Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Federal de Brasil, ha desarticulado una organización criminal internacional, vinculada a la mocromafia, con la detención de cinco personas en la provincia de Málaga y la intervención de 1.500 kilos de cocaína que se encontraba oculta en el interior de sacos de cemento procedentes de Brasil.

La investigación ha permitido constatar que el cargamento fue introducido en España a través del puerto de Algeciras (Cádiz), oculto en un envío de cemento que posteriormente fue trasladado por carretera hasta una nave industrial ubicada en la localidad malagueña de Marbella, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La organización utilizaba una empresa de apariencia legal, con domicilio en la ciudad alemana de Bremen, para dar cobertura al transporte del cargamento. El entramado criminal estaría liderado por un hombre, con vínculos con la mocromafia, asentado entre Países Bajos y Dubái. Para recuperar la sustancia, la organización desplazó hasta la Costa del Sol a tres hombres residentes en Alemania.

Nave industrial en Marbella

La investigación consiguió localizar el punto donde se almacenaba la sustancia estupefaciente, procediendo a una entrada y registro en una nave industrial de Marbella donde se logró intervenir 1.500 kilogramos de cocaína que, divididos en paquetes, iban ocultos en el interior de 1.000 sacos de cemento. Según han detallado, todos ellos se encontraban marcados para facilitar ser identificados por las personas encargadas de la extracción de la droga.

En la operación han sido detenidas cinco personas como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y simulación de delito. En el registro de la nave se intervinieron un vehículo, un teléfono móvil de alta gama y 2.240 euros.

Actualmente, la investigación continúa abierta y se han emitido además de dos órdenes internacionales de detención contra otros dos implicados en esta organización criminal.

La Policía Nacional ha localizado en Marbella el primer narcozulo con una tonelada de cocaína en su interior en una operación en la que se llegó a abrir fuego contra los agentes y que finalizó con cuatro detenidos y la intervención, además, de armas largas consideradas de guerra. “Es el primer narcozulo localizado en el sur de España de estas características, ya que antes lo que se había intervenido era bidones enterrados o estructuras ocultas en interiores de naves o casas”, ha señalado el comisario de la Udyco Alberto Morales en una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas (Madrid). Los detenidos son tres marroquíes y un español.

Además, en otra operación policial diferente, la Udyco también ha intervenido en el interior de un coche marca Toyota con las matrículas dobladas abandonado en Algeciras (Cádiz) un depósito de 25 armas de fuego, entre ellas 19 AK-47 y seis armas cortas, destinadas al suministro de narcos. En este caso, ha sido arrestado un marroquí gracias a la vigilancia policial en el marco de una investigación judicializada.

La Udyco ha subrayado la relevancia del narcozulo de grandes dimensiones excavado bajo tierra, “a modo de caleta”, en la zona del bosque de Ricmar, en Marbella, donde se ocultaban 30 fardos que contenían 1.056 kilos de cocaína. Contaba con vigilancia con una cámara y con inhibidores como medida de seguridad. En concreto, la operación se desarrolló en el distrito municipal de Las Chapas de Marbella, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un alijo de droga en una zona costera de la provincia malagueña, cercana a una zona residencial.

Una vez establecido el correspondiente dispositivo en la zona, los policías observaron un vehículo de alta cilindrada en dirección a la playa, por lo que se extremó la vigilancia y se controlaron los diferentes puntos de salida de la zona del bosque de Ricmar. El vehículo estuvo realizando maniobras por la zona durante una hora, todas ellas con el fin de detectar posible presencia policial en el lugar, hasta que se terminó alejando del lugar.

Disparos con armas de guerra

En ese momento, los agentes decidieron adentrarse en la zona boscosa y localizan a tres personas, dos de ellas portando subfusiles y chalecos de la Guardia Civil, golpeando a una tercera persona para robarle la droga, lo que se conoce en el argot policial como un vuelco. Tras una persecución a pie, en la que los narcos no dudaron en disparar varias ráfagas de disparos contra los agentes, fueron arrestados los cuatro implicados en los hechos.

En la intervención fueron incautados tres vehículos de alta gama –dos de ellos robados en Francia y en España–, así como armas largas consideradas de guerra por ser un AK-47, un fusil de asalto AR15 y un subfusil tipo UZI. También se intervinieron tres armas cortas, diverso material policial, equipos de transmisiones e inhibidores de frecuencia.

Tras la actuación policial, se realizó un rastreo en la zona en busca del estupefaciente, lo que permitió a los agentes hallar un narcozulo de grandes dimensiones con una tonelada de cocaína dentro, vigilado por una cámara de videovigilancia que controlaba un camino que daba acceso a la zona.

Los detenidos son tres marroquíes y un español con múltiples antecedentes y reincidentes, por lo que fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas, delitos contra la salud pública, grupo criminal, robo/hurto con uso de vehículo y falsedad documental.

Armas de guerra provenientes de Ucrania

El comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes ha recordado que han cambiado los protocolos para aumentar la autoprotección policial desde el incidente en Isla Mayor (Sevilla), que dejó un agente herido de gravedad al ser alcanzado por un disparo en un operativo contra el narcotráfico.

En concreto, ha señalado que se han intervenido en los últimos seis meses más de 50 armas largas, la mayoría provenientes del conflicto en Ucrania que llegan a España por tierra y en un estado de conservación que dificulta su trazabilidad.

El precio oscila entre los 2.000 y 2.500 euros por unidad y las armas, como en este caso, están “customizadas como un símbolo de distinción” entre las diferentes organizaciones criminales.

Los narcotraficantes también recurren a armas cortas, muchas de ellas originarias de Turquía. “Cuando los 'narcos' tienen que usar las armas, la usan, ya sea contra otros 'narcos' o contra los policías para proteger la droga”, ha advertido el comisario.

La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la sentencia dictada por un juzgado de Marbella en la que se desestimaba la demanda de la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, contra las informaciones publicadas por elDiario.es a partir del procesamiento de su marido, ya fallecido, e hijastro en una causa por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Los jueces de la Sección Sexta de lo Civil imponen a la alcaldesa la condena en costas.

En su resolución, los magistrados de la segunda instancia califican de “veraces” las once informaciones que denunciaba Ángeles Muñoz y dicen de las mismas que tienen “evidente interés general”. El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Marbella ya había establecido que las noticias de elDiario.es tenían “interés público” y que la información que contenía había sido “escrupulosamente contrastada” antes de su publicación. Muñoz recurrió ante la Audiencia de Málaga que ha desestimado su petición y aún puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.

Este periódico desveló en noviembre de 2022 el procesamiento del marido de la alcaldesa y su hijastro dentro de una causa de la Audiencia Nacional contra una sucursal de la 'Mocromafia' sueca en la Costa del Sol. elDiario.es continuó investigando y reveló el abultado patrimonio de Ángeles Muñoz, pese a llevar tres décadas dedicada en exclusiva a la política. Este medio también publicó el contenido de los informes policiales que solicitaban a la Audiencia Nacional, sin éxito, que abriera una vía de investigación por corrupción en relación al uso que habría hecho el presunto narcotraficante Joakim Broberg del poder de su madrastra.

elDiario.es accedió igualmente a una investigación de años atrás de la Fiscalía Anticorrupción, que había permanecido en secreto, sobre los indicios de corrupción hallados en unos correos electrónicos de la alcaldesa de Marbella. Por estas últimas informaciones, el periodista de elDiario.es que las firma, Pedro Águeda, continúa imputado en un juzgado de Marbella, acusado de revelación de secretos a partir de una querella presentada por Ángeles Muñoz, en este caso por la vía penal.

El periodista prestó declaración, primero como testigo, y después como imputado, ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad gobernada por Muñoz. Tras esta última declaración, la jueza ha planteado un conflicto de competencia ante el Tribunal Supremo. La magistrada ya había intentado enviar la causa a Madrid antes de tomar declaración como investigado a Águeda, pero el juzgado de la capital le devolvió el caso.

La Audiencia Provincial de Málaga, en la vía civil, falló el pasado 2 de febrero que “las noticias referidas se concentran en los hechos delictivos que se imputan a los familiares de la actora [Ángeles Muñoz], sin que en ningún caso se imputen a la misma hechos delictivos algunos, haciéndose referencia a los datos patrimoniales de la misma, hechos pasados y vinculación de sociedades, aportándose datos relativos al procedimiento penal o a las investigaciones policiales, que en modo alguno suponen la intromisión de la demandada en el honor de la actora, por lo que debe de desestimarse el recurso interpuesto”.

La sentencia de la Sección Sexta añade que es la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, quien “interpreta de forma subjetiva los citados artículos, basando, por tanto, la demanda en deducciones e interpretaciones, que en modo alguno se corresponden con los términos escritos de los distintos artículos”.

Los magistrados recuerdan a Muñoz que “es una persona especialmente expuesta a la opinión y a la crítica pública”. “La mayoría de las informaciones aparecen sustentadas, bien en resoluciones judiciales, bien en investigaciones policiales, en concreto en investigaciones de la UDEF [Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal], que aparecen entrecomilladas en distintos artículos”, continúa el fallo. En esas noticias, remata, “no se emplean términos vejatorios ni degradantes”.

La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario José Manuel Villarejo por segunda vez en menos de un mes. En esta ocasión le juzgaba por haber accedido a datos reservados de un empresario marbellí que mantenía un litigio urbanístico con una mujer que había contratado al comisario, por entonces en activo en el Cuerpo Nacional de Policía. La Fiscalía Anticorrupción, que dirige Alejandro Luzón, solicitaba nueve años de cárcel para Villarejo.

En una sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala absuelven al comisario jubilado de los delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos de particulares cometido por funcionario público al considerar que no consta que Villarejo tuviera participación en los hechos investigados. En el mismo juicio han resultado condenados a un año de cárcel a los policías Constancio Riaño y Antonio Bonilla como autores de un delito de descubrimiento de secretos de particulares. Riaño y Bonilla han sido absueltos del cohecho pasivo.

Según los hechos probados de la sentencia, una vecina de Marbella, Marzena Kartzyna Nikiel, contactó el 24 de julio de 2015 con Rafael Redondo, socio de Villarejo y abogado en en el despacho Stuart&Mckenzie, para que le ayudara en un conflicto que mantenía con el empresario Felipe Gómez Zotano.

En el marco de este encargo, unos días más tarde, el 18 de agosto, un inspector destinado en la Comisaría General de Información, al igual que el acusado Constancio Riaño, también Inspector de la UCAO, jefe de sección de relaciones institucionales y superior inmediato de aquel otro, efectuó una incursión con la clave que tenía asignada -sin responder tal acceso a supuesto alguno de los que le habilitaban a tal efecto- a la información de la totalidad de las Escrituras Públicas que había otorgado Gómez Zotano ante Notarios españoles y que obraban en el Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado (OCP). 

Una vez se hizo con dicha información, relata la resolución, el policía se la envió a su supeior, el acusado Constancio Riaño Prieto. Este úlitmo la remitió desde su correo profesional a la entidad ANBYCOL de Antonio Bonilla, entonces en situación administrativa de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía. Bonilla, a su vez, remitió la información al correo electrónico de Rafael Redondo en la compañía CENYT, perteneciente al grupo de empresas de Villarejo. Con esos datos, el acusado Bonilla analizó la información notarial de Zotano conforme al acuerdo suscrito con Cenyt.

El informe elaborado con los datos obtenidos del empresario, denominado “Informe Prejudicial. Investigación prejudicial, patrimonial y análisis documental de Felipe Gómez Zotano”, fue posteriormente incorporado al procedimiento penal incoado en el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella a raíz de la admisión a trámite de la querella presentado por Marzena Kartzyna contra el ejecutivo marbellí.

“La información obtenida del OCP en la forma expuesta fue la que nutrió el informe de 7 de septiembre de 2015, no constando que en los acontecimientos descritos tuviera participación el acusado José Manuel Villarejo Pérez”, sostiene la Sala en su sentencia. En esta pieza número 8 del denominado caso Tándem, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba una condena de 8 años para Bonilla y y 4 años y 9 meses para Riaño. Finalmente han sido condenados a un año de prisión.

Segunda absolución en tres semanas

La Sala de lo Penal absolvió el pasado mes de octubre a Villarejo en la pieza por el encargo que le hizo un empresario al que no pagaba una deuda Fernando Martín. En juicios anteriores, Villarejo era condenado de varios delitos y exculpado de cohecho, con el argumento de que no se servía de su condición de policía para fabricar los dosieres que luego vendía. En esa pieza resuelta hace tres semanas, el tribunal no ha encontrado pruebas de que cometiera ese ni el resto de delitos que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción. 

El empresario José Moya Sanabria contrató a Villarejo para que le ayudara a resolver el conflicto que mantenía con la compañía Martinsa Fadesa y con su presidente, Fernando Martín, con el fin de recuperar la inversión de 100 millones que había hecho en una inmobiliaria. En la sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta absuelven a Villarejo y a su socio, Rafael Redondo, de los delitos de cohecho pasivo, revelación de secretos a terceros (cometidos por funcionario público en el caso del comisario) y de falsedad en documento mercantil. Anticorrupción pedía 23 años de cárcel para Villarejo y 19 para Redondo.

El exedil marbellí Carlos Fernández, que se entregó la semana pasada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras casi 20 años huido, ha sido condenado a una multa de 4.095 euros en el caso Saqueo II al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) tras haber alcanzado un pacto con la Fiscalía a cambio de reconocer los hechos.

En la vista celebrada este miércoles ante la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, el Ayuntamiento de Marbella le ha reclamado además el pago de 258.678,31 euros en concepto de responsabilidad civil, petición con la que también se ha conformado.

Tras leer la secretaria del tribunal las peticiones de las dos acusaciones en este procedimiento, el presidente de la Sala ha preguntado al acusado si se consideraba autor de los hechos, calificados por la Fiscalía como delitos de malversación de caudales públicos y de falsedad documental continuada.

Carlos Fernández ha respondido con un escueto “sí”, tras lo que el presidente del tribunal le ha preguntado si aceptaba las penas que habían pedido las acusaciones, a lo que el exedil ha señalado: “Las acepto”.

Acuerdo con la Fiscalía

Acto seguido, las partes han renunciado a la necesidad de celebrar el juicio y, tras asegurarse que la sentencia no sería recurrida por ninguna de ellas, el presidente ha anunciado al acusado que en consecuencia se le condenaba a las penas solicitadas.

De este modo, el exconcejal marbellí ha ratificado el acuerdo alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción, que en principio pedía para él un año y medio de cárcel por el delito de malversación y tres meses de prisión por el de falsedad continuada en documento mercantil.

Penas que ha rebajado a una multa de tres años con una cuota diaria de tres euros para el primer delito, y sendas multas de seis meses y tres meses con una cuota diaria cada una de tres euros diarios, que suman en total 4.050.

El caso Saqueo II abarca las irregularidades en la gestión municipal de Marbella entre 1991 y 1999 y, en concreto, el desvío de unos 70 millones de euros del consistorio a través de empresas públicas y privadas con dádivas a los concejales, así como un fraude a la Seguridad Social de 91 millones.

En un limbo jurídico en Argentina

Por el caso Saqueo II, la Audiencia Nacional condenó en 2013 a seis años de prisión al exalcalde de Marbella Julián Muñoz, ya fallecido, y al exasesor urbanístico del ayuntamiento Juan Antonio Roca por malversación de caudales.

Tras casi 20 años huido, Carlos Fernández acordó su entrega pactada con la Fiscalía en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde llegó el pasado 29 de octubre procedente de Argentina, país en el que ha residido en los últimos años.

En el auto en el que le dejó en libertad, la Sala recordaba que pidió su extradición a Argentina tras su detención en ese país en 2017, que, sin embargo, fue denegada por la Corte Suprema argentina en 2022.

Esta decisión dejó a Carlos Fernández en un limbo jurídico en Argentina, donde no tenía documentación que justificara su estancia, por lo que finalmente decidió pactar su entrega a cambio de no ir a prisión, según explicaron a EFE fuentes jurídicas.

Fugado desde 2006

Llevaba fugado desde 2006, cuando escapó al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya, después de asegurar por teléfono que estaba en Galicia haciendo el Camino de Santiago, pero que regresaba de inmediato si era requerido por la Justicia, aunque esa fue su última llamada y su teléfono móvil no volvió a estar conectado.

Fue concejal de Deportes por el Grupo Independiente Liberal con Jesús Gil de alcalde; después se pasó al Partido Andalucista (PA) y en 2003 suscribió la moción de censura que desbancó de la alcaldía a Julián Muñoz.

Luego formó parte del Gobierno de Marisol Yagüe, como teniente de alcalde y concejal de Turismo, pero fue expulsado por la alcaldesa junto a otro edil tras denuncias sobre la gestión económica de las áreas a su cargo. Dimitió de la Secretaría Local del PA al conocer su condena a dos años de prisión por malversación.

El exconcejal de Marbella (Málaga) Carlos Fernández, que estaba acusado en el caso Malaya y fugado desde 2006, ha sido detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y puesto a disposición de la Audiencia Nacional. A mediodía ha quedado en libertad provisional, informa Europa Press. La Audiencia Nacional lo juzgará el próximo 5 de noviembre por la causa por la que lo reclamaba, el caso 'Saqueo II', aunque todo apunta a una conformidad.

Fernández escapó de la Justicia al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya, y su extradición a España fue denegada por la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el año 2022, al considerar que el delito del que se le acusaba había prescrito.

No era solo Malaya. Tal y como desveló en su día marbellaconfidencial.es, Fernández tenía diez causas pendientes ante la Justicia cuando se marchó de España, en 2006, para esconderse en Argentina. Los delitos de los que se le acusaban en cuatro juzgados de Marbella eran malversación de caudales públicos, prevaricación, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística (delitos urbanísticos), fraude y falsedad. Cuando huyó ya había sido condenado por un jurado popular por delito de malversación en el “caso jugadores”, lo que le llevó a renunciar a su acta de concejal en 2005.

Pero su gran causa pendiente, la que amenazaba su libertad, era Malaya. Fernández huyó en julio de 2006, cuando fue llamado por el juez instructor Miguel Ángel Torres, que se quedó esperándole. La Policía fue a su casa y allí le dijeron que no estaba. Alegó que estaba recorriendo el Camino de Santiago y se le perdió la pista en León. Pocos días después estaba en Buenos Aires, donde ha residido durante casi veinte años. Desde que se entregó a la Policía de ese país, en 2017, a la vista de todos y sin ocultarse.

Su aspiración era dejar pasar el tiempo hasta que se levantasen las acusaciones contra él. Cuando apareció, el Consejo de Ministros remitió seis solicitudes de extradición a Argentina, incluyendo una por una causa ante la Audiencia Nacional, el Caso Saqueo II, en el que se investigaba el desvío de fondos públicos a particulares, por el que fueron condenados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, entre otros. Los otros casos, ante juzgados de Marbella, apuntaban a la comisión de presuntos delitos contra la ordenación del territorio, cohecho, prevaricación administrativa, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial. Pero Fernández se salió con la suya y en la Navidad de 2022 logró que la Corte Suprema de Argentina zanjara la cuestión concluyendo que todos los delitos de los que se le acusaba en España habían prescrito.

En los últimos meses ha tratado de regresar a España en varias ocasiones, pero se encontraba con un obstáculo: cuando iba a subir al avión se le denegaba el pasaje y la Policía lo ponía en tierra. Aún pesaba sobre él una orden de detención internacional, pero cuando comprobaban que la Justicia argentina había declarado la prescripción de sus delitos, volvían a dejarlo libre. Ya era tarde para él: el avión había partido.

Acusado de prevaricación, malversación y cohecho

La huida a Marbella le evitó el mismo destino que para sus compañeros de corporación: la prisión preventiva y, en última instancia, una condena a penas de cárcel. En España afrontaba acusaciones de prevaricación, malversación y cohecho pasivo por recibir presuntamente 150.000 euros de Juan Antonio Roca. Las penas a las que se exponía podían sumar hasta diez años de cárcel. Tras la huida, entre sus compañeros de corporación condenados cundió la idea de que, si pudo llevarla a cabo, fue debido a su condición de confidente en el caso.

Fernández llegó a la política en pleno gilismo, ejerció como concejal del GIL tras las elecciones de 1991, 1995 y 1999, y alcanzó su cima en los años siguientes como teniente de alcalde y líder municipal del PA, una posición que, según confesó el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, le servía para obtener mordidas más altas que sus compañeros de siglas.

En los 90, con Gil al mando, gestionó el área de Deportes, de cuyo paso da cuenta su condena en el “caso jugadores”. Aunque no formaba parte de su partido, a Fernández se le veía como un cachorro de Gil, la cara amable de su gobierno, con una imagen de gestor cercano y eficaz.

Una fuente política que lo conoció en aquella época desmiente ese talante, y lo describe como el “clásico hijo político de Jesús Gil”: “Autoritario y cínico”. “Su entrada en el PA, una vez le echaron del Gil, fue una compra de un partido que en Marbella estaba en ruinas”. Con los tres concejales que consiguió se convirtió en llave de gobierno.

El post-gilismo acompañó su decadencia. En 2003 formó parte del grupo de ediles que aprobaron la moción de censura contra Julián Muñoz, entregando la alcaldía a Marisol Yagüe, que lo convirtió en segundo teniente de alcalde. Fue su cima, valiéndose del liderazgo del partido del que dependía la gobernabilidad. En septiembre de 2005, la alcaldesa lo expulsó del equipo de gobierno, acusándole de extorsionar a trabajadores municipales para que pagaran una cuota al Partido Andalucista.

Menos de un año después, partió al Camino de Santiago para acabar en Argentina. El último fleco del Caso Malaya regresó este miércoles a España.

Dos hijastros de la alcaldesa de Marbella han solicitado al juzgado que ordene a Ángeles Muñoz que reparta la herencia que dejó su marido, Lars Broberg, después de que hayan pasado 32 meses de su fallecimiento y sin que la regidora marbellí haya realizado trámite alguno ni atendido a los requerimientos que ha recibido en ese sentido, según avanzan a elDiario.es fuentes del contencioso. El marido de Muñoz fue procesado en noviembre de 2022 por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, pero la acusación contra él decayó por su delicado estado de salud. Falleció el 5 de marzo de 2023.

Lars Broberg aportó al matrimonio con Ángeles Muñoz tres hijos de un anterior matrimonio. Tras la boda, hace más de treinta años, la pareja tuvo dos hijos. Pero son dos de los hijastros de Muñoz quienes reclaman a la alcaldesa la parte que les corresponde de la herencia de su padre. De estos, uno es Joakim Broberg, juzgado en la Audiencia Nacional por tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la misma causa en la que fue procesado su padre. El otro hijastro es Lars Toni Andreasson, fruto de una relación extramatrimonial de Lars Broberg antes de trasladarse a España. Reconocido por Broberg, Lars Toni ha llevado el apellido de su padre, pero nunca vivió con el matrimonio, a diferencia de los otros dos hijastros. 

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Marbella admitió a trámite el pasado septiembre la demanda para la “división judicial” de la herencia de Lars Broberg. El marido de Muñoz era un ciudadano sueco con antecedentes por falsificación de matrículas que hizo fortuna en el sector inmobiliario de la Costa del Sol. Tanto es así que Muñoz siempre atribuyó su lujoso estilo de vida al éxito en los negocios de su marido. 

La Fiscalía Antidroga relacionó a Lars Broberg con tres operaciones inmobiliarias para blanquear más de siete millones de euros. El dinero procedería del tráfico del hachís orquestado por una delegación de la Mocromafia sueca asentada en la Costa del Sol y de la que sería cabecilla su hijo Joakim, pendiente de que la Audiencia Nacional dicte sentencia. El juicio se celebró entre los meses de junio y julio pasados. Durante el mismo, la Fiscalía insistió en la participación del fallecido Lars Broberg en el blanqueo del narcotráfico y solicitó una condena de 18 años de cárcel para su hijo Joakim.

El juzgado de Marbella admitió a trámite en septiembre la demanda para la “división judicial” de la herencia de Lars Broberg que hacen dos de sus hijos. Para repartir la herencia es necesario conocer antes a cuánto ascienden los fondos y bienes que Broberg dejó en vida, esto es, “la intervención judicial del caudal hereditario”, según se menciona en el auto de admisión de la demanda, al que ha tenido acceso elDiario.es. En la resolución, el juzgado ordena notificar la demanda a Ángeles Muñoz y que esta informe de la dirección de los dos hijos del matrimonio, Alex Jhon Broberg Muñoz y Christina Erik Broberg Muñoz, así como dónde localizar a Fredick Broberg, el tercer hijastro que no se ha unido a la demanda para el reparto de la herencia. Fredik es un financiero con residencia en Dubai. elDiario.es ha intentado sin éxito recabar un comentario de Ángeles Muñoz a través del departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Marbella.

Lars Broberg mantuvo la nacionalidad sueca y no residía más de seis meses en España para tributar en su país. Las fuentes consultadas explican que su testamento responde a la distribución de la herencia que marca la ley sueca. Según esta, el heredero principal en una pareja con hijos es el cónyuge y los hijos no tendrán derecho a reclamar su parte de la herencia hasta que muera este. 

Para los hijastros la situación es otra. Estos hijos del fallecido, procedentes de una relación anterior, pueden reclamar su herencia inmediatamente después al fallecimiento de su padre, sin necesidad de esperar a que la pareja de este fallezca. Ángeles Muñoz ha sido requerida por los hijastros en varios formatos desde el fallecimiento de Lars, en marzo de 2023, incluido un burofax. La alcaldesa de Marbella no respondió a ninguno de ellos. 

Una ostentosa vida rodeada de presuntos delitos

La ostentosa vida de Ángeles Muñoz abre una incógnita sobre la herencia de Lars Broberg. Por otra parte, el procesamiento del empresario sueco abunda en las dudas sobre su procedencia. Los investigadores policiales del caso de la Mocromafia en la Costa del Sol solicitaron al juzgado abrir una línea de investigación por delitos de corrupción derivados del presunto cabecilla del grupo, Joakim Broberg, y el uso que podría haber hecho de la figura política de su madrastra. Pero ni la Fiscalía ni el magistrado atendieron a los requerimientos de la Policía, basados en los pinchazos en los que Joakim llegaba a celebrar la victoria del PP en los comicios de 2019: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”.

Ángeles Muñoz y su marido estaban casados en régimen de separación de bienes. elDiario.es publicó en noviembre de 2022 que el patrimonio de Ángeles Muñoz, diferenciado del de su marido, ascendía 12 millones de euros siguiendo un cálculo conservador. La alcaldesa de Marbella lleva dedicada en exclusiva a la política durante tres décadas. Procedente de una familia de clase media, Ángeles Muñoz ejercía de médica de familia cuando conoció a Lars Broberg. Desde que entró en política, a mediados de los noventa, Muñoz no ha dejado de adquirir propiedades, tal y como detallaba la citada información. 

Entre el patrimonio que ahora debe cuantificar el juzgado para repartir la herencia está una de las propiedades más ostentosas de la familia. Se trata de una mansión que Muñoz compró al 50% con su marido en 2003 y que ha intentado ser vendida en los últimos años, sin que conste que la alcaldesa se haya desprendido de ella. 

La mansión está envuelta en la polémica desde que este medio desvelara en 2014 el modo en que fue adquirida. El matrimonio Muñoz y Broberg compró en 2003 el 98% de las participaciones que una sociedad llamada Crasel Limited tenía en otra, Crasel Panoramica SL, propietaria a su vez de la mansión. Crasel Limited estaba radicada en Gibraltar, un “paraíso fiscal”, según la definición que otorgaría después al territorio británico el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Muñoz era propietaria del 49% de Crasel Panorámica, lo que se aproximaría a seis millones de euros por el valor de la casa. Este medio preguntó a un portavoz del Ayuntamiento si tras fallecer su marido Muñoz se ha hecho con la otra mitad de la empresa o, de no ser así, quién o quiénes son los propietarios, pero no obtuvo respuesta. La mansión tiene dos plantas y dos sótanos que albergan piscina cubierta, sauna, gimnasio y salas de cine y billar. En total, la vivienda tiene nueve cuartos de baño. También cuenta con una característica piscina exterior que ocupa 61 metros cuadrados y su perímetro recuerda a la cabeza del ratón de dibujos animados Mickey Mouse.

El pasado año, el Ayuntamiento de Marbella recalificó los terrenos donde se sitúa la mansión aumentando su valor. En 2023, la alcaldesa de Marbella había cancelado la hipoteca de 3,1 millones de euros que había contratado en el banco Nordea Bank, con sede en Luxemburgo.

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia número 1 de Marbella (Málaga) ha acordado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 84 años que supuestamente mató a su mujer el pasado viernes en el municipio de Marbella.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se le investiga por la comisión de un delito de homicidio, aunque será el discurrir de la instrucción el que determine la calificación que se le dé finalmente al hecho. El hombre, de 84 años, prestó declaración en sede judicial y contestó a las preguntas que se le formularon.

La Sección de Violencia, según la nueva denominación que se le ha dado a los hasta ahora juzgados de violencia sobre la mujer, ha decidido que el detenido sea sometido a los pertinentes exámenes facultativos para determinar su estado mental en el momento de llevar a cabo la muerte de la que era su esposa, de 83 años.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando, sobre las 11:00 horas, se halló el cuerpo sin vida de la mujer en el citado municipio malagueño. Tras ello, agentes de la Policía Nacional detuvieron al marido en relación con los hechos. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha confirmado este lunes el asesinato como caso de violencia de género, elevando a diez las víctimas en Andalucía en lo que va de año.

El caso de la mujer de 83 años asesinada este pasado viernes 3 de octubre en el municipio malagueño de Marbella, confirmado este lunes como violencia machista por el Ministerio de Igualdad, ha elevado a diez las víctimas por violencia de género en Andalucía en lo que va de año. Se trata del segundo asesinato machista en una semana, después de la mujer de 29 años degollada por su expareja el pasado domingo 28 de septiembre en Sevilla Este.

El Ministerio ha elevado a 29 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, y a 1.324 desde 2003, fecha desde la que existen registros oficiales, tal como han confirmado desde el departamento de Ana Redondo.

Por comunidades, Andalucía cuenta este año, hasta la fecha, con el mayor número de asesinadas por violencia de género, con diez casos. Le sigue Asturias, con tres; Canarias, Cataluña, Extremadura y Galicia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y La Rioja, con uno cada una.

El último caso, en Marbella

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, apuntaba que el hombre de 84 años detenido en Marbella pasaría a disposición judicial entre este pasado domingo y este mismo lunes. La Policía Nacional arrestó al presunto agresor el mismo viernes, si bien no existían denuncias previas por violencia de género contra él.

Fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press señalaron que el cadáver de la mujer, de 83 años, fue encontrado en torno a las 11:00 horas de ese mismo día en la referida localidad. Las reacciones no tardaron en llegar, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, condenó en nombre del Gobierno andaluz el asesinato que acaba de confirmarse como nuevo caso de violencia machista.

López mostró su “dolor e impotencia”, transmitiendo su “condena y repulsa”. La titular de Igualdad reiteró que “cada crimen machista es un fracaso de toda la sociedad” y, por tanto, añadió que “es imprescindible que administraciones, instituciones y ciudadanía en general actuemos unidos para acabar con esta lacra”. En este sentido, solicitó a los entornos de las víctimas “que estén atentos a cualquier indicio que pueda indicar que nuestra madre, hermana, hija o amiga pueda estar sufriendo violencia de género, especialmente en aquellas mujeres que presentan una mayor vulnerabilidad”.

Casos anteriores hace apenas unas semanas

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia machista de este año en Andalucía, la primera fue de Benalmádena (Málaga); otra de Martos (Jaén); la tercera de las víctimas fue en Cartaya (Huelva); la cuarta de las víctimas fue en Marbella (Málaga); la quinta en Fuengirola (Málaga); la sexta en Almería; la séptima de las víctimas en Motril (Granada); la octava en el barrio de Valdezorras (Sevilla); la novena en el barrio de Sevilla Este (Sevilla); y esta décima en Marbella (Málaga).

El pasado domingo 28 de septiembre, Andalucía contabilizaba nueve mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de 2025, tras confirmarse el caso de la mujer de 29 años degollada por su expareja en Sevilla Este. Apenas unas semanas antes, el domingo 7 de septiembre, una mujer de 47 años fue encontrada muerta en el barrio de Valdezorras (Sevilla), siendo la octava mujer asesinada por violencia machista en Andalucía.

Un hombre de 84 años ha sido detenido por la Policía Nacional en la ciudad malagueña de Marbella después de que se haya encontrado el cuerpo sin vida de su esposa, también octogenaria.

En este sentido han informado fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press, que han señalado que el cadáver de la mujer, de 83 años, ha sido encontrado en torno a las 11.00 horas de este viernes en la referida localidad.

La Policía Nacional ha detenido al varón y está investigando las circunstancias en torno al suceso. Las mismas fuentes han señalado que ni el detenido ni la fallecida estaban en el sistema Viogén.

La Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Málaga ha informado de que ya está recabando la información relativa al asesinato de esta mujer de 83 años por presunta violencia de género para trasladarlos a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género para determinar si se trata de un nuevo crimen machista.

Una mujer de 83 años ha sido asesinada con un arma blanca en Marbella (Málaga) presuntamente a manos de su pareja, de 84, que ha sido detenido este viernes.

La pareja convivía en un chalé ubicado en una zona residencial en la entrada de Marbella, en el distrito Elviria Las Chapas, donde los agentes han detenido al presunto autor, que ya ha sido trasladado a dependencias policiales, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

El cuerpo de la víctima presentaba heridas de arma blanca y ha sido hallado sobre las 11.00 horas de este viernes en una vivienda ubicada en la calle Ciudad de los Periodistas.

La autoridad judicial ya ha autorizado el levantamiento del cadáver, al que se le realizará la autopsia en las próximas horas, y los agentes de la Policía Científica han tomado huellas en el posible escenario del crimen.

Desde la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Málaga se está recabando toda la información relativa al asesinato por presunta violencia de género para trasladarlo a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género con el objetivo de determinar si se trata de un nuevo crimen machista.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, serían 29 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2025, diez de ellas en Andalucía, y 1.324 desde que comenzó a elaborarse la estadística de asesinatos por violencia de género en 2003.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

La intervención del Gobierno en el mercado de viviendas turísticas ha levantado sarpullidos en el Gobierno autonómico y los empresarios de Andalucía, el territorio que aparece en la foto como la gran meca de los “alojamientos turísticos ilegales” que mostró este domingo el presidente Pedro Sánchez. De las 53.876 viviendas turísticas que el Gobierno quiere eliminar de plataformas como Airbnb o Booking, 16.740 están en Andalucía, 8.014 de ellas en Málaga. Andalucía es la comunidad autónoma, Málaga es la provincia y Sevilla es la ciudad que más viviendas turísticas “ilegales” tienen en España a ojos del Ministerio de Vivienda, que cita los datos de un nuevo registro estatal, operado por el Colegio de Registradores y obligatorio desde junio.

La Junta de Andalucía lo ve de otra forma. Niega, para empezar, que el Gobierno central tenga competencias para determinar qué alojamientos turísticos son ilegales. El tono lo marcó el consejero Arturo Bernal, acusando al Gobierno de “atentar” contra el turismo andaluz.

A su lado se ha posicionado rápidamente la patronal andaluza. “Que una vivienda turística no haya obtenido aún su número de registro único no significa que sea ilegal, sólo que no puede ser publicitada a través de canales online. No han perdido su licencia turística autonómica. La mayoría cuenta con autorización legal otorgada por la Junta de Andalucía y lleva años operando bajo la normativa autonómica vigente”, explica Juan Cubo, presidente de AVVAPro, que sitúa la cuestión en un “problema técnico y administrativo” en la tramitación del número de registro.

“Lo que ha ocurrido es que, debido a los fallos del Registro Digital Único y la falta de criterios claros de los registradores, muchos de estos inmuebles no han podido obtener aún su Número de Registro de Alquiler”, señala AVVAPro: “Pretender convertir este problema técnico y administrativo en una ‘ilegalidad masiva’ es un intento de manipulación de la opinión pública intolerable”.

En junio, poco antes de que entrara en funcionamiento el registro estatal, este medio ya adelantó que se estaba produciendo un tapón por la lentitud del registro andaluz en realizar algunos trámites. Por ejemplo, un cambio en la propiedad (y, por tanto, en la titularidad de la licencia) tarda meses en registrarse por la Junta de Andalucía en provincias como Málaga (supuestamente “saturadas”), y eso provocaría el rechazo de la inscripción en el Registro estatal.

Sevilla y Marbella en cabeza

Sánchez anunció este domingo en Cártama (Málaga) que hay más de 16.000 viviendas en Andalucía que no han pasado el filtro del nuevo Registro estatal. El Ministerio no ha facilitado a este medio un desglose de los motivos, pero la revocación de la inscripción registral apunta a la Junta, porque da a entender que no vigila el cumplimiento de su propia normativa.

Como no cumplirían los requisitos (acreditación de que se cumple la legislación autonómica y municipal para operar como vivienda turística) serán desinscritos de las plataformas en las que se anuncian, que ya han recibido la comunicación de cuáles son las viviendas que deben inactivar, según fuentes del Ministerio. La ministra Isabel Rodríguez pidió este lunes a las Comunidades Autónomas que “no pongan palos en las ruedas”: “Por cada piso turístico ilegal hay una familia expulsada de su barrio, o un joven que no se puede emancipar”.

Andalucía copa el listado de municipios con más viviendas que serán desinscritas, con cinco en el “top ten”: Sevilla (1º, 2.289 viviendas a desinscribir); Marbella (2º, 1.802); Málaga (4º, 1.471); Benalmádena (6º, 926); y Fuengirola (10º, 686). Entre los 25 primeros también están Mijas, Granada, Tarifa y Torremolinos. Según el Ministerio, los propietarios de esas viviendas no han acreditado cumplir la normativa autonómica para operar como vivienda turística, tras la revisión de su solicitud por parte del Colegio de Registradores y siete días de alegaciones. Por eso, a través de la ventanilla única creada al efecto, se ha comunicado a las plataformas que sus anuncios deben dejar de ser visibles.

Es la comunidad autónoma, en este caso Andalucía, quien establece qué viviendas turísticas son legales: pone las condiciones para poder operar (de hecho, tiene su propio registro ante la Consejería de Turismo), remitiéndose a su vez al cumplimiento de la normativa municipal. Y Andalucía dice no saber por qué el registro estatal ha encontrado más de 16.000 viviendas turísticas que no cumplirían los requisitos que la propia Andalucía establece. “No nos han dado ningún motivo por los que son supuestamente ilegales”, señala un portavoz de la Consejería de Turismo.

El nuevo registro estatal fue aprobado a finales del año pasado con la finalidad de implementar el reglamento europeo de información en materia de alquileres de corta duración. El registro estatal no define nuevos requisitos ni establece, de momento, un régimen sancionador por la falta de inscripción.

La Junta y la patronal insisten en que el Ministerio está invadiendo competencias autonómicas, porque no puede declarar la ilegalidad de un uso turístico ni cancelarlo; de momento, lo que ha hecho el Ministerio es crear un registro, y obligar a las plataformas a guiarse por él.

150.000 viviendas turísticas en Andalucía; la Junta ha cancelado 10.000

Andalucía dispone de su propio registro para el alquiler turístico desde 2016. A 15 de septiembre, hay 150.457 viviendas turísticas registradas por la Junta de Andalucía. Son casi ocho mil más que en marzo. Esta cifra es superior a la que ofrece el INE dos veces al año, basada en la información que proporcionan las plataformas sobre viviendas que se anuncian en ellas y que, por tanto, están activas.

El Gobierno andaluz entró en pánico hace año y medio al comprobar que en las multitudinarias manifestaciones pidiendo vivienda asequible se apuntaba a las viviendas turísticas, a las que considera pieza angular de un sector que concentra el 13% del PIB andaluz. Mientras insiste en que el principal problema es la Ley de Vivienda “que premia a los okupas”, la Junta ahora admite que los pisos turísticos también influyen y se esfuerza en subrayar que está sacando muchas viviendas turísticas ilegales del mercado. También ha encargado una campaña publicitaria para revertir la percepción de que el turismo está dificultando el acceso a la vivienda.

La Junta asegura que, a 27 de agosto, había cancelado 10.226 viviendas turísticas desde que aprobó una normativa más estricta en 2024, que incluye la suscripción de convenios con los principales ayuntamientos para facilitar el control de los requisitos municipales. Son 3.812 en Málaga (1.280 en la capital), 1.807 en Granada (988 en la capital), 1.352 en Cádiz (471 en la capital) y 1.198 en Sevilla (1.067 en la capital).

De ahí, que el anuncio del Ministerio de que aún hay más haya sentado tan mal: porque sugiere que, a pesar de sus anuncios, el Gobierno de Moreno sigue sin poner el celo suficiente en hacer cumplir su propia normativa. El mismo domingo, el consejero Arturo Bernal acusó a Pedro Sánchez de “venir a Andalucía a atentar contra nuestra principal industria, el turismo”. “Las viviendas que falsamente dice Sánchez haber sacado del registro de la propiedad no son ilegales”, aseguró Bernal, recordando también que la Junta (y otras tres comunidades autónomas) ha recurrido el Decreto que regula el registro estatal y sus datos, al considerarlo una injerencia en sus competencias exclusivas.

El impacto en Málaga

Sánchez hizo su anuncio este domingo en Málaga, y no fue casual. La ciudad y la provincia concentran un alto número de viviendas turísticas: registradas ante la Junta de Andalucía, son 86.711 en la provincia y 12.882 en la capital, más que en ciudades que la duplican en tamaño, como Barcelona.

Es el resultado del atractivo turístico de la ciudad y de la Costa del Sol, pero también de las altas rentabilidades (en Málaga, un propietario gana cuatro veces más poniendo su casa en alquiler turístico -30.500 euros de media- que en larga temporada -7.510-, según un informe encargado por el Ayuntamiento) y de una manga ancha que ha durado hasta hace muy poco. Sólo hace un mes entró en vigor la moratoria para nuevos pisos turísticos en la ciudad.

Todo esto ha contribuido a la escasez de vivienda en alquiler (que era endémica), elevando los precios hasta hacerlos inasumibles al bolsillo medio. El tema domina desde hace años el debate público en Málaga y la Costa del Sol. Casi a cada Pleno municipal, la izquierda martillea al alcalde Francisco de la Torre (PP) con las cifras de malagueños y malagueñas que no pueden vivir en su ciudad. Y este ha ido virando su posición, hasta admitir, al fin y años después de que la cuestión fuese un clamor, que no caben más viviendas turísticas en la ciudad.

La provincia de Málaga y, en particular, su capital, son la meca de las viviendas turísticas en España. Los indicadores conocidos hasta ahora ya permitían atisbar que estaba en lo más alto, pero faltaba concreción o uniformidad para poder comparar con otras zonas del país.

Ahora, el nuevo registro estatal puesto en marcha por el Ministerio de Vivienda, obligatorio desde principios de julio, permite poner cifras oficiales al fenómeno: Málaga ciudad (591.637 habitantes) encabeza el ranking de ciudades con más oferta de pisos turísticos; le siguen Barcelona (1.702.547 habitantes), Sevilla (687.488), Marbella (159.000) y Arona (86.624).

Málaga capital registra 7.102 solicitudes de inscripción de viviendas turísticas a fecha 3 de julio, según los datos del registro estatal municipalizados facilitados por el Ministerio. La lista de los 20 municipios con más demanda de alojamientos turísticos en España tiene otros cinco pueblos malagueños: Mijas (7º), Benalmádena (9º), Fuengirola (11º), Torremolinos (12º) y Estepona (15º).

Todos superan las 2.000 solicitudes ante el Ministerio. Estos datos hacen que Málaga sea también la líder destacada a nivel provincial, con 32.093 solicitudes a dicha fecha, casi el doble que la segunda, Las Palmas con 18.954, o que Alicante, tercera con 17.045.

El nuevo registro, de carácter estatal y operado por los registradores de la propiedad, fue aprobado a finales del año pasado por decreto del Consejo de Ministros, con la finalidad de implementar el reglamento europeo de información en materia de alquileres de corta duración. Se trata de un sistema que registra y expide un número de identificación tanto a los alquileres turísticos como a los de temporada [excluidos de esta información], suscritos por tiempo inferior a un año y usados en ocasiones por los propietarios para sortear la prórroga forzosa a cinco o siete años de los arrendamientos sujetos a la Ley de Vivienda.

Andalucía es la región donde más solicitudes han atendido los registradores, con más de 50.000 para uso turístico y 2.250 para el alquiler de temporada a fecha de 30 de junio, cifra que va aumentando con el paso de los días. Con todo, la cifra representa el 65% de las viviendas turísticas que el INE estima que existen en Andalucía, y apenas un tercio de las 149.608 con licencia registrada por la Junta de Andalucía a fecha 4 de julio.

La clave del sistema es una “ventanilla única digital”, un modelo de comunicación entre Ministerio, el Colegio de Registradores y las plataformas de alquiler. Cuando el Colegio advierta de que el piso no cumple los requisitos su matrícula queda revocada y se comunica a las plataformas, que no podrán comercializar ningún anuncio con este número y deberán retirarlos de las ofertas de alquiler.

Un sistema recurrido por la Junta por invasión de competencias

Andalucía dispone de su propio registro para el alquiler turístico desde 2016. La Junta de Andalucía ha recurrido ante los tribunales el registro estatal porque considera que tiene la competencia exclusiva sobre la gestión y el control de los datos de estos arrendamientos y que el Estado está invadiendo su terreno.

La nueva herramienta del Ministerio permite homogeneizar los datos y contrastarlos, al sortear las diferencias metodológicas que pueda haber entre registros autonómicos. Por ejemplo, en el caso de Andalucía, el registro de la Junta recoge 12.815 licencias para viviendas turísticas registradas en Málaga, mientras que en el recuento estatal son 7.102.

Cada administración contabiliza con criterios, tiempos y finalidades distintas. En Andalucía, es posible tener registrada una vivienda con licencia para piso turístico, pero no tenerlo anunciado para alquiler. Sólo el hecho de contar con esa licencia es un “activo” para venderlo más caro.

La otra fuente habitual para contabilizar pisos de alquiler son los informes que el INE publica dos veces al año, a partir de un barrido de las viviendas turísticas activas en las principales plataformas. Estas cifras suelen ser sensiblemente inferiores a las del registro andaluz porque se basan en la actividad efectiva en portales web. En el último sondeo, en Málaga capital había 7.496 viviendas turísticas, una cifra muy similar a la que apunta ahora el Ministerio de Vivienda.

El registro estatal no define nuevos requisitos ni establece, de momento, un régimen sancionador por la falta de inscripción, pero la puesta en funcionamiento del registro estatal, el pasado 1 de julio, no está siendo uniforme. Abogados y propietarios particulares explican a este medio que se está produciendo un tapón por la lentitud del registro andaluz en realizar algunos trámites.

Por ejemplo, un cambio en la propiedad (y, por tanto, en la titularidad de la licencia) tarda meses en registrarse por la Junta de Andalucía en provincias con los servicios “saturados” como Málaga, y esto está provocando que el registro estatal rechace a su vez la inscripción.

Los datos facilitados por el Ministerio a este medio ofrecen una imagen de la provincia como destacada referencia para las viviendas turísticas. La capital encabeza el listado en cifras absolutas, pero sería más líder aún si se tomasen referencias relativas, pues tiene más viviendas turísticas registradas que Barcelona o Sevilla con menos población. En total, son 7.102 viviendas dedicadas al alquiler turístico.

De ellas, el registro recoge 3.283 en situación estado “activo” y 3.125 en “activo provisional”. Esto significa que han aportado información y documentación al registro y ya disponen de número para poder comercializar, pero la solicitud debe ser aún revisada por el colegio de registradores. Tras ese examen, si en siete días no se subsanan posibles deficiencias (falta de declaración responsable, de licencia, de referencia catastral), el registro se revoca. Hay 694 revocadas en Málaga capital.

Málaga, Marbella, Mijas y Benalmádena en el top 10

Barcelona sigue a Málaga, con 6.849 solicitudes de registro, entre activas, activas provisionales y revocadas. Completan los diez primeros puestos Sevilla (la única ciudad no costera del ranking), con 5.346 pisos, Marbella, con 4.602, Arona (Tenerife) con 3.239, Adeje (Tenerife) con 2.972, Mijas (Málaga) con 2.765, San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) con 2.765 y Benalmádena (Málaga) con 2.762.

La saturación de viviendas turísticas en algunas es un asunto central de la política municipal en ciudades como Málaga, Sevilla o Marbella, las primeras andaluzas en el ranking. Todas han adoptado medidas orientadas a restringir su proliferación, pero su efectividad por ahora es escasa, lo que permite entrever el grado de urgencia que cada gobierno municipal, todos en manos del PP, da al asunto.

Marbella aprobó en febrero la creación de un registro municipal, explicando que “es necesario contar con un censo que refleje la oferta real”. Según un estudio encargado a la Universidad de Málaga, sólo el 32% de los inmuebles dados de alta como turísticos ante la Junta “se comercializan realmente”, por lo que el municipio decidió dotarse de un nuevo registro, que se suma así al autonómico y al estatal. También anunció una nueva normativa para limitar el cambio de uso para esta actividad de los locales comerciales.

En Sevilla, se estableció que en los barrios con más del 10% de viviendas turísticas respecto al total del parque inmobiliario no se concederían nuevas licencias. A la oposición la cifra le parece poco ambiciosa, y el PP pactó con Vox estudiar periódicamente la posible reducción del porcentaje en algunas zonas. Además, hay constancia de que siguen inscribiéndose viviendas de barrios saturados, como ha desvelado el periodista Manuel Florencio.

En Málaga, el alcalde ha ido anunciando nuevas medidas en vísperas de cada nueva manifestación por la vivienda. En junio de 2024 fue la prohibición de registrar nuevas viviendas turísticas si no tenían salida y suministros independientes del resto del edificio; en octubre llegó la prohibición adicional en barrios en los que se supere el 8% del parque inmobiliario. Y en marzo de este año el alcalde Francisco de la Torre anunció que preparaba una moratoria global durante tres años, es decir una prohibición de nuevos registros. Sin embargo, no se ha vuelto a saber. Estas decisiones no han contenido las inscripciones. Desde que anunció la primera medida ha transcurrido un año y ahora hay 1.526 más inscritas: el 10 de junio de 2024 había 11.289 y hoy son 12.815. En Málaga hay secciones censales que superan el 84% de viviendas turísticas sobre el parque inmobiliario.

El veterano regidor malagueño ha ido asumiendo lentamente que la vivienda es el principal reto de su mandato, y apuesta ahora por ceder parcelas públicas a promotores privados para que construyan viviendas de protección oficial de entre 45 y 55 metros cuadrados, así como por agilizar y facilitar la promoción en otros suelos y poner “alfombra roja” a los hoteles frente al modelo de viviendas turísticas. Para la oposición, es insuficiente.

El PSOE local, siguiendo la estela del Gobierno, suele poner el ejemplo de Barcelona, que con el triple de población tiene ya menos solicitudes de vivienda turística y apunta a su extinción en 2028. “Ojalá hubiese más Collbonis”, dijo la ministra Isabel Rodríguez, en referencia a las políticas de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, basada no sólo en la muerte anunciada de las viviendas turísticas, sino también por la construcción de un parque público de vivienda y la declaración de zonas tensionadas, algo que Málaga se niega a solicitar y que la Junta de Andalucía, que tiene competencias, no va a hacer.

El caso de narcotráfico y blanqueo de capitales que se juzga en la Audiencia Nacional afecta ya a tres miembros de la familia de Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella (Málaga), del PP. Este jueves, la Fiscalía Antidroga elevó a definitiva su petición de 18 años de cárcel para Joakim Broberg, el hijastro, como cabecilla de una sucursal en la Costa del Sol de la Mocromafia sueca. En su intervención final, la fiscal María Dolores López Salcedo recordó el carácter preponderante del difunto marido de Muñoz, Lars Broberg, en el blanqueo de las ganancias de la droga, al tiempo que pidió el decomiso de la vivienda donde vive actualmente uno de los hijos que tuvieron la regidora y el empresario sueco.

Alexander Broberg vive en una vivienda de San Pedro de Alcántara (Málaga) que asegura que le pertenece, si bien es uno de los bienes para los que la Fiscalía solicita su decomiso al considerar que su verdadero dueño es Joakim Broberg, el hermanastro, para quien Antidroga pide una multa de 30 millones de euros, además de los 18 años de prisión.

La alcaldesa de Marbella ha querido aparentar distancia con Joakim Broberg desde que elDiario.es desveló los graves indicios que pesaban contra él como cabecilla de la Mocromafia en la provincia de Málaga. Joakim es uno de los tres hijos que Lars aportó al matrimonio con Ángeles Muñoz, hace más de tres décadas. Con quien no ha querido, ni puede poner distancias, es con Alexander, uno de los dos hijos que tuvo con Lars, que ahora se arriesga a ser desahuciado.

El joven compareció como testigo en una de las sesiones del juicio a petición de la defensa de su hermanastro. La casa, situada en San Pedro de Alcántara, está a nombre de la sociedad panameña Lesley Company INC, creada por Lars Broberg en el paraíso fiscal hace décadas. La sociedad habría sido utilizada para hipotecar la finca por 230.000 euros, el equivalente a la cantidad blanqueada en beneficio de Joakim Broberg, según la Fiscalía Antidroga.

Durante su declaración como testigo, Alexander Broberg aseguró que lleva viviendo en la casa desde 2017 y que en 2019 es su propietario como consecuencia de una “donación” de la sociedad. “Se cambiaron de nombre las acciones, la Sala tiene la documentación original. No hubo ningún pago”, afirmó el hijo de Ángeles Muñoz.

Este jueves, antes de iniciar su informe de conclusiones, la fiscal Antidroga solicitó “la nulidad de la transmisión de acciones que se realizó en 2019 a favor de Alexander Broberg”. María Dolores López Salcedo criticó la actitud pasiva del hijo de la alcaldesa: “No le ha dado la gana de personarse pese a que conocía el decomiso”.

La vivienda es el epicentro de la operación número 6 de blanqueo de capitales de las que se describen en el sumario. La fiscal López Salcedo utilizó el caso para describir el papel que Lars Broberg, el marido de Muñoz, tenía en los hechos juzgados. “La mejor prueba de que Lars estaba detrás de todas las operaciones de Joakim era precisamente expresar su última voluntad sobre un bien que en realidad, según todos los datos, estaba a disposición de Joakim”, dijo.

La Fiscalía implica a Lars Broberg en tres operaciones de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de hachís por un valor superior a los siete millones de euros. La inspectora jefe de la UDEF aseguró en el juicio: “Lars supervisa. Recuerdo que en diferentes momentos de la investigación iba a ver las obras. Cuando hacen gestiones con abogados él les aconseja, les asesora y las facilita. Él va a ver las fincas y las construcciones. Es como si estuviera supervisando…”

Lars Gunnar Broberg fue detenido en febrero de 2021 en la operación contra la organización de tráfico de drogas de su hijastro. Quedó en libertad sin pasar a disposición judicial por su ya delicado estado de salud. Ángeles Muñoz realizó entonces una comparecencia pública defendiendo la inocencia de su marido y advirtiendo que todo quedaría “negro sobre blanco” cuando se levantara el secreto del sumario. A continuación acusó a la oposición de querer “dañar” su imagen y la de Marbella.

La investigación continuó en secreto hasta su conclusión por decisión del juez Manuel García Castellón. Cuando se alzó el secreto resultó lo contrario del pronóstico de la alcaldesa. En octubre de 2022, elDiario.es reveló que Lars Broberg había sido procesado por pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, pero que quedaba fuera del procedimiento porque el juez consideraba que no estaba en condiciones para defenderse.

Este periódico comenzó a publicar entonces una serie de investigaciones sobre la participación de Lars Broberg y su hijastro en la trama de narcotráfico y blanqueo procedentes de un sumario que había permanecido bajo secreto. Ángeles Muñoz achacó las informaciones a una estrategia de la oposición política por la proximidad de las elecciones y presentó una demanda contra elDiario.es que un juzgado local descartó con el argumento de que la información publicada había sido “escrupulosamente contrastada”.

“Le avisa de que el teléfono está intervenido”

Para apuntalar la participación de Lars Broberg en la trama, necesaria para solicitar el decomiso, la Fiscalía trajo a la sesión del juicio un episodio desvelado en su momento por este medio. Se trata del chivatazo que, en plena investigación, Lars Broberg dio a su hijo Joakim. “Le avisa de que tiene el teléfono intervenido y Joakim le tranquiliza que este no lo van a pillar”, trasladó la fiscal.

“Escucha, escucha, el que estás sujetando está intervenido”, advirtió Lars Gunnar a Joakim Broberg el 28 de octubre de 2019, según consta en un informe de la Policía. Habían pasado seis meses desde que arrancara la causa secreta 38/2019 en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Unos meses antes, todavía en 2018, las autoridades suecas habían dirigido una Comisión Rogatoria Internacional ante la sospecha de que nacionales de su país habían asentado en la Costa del Sol una organización dedicada a importar hachís y marihuana desde Marruecos, con destino final en Suecia.

Lars Gunnar Broberg falleció en marzo de 2023. Su entierro se convirtió en un acontecimiento político y empresarial en la provincia de Málaga. Entre los asistentes estuvo Enrique Lamelas, máximo responsable de la Policía Nacional en Marbella hasta el año anterior y también durante la investigación al promotor inmobiliario y marido de la alcaldesa.

Menos de un mes después del chivatazo de su padre quien había reprendido a Joakim por tratar cuestiones delicadas por teléfono fue un concejal del equipo de Gobierno de Ángeles Muñoz, Diego López Márquez, hoy teniente de alcalde. “Te veo, te veo... escucha… calla, calla, calla, te veo a ti y me cuentas en persona mejor, ¿vale?”, le dice el político al hijastro de la alcaldesa. Y añade: “A ver si aprendes de tu padre, a ver si aprendes de tu padre”.

Los pinchazos policiales con autorización judicial depararon mayores sorpresas a los agentes. La UDEF puso en tres informes que había indicios de corrupción en torno al poder de Ángeles Muñoz y el uso que hacía su hijastro Joakim. Los agentes solicitaron abrir una línea de investigación por tráfico de influencias, cohecho y prevaricación, pero ni la Fiscalía Antidroga ni el Juzgado de la Audiencia Nacional les apoyaron.

Un hombre, de 47 años de edad, ha sido detenido por matar presuntamente este sábado en Marbella a una mujer, de 53 años, con quien mantenía una relación sentimental.

La Policía Nacional, que investiga ahora lo sucedido, ha informado a Europa Press del hallazgo del cadáver de esta persona con signos de violencia. Según informa Sur, el sospechoso, de nacionalidad búlgara, se ha entregado en la comisaría de la ciudad.

La pareja trabajaba como aparcacoches en la localidad y los hechos ocurrieron en las inmediaciones de una estación de servicio, según ha adelantado La Opinión de Málaga.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que está recabando datos del asesinato “de una mujer en la provincia de Málaga”.

“Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente [informe], se solicita se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias decretando el secreto de las actuaciones”. Nunca ocurrió.

La inspectora jefa del grupo de la UDEF que investigó a Joakim Broberg realizó formalmente esta propuesta a la Fiscalía Antidroga y la Audiencia Nacional en julio de 2019. Las afirmaciones realizadas por el hijastro de la alcaldesa de Marbella en las conversaciones intervenidas por la Policía y las comprobaciones posteriores realizadas por los agentes hacían sospechar a la UDEF de que el presunto narcotraficante se había servido del poder de Ángeles Muñoz para hacer negocios. 

La fiscal del caso, María Dolores López Salcedo, y el juez en aquel momento, Alejandro Abascal, no adoptaron la medida que solicitaba la UDEF. Los agentes reiteraron esos indicios en dos informes más, pero no obtuvieron respuesta. El 'caso de los suecos' siguió instruyéndose como otra causa contra el tráfico de drogas internacional, en este caso de hachís. Nada de corrupción. 

El pasado lunes, 19 de mayo, llegó el turno para declarar en el juicio de la agente con número profesional 85.972, una inspectora de la UDEF que comparecía en calidad de perito. Durante la hora y 24 minutos que duró el interrogatorio de la fiscal no surgieron las sospechas de corrupción. Con la pregunta de si los informes que realizó eran “acumulativos” y se podían ceñir a preguntas sobre el último, la fiscal cercenó la posibilidad de aludir a los tres oficios policiales en los que se reproducían los pinchazos a Broberg y los indicios de corrupción.

En una de esas intervenciones, Joakim Broberg contaba a uno de sus socios que estaba en un bar al lado de un funcionario de Benahavís, localidad contigua a Marbella, al que habrían sobornado en el pasado. Una conversación que el hijastro de Ángeles Muñoz remataba: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”. 

Tres días antes se habían celebrado las elecciones municipales y el PP había vuelto a arrasar en la Costa del Sol. Tres meses antes, Juan Manuel Moreno Bonilla se había convertido en presidente de la Junta tras cuatro décadas de gobiernos socialistas en Andalucía. 

La Policía comenzó a investigar y confirmó que el funcionario existía y respondía a la descripción que hacía el hijastro de Ángeles Muñoz. “De las conversaciones telefónicas interceptadas a Joakim Broberg se desprende la gran influencia que tiene el sueco sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí”, advertía por escrito la inspectora 85.972.

Las sospechas de la Policía no tuvieron publicidad. El juez Manuel García Castellón, que relevó a Abascal al frente de la causa, no levantó el secreto del sumario hasta que había dictado el auto de procesamiento y concluido la instrucción. El PSOE intentó personarse tras las revelaciones de elDiario.es, pero su aspiración fue denegada. Si la Fiscalía no actuaba contra la posible corrupción tampoco lo haría la defensa de los supuestos narcotraficantes. El poder omnímodo en la ciudad de Ángeles Muñoz no tendría fiscalización judicial, solo periodística. 

Tres meses después de la primera advertencia policial sobre la corrupción que irrumpía en la investigación por drogas llegó un segundo atestado de la UDEF. En octubre de 2019, en un informe ampliatorio, la Policía trasladaba a la fiscal y al juez que había encontrado “tres aspectos fundamentales en lo que se refiere a las actividades delictivas de Joakim Peter Broberg”: sus “negocios inmobiliarios”, la utilización de paraísos fiscales y abogados especializados y, por último, un “notorio uso de influencias en las distintas administraciones públicas involucradas, que no duda en usar tanto para beneficio propio como de terceros”.

Un año después de la primera alerta sobre presunta corrupción vinculada a Ángeles Muñoz hubo un tercer informe policial con alusiones a la corrupción. En este caso, los agentes abordaban las conversaciones del hijastro de Muñoz en el otoño de 2019. Uno de los epígrafes del informe policial, fechado el 3 de agosto de 2020, se titulaba: “Información privilegiada para favorecerse con una operación de venta de terrenos”. 

Los agentes escucharon a Broberg hablar con una colaboradora de su padre y con otro empresario con antecedentes. “Se pone de manifiesto que Joakim cuenta con información privilegiada respecto a la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Urbanística”, escribieron en agosto de 2020. Broberg planeaba comprar unos terrenos de los que su dueño no había podido desprenderse por “un problema con el ayuntamiento”.

elDiario.es consultó a la Fiscalía Antidroga antes de publicar la información sobre los atestados policiales, en diciembre de 2022. Un portavoz contestó que la fiscal López Salcedo había investigado las cuentas de Broberg y que no encontró nada que apuntara a delitos de corrupción. López Salcedo no hizo una sola pregunta a Joakim Broberg cuando este compareció en fase de instrucción, ni de la corrupción, ni del tráfico de drogas. Su declaración durante el juicio se producirá a lo largo del próximo mes de junio. La Fiscalía solicita 22 años de cárcel para Joakim Broberg.

Nils Fischer, otro rastro invisible de la corrupción

El hijastro de la alcaldesa se sienta estos días en la tercera fila de asientos que ocupan los acusados, en una esquina. Tres sillas a su derecha está Nils Ander Fischer, otro nombre que ayuda a trazar la silueta invisible de la corrupción en el juicio por drogas. Una de las empresas investigadas como persona jurídica, Codecosol, es de su propiedad. La sociedad recibió más de 600.000 euros en contratos del Ayuntamiento de Marbella que dirige Ángeles Muñoz. Nada de esto se ha mencionado en el juicio.

Fischer era íntimo de Lars Broberg, el marido de la alcaldesa, también procesado por blanqueo de capitales, pero cuya causa fue archivada por motivos de salud. Lars fallecería posteriormente, en marzo de 2023. Fischer, que tenía la oficina de su empresa a metros de la de Lars Broberg, se enfrenta a una pena de seis años de cárcel.

En su filial en Málaga la mafia sueca tendría como “jefe o administrador” a Joakim Broberg, de 52 años, hijastro de la alcaldesa desde que su padre se casó con Muñoz, hace tres décadas. Y este, a su vez, disponía como “hombre de confianza” y “testaferro” a Nils Fischer, según los términos utilizados por el juez Manuel García Castellón en su auto de procesamiento. 

Codecosol (Construcciones y Demoliciones Costa del Sol), la sociedad de Fischer de los contratos con el Ayuntamiento de Ángeles Muñoz, habría sido usada “como tapadera para diferentes negocios inmobiliarios”, añadía el juez en su auto. Entre 2011 y 2015, Codecolsol obtuvo cinco adjudicaciones por un total de 642.415,22 euros durante el segundo mandato de Ángeles Muñoz en el Ayuntamiento marbellí, según descubrió elDiario.es.

El pasaje del interrogatorio de la fiscal a la inspectora de la UDEF sobre el juicio tampoco resultó vibrante en el pasaje dedicado a Fischer y Codecosol. Le preguntó por los antecedentes del empresario que presumía en su perfil de la red LinkedIn de ser “uno de los principales contratistas del Ayuntamiento de Marbella”. Receptación, robo, documentación falsa, fraude, quebrantamiento de condena… 

De las 12 sociedades donde figura Fischer solo Codecosol tiene actividad y declara ganancias, no más de 58.000 euros al año, explicó la inspectora de la UDEF. Ni rastro de unos correos electrónicos desvelados por elDiario.es en los que Fischer utiliza a Lars Broberg para hacer llegar una oferta para una adjudicación del Ayuntamiento en lugar de acudir a la ventanilla del Consistorio. Finalmente, Codecosol obtuvo el contrato. Se trata de uno de los cinco adjudicados a la empresa investigada en el caso de narcotráfico.

Tampoco surgió en el juicio otra cadena de correos donde Fischer obtiene información de cómo van las ejecuciones de obra en Marbella. La reacción de la alcaldesa fue querellarse por revelación de secretos contra elDiario.es, una demanda que ha sido rechazada en primera instancia. Esa información sobre los correos está en unas diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción que investigó el caso y acordó que o no había indicios de delito o los que pudiera haber estaban prescritos. 

El chivatazo, otro asunto esquivado

Otro escándalo que quedó por investigar fue el chivatazo que Lars Broberg le dio a su hijo de que estaba siendo investigado. En sueco, le dice el 28 de octubre de 2019: “Escucha, escucha, el que estás sujetando está intervenido”. Se refiere a que el terminal que usa es objeto de una intervención con autorización judicial. 

Desde Antidroga aseguraron que esos soplos son frecuentes en este tipo de investigaciones, más aún si hay implicadas multitud de unidades policiales y juzgados, más aún si son de varios países, como es el caso, y que resulta imposible dar con el origen del chivatazo. 

La única referencia a Lars Broberg durante el juicio ha sido cuando la fiscal preguntó a la inspectora de la UDEF por el papel del difunto marido de la alcaldesa en tres operaciones de blanqueo de capitales del narcotráfico. El motivo, explicó López Salcedo, es que Antidroga solicita el decomiso de unas propiedades de Lars Broberg que sospecha maneja a día de hoy su hijo. La inspectora atribuyó al marido de Ángeles Muñoz una labor de “supervisión” en esa trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. 

Una inspectora jefe de la Policía ha vuelto a implicar a Lars Broberg, el difunto marido de la alcaldesa de Marbella, en el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Durante su declaración en el juicio en calidad de perito, el mando de la UDEF ha descrito la labor de “supervisión” que habría tenido Lars Broberg en tres operaciones inmobiliarias destinadas a blanquear las ganancias obtenidas por su hijo, Joakim Broberg, y sus socios, en el banquillo de los acusados por integrar una organización de tráfico de hachís procedente de Marruecos y con destino al norte de Europa.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Antidroga considera que Lars Gunnar Broberg prestó su “colaboración” en el blanqueo de 7.300.820 euros obtenidos del tráfico de cannabis procedente de Marruecos a través de tres operaciones. No hay acusación contra Broberg porque la causa decayó contra el marido de la alcaldesa en 2022 debido a su grave estado de salud y finalmente falleció en 2023.

Por este motivo, la presidenta del tribunal ha advertido a la fiscal Antidroga por las preguntas sobre Lars Broberg al no figurar este entre los acusados. La fiscal, María Dolores López Salcedo, ha explicado que solicita el decomiso de varias propiedades de Lars Broberg porque cree que las “maneja Joakim Broberg”, su hijo. Joakim se enfrenta a una pena de prisión de 22 años por tráfico de drogas, cohecho y blanqueo de capitales.

La primera de las operaciones de blanqueo en las que habría participado el marido de la alcaldesa de Marbella responde a un cambio de propiedad entre Joakim y otro de los acusados, como pago por una deuda de drogas, para la que se habría utilizado una empresa de Lars Broberg en Gibraltar. Se habrían blanqueado 3 millones de euros. 

La fiscal ha preguntado a la inspectora jefe de la UDEF si Lars aparecía en esta operación. “Aparece porque Lars está pendiente de la reactivación de una empresa en Gibraltar a través de conversaciones. Está pendiente de todo este proceso de reactivación de la empresa”, ha dicho la agente 85.972, quien ha declarado protegida por un biombo.

El marido de Muñoz también habría puesto sus empresas a disposición de otra operación de blanqueo con pagos de pequeñas cantidades a un importante número de sociedades, que sumarían 1.397.000 euros blanqueados. Para el blanqueo se utilizan tres fincas donde se construye. “Lars supervisa. Recuerdo que en diferentes momentos de la investigación iba a ver las obras. Cuando hacen gestiones con abogados él les aconseja, les asesora y las facilita. Él va a ver las fincas y las construcciones. Es como si estuviera supervisando…”, ha respondido la jefa de la UDEF.

Por último, en las actuaciones aparece un préstamo inmobiliario y la suma del tráfico de divisas, en relación con la compra fraudulenta de otra residencia de lujo, hace que los investigadores añadan otros 2.009.820 euros a la cantidad total que el marido de la alcaldesa de Marbella habría blanqueado de la droga. “Cuando la casa ya está construida tenemos diversas conversaciones en las que se ponen de acuerdo para cuando está en venta y la enseñan a diferentes compradores con conocimiento de Lars”, ha descrito la inspectora. “Lars Broberg controlaba bastante de las operaciones que iban efectuando”, ha dicho la policía.

Detenido en 2021

Lars Gunnar Broberg fue detenido en febrero de 2021 en la operación contra la organización de tráfico de drogas de su hijo. Quedó en libertad sin pasar a disposición judicial por su ya delicado estado de salud. Ángeles Muñoz realizó entonces una comparecencia pública defendiendo la inocencia de su marido y advirtiendo que todo quedaría “negro sobre blanco” cuando se levantara el secreto del sumario. A continuación acusó a la oposición de querer “dañar” su imagen y la de Marbella. 

La investigación continuó en secreto hasta su conclusión por decisión del juez Manuel García Castellón. En octubre de 2022, elDiario.es reveló que Lars Broberg había sido procesado por pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, pero que quedaba fuera del procedimiento porque el juez consideraba que no estaba en condiciones para defenderse. 

Este periódico comenzó a publicar entonces una serie de investigaciones sobre la participación de Lars Broberg y su hijo en la trama de narcotráfico y blanqueo procedentes de un sumario que había permanecido bajo secreto. Ángeles Muñoz achacó las informaciones a una estrategia de la oposición política por la proximidad de las elecciones y se querelló contra elDiario.es.

El auto de procesamiento de Lars Broberg ya incluía la descripción de las tres operaciones de blanqueo de capitales en las que habría participado el marido de Muñoz. La Audiencia Nacional ratificó esos indicios al confirmar el auto de procesamiento, en enero de 2023. Dos meses después, Lars Broberg falleció a consecuencia de sus graves problemas de salud.

El Ayuntamiento de Marbella ha multado con 7.750 euros a la sociedad LGSB Holding Aktiebolag por acometer sin licencia obras en un inmueble. Se trata de una “infracción urbanística grave”, consistente en construir sin licencia un garaje adosado de 35 metros cuadrados y rebajar el acerado público. LGSB es una empresa constituida en Suecia por Lars Gunnar Sune Broberg (LGSB), el difunto marido de la alcaldesa Ángeles Muñoz, que es ya la propietaria del 100% de la empresa, según su declaración de bienes en el Ayuntamiento. El inmueble, valorado en 1,1 millones de euros, es una vivienda en Nueva Andalucía en la que reside o ha residido la regidora, a quien las cámaras de La Sexta captaron saliendo de allí a primera hora de la mañana en diciembre de 2022.

En esa vivienda de la alcaldesa se cometieron dos infracciones, según recoge el documento. Ambas consisten en ejecutar obras sin tener permiso municipal hace ahora seis años y ambas son infracciones graves, pero una es legalizable y la otra no. La infractora alegó estar dispuesta a regularizarlo todo y pidió suspender la sanción, pero el recurso cayó en saco roto, al menos en relación con las obras del garaje: debe demolerlo y, además, pagar la multa por haberlo construido al margen de la legalidad.

El Decreto de sanción, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, tiene fecha de 4 de abril y está firmado por el Director General Adjunto a la Asesoría Jurídica. Aunque puede ser recurrido ante los tribunales es ya ejecutivo, por lo que Asesoría Jurídica lo ha trasladado a Tesorería para que proceda con el cobro. La alcaldesa no ha respondido a las preguntas de este medio.

“Reforma total” y nuevo garaje

Las obras se ejecutaron en una vivienda unifamiliar con 1.163 metros cuadrados de parcela y 741 de superficie construida. Se trata de una edificación levantada en 1980 en una de las mejores zonas de Marbella, con instalación deportiva y 526 metros cuadrados de vivienda en dos plantas.

El inmueble fue objeto de una ambiciosa reforma que comenzó en 2018. Una “reforma total”, según el catastro, que afectó a la vivienda, al porche y al resto de zonas de la edificación. En 2023, cuatro años después de que terminaran las obras y tras varias inspecciones, el departamento de licencias urbanísticas de Marbella abrió un procedimiento sancionador por dos infracciones: la primera, la reforma interior y la demolición del garaje. Estas obras constituyen una primera infracción grave, aunque son “aparentemente legalizables”, según el informe de la arquitecta municipal. La sanción propuesta, de 3.749,75 euros, está suspendida hasta que se legalicen las obras.

Por otro lado, los propietarios construyeron un garaje de 35 metros cuadrados adosado al lindero público y privado, y también rebajaron el acerado. Esto no es legalizable porque contraviene la normativa urbanística y es otra infracción grave. La infractora alegó que el rebaje no lo hizo ella, sino que fue una obra municipal de acondicionamiento y prometió ajustar el garaje a la norma. Pero da igual: hizo las obras sin licencia y es suficiente para ordenar la demolición e imponer la multa, si bien atenuada: 7.750 euros.

Cuando fue cuestionada por las obras ilegales en su casa la alcaldesa negó la mayor. “No existe absolutamente ninguna obra”, declaró a La Sexta en diciembre de 2022.

LGSB ha obtenido hace apenas dos meses la licencia para demoler el garaje y construir en su lugar una pérgola.

Una sociedad creada por su difunto marido, que se la traspasó

La sanción a LGSB es, en realidad, una sanción a la propia alcaldesa. En 2019 Muñoz recibió 500 acciones de esta sociedad procedentes de su marido, Lars Gunnar Broberg, según desveló en su día La Sexta a partir de la declaración de la alcaldesa a Hacienda. Muñoz no había informado de este patrimonio en su declaración de bienes ante el Senado.

En el momento de la transacción su marido ya estaba siendo investigado por blanqueo de capitales y organización criminal. La Fiscalía Antidroga concluyó que ayudó a su hijo a blanquear siete millones de euros procedentes del narcotráfico. Salió de la investigación debido a su delicado estado de salud. El juicio contra su hijo Joakim, entre otros, ha comenzado esta semana en la Audiencia Nacional.  

LGSB fue fundada en Suecia el 29 de septiembre de 2017 por su difunto marido, Lars Gunnar Sune Broberg. Se trata de una sociedad familiar, en la que los dos asientos del consejo de administración se reservaron para Lars y Christian Erik Broberg, el hijo apasionado por los coches del empresario y la alcaldesa.

El objetivo de esta empresa siempre fue el de disponer de una entidad legal en la que recoger parte del notable patrimonio inmobiliario que había amasado Lars, del que disfrutaba la familia y parte del cual fue trasladando a la alcaldesa. Documentos del registro sueco que este medio ha podido consultar recogen que el objeto social de la empresa es “poseer y administrar propiedades principalmente en el extranjero”, principalmente en España. En su día, registró su voluntad de emitir bonos convertibles canjeables por un préstamo, una operación que nuevamente difuminaría el rastro de la titularidad. Sus activos iniciales superaban por poco el millón de euros; es decir, la vivienda por la que ahora se le sanciona.

Sus movimientos también demuestran que se trata de una mera sociedad instrumental inmobiliaria. Su única actividad queda reflejada en las cuentas de 2018, cuando computa unas pérdidas de 73.905 euros. Es el probable reflejo del coste de las obras ilegales. Por aquel entonces, Muñoz acababa de recuperar la alcaldía tras un breve mandato de dos años de PSOE y Opción Sampedreña, que en 2017 dejó de prestar apoyo a los socialistas para entregar de nuevo la alcaldía a la regidora, quien siempre ha negado cualquier vinculación con las presuntas actividades delictivas de su marido o su hijo.

La Audiencia Nacional reservará a partir del lunes una de las grandes salas de su sede en San Fernando de Henares para celebrar, durante 35 sesiones, el juicio contra una sucursal de la Mocromafia sueca en la Costa del Sol. Como principal acusado se sentará en el banquillo Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella para el que la Fiscalía Antidroga pide 22 años de cárcel por liderar una organización criminal de tráfico de hachís desde Marruecos y con destino final en Suecia. 

El procesamiento en la causa contra Broberg y de su padre ya fallecido, Lars, el marido de Ángeles Muñoz, fue el punto de arranque para una investigación de elDiario.es que afloró los indicios de corrupción en el entorno de la regidora marbellí. El trabajo periodístico también sirvió para conocer cómo la Audiencia Nacional ignoró la petición de la Policía para abrir una línea de investigación por tráfico de influencias. El juez Manuel García Castellón había mantenido en secreto la investigación hasta que dictó el final de la misma. 

La investigación partió de una colaboración solicitada por la Policía sueca, que seguía a integrantes de la Mocromafia de su país, importadores de hachís de Marruecos para distribuirlo en el norte de Europa. El hilo condujo hasta Joakim Broberg, a quien se le atribuye las tareas de “jefe” y conectar “productores” en Marruecos y “clientes” en Suecia. También habría puesto al servicio del blanqueo de capitales de la organización su red de sociedades con sede en la Costa del Sol, principalmente en Marbella. 

Por todo ello, Joakim Broberg está acusado de organización criminal, en grado de jefe, blanqueo de capitales y un tercer delito que abre la puerta al ecosistema político del postgilisimo, el cohecho. Broberg habría tenido a sueldo en el Ayuntamiento de Marbella a un policía municipal, antiguo miembro de la escolta de su madrastra, para obtener información sacada de bases de datos de acceso restringido. 

La intervención del teléfono de Joakim Broberg deparó numerosas sorpresas a los agentes de la UDEF que le investigaban. Tres días después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019, Broberg habla con uno de sus socios, también procesado, y celebra el triunfo del Partido Popular: “Ahora hemos ganado nosotros también. Porque ahora tenemos la Junta de Andalucía. Tenemos Marbella. Tenemos Estepona. Tenemos todo. La ciudad es nuestra. Básicamente, tenemos toda la jodida Andalucía”.

Las revelaciones de los pinchazos telefónicos no se quedan ahí. Muestran a la alcaldesa organizando reuniones entre miembros de su equipo de Gobierno y su hijastro, o al propio Broberg presumiendo de tener acceso al plan urbanístico de la ciudad antes de que se presentara. 

Pero también dibujan la figura de Lars Broberg, su padre. Casado durante más de tres décadas con Ángeles Muñoz, el constructor advierte en una conversación mantenida en sueco a su hijo de que tiene el teléfono intervenido. La evidencia del chivatazo tampoco quiso ser investigada por la Policía antidroga ni por los jueces del caso. Antes de archivar las diligencias contra Lars Broberg, el juez le había impuesto una fianza de 25 millones de euros para satisfacer posibles responsabilidades penales una vez se dicte sentencia.

Los agentes de la UDEF propusieron hasta en tres informes la apertura de una línea de investigación, distinta a la del narcotráfico, por posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación administrativa. Ni la fiscal Antidroga, ni la Fiscalía Anticorrupción ni tampoco los jueces del caso, Alejandro Abascal y Manuel García Castellón, abrieron la pieza separada que pedían los investigadores. Los posibles delitos de la transición postgilista se limitarían a los indicios que presentaran los pocos medios de comunicación interesados en el caso. 

Lars Broberg fue procesado por García Castellón, pero de inmediato decayó la causa contra él debido al grave estado de salud que tenía entonces, cuando cumplía 79 años. El auto de procesamiento y el escrito de la Fiscalía Antidroga recogen, sin embargo, los indicios contra él en dos operaciones para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Lars Broberg falleció en marzo de 2023. Su esposa siempre atribuyó su alto nivel de vida a los ingresos de su marido. 

La investigación de este periódico puso de manifiesto el inmenso patrimonio de Ángeles Muñoz pese a haber pasado treinta años desde que dejó su trabajo como médico de familia para dedicarse por entero a la política. Más de 12 millones de euros en propiedades –en un cálculo conservador–, cuentas en Luxemburgo y negocios pasados en Gibraltar. El afloramiento del patrimonio de Muñoz evidenció que no había informado como debía al Senado y a las pocas horas de la noticia de elDiario.es, Ángeles Muñoz actualizó la declaración de bienes a la que está obligada. 

Junto a Joakim Broberg se sentarán en el banquillo de los acusados otras 25 personas. Un reducido número, no vinculado directamente a Broberg, negocia acuerdos de conformidad con la Fiscalía Antidroga. El juicio en la Audiencia Nacional se prolongará hasta el 17 de julio. 

Cuando Policía y Guardia Civil explotaron sus pesquisas, el 9 febrero de 2021, Joakim Peter no se encontraba en España, aunque posteriormente fue detenido en Brasil. Su padre fue arrestado en Marbella y puesto en libertad después sin medidas cautelares. Muñoz reaccionó asegurando que el levantamiento del secreto del sumario pondría “negro sobre blanco” la inocencia de su marido. Fue al contrario. 

En cuanto a su hijastro, la alcaldesa de Marbella quiso evidenciar una relación distante, algo que los pinchazos telefónicos desmienten. Además, en uno de sus intentos de librarse la prisión provisional, Joakim Broberg exponía que iría a vivir con la pareja para cuidar de su padre enfermo. 

Este miércoles por la noche, al filo de las 23:00, falleció Pasionaria León Díaz (Jimena de la Frontera, 31 de diciembre de 1928 - San Pedro Alcántara), memoria de las huidas de la Guerra Civil. Aterrorizados y perseguidos por las tropas golpistas, ella y otros miles hicieron las Huías o Juías, como se conoce a las marchas de civiles desde el interior de Cádiz y Málaga a la costa; luego la Desbandá, la marcha por la carretera de Almería bajo el fuego mortal de la aviación italiana y alemana y tres cruceros sublevados; y finalmente la Retirada, el triste paso a Francia por Portbou cuando todo estuvo perdido. Regresó a España junto con su madre Milagros y sus hermanos Servet y Liberto (nacido en plena Desbandá), pero nunca volvió a ver a su padre, maestro albañil, sindicalista de la CNT, demasiado señalado para volver a un país gobernado por la dictadura fascista.

Horas antes de que ella falleciera, su hijo Fermín relataba a elDiario.es Andalucía, que preparaba una entrevista con ella, cómo ahondó en la historia de todas sus huidas: un día, rebuscando, halló en una caja las cartas que su padre le dirigió desde Francia. Fue así como se enteró de su pena por no poder asistir a su boda con un trabajador del corcho de los alcornocales, “de clase obrera como nosotros”, le escribió ella.

Cuando la madre, Pasionaria y sus dos hermanos regresaron a Jimena les habían arrebatado la casa, dos de sus tíos habían muerto (uno en la batalla de Teruel, el otro fusilado por “rojo y maricón”) y los niños fueron obligados por la Iglesia a recibir un nuevo nombre del santoral (Servet, Liberto y Pasionaria pasaron a ser Pedro, Alberto e Isabel). Firmó el conforme como Pasionaria. “Se lo pusieron por la flor y en la familia la llamaban Pasión. Nadie la conocía como Isabel”, cuenta su hijo.

Era Pasionita en Gran Canaria, adonde se marchó años más tarde con su marido y sus hijos en busca de prosperidad. La halló primero vendiendo santos de escayola, una paradoja en una familia anarquista, luego con negocios varios (de la fotografía a la caseta del tiro pichón o un taller de ropa), hasta volver a la Península, a San Pedro Alcántara, donde tuvo el ojo suficiente para invertir en el negocio inmobiliario y vivir lo que le quedó de intensa vida hasta este miércoles. “Era muy luchadora y muy trabajadora”, resume Fermín.

Aunque su historia era conocida en círculos memorialistas a raíz de una investigación de Ignacio Trillo, el nombre de Pasionaria saltó la palestra hace una semana cuando PP y Vox dieron un portazo a que Marbella dedique un espacio a su vida de película. El Pleno rechazó dedicar un espacio para colocar una pequeña escultura en homenaje a ella y a quienes tuvieron que tomar la carretera de Almería para huir de los golpistas que avanzaban desde el oeste, o a quienes fueron represaliados después. El Consistorio rechazó reconocer el sufrimiento de quienes “sufrieron la represión franquista” en la ciudad, tal y como solicitaba la moción presentada por el PSOE.

Durante el Pleno, el concejal José Bernal (PSOE) trató de colocar a los ediles del PP en una disyuntiva: “O votáis a favor de la democracia o a favor del fascismo. Al lado de las víctimas o al lado de los opresores. O apoyáis a la niña Pasionaria o jaleáis a los escopeteros que asesinaban a los que abandonaban sus casas con miedo”. Pero sin tomar la palabra ni explicar los motivos del voto, PP y Vox votaron en contra y la moción fue rechazada. Opción Sampedreña sí sumó los votos de sus dos concejales a los socialistas, insuficientes en todo caso para aprobar el reconocimiento.

Una huida desde Jimena de la Frontera a París

La historia de Pasionaria León fue exhaustivamente documentada por Ignacio Trillo hace un par de años para el libro Memorialistas campogibraltareñas del convulso siglo XX, editado por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y la Diputación Provincial de Cádiz.

A través de cartas, documentos, un viaje al sur de Francia y entrevistas orales, Trillo trazó el periplo de la mujer: la huida de las bombas a lo largo de la carretera que bordea la costa mediterránea; cómo la familia perdió y recuperó al pequeño Liberto en medio del ruido y la sangre, alimentado gracias a una cabra que un vecino de Jimena consiguió; cómo cruzaron los Pirineos; cómo su padre acabó en el campo de refugiados de Saint-Cyprien y exiliado por su pasado sindicalista, y ella retornó a la Península, antes de zarpar a Canarias y regresar de nuevo frente al Mediterráneo.

León nació en Jimena de la Frontera, un pueblito en la falda oriental del parque de Los Alcornocales, en los límites de la provincia de Cádiz con la de Málaga, pero pronto se marchó con su familia a La Línea de la Concepción. Su padre, maestro albañil, había sido contratado para levantar allí una escuela, dentro del Plan de Escuelas de la República. Militaba también en la CNT, el sindicato de inspiración anarquista.

Su afiliación le ponía en la diana. Así que en cuanto las tropas sublevadas llegadas de Melilla pusieron pie en su barrio, la familia emprendió la huida. Primero, a unas cabrerizas donde pudieron alimentarse y también cogieron piojos, según recordaba Pasionaria. Luego, de vuelta a Jimena. Después, cuando el Ejército del Sur comandado por Queipo de Llano llegó al pueblo, hacia Estepona, y luego a Málaga. Y después, mientras Queipo empujaba desde el oeste y los 'camisas negras' enviados por Mussolini apretaban desde el norte, hacia Almería, única vía de salida para decenas de miles de familias aterrorizadas por las noticias de la masacre de Badajoz, las soflamas de Queipo y lo que ya habían podido ver. “Nueve días”, parte andando y parte en burro, cuenta ella en un vídeo que grabó su hijo hace algunos meses y que facilitó a este medio pocas horas antes de perderla.

Aquel éxodo caótico de los primeros días de febrero de 1937 se convirtió en una de las peores masacres de la Guerra Civil cuando los cruceros Canarias, Baleares y Almirante Cervera cañonearon sin piedad la columna de civiles, tiroteada desde el aire por los bombarderos Heinkel: entre 3.000 y 5.000 muertos y de 200.000 a 300.000 huidos, según las investigaciones más recientes.

Entre ellos marchaba Pasionaria León junto a su hermano Servet y su madre Milagros, que emprendió la marcha a punto de salir de cuentas. A la altura del Faro de Calaburras, en Mijas, nació Liberto. Pero en la confusión, el bebé se perdió. “A la altura de Torrox la madre le dijo a un muchacho de Jimena que no puede seguir con la carga y que se lo sujete, pero irrumpe la aviación alemana (desde Melilla) e italiana (desde Tablada), que empieza a ametrallar”, cuenta Trillo.

Se reencontraron en Almería, desde donde la familia partió hacia Alicante, y desde allí, a Serrat (Girona). Tras la Batalla del Ebro la familia buscó refugio en Francia, pero el padre fue trasladado a un campo de concentración y el resto enviado al norte, cerca de París, donde recogían guisantes para enviar dinero a su padre, que seguía en Saint-Cyprien. Nunca volverán a encontrarse: el hombre morirá en el exilio a comienzos de los años 50, mientras ella inicia su vida de empresaria, primero trasegando con mercancías entre Gibraltar y Jimena, luego en Canarias y, finalmente, en San Pedro Alcántara.

La Desbandá, Lugar de Memoria Democrática

Tras más de medio siglo de silencio forzado o autoimpuesto y una década, la más reciente, de progresivo reconocimiento público, la Desbandá fue distinguida el pasado febrero como “Lugar de Memoria Democrática” por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. La resolución oficial la denomina “éxodo, persecución y masacre de la población civil entre Málaga y Almería en febrero de 1937”, calificándola como “uno de los episodios más sangrientos de la Guerra Civil Española”.

Aquellos días, la población civil se convirtió en objetivo sistemático de los bombardeos de los tres cruceros que cañoneaban la huida desde el mar, como atestiguan los cuadernos de bitácora del Canarias y el Baleares así como decenas de testimonios, y de los aviones alemanes e italianos que ametrallaban desde el aire. Quedó referencia escrita en La Esperanza, la novela en la que André Malraux relata su experiencia como piloto de la República, o en las fotos que tomaron el médico canadiense Norman Bethune y su ayudante Hazen Sise.

El PSOE aspiraba a que la ciudad de Marbella reconociera la vida de León, haciendo extensible el reconocimiento a “aquellos ciudadanos de nuestro municipio que vivieron esta tragedia en carne propia” y de las víctimas de la represión “cuyas voces han sido silenciadas por la historia”. Isabel Pérez, portavoz socialista, pidió el reconocimiento “no como símbolo de victimismo, sino como faro de resistencia”.

En alguna ocasión, Pasionaria volvía a recitar lo que cantaban al cruzar los Pirineos, camino del campo de refugiados donde vio por última vez a su padre: “Somos los tristes refugiados que al fin hemos llegado. Después de mucho andar, hemos pasado la frontera siempre a pie por La Junquera con nuestro ajuar: mantas, macutos y maletas, dos latas de conserva es lo que hemos podido salvar después de tanto luchar contra el fascio invasor. Y a este campo de Saint-Cyprien venimos a encerrar para no comer”. La canción de quien vivió todas las huidas de la guerra.