge que “los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos, hubiera nacido también en España”. Tal y como ocurre en su caso.

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El ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, aboga por que la futura ley de Universidades contemple un “órgano” que sea capaz de detectar irregularidades en los estudios académicos para evitar escándalos como los de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón.

Ese mecanismo sería “externo o al menos parcialmente externo”, según la apuesta que el ministro ha defendido en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. El sistema tendría que desarrollarse a través de la Ley de Universidades que ha prometido y cuyo proceso todavía no se ha puesto en marcha.

“Es muy difícil de perfilar”, ha reconocido el ministro, que se ha referido, por un lado, a la autonomía universitaria y, por otro, a las competencias que están en manos de las Comunidades Autónomas. Pero ha defendido que exista una “mayor corresponsabilidad” entre la universidad y la sociedad a través de un “órgano que sea capaz de determinar cualquier tipo de irregularidad”.

No obstante, Duque ha pedido que no se generalicen los casos que ha revelado eldiario.es con el grueso de la actividad de la universidad para la que ha reclamado “el prestigio que merece”. “La mayor parte del sistema no está sujeto a ningún problema”, ha señalado el ministro, que lo ha calificado de “injusto”.

Preguntado sobre la sociedad patrimonial a través de la que posee sus viviendas, Duque ha asegurado que “no ha obtenido ningún ahorro fiscal neto, sino más bien lo contrario” y ha prometido que difundirá ante los medios el informe que han elaborado fiscalistas que contrató tras las informaciones de Okdiario.

Duque, dispuesto a seguir la próxima legislatura

“Respecto a mi sociedad familiar, todo está ahora en manos de asesores especializados que hemos contratado para su revisión –ha respondido–. En breve tendrán los medios de comunicación el informe completo y ya les adelanto que no hemos obtenido de esto ahorro fiscal neto, sino más bien todo lo contrario”.

Sobre su futura continuidad en el Gobierno, Duque ha comenzado su respuesta con una ironía que ha provocado risas y aplausos de los asistentes: “Ya aprendiendo a hablar como los políticos, ya se verá, yo estoy a disposición...”. Pero después ha dado por hecho que tiene fuerzas para seguir al frente del ministerio en la próxima legislatura: “Hay mucho que hacer para reformar el sistema de ciencia, universidades y tecnología (...). Estoy dispuesto a esforzarme y liderar esto todo el tiempo que quiera el presidente”. “Si vuelve a ganar y me vuelve a llamar seguiré encabezando esto”, ha sentenciado el ministro, que considera que en su departamento debe haber “estabilidad”.

Josep Borrell es el miembro del Gobierno de Pedro Sánchez con más patrimonio. Según la declaración de bienes que ha publicado el BOE este sábado, junto con la de todos los altos cargos desde 2014, el ministro de Exteriores, UE y Cooperación declara 2,77 millones de euros y una deuda de 60.969 euros.

El jefe de la diplomacia española ha ocupado distintos cargos políticos a lo largo de su vida, entre ellos el de ministro de Obras Públicas con Felipe González. El último el de eurodiputado entre 2004 y 2009 –la mitad de la legislatura presidió el Parlamento Europeo–. Antes de volver a la primer línea política de la mano de Sánchez, Borrell se había reincorporado a la cátedra en la facultad de económicas de la Universidad Complutense tras un breve periodo como presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

Ese cargo lo abandonó porque suponía un conflicto de intereses con su participación con la empresa Abengoa, de la que fue consejero independiente de Abengoa tras su salida de de la Eurocámara. En 2010, pasó a ser el presidente del Consejo Asesor Internacional de la compañía, de la que también formó parte de la comisión de nombramientos y retribuciones. Recientemente, Borrell denunció haber sido víctima de una estafa por internet de 150.000 euros.

La portavoz, Isabel Celáa, es la siguiente miembro del Consejo de Ministras según el ranking de patrimonio declarado. La ministra de Educación tiene unos activos totales de 1,62 millones de euros mientras que debe 152.846,76 euros. Por tanto, su patrimonio una vez descontada la deuda es de 1,47 millones de euros.

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, declara 1,52 millones de euros y no tiene ninguna deuda, por lo que el cómputo global le sitúa por delante de Celáa.

Por encima del millón de euros declarado en patrimonio también se encuentra el titular de Cultura, José Guirao, que tiene 1.068.124,08 euros. Más de la mitad de esa cantidad corresponde a sus bienes inmuebles. En su caso, no tiene ninguna deuda.

La que menos patrimonio declara es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tiene unos activos valorados en 113.780,45 euros (de los que 109.933,45 corresponden a bienes inmuebles y solo 3.847 euros a depósitos bancarios). Su deuda asciende a 122.742 euros.

El otro ministro que tiene más deuda que patrimonio es José Luis Ábalos, titular de Fomento. El balance patrimonial del secretario de Organización del PSOE también es negativo al superar su deuda en 6.983,17 euros a los activos declarados.

Siete ministros sin deuda

Los siguientes por la cola son Meritxell Batet, que declara un patrimonio de 132.220,95 euros y una deuda de 113.935,74 euros, y Fernando Grande-Marlaska, que declara 205.000 euros de activos y 100.000 euros de deuda.

De los miembros del gabinete de Sánchez hay siete que no tienen ninguna deuda. Además de Duque y Guirao, se encuentran en esa situación la última en incorporarse, Luisa Carcedo; la titulares de Empleo y Economía, Magdalena Valerio y Nadia Calviño; Margarita Robles y Teresa Ribera, según se desprende de la publicación en el BOE de las declaraciones de patrimonio de los altos cargos en cumplimiento de la ley de transparencia también engloba a los miembros de la administración de Mariano Rajoy así como a los ministros de Sánchez que han abandonado su cargo: Carmen Montón y Màxim Huerta.

En el caso del exministro de Cultura, que renunció tras revelarse que defraudó a Hacienda a través de una sociedad limitada, declaró cuando tuvo que depositar su declaración de patrimonio al incorporarse al Gobierno unos activos de 602.046,88 euros. El grueso de su patrimonio corresponde a depósitos financieros mientras que tenía una deuda de 52.006,21 euros. La exministra de Sanidad, por su parte, declaró un patrimonio de 204.752,11 y una deuda por valor de 179.083 euros.

Pedro Duque declara un patrimonio de 1,52 millones de euros, según la declaración que que entregó a la administración tras ser nombrado ministro de Ciencia, Innovación y Universidades y que ha sido publicada este sábado en el BOE junto con la de cerca de 1.500 cargos públicos, incluidos los miembros del anterior Gobierno.

El grueso del patrimonio del astronauta son acciones y participaciones, con un total de 1,18 millones. Dos viviendas del ministro están a nombre de una sociedad de la que es propietario junto con su esposa. El titular de Ciencia tuvo que dar explicaciones tras la publicación de esa información en OkDiario.

Duque dejó dos grandes incógnitas sin resolver: si se había deducido el IVA al adquirir una de las viviendas a través de la empresa y la ausencia de ingresos en las cuentas mientras que el ministro aseguraba que pagaba un “autoalquiler”. Aunque inicialmente aseguró que no le había supuesto un “ahorro real” de impuestos, al día siguiente se comprometió a “subsanar cualquier error”.

227.319 euros están en depósitos de cuenta corriente mientras que en el apartado de bienes inmuebles Duque declara 37.628 euros. En otros bienes y derechos económicos, el ministro declara 69.000 euros. El ministro no declara ninguna deuda.

Hay un problema cuando eliges para un Gobierno a una persona con una trayectoria destacada en su profesión, pero sin experiencia en política. Qué ocurrirá si tiene que dar cuentas ante un grupo numeroso de periodistas o políticos sobre su actuación, sus antecedentes personales o su patrimonio económico.

La comparecencia del ministro de Ciencia, Pedro Duque, del jueves para hablar de la situación fiscal de dos casas de su propiedad y de su esposa que están registradas a nombre de una sociedad es prácticamente un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas, pero también de que el trabajo de político es más complicado de lo que la gente cree. 

Uno de los inconvenientes de entrar en política es la pérdida de privacidad sobre algunos asuntos. Unas declaraciones anteriores de Pedro Sánchez pueden hacer que el patrimonio personal de un ministro se convierta en un asunto de interés público. Eso no quiere decir que ya sea culpable mientras no se demuestre lo contrario.

Una primera necesidad es comparecer cuanto antes si se tiene acceso a la información necesaria. Cada día que pase será más difícil que el anterior. La presión irá en aumento. Duque tardó sólo unas horas en convocar una rueda de prensa. Su equipo y él tomaron la decisión correcta. 

El segundo requisito es que el ministro –un ingeniero y astronauta que lleva algo más de tres meses en el puesto– reciba el asesoramiento que necesite, algo que no parece haber ocurrido en este caso. Infundirle confianza –Duque dio muestras claras de estar nervioso–, resumir en este caso los principales elementos de la compra de dos viviendas y de la formación de la sociedad –su explicación fue muy confusa por momentos–, e intentar adelantarse a las preguntas de los periodistas. 

No está claro que arrancar con un chiste o de forma ligera sea una buena idea. Habrá quien piense que no te estás tomando en serio la situación. Después de decir que a él “le fastidia bastante hablar de cosas personales en público”, el ministro se arrancó con una anécdota sin mucha relación con el tema de la rueda de prensa: “No es necesariamente un buen día. Pero esta mañana un perro me ha dado un susto corriendo, así que imaginaos el día que llevo”. 

Primero, un perro, y luego los periodistas. Vaya día.

El inicio de una comparecencia de estas características es un momento decisivo. Luego se responderá a algunas preguntas, pero el político decide cómo inicia su intervención y con qué información. Por eso, es habitual y lógico leer un texto en el que se explique lo ocurrido de la forma más concisa posible. Que no parezca que no querías hablar de cierto detalle y que sólo lo has hecho porque te lo han reclamado los periodistas.

Improvisar es una mala idea en la mayoría de estos casos. Hay demasiado en juego. 

Al poco de comenzar, dijo: “No sé qué más puedo decir”. No lo tenía muy organizado, porque no había contado mucho. Afortunadamente para él, siguió hablando y comentó algo muy relevante: “Me asesoré bien para no facturar en la sociedad ingresos que no fueran de la sociedad”. En ese momento, dijo que los ingresos de los años en que la casa fue alquilada fueron “la única facturación que ha tenido la sociedad”. Está claro que aún le habían quedado cosas importantes que contar.

Brazos levantados al cielo

El lenguaje corporal resulta muy importante. Los nervios hicieron que el repertorio de gestos de Duque no fuera muy convincente. Largas pausas, dudas, ojos muy abiertos con cara de sorpresa, cejas levantadas, los dos brazos alzados... La impresión que daba es que estaba un tanto superado por los acontecimientos o que no tenía muy claras algunas de las respuestas. 

Quejarse de que se tiene mucho trabajo no es una gran salida. Antes de entrar en detalle, Duque comentó que el viernes viaja a Bruselas, donde “tenemos que defender la posición de España”. Sí, ese es el tipo de cosas que hacen los ministros. 

No hay que salir con excusas o razones que suenen a excusas. “En su momento, el Gobierno estaba promocionando esto. Era la burbuja”. Se encogió de hombros como si dijera: nadie se hubiera resistido a tal oportunidad. No quedó muy claro a qué se refería. Montar una sociedad de este tipo se puede hacer con o sin burbuja. Luego insistió en esa idea. “Ahora no haríamos lo mismo”. Se supone que lo que hicieron fue legal, ¿no?

No improvisar sobre datos básicos de la explicación permite no caer en contradicciones o tener claros conceptos con los que habitualmente sólo están cómodas las personas expertas en estos temas. Lo que ocurrió fue que terminó dando alguna respuesta un tanto contradictoria. “Cada mes o dos meses pasamos un dinero a la sociedad en concepto de que estamos utilizando la casa de la sociedad”. Ese “autoalquiler” es una de las dos dudas sobre la intervención del ministro explicadas en este artículo. Resulta que la sociedad patrimonial no ha facturado ni un euro en los últimos tres años, según sus cuentas.

Le preguntaron por eso en la rueda de prensa. Su respuesta: “Yo entiendo que el contable ha presentado las cuentas todos los años, y todos los años las firmo. Ah, no, no tiene ingresos, vale, sí. No tiene ingresos porque los únicos ingresos que tiene son el dinero que le damos a la sociedad por vivir en ella (en la casa) y los años que estuvo en alquiler una de las viviendas, los años en que realmente tuvo ingresos”. 

Cuando la casa estaba alquilada, la sociedad propietaria recibía unos ingresos. Como había dicho él mismo antes, siempre que Duque y su esposa han residido en esa vivienda, la sociedad también ha tenido ingresos aportados por ellos, a diferencia de lo que se sugiere en esta confusa respuesta. 

Según la versión dada por el ministro, lo que hizo fue legal y no le sirvió para ahorrarse una gran cantidad de dinero con Hacienda. Las cuentas de la sociedad plantean dudas por la falta de ingresos en los tres últimos años que pueden achacarse a errores. Es posible que su versión habría resultado más clara si la hubiera preparado mejor y ejecutado con menos nervios. El PP lo aprovechará para reclamar su presencia en el Congreso y mantener la presión sobre otro miembro del Gobierno. 

Está claro que los ladridos del perro no fueron el mayor problema para Pedro Duque este jueves. 

Las explicaciones que el ministro de Ciencia, Pedro Duque, ha dado este jueves en rueda de prensa tras revelar Ok Diario que es propietario de una sociedad patrimonial, Copenhague Gestores de Inmuebles SL, cuya única actividad es la tenencia de dos chalés de lujo del ministro y su esposa en Madrid y Jávea (Alicante), suscitan dos grandes dudas entre varios fiscalistas consultados por eldiario.es: si el matrimonio pagó una renta a esa sociedad por el disfrute de esos inmuebles y si se desgravó el IVA por la compra.

La primera duda está relacionada con lo que el propio ministro, preguntado por la prensa, ha definido como el “autoalquiler” de sus casas. Al ser la sociedad la propietaria de esas viviendas y estar la empresa controlada y administrada por el matrimonio, su uso y disfrute por su parte sería lo que se denomina una operación vinculada, que según el criterio de la Agencia Tributaria, tendría que remunerarse a precios de mercado.

“Es una operación vinculada que no puede ser gratuita y el precio debe obedecer al valor de mercado del uso, del alquiler”, resume Jaime Ena, socio del despacho GTA Villamagna especializado en planificación fiscal para grupos familiares y grandes patrimonios, que explica que “todos los beneficios que alguien obtiene por el uso de bienes de su sociedad debe remunerarlos; si hay un inmueble y este se cede gratuitamente, hay una posible contingencia fiscal porque supondría una especie de dividendo”.

“Tendría que haberse puesto unos ingresos de arrendamiento a precios de mercado”, coincide Luis del Amo, secretario del Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Colegios de Economistas de España, que recuerda que tener una segunda residencia a nombre de una sociedad, además de un pequeño ahorro en el IRPF permite por ejemplo deducirse gastos como el IBI o la tasa de basuras.

Preguntado por este asunto, Duque ha asegurado durante la rueda de prensa que él y su esposa han satisfecho ese “autoalquiler”. Las cuentas de su sociedad en los tres últimos ejercicios (2015, 2016 y 2017) reflejan cero euros de facturación en esos años, y sería en esta línea de la cuenta de resultados donde se incluirían esos ingresos. En 2013 y 2014, la empresa sí registró actividad (48.000 euros y 30.000 euros).

El propio ministro, sin precisar fechas, ha indicado que “la única facturación que ha tenido” su sociedad está relacionada con su chalé en Jávea “cuando los dos hemos alquilado la casa a alguien”. Al no haber facturado, “sería un indicio de que el inmueble se cedió de forma gratuita” y ello redundaría en un menor impuesto de sociedades, explica el experto de GTA Villamagna.

La otra duda que ha dejado la comparecencia de Duque es el tratamiento del IVA en la compra de la casa de Jávea. El ministro ha explicado que adquirió la vivienda de Madrid antes de la creación de la sociedad pero no ha aclarado si su sociedad se dedujo ese impuesto al adquirir la vivienda de Javea. En ese caso, “estaría mal deducido”, indica el responsable del REAF. La operación de la compra de la vivienda de Javea y la creación de la sociedad patrimonial se hicieron el mismo día.

En su comparecencia, el ministro ha querido marcar distancias con el caso de su antiguo compañero de gabinete, el dimitido Maxim Huerta, al asegurar que nunca ha facturado a esa sociedad gastos que no tengan que ver con la propiedad de sus chalés.

“Estoy al corriente de todas las obligaciones fiscales”, ha asegurado Duque, que ha explicado que la creación de esa sociedad era una fórmula para gestionar sus propiedades mientras él y su esposa [embajadora] vivían en el extranjero: “No se elude ningún impuesto”, ha zanjado.