El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que desestima la demanda de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, contra las informaciones publicadas por elDiario.es a partir del procesamiento de su marido, ya fallecido, e hijastro en una causa por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Tres magistrados de la Sala Civil del Alto Tribunal han decidido inadmitir su recurso y, de esta forma, la condena en costas a la alcaldesa de Marbella ya es firme.

La providencia del Supremo, emitida el 1 de julio, confirma el fallo previo de la Audiencia Provincial de Málaga, que en su resolución calificaba de “veraces” las once informaciones que denunciaba Ángeles Muñoz y decía de las mismas que tienen “evidente interés general”. El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Marbella ya había establecido, a su vez, que las noticias de elDiario.es tenían “interés público” y que la información que contenían había sido “escrupulosamente contrastada” antes de su publicación. Muñoz recurrió esa primera decisión y posteriormente también recurrió en casación el fallo de la Audiencia de Málaga.

Los tres magistrados del Supremo consideran que no procede admitir el recurso de Muñoz y recuerdan que la Audiencia Provincial concluyó que su derecho al honor “decae en favor de la libertad de información toda vez que nos encontramos ante noticias veraces, fundadas en fuentes fidedignas identificadas y susceptibles de contraste, sin que se impute delito alguno a la demandante y sin que se utilicen términos degradantes o vejatorios”. También explican que la alcaldesa de Marbella no consigue “justificar” por qué la sentencia recurrida “es incongruente o está falta de motivación”, de forma que también inadmite el recurso por ambos motivos.

Este periódico desveló en noviembre de 2022 el procesamiento del marido de la alcaldesa y su hijastro dentro de una causa de la Audiencia Nacional contra una sucursal de la 'Mocromafia' sueca en la Costa del Sol. elDiario.es continuó investigando y reveló el abultado patrimonio de Ángeles Muñoz, pese a llevar tres décadas dedicada en exclusiva a la política. Este medio también publicó el contenido de los informes policiales que solicitaban a la Audiencia Nacional, sin éxito, que abriera una vía de investigación por corrupción en relación al uso que habría hecho el presunto narcotraficante Joakim Broberg del poder de su madrastra. Hace una semana la Audiencia Nacional condenó a nueve años de cárcel al hijastro de la alcaldesa por narcotráfico y blanqueo.

elDiario.es accedió igualmente a una investigación de años atrás de la Fiscalía Anticorrupción, que había permanecido en secreto, sobre los indicios de corrupción hallados en unos correos electrónicos de la alcaldesa de Marbella. Por estas últimas informaciones, el periodista de elDiario.es que las firma, Pedro Águeda, continúa imputado en un juzgado de Marbella, acusado de revelación de secretos a partir de una querella presentada por Ángeles Muñoz, en este caso por la vía penal.

La asunción por la Fiscalía y los jueces de instrucción de las tesis que plantean los informes policiales contempla excepciones. Ocurrió con el caso que afectaba por narcotráfico y blanqueo de capitales a familiares de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en el que las unidades policiales implicadas solicitaron en tres informes que se abriera una nueva línea de investigación, por delitos de corrupción, sin que la Fiscalía Antidroga ni los jueces que tuvo el caso en la Audiencia Nacional accedieran a ello.

La Audiencia Nacional acaba de condenar a nueve años de cárcel por narcotráfico y blanqueo de capitales a Joakim Broberg, hijastro de Ángeles Muñoz, regidora de Marbella. En las intervenciones telefónicas que practicó la Policía, con autorización del juez, Joakim aludía al poder que tenía en las administraciones de la Costa del Sol, incluido el Ayuntamiento que preside su madrastra, pero esos comentarios no fueron suficientes para indagar en lo que había detrás.

“Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente [informe], se solicita se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias decretando el secreto de las actuaciones”. Esta es la conclusión de un informe de la UDEF entregado al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en julio de 2019. La propuesta de la Policía nunca fue admitida, pese a los indicios de los que se acompañaba.

Las afirmaciones realizadas por el hijastro de la alcaldesa de Marbella en las conversaciones intervenidas y las comprobaciones posteriores realizadas por los agentes hacían sospechar a la UDEF de que el presunto narcotraficante se había servido del poder de Ángeles Muñoz para hacer negocios.

La fiscal del caso, María Dolores López Salcedo, y el juez en aquel momento, Alejandro Abascal, no adoptaron la medida que solicitaba la UDEF. Los agentes reiteraron esos indicios en dos informes más, pero no obtuvieron respuesta. El 'caso de los suecos' siguió instruyéndose como otra causa contra el tráfico de drogas internacional, en este caso de hachís. Nada de corrupción.

En una de esas intervenciones, Joakim Broberg contaba a uno de sus socios que estaba en un bar al lado de un funcionario de Benahavís, localidad contigua a Marbella, al que habrían sobornado en el pasado. Una conversación que el hijastro de Ángeles Muñoz remataba: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”. Tres días antes se habían celebrado las elecciones municipales y el PP había vuelto a arrasar en la Costa del Sol. Tres meses antes, Juan Manuel Moreno Bonilla se había convertido en presidente de la Junta tras cuatro décadas de gobiernos socialistas en Andalucía.

La Policía comenzó a investigar y confirmó que el funcionario existía y respondía a la descripción que hacía el hijastro de Ángeles Muñoz. “De las conversaciones telefónicas interceptadas a Joakim Broberg se desprende la gran influencia que tiene el sueco sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí”, advertía por escrito la inspectora 85.972.

García Castellón evitó la acusación popular

La negativa de la Audiencia Nacional a abrir una línea de investigación por corrupción no fue el único hecho anómalo de la causa contra el marido de Ángeles Muñoz. El siguiente juez del caso, Manuel García Castellón, mantuvo en secreto el procedimiento hasta que finalizó la instrucción y dictó el auto de procesamiento, de tal modo que ninguna acusación popular pudiera personarse y pedir un impulso ese sentido. Cuando el PSOE conoció por los medios de comunicación el procesamiento de Lars Broberg, marido de Ángeles Muñoz, y de Joakim, hijo del primero, se apresuró a solicitar la personación, pero García Castellón le comunicó que era tarde.

El caso contra la familia de la alcaldesa de Marbella, del Partido Popular, quedó por tanto huérfano de cualquier propuesta de investigación de la acusación popular, al contrario de lo que ocurre en otras causas de actualidad, como son las de Ábalos, Zapatero o Leire Díez, donde las organizaciones ultras que integran la acción popular, junto al PP, llegan más lejos que la Fiscalía.

Tres meses después de la primera advertencia policial sobre la corrupción que irrumpía en la investigación contra Joakim Broberg y otros llegó un segundo atestado de la UDEF. En octubre de 2019, en un informe ampliatorio, la Policía trasladaba a la fiscal y al juez que había encontrado “tres aspectos fundamentales en lo que se refiere a las actividades delictivas de Joakim Peter Broberg”: sus “negocios inmobiliarios”, la utilización de paraísos fiscales y abogados especializados y, por último, un “notorio uso de influencias en las distintas administraciones públicas involucradas, que no duda en usar tanto para beneficio propio como de terceros”.

Un año después de la primera alerta sobre presunta corrupción vinculada a Ángeles Muñoz hubo un tercer informe policial con alusiones a la corrupción. En este caso, los agentes abordaban las conversaciones del hijastro de Muñoz en el otoño de 2019. Uno de los epígrafes del informe policial, fechado el 3 de agosto de 2020, se titulaba: “Información privilegiada para favorecerse con una operación de venta de terrenos”.

Los agentes habían escuchado a Broberg hablar con una colaboradora de su padre y con otro empresario con antecedentes. “Se pone de manifiesto que Joakim cuenta con información privilegiada respecto a la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Urbanística”, escribieron en agosto de 2020. Broberg planeaba comprar unos terrenos de los que su dueño no había podido desprenderse por “un problema con el Ayuntamiento”.

La causa había quedado, por parte del Ministerio Público, exclusivamente en manos de una fiscal Antidroga, María Dolores López Salcedo, a la que nunca le interesó expandir la causa contra una sucursal en la Costa del Sol de la Mocromafia sueca a un posible caso de corrupción en la zona.

Una investigación en secreto, un cierre sin publicidad

El marido de Ángeles Muñoz, Lars Broberg, logró que se archivara el procedimiento contra él por su deteriorado estado de salud a los pocos días de producirse. A diferencia de otros casos con relevancia mediática, el auto de procesamiento no fue difundido por el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional. Solo la información de elDiario.es desveló la investigación contra el marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella.

La fiscal López Salcedo no había hecho una sola pregunta a Joakim Broberg cuando este compareció en fase de instrucción, ni de la corrupción, ni del tráfico de drogas. Tampoco hubo oportunidad de que lo intentara una acusación popular porque García Castellón mantenía secreta la causa.

Otro escándalo que quedó por investigar fue el chivatazo que Lars Broberg le dio a su hijo de que estaba siendo investigado. En sueco, le dice el 28 de octubre de 2019: “Escucha, escucha, el que estás sujetando está intervenido”. Se refiere a que el terminal que usa es objeto de una intervención con autorización judicial.

Desde Antidroga aseguraron que esos soplos son frecuentes en este tipo de investigaciones, más aún si hay implicadas multitud de unidades policiales y juzgados, sobre todo si son de varios países, como es el caso, y que resulta imposible dar con el origen del chivatazo.

La única referencia a Lars Broberg durante el juicio que se celebró en mayo de 2025 fue cuando la fiscal preguntó a la inspectora de la UDEF por el papel del difunto marido de la alcaldesa en tres operaciones de blanqueo de capitales del narcotráfico. El motivo, explicó López Salcedo, es que Antidroga solicita el decomiso de unas propiedades de Lars Broberg que sospecha maneja a día de hoy su hijo. La inspectora atribuyó al marido de Ángeles Muñoz una labor de “supervisión” en esa trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Finalmente, la sentencia solo menciona a Lars Broberg en la venta de una casa con la que su hijo Joakim habría lavado dinero de la droga, pero con la particularidad de que en la actualidad, y a través de un método considerado fraudulento por el tribunal, pertenece a un hijo de la pareja, esto es, de Lars Broberg y la alcaldesa de Marbella. La casa de Alexander Broberg es confiscada por la Administración, según aparece en la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Lars Broberg falleció en marzo de 2023. Su entierro supuso un desfile de autoridades, también policiales, para rendir homenaje a un próspero empresario del sector inmobiliario al que Ángeles Muñoz siempre atribuyó su lujoso estilo de vida.

La Audiencia Nacional ha condenado a nueve años de cárcel a Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales. La sentencia también le impone una multa de 4,9 millones de euros. La Fiscalía Antidroga, durante el juicio, llegó a pedir para él el doble de años de prisión además de 30 millones de euros en multas.

La sentencia, con ponencia de la magistrada Ana Revuelta, considera probado que Broberg se dedicó desde al menos 2019 a la compra y venta de marihuana y hachís para enviarla desde España a Francia y a terceros países. En esa operativa, señala él mismo contactaba con los proveedores e incluso con miembros de otras redes para suministrar la sustancia estufefaciente. Junto a él, la Audiencia Nacional ha condenado a otros 21 encausados a penas que van de los 2 a los 16 años de cárcel por delitos de  tráfico de drogas, pertenencia a una organización criminal -formada principalmente por ciudadanos suecos- y por blanqueo de capitales. A once de ellos se les ha aplicado la atenuante de confesión dado que reconocieron los hechos y se conformaron con las penas que solicitaba la Fiscalía Antidroga.

Si bien el tribunal no condena a Broberg por el delito de pertenencia a organización criminal, sí que explica que a lo largo de 2020 usó EncroChat para ponerse en contacto con proveedores como el conocido 'Canaryegg' para abastecerse de sustancias que provenían de Marruecos y llegaban a la costa española en barco. “No ha podido determinarse la cuantía exacta de las operaciones realizadas, ni el valor de la cantidad de marihuana incautada en Francia”, indica la ponente, sin embargo.

La resolución se para además a detallar cómo el hijastro de la alcaldesa de Marbella utilizó en ocasiones su inmobiliaria Wasa Consulting, ubicada en el Centro Comercial Plaza de Marbella, junto con otro encausado “con la finalidad de ocultar fondos procedentes del tráfico ilícito de estupefacientes y otras actividades ilícitas, e introducir en el circuito lícito financiero los beneficios ilícitos obtenidos”. Un blanqueo de capitales de libro que llevaron a cabo gracias a operaciones mercantiles como la compraventa de la denominada 'Casa Grande Roja', gracias a la que lavaron 3 millones de euros.

En esta causa no está el padre de Joakim, Lars Gunnar Broberg, porque no fue procesado por motivos de salud -falleció en 2023, dos años antes de que se celebrara el juicio-. Pero en el escrito de acusación del Ministerio Público, en el que inicialmente se pedían 22 años para el hijastro de la alcaldesa, se consideraba acreditado que ella, Ángeles Muñoz, convivió durante años con una persona, su esposo ya fallecido, que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico. El escrito de acusación de la fiscalía especializada concluía que el padre prestó su “colaboración” en el blanqueo de 7.300.820 euros obtenidos del tráfico de cannabis procedente de Marruecos.

A esa operación de blanqueo de la 'Casa grande Roja', los magistrados suman otras, como la compraventa de 'Las tres fincas de El Herrojo' que posibilitó blanquear 721.728 euros, la adquisición de un inmueble en Marbella a través de la sociedad panameña Lesley Company Inc. y de una mercantil radicada en islas Vírgenes, Poni Participation Corp. que permitió lavar para Broberg otrs 230.000 euros.

El hijastro de la alcaldesa marbellí no solo se afanó en cultivar el sector del ladrillo, toco otros palos para blanquear: el oro y las piedras preciosas. La Audiencia Nacional considera probado que en 2019 realizó una importante transacción de hasta 20 kilogramos de oro que habría recibido como “pago de una deuda procedente de África” y a cambio recibió cantidades dinerarias en “bancos de fuera”. En total blanqueó con esa artimaña 894.000 euros.

La investigación

Según recuerdan los magistrados, fue en abril de 2019 cuando se presentó en Antidroga un atestado de la UDYCO Central en el que se detallaban las vinculaciones de los implicados en esta red con el tráfico de drogas y el crimen organizado. Pero el origen del trabajo policial se ubica en septiembre de 2018 cuando el Grupo VI de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona recibió una solicitud de asistencia judicial procedente de Suecia para llevar a cabo una vigilancia transfronteriza con motivo de un presunto delito de tráfico de estupefacientes en el que estarían implicados diversos criminales suecos.

En este marco, indica la Audiencia Nacional, se recabaron “indicios suficientes que evidenciaron la actividad en distintos lugares de nuestro país, y especialmente en Barcelona y la Costa del Sol, de un grupo criminal de origen sueco pero con participación de otros nacionales e incluso de marroquíes, compuesto por diversas células y cuya acción delictiva incluía, entre otras actividades, el transporte de hachís desde Marruecos hasta el país nórdico a través de distintos medios”.

La sentencia, que rechaza todas las cuestiones de nulidad planteadas por los encausados, sostiene que la información obtenida por Francia de la red Encrochat -instrumento que usaba el crimen organizado transnacional para comunicarse de manera velada- “no se ha obtenido vulnerando ningún derecho fundamental” por lo que ha podido ser utilizado como fuente de prueba en el procedimiento. Broberg era 'Fattonny' en esa red, y consta conversaciones con otros condenados en los que preguntaba si había “algo de chocolate ya”, en referencia a cargamentos de droga que llegaban vía barco pesquero desde Marruecos.

Durante la operación se incautaron 244.331 gramos de cannabis en una nave de San Pedro de Alcántara (Málaga) con un valor superior a los 415.000 euros; hasta 25 fardos de hachís frente a la costa granadina con 550 kilos de esta sustancia con un valor de 919.050 euros; y 27.900 gramos de resina prensada de hachís con un valor de 46.352 euros.

La pena más alta, de 16 años de cárcel, recae en Ivan Cicak, a quien la sentencia considera el organizador de toda la estructura criminal en la que participa el resto con sus respectivos cometidos. Dirigía y coordinaba todos los envíos, obtenía el beneficio de la compra de la droga y se encargaba del pago a los restantes miembros de la organización.

Una jueza investiga a José Antonio Mena, alcalde (PP) del municipio malagueño de Benahavís (9.472 habitantes) desde 2007 por tolerar que Marbella Club, un lujoso hotel ubicado en la Milla de Oro de Marbella, explote un complejo hípico en suelo público de Benahavís sin que conste concesión ni el pago de canon alguno al Ayuntamiento. Según el fiscal que ha interpuesto la denuncia, las instalaciones que allí tiene el club, con cuadras, boxes, pistas de competición y dependencias auxiliares vinculadas a la actividad ecuestre y hotelera, tampoco tienen licencia administrativa alguna.

El juez ha llamado a Mena para declarar como investigado el próximo 24 de septiembre. También pasarán juzgado el concejal del PSOE Luis Feito; el secretario, el interventor, el tesorero, el jefe de Urbanismo y el responsable jurídico de Benahavís; y el Presidente y Consejero de la sociedad que explota el terreno, Marbella Club Hotel, S.A. El juez, que ya requirió documentación al Ayuntamiento, ha vuelto a solicitársela porque la que ha recibido hasta ahora es incompleta.

El fiscal del área de Marbella Luis Ángel Baeza presentó la denuncia a finales de marzo, y se basa en un escrito presentado por el concejal socialista, en el que se cuenta que una parcela en el paraje Caserías El Esperonal, prevista para equipamiento público, está siendo usada para un centro ecuestre y cuadras al menos desde 2005, aprovechando que se ubica junto al campo de golf del que sí es titular el Marbella Club. A priori, el uso de ese espacio municipal era provisional y limitado al campeonato de saltos de España, que se celebró allí en 2005 y 2006 con victorias de Luis Plaza y Cayetano Martínez de Irujo. Pero desde entonces, hace veinte años, nadie en el Ayuntamiento movió un dedo por regularizar la situación con una concesión definitiva.

“Se respira lujo ecuestre en todo el complejo”

La parcela pública está vallada e integrada en el complejo hotelero, destinada al uso exclusivo de los clientes de los hoteles Marbella Club y Puente Romano, ubicados en la Milla de Oro de Marbella, y a particulares interesados en montar a caballo o perfeccionar sus habilidades. Nació para que los clientes del hotel pudieran alquilar y montar a caballo mientras disfrutaban de sus vacaciones en Marbella. “Se respira lujo ecuestre en todo el complejo”, que dispone de 36 grandes cuadras con frontones victorianos y “pastos dorados” importados cada mes desde Lituania. Cada mes se celebra en el lugar un “concurso social” de doma clásica.

Allí hay entrenamientos para alta competición y desde allí parten excursiones “cruzando valles y ríos, subiendo montañas con unas vistas espectaculares al Mar Mediterráneo y por una Cañada Real por la que se cabalga desde el Medievo”. Tiene 80 boxes fijas, con posibilidad de ampliar a 250 cuando hay concursos o campeonatos, dos pistas de geotextil de 100x60 para concursos, otra para ensayo de 55 x 35 y un caminador para seis caballos.  

El propio Ayuntamiento publicita en su web la actividad hípica del Marbella Club. La descripción tanto en la web municipal como en la del hotel muestra una infraestructura estable y permanente. No es ningún secreto, al contrario, que allí hay un centro hípico del Marbella Club. Es conocido por todo el mundo, pero hasta ahora, nadie parecía haberse preguntado de quién eran los terrenos, y si eran municipales, con qué derecho los ocupaba una entidad privada.  

Instalaciones “al parecer” provisionales

Hace poco más de un año, el grupo socialista decidió preguntar al alcalde. ¿Había autorización, convenio o concesión que amparase el uso de ese suelo municipal por el Marbella Club? Y si lo había, ¿se percibía una contraprestación?

La primera vez, el alcalde no contestó. Pero registraron las preguntas por escrito, y el alcalde admitió que, en efecto, aquello está en una parcela de equipamiento público; que “al parecer” las instalaciones se autorizaron hace tiempo con carácter provisional, pero no hay documentación; que al terminar el campeonato allí se quedaron “a disposición principalmente de los propietarios de la urbanización”; pero que todo es desmontable “en cualquier momento”.

Según esa respuesta, el Ayuntamiento sabía que estaban en precario, e intentó legalizarlas adecuando el uso al PGOU, pero no pudo. El Ayuntamiento aseguraba también que iba a estudiar la legalización, y si no era posible, desmantelaría todo.

Para el PSOE, la respuesta del Ayuntamiento admite varios hechos presuntamente delictivos: una entidad privada ha ocupado suelos municipales de equipamiento sin título, y el Ayuntamiento, que lo sabe, no ha hecho nada. El uso como centro hípico privado vinculado a la actividad hotelera no es compatible con la calificación de equipamiento público, y ninguna modificación urbanística puede soslayar el hecho de que no se haya autorizado el uso con una concesión o autorización en procedimiento público. “La utilización privativa de bienes públicos exige el respeto estricto a los principios de legalidad, publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia”, recuerda el escrito de los socialistas, que ven aquí no sólo un quebranto de estos principios, sino un perjuicio al interés general y al patrimonio público mediante la “privatización material” del suelo municipal.

Meses después de obtener esta respuesta, el concejal socialista volvió a preguntar qué se había hecho, y si se habían encargado estudios o informes para legalizar la situación o desmantelar las instalaciones. Y en noviembre recibió nueva respuesta: no se había hecho nada para restablecer la legalidad o recuperar el terreno desde abril, a pesar de lo que había dicho el alcalde.

El PSOE quiere también que se investigue si las cuadras, edificios auxiliares, muros, vallados y demás elementos constructivos tienen alguna licencia o no, y si, dado que la ocupación es presuntamente irregular, el Hotel Marbella Club está pagando el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sobre esta parcela o no.

Un juzgado de Marbella ha citado a su alcaldesa a una comparecencia para “practicar la formación de inventario” previo al reparto de la herencia de Lars Broberg, el marido de la regidora fallecido hace ya más de tres años. La citación, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se produce en el marco de la denuncia presentada por dos de sus hijastros, cansados de esperar que Ángeles Muñoz no entregara la parte que consideran que les corresponde de los bienes de su padre, un empresario inmobiliario que fue procesado por blanqueo del narcotráfico en 2022 y cuya causa quedó archivada por su estado de salud.

Lars Broberg aportó al matrimonio con Ángeles Muñoz tres hijos de un anterior matrimonio. Tras la boda, hace más de 30 años, la pareja tuvo dos hijos. Pero son dos de los hijastros de Muñoz quienes reclaman a la alcaldesa la parte que les corresponde de la herencia de su padre. De estos, uno es Joakim Broberg, juzgado en la Audiencia Nacional por tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la misma causa en la que fue procesado su padre. El otro hijastro es Lars Toni Andreasson, fruto de una relación extramatrimonial de Lars Broberg antes de trasladarse a España. Reconocido por Broberg, Lars Toni ha llevado el apellido de su padre, pero nunca vivió con el matrimonio, a diferencia de los otros dos hijastros. 

Muñoz estaba citada para el próximo lunes a las 10.30 horas en el Juzgado de Primera Instancia de Marbella, pero la imposibilidad de citar a alguno de los implicados en el reparto ha obligado a postergar la comparecencia, explican fuentes jurídicas. Antes de que eso ocurriera, Muñoz había pedido no desplazarse de su domicilio al juzgado de Marbella e intervenir por videoconferencia. El juzgado no llegó a pronunciarse sobre esta petición antes de anular la citación.

Los intentos de los hijastros por llegar a un acuerdo con Muñoz recibieron la callada por respuesta de la alcaldesa de Marbella, que no tuvo más remedio que personarse en el procedimiento el pasado noviembre 25 de noviembre. En septiembre del pasado año, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Marbella admitió a trámite la demanda para la “división judicial” de la herencia de Lars Broberg.

El marido de Muñoz era un ciudadano sueco con antecedentes por falsificación de matrículas que hizo fortuna en el sector inmobiliario de la Costa del Sol. Tanto es así que Muñoz siempre atribuyó su lujoso estilo de vida al éxito en los negocios de su marido. 

La Fiscalía Antidroga relacionó a Lars Broberg con tres operaciones inmobiliarias para blanquear más de siete millones de euros. El dinero procedería del tráfico de hachís orquestado por una delegación de la Mocromafia sueca asentada en la Costa del Sol y de la que sería cabecilla su hijo Joakim, pendiente de que la Audiencia Nacional dicte sentencia. El juicio se celebró entre los meses de junio y julio de 2025. Durante el mismo, la Fiscalía insistió en la participación del fallecido Lars Broberg en el blanqueo del narcotráfico y solicitó una condena de 18 años de cárcel para su hijo Joakim.

Para repartir la herencia es necesario conocer antes a cuánto ascienden los fondos y bienes que Broberg dejó en vida, esto es, “la intervención judicial del caudal hereditario”, según se mencionaba en el auto de admisión de la demanda. De ahí que el Juzgado deba reunir a la viuda, a los hijos y los hijastros.

En la resolución, el juzgado ordenaba notificar la demanda a Ángeles Muñoz y que esta informara de la dirección de los dos hijos del matrimonio, Alex Jhon Broberg Muñoz y Christina Erik Broberg Muñoz, así como dónde localizar a Fredick Broberg, el tercer hijastro que no se ha unido a la demanda para el reparto de la herencia. Fredik es un financiero con residencia en Dubai. elDiario.es intentó sin éxito en aquel momento recabar un comentario de Ángeles Muñoz a través del departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Marbella.

Lars Broberg mantuvo la nacionalidad sueca y no residía más de seis meses en España para tributar en su país. Las fuentes consultadas explican que su testamento responde a la distribución de la herencia que marca la ley sueca. Según esta, el heredero principal en una pareja con hijos es el cónyuge y los hijos no tendrán derecho a reclamar su parte de la herencia hasta que muera este. Para los hijastros la situación es otra. Estos hijos del fallecido, procedentes de una relación anterior, pueden reclamar su herencia inmediatamente después al fallecimiento de su padre, sin necesidad de esperar a que la pareja de este fallezca.

La ostentosa vida de la pareja

La ostentosa vida de Ángeles Muñoz abre una incógnita sobre la herencia de Lars Broberg. Por otra parte, el procesamiento del empresario sueco abunda en las dudas sobre su procedencia. Los investigadores policiales del caso de la Mocromafia en la Costa del Sol solicitaron al juzgado abrir una línea de investigación por delitos de corrupción derivados del presunto cabecilla del grupo, Joakim Broberg, y el uso que podría haber hecho de la figura política de su madrastra. Pero ni la Fiscalía ni el magistrado atendieron a los requerimientos de la Policía, basados en los pinchazos en los que Joakim llegaba a celebrar la victoria del PP en los comicios de 2019: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”.

Ángeles Muñoz y su marido estaban casados en régimen de separación de bienes. elDiario.es publicó en noviembre de 2022 que el patrimonio de Ángeles Muñoz, diferenciado del de su marido, ascendía 12 millones de euros siguiendo un cálculo conservador. La alcaldesa de Marbella lleva dedicada en exclusiva a la política durante tres décadas. Procedente de una familia de clase media, Ángeles Muñoz ejercía de médica de familia cuando conoció a Lars Broberg. Desde que entró en política, a mediados de los noventa, Muñoz no ha dejado de adquirir propiedades, tal y como detallaba la citada información. 

Entre el patrimonio que ahora debe cuantificar el juzgado para repartir la herencia está una de las propiedades más ostentosas de la familia. Se trata de una mansión que Muñoz compró al 50% con su marido en 2003 y que ha intentado ser vendida en los últimos años, sin que conste que la alcaldesa se haya desprendido de ella. 

La mansión está envuelta en la polémica desde que este medio desvelara en 2014 el modo en que fue adquirida. El matrimonio Muñoz y Broberg compró en 2003 el 98% de las participaciones que una sociedad llamada Crasel Limited tenía en otra, Crasel Panoramica SL, propietaria a su vez de la mansión. Crasel Limited estaba radicada en Gibraltar, un “paraíso fiscal”, según la definición que otorgaría después al territorio británico el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Muñoz era propietaria del 49% de Crasel Panorámica, lo que se aproximaría a seis millones de euros por el valor de la casa. Este medio preguntó a un portavoz del Ayuntamiento si tras fallecer su marido Muñoz se ha hecho con la otra mitad de la empresa o, de no ser así, quién o quiénes son los propietarios, pero no obtuvo respuesta. La mansión tiene dos plantas y dos sótanos que albergan piscina cubierta, sauna, gimnasio y salas de cine y billar. En total, la vivienda tiene nueve cuartos de baño. También cuenta con una característica piscina exterior que ocupa 61 metros cuadrados y su perímetro recuerda a la cabeza del ratón de dibujos animados Mickey Mouse.

El pasado año, el Ayuntamiento de Marbella recalificó los terrenos donde se sitúa la mansión aumentando su valor. En 2023, la alcaldesa de Marbella había cancelado la hipoteca de 3,1 millones de euros que había contratado en el banco Nordea Bank, con sede en Luxemburgo.

El socialista andaluz y expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, el empresario guipuzcoano Antxon Alonso y la socialista de Portugalete Leire Díez conformaron un grupo llamado Hirurok, pretendidamente constituido para recaudar comisiones ilegales en los negocios públicos y privados en los que intermediaban, según la Fiscalía. La UCO de la Guardia Civil, en un informe entregado al juez instructor de este caso, Santiago Pedraz, del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional), estima que la trama pudo captar una cantidad cercana al millón de euros a través de sociedades controladas por Alonso: Mediaciones Martínez, domiciliada en Zaragoza, Servinabar 2000, de Pamplona, e incluso Next Generation Caliope Innova. Y ha encontrado también cómo se gastó parte del dinero. Solamente tres ejemplos: Fernández Guerrero compró un piso en Marbella para ponerlo en alquiler turístico, Alonso realizó una reforma de 163.000 euros en su casa de Elorrio y Díez adquirió en coche de la marca Škoda.

Hirurok empezó a operar en 2021. Adquiere su nombre de un grupo de la aplicación de mensajería Threema, pretendidamente más encriptada que WhatsApp o Telegram, y que luego fue renombrado como Hirurok berriro. Su primera gran operación por la mediación para que la SEPI rescatara con 112,8 millones de euros la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. Los responsables de la investigación estiman que Fernández Guerrero mantenía hilos en el organismo que dirigió hasta 2019 y que los usó con fines de lucro personal. La compañía no niega los pagos a Hirurok. Son 247.459, 114.950 vía Mediaciones Martínez y el resto directamente a Fernández Guerrero. Después de Tubos Reunidos llegó la navarra Erri Berri, que pudo acceder a un contrato de una filial de la SEPI en Asturias -“estoy influyendo”, dejó por escrito Fernández Guerrero- y otros negocios. El grupo usaba a Alonso como una suerte de 'comercial' ante grandes empresas vascas como ITP, Teknei o Sapa.

En un atestado de finales de 2025 al que ha tenido acceso este periódico, la UCO rastrea no ya los ingresos sino cómo gastaron las presuntas comisiones ilícitas obtenidas. Mediaciones Martínez fue adquirida precisamente en 2021 en un 98% por Alonso justo cuando estaban negociando un “agradecimiento” por parte de Tubos Reunidos, de nuevo en palabras de Fernández. Sin actividad ni trabajadores, según la Agencia Tributaria, facturó 913.199,29 euros en total en poco más de dos años e ingresó incluso algo más, 1.089.715,05 euros. Servinabar 2000, en la que el exdirigente del PSOE aparentemente tenía una participación del 45% según un documento en poder de su amigo Alonso, también movilizó importantes sumas de dinero. En Next Generation Caliope Innova, con interés en algunos proyectos de renovables, tenía una participación societaria los dos hijos de Alonso.

Según la Guardia Civil, Alonso empleó 163.350 euros de los fondos supuestamente ilícitos en reformar su dúplex en Elorrio, en Bizkaia. Es precisamente allí donde los agentes de la Policía judicial encontraron en junio del pasado año todo el material que está dando pie a estas investigaciones de corrupción. ¿Qué exactamente? Papeles, dinero en efectivo, el documento de Cerdán y, sobre todo, dispositivos electrónicos que revelaron la existencia del grupo Hirurok. La obra se pagó en tres partes idénticas de 54.450 euros en tres momentos de 2022.

Las dos primeras corrieron a cargo de Mediaciones Martínez y la tercera de Servinabar 2000, aunque después esta segunda mercantil le giró un cargo del mismo importe a la sociedad de Zaragoza por “asesoramiento comercial”. Hubo también un peloteo de otros 96.448,23 euros en facturas de “general corporate consulting” que Servinabar 2000 extrajo de Mediaciones Martínez. Alonso, igualmente, dispuso de 6.970,95 euros con la tarjeta de crédito de Mediaciones Martínez. La UCO estima que “el importe total percibido por Antxon de Mediaciones Martínez habría ascendido a 266.769,18 euros”.

En el caso de Fernández Guerrero, dispuso de 37.650 euros en 'nóminas' de Mediaciones Martínez -que no tenía trabajadores dados de alta- y de 128.092,80 euros de pagos de Servinabar 2000, donde sí estuvo dado de alta como trabajador desde junio de 2021 hasta abril de 2023. De cajeros sacó 11.700 euros en efectivo con cargo a los depósitos de Mediaciones Martínez. Eran cuantías de entre 100 y 1.200 euros. La Guardia Civil menciona también que hubo unas transferencias a Fernández Guerrero por valor de 100.000 euros, aunque el dinero luego fue reintegrado en apenas tres semanas.

En los mensajes intercambiados entre Alonso y Fernández Guerrero se aprecia que el expresidente de la SEPI pidió a su socio un adelanto de sus retribuciones en un momento dado a comienzos de 2022. “Antton, una cosa de las que -como ya me vas conociendo- me cuesta mucho trabajo hablar. Tengo pensado comprar otro piso al lado del que tengo en Marbella para doblar los alojamientos turísticos. Ya tengo concedida la hipoteca pero me falta algo de cash para ir lo suficientemente desahogado. ¿Crees que podrías anticiparme algunas nóminas ahora junto con la de enero? Gracias en cualquier caso, puedas o no. Y perdona. Pedir para mí es algo que toda mi vida me ha costado muchísimo trabajo”, le escribió. En apenas dos minutos, tenía el dinero: “Sí, claro. Dime cómo te puedo ayudar. El miércoles lo cerramos. Sin problema. Abrzs”. “Besarkada!”, le agradeció en euskera el andaluz. Fernández Guerrero tenía muchos guiños en ese idioma con sus socios vascos.

Según la Guardia Civil, “tan sólo unos días después” de la transferencia de Alonso al expresidente de la SEPI se firmó la escritura de un piso en Marbella valorado en 199.500 euros en total. Fernández Guerrero era titular al 50%. A los nueve meses, Fernández Guerrero adquirió otra propiedad en esa misma localidad andaluza, de nuevo al 50%. Aquí no consta si había o no fondos procedentes de Hirurok.

En el caso de Díez, la Guardia Civil sostiene que hay “diversos indicios” que, “bajo el prisma policial”, podrían hacer concluir que igualmente se lucró con el dinero de Mediaciones Martínez. En concreto, se menciona la adquisición de un Škoda Octavia de 21.500 euros. El coche estaba a nombre de la empresa, pero las revisiones las ha pasado en estaciones de ITV cercanas a las residencias de Díez, que es natural de Portugalete. El administrador nominal de Mediaciones Martínez, Carmelo Aznárez, que hacía las veces de contable del dueño real, Alonso, llegó a preguntar por una multa que había llegado. “Del coche Skoda que compraste para una amiga... Entiendo que la multa se la vas a remitir para su pago”, le planteaba a Alonso. Aznárez, de su lado, cobró 16.452 euros por sus funciones a través de otra sociedad llamada Azpe.

Los flujos de dinero apuntan también a la participación de Mediaciones Martínez en la creación de una mercantil en Marbella para la “adquisición de una serie de parcelas” que eran propiedad de “filiales de Acciona”. Acciona estaba asociada a Alonso y recibió varias adjudicaciones públicas de la mano de Servinabar 2000. “El tema de Marbella va ya como las balas [...] Para el día de la compraventa, de acuerdo con las cuentas del excel que adjunto, tendremos que contar con la mitad del precio que hay que desembolsar al contado, que es el 10% más el IVA total, lo que totaliza 837.000,31 euros, lo que implica que la parte de Mediaciones Martínez con la que habrá que contar el día de la escritura son 418.500,15 euros”, planteaba Fernández Guerrero a Díez y Alonso en un correo electrónico.

A la vez, el expresidente de la SEPI urgía a ingresar dinero de Erri Berri, que no solamente había participado en la operación de Asturias con la SEPI. “Necesitamos que Félix [el dueño de la empresa navarra] nos abone los 250K que hablamos el otro día. ¿Te encargas tú, Antton, ahora que está reciente la reunión del jueves, de pasarle las dos facturas de 100K por Avilés más los 150K por el FC Barcelona?”, agregaba. La trama, aparentemente, medió igualmente para que Erri Berri pudiera demoler el Camp Nou a cambio de una gratificación.

La investigación de Hirurok está en el Tribunal Central de Instancia. El secreto de sumario se levantó hace unos días. Deriva de la causa abierta en el Supremo el pasado año contra Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Fueron los datos incautados a Alonso en Elorrio los que dieron pie a esta nueva vía, luego refrendada porque en el material encontrado en poder de Fernández Guerrero y Díez es idéntico. Con todo, en ese otro sumario la Guardia Civil ya indicó que los fondos de Servinabar 2000 se habían empleado con fines personales por parte del entorno de Cerdán. En concreto, la UCO señaló que el político había pagado con cargo a ese dinero quince mensualidades de un alquiler en Madrid, a lo que se suman 7.849 euros en muebles.

Igualmente, se dispusieron de 33.574 euros en las tarjetas de crédito justo hasta el momento en que fue arrestado en 2024 Koldo García, socialista navarro y recomendado por Cerdán al ahora condenado José Luis Ábalos. Se da la circunstancia de que la esposa de Alonso, que residía en la vivienda reformada con cargo a Mediaciones Martínez, se quejaba en un mensaje que se hizo muy sonado de que la esposa de Cerdán no hacía más que “gastar y gastar”. “La Paqui. Que la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. Gastar y gastar. Y restaurantes fin de semana sí y otro también. Ya les vale. Todos de lo bueno, lo mejor. Eso no es plan. Y encima no son nada discretos”, protestaba.

La playa de Linda Vista se encuentra en San Pedro de Alcántara, núcleo perteneciente al municipio de Marbella, en la costa occidental de Málaga. Este tramo litoral destaca por su arena oscura y gruesa, sus aguas claras y la presencia de varios restos históricos en sus inmediaciones, lo que convierte el entorno en algo más que una zona de baño. A pocos metros de la orilla se conservan vestigios vinculados al cristianismo primitivo, al pasado romano de la localidad y a la antigua vigilancia defensiva de la costa.

El enclave forma parte de un litoral de unos 1.400 metros de longitud y alrededor de 35 metros de anchura media. Este arenal ha recibido durante años el distintivo de Bandera Azul, un reconocimiento asociado a la calidad de las aguas, los servicios, la seguridad y la gestión ambiental. En el caso de Linda Vista, a estas condiciones se añade un elemento menos habitual: la concentración de patrimonio histórico en un espacio muy reducido.

Esta combinación permite entender la singularidad de esta zona del litoral marbellí. En las inmediaciones se encuentran la basílica paleocristiana de Vega del Mar, las termas romanas de Las Bóvedas y la Torre de las Bóvedas, también conocida como torre de Guadalmina. Tres elementos de épocas distintas que permiten recorrer varios siglos de historia sin alejarse apenas de la playa, donde conviven el paisaje litoral y los restos arqueológicos.

Un recorrido por el yacimiento paleocristiano, las termas romanas y la torre almenara

Uno de los principales puntos de interés es la basílica paleocristiana de Vega del Mar, situada en la urbanización Linda Vista Baja, muy cerca de la playa. El yacimiento fue descubierto en 1915 y excavado en 1930, y está considerado una de las muestras más relevantes del paleocristianismo en España. Su cronología abarca entre los siglos III y VII después de Cristo, lo que lo vincula a las primeras manifestaciones del cristianismo en esta zona del litoral malagueño.

El conjunto está formado por una basílica de doble ábside y una necrópolis asociada. La construcción, de planta rectangular, se organizaba en tres naves separadas por pilares de piedra. Sus muros, de unos 60 centímetros de grosor, fueron levantados con cantos rodados y mortero de cal, una técnica habitual en este tipo de edificaciones. Esta disposición permite identificar tanto su función religiosa como funeraria.

Uno de los rasgos más característicos del yacimiento es la presencia de dos ábsides contrapuestos en los extremos de la nave central, una particularidad poco frecuente que se relaciona con modelos constructivos del norte de África. Junto a uno de ellos se conserva una pila bautismal de planta cuadrilobulada, preparada para el bautismo por inmersión, además de otras estructuras vinculadas al uso litúrgico del edificio. En la zona noroccidental también se han identificado estancias auxiliares relacionadas con su funcionamiento.

La necrópolis refuerza la importancia del conjunto, ya que evidencia su uso continuado durante varios siglos como espacio religioso y funerario. Su cercanía a la playa hace que el yacimiento quede integrado en el mismo entorno litoral, permitiendo pasar en muy poca distancia de la línea de costa a uno de los testimonios más antiguos del cristianismo en esta parte de Málaga.

A escasos metros se sitúan también las termas romanas de Las Bóvedas, datadas en el siglo II d.C. Este edificio termal constituye uno de los principales vestigios del pasado romano de San Pedro de Alcántara. Las termas no solo estaban destinadas al baño, sino que también funcionaban como espacios de encuentro social y formaban parte de la vida cotidiana en el mundo romano.

El edificio destaca por su complejidad arquitectónica. Buena parte de su estructura se ha conservado gracias al uso del opus caementicium, una técnica constructiva basada en cantos rodados y mortero de cal de gran resistencia. Se trataba de una construcción de dos plantas, organizada en torno a una sala central de planta octogonal y diferentes dependencias, lo que refleja una planificación cuidada y un uso avanzado del espacio.

Estas termas abastecían a una población asentada en la zona durante época romana. Como en otros casos similares, el baño se vinculaba también al descanso, la sociabilidad y ciertos elementos de representación. Su presencia junto al litoral indica que este sector estuvo ocupado mucho antes de su configuración actual.

Junto a las termas se levanta la Torre de las Bóvedas o torre de Guadalmina, una construcción almenara del siglo XVI y unos 13 metros de altura. Formaba parte del sistema defensivo costero implantado tras la conquista cristiana del territorio, con funciones de vigilancia y comunicación mediante señales entre distintos puntos del litoral ante posibles incursiones.

La proximidad de estos tres elementos —la basílica paleocristiana, las termas romanas y la torre defensiva— permite concentrar en pocos metros un recorrido histórico que abarca desde la Antigüedad hasta la Edad Moderna. Esta combinación convierte a la playa de Linda Vista en un enclave singular dentro de Marbella, donde el valor del entorno no se limita al paisaje costero, sino que también se explica a través de su evolución histórica.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Federal de Brasil, ha desarticulado una organización criminal internacional, vinculada a la mocromafia, con la detención de cinco personas en la provincia de Málaga y la intervención de 1.500 kilos de cocaína que se encontraba oculta en el interior de sacos de cemento procedentes de Brasil.

La investigación ha permitido constatar que el cargamento fue introducido en España a través del puerto de Algeciras (Cádiz), oculto en un envío de cemento que posteriormente fue trasladado por carretera hasta una nave industrial ubicada en la localidad malagueña de Marbella, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La organización utilizaba una empresa de apariencia legal, con domicilio en la ciudad alemana de Bremen, para dar cobertura al transporte del cargamento. El entramado criminal estaría liderado por un hombre, con vínculos con la mocromafia, asentado entre Países Bajos y Dubái. Para recuperar la sustancia, la organización desplazó hasta la Costa del Sol a tres hombres residentes en Alemania.

Nave industrial en Marbella

La investigación consiguió localizar el punto donde se almacenaba la sustancia estupefaciente, procediendo a una entrada y registro en una nave industrial de Marbella donde se logró intervenir 1.500 kilogramos de cocaína que, divididos en paquetes, iban ocultos en el interior de 1.000 sacos de cemento. Según han detallado, todos ellos se encontraban marcados para facilitar ser identificados por las personas encargadas de la extracción de la droga.

En la operación han sido detenidas cinco personas como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y simulación de delito. En el registro de la nave se intervinieron un vehículo, un teléfono móvil de alta gama y 2.240 euros.

Actualmente, la investigación continúa abierta y se han emitido además de dos órdenes internacionales de detención contra otros dos implicados en esta organización criminal.

La Policía Nacional ha localizado en Marbella el primer narcozulo con una tonelada de cocaína en su interior en una operación en la que se llegó a abrir fuego contra los agentes y que finalizó con cuatro detenidos y la intervención, además, de armas largas consideradas de guerra. “Es el primer narcozulo localizado en el sur de España de estas características, ya que antes lo que se había intervenido era bidones enterrados o estructuras ocultas en interiores de naves o casas”, ha señalado el comisario de la Udyco Alberto Morales en una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas (Madrid). Los detenidos son tres marroquíes y un español.

Además, en otra operación policial diferente, la Udyco también ha intervenido en el interior de un coche marca Toyota con las matrículas dobladas abandonado en Algeciras (Cádiz) un depósito de 25 armas de fuego, entre ellas 19 AK-47 y seis armas cortas, destinadas al suministro de narcos. En este caso, ha sido arrestado un marroquí gracias a la vigilancia policial en el marco de una investigación judicializada.

La Udyco ha subrayado la relevancia del narcozulo de grandes dimensiones excavado bajo tierra, “a modo de caleta”, en la zona del bosque de Ricmar, en Marbella, donde se ocultaban 30 fardos que contenían 1.056 kilos de cocaína. Contaba con vigilancia con una cámara y con inhibidores como medida de seguridad. En concreto, la operación se desarrolló en el distrito municipal de Las Chapas de Marbella, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un alijo de droga en una zona costera de la provincia malagueña, cercana a una zona residencial.

Una vez establecido el correspondiente dispositivo en la zona, los policías observaron un vehículo de alta cilindrada en dirección a la playa, por lo que se extremó la vigilancia y se controlaron los diferentes puntos de salida de la zona del bosque de Ricmar. El vehículo estuvo realizando maniobras por la zona durante una hora, todas ellas con el fin de detectar posible presencia policial en el lugar, hasta que se terminó alejando del lugar.

Disparos con armas de guerra

En ese momento, los agentes decidieron adentrarse en la zona boscosa y localizan a tres personas, dos de ellas portando subfusiles y chalecos de la Guardia Civil, golpeando a una tercera persona para robarle la droga, lo que se conoce en el argot policial como un vuelco. Tras una persecución a pie, en la que los narcos no dudaron en disparar varias ráfagas de disparos contra los agentes, fueron arrestados los cuatro implicados en los hechos.

En la intervención fueron incautados tres vehículos de alta gama –dos de ellos robados en Francia y en España–, así como armas largas consideradas de guerra por ser un AK-47, un fusil de asalto AR15 y un subfusil tipo UZI. También se intervinieron tres armas cortas, diverso material policial, equipos de transmisiones e inhibidores de frecuencia.

Tras la actuación policial, se realizó un rastreo en la zona en busca del estupefaciente, lo que permitió a los agentes hallar un narcozulo de grandes dimensiones con una tonelada de cocaína dentro, vigilado por una cámara de videovigilancia que controlaba un camino que daba acceso a la zona.

Los detenidos son tres marroquíes y un español con múltiples antecedentes y reincidentes, por lo que fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas, delitos contra la salud pública, grupo criminal, robo/hurto con uso de vehículo y falsedad documental.

Armas de guerra provenientes de Ucrania

El comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes ha recordado que han cambiado los protocolos para aumentar la autoprotección policial desde el incidente en Isla Mayor (Sevilla), que dejó un agente herido de gravedad al ser alcanzado por un disparo en un operativo contra el narcotráfico.

En concreto, ha señalado que se han intervenido en los últimos seis meses más de 50 armas largas, la mayoría provenientes del conflicto en Ucrania que llegan a España por tierra y en un estado de conservación que dificulta su trazabilidad.

El precio oscila entre los 2.000 y 2.500 euros por unidad y las armas, como en este caso, están “customizadas como un símbolo de distinción” entre las diferentes organizaciones criminales.

Los narcotraficantes también recurren a armas cortas, muchas de ellas originarias de Turquía. “Cuando los 'narcos' tienen que usar las armas, la usan, ya sea contra otros 'narcos' o contra los policías para proteger la droga”, ha advertido el comisario.

La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la sentencia dictada por un juzgado de Marbella en la que se desestimaba la demanda de la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, contra las informaciones publicadas por elDiario.es a partir del procesamiento de su marido, ya fallecido, e hijastro en una causa por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Los jueces de la Sección Sexta de lo Civil imponen a la alcaldesa la condena en costas.

En su resolución, los magistrados de la segunda instancia califican de “veraces” las once informaciones que denunciaba Ángeles Muñoz y dicen de las mismas que tienen “evidente interés general”. El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Marbella ya había establecido que las noticias de elDiario.es tenían “interés público” y que la información que contenía había sido “escrupulosamente contrastada” antes de su publicación. Muñoz recurrió ante la Audiencia de Málaga que ha desestimado su petición y aún puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.

Este periódico desveló en noviembre de 2022 el procesamiento del marido de la alcaldesa y su hijastro dentro de una causa de la Audiencia Nacional contra una sucursal de la 'Mocromafia' sueca en la Costa del Sol. elDiario.es continuó investigando y reveló el abultado patrimonio de Ángeles Muñoz, pese a llevar tres décadas dedicada en exclusiva a la política. Este medio también publicó el contenido de los informes policiales que solicitaban a la Audiencia Nacional, sin éxito, que abriera una vía de investigación por corrupción en relación al uso que habría hecho el presunto narcotraficante Joakim Broberg del poder de su madrastra.

elDiario.es accedió igualmente a una investigación de años atrás de la Fiscalía Anticorrupción, que había permanecido en secreto, sobre los indicios de corrupción hallados en unos correos electrónicos de la alcaldesa de Marbella. Por estas últimas informaciones, el periodista de elDiario.es que las firma, Pedro Águeda, continúa imputado en un juzgado de Marbella, acusado de revelación de secretos a partir de una querella presentada por Ángeles Muñoz, en este caso por la vía penal.

El periodista prestó declaración, primero como testigo, y después como imputado, ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad gobernada por Muñoz. Tras esta última declaración, la jueza ha planteado un conflicto de competencia ante el Tribunal Supremo. La magistrada ya había intentado enviar la causa a Madrid antes de tomar declaración como investigado a Águeda, pero el juzgado de la capital le devolvió el caso.

La Audiencia Provincial de Málaga, en la vía civil, falló el pasado 2 de febrero que “las noticias referidas se concentran en los hechos delictivos que se imputan a los familiares de la actora [Ángeles Muñoz], sin que en ningún caso se imputen a la misma hechos delictivos algunos, haciéndose referencia a los datos patrimoniales de la misma, hechos pasados y vinculación de sociedades, aportándose datos relativos al procedimiento penal o a las investigaciones policiales, que en modo alguno suponen la intromisión de la demandada en el honor de la actora, por lo que debe de desestimarse el recurso interpuesto”.

La sentencia de la Sección Sexta añade que es la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, quien “interpreta de forma subjetiva los citados artículos, basando, por tanto, la demanda en deducciones e interpretaciones, que en modo alguno se corresponden con los términos escritos de los distintos artículos”.

Los magistrados recuerdan a Muñoz que “es una persona especialmente expuesta a la opinión y a la crítica pública”. “La mayoría de las informaciones aparecen sustentadas, bien en resoluciones judiciales, bien en investigaciones policiales, en concreto en investigaciones de la UDEF [Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal], que aparecen entrecomilladas en distintos artículos”, continúa el fallo. En esas noticias, remata, “no se emplean términos vejatorios ni degradantes”.

La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario José Manuel Villarejo por segunda vez en menos de un mes. En esta ocasión le juzgaba por haber accedido a datos reservados de un empresario marbellí que mantenía un litigio urbanístico con una mujer que había contratado al comisario, por entonces en activo en el Cuerpo Nacional de Policía. La Fiscalía Anticorrupción, que dirige Alejandro Luzón, solicitaba nueve años de cárcel para Villarejo.

En una sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala absuelven al comisario jubilado de los delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos de particulares cometido por funcionario público al considerar que no consta que Villarejo tuviera participación en los hechos investigados. En el mismo juicio han resultado condenados a un año de cárcel a los policías Constancio Riaño y Antonio Bonilla como autores de un delito de descubrimiento de secretos de particulares. Riaño y Bonilla han sido absueltos del cohecho pasivo.

Según los hechos probados de la sentencia, una vecina de Marbella, Marzena Kartzyna Nikiel, contactó el 24 de julio de 2015 con Rafael Redondo, socio de Villarejo y abogado en en el despacho Stuart&Mckenzie, para que le ayudara en un conflicto que mantenía con el empresario Felipe Gómez Zotano.

En el marco de este encargo, unos días más tarde, el 18 de agosto, un inspector destinado en la Comisaría General de Información, al igual que el acusado Constancio Riaño, también Inspector de la UCAO, jefe de sección de relaciones institucionales y superior inmediato de aquel otro, efectuó una incursión con la clave que tenía asignada -sin responder tal acceso a supuesto alguno de los que le habilitaban a tal efecto- a la información de la totalidad de las Escrituras Públicas que había otorgado Gómez Zotano ante Notarios españoles y que obraban en el Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado (OCP). 

Una vez se hizo con dicha información, relata la resolución, el policía se la envió a su supeior, el acusado Constancio Riaño Prieto. Este úlitmo la remitió desde su correo profesional a la entidad ANBYCOL de Antonio Bonilla, entonces en situación administrativa de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía. Bonilla, a su vez, remitió la información al correo electrónico de Rafael Redondo en la compañía CENYT, perteneciente al grupo de empresas de Villarejo. Con esos datos, el acusado Bonilla analizó la información notarial de Zotano conforme al acuerdo suscrito con Cenyt.

El informe elaborado con los datos obtenidos del empresario, denominado “Informe Prejudicial. Investigación prejudicial, patrimonial y análisis documental de Felipe Gómez Zotano”, fue posteriormente incorporado al procedimiento penal incoado en el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella a raíz de la admisión a trámite de la querella presentado por Marzena Kartzyna contra el ejecutivo marbellí.

“La información obtenida del OCP en la forma expuesta fue la que nutrió el informe de 7 de septiembre de 2015, no constando que en los acontecimientos descritos tuviera participación el acusado José Manuel Villarejo Pérez”, sostiene la Sala en su sentencia. En esta pieza número 8 del denominado caso Tándem, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba una condena de 8 años para Bonilla y y 4 años y 9 meses para Riaño. Finalmente han sido condenados a un año de prisión.

Segunda absolución en tres semanas

La Sala de lo Penal absolvió el pasado mes de octubre a Villarejo en la pieza por el encargo que le hizo un empresario al que no pagaba una deuda Fernando Martín. En juicios anteriores, Villarejo era condenado de varios delitos y exculpado de cohecho, con el argumento de que no se servía de su condición de policía para fabricar los dosieres que luego vendía. En esa pieza resuelta hace tres semanas, el tribunal no ha encontrado pruebas de que cometiera ese ni el resto de delitos que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción. 

El empresario José Moya Sanabria contrató a Villarejo para que le ayudara a resolver el conflicto que mantenía con la compañía Martinsa Fadesa y con su presidente, Fernando Martín, con el fin de recuperar la inversión de 100 millones que había hecho en una inmobiliaria. En la sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta absuelven a Villarejo y a su socio, Rafael Redondo, de los delitos de cohecho pasivo, revelación de secretos a terceros (cometidos por funcionario público en el caso del comisario) y de falsedad en documento mercantil. Anticorrupción pedía 23 años de cárcel para Villarejo y 19 para Redondo.

El exedil marbellí Carlos Fernández, que se entregó la semana pasada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras casi 20 años huido, ha sido condenado a una multa de 4.095 euros en el caso Saqueo II al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) tras haber alcanzado un pacto con la Fiscalía a cambio de reconocer los hechos.

En la vista celebrada este miércoles ante la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, el Ayuntamiento de Marbella le ha reclamado además el pago de 258.678,31 euros en concepto de responsabilidad civil, petición con la que también se ha conformado.

Tras leer la secretaria del tribunal las peticiones de las dos acusaciones en este procedimiento, el presidente de la Sala ha preguntado al acusado si se consideraba autor de los hechos, calificados por la Fiscalía como delitos de malversación de caudales públicos y de falsedad documental continuada.

Carlos Fernández ha respondido con un escueto “sí”, tras lo que el presidente del tribunal le ha preguntado si aceptaba las penas que habían pedido las acusaciones, a lo que el exedil ha señalado: “Las acepto”.

Acuerdo con la Fiscalía

Acto seguido, las partes han renunciado a la necesidad de celebrar el juicio y, tras asegurarse que la sentencia no sería recurrida por ninguna de ellas, el presidente ha anunciado al acusado que en consecuencia se le condenaba a las penas solicitadas.

De este modo, el exconcejal marbellí ha ratificado el acuerdo alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción, que en principio pedía para él un año y medio de cárcel por el delito de malversación y tres meses de prisión por el de falsedad continuada en documento mercantil.

Penas que ha rebajado a una multa de tres años con una cuota diaria de tres euros para el primer delito, y sendas multas de seis meses y tres meses con una cuota diaria cada una de tres euros diarios, que suman en total 4.050.

El caso Saqueo II abarca las irregularidades en la gestión municipal de Marbella entre 1991 y 1999 y, en concreto, el desvío de unos 70 millones de euros del consistorio a través de empresas públicas y privadas con dádivas a los concejales, así como un fraude a la Seguridad Social de 91 millones.

En un limbo jurídico en Argentina

Por el caso Saqueo II, la Audiencia Nacional condenó en 2013 a seis años de prisión al exalcalde de Marbella Julián Muñoz, ya fallecido, y al exasesor urbanístico del ayuntamiento Juan Antonio Roca por malversación de caudales.

Tras casi 20 años huido, Carlos Fernández acordó su entrega pactada con la Fiscalía en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde llegó el pasado 29 de octubre procedente de Argentina, país en el que ha residido en los últimos años.

En el auto en el que le dejó en libertad, la Sala recordaba que pidió su extradición a Argentina tras su detención en ese país en 2017, que, sin embargo, fue denegada por la Corte Suprema argentina en 2022.

Esta decisión dejó a Carlos Fernández en un limbo jurídico en Argentina, donde no tenía documentación que justificara su estancia, por lo que finalmente decidió pactar su entrega a cambio de no ir a prisión, según explicaron a EFE fuentes jurídicas.

Fugado desde 2006

Llevaba fugado desde 2006, cuando escapó al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya, después de asegurar por teléfono que estaba en Galicia haciendo el Camino de Santiago, pero que regresaba de inmediato si era requerido por la Justicia, aunque esa fue su última llamada y su teléfono móvil no volvió a estar conectado.

Fue concejal de Deportes por el Grupo Independiente Liberal con Jesús Gil de alcalde; después se pasó al Partido Andalucista (PA) y en 2003 suscribió la moción de censura que desbancó de la alcaldía a Julián Muñoz.

Luego formó parte del Gobierno de Marisol Yagüe, como teniente de alcalde y concejal de Turismo, pero fue expulsado por la alcaldesa junto a otro edil tras denuncias sobre la gestión económica de las áreas a su cargo. Dimitió de la Secretaría Local del PA al conocer su condena a dos años de prisión por malversación.

El exconcejal de Marbella (Málaga) Carlos Fernández, que estaba acusado en el caso Malaya y fugado desde 2006, ha sido detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y puesto a disposición de la Audiencia Nacional. A mediodía ha quedado en libertad provisional, informa Europa Press. La Audiencia Nacional lo juzgará el próximo 5 de noviembre por la causa por la que lo reclamaba, el caso 'Saqueo II', aunque todo apunta a una conformidad.

Fernández escapó de la Justicia al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya, y su extradición a España fue denegada por la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el año 2022, al considerar que el delito del que se le acusaba había prescrito.

No era solo Malaya. Tal y como desveló en su día marbellaconfidencial.es, Fernández tenía diez causas pendientes ante la Justicia cuando se marchó de España, en 2006, para esconderse en Argentina. Los delitos de los que se le acusaban en cuatro juzgados de Marbella eran malversación de caudales públicos, prevaricación, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística (delitos urbanísticos), fraude y falsedad. Cuando huyó ya había sido condenado por un jurado popular por delito de malversación en el “caso jugadores”, lo que le llevó a renunciar a su acta de concejal en 2005.

Pero su gran causa pendiente, la que amenazaba su libertad, era Malaya. Fernández huyó en julio de 2006, cuando fue llamado por el juez instructor Miguel Ángel Torres, que se quedó esperándole. La Policía fue a su casa y allí le dijeron que no estaba. Alegó que estaba recorriendo el Camino de Santiago y se le perdió la pista en León. Pocos días después estaba en Buenos Aires, donde ha residido durante casi veinte años. Desde que se entregó a la Policía de ese país, en 2017, a la vista de todos y sin ocultarse.

Su aspiración era dejar pasar el tiempo hasta que se levantasen las acusaciones contra él. Cuando apareció, el Consejo de Ministros remitió seis solicitudes de extradición a Argentina, incluyendo una por una causa ante la Audiencia Nacional, el Caso Saqueo II, en el que se investigaba el desvío de fondos públicos a particulares, por el que fueron condenados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, entre otros. Los otros casos, ante juzgados de Marbella, apuntaban a la comisión de presuntos delitos contra la ordenación del territorio, cohecho, prevaricación administrativa, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial. Pero Fernández se salió con la suya y en la Navidad de 2022 logró que la Corte Suprema de Argentina zanjara la cuestión concluyendo que todos los delitos de los que se le acusaba en España habían prescrito.

En los últimos meses ha tratado de regresar a España en varias ocasiones, pero se encontraba con un obstáculo: cuando iba a subir al avión se le denegaba el pasaje y la Policía lo ponía en tierra. Aún pesaba sobre él una orden de detención internacional, pero cuando comprobaban que la Justicia argentina había declarado la prescripción de sus delitos, volvían a dejarlo libre. Ya era tarde para él: el avión había partido.

Acusado de prevaricación, malversación y cohecho

La huida a Marbella le evitó el mismo destino que para sus compañeros de corporación: la prisión preventiva y, en última instancia, una condena a penas de cárcel. En España afrontaba acusaciones de prevaricación, malversación y cohecho pasivo por recibir presuntamente 150.000 euros de Juan Antonio Roca. Las penas a las que se exponía podían sumar hasta diez años de cárcel. Tras la huida, entre sus compañeros de corporación condenados cundió la idea de que, si pudo llevarla a cabo, fue debido a su condición de confidente en el caso.

Fernández llegó a la política en pleno gilismo, ejerció como concejal del GIL tras las elecciones de 1991, 1995 y 1999, y alcanzó su cima en los años siguientes como teniente de alcalde y líder municipal del PA, una posición que, según confesó el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, le servía para obtener mordidas más altas que sus compañeros de siglas.

En los 90, con Gil al mando, gestionó el área de Deportes, de cuyo paso da cuenta su condena en el “caso jugadores”. Aunque no formaba parte de su partido, a Fernández se le veía como un cachorro de Gil, la cara amable de su gobierno, con una imagen de gestor cercano y eficaz.

Una fuente política que lo conoció en aquella época desmiente ese talante, y lo describe como el “clásico hijo político de Jesús Gil”: “Autoritario y cínico”. “Su entrada en el PA, una vez le echaron del Gil, fue una compra de un partido que en Marbella estaba en ruinas”. Con los tres concejales que consiguió se convirtió en llave de gobierno.

El post-gilismo acompañó su decadencia. En 2003 formó parte del grupo de ediles que aprobaron la moción de censura contra Julián Muñoz, entregando la alcaldía a Marisol Yagüe, que lo convirtió en segundo teniente de alcalde. Fue su cima, valiéndose del liderazgo del partido del que dependía la gobernabilidad. En septiembre de 2005, la alcaldesa lo expulsó del equipo de gobierno, acusándole de extorsionar a trabajadores municipales para que pagaran una cuota al Partido Andalucista.

Menos de un año después, partió al Camino de Santiago para acabar en Argentina. El último fleco del Caso Malaya regresó este miércoles a España.

Dos hijastros de la alcaldesa de Marbella han solicitado al juzgado que ordene a Ángeles Muñoz que reparta la herencia que dejó su marido, Lars Broberg, después de que hayan pasado 32 meses de su fallecimiento y sin que la regidora marbellí haya realizado trámite alguno ni atendido a los requerimientos que ha recibido en ese sentido, según avanzan a elDiario.es fuentes del contencioso. El marido de Muñoz fue procesado en noviembre de 2022 por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, pero la acusación contra él decayó por su delicado estado de salud. Falleció el 5 de marzo de 2023.

Lars Broberg aportó al matrimonio con Ángeles Muñoz tres hijos de un anterior matrimonio. Tras la boda, hace más de treinta años, la pareja tuvo dos hijos. Pero son dos de los hijastros de Muñoz quienes reclaman a la alcaldesa la parte que les corresponde de la herencia de su padre. De estos, uno es Joakim Broberg, juzgado en la Audiencia Nacional por tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la misma causa en la que fue procesado su padre. El otro hijastro es Lars Toni Andreasson, fruto de una relación extramatrimonial de Lars Broberg antes de trasladarse a España. Reconocido por Broberg, Lars Toni ha llevado el apellido de su padre, pero nunca vivió con el matrimonio, a diferencia de los otros dos hijastros. 

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Marbella admitió a trámite el pasado septiembre la demanda para la “división judicial” de la herencia de Lars Broberg. El marido de Muñoz era un ciudadano sueco con antecedentes por falsificación de matrículas que hizo fortuna en el sector inmobiliario de la Costa del Sol. Tanto es así que Muñoz siempre atribuyó su lujoso estilo de vida al éxito en los negocios de su marido. 

La Fiscalía Antidroga relacionó a Lars Broberg con tres operaciones inmobiliarias para blanquear más de siete millones de euros. El dinero procedería del tráfico del hachís orquestado por una delegación de la Mocromafia sueca asentada en la Costa del Sol y de la que sería cabecilla su hijo Joakim, pendiente de que la Audiencia Nacional dicte sentencia. El juicio se celebró entre los meses de junio y julio pasados. Durante el mismo, la Fiscalía insistió en la participación del fallecido Lars Broberg en el blanqueo del narcotráfico y solicitó una condena de 18 años de cárcel para su hijo Joakim.

El juzgado de Marbella admitió a trámite en septiembre la demanda para la “división judicial” de la herencia de Lars Broberg que hacen dos de sus hijos. Para repartir la herencia es necesario conocer antes a cuánto ascienden los fondos y bienes que Broberg dejó en vida, esto es, “la intervención judicial del caudal hereditario”, según se menciona en el auto de admisión de la demanda, al que ha tenido acceso elDiario.es. En la resolución, el juzgado ordena notificar la demanda a Ángeles Muñoz y que esta informe de la dirección de los dos hijos del matrimonio, Alex Jhon Broberg Muñoz y Christina Erik Broberg Muñoz, así como dónde localizar a Fredick Broberg, el tercer hijastro que no se ha unido a la demanda para el reparto de la herencia. Fredik es un financiero con residencia en Dubai. elDiario.es ha intentado sin éxito recabar un comentario de Ángeles Muñoz a través del departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Marbella.

Lars Broberg mantuvo la nacionalidad sueca y no residía más de seis meses en España para tributar en su país. Las fuentes consultadas explican que su testamento responde a la distribución de la herencia que marca la ley sueca. Según esta, el heredero principal en una pareja con hijos es el cónyuge y los hijos no tendrán derecho a reclamar su parte de la herencia hasta que muera este. 

Para los hijastros la situación es otra. Estos hijos del fallecido, procedentes de una relación anterior, pueden reclamar su herencia inmediatamente después al fallecimiento de su padre, sin necesidad de esperar a que la pareja de este fallezca. Ángeles Muñoz ha sido requerida por los hijastros en varios formatos desde el fallecimiento de Lars, en marzo de 2023, incluido un burofax. La alcaldesa de Marbella no respondió a ninguno de ellos. 

Una ostentosa vida rodeada de presuntos delitos

La ostentosa vida de Ángeles Muñoz abre una incógnita sobre la herencia de Lars Broberg. Por otra parte, el procesamiento del empresario sueco abunda en las dudas sobre su procedencia. Los investigadores policiales del caso de la Mocromafia en la Costa del Sol solicitaron al juzgado abrir una línea de investigación por delitos de corrupción derivados del presunto cabecilla del grupo, Joakim Broberg, y el uso que podría haber hecho de la figura política de su madrastra. Pero ni la Fiscalía ni el magistrado atendieron a los requerimientos de la Policía, basados en los pinchazos en los que Joakim llegaba a celebrar la victoria del PP en los comicios de 2019: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”.

Ángeles Muñoz y su marido estaban casados en régimen de separación de bienes. elDiario.es publicó en noviembre de 2022 que el patrimonio de Ángeles Muñoz, diferenciado del de su marido, ascendía 12 millones de euros siguiendo un cálculo conservador. La alcaldesa de Marbella lleva dedicada en exclusiva a la política durante tres décadas. Procedente de una familia de clase media, Ángeles Muñoz ejercía de médica de familia cuando conoció a Lars Broberg. Desde que entró en política, a mediados de los noventa, Muñoz no ha dejado de adquirir propiedades, tal y como detallaba la citada información. 

Entre el patrimonio que ahora debe cuantificar el juzgado para repartir la herencia está una de las propiedades más ostentosas de la familia. Se trata de una mansión que Muñoz compró al 50% con su marido en 2003 y que ha intentado ser vendida en los últimos años, sin que conste que la alcaldesa se haya desprendido de ella. 

La mansión está envuelta en la polémica desde que este medio desvelara en 2014 el modo en que fue adquirida. El matrimonio Muñoz y Broberg compró en 2003 el 98% de las participaciones que una sociedad llamada Crasel Limited tenía en otra, Crasel Panoramica SL, propietaria a su vez de la mansión. Crasel Limited estaba radicada en Gibraltar, un “paraíso fiscal”, según la definición que otorgaría después al territorio británico el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Muñoz era propietaria del 49% de Crasel Panorámica, lo que se aproximaría a seis millones de euros por el valor de la casa. Este medio preguntó a un portavoz del Ayuntamiento si tras fallecer su marido Muñoz se ha hecho con la otra mitad de la empresa o, de no ser así, quién o quiénes son los propietarios, pero no obtuvo respuesta. La mansión tiene dos plantas y dos sótanos que albergan piscina cubierta, sauna, gimnasio y salas de cine y billar. En total, la vivienda tiene nueve cuartos de baño. También cuenta con una característica piscina exterior que ocupa 61 metros cuadrados y su perímetro recuerda a la cabeza del ratón de dibujos animados Mickey Mouse.

El pasado año, el Ayuntamiento de Marbella recalificó los terrenos donde se sitúa la mansión aumentando su valor. En 2023, la alcaldesa de Marbella había cancelado la hipoteca de 3,1 millones de euros que había contratado en el banco Nordea Bank, con sede en Luxemburgo.

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia número 1 de Marbella (Málaga) ha acordado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 84 años que supuestamente mató a su mujer el pasado viernes en el municipio de Marbella.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se le investiga por la comisión de un delito de homicidio, aunque será el discurrir de la instrucción el que determine la calificación que se le dé finalmente al hecho. El hombre, de 84 años, prestó declaración en sede judicial y contestó a las preguntas que se le formularon.

La Sección de Violencia, según la nueva denominación que se le ha dado a los hasta ahora juzgados de violencia sobre la mujer, ha decidido que el detenido sea sometido a los pertinentes exámenes facultativos para determinar su estado mental en el momento de llevar a cabo la muerte de la que era su esposa, de 83 años.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando, sobre las 11:00 horas, se halló el cuerpo sin vida de la mujer en el citado municipio malagueño. Tras ello, agentes de la Policía Nacional detuvieron al marido en relación con los hechos. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha confirmado este lunes el asesinato como caso de violencia de género, elevando a diez las víctimas en Andalucía en lo que va de año.

El caso de la mujer de 83 años asesinada este pasado viernes 3 de octubre en el municipio malagueño de Marbella, confirmado este lunes como violencia machista por el Ministerio de Igualdad, ha elevado a diez las víctimas por violencia de género en Andalucía en lo que va de año. Se trata del segundo asesinato machista en una semana, después de la mujer de 29 años degollada por su expareja el pasado domingo 28 de septiembre en Sevilla Este.

El Ministerio ha elevado a 29 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, y a 1.324 desde 2003, fecha desde la que existen registros oficiales, tal como han confirmado desde el departamento de Ana Redondo.

Por comunidades, Andalucía cuenta este año, hasta la fecha, con el mayor número de asesinadas por violencia de género, con diez casos. Le sigue Asturias, con tres; Canarias, Cataluña, Extremadura y Galicia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y La Rioja, con uno cada una.

El último caso, en Marbella

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, apuntaba que el hombre de 84 años detenido en Marbella pasaría a disposición judicial entre este pasado domingo y este mismo lunes. La Policía Nacional arrestó al presunto agresor el mismo viernes, si bien no existían denuncias previas por violencia de género contra él.

Fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press señalaron que el cadáver de la mujer, de 83 años, fue encontrado en torno a las 11:00 horas de ese mismo día en la referida localidad. Las reacciones no tardaron en llegar, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, condenó en nombre del Gobierno andaluz el asesinato que acaba de confirmarse como nuevo caso de violencia machista.

López mostró su “dolor e impotencia”, transmitiendo su “condena y repulsa”. La titular de Igualdad reiteró que “cada crimen machista es un fracaso de toda la sociedad” y, por tanto, añadió que “es imprescindible que administraciones, instituciones y ciudadanía en general actuemos unidos para acabar con esta lacra”. En este sentido, solicitó a los entornos de las víctimas “que estén atentos a cualquier indicio que pueda indicar que nuestra madre, hermana, hija o amiga pueda estar sufriendo violencia de género, especialmente en aquellas mujeres que presentan una mayor vulnerabilidad”.

Casos anteriores hace apenas unas semanas

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia machista de este año en Andalucía, la primera fue de Benalmádena (Málaga); otra de Martos (Jaén); la tercera de las víctimas fue en Cartaya (Huelva); la cuarta de las víctimas fue en Marbella (Málaga); la quinta en Fuengirola (Málaga); la sexta en Almería; la séptima de las víctimas en Motril (Granada); la octava en el barrio de Valdezorras (Sevilla); la novena en el barrio de Sevilla Este (Sevilla); y esta décima en Marbella (Málaga).

El pasado domingo 28 de septiembre, Andalucía contabilizaba nueve mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de 2025, tras confirmarse el caso de la mujer de 29 años degollada por su expareja en Sevilla Este. Apenas unas semanas antes, el domingo 7 de septiembre, una mujer de 47 años fue encontrada muerta en el barrio de Valdezorras (Sevilla), siendo la octava mujer asesinada por violencia machista en Andalucía.

Un hombre de 84 años ha sido detenido por la Policía Nacional en la ciudad malagueña de Marbella después de que se haya encontrado el cuerpo sin vida de su esposa, también octogenaria.

En este sentido han informado fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press, que han señalado que el cadáver de la mujer, de 83 años, ha sido encontrado en torno a las 11.00 horas de este viernes en la referida localidad.

La Policía Nacional ha detenido al varón y está investigando las circunstancias en torno al suceso. Las mismas fuentes han señalado que ni el detenido ni la fallecida estaban en el sistema Viogén.

La Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Málaga ha informado de que ya está recabando la información relativa al asesinato de esta mujer de 83 años por presunta violencia de género para trasladarlos a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género para determinar si se trata de un nuevo crimen machista.

Una mujer de 83 años ha sido asesinada con un arma blanca en Marbella (Málaga) presuntamente a manos de su pareja, de 84, que ha sido detenido este viernes.

La pareja convivía en un chalé ubicado en una zona residencial en la entrada de Marbella, en el distrito Elviria Las Chapas, donde los agentes han detenido al presunto autor, que ya ha sido trasladado a dependencias policiales, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

El cuerpo de la víctima presentaba heridas de arma blanca y ha sido hallado sobre las 11.00 horas de este viernes en una vivienda ubicada en la calle Ciudad de los Periodistas.

La autoridad judicial ya ha autorizado el levantamiento del cadáver, al que se le realizará la autopsia en las próximas horas, y los agentes de la Policía Científica han tomado huellas en el posible escenario del crimen.

Desde la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Málaga se está recabando toda la información relativa al asesinato por presunta violencia de género para trasladarlo a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género con el objetivo de determinar si se trata de un nuevo crimen machista.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, serían 29 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2025, diez de ellas en Andalucía, y 1.324 desde que comenzó a elaborarse la estadística de asesinatos por violencia de género en 2003.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

La intervención del Gobierno en el mercado de viviendas turísticas ha levantado sarpullidos en el Gobierno autonómico y los empresarios de Andalucía, el territorio que aparece en la foto como la gran meca de los “alojamientos turísticos ilegales” que mostró este domingo el presidente Pedro Sánchez. De las 53.876 viviendas turísticas que el Gobierno quiere eliminar de plataformas como Airbnb o Booking, 16.740 están en Andalucía, 8.014 de ellas en Málaga. Andalucía es la comunidad autónoma, Málaga es la provincia y Sevilla es la ciudad que más viviendas turísticas “ilegales” tienen en España a ojos del Ministerio de Vivienda, que cita los datos de un nuevo registro estatal, operado por el Colegio de Registradores y obligatorio desde junio.

La Junta de Andalucía lo ve de otra forma. Niega, para empezar, que el Gobierno central tenga competencias para determinar qué alojamientos turísticos son ilegales. El tono lo marcó el consejero Arturo Bernal, acusando al Gobierno de “atentar” contra el turismo andaluz.

A su lado se ha posicionado rápidamente la patronal andaluza. “Que una vivienda turística no haya obtenido aún su número de registro único no significa que sea ilegal, sólo que no puede ser publicitada a través de canales online. No han perdido su licencia turística autonómica. La mayoría cuenta con autorización legal otorgada por la Junta de Andalucía y lleva años operando bajo la normativa autonómica vigente”, explica Juan Cubo, presidente de AVVAPro, que sitúa la cuestión en un “problema técnico y administrativo” en la tramitación del número de registro.

“Lo que ha ocurrido es que, debido a los fallos del Registro Digital Único y la falta de criterios claros de los registradores, muchos de estos inmuebles no han podido obtener aún su Número de Registro de Alquiler”, señala AVVAPro: “Pretender convertir este problema técnico y administrativo en una ‘ilegalidad masiva’ es un intento de manipulación de la opinión pública intolerable”.

En junio, poco antes de que entrara en funcionamiento el registro estatal, este medio ya adelantó que se estaba produciendo un tapón por la lentitud del registro andaluz en realizar algunos trámites. Por ejemplo, un cambio en la propiedad (y, por tanto, en la titularidad de la licencia) tarda meses en registrarse por la Junta de Andalucía en provincias como Málaga (supuestamente “saturadas”), y eso provocaría el rechazo de la inscripción en el Registro estatal.

Sevilla y Marbella en cabeza

Sánchez anunció este domingo en Cártama (Málaga) que hay más de 16.000 viviendas en Andalucía que no han pasado el filtro del nuevo Registro estatal. El Ministerio no ha facilitado a este medio un desglose de los motivos, pero la revocación de la inscripción registral apunta a la Junta, porque da a entender que no vigila el cumplimiento de su propia normativa.

Como no cumplirían los requisitos (acreditación de que se cumple la legislación autonómica y municipal para operar como vivienda turística) serán desinscritos de las plataformas en las que se anuncian, que ya han recibido la comunicación de cuáles son las viviendas que deben inactivar, según fuentes del Ministerio. La ministra Isabel Rodríguez pidió este lunes a las Comunidades Autónomas que “no pongan palos en las ruedas”: “Por cada piso turístico ilegal hay una familia expulsada de su barrio, o un joven que no se puede emancipar”.

Andalucía copa el listado de municipios con más viviendas que serán desinscritas, con cinco en el “top ten”: Sevilla (1º, 2.289 viviendas a desinscribir); Marbella (2º, 1.802); Málaga (4º, 1.471); Benalmádena (6º, 926); y Fuengirola (10º, 686). Entre los 25 primeros también están Mijas, Granada, Tarifa y Torremolinos. Según el Ministerio, los propietarios de esas viviendas no han acreditado cumplir la normativa autonómica para operar como vivienda turística, tras la revisión de su solicitud por parte del Colegio de Registradores y siete días de alegaciones. Por eso, a través de la ventanilla única creada al efecto, se ha comunicado a las plataformas que sus anuncios deben dejar de ser visibles.

Es la comunidad autónoma, en este caso Andalucía, quien establece qué viviendas turísticas son legales: pone las condiciones para poder operar (de hecho, tiene su propio registro ante la Consejería de Turismo), remitiéndose a su vez al cumplimiento de la normativa municipal. Y Andalucía dice no saber por qué el registro estatal ha encontrado más de 16.000 viviendas turísticas que no cumplirían los requisitos que la propia Andalucía establece. “No nos han dado ningún motivo por los que son supuestamente ilegales”, señala un portavoz de la Consejería de Turismo.

El nuevo registro estatal fue aprobado a finales del año pasado con la finalidad de implementar el reglamento europeo de información en materia de alquileres de corta duración. El registro estatal no define nuevos requisitos ni establece, de momento, un régimen sancionador por la falta de inscripción.

La Junta y la patronal insisten en que el Ministerio está invadiendo competencias autonómicas, porque no puede declarar la ilegalidad de un uso turístico ni cancelarlo; de momento, lo que ha hecho el Ministerio es crear un registro, y obligar a las plataformas a guiarse por él.

150.000 viviendas turísticas en Andalucía; la Junta ha cancelado 10.000

Andalucía dispone de su propio registro para el alquiler turístico desde 2016. A 15 de septiembre, hay 150.457 viviendas turísticas registradas por la Junta de Andalucía. Son casi ocho mil más que en marzo. Esta cifra es superior a la que ofrece el INE dos veces al año, basada en la información que proporcionan las plataformas sobre viviendas que se anuncian en ellas y que, por tanto, están activas.

El Gobierno andaluz entró en pánico hace año y medio al comprobar que en las multitudinarias manifestaciones pidiendo vivienda asequible se apuntaba a las viviendas turísticas, a las que considera pieza angular de un sector que concentra el 13% del PIB andaluz. Mientras insiste en que el principal problema es la Ley de Vivienda “que premia a los okupas”, la Junta ahora admite que los pisos turísticos también influyen y se esfuerza en subrayar que está sacando muchas viviendas turísticas ilegales del mercado. También ha encargado una campaña publicitaria para revertir la percepción de que el turismo está dificultando el acceso a la vivienda.

La Junta asegura que, a 27 de agosto, había cancelado 10.226 viviendas turísticas desde que aprobó una normativa más estricta en 2024, que incluye la suscripción de convenios con los principales ayuntamientos para facilitar el control de los requisitos municipales. Son 3.812 en Málaga (1.280 en la capital), 1.807 en Granada (988 en la capital), 1.352 en Cádiz (471 en la capital) y 1.198 en Sevilla (1.067 en la capital).

De ahí, que el anuncio del Ministerio de que aún hay más haya sentado tan mal: porque sugiere que, a pesar de sus anuncios, el Gobierno de Moreno sigue sin poner el celo suficiente en hacer cumplir su propia normativa. El mismo domingo, el consejero Arturo Bernal acusó a Pedro Sánchez de “venir a Andalucía a atentar contra nuestra principal industria, el turismo”. “Las viviendas que falsamente dice Sánchez haber sacado del registro de la propiedad no son ilegales”, aseguró Bernal, recordando también que la Junta (y otras tres comunidades autónomas) ha recurrido el Decreto que regula el registro estatal y sus datos, al considerarlo una injerencia en sus competencias exclusivas.

El impacto en Málaga

Sánchez hizo su anuncio este domingo en Málaga, y no fue casual. La ciudad y la provincia concentran un alto número de viviendas turísticas: registradas ante la Junta de Andalucía, son 86.711 en la provincia y 12.882 en la capital, más que en ciudades que la duplican en tamaño, como Barcelona.

Es el resultado del atractivo turístico de la ciudad y de la Costa del Sol, pero también de las altas rentabilidades (en Málaga, un propietario gana cuatro veces más poniendo su casa en alquiler turístico -30.500 euros de media- que en larga temporada -7.510-, según un informe encargado por el Ayuntamiento) y de una manga ancha que ha durado hasta hace muy poco. Sólo hace un mes entró en vigor la moratoria para nuevos pisos turísticos en la ciudad.

Todo esto ha contribuido a la escasez de vivienda en alquiler (que era endémica), elevando los precios hasta hacerlos inasumibles al bolsillo medio. El tema domina desde hace años el debate público en Málaga y la Costa del Sol. Casi a cada Pleno municipal, la izquierda martillea al alcalde Francisco de la Torre (PP) con las cifras de malagueños y malagueñas que no pueden vivir en su ciudad. Y este ha ido virando su posición, hasta admitir, al fin y años después de que la cuestión fuese un clamor, que no caben más viviendas turísticas en la ciudad.

La provincia de Málaga y, en particular, su capital, son la meca de las viviendas turísticas en España. Los indicadores conocidos hasta ahora ya permitían atisbar que estaba en lo más alto, pero faltaba concreción o uniformidad para poder comparar con otras zonas del país.

Ahora, el nuevo registro estatal puesto en marcha por el Ministerio de Vivienda, obligatorio desde principios de julio, permite poner cifras oficiales al fenómeno: Málaga ciudad (591.637 habitantes) encabeza el ranking de ciudades con más oferta de pisos turísticos; le siguen Barcelona (1.702.547 habitantes), Sevilla (687.488), Marbella (159.000) y Arona (86.624).

Málaga capital registra 7.102 solicitudes de inscripción de viviendas turísticas a fecha 3 de julio, según los datos del registro estatal municipalizados facilitados por el Ministerio. La lista de los 20 municipios con más demanda de alojamientos turísticos en España tiene otros cinco pueblos malagueños: Mijas (7º), Benalmádena (9º), Fuengirola (11º), Torremolinos (12º) y Estepona (15º).

Todos superan las 2.000 solicitudes ante el Ministerio. Estos datos hacen que Málaga sea también la líder destacada a nivel provincial, con 32.093 solicitudes a dicha fecha, casi el doble que la segunda, Las Palmas con 18.954, o que Alicante, tercera con 17.045.

El nuevo registro, de carácter estatal y operado por los registradores de la propiedad, fue aprobado a finales del año pasado por decreto del Consejo de Ministros, con la finalidad de implementar el reglamento europeo de información en materia de alquileres de corta duración. Se trata de un sistema que registra y expide un número de identificación tanto a los alquileres turísticos como a los de temporada [excluidos de esta información], suscritos por tiempo inferior a un año y usados en ocasiones por los propietarios para sortear la prórroga forzosa a cinco o siete años de los arrendamientos sujetos a la Ley de Vivienda.

Andalucía es la región donde más solicitudes han atendido los registradores, con más de 50.000 para uso turístico y 2.250 para el alquiler de temporada a fecha de 30 de junio, cifra que va aumentando con el paso de los días. Con todo, la cifra representa el 65% de las viviendas turísticas que el INE estima que existen en Andalucía, y apenas un tercio de las 149.608 con licencia registrada por la Junta de Andalucía a fecha 4 de julio.

La clave del sistema es una “ventanilla única digital”, un modelo de comunicación entre Ministerio, el Colegio de Registradores y las plataformas de alquiler. Cuando el Colegio advierta de que el piso no cumple los requisitos su matrícula queda revocada y se comunica a las plataformas, que no podrán comercializar ningún anuncio con este número y deberán retirarlos de las ofertas de alquiler.

Un sistema recurrido por la Junta por invasión de competencias

Andalucía dispone de su propio registro para el alquiler turístico desde 2016. La Junta de Andalucía ha recurrido ante los tribunales el registro estatal porque considera que tiene la competencia exclusiva sobre la gestión y el control de los datos de estos arrendamientos y que el Estado está invadiendo su terreno.

La nueva herramienta del Ministerio permite homogeneizar los datos y contrastarlos, al sortear las diferencias metodológicas que pueda haber entre registros autonómicos. Por ejemplo, en el caso de Andalucía, el registro de la Junta recoge 12.815 licencias para viviendas turísticas registradas en Málaga, mientras que en el recuento estatal son 7.102.

Cada administración contabiliza con criterios, tiempos y finalidades distintas. En Andalucía, es posible tener registrada una vivienda con licencia para piso turístico, pero no tenerlo anunciado para alquiler. Sólo el hecho de contar con esa licencia es un “activo” para venderlo más caro.

La otra fuente habitual para contabilizar pisos de alquiler son los informes que el INE publica dos veces al año, a partir de un barrido de las viviendas turísticas activas en las principales plataformas. Estas cifras suelen ser sensiblemente inferiores a las del registro andaluz porque se basan en la actividad efectiva en portales web. En el último sondeo, en Málaga capital había 7.496 viviendas turísticas, una cifra muy similar a la que apunta ahora el Ministerio de Vivienda.

El registro estatal no define nuevos requisitos ni establece, de momento, un régimen sancionador por la falta de inscripción, pero la puesta en funcionamiento del registro estatal, el pasado 1 de julio, no está siendo uniforme. Abogados y propietarios particulares explican a este medio que se está produciendo un tapón por la lentitud del registro andaluz en realizar algunos trámites.

Por ejemplo, un cambio en la propiedad (y, por tanto, en la titularidad de la licencia) tarda meses en registrarse por la Junta de Andalucía en provincias con los servicios “saturados” como Málaga, y esto está provocando que el registro estatal rechace a su vez la inscripción.

Los datos facilitados por el Ministerio a este medio ofrecen una imagen de la provincia como destacada referencia para las viviendas turísticas. La capital encabeza el listado en cifras absolutas, pero sería más líder aún si se tomasen referencias relativas, pues tiene más viviendas turísticas registradas que Barcelona o Sevilla con menos población. En total, son 7.102 viviendas dedicadas al alquiler turístico.

De ellas, el registro recoge 3.283 en situación estado “activo” y 3.125 en “activo provisional”. Esto significa que han aportado información y documentación al registro y ya disponen de número para poder comercializar, pero la solicitud debe ser aún revisada por el colegio de registradores. Tras ese examen, si en siete días no se subsanan posibles deficiencias (falta de declaración responsable, de licencia, de referencia catastral), el registro se revoca. Hay 694 revocadas en Málaga capital.

Málaga, Marbella, Mijas y Benalmádena en el top 10

Barcelona sigue a Málaga, con 6.849 solicitudes de registro, entre activas, activas provisionales y revocadas. Completan los diez primeros puestos Sevilla (la única ciudad no costera del ranking), con 5.346 pisos, Marbella, con 4.602, Arona (Tenerife) con 3.239, Adeje (Tenerife) con 2.972, Mijas (Málaga) con 2.765, San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) con 2.765 y Benalmádena (Málaga) con 2.762.

La saturación de viviendas turísticas en algunas es un asunto central de la política municipal en ciudades como Málaga, Sevilla o Marbella, las primeras andaluzas en el ranking. Todas han adoptado medidas orientadas a restringir su proliferación, pero su efectividad por ahora es escasa, lo que permite entrever el grado de urgencia que cada gobierno municipal, todos en manos del PP, da al asunto.

Marbella aprobó en febrero la creación de un registro municipal, explicando que “es necesario contar con un censo que refleje la oferta real”. Según un estudio encargado a la Universidad de Málaga, sólo el 32% de los inmuebles dados de alta como turísticos ante la Junta “se comercializan realmente”, por lo que el municipio decidió dotarse de un nuevo registro, que se suma así al autonómico y al estatal. También anunció una nueva normativa para limitar el cambio de uso para esta actividad de los locales comerciales.

En Sevilla, se estableció que en los barrios con más del 10% de viviendas turísticas respecto al total del parque inmobiliario no se concederían nuevas licencias. A la oposición la cifra le parece poco ambiciosa, y el PP pactó con Vox estudiar periódicamente la posible reducción del porcentaje en algunas zonas. Además, hay constancia de que siguen inscribiéndose viviendas de barrios saturados, como ha desvelado el periodista Manuel Florencio.

En Málaga, el alcalde ha ido anunciando nuevas medidas en vísperas de cada nueva manifestación por la vivienda. En junio de 2024 fue la prohibición de registrar nuevas viviendas turísticas si no tenían salida y suministros independientes del resto del edificio; en octubre llegó la prohibición adicional en barrios en los que se supere el 8% del parque inmobiliario. Y en marzo de este año el alcalde Francisco de la Torre anunció que preparaba una moratoria global durante tres años, es decir una prohibición de nuevos registros. Sin embargo, no se ha vuelto a saber. Estas decisiones no han contenido las inscripciones. Desde que anunció la primera medida ha transcurrido un año y ahora hay 1.526 más inscritas: el 10 de junio de 2024 había 11.289 y hoy son 12.815. En Málaga hay secciones censales que superan el 84% de viviendas turísticas sobre el parque inmobiliario.

El veterano regidor malagueño ha ido asumiendo lentamente que la vivienda es el principal reto de su mandato, y apuesta ahora por ceder parcelas públicas a promotores privados para que construyan viviendas de protección oficial de entre 45 y 55 metros cuadrados, así como por agilizar y facilitar la promoción en otros suelos y poner “alfombra roja” a los hoteles frente al modelo de viviendas turísticas. Para la oposición, es insuficiente.

El PSOE local, siguiendo la estela del Gobierno, suele poner el ejemplo de Barcelona, que con el triple de población tiene ya menos solicitudes de vivienda turística y apunta a su extinción en 2028. “Ojalá hubiese más Collbonis”, dijo la ministra Isabel Rodríguez, en referencia a las políticas de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, basada no sólo en la muerte anunciada de las viviendas turísticas, sino también por la construcción de un parque público de vivienda y la declaración de zonas tensionadas, algo que Málaga se niega a solicitar y que la Junta de Andalucía, que tiene competencias, no va a hacer.