La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella (Málaga), en funciones de guardia, ha decretado este pasado sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido por la muerte de un cirujano plástico en dicha localidad malagueña. Se trata de un joven de nacionalidad sueca, supuestamente llegado de ese país con el encargo de cometer el crimen.

Según han confirmado fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, el joven de 18 años pasó a disposición judicial durante la jornada de este pasado sábado, 10 de octubre, donde se ha decretado finalmente su ingreso en prisión tras haberse producido su detención el pasado jueves, 8 de octubre. Fue detenido en un piso turístico de Benalmádena, a unos 15 kilómetros de Marbella, pocas horas del suceso.

En contexto, la Policía Nacional inició una investigación tras producirse la muerte a tiros de Alexander Aslani, un reputado cirujano plástico el pasado miércoles sobre las 18:00 horas en Marbella. La víctima, de 57 años y nacionalidad alemana, recibió varios impactos en la cabeza cuando estaba en su clínica. Los sanitarios que atendieron al facultativo no pudieron estabilizarlo y falleció.

La investigación, que sigue abierta, descartaba inicialmente que este suceso estuviese vinculado con el crimen organizado, según apuntaron fuentes cercanas al caso. La causa está declarada secreta, según confirmaron fuentes policiales. La hipótesis principal es que el asesino fuese un sicario contratado por algún cliente insatisfecho.

Agentes de la Policía Nacional mantienen abierta una investigación en relación con la muerte de un hombre, de 57 años, en la tarde de este miércoles, tras una agresión con arma de fuego en el municipio malagueño de Marbella, según han confirmado fuentes policiales. Fuentes del caso señalan que la víctima sería un cirujano plástico que habría recibido varios disparos en la cabeza en la clínica en la que trabajaba.

Los hechos han tenido lugar sobre las 18 horas en la citada localidad malagueña. Al parecer, el fallecido ha recibido varios impactos en la cabeza. Los sanitarios que lo han atendido no han podido estabilizarlo y ha fallecido, según han apuntado las citadas fuentes. La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y, de momento, no se han producido detenciones.

Este suceso se une al que ha ocurrido horas antes, cuando la Policía Nacional ha detenido a dos personas y ha intervenido varias armas de fuego tras una riña entre dos familias en La Palmilla, en Málaga capital, en la que se han producido varias detonaciones.

Así, según han confirmado fuentes policiales, sobre las 15.10 horas se ha producido una riña entre dos familias en el citado lugar, momento en el que se han producido varias detonaciones sin que haya que lamentar heridos.

Pasado un cuarto de siglo del apogeo de Jesús Gil y todo lo que siguió, Marbella tiene un nuevo orden urbanístico. Ha hecho falta un plan efímero, una sentencia del Tribunal Supremo, regresar durante once años a 1986, una nueva ley andaluza y la tramitación de un nuevo plan durante casi cuatro para llegar a esto: el Plan General de Ordenación del Municipio (PGOM) de Marbella, que se aprobó este viernes en Pleno extraordinario, con los votos a favor del PP, Vox y Opción Sanpedreña, y la abstención del PSOE.

El documento, que establece el modelo de ciudad y sus pautas generales, devuelve el municipio emblemático de la corrupción urbanística a la senda de la legalidad ordinaria sin sacarlo del escaparate de las golosinas inmobiliarias: promete más metros y más facilidades para edificar, incluso en suelo rústico, en un territorio jugosísimo para los inversores. De los 117 millones de metros cuadrados que tiene el término municipal, 53 millones serán suelo urbano, 13 más que hasta ahora, y 64 millones rústico, que engloba las anteriores categorías de rústico y urbanizable.

La alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) vende el plan como la gran oportunidad para paliar la escasez de vivienda, y ha recordado que el 20% será vivienda pública protegida, que es lo que exige la nueva Ley de Vivienda Andaluza. En la última década, el precio de compra en Marbella se ha duplicado hasta rozar los 6.000 euros por metro cuadrado, y el alquiler se ha encarecido aún más, multiplicándose por 2,4, según los informes de Idealista. Muñoz espera que la incorporación de nuevas bolsas de suelo haga bajar el precio, pero el mercado inmobiliario de Marbella está muy orientado al lujo por el turismo y las segundas residencias.

También habrá oportunidades de construir en el rústico, en el que se incluyen 32 millones de metros cuadrados de suelo común “susceptible de transformación urbana”. Las condiciones, ahora, las marca la Ley de Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), aprobada en 2021 por el Gobierno de Juan Manuel Moreno para destrabar los nudos de la antigua LOUA. El Tribunal Constitucional validó el inciso que ahora permite a los municipios implantar usos “industriales, terciarios o turísticos” de “interés público o social” en suelo rústico común, en teoría, “con carácter extraordinario”.

La alcaldesa se ha felicitado en ocasiones de la manga ancha que da la nueva norma andaluza y advirtió en 2024 que el PGOM continuará con la “tarea de simplificar y flexibilizar” los usos en estos terrenos, y abrió las puertas de par en par aprovechando la indeterminación del concepto “extraordinario”: universidades, grandes equipamientos (como una ciudad deportiva), centros educativos, sociales e incluso industriales. Es decir, en Marbella hay 32 millones de metros cuadrados de nueva disposición para una finalidad industrial, turística o terciaria.

18.000 viviendas ilegales: “Va por ellos”

Al plan también se le medirá por su éxito para superar el gran problema histórico de la ciudad: el limbo en el que están las edificaciones construidas sin escrúpulos en los años 90 y 2000. La alcaldesa ha dicho que hay “18.000 viviendas que se quedaron fuera de la regularidad”, más de un millar sin licencia. Algunos edificios tienen desde hace años orden judicial de demolición, y han sido un quebradero de cabeza para la ciudad, y para la alcaldesa en particular, multada por el Tribunal Superior e investigada por la Fiscalía por no ejecutar una de esas resoluciones. El Ayuntamiento tiene un informe de 2021 que estima en 246 millones el coste de cumplir las sentencias.

La regidora ha reiterado estos meses que su objetivo era “encajarlas” en el nuevo plan, y este viernes lo ha repetido ante el Pleno: “Los propietarios de buena fe saben que defendíamos sus intereses patrimoniales (…) A partir de este momento, [tienen la] garantía que les otorga el plan general”. El concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz, ha llegado a decir que el plan va “por ellos especialmente”.

El problema es que esos encajes ya motivaron que el Tribunal Supremo tumbara el Plan General de 2010 y no hay certeza de que no vuelva a ocurrir. Díaz ha dicho que han trabajado con el “objetivo” de “blindar el plan de los envites judiciales”.

Primer plan bajo la nueva ley

Hay acuerdo general de que el plan es la única herramienta capaz de dar seguridad jurídica tras los años negros, la nulidad de la primera solución y once años de provisionalidad. “Es una noticia muy positiva”, subraya Susana González de Lara, decana del Colegio de Arquitectos, quien cree que el resultado dependerá de “la capacidad del consistorio” y del Plan de Ordenación Urbana (POU). Será ese documento el que resuelva la situación en que queda cada edificio ilegal.

Marbella es la primera en aprobar un PGOM bajo la LISTA y la alcaldesa ha sacado pecho, aunque desde la oposición se advierte que ser “cobayas” expone a reveses inesperados. Hay un nexo: José María Morente, uno de los artífices de la LISTA (Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio en 2019) es también cabeza pensante del plan, como Director General de Urbanismo en Marbella (2017-2018 y 2020-2023).

“El PGOM es un documento imprescindible para la ciudad, porque Marbella sufrió una desidia total: se han vendido suelos de equipamiento, de zonas verdes, no se ha previsto el desarrollo de infraestructura acorde al desarrollo residencial…”, señala Isabel Pérez, portavoz del PSOE. También ha coincidido la oposición en alabar el trabajo técnico del equipo liderado por María Medina.

Sin embargo, hace tiempo que los socialistas alertan de que una cosa es el documento y otra las decisiones urbanísticas. Un ejemplo: este jueves, un día antes de aprobar el plan, se adoptaron tres planes con más de 6.800 viviendas en Marbella Este, lo que hubiese requerido, en opinión de los socialistas, un informe sobre todo el conjunto.

En los últimos años, el Ayuntamiento de Marbella ha aprobado planes parciales, estudios de detalle y áreas de transformación urbanística capaces de cambiar Las Chapas de arriba abajo, con multimillonarias inversiones previstas para hoteles en Río Real, Las Dunas, La Vizcaína o la Residencia Tiempo Libre. “El fondo de Pelayo Cortina Koplowitz consigue 145 millones de Goldman Sachs para levantar un recinto de salud de lujo en Marbella” es una noticia de esta semana, donde se explica que costará 400 millones y se ubicará junto al futuro Four Seasons. “Estos proyectos los meten en la aceleradora. ¿Para qué tanta prisa teniendo un plan en capilla?”, se pregunta Javier de Luis, miembro de Ecologistas-Malaka, quien subraya el largo impasse de once años, con la coda final de otros siete meses desde que la Junta de Andalucía dio luz verde.

De Luis, que fue concejal independiente del PSOE en tiempos de Gil y Malaya, es muy crítico porque ve patrones comunes con aquella época, y cree que donde antes se vulneraba la ley sin complejos, ahora se reforma la ley para amparar lo que antes quedaba fuera. “Gil intentó recalificar 17 millones de suelo quemado, y la Junta le dijo que era una barbaridad. Ahora proponen recalificar 30 millones, muchos se han quemado mil veces y a los que les va a afectar la limitación de 30 años”. Otro ejemplo: el viejo límite marcado por la autovía ha sido borrado. “Es una ley a medida de los promotores”.

Once años de solución provisional

El equipo de gobierno dice que el objetivo es aportar estabilidad y seguridad jurídica tras más de una década con el urbanismo en tenguerengue. En 2015, el Tribunal Supremo anuló el PGOU aprobado en 2010 porque se metía en lo que no debía: legalizar construcciones de la época del GIL y pre-Malaya. Poner orden en ese desaguisado histórico, con una inédita retirada de competencias durante un lustro, era más o menos el encargo que del Gobierno andaluz recibió Manuel González Fustegueras, el “señor Lobo” le llamaron, pero el Supremo concluyó que dar carta de naturaleza a la ilegalidad iba demasiado lejos.

La consecuencia inmediata de la nulidad fue la resurrección del plan de 1986, elaborado por Alfonso Peralta cuando Marbella tenía 75.000 habitantes, menos de la mitad de los que tiene ahora. El gobierno municipal, que por entonces (2015-2017) lideraba un alcalde del PSOE por única vez desde que Muñoz llegó al poder en 2007, vaticinó entonces que todo se enderezaría rápido, con un nuevo plan en un lustro. Pero pasaron once años en los que rigió un plan de los 80 con parches y adaptaciones. La paradoja es que ese plan tuvo más vida después de muerto que en su primera etapa, en la que Gil y los que le siguieron (Roca, Julián Muñoz, Marisol Yagüe) lo maltrataron y sustituyeron sistemáticamente por convenios que engrasaran la cuenta corriente.

Algo ha cambiado también desde el post-gilismo. Si al plan de 2010 se presentaron más de 17.000 alegaciones formales, ahora apenas ha recibido 180, de las que se han incorporado total o parcialmente 56. De Luis lo atribuye a una desconexión ciudadana, y cree que la historia se repite: “Gil lo decía con más gracia: doblaba el folio y decía ”la mitad para ti y la mitad para mí“. ”Marbella tiene 117 km2, y casi el 80% va a ser urbanizable en la práctica. Se trata de consolidar una ciudad privada, depredadora del recurso principal que es el suelo. Los nuevos desarrollos van a triplicar la población sin triplicar infraestructura: accesos, agua, capacidad de depuración…“, advierte el ecologista.  

Para el equipo de gobierno, la prioridad parece haber sido garantizar que se pueda hacer (casi) todo para seguir creciendo, pero que todo sea legal. “Me siento orgullosa de ser de un municipio, donde el Urbanismo siempre ha sido un punto negro, en el que por primera vez el Ayuntamiento se propuso que por primera vez fuese plenamente legal”, ha dicho Muñoz al Pleno. El tiempo dirá si lo consiguió, y si eso es suficiente.  

Què tenen a veure una ciutat de vacances construïda pel franquisme a Marbella i una colònia de vacances aixecada durant l’Estado Novo portuguès a Caparica? Per a l’artista eivissenca Irene de Andrés (Eivissa, 1986), totes dues formen part d’una mateixa història que arrenca a la Itàlia de Mussolini i travessa els projectes turístics de les dictadures europees: la del turisme com a eina política, com a promesa de benestar i, finalment, com a indústria capaç de transformar radicalment els territoris que ocupa. A l’exposició Por un lugar en el sol, inaugurada a la Galeria Juan Silió en el marc d’Apertura Madrid Gallery Weekend, la creadora confronta arxius, propaganda, fotografies, vídeos i souvenirs per seguir l’evolució dels dos complexos des del seu naixement sota règims autoritaris fins al present.

El projecte prolonga una investigació desenvolupada des del 2018 al voltant de l’oci, el turisme i les arquitectures que el fan possible, des de les discoteques abandonades d’Eivissa fins als grans resorts i creuers. El punt de partida va ser un treball sobre Prora, el gegantesc complex turístic que l’Alemanya nazi va començar a construir el 1936 a l’illa de Rügen com a ciutat de vacances per a treballadors i que, dècades després, va acabar convertit en apartaments de luxe. En la seva nova exposició individual a Madrid, l’artista connecta Marbella i Caparica, dues ciutats de vacances aixecades sota dictadures que van sobreviure a la Segona Guerra Mundial i que compartien una concepció nacionalcatòlica de l’oci.

“Volia saber com actua el turisme, més enllà del que coneixem avui”, explica De Andrés, que el defineix com “una terraformació del lloc, de l’imaginari, que acaba substituint la història d’un lloc amb una postal que funciona com un bé de consum”. Així, el projecte mostra la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella, aixecada durant el franquisme, i la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol de Caparica, construïda durant l’Estado Novo. Separades per més de 700 quilòmetres, van néixer d’una lògica comuna. “Ambdues ciutats de vacances estan pensades per a les famílies de classe treballadora, en llocs on la principal font d’ingressos des de fa anys és el turisme”, resumeix l’artista.

El projecte mostra la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella, aixecada durant el franquisme, i la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol de Caparica, construïda durant l’Estado Novo. Separades per més de 700 quilòmetres, van néixer d’una lògica comuna

L’origen d’aquest model es remunta, segons la creadora, a la Itàlia de Mussolini i l’Opera Nazionale Dopolavoro, que l’Alemanya nazi replicaria amb el programa Kraft durch Freude. Portugal va desenvolupar la seva pròpia versió a través de la Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho i Espanya mitjançant l’Obra Sindical de Educación y Descanso. Tots aquests organismes responien, en part, a una conquesta prèvia del moviment obrer: el dret al descans, la reducció de la jornada laboral i les vacances pagades. “Els règims dictatorials no podien ignorar aquestes conquestes, però sí apropiar-se’n i organitzar-les des de l’Estat. Era una propaganda molt potent”, resumeix la creadora.

El model no es va desenvolupar, a més, de manera aïllada a cada país. L’artista assenyala que els organismes portuguès i espanyol van mantenir durant anys intercanvis, una circulació d’idees i experiències que permet entendre aquestes ciutats de vacances com a part d’una xarxa més àmplia de polítiques d’oci sota les dictadures. L’objectiu no era només facilitar el descans: també organitzar el temps lliure i oferir una determinada forma de vida sota el paraigua de l’Estat. Després de la Segona Guerra Mundial, aquesta dimensió obertament adoctrinadora va començar a diluir-se, segons l’artista, a mesura que els règims intentaven adaptar-se i mantenir-se en el poder, però les infraestructures i el model turístic van romandre.

Els règims dictatorials no podien ignorar les conquestes [socials], però sí apropiar-se'n i organitzar-les des de l'Estat. Era una propaganda molt potent

Irene de Andrés — Artista

Església, turisme i famílies

En aquestes colònies, la família nuclear i catòlica ocupava, a més, un lloc central. De Andrés aborda aquesta qüestió des de les teories de la reproducció social: “Tenien aquest interès per mantenir la família unida, la família nuclear, nacional i catòlica, i al final és una forma també de continuar reproduint treballadors”. El període vacacional permetia, a més, una pausa en les tasques reproductives que requeien fonamentalment sobre les dones: “Allà podien descansar perquè normalment també altres dones s’encarreguessin d’alimentar la seva família”. La presència de capelles i altres elements religiosos formava part d’aquesta concepció dels complexos. “En estar construït en aquella època, era un element que havia de ser-hi. Al final, són com una mena de pobles on anar de vacances”, assegura De Andrés.

El període vacacional permetia una pausa en les tasques reproductives que requeien fonamentalment sobre les dones: "Allà podien descansar perquè normalment també altres dones s’encarreguessin d’alimentar la seva família", afirma l’artista

La Ciudad Residencial de Marbella es va construir, a més, en paral·lel als anomenats pobles de colonització franquistes, dissenyats per intentar frenar l’èxode rural de la població espanyola. “Es creen en paral·lel als pobles de colonització que s’estaven construint per al treball dels agricultors que mai no anirien a aquells altres pobles”, explica l’artista. La pròpia lògica d’aquells desplaçaments tenia, a més, un revers turístic: mentre uns territoris expulsaven població rural cap a les ciutats i les zones costaneres en expansió, d’altres començaven a rebre aquests treballadors per construir els hotels i les infraestructures del nou sector turístic. La relació entre tots dos models li interessa precisament perquè uns organitzaven la vida laboral i els altres el temps de descans: “És força similar”.

Però aquelles vacances tampoc no estaven obertes indiscriminadament a tota la classe treballadora. A Marbella, els principals usuaris eren funcionaris de l’Estat i treballadors d’empreses vinculades a l’Instituto Nacional de Industria. “No necessàriament eren franquistes, però eren treballadors més emparats per l’Estat”, matisa l’artista. Precisament per això Por un lugar en el sol no s’atura en la caiguda de les dictadures, sinó que segueix què passa després. “Jo he triat alguns dels models que han continuat en funcionament, perquè em semblava especialment interessant estudiar aquesta evolució, que també forma part de l’evolució de la pròpia història del turisme, i no m’interessava estudiar-los com a ruïna, sinó quina ha estat aquesta transformació d’aquest ús social d’aquests espais”, afirma la creadora.

A Marbella, els principals usuaris eren funcionaris de l’Estat i treballadors d’empreses vinculades a l’Instituto Nacional de Industria. "No necessàriament eren franquistes, però eren treballadors més emparats per l’Estat", matisa l’artista

Vacances socials a la ciutat del luxe

A Marbella, la Ciudad Residencial Tiempo Libre va sobreviure a la Transició i va mantenir durant dècades una funció de turisme social. Amb la transferència de les estructures de patrimoni sindical, va passar a mans de Comisiones Obreras i UGT i va continuar oferint vacances de baix cost, inclosos viatges de l’Imserso i programes per a persones amb discapacitat. “Són unes vacances de baix cost en un lloc com Marbella, que té aquesta connotació també de turisme una mica luxós”, assenyala l’eivissenca. En plena Marbella, aquella arquitectura funcionava com una anomalia: un lloc on les vacances continuaven sent accessibles per a aquells que no podien assumir els preus de la resta de la ciutat.

Fins que va deixar de fer-ho. De Andrés ha investigat a l’Arxiu de Comissions i a l’Arxiu Històric de Sevilla l’evolució del complex i recull les denúncies dels seus propis treballadors. “Recentment, per exemple, la de Marbella ha estat privatitzada, i ja denunciaven els propis treballadors de la ciutat residencial la desinversió, una mica com estaven deixant morir una mica aquell espai per després tenir l’excusa de la privatització”.

Durant la pandèmia, les seves instal·lacions van arribar, a més, a posar-se a disposició de treballadors sanitaris que no es podien desplaçar. Per a l’artista, el deteriorament no era inevitable. “Em sembla que ja que hi ha aquesta arquitectura i que hi ha aquesta infraestructura, el que tocava era mantenir-la, no deixar d’invertir-hi. Perquè, és clar, arriba un moment en què el cost de la reforma excedeix el que suposadament es pot pagar, però això es podia haver evitat”, reivindica De Andrés.

A Marbella, la Ciudad Residencial Tiempo Libre va acabar en mans dels sindicats i va continuar oferint vacances de baix cost fins que ha estat privatitzada

D’altra banda, el cas portuguès ofereix una evolució diferent. La FNAT va ser substituïda per l’Instituto Nacional de Aprovechamiento de los Tempos Libres, INATEL, que manté una activitat vinculada al turisme social i gestiona el complex de Caparica. La mateixa artista hi ha estat com a usuària: “Ara pots ser soci, pots no ser soci, i jo hi he anat com a usuària”. Dos edificis nascuts sota dictadures sobreviuen, per tant, de formes diferents als règims que els van construir. Aquesta transformació també apareix a l’exposició, on imatges d’arxiu, postals, materials publicitaris i fotografies turístiques es barregen amb vídeos realitzats durant els seus recorreguts.

La metodologia d’Irene de Andrés busca precisament posar en relació aquestes diferents capes temporals. “Intento treballar amb moltes capes i dades temporals. No m’interessa quedar-me en el passat, en on i com es va construir, sinó quina ha estat l’evolució”, assegura la creadora. Per fer-ho combina documents d’arxiu amb imatges preses durant els seus propis recorreguts, entrevistes a persones que hi van passar les seves vacances i materials turístics contemporanis, des de fotografies de TripAdvisor fins a postals que adquireix i digitalitza. El resultat evita convertir aquests complexos en simples restes d’un passat autoritari i els presenta com a espais la història dels quals continua escrivint-se.

La promesa turística a Eivissa

La investigació connecta amb el lloc d’origen d’Irene de Andrés, Eivissa, on la promesa turística de prosperitat ha transformat completament l’illa. “Hi ha en aquests llocs els qui serveixen i els qui són servits, però per a qui és aquest lloc al sol, per a qui és aquesta promesa d’un lloc al sol”, planteja l’artista. El desenvolupament turístic hi va suposar el pas d’una economia pràcticament de subsistència a una altra basada en el turisme, però també ha dificultat que molts dels treballadors que sostenen aquesta indústria puguin viure a l’illa. “Potser el cambrer que t’està servint el xampany està vivint en una tenda de campanya. A mi això em sembla una vergonya”, critica la creadora.

Potser el cambrer que t’està servint el xampany està vivint en una tenda de campanya. A mi això em sembla una vergonya

Irene de Andrés — Artista

De Andrés recorda també el cas de Can Rova I i Can Rova II, on persones que vivien en assentaments “estaven pagant per un tros de terra sense accés a llum elèctrica”. “És a dir, això està passant a Eivissa”, denuncia. Així mateix, rebutja que la solució passi simplement per substituir el turisme de masses per un suposat “turisme de qualitat” si això significa reservar determinats territoris a qui té més poder adquisitiu: “Que unes persones són de qualitat o no pel seu poder adquisitiu? Tornarem a fer que només els súper rics puguin viatjar. Doncs tampoc no és això”. La seva alternativa passa per “trobar un equilibri” mitjançant “una regularització de l’habitatge” i “un repartiment just dels recursos”.

Aquest és, en darrer terme, el recorregut de Por un lugar en el sol: de les vacances com a dret conquerit a les vacances com a instrument polític i, finalment, al turisme com una de les grans indústries contemporànies. Una història que parteix de les arquitectures de les dictadures europees, però acaba plantejant una pregunta molt present: qui pot viure als llocs convertits en destinacions, qui pot permetre’s gaudir-ne i qui treballa perquè altres ho puguin fer.

¿Qué tiene que ver una ciudad de vacaciones construida por el franquismo en Marbella y una colonia de vacaciones levantada durante el Estado Novo portugués en Caparica? Para la artista ibicenca Irene de Andrés (Eivissa, 1986), ambas forman parte de una misma historia que arranca en la Italia de Mussolini y atraviesa los proyectos turísticos de las dictaduras europeas: la del turismo como herramienta política, como promesa de bienestar y, finalmente, como industria capaz de transformar radicalmente los territorios que ocupa. En la exposición Por un lugar en el sol, inaugurada en la Galería Juan Silió en el marco de Apertura Madrid Gallery Weekend, la creadora confronta archivos, propaganda, fotografías, vídeos y souvenirs para seguir la evolución de ambos complejos desde su nacimiento bajo regímenes autoritarios hasta el presente.

El proyecto prolonga una investigación desarrollada desde 2018 en torno al ocio, el turismo y las arquitecturas que lo hacen posible, desde las discotecas abandonadas de Eivissa hasta los grandes resorts y cruceros. El punto de partida fue un trabajo sobre Prora, el gigantesco complejo turístico que la Alemania nazi comenzó a construir en 1936 en la isla de Rügen como ciudad de vacaciones para trabajadores y que, décadas después, acabó convertido en apartamentos de lujo. En su nueva exposición individual en Madrid, la artista conecta Marbella y Caparica, dos ciudades de vacaciones levantadas bajo dictaduras que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y que compartían una concepción nacionalcatólica del ocio.

“Quería saber cómo actúa el turismo, más allá de lo que conocemos hoy”, cuenta De Andrés, quien lo define como “una terraformación del lugar, del imaginario, que acaba sustituyendo la historia de un lugar con una tarjeta postal que funciona como un bien de consumo”. Así, el proyecto muestra la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella, levantada durante el franquismo, y la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol de Caparica, construida durante el Estado Novo. Separadas por más de 700 kilómetros, nacieron de una lógica común. “Ambas ciudades de vacaciones están pensadas para las familias de clase trabajadora, en lugares donde la principal fuente de ingresos desde hace años es el turismo”, resume la artista.

El proyecto muestra la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella, levantada durante el franquismo, y la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol de Caparica, construida durante el Estado Novo. Separadas por más de 700 kilómetros, nacieron de una lógica común

El origen de este modelo se remonta, según la creadora, a la Italia de Mussolini y la Opera Nazionale Dopolavoro, que la Alemania nazi replicaría con el programa Kraft durch Freude. Portugal desarrolló su propia versión a través de la Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho y España mediante la Obra Sindical de Educación y Descanso. Todos estos organismos respondían, en parte, a una conquista previa del movimiento obrero: el derecho al descanso, la reducción de la jornada laboral y las vacaciones pagadas. “Los regímenes dictatoriales no podían ignorar esas conquistas, pero sí apropiárselas y organizarlas desde el Estado. Era una propaganda muy potente”, resume la creadora.

El modelo no se desarrolló, además, de forma aislada en cada país. La artista señala que los organismos portugués y español mantuvieron durante años intercambios, una circulación de ideas y experiencias que permite entender estas ciudades de vacaciones como parte de una red más amplia de políticas de ocio bajo las dictaduras. El objetivo no era solo facilitar el descanso: también organizar el tiempo libre y ofrecer una determinada forma de vida bajo el paraguas del Estado. Tras la Segunda Guerra Mundial, esa dimensión abiertamente adoctrinadora comenzó a diluirse, según la artista, a medida que los regímenes intentaban adaptarse y mantenerse en el poder, pero las infraestructuras y el modelo turístico permanecieron.

Los regímenes dictatoriales no podían ignorar las conquistas [sociales], pero sí apropiárselas y organizarlas desde el Estado. Era una propaganda muy potente

Irene de Andrés — Artista

Iglesia, turismo y familias

En estas colonias, la familia nuclear y católica ocupaba además un lugar central. De Andrés aborda esta cuestión desde las teorías de la reproducción social: “Tenían ese interés por mantener a la familia unida, la familia nuclear, nacional y católica, y al final es una forma también de seguir reproduciendo trabajadores”. El periodo vacacional permitía, además, una pausa en las tareas reproductivas que recaían fundamentalmente sobre las mujeres: “Allí podían descansar para que normalmente también otras mujeres se encarguen de alimentar a su familia”. La presencia de capillas y otros elementos religiosos formaba parte de esa concepción de los complejos. “Al estar construido en esa época, era un elemento que tenía que estar ahí. Al final, son como una especie de pueblos donde viajar de vacaciones”, asegura De Andrés.

El periodo vacacional permitía una pausa en las tareas reproductivas que recaían fundamentalmente sobre las mujeres: 'Allí podían descansar para que normalmente también otras mujeres se encarguen de alimentar a su familia', afirma la artista

La Ciudad Residencial de Marbella se construyó además en paralelo a los llamados pueblos de colonización franquistas, diseñados para intentar frenar el éxodo rural de la población española. “Se crean en paralelo a los pueblos de colonización que se estaban construyendo para el trabajo de agricultores que nunca iban a ir a esos otros pueblos”, explica la artista. La propia lógica de aquellos desplazamientos tenía, además, un reverso turístico: mientras unos territorios expulsaban población rural hacia las ciudades y las zonas costeras en expansión, otros empezaban a recibir a esos trabajadores para construir los hoteles y las infraestructuras del nuevo sector turístico. La relación entre ambos modelos le interesa precisamente porque unos organizaban la vida laboral y otros el tiempo de descanso: “Es bastante similar”.

Pero aquellas vacaciones tampoco estaban abiertas indiscriminadamente a toda la clase trabajadora. En Marbella, los principales usuarios eran funcionarios del Estado y trabajadores de empresas vinculadas al Instituto Nacional de Industria. “No necesariamente eran franquistas, pero eran trabajadores más amparados por el Estado”, matiza la artista. Precisamente por eso Por un lugar en el sol no se detiene en la caída de las dictaduras, sino que sigue qué ocurre después. “Yo he elegido algunos de los modelos que han seguido en funcionamiento, porque me parecía especialmente interesante estudiar esa evolución, que también es parte de la evolución de la propia historia del turismo, y no me interesaba estudiarlos como ruina, sino cuál ha sido esa transformación de ese uso social de esos espacios”, afirma la creadora.

En Marbella, los principales usuarios eran funcionarios del Estado y trabajadores de empresas vinculadas al Instituto Nacional de Industria. 'No necesariamente eran franquistas, pero eran trabajadores más amparados por el Estado', matiza la artista

Vacaciones sociales en la ciudad del lujo

En Marbella, la Ciudad Residencial Tiempo Libre sobrevivió a la Transición y mantuvo durante décadas una función de turismo social. Con la transferencia de las estructuras de patrimonio sindical, pasó a manos de Comisiones Obreras y UGT y siguió ofreciendo vacaciones de bajo coste, incluidos viajes del Imserso y programas para personas con discapacidad. “Son unas vacaciones de bajo coste en un lugar como Marbella, que tiene esa connotación también de turismo un poco lujoso”, señala la ibicenca. En plena Marbella, aquella arquitectura funcionaba como una anomalía: un lugar donde las vacaciones seguían siendo accesibles para quienes no podían asumir los precios del resto de la ciudad.

Hasta que dejó de hacerlo. De Andrés ha investigado en el Archivo de Comisiones y en el Archivo Histórico de Sevilla la evolución del complejo y recoge las denuncias de sus propios trabajadores. “Recientemente, por ejemplo, la de Marbella ha sido privatizada, y ya denunciaban los propios trabajadores de la ciudad residencial la desinversión, un poco cómo estaban dejando morir un poco ese espacio para luego tener la excusa de la privatización”.

Durante la pandemia, sus instalaciones llegaron además a ponerse a disposición de trabajadores sanitarios que no podían desplazarse. Para la artista, el deterioro no era inevitable. “Me parece que ya que está esa arquitectura y que está esa infraestructura hubiese sido lo suyo mantenerlo, no dejar de invertir. Porque, claro, llega un momento en el que ya el coste de la reforma excede lo que supuestamente se puede pagar, pero eso se podía haber evitado”, reivindica De Andrés.

En Marbella, la Ciudad Residencial Tiempo Libre acabó en manos de los sindicatos y siguió ofreciendo vacaciones de bajo coste hasta que ha sido privatizada

Por otro lado, el caso portugués ofrece una evolución diferente. La FNAT fue sustituida por el Instituto Nacional de Aprovechamiento de los Tempos Libres, INATEL, que mantiene una actividad vinculada al turismo social y gestiona el complejo de Caparica. La propia artista ha estado allí como usuaria: “Ahora puedes ser socio, puedes no ser socio, y yo he ido allí como usuaria”. Dos edificios nacidos bajo dictaduras sobreviven, por tanto, de formas distintas a los regímenes que los construyeron. Esa transformación también aparece en la exposición, donde imágenes de archivo, postales, materiales publicitarios y fotografías turísticas se mezclan con vídeos realizados durante sus recorridos.

La metodología de Irene de Andrés busca precisamente poner en relación esas diferentes capas temporales. “Intento trabajar con muchas capas y datos temporales. No me interesa quedarme en el pasado, en dónde y cómo se construyó, sino cuál ha sido la evolución”, asegura la creadora. Para ello combina documentos de archivo con imágenes tomadas durante sus propios recorridos, entrevistas a personas que pasaron allí sus vacaciones y materiales turísticos contemporáneos, desde fotografías de TripAdvisor hasta postales que adquiere y digitaliza. El resultado evita convertir estos complejos en simples restos de un pasado autoritario y los presenta como espacios cuya historia continúa escribiéndose.

La promesa turística en Eivissa

La investigación conecta con el lugar de origen de Irene de Andrés, Eivissa, donde la promesa turística de prosperidad ha transformado por completo la isla. “Hay en esos lugares quienes sirven y quienes son servidos, pero para quién es ese lugar en el sol, para quién es esa promesa de un lugar en el sol”, plantea la artista. El desarrollo turístico supuso allí el paso de una economía prácticamente de subsistencia a otra basada en el turismo, pero también ha dificultado que muchos de los trabajadores que sostienen esa industria puedan vivir en la isla. “Igual el camarero que te está sirviendo el champán está viviendo en una tienda de campaña. A mí eso me parece una vergüenza”, critica la creadora.

Igual el camarero que te está sirviendo el champán está viviendo en una tienda de campaña. A mí eso me parece una vergüenza

Irene de Andrés — Artista

De Andrés recuerda también el caso de Can Rova y Can Rova II, donde personas que vivían en asentamientos “estaban pagando por un pedazo de tierra sin acceso a luz eléctrica”. “O sea, esto está pasando en Ibiza”, denuncia. Asimismo, rechaza que la solución pase simplemente por sustituir el turismo de masas por un supuesto “turismo de calidad” si eso significa reservar determinados territorios a quienes tienen mayor poder adquisitivo: “¿Que unas personas son de calidad o no por su poder adquisitivo? Vamos a volver a que solo los súper ricos puedan viajar. Pues tampoco es eso”. Su alternativa pasa por “encontrar un equilibrio” mediante “una regularización de la vivienda” y “un reparto justo de los recursos”.

Ese es, en último término, el recorrido de Por un lugar en el sol: de las vacaciones como derecho conquistado a las vacaciones como instrumento político y, finalmente, al turismo como una de las grandes industrias contemporáneas. Una historia que parte de las arquitecturas de las dictaduras europeas, pero acaba planteando una pregunta muy presente: quién puede vivir en los lugares convertidos en destinos, quién puede permitirse disfrutarlos y quién trabaja para que otros puedan hacerlo.

Un paciente con viruela del mono se encuentra ingresado en el Hospital Costa del Sol de la localidad malagueña de Marbella, centro que ha iniciado todos los protocolos establecidos para estos casos.

En relación con este caso, adelantado por Málaga Hoy, desde la Delegación de Sanidad han señalado que “como en todos los casos de infecciones, se toman las medidas oportunas según los protocolos, por lo que no existe ningún riesgo”.

Asimsmo, han indicado que el hospital “dispone de la infraestructura necesaria para abordar este tipo de casos y se toman las medidas oportunas según los protocolos establecidos”.

El Consejo de Transparencia de Andalucía ha resuelto que el Ayuntamiento de Marbella, que impuso a su personal un sistema de control horario basado en la recolección de su huella dactilar y el escaneo de sus rasgos faciales y les obligó a instalar una app de geolocalización, ha vulnerado de forma “muy grave” los principios básicos que rigen el tratamiento de datos biométricos.

El Consejo, que detecta hasta seis infracciones del Reglamento de Protección de Datos (dos muy graves, dos graves y dos leves), confirma así de manera definitiva la suspensión provisional de este sistema de fichaje que ya ordenó hace año y medio. El Consistorio no ha recurrido la resolución, que constata que el sistema era ilegal, pero no impone multa ni le apercibe.

Marbella tuvo en vigor este sistema durante tres años, pero ha tenido que sustituirlo ya por un sistema de tarjetas de radiofrecuencia. En su día pagó 171.000 euros por las herramientas para aplicar el reconocimiento de huellas, a pesar de las advertencias de algunos sindicatos, que sí lograron paralizar el sistema en municipios vecinos como Estepona.

En Marbella fue diferente. En diciembre de 2022, el Consistorio gobernado por Ángeles Muñoz (PP) empezó a comunicar a todos sus empleados, unos 3.600, que debían registrar sus datos biométricos para fichar. Algunos se negaron. Ante su resistencia a entregar su huella o sus rasgos faciales, incluso abrió varios expedientes disciplinarios por una posible falta grave, con advertencia de suspensión de empleo y sueldo durante tres años, que finalmente resolvió con apercibimientos.

El tratamiento de datos biométricos está prohibido de forma genérica, salvo que sea estrictamente necesario para cumplir obligaciones laborales, y siempre que lo autorice un convenio colectivo o el derecho europeo. No es el caso. Marbella siguió adelante con su sistema, aunque la Agencia Española de Protección de Datos ya había dejado claro que estos sistemas son contrarios a la normativa.

La resistencia de alguno de esos trabajadores y sindicatos desembocó en varios recursos y denuncias en vía administrativa y judicial. Cuando Transparencia inició la investigación que ahora concluye, en enero de 2025, el Consistorio suspendió abruptamente el sistema, en el que había invertido 171.000 euros.

Tres resoluciones judiciales en contra

Además de esta resolución de Transparencia, existen al menos tres resoluciones judiciales que han ordenado al Consistorio que suprima los datos personales recabados forzosamente de tres trabajadores, con condena en costas. La primera de esas resoluciones es la sentencia que adelantó este medio en julio de 2025, y en los otros dos casos el Ayuntamiento se ha allanado a lo que se le pedía el día anterior al juicio. Además, hay otros tres juicios señalados por demandas similares interpuestas por el sindicato policial SEALS.

Sin embargo, y pese a las resoluciones tanto de los juzgados como del Consejo de Transparencia, el Ayuntamiento sigue resistiéndose a emitir un Decreto que revoque su decisión inicial o que proceda al borrado generalizado de los datos. El Ayuntamiento ha esgrimido ante los jueces que es suficiente con un certificado de la empresa gestora del sistema de que ha borrado los datos del trabajador que ha reclamado.

“Si Transparencia ha determinado que la toma de datos biométricos ha sido irregular y ha encontrado seis faltas, ¿no debería proceder al borrado de todos los datos biométricos obtenidos irregularmente?”, reclama José Montesinos, secretario general del sindicato. En respuesta a este medio, desde el Consistorio oponen que la resolución de Transparencia no ordena la “supresión” de los datos biométricos, sino la “suspensión” (ahora ya definitiva) de su uso.

Sin evaluación de impacto ni información a los afectados

La denuncia que origina ahora la resolución de Transparencia fue interpuesta por SEALS, que dio la voz de alerta al máximo órgano andaluz para la protección de datos: se habían tomado fotografías de trabajadores de la cara de los trabajadores para establecer un control horario en el Ayuntamiento basado en el reconocimiento de sus rasgos faciales, sin que muchos de ellos dieran su consentimiento; además, el Consistorio obligaba a muchos empleados a instalar en sus móviles una aplicación que registrase su ubicación en cada momento.

El Ayuntamiento de Marbella esgrimió entonces que recopilar las huellas dactilares y los rasgos faciales de sus empleados era la única forma de garantizar el registro diario de su jornada laboral, y razonaba que estaba amparado por su propio reglamento municipal, que establece la “estricta observancia” de la obligación de fichar y que el control de la asistencia, puntualidad y permanencia se llevará a cabo mediante “sistemas mecanizados, relojes, o cualquier otro medio”.

En cuanto a la app, el Consistorio ha defendido siempre que ni empleaba datos biométricos ni se la podía calificar de herramienta de “geolocalización” porque no permitía el rastreo o seguimiento de sus empleados, sino que solo los ubicaba cuando fichaban y si estaban en su ruta.

Transparencia no ha comprado estos argumentos, y ha constatado que Marbella recabó los datos desde septiembre de 2022, hizo obligatorio el sistema biométrico en febrero de 2023 y lo mantuvo hasta marzo de 2025.

Se trata de datos personales especialmente protegidos, pero el Ayuntamiento los recopiló sin la necesaria evaluación de impacto, que sólo realizó siete meses después y sin el contenido mínimo. Por ejemplo, no explicaba por qué no se optaba por algún sistema alternativo de fichaje (como tarjetas o códigos personales), ni contenía una evaluación de riesgos, algo especialmente importante por la asimetría de poder entre empleado y empleador y por la importante afectación a la intimidad que supone disponer de datos biométricos. El Consistorio ni siquiera informó correctamente a sus trabajadores: despachó el asunto con una mera nota informativa en el portal del empleado.

Con esos datos, implantó un sistema de control horario mediante una aplicación que los trabajadores de algunos servicios municipales deben instalar en sus dispositivos móviles, ya sean corporativos o particulares, que recaba datos de geolocalización en el momento del fichaje y continúa utilizándose. Tampoco para esto realizó la necesaria evaluación de impacto, ni informó a sus empleados, tal y como marca el Reglamento de Protección de Datos.

Las resoluciones judiciales y la decisión de Transparencia ponen fin a la controversia, aunque el Ayuntamiento insiste en que no está obligado a borrar los datos recabados irregularmente, y está por ver el destino de la app de geolocalización, a la que Transparencia deja la puerta entreabierta si supera una evaluación de impacto y se informa a los afectados.

La Asociación Trans de Andalucía–Sylvia Rivera (ATA) exige que la muerte de Franyel, mujer trans de 35 años asesinada este domingo a puñaladas por su pareja en San Pedro de Alcántara (Marbella), sea reconocido y tratado institucionalmente como “un crimen de violencia machista”.

La Policía Nacional comenzó a investigar el crimen como un “episodio de violencia de género”, pero, dado que la víctima –de origen venezolano– no figuraba inscrita como mujer porque no había iniciado los trámites administrativos para el cambio de sexo, finalmente tramitaron las diligencias en el ámbito de violencia doméstica en lugar de violencia machista.

La plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella (Málaga), en funciones de guardia, ha decretado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 58 años detenido por matar a Franyel, con quien mantenía una relación de pareja desde hacía tres meses y a la que siempre ha considerado como mujer, según admitió el presunto autor del crimen.

Así, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque la fallecida era una mujer trans, el asunto será investigado por una plaza de la sección de instrucción y no de violencia sobre la mujer, dado que no se había inscrito aún con la nueva identidad femenina en el Registro Civil, un requisito legal indispensable en este ámbito.

Sin embargo, desde ATA lamentan que Franyel haya sido “víctima de una cadena de violencias que no puede continuar después de su muerte”. Al respecto, la presidenta de esta asociación, Mar Cambrollé, señala que “Franyel ha sido víctima de la violencia ejercida por su pareja, de la negligencia de un Gobierno que tardó más de tres años desde la aprobación de la Ley Trans en habilitar el procedimiento que permitiera a las personas trans migrantes ejercer efectivamente su derecho a adecuar el sexo de su documentación y ahora no puede volver a ser víctima de unas instituciones que, precisamente por haberle impedido realizar ese cambio, se nieguen a reconocerla como mujer y a tratar su asesinato como violencia machista”.

“Consecuencia de años de inacción administrativa”

Desde ATA recuerdan que “la Ley 4/2023 reconoció en su artículo 50 el derecho de las personas trans extranjeras que no pudieran modificar sus documentos en sus países de origen a adecuar la mención relativa al sexo y el nombre en la documentación expedida en España, sin embargo, hubo que esperar hasta el pasado 13 de julio de 2026 para que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía establecieran el protocolo que permitiera hacer efectivo este derecho”.

Para ATA resulta “especialmente grave” que “esa discordancia documental, consecuencia de años de inacción administrativa”, pueda utilizarse ahora para negar, “una vez asesinada, su condición de mujer y el reconocimiento de la violencia machista sufrida”.

Cambrollé insiste en que “Franyel era una mujer, vivía como una mujer y ha sido asesinada como una mujer, una igualdad real jamás se construirá sobre la exclusión o el olvido de ninguna mujer”. La presidenta de ATA denuncia asimismo que estamos ante una situación de “violencia institucional”. A su juicio, “el Estado no puede impedir durante tres años que una mujer trans migrante ejerza su derecho a tener una documentación acorde con su identidad y, cuando es asesinada por su pareja, utilizar precisamente la ausencia de ese reconocimiento documental para no tratarla como mujer”.

Por ello, ATA-Sylvia Rivera se dirige al Ministerio de Igualdad, a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, al Ministerio de Justicia y a las autoridades judiciales competentes para exigir que Franyel “sea reconocida como la mujer que era y que su asesinato sea abordado como violencia machista”, así como para reclamar “criterios que garanticen que ninguna mujer trans migrante quede fuera de la protección frente a la violencia de género por una cuestión meramente registral”.

Un hijo de la alcaldesa de Marbella, Alexander John Broberg, batalla en la Audiencia Nacional por no perder la casa donde vive como consecuencia del decomiso dictado por el tribunal en un caso de narcotráfico y blanqueo de capitales. Se trata de la misma sentencia que condena a su hermanastro Joakim a nueve años de cárcel y considera probado que el padre de ambos y marido de Ángeles Muñoz, Lars Broberg, participó en una operativa de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de hachís y marihuana.

En un escrito presentado ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elDiario.es, la representación legal de Alexander John Broberg Muñoz solicita estar personado en el procedimiento y tener acceso a las actuaciones. El hijo de Ángeles Muñoz alega ser “gravemente perjudicado” por la sentencia del tribunal especializado porque en la finca está el “domicilio familiar” que comparte con su pareja.

Alexander John es propietario y administrador único de Leslie Company INC y dicha compañía es la propietaria de la finca. La propiedad ha sido decomisada, vía sentencia, “hasta la cantidad de 230.000 euros, al tiempo que se declara la nulidad de la transmisión de acciones de dicha sociedad realizada en diciembre de 2019 en favor” del propio Alexander John que hizo su padre, Lars Broberg, según el escrito de su representación legal.

El fallo condenó a 21 de los 24 encausados a penas que van de los 2 a los 16 años de cárcel, todos ellos pertenecientes o relacionados con una sucursal de la Mocromafia sueca en la Costa del Sol. Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa, fue condenado a nueve años de cárcel por narcotráfico y blanqueo de capitales. El pasado miércoles, Joakim fue puesto en libertad, en contra del criterio de Antidroga, que pedía que todos los condenados aguardaran la sentencia del Tribunal Supremo en la cárcel, informan fuentes jurídicas. Solo dos de los condenados han ingresado en la cárcel por decisión del tribunal.

La casa de Alexander John está relacionada con una de las operaciones de blanqueo de capitales de la droga recogidas en la sentencia. Lesley Company Inc. es una sociedad panameña que Lars Broberg, el marido de Muñoz creó hace décadas en Panamá, cuando ya estaba casado con la actual alcaldesa de Marbella y ella emergía en política. La sociedad de Lars Broberg declaró que el beneficiario de la finca en cuestión era su hijo Joakim.

El 8 de octubre de 2010, Lesley Company hipotecó la propiedad, recibiendo un préstamo de una sociedad radicada en Liechtenstein. Joakim canceló la hipoteca siete años después, el 26 de julio de 2017, en un acto en el que él mismo representó a la sociedad panameña y a la de Liechtenstein, según documentos hallados en los registros de la operación policial. 

El condenado por narcotráfico canceló así la hipoteca en un único pago mientras su organización de narcotráfico trabajaba a pleno rendimiento. Según destacaron los investigadores durante el juicio, no hay constancia de dónde procedió el dinero para cancelar de una vez la hipoteca.

“Tales circunstancias, unido a lugar de residencia de las entidades (Panamá y Liechtenstein), a que el préstamo tenía unas condiciones que distaban de las ordinarias, y que Joakim Broberg no ha acreditado de donde provine el supuesto dinero para hacer frente al mismo, nos conduce a una operación de blanqueo de 230.000 euros”, resolvió el tribunal.

Posteriormente, en 2019 hubo una transmisión de acciones mediante un cambio de administrador de Lesley Company, que pasa de Joakim a Alexander John Broberg por decisión de Lars Broberg, el marido de Ángeles Muñoz y padre de ambos. Se trata de la transmisión de un bien a título gratuito, tal y como reconoció en el juicio Alexander y que ha constituido previamente una operación de blanqueo por valor de 230.000 euros, según la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La fiscal: “No le ha dado la gana personarse pese al decomiso”

Durante su declaración en el juicio como testigo, Alexander Broberg aseguró que lleva viviendo en la casa desde 2017 y que en 2019 es su propietario como consecuencia de una “donación” de la sociedad. “Se cambiaron de nombre las acciones, la Sala tiene la documentación original. No hubo ningún pago”, afirmó el hijo de Ángeles Muñoz. Sin embargo, la fiscal Antidroga solicitó “la nulidad de la transmisión de acciones que se realizó en 2019 a favor de Alexander Broberg”.

En el escrito que acaba de presentar Alexander John dice que está en peligro la casa donde recibe junto a su pareja y que él es, en consecuencia, “gravemente perjudicado” por el fallo de la Audiencia Nacional. Sin embargo, durante el juicio, la fiscal María Dolores López Salcedo criticó la actitud pasiva del hijo de la alcaldesa: “No le ha dado la gana de personarse pese a que conocía el decomiso”.

Este punto de la sentencia muestra cómo la operación de narcotráfico y blanqueo circundó a la alcaldesa de Marbella durante años. Su marido, Lars Broberg, nunca fue juzgado porque su procesamiento se suspendió por motivos de salud, tres años antes de que falleciera. Pero su nombre fue sacado a colación en el juicio por la Fiscalía Antidroga y la Unida contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía por el interés que tenían en recuperar el dinero de esa operación de blanqueo en la que consta participó el marido de la alcaldesa y su hijastro. Y del que luego se ha beneficiado su propio hijo, John Alexander.

Ángeles Muñoz, que cortó toda relación con Joakim Broberg tras la muerte de su padre, no puede desembarazarse del condenado por narcotráfico ni de las consecuencias de la sentencia. Recientemente, un juzgado de Marbella ha resuelto que la alcaldesa tendrá que acudir a su sede a dirimir la herencia de su marido, implicado en el blanqueo del narcotráfico, después de que hayan pasado tres años sin que hiciera un solo trámite para que los hijastros recibieran su parte.

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que desestima la demanda de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, contra las informaciones publicadas por elDiario.es a partir del procesamiento de su marido, ya fallecido, e hijastro en una causa por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Tres magistrados de la Sala Civil del Alto Tribunal han decidido inadmitir su recurso y, de esta forma, la condena en costas a la alcaldesa de Marbella ya es firme.

La providencia del Supremo, emitida el 1 de julio, confirma el fallo previo de la Audiencia Provincial de Málaga, que en su resolución calificaba de “veraces” las once informaciones que denunciaba Ángeles Muñoz y decía de las mismas que tienen “evidente interés general”. El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Marbella ya había establecido, a su vez, que las noticias de elDiario.es tenían “interés público” y que la información que contenían había sido “escrupulosamente contrastada” antes de su publicación. Muñoz recurrió esa primera decisión y posteriormente también recurrió en casación el fallo de la Audiencia de Málaga.

Los tres magistrados del Supremo consideran que no procede admitir el recurso de Muñoz y recuerdan que la Audiencia Provincial concluyó que su derecho al honor “decae en favor de la libertad de información toda vez que nos encontramos ante noticias veraces, fundadas en fuentes fidedignas identificadas y susceptibles de contraste, sin que se impute delito alguno a la demandante y sin que se utilicen términos degradantes o vejatorios”. También explican que la alcaldesa de Marbella no consigue “justificar” por qué la sentencia recurrida “es incongruente o está falta de motivación”, de forma que también inadmite el recurso por ambos motivos.

Este periódico desveló en noviembre de 2022 el procesamiento del marido de la alcaldesa y su hijastro dentro de una causa de la Audiencia Nacional contra una sucursal de la 'Mocromafia' sueca en la Costa del Sol. elDiario.es continuó investigando y reveló el abultado patrimonio de Ángeles Muñoz, pese a llevar tres décadas dedicada en exclusiva a la política. Este medio también publicó el contenido de los informes policiales que solicitaban a la Audiencia Nacional, sin éxito, que abriera una vía de investigación por corrupción en relación al uso que habría hecho el presunto narcotraficante Joakim Broberg del poder de su madrastra. Hace una semana la Audiencia Nacional condenó a nueve años de cárcel al hijastro de la alcaldesa por narcotráfico y blanqueo.

elDiario.es accedió igualmente a una investigación de años atrás de la Fiscalía Anticorrupción, que había permanecido en secreto, sobre los indicios de corrupción hallados en unos correos electrónicos de la alcaldesa de Marbella. Por estas últimas informaciones, el periodista de elDiario.es que las firma, Pedro Águeda, continúa imputado en un juzgado de Marbella, acusado de revelación de secretos a partir de una querella presentada por Ángeles Muñoz, en este caso por la vía penal.

La asunción por la Fiscalía y los jueces de instrucción de las tesis que plantean los informes policiales contempla excepciones. Ocurrió con el caso que afectaba por narcotráfico y blanqueo de capitales a familiares de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en el que las unidades policiales implicadas solicitaron en tres informes que se abriera una nueva línea de investigación, por delitos de corrupción, sin que la Fiscalía Antidroga ni los jueces que tuvo el caso en la Audiencia Nacional accedieran a ello.

La Audiencia Nacional acaba de condenar a nueve años de cárcel por narcotráfico y blanqueo de capitales a Joakim Broberg, hijastro de Ángeles Muñoz, regidora de Marbella. En las intervenciones telefónicas que practicó la Policía, con autorización del juez, Joakim aludía al poder que tenía en las administraciones de la Costa del Sol, incluido el Ayuntamiento que preside su madrastra, pero esos comentarios no fueron suficientes para indagar en lo que había detrás.

“Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente [informe], se solicita se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias decretando el secreto de las actuaciones”. Esta es la conclusión de un informe de la UDEF entregado al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en julio de 2019. La propuesta de la Policía nunca fue admitida, pese a los indicios de los que se acompañaba.

Las afirmaciones realizadas por el hijastro de la alcaldesa de Marbella en las conversaciones intervenidas y las comprobaciones posteriores realizadas por los agentes hacían sospechar a la UDEF de que el presunto narcotraficante se había servido del poder de Ángeles Muñoz para hacer negocios.

La fiscal del caso, María Dolores López Salcedo, y el juez en aquel momento, Alejandro Abascal, no adoptaron la medida que solicitaba la UDEF. Los agentes reiteraron esos indicios en dos informes más, pero no obtuvieron respuesta. El 'caso de los suecos' siguió instruyéndose como otra causa contra el tráfico de drogas internacional, en este caso de hachís. Nada de corrupción.

En una de esas intervenciones, Joakim Broberg contaba a uno de sus socios que estaba en un bar al lado de un funcionario de Benahavís, localidad contigua a Marbella, al que habrían sobornado en el pasado. Una conversación que el hijastro de Ángeles Muñoz remataba: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”. Tres días antes se habían celebrado las elecciones municipales y el PP había vuelto a arrasar en la Costa del Sol. Tres meses antes, Juan Manuel Moreno Bonilla se había convertido en presidente de la Junta tras cuatro décadas de gobiernos socialistas en Andalucía.

La Policía comenzó a investigar y confirmó que el funcionario existía y respondía a la descripción que hacía el hijastro de Ángeles Muñoz. “De las conversaciones telefónicas interceptadas a Joakim Broberg se desprende la gran influencia que tiene el sueco sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí”, advertía por escrito la inspectora 85.972.

García Castellón evitó la acusación popular

La negativa de la Audiencia Nacional a abrir una línea de investigación por corrupción no fue el único hecho anómalo de la causa contra el marido de Ángeles Muñoz. El siguiente juez del caso, Manuel García Castellón, mantuvo en secreto el procedimiento hasta que finalizó la instrucción y dictó el auto de procesamiento, de tal modo que ninguna acusación popular pudiera personarse y pedir un impulso ese sentido. Cuando el PSOE conoció por los medios de comunicación el procesamiento de Lars Broberg, marido de Ángeles Muñoz, y de Joakim, hijo del primero, se apresuró a solicitar la personación, pero García Castellón le comunicó que era tarde.

El caso contra la familia de la alcaldesa de Marbella, del Partido Popular, quedó por tanto huérfano de cualquier propuesta de investigación de la acusación popular, al contrario de lo que ocurre en otras causas de actualidad, como son las de Ábalos, Zapatero o Leire Díez, donde las organizaciones ultras que integran la acción popular, junto al PP, llegan más lejos que la Fiscalía.

Tres meses después de la primera advertencia policial sobre la corrupción que irrumpía en la investigación contra Joakim Broberg y otros llegó un segundo atestado de la UDEF. En octubre de 2019, en un informe ampliatorio, la Policía trasladaba a la fiscal y al juez que había encontrado “tres aspectos fundamentales en lo que se refiere a las actividades delictivas de Joakim Peter Broberg”: sus “negocios inmobiliarios”, la utilización de paraísos fiscales y abogados especializados y, por último, un “notorio uso de influencias en las distintas administraciones públicas involucradas, que no duda en usar tanto para beneficio propio como de terceros”.

Un año después de la primera alerta sobre presunta corrupción vinculada a Ángeles Muñoz hubo un tercer informe policial con alusiones a la corrupción. En este caso, los agentes abordaban las conversaciones del hijastro de Muñoz en el otoño de 2019. Uno de los epígrafes del informe policial, fechado el 3 de agosto de 2020, se titulaba: “Información privilegiada para favorecerse con una operación de venta de terrenos”.

Los agentes habían escuchado a Broberg hablar con una colaboradora de su padre y con otro empresario con antecedentes. “Se pone de manifiesto que Joakim cuenta con información privilegiada respecto a la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Urbanística”, escribieron en agosto de 2020. Broberg planeaba comprar unos terrenos de los que su dueño no había podido desprenderse por “un problema con el Ayuntamiento”.

La causa había quedado, por parte del Ministerio Público, exclusivamente en manos de una fiscal Antidroga, María Dolores López Salcedo, a la que nunca le interesó expandir la causa contra una sucursal en la Costa del Sol de la Mocromafia sueca a un posible caso de corrupción en la zona.

Una investigación en secreto, un cierre sin publicidad

El marido de Ángeles Muñoz, Lars Broberg, logró que se archivara el procedimiento contra él por su deteriorado estado de salud a los pocos días de producirse. A diferencia de otros casos con relevancia mediática, el auto de procesamiento no fue difundido por el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional. Solo la información de elDiario.es desveló la investigación contra el marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella.

La fiscal López Salcedo no había hecho una sola pregunta a Joakim Broberg cuando este compareció en fase de instrucción, ni de la corrupción, ni del tráfico de drogas. Tampoco hubo oportunidad de que lo intentara una acusación popular porque García Castellón mantenía secreta la causa.

Otro escándalo que quedó por investigar fue el chivatazo que Lars Broberg le dio a su hijo de que estaba siendo investigado. En sueco, le dice el 28 de octubre de 2019: “Escucha, escucha, el que estás sujetando está intervenido”. Se refiere a que el terminal que usa es objeto de una intervención con autorización judicial.

Desde Antidroga aseguraron que esos soplos son frecuentes en este tipo de investigaciones, más aún si hay implicadas multitud de unidades policiales y juzgados, sobre todo si son de varios países, como es el caso, y que resulta imposible dar con el origen del chivatazo.

La única referencia a Lars Broberg durante el juicio que se celebró en mayo de 2025 fue cuando la fiscal preguntó a la inspectora de la UDEF por el papel del difunto marido de la alcaldesa en tres operaciones de blanqueo de capitales del narcotráfico. El motivo, explicó López Salcedo, es que Antidroga solicita el decomiso de unas propiedades de Lars Broberg que sospecha maneja a día de hoy su hijo. La inspectora atribuyó al marido de Ángeles Muñoz una labor de “supervisión” en esa trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Finalmente, la sentencia solo menciona a Lars Broberg en la venta de una casa con la que su hijo Joakim habría lavado dinero de la droga, pero con la particularidad de que en la actualidad, y a través de un método considerado fraudulento por el tribunal, pertenece a un hijo de la pareja, esto es, de Lars Broberg y la alcaldesa de Marbella. La casa de Alexander Broberg es confiscada por la Administración, según aparece en la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Lars Broberg falleció en marzo de 2023. Su entierro supuso un desfile de autoridades, también policiales, para rendir homenaje a un próspero empresario del sector inmobiliario al que Ángeles Muñoz siempre atribuyó su lujoso estilo de vida.

La Audiencia Nacional ha condenado a nueve años de cárcel a Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales. La sentencia también le impone una multa de 4,9 millones de euros. La Fiscalía Antidroga, durante el juicio, llegó a pedir para él el doble de años de prisión además de 30 millones de euros en multas.

La sentencia, con ponencia de la magistrada Ana Revuelta, considera probado que Broberg se dedicó desde al menos 2019 a la compra y venta de marihuana y hachís para enviarla desde España a Francia y a terceros países. En esa operativa, señala él mismo contactaba con los proveedores e incluso con miembros de otras redes para suministrar la sustancia estufefaciente. Junto a él, la Audiencia Nacional ha condenado a otros 21 encausados a penas que van de los 2 a los 16 años de cárcel por delitos de  tráfico de drogas, pertenencia a una organización criminal -formada principalmente por ciudadanos suecos- y por blanqueo de capitales. A once de ellos se les ha aplicado la atenuante de confesión dado que reconocieron los hechos y se conformaron con las penas que solicitaba la Fiscalía Antidroga.

Si bien el tribunal no condena a Broberg por el delito de pertenencia a organización criminal, sí que explica que a lo largo de 2020 usó EncroChat para ponerse en contacto con proveedores como el conocido 'Canaryegg' para abastecerse de sustancias que provenían de Marruecos y llegaban a la costa española en barco. “No ha podido determinarse la cuantía exacta de las operaciones realizadas, ni el valor de la cantidad de marihuana incautada en Francia”, indica la ponente, sin embargo.

La resolución se para además a detallar cómo el hijastro de la alcaldesa de Marbella utilizó en ocasiones su inmobiliaria Wasa Consulting, ubicada en el Centro Comercial Plaza de Marbella, junto con otro encausado “con la finalidad de ocultar fondos procedentes del tráfico ilícito de estupefacientes y otras actividades ilícitas, e introducir en el circuito lícito financiero los beneficios ilícitos obtenidos”. Un blanqueo de capitales de libro que llevaron a cabo gracias a operaciones mercantiles como la compraventa de la denominada 'Casa Grande Roja', gracias a la que lavaron 3 millones de euros.

En esta causa no está el padre de Joakim, Lars Gunnar Broberg, porque no fue procesado por motivos de salud -falleció en 2023, dos años antes de que se celebrara el juicio-. Pero en el escrito de acusación del Ministerio Público, en el que inicialmente se pedían 22 años para el hijastro de la alcaldesa, se consideraba acreditado que ella, Ángeles Muñoz, convivió durante años con una persona, su esposo ya fallecido, que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico. El escrito de acusación de la fiscalía especializada concluía que el padre prestó su “colaboración” en el blanqueo de 7.300.820 euros obtenidos del tráfico de cannabis procedente de Marruecos.

A esa operación de blanqueo de la 'Casa grande Roja', los magistrados suman otras, como la compraventa de 'Las tres fincas de El Herrojo' que posibilitó blanquear 721.728 euros, la adquisición de un inmueble en Marbella a través de la sociedad panameña Lesley Company Inc. y de una mercantil radicada en islas Vírgenes, Poni Participation Corp. que permitió lavar para Broberg otrs 230.000 euros.

El hijastro de la alcaldesa marbellí no solo se afanó en cultivar el sector del ladrillo, toco otros palos para blanquear: el oro y las piedras preciosas. La Audiencia Nacional considera probado que en 2019 realizó una importante transacción de hasta 20 kilogramos de oro que habría recibido como “pago de una deuda procedente de África” y a cambio recibió cantidades dinerarias en “bancos de fuera”. En total blanqueó con esa artimaña 894.000 euros.

La investigación

Según recuerdan los magistrados, fue en abril de 2019 cuando se presentó en Antidroga un atestado de la UDYCO Central en el que se detallaban las vinculaciones de los implicados en esta red con el tráfico de drogas y el crimen organizado. Pero el origen del trabajo policial se ubica en septiembre de 2018 cuando el Grupo VI de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona recibió una solicitud de asistencia judicial procedente de Suecia para llevar a cabo una vigilancia transfronteriza con motivo de un presunto delito de tráfico de estupefacientes en el que estarían implicados diversos criminales suecos.

En este marco, indica la Audiencia Nacional, se recabaron “indicios suficientes que evidenciaron la actividad en distintos lugares de nuestro país, y especialmente en Barcelona y la Costa del Sol, de un grupo criminal de origen sueco pero con participación de otros nacionales e incluso de marroquíes, compuesto por diversas células y cuya acción delictiva incluía, entre otras actividades, el transporte de hachís desde Marruecos hasta el país nórdico a través de distintos medios”.

La sentencia, que rechaza todas las cuestiones de nulidad planteadas por los encausados, sostiene que la información obtenida por Francia de la red Encrochat -instrumento que usaba el crimen organizado transnacional para comunicarse de manera velada- “no se ha obtenido vulnerando ningún derecho fundamental” por lo que ha podido ser utilizado como fuente de prueba en el procedimiento. Broberg era 'Fattonny' en esa red, y consta conversaciones con otros condenados en los que preguntaba si había “algo de chocolate ya”, en referencia a cargamentos de droga que llegaban vía barco pesquero desde Marruecos.

Durante la operación se incautaron 244.331 gramos de cannabis en una nave de San Pedro de Alcántara (Málaga) con un valor superior a los 415.000 euros; hasta 25 fardos de hachís frente a la costa granadina con 550 kilos de esta sustancia con un valor de 919.050 euros; y 27.900 gramos de resina prensada de hachís con un valor de 46.352 euros.

La pena más alta, de 16 años de cárcel, recae en Ivan Cicak, a quien la sentencia considera el organizador de toda la estructura criminal en la que participa el resto con sus respectivos cometidos. Dirigía y coordinaba todos los envíos, obtenía el beneficio de la compra de la droga y se encargaba del pago a los restantes miembros de la organización.

Una jueza investiga a José Antonio Mena, alcalde (PP) del municipio malagueño de Benahavís (9.472 habitantes) desde 2007 por tolerar que Marbella Club, un lujoso hotel ubicado en la Milla de Oro de Marbella, explote un complejo hípico en suelo público de Benahavís sin que conste concesión ni el pago de canon alguno al Ayuntamiento. Según el fiscal que ha interpuesto la denuncia, las instalaciones que allí tiene el club, con cuadras, boxes, pistas de competición y dependencias auxiliares vinculadas a la actividad ecuestre y hotelera, tampoco tienen licencia administrativa alguna.

El juez ha llamado a Mena para declarar como investigado el próximo 24 de septiembre. También pasarán juzgado el concejal del PSOE Luis Feito; el secretario, el interventor, el tesorero, el jefe de Urbanismo y el responsable jurídico de Benahavís; y el Presidente y Consejero de la sociedad que explota el terreno, Marbella Club Hotel, S.A. El juez, que ya requirió documentación al Ayuntamiento, ha vuelto a solicitársela porque la que ha recibido hasta ahora es incompleta.

El fiscal del área de Marbella Luis Ángel Baeza presentó la denuncia a finales de marzo, y se basa en un escrito presentado por el concejal socialista, en el que se cuenta que una parcela en el paraje Caserías El Esperonal, prevista para equipamiento público, está siendo usada para un centro ecuestre y cuadras al menos desde 2005, aprovechando que se ubica junto al campo de golf del que sí es titular el Marbella Club. A priori, el uso de ese espacio municipal era provisional y limitado al campeonato de saltos de España, que se celebró allí en 2005 y 2006 con victorias de Luis Plaza y Cayetano Martínez de Irujo. Pero desde entonces, hace veinte años, nadie en el Ayuntamiento movió un dedo por regularizar la situación con una concesión definitiva.

“Se respira lujo ecuestre en todo el complejo”

La parcela pública está vallada e integrada en el complejo hotelero, destinada al uso exclusivo de los clientes de los hoteles Marbella Club y Puente Romano, ubicados en la Milla de Oro de Marbella, y a particulares interesados en montar a caballo o perfeccionar sus habilidades. Nació para que los clientes del hotel pudieran alquilar y montar a caballo mientras disfrutaban de sus vacaciones en Marbella. “Se respira lujo ecuestre en todo el complejo”, que dispone de 36 grandes cuadras con frontones victorianos y “pastos dorados” importados cada mes desde Lituania. Cada mes se celebra en el lugar un “concurso social” de doma clásica.

Allí hay entrenamientos para alta competición y desde allí parten excursiones “cruzando valles y ríos, subiendo montañas con unas vistas espectaculares al Mar Mediterráneo y por una Cañada Real por la que se cabalga desde el Medievo”. Tiene 80 boxes fijas, con posibilidad de ampliar a 250 cuando hay concursos o campeonatos, dos pistas de geotextil de 100x60 para concursos, otra para ensayo de 55 x 35 y un caminador para seis caballos.  

El propio Ayuntamiento publicita en su web la actividad hípica del Marbella Club. La descripción tanto en la web municipal como en la del hotel muestra una infraestructura estable y permanente. No es ningún secreto, al contrario, que allí hay un centro hípico del Marbella Club. Es conocido por todo el mundo, pero hasta ahora, nadie parecía haberse preguntado de quién eran los terrenos, y si eran municipales, con qué derecho los ocupaba una entidad privada.  

Instalaciones “al parecer” provisionales

Hace poco más de un año, el grupo socialista decidió preguntar al alcalde. ¿Había autorización, convenio o concesión que amparase el uso de ese suelo municipal por el Marbella Club? Y si lo había, ¿se percibía una contraprestación?

La primera vez, el alcalde no contestó. Pero registraron las preguntas por escrito, y el alcalde admitió que, en efecto, aquello está en una parcela de equipamiento público; que “al parecer” las instalaciones se autorizaron hace tiempo con carácter provisional, pero no hay documentación; que al terminar el campeonato allí se quedaron “a disposición principalmente de los propietarios de la urbanización”; pero que todo es desmontable “en cualquier momento”.

Según esa respuesta, el Ayuntamiento sabía que estaban en precario, e intentó legalizarlas adecuando el uso al PGOU, pero no pudo. El Ayuntamiento aseguraba también que iba a estudiar la legalización, y si no era posible, desmantelaría todo.

Para el PSOE, la respuesta del Ayuntamiento admite varios hechos presuntamente delictivos: una entidad privada ha ocupado suelos municipales de equipamiento sin título, y el Ayuntamiento, que lo sabe, no ha hecho nada. El uso como centro hípico privado vinculado a la actividad hotelera no es compatible con la calificación de equipamiento público, y ninguna modificación urbanística puede soslayar el hecho de que no se haya autorizado el uso con una concesión o autorización en procedimiento público. “La utilización privativa de bienes públicos exige el respeto estricto a los principios de legalidad, publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia”, recuerda el escrito de los socialistas, que ven aquí no sólo un quebranto de estos principios, sino un perjuicio al interés general y al patrimonio público mediante la “privatización material” del suelo municipal.

Meses después de obtener esta respuesta, el concejal socialista volvió a preguntar qué se había hecho, y si se habían encargado estudios o informes para legalizar la situación o desmantelar las instalaciones. Y en noviembre recibió nueva respuesta: no se había hecho nada para restablecer la legalidad o recuperar el terreno desde abril, a pesar de lo que había dicho el alcalde.

El PSOE quiere también que se investigue si las cuadras, edificios auxiliares, muros, vallados y demás elementos constructivos tienen alguna licencia o no, y si, dado que la ocupación es presuntamente irregular, el Hotel Marbella Club está pagando el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sobre esta parcela o no.

Un juzgado de Marbella ha citado a su alcaldesa a una comparecencia para “practicar la formación de inventario” previo al reparto de la herencia de Lars Broberg, el marido de la regidora fallecido hace ya más de tres años. La citación, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se produce en el marco de la denuncia presentada por dos de sus hijastros, cansados de esperar que Ángeles Muñoz no entregara la parte que consideran que les corresponde de los bienes de su padre, un empresario inmobiliario que fue procesado por blanqueo del narcotráfico en 2022 y cuya causa quedó archivada por su estado de salud.

Lars Broberg aportó al matrimonio con Ángeles Muñoz tres hijos de un anterior matrimonio. Tras la boda, hace más de 30 años, la pareja tuvo dos hijos. Pero son dos de los hijastros de Muñoz quienes reclaman a la alcaldesa la parte que les corresponde de la herencia de su padre. De estos, uno es Joakim Broberg, juzgado en la Audiencia Nacional por tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la misma causa en la que fue procesado su padre. El otro hijastro es Lars Toni Andreasson, fruto de una relación extramatrimonial de Lars Broberg antes de trasladarse a España. Reconocido por Broberg, Lars Toni ha llevado el apellido de su padre, pero nunca vivió con el matrimonio, a diferencia de los otros dos hijastros. 

Muñoz estaba citada para el próximo lunes a las 10.30 horas en el Juzgado de Primera Instancia de Marbella, pero la imposibilidad de citar a alguno de los implicados en el reparto ha obligado a postergar la comparecencia, explican fuentes jurídicas. Antes de que eso ocurriera, Muñoz había pedido no desplazarse de su domicilio al juzgado de Marbella e intervenir por videoconferencia. El juzgado no llegó a pronunciarse sobre esta petición antes de anular la citación.

Los intentos de los hijastros por llegar a un acuerdo con Muñoz recibieron la callada por respuesta de la alcaldesa de Marbella, que no tuvo más remedio que personarse en el procedimiento el pasado noviembre 25 de noviembre. En septiembre del pasado año, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Marbella admitió a trámite la demanda para la “división judicial” de la herencia de Lars Broberg.

El marido de Muñoz era un ciudadano sueco con antecedentes por falsificación de matrículas que hizo fortuna en el sector inmobiliario de la Costa del Sol. Tanto es así que Muñoz siempre atribuyó su lujoso estilo de vida al éxito en los negocios de su marido. 

La Fiscalía Antidroga relacionó a Lars Broberg con tres operaciones inmobiliarias para blanquear más de siete millones de euros. El dinero procedería del tráfico de hachís orquestado por una delegación de la Mocromafia sueca asentada en la Costa del Sol y de la que sería cabecilla su hijo Joakim, pendiente de que la Audiencia Nacional dicte sentencia. El juicio se celebró entre los meses de junio y julio de 2025. Durante el mismo, la Fiscalía insistió en la participación del fallecido Lars Broberg en el blanqueo del narcotráfico y solicitó una condena de 18 años de cárcel para su hijo Joakim.

Para repartir la herencia es necesario conocer antes a cuánto ascienden los fondos y bienes que Broberg dejó en vida, esto es, “la intervención judicial del caudal hereditario”, según se mencionaba en el auto de admisión de la demanda. De ahí que el Juzgado deba reunir a la viuda, a los hijos y los hijastros.

En la resolución, el juzgado ordenaba notificar la demanda a Ángeles Muñoz y que esta informara de la dirección de los dos hijos del matrimonio, Alex Jhon Broberg Muñoz y Christina Erik Broberg Muñoz, así como dónde localizar a Fredick Broberg, el tercer hijastro que no se ha unido a la demanda para el reparto de la herencia. Fredik es un financiero con residencia en Dubai. elDiario.es intentó sin éxito en aquel momento recabar un comentario de Ángeles Muñoz a través del departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Marbella.

Lars Broberg mantuvo la nacionalidad sueca y no residía más de seis meses en España para tributar en su país. Las fuentes consultadas explican que su testamento responde a la distribución de la herencia que marca la ley sueca. Según esta, el heredero principal en una pareja con hijos es el cónyuge y los hijos no tendrán derecho a reclamar su parte de la herencia hasta que muera este. Para los hijastros la situación es otra. Estos hijos del fallecido, procedentes de una relación anterior, pueden reclamar su herencia inmediatamente después al fallecimiento de su padre, sin necesidad de esperar a que la pareja de este fallezca.

La ostentosa vida de la pareja

La ostentosa vida de Ángeles Muñoz abre una incógnita sobre la herencia de Lars Broberg. Por otra parte, el procesamiento del empresario sueco abunda en las dudas sobre su procedencia. Los investigadores policiales del caso de la Mocromafia en la Costa del Sol solicitaron al juzgado abrir una línea de investigación por delitos de corrupción derivados del presunto cabecilla del grupo, Joakim Broberg, y el uso que podría haber hecho de la figura política de su madrastra. Pero ni la Fiscalía ni el magistrado atendieron a los requerimientos de la Policía, basados en los pinchazos en los que Joakim llegaba a celebrar la victoria del PP en los comicios de 2019: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”.

Ángeles Muñoz y su marido estaban casados en régimen de separación de bienes. elDiario.es publicó en noviembre de 2022 que el patrimonio de Ángeles Muñoz, diferenciado del de su marido, ascendía 12 millones de euros siguiendo un cálculo conservador. La alcaldesa de Marbella lleva dedicada en exclusiva a la política durante tres décadas. Procedente de una familia de clase media, Ángeles Muñoz ejercía de médica de familia cuando conoció a Lars Broberg. Desde que entró en política, a mediados de los noventa, Muñoz no ha dejado de adquirir propiedades, tal y como detallaba la citada información. 

Entre el patrimonio que ahora debe cuantificar el juzgado para repartir la herencia está una de las propiedades más ostentosas de la familia. Se trata de una mansión que Muñoz compró al 50% con su marido en 2003 y que ha intentado ser vendida en los últimos años, sin que conste que la alcaldesa se haya desprendido de ella. 

La mansión está envuelta en la polémica desde que este medio desvelara en 2014 el modo en que fue adquirida. El matrimonio Muñoz y Broberg compró en 2003 el 98% de las participaciones que una sociedad llamada Crasel Limited tenía en otra, Crasel Panoramica SL, propietaria a su vez de la mansión. Crasel Limited estaba radicada en Gibraltar, un “paraíso fiscal”, según la definición que otorgaría después al territorio británico el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Muñoz era propietaria del 49% de Crasel Panorámica, lo que se aproximaría a seis millones de euros por el valor de la casa. Este medio preguntó a un portavoz del Ayuntamiento si tras fallecer su marido Muñoz se ha hecho con la otra mitad de la empresa o, de no ser así, quién o quiénes son los propietarios, pero no obtuvo respuesta. La mansión tiene dos plantas y dos sótanos que albergan piscina cubierta, sauna, gimnasio y salas de cine y billar. En total, la vivienda tiene nueve cuartos de baño. También cuenta con una característica piscina exterior que ocupa 61 metros cuadrados y su perímetro recuerda a la cabeza del ratón de dibujos animados Mickey Mouse.

El pasado año, el Ayuntamiento de Marbella recalificó los terrenos donde se sitúa la mansión aumentando su valor. En 2023, la alcaldesa de Marbella había cancelado la hipoteca de 3,1 millones de euros que había contratado en el banco Nordea Bank, con sede en Luxemburgo.

El socialista andaluz y expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, el empresario guipuzcoano Antxon Alonso y la socialista de Portugalete Leire Díez conformaron un grupo llamado Hirurok, pretendidamente constituido para recaudar comisiones ilegales en los negocios públicos y privados en los que intermediaban, según la Fiscalía. La UCO de la Guardia Civil, en un informe entregado al juez instructor de este caso, Santiago Pedraz, del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional), estima que la trama pudo captar una cantidad cercana al millón de euros a través de sociedades controladas por Alonso: Mediaciones Martínez, domiciliada en Zaragoza, Servinabar 2000, de Pamplona, e incluso Next Generation Caliope Innova. Y ha encontrado también cómo se gastó parte del dinero. Solamente tres ejemplos: Fernández Guerrero compró un piso en Marbella para ponerlo en alquiler turístico, Alonso realizó una reforma de 163.000 euros en su casa de Elorrio y Díez adquirió en coche de la marca Škoda.

Hirurok empezó a operar en 2021. Adquiere su nombre de un grupo de la aplicación de mensajería Threema, pretendidamente más encriptada que WhatsApp o Telegram, y que luego fue renombrado como Hirurok berriro. Su primera gran operación por la mediación para que la SEPI rescatara con 112,8 millones de euros la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. Los responsables de la investigación estiman que Fernández Guerrero mantenía hilos en el organismo que dirigió hasta 2019 y que los usó con fines de lucro personal. La compañía no niega los pagos a Hirurok. Son 247.459, 114.950 vía Mediaciones Martínez y el resto directamente a Fernández Guerrero. Después de Tubos Reunidos llegó la navarra Erri Berri, que pudo acceder a un contrato de una filial de la SEPI en Asturias -“estoy influyendo”, dejó por escrito Fernández Guerrero- y otros negocios. El grupo usaba a Alonso como una suerte de 'comercial' ante grandes empresas vascas como ITP, Teknei o Sapa.

En un atestado de finales de 2025 al que ha tenido acceso este periódico, la UCO rastrea no ya los ingresos sino cómo gastaron las presuntas comisiones ilícitas obtenidas. Mediaciones Martínez fue adquirida precisamente en 2021 en un 98% por Alonso justo cuando estaban negociando un “agradecimiento” por parte de Tubos Reunidos, de nuevo en palabras de Fernández. Sin actividad ni trabajadores, según la Agencia Tributaria, facturó 913.199,29 euros en total en poco más de dos años e ingresó incluso algo más, 1.089.715,05 euros. Servinabar 2000, en la que el exdirigente del PSOE aparentemente tenía una participación del 45% según un documento en poder de su amigo Alonso, también movilizó importantes sumas de dinero. En Next Generation Caliope Innova, con interés en algunos proyectos de renovables, tenía una participación societaria los dos hijos de Alonso.

Según la Guardia Civil, Alonso empleó 163.350 euros de los fondos supuestamente ilícitos en reformar su dúplex en Elorrio, en Bizkaia. Es precisamente allí donde los agentes de la Policía judicial encontraron en junio del pasado año todo el material que está dando pie a estas investigaciones de corrupción. ¿Qué exactamente? Papeles, dinero en efectivo, el documento de Cerdán y, sobre todo, dispositivos electrónicos que revelaron la existencia del grupo Hirurok. La obra se pagó en tres partes idénticas de 54.450 euros en tres momentos de 2022.

Las dos primeras corrieron a cargo de Mediaciones Martínez y la tercera de Servinabar 2000, aunque después esta segunda mercantil le giró un cargo del mismo importe a la sociedad de Zaragoza por “asesoramiento comercial”. Hubo también un peloteo de otros 96.448,23 euros en facturas de “general corporate consulting” que Servinabar 2000 extrajo de Mediaciones Martínez. Alonso, igualmente, dispuso de 6.970,95 euros con la tarjeta de crédito de Mediaciones Martínez. La UCO estima que “el importe total percibido por Antxon de Mediaciones Martínez habría ascendido a 266.769,18 euros”.

En el caso de Fernández Guerrero, dispuso de 37.650 euros en 'nóminas' de Mediaciones Martínez -que no tenía trabajadores dados de alta- y de 128.092,80 euros de pagos de Servinabar 2000, donde sí estuvo dado de alta como trabajador desde junio de 2021 hasta abril de 2023. De cajeros sacó 11.700 euros en efectivo con cargo a los depósitos de Mediaciones Martínez. Eran cuantías de entre 100 y 1.200 euros. La Guardia Civil menciona también que hubo unas transferencias a Fernández Guerrero por valor de 100.000 euros, aunque el dinero luego fue reintegrado en apenas tres semanas.

En los mensajes intercambiados entre Alonso y Fernández Guerrero se aprecia que el expresidente de la SEPI pidió a su socio un adelanto de sus retribuciones en un momento dado a comienzos de 2022. “Antton, una cosa de las que -como ya me vas conociendo- me cuesta mucho trabajo hablar. Tengo pensado comprar otro piso al lado del que tengo en Marbella para doblar los alojamientos turísticos. Ya tengo concedida la hipoteca pero me falta algo de cash para ir lo suficientemente desahogado. ¿Crees que podrías anticiparme algunas nóminas ahora junto con la de enero? Gracias en cualquier caso, puedas o no. Y perdona. Pedir para mí es algo que toda mi vida me ha costado muchísimo trabajo”, le escribió. En apenas dos minutos, tenía el dinero: “Sí, claro. Dime cómo te puedo ayudar. El miércoles lo cerramos. Sin problema. Abrzs”. “Besarkada!”, le agradeció en euskera el andaluz. Fernández Guerrero tenía muchos guiños en ese idioma con sus socios vascos.

Según la Guardia Civil, “tan sólo unos días después” de la transferencia de Alonso al expresidente de la SEPI se firmó la escritura de un piso en Marbella valorado en 199.500 euros en total. Fernández Guerrero era titular al 50%. A los nueve meses, Fernández Guerrero adquirió otra propiedad en esa misma localidad andaluza, de nuevo al 50%. Aquí no consta si había o no fondos procedentes de Hirurok.

En el caso de Díez, la Guardia Civil sostiene que hay “diversos indicios” que, “bajo el prisma policial”, podrían hacer concluir que igualmente se lucró con el dinero de Mediaciones Martínez. En concreto, se menciona la adquisición de un Škoda Octavia de 21.500 euros. El coche estaba a nombre de la empresa, pero las revisiones las ha pasado en estaciones de ITV cercanas a las residencias de Díez, que es natural de Portugalete. El administrador nominal de Mediaciones Martínez, Carmelo Aznárez, que hacía las veces de contable del dueño real, Alonso, llegó a preguntar por una multa que había llegado. “Del coche Skoda que compraste para una amiga... Entiendo que la multa se la vas a remitir para su pago”, le planteaba a Alonso. Aznárez, de su lado, cobró 16.452 euros por sus funciones a través de otra sociedad llamada Azpe.

Los flujos de dinero apuntan también a la participación de Mediaciones Martínez en la creación de una mercantil en Marbella para la “adquisición de una serie de parcelas” que eran propiedad de “filiales de Acciona”. Acciona estaba asociada a Alonso y recibió varias adjudicaciones públicas de la mano de Servinabar 2000. “El tema de Marbella va ya como las balas [...] Para el día de la compraventa, de acuerdo con las cuentas del excel que adjunto, tendremos que contar con la mitad del precio que hay que desembolsar al contado, que es el 10% más el IVA total, lo que totaliza 837.000,31 euros, lo que implica que la parte de Mediaciones Martínez con la que habrá que contar el día de la escritura son 418.500,15 euros”, planteaba Fernández Guerrero a Díez y Alonso en un correo electrónico.

A la vez, el expresidente de la SEPI urgía a ingresar dinero de Erri Berri, que no solamente había participado en la operación de Asturias con la SEPI. “Necesitamos que Félix [el dueño de la empresa navarra] nos abone los 250K que hablamos el otro día. ¿Te encargas tú, Antton, ahora que está reciente la reunión del jueves, de pasarle las dos facturas de 100K por Avilés más los 150K por el FC Barcelona?”, agregaba. La trama, aparentemente, medió igualmente para que Erri Berri pudiera demoler el Camp Nou a cambio de una gratificación.

La investigación de Hirurok está en el Tribunal Central de Instancia. El secreto de sumario se levantó hace unos días. Deriva de la causa abierta en el Supremo el pasado año contra Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Fueron los datos incautados a Alonso en Elorrio los que dieron pie a esta nueva vía, luego refrendada porque en el material encontrado en poder de Fernández Guerrero y Díez es idéntico. Con todo, en ese otro sumario la Guardia Civil ya indicó que los fondos de Servinabar 2000 se habían empleado con fines personales por parte del entorno de Cerdán. En concreto, la UCO señaló que el político había pagado con cargo a ese dinero quince mensualidades de un alquiler en Madrid, a lo que se suman 7.849 euros en muebles.

Igualmente, se dispusieron de 33.574 euros en las tarjetas de crédito justo hasta el momento en que fue arrestado en 2024 Koldo García, socialista navarro y recomendado por Cerdán al ahora condenado José Luis Ábalos. Se da la circunstancia de que la esposa de Alonso, que residía en la vivienda reformada con cargo a Mediaciones Martínez, se quejaba en un mensaje que se hizo muy sonado de que la esposa de Cerdán no hacía más que “gastar y gastar”. “La Paqui. Que la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. Gastar y gastar. Y restaurantes fin de semana sí y otro también. Ya les vale. Todos de lo bueno, lo mejor. Eso no es plan. Y encima no son nada discretos”, protestaba.

La playa de Linda Vista se encuentra en San Pedro de Alcántara, núcleo perteneciente al municipio de Marbella, en la costa occidental de Málaga. Este tramo litoral destaca por su arena oscura y gruesa, sus aguas claras y la presencia de varios restos históricos en sus inmediaciones, lo que convierte el entorno en algo más que una zona de baño. A pocos metros de la orilla se conservan vestigios vinculados al cristianismo primitivo, al pasado romano de la localidad y a la antigua vigilancia defensiva de la costa.

El enclave forma parte de un litoral de unos 1.400 metros de longitud y alrededor de 35 metros de anchura media. Este arenal ha recibido durante años el distintivo de Bandera Azul, un reconocimiento asociado a la calidad de las aguas, los servicios, la seguridad y la gestión ambiental. En el caso de Linda Vista, a estas condiciones se añade un elemento menos habitual: la concentración de patrimonio histórico en un espacio muy reducido.

Esta combinación permite entender la singularidad de esta zona del litoral marbellí. En las inmediaciones se encuentran la basílica paleocristiana de Vega del Mar, las termas romanas de Las Bóvedas y la Torre de las Bóvedas, también conocida como torre de Guadalmina. Tres elementos de épocas distintas que permiten recorrer varios siglos de historia sin alejarse apenas de la playa, donde conviven el paisaje litoral y los restos arqueológicos.

Un recorrido por el yacimiento paleocristiano, las termas romanas y la torre almenara

Uno de los principales puntos de interés es la basílica paleocristiana de Vega del Mar, situada en la urbanización Linda Vista Baja, muy cerca de la playa. El yacimiento fue descubierto en 1915 y excavado en 1930, y está considerado una de las muestras más relevantes del paleocristianismo en España. Su cronología abarca entre los siglos III y VII después de Cristo, lo que lo vincula a las primeras manifestaciones del cristianismo en esta zona del litoral malagueño.

El conjunto está formado por una basílica de doble ábside y una necrópolis asociada. La construcción, de planta rectangular, se organizaba en tres naves separadas por pilares de piedra. Sus muros, de unos 60 centímetros de grosor, fueron levantados con cantos rodados y mortero de cal, una técnica habitual en este tipo de edificaciones. Esta disposición permite identificar tanto su función religiosa como funeraria.

Uno de los rasgos más característicos del yacimiento es la presencia de dos ábsides contrapuestos en los extremos de la nave central, una particularidad poco frecuente que se relaciona con modelos constructivos del norte de África. Junto a uno de ellos se conserva una pila bautismal de planta cuadrilobulada, preparada para el bautismo por inmersión, además de otras estructuras vinculadas al uso litúrgico del edificio. En la zona noroccidental también se han identificado estancias auxiliares relacionadas con su funcionamiento.

La necrópolis refuerza la importancia del conjunto, ya que evidencia su uso continuado durante varios siglos como espacio religioso y funerario. Su cercanía a la playa hace que el yacimiento quede integrado en el mismo entorno litoral, permitiendo pasar en muy poca distancia de la línea de costa a uno de los testimonios más antiguos del cristianismo en esta parte de Málaga.

A escasos metros se sitúan también las termas romanas de Las Bóvedas, datadas en el siglo II d.C. Este edificio termal constituye uno de los principales vestigios del pasado romano de San Pedro de Alcántara. Las termas no solo estaban destinadas al baño, sino que también funcionaban como espacios de encuentro social y formaban parte de la vida cotidiana en el mundo romano.

El edificio destaca por su complejidad arquitectónica. Buena parte de su estructura se ha conservado gracias al uso del opus caementicium, una técnica constructiva basada en cantos rodados y mortero de cal de gran resistencia. Se trataba de una construcción de dos plantas, organizada en torno a una sala central de planta octogonal y diferentes dependencias, lo que refleja una planificación cuidada y un uso avanzado del espacio.

Estas termas abastecían a una población asentada en la zona durante época romana. Como en otros casos similares, el baño se vinculaba también al descanso, la sociabilidad y ciertos elementos de representación. Su presencia junto al litoral indica que este sector estuvo ocupado mucho antes de su configuración actual.

Junto a las termas se levanta la Torre de las Bóvedas o torre de Guadalmina, una construcción almenara del siglo XVI y unos 13 metros de altura. Formaba parte del sistema defensivo costero implantado tras la conquista cristiana del territorio, con funciones de vigilancia y comunicación mediante señales entre distintos puntos del litoral ante posibles incursiones.

La proximidad de estos tres elementos —la basílica paleocristiana, las termas romanas y la torre defensiva— permite concentrar en pocos metros un recorrido histórico que abarca desde la Antigüedad hasta la Edad Moderna. Esta combinación convierte a la playa de Linda Vista en un enclave singular dentro de Marbella, donde el valor del entorno no se limita al paisaje costero, sino que también se explica a través de su evolución histórica.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Federal de Brasil, ha desarticulado una organización criminal internacional, vinculada a la mocromafia, con la detención de cinco personas en la provincia de Málaga y la intervención de 1.500 kilos de cocaína que se encontraba oculta en el interior de sacos de cemento procedentes de Brasil.

La investigación ha permitido constatar que el cargamento fue introducido en España a través del puerto de Algeciras (Cádiz), oculto en un envío de cemento que posteriormente fue trasladado por carretera hasta una nave industrial ubicada en la localidad malagueña de Marbella, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La organización utilizaba una empresa de apariencia legal, con domicilio en la ciudad alemana de Bremen, para dar cobertura al transporte del cargamento. El entramado criminal estaría liderado por un hombre, con vínculos con la mocromafia, asentado entre Países Bajos y Dubái. Para recuperar la sustancia, la organización desplazó hasta la Costa del Sol a tres hombres residentes en Alemania.

Nave industrial en Marbella

La investigación consiguió localizar el punto donde se almacenaba la sustancia estupefaciente, procediendo a una entrada y registro en una nave industrial de Marbella donde se logró intervenir 1.500 kilogramos de cocaína que, divididos en paquetes, iban ocultos en el interior de 1.000 sacos de cemento. Según han detallado, todos ellos se encontraban marcados para facilitar ser identificados por las personas encargadas de la extracción de la droga.

En la operación han sido detenidas cinco personas como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y simulación de delito. En el registro de la nave se intervinieron un vehículo, un teléfono móvil de alta gama y 2.240 euros.

Actualmente, la investigación continúa abierta y se han emitido además de dos órdenes internacionales de detención contra otros dos implicados en esta organización criminal.

La Policía Nacional ha localizado en Marbella el primer narcozulo con una tonelada de cocaína en su interior en una operación en la que se llegó a abrir fuego contra los agentes y que finalizó con cuatro detenidos y la intervención, además, de armas largas consideradas de guerra. “Es el primer narcozulo localizado en el sur de España de estas características, ya que antes lo que se había intervenido era bidones enterrados o estructuras ocultas en interiores de naves o casas”, ha señalado el comisario de la Udyco Alberto Morales en una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas (Madrid). Los detenidos son tres marroquíes y un español.

Además, en otra operación policial diferente, la Udyco también ha intervenido en el interior de un coche marca Toyota con las matrículas dobladas abandonado en Algeciras (Cádiz) un depósito de 25 armas de fuego, entre ellas 19 AK-47 y seis armas cortas, destinadas al suministro de narcos. En este caso, ha sido arrestado un marroquí gracias a la vigilancia policial en el marco de una investigación judicializada.

La Udyco ha subrayado la relevancia del narcozulo de grandes dimensiones excavado bajo tierra, “a modo de caleta”, en la zona del bosque de Ricmar, en Marbella, donde se ocultaban 30 fardos que contenían 1.056 kilos de cocaína. Contaba con vigilancia con una cámara y con inhibidores como medida de seguridad. En concreto, la operación se desarrolló en el distrito municipal de Las Chapas de Marbella, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un alijo de droga en una zona costera de la provincia malagueña, cercana a una zona residencial.

Una vez establecido el correspondiente dispositivo en la zona, los policías observaron un vehículo de alta cilindrada en dirección a la playa, por lo que se extremó la vigilancia y se controlaron los diferentes puntos de salida de la zona del bosque de Ricmar. El vehículo estuvo realizando maniobras por la zona durante una hora, todas ellas con el fin de detectar posible presencia policial en el lugar, hasta que se terminó alejando del lugar.

Disparos con armas de guerra

En ese momento, los agentes decidieron adentrarse en la zona boscosa y localizan a tres personas, dos de ellas portando subfusiles y chalecos de la Guardia Civil, golpeando a una tercera persona para robarle la droga, lo que se conoce en el argot policial como un vuelco. Tras una persecución a pie, en la que los narcos no dudaron en disparar varias ráfagas de disparos contra los agentes, fueron arrestados los cuatro implicados en los hechos.

En la intervención fueron incautados tres vehículos de alta gama –dos de ellos robados en Francia y en España–, así como armas largas consideradas de guerra por ser un AK-47, un fusil de asalto AR15 y un subfusil tipo UZI. También se intervinieron tres armas cortas, diverso material policial, equipos de transmisiones e inhibidores de frecuencia.

Tras la actuación policial, se realizó un rastreo en la zona en busca del estupefaciente, lo que permitió a los agentes hallar un narcozulo de grandes dimensiones con una tonelada de cocaína dentro, vigilado por una cámara de videovigilancia que controlaba un camino que daba acceso a la zona.

Los detenidos son tres marroquíes y un español con múltiples antecedentes y reincidentes, por lo que fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas, delitos contra la salud pública, grupo criminal, robo/hurto con uso de vehículo y falsedad documental.

Armas de guerra provenientes de Ucrania

El comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes ha recordado que han cambiado los protocolos para aumentar la autoprotección policial desde el incidente en Isla Mayor (Sevilla), que dejó un agente herido de gravedad al ser alcanzado por un disparo en un operativo contra el narcotráfico.

En concreto, ha señalado que se han intervenido en los últimos seis meses más de 50 armas largas, la mayoría provenientes del conflicto en Ucrania que llegan a España por tierra y en un estado de conservación que dificulta su trazabilidad.

El precio oscila entre los 2.000 y 2.500 euros por unidad y las armas, como en este caso, están “customizadas como un símbolo de distinción” entre las diferentes organizaciones criminales.

Los narcotraficantes también recurren a armas cortas, muchas de ellas originarias de Turquía. “Cuando los 'narcos' tienen que usar las armas, la usan, ya sea contra otros 'narcos' o contra los policías para proteger la droga”, ha advertido el comisario.

La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la sentencia dictada por un juzgado de Marbella en la que se desestimaba la demanda de la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, contra las informaciones publicadas por elDiario.es a partir del procesamiento de su marido, ya fallecido, e hijastro en una causa por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Los jueces de la Sección Sexta de lo Civil imponen a la alcaldesa la condena en costas.

En su resolución, los magistrados de la segunda instancia califican de “veraces” las once informaciones que denunciaba Ángeles Muñoz y dicen de las mismas que tienen “evidente interés general”. El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Marbella ya había establecido que las noticias de elDiario.es tenían “interés público” y que la información que contenía había sido “escrupulosamente contrastada” antes de su publicación. Muñoz recurrió ante la Audiencia de Málaga que ha desestimado su petición y aún puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.

Este periódico desveló en noviembre de 2022 el procesamiento del marido de la alcaldesa y su hijastro dentro de una causa de la Audiencia Nacional contra una sucursal de la 'Mocromafia' sueca en la Costa del Sol. elDiario.es continuó investigando y reveló el abultado patrimonio de Ángeles Muñoz, pese a llevar tres décadas dedicada en exclusiva a la política. Este medio también publicó el contenido de los informes policiales que solicitaban a la Audiencia Nacional, sin éxito, que abriera una vía de investigación por corrupción en relación al uso que habría hecho el presunto narcotraficante Joakim Broberg del poder de su madrastra.

elDiario.es accedió igualmente a una investigación de años atrás de la Fiscalía Anticorrupción, que había permanecido en secreto, sobre los indicios de corrupción hallados en unos correos electrónicos de la alcaldesa de Marbella. Por estas últimas informaciones, el periodista de elDiario.es que las firma, Pedro Águeda, continúa imputado en un juzgado de Marbella, acusado de revelación de secretos a partir de una querella presentada por Ángeles Muñoz, en este caso por la vía penal.

El periodista prestó declaración, primero como testigo, y después como imputado, ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad gobernada por Muñoz. Tras esta última declaración, la jueza ha planteado un conflicto de competencia ante el Tribunal Supremo. La magistrada ya había intentado enviar la causa a Madrid antes de tomar declaración como investigado a Águeda, pero el juzgado de la capital le devolvió el caso.

La Audiencia Provincial de Málaga, en la vía civil, falló el pasado 2 de febrero que “las noticias referidas se concentran en los hechos delictivos que se imputan a los familiares de la actora [Ángeles Muñoz], sin que en ningún caso se imputen a la misma hechos delictivos algunos, haciéndose referencia a los datos patrimoniales de la misma, hechos pasados y vinculación de sociedades, aportándose datos relativos al procedimiento penal o a las investigaciones policiales, que en modo alguno suponen la intromisión de la demandada en el honor de la actora, por lo que debe de desestimarse el recurso interpuesto”.

La sentencia de la Sección Sexta añade que es la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, quien “interpreta de forma subjetiva los citados artículos, basando, por tanto, la demanda en deducciones e interpretaciones, que en modo alguno se corresponden con los términos escritos de los distintos artículos”.

Los magistrados recuerdan a Muñoz que “es una persona especialmente expuesta a la opinión y a la crítica pública”. “La mayoría de las informaciones aparecen sustentadas, bien en resoluciones judiciales, bien en investigaciones policiales, en concreto en investigaciones de la UDEF [Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal], que aparecen entrecomilladas en distintos artículos”, continúa el fallo. En esas noticias, remata, “no se emplean términos vejatorios ni degradantes”.

La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario José Manuel Villarejo por segunda vez en menos de un mes. En esta ocasión le juzgaba por haber accedido a datos reservados de un empresario marbellí que mantenía un litigio urbanístico con una mujer que había contratado al comisario, por entonces en activo en el Cuerpo Nacional de Policía. La Fiscalía Anticorrupción, que dirige Alejandro Luzón, solicitaba nueve años de cárcel para Villarejo.

En una sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala absuelven al comisario jubilado de los delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos de particulares cometido por funcionario público al considerar que no consta que Villarejo tuviera participación en los hechos investigados. En el mismo juicio han resultado condenados a un año de cárcel a los policías Constancio Riaño y Antonio Bonilla como autores de un delito de descubrimiento de secretos de particulares. Riaño y Bonilla han sido absueltos del cohecho pasivo.

Según los hechos probados de la sentencia, una vecina de Marbella, Marzena Kartzyna Nikiel, contactó el 24 de julio de 2015 con Rafael Redondo, socio de Villarejo y abogado en en el despacho Stuart&Mckenzie, para que le ayudara en un conflicto que mantenía con el empresario Felipe Gómez Zotano.

En el marco de este encargo, unos días más tarde, el 18 de agosto, un inspector destinado en la Comisaría General de Información, al igual que el acusado Constancio Riaño, también Inspector de la UCAO, jefe de sección de relaciones institucionales y superior inmediato de aquel otro, efectuó una incursión con la clave que tenía asignada -sin responder tal acceso a supuesto alguno de los que le habilitaban a tal efecto- a la información de la totalidad de las Escrituras Públicas que había otorgado Gómez Zotano ante Notarios españoles y que obraban en el Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado (OCP). 

Una vez se hizo con dicha información, relata la resolución, el policía se la envió a su supeior, el acusado Constancio Riaño Prieto. Este úlitmo la remitió desde su correo profesional a la entidad ANBYCOL de Antonio Bonilla, entonces en situación administrativa de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía. Bonilla, a su vez, remitió la información al correo electrónico de Rafael Redondo en la compañía CENYT, perteneciente al grupo de empresas de Villarejo. Con esos datos, el acusado Bonilla analizó la información notarial de Zotano conforme al acuerdo suscrito con Cenyt.

El informe elaborado con los datos obtenidos del empresario, denominado “Informe Prejudicial. Investigación prejudicial, patrimonial y análisis documental de Felipe Gómez Zotano”, fue posteriormente incorporado al procedimiento penal incoado en el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella a raíz de la admisión a trámite de la querella presentado por Marzena Kartzyna contra el ejecutivo marbellí.

“La información obtenida del OCP en la forma expuesta fue la que nutrió el informe de 7 de septiembre de 2015, no constando que en los acontecimientos descritos tuviera participación el acusado José Manuel Villarejo Pérez”, sostiene la Sala en su sentencia. En esta pieza número 8 del denominado caso Tándem, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba una condena de 8 años para Bonilla y y 4 años y 9 meses para Riaño. Finalmente han sido condenados a un año de prisión.

Segunda absolución en tres semanas

La Sala de lo Penal absolvió el pasado mes de octubre a Villarejo en la pieza por el encargo que le hizo un empresario al que no pagaba una deuda Fernando Martín. En juicios anteriores, Villarejo era condenado de varios delitos y exculpado de cohecho, con el argumento de que no se servía de su condición de policía para fabricar los dosieres que luego vendía. En esa pieza resuelta hace tres semanas, el tribunal no ha encontrado pruebas de que cometiera ese ni el resto de delitos que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción. 

El empresario José Moya Sanabria contrató a Villarejo para que le ayudara a resolver el conflicto que mantenía con la compañía Martinsa Fadesa y con su presidente, Fernando Martín, con el fin de recuperar la inversión de 100 millones que había hecho en una inmobiliaria. En la sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta absuelven a Villarejo y a su socio, Rafael Redondo, de los delitos de cohecho pasivo, revelación de secretos a terceros (cometidos por funcionario público en el caso del comisario) y de falsedad en documento mercantil. Anticorrupción pedía 23 años de cárcel para Villarejo y 19 para Redondo.