Los presos independentistas han salido este viernes de la cárcel después de la concesión del tercer grado penitenciario por parte de la Generalitat el pasado jueves. La primera en salir ha sido la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa, que ha abandonado la prisión de Puig de les Basses (Figueres) antes de las 9 de la mañana. El resto de presos que están en Lledoners -Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn y Jordi Turull- han abandonado la cárcel sobre las 10:30h.

A la salida de la prisión, Bassa ha alentado a la participación en las elecciones del próximo 14F. “Cada persona que se queda en casa es un voto que va al 155”, ha señalado la exconsellera a las, que ha explicado que sale “contenta” y con “empuje” para participar en la campaña electoral.

La Conselleria de Justicia ratificó el pasado jueves el tercer grado penitenciario que hace dos semanas las juntas de tratamiento de las prisiones propusieron para los líderes independentistas encarcelados por el 1-O. La decisión permitirá que participen en actos de la campaña electoral, ya que tanto su derecho de manifestación como de participación política se mantienen intactos, según recordó esta semana la Generalitat.

La única que no ha podido salir todavía de prisión es la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que se encuentra en el centro penitenciario de Wad-Ras hasta el lunes porque está en cuarentena por un brote de Covid-19 en la prisión.

La semilibertad de los presos independentistas durará en función de la rapidez con la Fiscalía recurra la decisión. El verano pasado, el tercer grado de los hombres duró dos semanas, pero el de las mujeres se alargó cinco meses porque los jueces discreparon sobre si los recursos de la Fiscalía suspendían inmediatamente la semilibertad. En cualquier caso el Tribunal Supremo volverá a tener la última palabra.

El Tribunal Supremo ha revocado el tercer grado, equivalente a la semilibertad, que las prisiones catalanas, la conselleria de Justicia de la Generalitat y los jueces de vigilancia penitenciaria habían autorizado a los nueves presos del procés condenados por sedición. El Alto Tribunal, en línea con la Fiscalía, tilda de “prematura” la concesión del tercer grado y acusa a la administración penitenciaria catalana de realizar una “inadmisible reinterpretación” de la sentencia del procés para reducir la estancia en prisión de los líderes independentistas. Además de la semilibertad, el Supremo tumba las salidas laborales de los presos en aplicación del artículo 100.2 del reglamento.

En sus autos respecto a los nueve presos el Supremo acaba en la misma conclusión: los presos del procés deben pasar más tiempo en prisión antes de que se les pueda conceder el tercer grado. No aclara el tribunal cuántos meses más serían precisos para que los presos pudieran disponer de la semilibertad, pues a juicio del Supremo antes se deberá valorar “la evolución del interno y del tratamiento penitenciario”. Los magistrados tampoco distinguen entre los presos que ya han cumplido un cuarto de la pena -Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull y Joaquim Forn- y los que no.

Para el tribunal los informes de los profesionales penitenciarios que manifestaban que los presos, sin estar de acuerdo con las penas, reconocían los hechos por los que habían sido condenados y habían reflexionado de forma crítica sobre los efectos del procés son “relevantes” pero “insuficientes” para la progresión al tercer grado. Remarca el Supremo que es necesario que los presos participen en un tratamiento penitenciario que vaya “más allá de la toma de conciencia sobre los propios actos y sus consecuencias o del fomento del juico crítico”.

Vuelve a insistir el Supremo, como ya hizo el pasado mes de julio, que el tratamiento penitenciario debe buscar la reeducación y reinserción de los condenados, lo que debe traducirse en actividades relacionadas con los delitos de sedición y malversación. Se trata de un programa reclamado por la Fiscalía pero que tanto los jueces penitenciarios catalanes como las cárceles habían descartado aplicar porque vulneraría la libertad ideológica de los presos.

Todo lo contrario cree que el Supremo, que reitera que los presos del procés “no han sido condenados por perseguir la independencia” de Catalunya, y considera que la jueza de vigilancia penitenciaria “yerra” al concluir que la luz verde que el tribunal ha dado a los recursos de la Fiscalía “implicarían exigir a los internos que modificaran su ideología”. Para el Supremo la conclusión de que los presos puedan llegar a tener que “renegar de sus convicciones políticas” supone “aferrarse a una línea argumental equivocada que nada tiene que ver con el significado del cumplimiento de una pena privativa de libertad en una sociedad democrática”.

Y a este extremo es a lo que cree el Supremo que se ha agarrado la administración penitenciaria de la Generalitat. En una dura crítica a la administración penitenciaria dependiente de la Generalitat, el Supremo recuerda a las cárceles catalanas que no pueden “distanciarse de los principios y garantías que informan la ejecución de las penas de prisión” impuestas por los tribunales y que “su acatamiento de la legalidad no debe hacerse depender de su grado de identificación o desacuerdo con la argumentación jurídica sobre la que se fundamenta la condena”.

Insinúa además el Supremo que la administración penitenciaria de la Generalitat se ha convertido en “una extravagante tercera instancia que se arroga la tarea de hacer más justa la decisión emanada de los jueces y tribunales” debido a que comparte ideología independentista de los presos del procés. “Los órganos de la administración penitenciaria –apostilla el Supremo en su último dardo a la Generalitat– no pueden vaciar la respuesta penal proclamada por un tribunal sometiendo su sentencia a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado y, precisamente por ello, improcedente”.

La decisión del Supremo, que como tribunal sentenciador tiene la última palabra sobre la clasificación penitenciaria de los presos del procés, confirma que los líderes independentistas vuelven a un segundo grado estricto dentro de prisión. Hasta que las cárceles catalanas no revisen su grado penitenciario el próximo mes de enero, los presos no podrán volver a disfrutar de salidas laborales o para cuidar de familiares. Solo los cuatro presos que ya han cumplido un cuarto de la pena podrán tener acceso a permisos.

En la práctica, los siete hombres presos en Lledoners ya habían vuelto al segundo grado desde el pasado mes de julio porque la jueza de vigilancia penitenciaria encargada de revisar su semilibertad la había suspendido cuando la Fiscalía la recurrió por primera vez. Lo contrario decidió el juez penitenciario que revisó el tercer grado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, quien ha permitido a ambas presas seguir con el tercer grado hasta que el Supremo se lo ha revocado este viernes. Las dos presas ya han reingresado en prisión este viernes por la noche.

Ambos jueces de vigilancia penitenciaria sí coincidieron en avalar el tercer grado a los presos, en contra del criterio de la Fiscalía. En el caso de Bassa y Forcadell, el juez consideró que la “gravedad delictiva” y el tiempo de cumplimiento de las penas de once y doce años de cárcel a las que fueron condenadas por sedición “no constituyen obstáculos insalvables” al tercer grado. Por su lado, la magistrada encargada de los siete presos de Lledoners llegó a afear a la Fiscalía que buscara un “castigo ejemplar” a los condenados por el procés al oponerse a cualquier flexibilización penitenciaria.

Reeducar antes que trabajar. Este es el orden adecuado que deben seguir los presos del procés, a criterio de la Fiscalía. El Ministerio Público ha pedido a la jueza de vigilancia penitenciaria de Barcelona que revoque las salidas de prisión del exconseller de Interior Joaquim Forn, en línea con lo solicitado con Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La Fiscalía argumenta que Forn, como el resto de presos del procés, debe seguir un programa de tratamiento penitenciario específico que tenga como objetivo su “reeducación” y “enseñarle a respetar la ley”.

Los fiscales de vigilancia penitenciaria de Barcelona sostienen que “no es preciso conseguir” la reinserción social de Forn, que ha encontrado trabajo de lunes a viernes como asesor jurídico de Mediapro, la productora de Jaume Roures. El motivo, según los fiscales, es que el exconseller de Interior, a diferencia de los presos comunes, ya dispone de los medios necesarios para que volverse a adaptar a la vida social fuera de prisión. Forn es una persona “plenamente insertada en la sociedad”, por lo que “lo primordial” para la Fiscalía es cubrir un objetivo de la pena recogido igualmente en la Constitución pero distinto a la reinserción: la reeducación.

En concreto, los fiscales plantean de nuevo la reeducación a través de un “adecuado programa de tratamiento cuyo objetivo sea la necesidad de interiorización de respeto a la ley”. Cabe recordar que, tal y como informó eldiario.es, la Generalitat rechaza proporcionar a los presos del procés un programa penitenciario específico sobre el delito de sedición, en contra de lo solicitado por el Ministerio Público.

Abundan los fiscales que el programa de tratamiento debe tener como objetivo que Forn, al igual que los otros ocho presos del procés, aprendan “que sólo se puede conseguir aquello que se desea utilizando los mecanismos legalmente establecidos en la normativa que rige nuestro Estado Social y Democrático de Derecho”, y que dichas normas son aplicadas por el Poder Judicial de forma “vinculante para todos los ciudadanos y especialmente para sus destinatarios”.

Este programa de tratamiento, reiteran los fiscales, también debe enseñar a los presos del procés que un gobierno autonómico “no puede transformar la estructura del Estado y plasmarlo en un texto legal fuera de los cauces jurídicos de reforma”. “No debemos olvidar que el interno no está condenado por querer transformar la estructura del Estado, fin totalmente legítimo y respetable, sino por querer hacerlo fuera de los cauces legalmente establecidos”, apostilla la Fiscalía.

La Fiscalía discrepa de la Junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners (Barcelona), que avaló las salidas laborales de Forn para conseguir su reinserción social como objetivo de la pena de prisión. Argumentan los fiscales que Forn ya tenía hábitos laborales antes de ingresar en prisión, por lo que por ahora no debe ser un aspecto a abordar en su tratamiento penitenciario.

Añaden los fiscales que el exconseller de Interior se encuentra en una fase “inicial” del cumplimiento de la pena de 10 años y medio de cárcel que le impuso el Supremo –de los que ya ha cumplido casi dos y medio debido a la prisión preventiva–, por lo que las salidas laborales tendrían que plantearse más adelante.

De esta forma, la Fiscalía sigue con su oposición a la aplicación del 100.2 a los presos del procés, un artículo del reglamento penitenciario pensado para flexibilizar la estancia en prisión de los internos con salidas para trabajar, cuidar de familiares o realizar labores de voluntariado. Las cárceles catalanas ya han aplicado este artículo, además de a Forn, Sànchez y Cuixart, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a la exconsellera Dolors Bassa, y próximamente lo harán con Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull.

Cinco de los nueve presos del procés ya están autorizados a salir de prisión entre semana para trabajar, cuidar de familiares o realizar labores de voluntariado. Los últimos en conseguir la aplicación del 100.2, un artículo del reglamento para flexibilizar el segundo grado penitenciario con salidas de la cárcel y preparar la futura excarcelación, han sido los exconsellers de Interior y Trabajo, Joaquim Forn y Dolors Bassa.

Según ha informado la conselleria de Justicia de la Generalitat, la Junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners (Barcelona) ha aprobado permitir a Forn salir de prisión 12,5 horas de lunes a viernes para trabajar. El exconseller de Interior, a 10 y años y medio de prisión por sedición y que ya pasó casi dos años en prisión provisional, reingresará en la cárcel para dormir y los fines de semana.

En el caso de Bassa, la Junta de Tratamiento de la prisión de Puig de les Basses (Girona) le ha autorizado a salir de la cárcel ocho horas tres días a la semana para cuidar a su madre, de edad avanzada. La exconsellera también había pedido salir para trabajar, aunque esta petición se abordará en las próximas semanas. Bassa y Forcadell, las dos únicas presas del procés, son las únicas de entre los nueve condenados por sedición que han pedido cuidar de familiares fuera de prisión. Por el momento los siete líderes del procés hombres no lo han solicitado

Las Juntas de Tratamiento, integradas por el director de la cárcel, juristas, psicólogos y educadores, han acordado aplicar el artículo 100.2 a Forn y Bassa, una decisión de aplicación inmediata pero que puede ser recurrida por la Fiscalía y que en última instancia deben ratificar el juzgado de vigilancia penitenciaria y la Audiencia de Barcelona. En la aplicación del 100.2 no interviene la secretaría de medidas penales de la conselleria de Justicia. El año pasado en Catalunya este artículo se aplicó a 405 internos.

Los presos del procés fueron clasificados en segundo grado el pasado mes de enero, el ordinario que se aplica a la mayoría de reclusos. Con todo, este régimen penitenciario permite, mediante el artículo 100.2, flexibilizar el régimen penitenciario hasta condiciones similares a las de la tercer grado, es decir, salir de la cárcel a diario para trabajar, hacer voluntariado o seguir tratamientos de reinserción fuera de la prisión, y reingresar en el centro penitenciario para dormir y los fines de semana. La Fiscalía ha dado muestras que se opondrá a la aplicación del 100.2 si se otorga como un tercer grado “encubierto”.

La portavoz de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, ha explicado que este lunes entraron una petición al Tribunal Supremo (TS) para que el líder de su grupo municipal, Joaquim Forn, pueda asistir primer al pleno del consistorio, previsto para este martes para aprobar el cartapacio. Según ha detallado Artadi, todavía están “pendientes de respuesta”.

En declaraciones a la prensa después de la Junta de Portavoces de este jueves, la concejal de JxCat ha asegurado que aunque Forn esté en prisión preventiva por el juicio del 1-O tiene todos sus derechos políticos intactos: “Entendemos que no se le quitará el voto el día del pleno del cartapacio”.

El Supremo autorizó en su día a Forn para acudir al consistorio a recoger el acta de concejal y asistir al pleno de investidura, en el que coincidió con algunos ediles con los que compartió plenario durante su larga etapa como concejal de la CiU.

Artadi ha afirmado que ha hablado con la alcaldesa, Ada Colau, y con el secretario municipal para plantearles que Forn pueda dar su voto, por lo que ha apelado al 'fair play' para “respetar las mayorías y que no se aproveche que Forn está en prisión para ganar una votación”.

“Lo que contempla el reglamento es el voto telemático. Pero nosotros apelamos al 'fair play' y que en las votaciones uno de los concejales del otro lado se abstenga para respetar las mayorías”, ha detallado la concejal soberanista, que ha recalcado que se deben respetar las mayorías.

El voto Forn podría ser decisivo en función de las mayorías que forme el Gobierno. BComú, PSC y Manuel Valls suman 20 concejales, frente a los 21 de los demás partidos. Pero sin Forn, estos quedarían en 20 y Colau tendría voto de calidad para deshacer el empate. Ahora mismo se da el caso que JxCat, ERC, Ciudadanos y PP presionan con sus 21 concejales para un reparto más favorable de asesores y presidencias de comisión.

El concejal de ERC Jordi Coronas también ha dicho a la prensa que lo más probable es que Forn no pueda asistir al pleno ni conectarse telemáticamente, por lo que ha pedido que se incorpore al reglamento municipal el supuesto de prisión provisional de uno de sus concejales.

“Queremos que se incorpore al ROM este supuesto, y que en los plenos, mientras Forn tenga acta de concejal y no pueda asistir, haya un concejal de la oposición que abandone el pleno en el momento de las votaciones para respetar las mayorías”, ha añadido Coronas.

Xavier Melero (Barcelona, 1958) ha sido el verso suelto de las defensas en el juicio del procés. Fue el único letrado que en su informe final dio un baño de realidad al proceso soberanista, resaltando que el Govern incumplió sus propias leyes para la independencia y acató el 155. “Pude hacerlo porque no tengo ningún tipo de lealtad partidista a ningún tipo de causa, y es más cómodo incluso para los demás que lo haga yo”, reflexiona sobre esta estrategia de defensa.

Impulsor, junto a otros intelectuales barceloneses, de lo que acabaría siendo Ciudadanos, se muestra crítico con la deriva del partido: “Cuando hablan me parece que encadenan tópicos que pretenden que sean constitucionalistas, a veces liberales y a veces otras cosas, pero no les entiendo”. La entrevista se realiza el viernes por la mañana, justo antes de que el Supremo decida mantener en prisión provisional a Forn y al resto de acusados. Para Melero, que los acusados hubieran podido esperar la sentencia en libertad habría supuesto “restaurar una situación de normalidad”.

¿A los acusados les pueden perjudicar sus últimas palabras? La Fiscalía las ha empleado para pedir que siguieran en prisión.

Siempre he tenido la teoría de que las últimas palabras son un trámite procesal un tanto inoportuno del que hay que hacer uso lo más restringido posible. Mi consejo evidentemente no fue tenido en cuenta. El fiscal lo utiliza, pero yo creo que también es un poco rastrero utilizar las últimas palabras, que no dejan de ser una expansión emocional del acusado al término del juicio. Debería haber una cierta neutralidad valorativa.

¿Qué pensó usted cuando Jordi Cuixart dijo que lo volvería a hacer?

No le veo ningún problema. Cuixart dijo que lo volvería a hacer después de haber dicho que aquello no era delito. La premisa de la afirmación de Jordi Cuixart es que el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación no es delictivo. Y desde esa convicción dice 'claro que lo volvería a hacer porque eso no puede ser delito'. Lo que no dice Jordi Cuixart es 'ante un delito, me reafirmo en la voluntad de seguir delinquiendo'. Él niega la mayor.

¿Y qué piensa cuando es Quim Torra quien dice que lo volvería a hacer?

De lo que digan los políticos... He dedicado buena parte de mi tiempo en este juicio a poner de manifiesto que las declaraciones de los políticos tienen escasísimo valor en el ámbito del proceso penal. En eso me ratifico.

¿Nos está diciendo que no le hagamos mucho caso?

No. Estoy diciendo que yo no le hago caso y espero que el tribunal tampoco. Forma parte de otro partido que no es el que se juega en el Supremo.

¿Estas últimas palabras y otras afirmaciones de los acusados en el juicio se explican porque, más que presos, son rehenes de su planteamiento independentista del que no pueden abdicar?

Todos los acusados en este juicio tenían un problema que han intentado equilibrar durante el juicio, y es que tenían dos audiencias. Tenían la audiencia de siete personas compuesta por el tribunal y otra audiencia más amplia que son sus correligionarios. Ellos han intentado mantener el equilibrio entre defender jurídicamente su posición procesal y mantener también los vínculos emotivos y de fidelidad política con lo que es su afición.

¿En la calle el público ha visto lo que quería ver? Es decir, los que querían ver un golpe de Estado han visto un golpe de Estado y los que querían ver a unos inocentes los han visto.

Sí, por supuesto. No creo que nadie haya movido ni un milímetro su posición. Desde ese punto de vista el juicio ha sido bastante estéril en su función de convencer a través de las pruebas de cuál era la realidad de lo que había sucedido, porque todo es muy valorativo.

¿La Fiscalía también ha sido rehén de la querella inicial que presentó el entonces fiscal general José Manuel Maza?

Yo creo que sí. La Fiscalía ha sido rehén de la querella inicial. El señor Maza era quien era, una persona muy querida en el Tribunal Supremo y en la Fiscalía, un hombre que tenía una extraordinaria influencia... Luego está el clima político que ha rodeado toda esta acción penal desde la propia Fiscalía. Empezando por el señor Maza, que el 21 de octubre de 2017 hace unas declaraciones en las que dice que la querella no se interpondrá si no hay declaración de independencia. O sea que hay un condicionamiento a la interposición de la acción penal a cuál pueda ser la actitud política que adopten desde el Gobierno de Catalunya.

Y luego todos esos dimes y diretes que se han producido con el cambio de Gobierno: Que si ahora el Gobierno sí que podría incidir en la Fiscalía, ahora no, que si la nueva fiscal general del Estado era más dúctil a las presiones del partido socialista de lo que podía ser.... Todo esto me imagino que ha llevado a los fiscales de sala a cargo del tema a encasillarse en una posición muy bloqueada, muy berroqueña.

¿Usted cree que se exagera cuando se dice que la Fiscalía muchas veces actúa por intereses políticos?

Yo creo que los profesionales de la Fiscalía cuando van al juicio actúan jurídicamente, pero evidentemente la toma de decisiones de la Fiscalía hay criterios políticos. En este caso está documentado: estamos hablando de uno de los delitos más graves y con penas más importantes del Código Penal y días antes de interponer la querella el señor que tiene que interponer [el exfiscal Maza] dice que no la interpondrá si se hacen determinadas cosas en el plano político. El principio de oportunidad evidentemente juega y alrededor de este principio hay consideraciones políticas.

¿El baño de realidad al procés que dio en su informe al constatar que no se aplicaron las propias leyes soberanistas es el mejor alegato para defenderse?

Desde el punto de vista del delito de rebelión, que castiga la pretensión de secesión con actos concluyentes, era muy importante dejar claro que en realidad en el procés estábamos ante un artefacto político que pretendía forzar una negociación en una posición de cierta ventaja, pero no realmente ante una estrategia seria de ruptura de la comunidad territorial.

Era importante rebatir al fiscal, que decía que la Generalitat tenía el poder, y poner de manifiesto que ese poder era un poder incapaz de imponer un marco normativo por la fuerza, que sería la definición del poder, y luego que desde las leyes de desconexión a lo único a lo que asistimos es a actos de renuncia del ejercicio del poder. La multa coercitiva del Tribunal Constitucional a los miembros de la Sindicatura Electoral es paradigmática: un órgano imprescindible según la ley de referéndum para validar los resultados sin embargo se disuelve y aquí no pasa nada.

¿Y si tan importante era por qué cree que fue el único abogado que lo puso tan de manifiesto?

Yo lo había puesto de manifiesto ya en el interrogatorio de Forn al principio del juicio. Quizá yo pude hacerlo porque no tengo ningún tipo de lealtad partidista a ningún tipo de causa, y es más cómodo incluso para los demás que lo haga yo.

Del repaso su actuación en el juicio se recuerda el momento en que borró la sonrisa a Soraya Sáenz de Santamaría. ¿La exvicepresidenta, el exministro Zoido y el expresidente Rajoy dijeron la verdad en el juicio?borró la sonrisa a Soraya Sáenz de Santamaría

Yo he tenido que llegar a la conclusión, por pura deducción analítica, de que no. Lo hago poniéndolos en valor. Niego que sean unos besugos, como quisieron dar a entender. Quiero imaginarme que el día 1 de octubre estaban preocupados, hablaban entre ellos y tomaban decisiones. Es inverosímil que no lo hicieran porque a las once de la mañana del 1 de octubre esto ya era un escándalo internacional. Creo que les dignifico diciendo que mintieron ante el Tribunal Supremo y negando que fueran unos irresponsables de ese nivel.

Una de las dudas que nos queda es que no sabemos quién ordenó las cargas policiales.

Según el ministro 'los operativos', según el secretario de Estado, que se comprometió más, él validó la operación. Sin embargo la instrucción del secretario de Estado no tiene nada que ver con lo que hicieron los operativos y los propios operativos reconocieron no tener ni idea de la existencia de la instrucción. Lo único lógico que me queda por pensar es que los máximos mandos de cada cuerpo policial fueron haciendo lo que más o menos les pareció según las circunstancias.

No dudó en tildar de que el dispositivo policial del 1-O tenía un objetivo político además de cumplir con el auto del TSJC. ¿Por qué?

Lo dijo el señor Nieto. Impedir el referéndum no lo impidió nadie. Es un absurdo. Yo se lo pregunté al señor Nieto que para qué era todo eso y dijo 'para que no pareciera un referéndum homologable'. Lo dijo tal cual. Esto es un objetivo político que no tiene nada que ver con lo que son las resoluciones judiciales.

Se quedó sin careo entre Pérez de los Cobos y Ferran López. Fue muy contundente con el coordinador que coordina, pero no manda. ¿Cuál cree que fue su auténtico papel el 1-O?quedó sin careo entre Pérez de los Cobos y Ferran López

No lo sabe nadie. Eso es un misterio. Tiene un extrañísimo papel porque si alguien repasa sus declaraciones en el juicio y sus informes, su máximo esfuerzo es el de verbalizar que no hizo nada y que no tenía absolutamente ninguna competencia. Ha tenido un auténtico problema para definir lo que hizo. Mi tesis es que no había ninguna voluntad de coordinación del Ministerio del Interior con los Mossos d'Esquadra y se había decidido un dispositivo absolutamente unilateral.

Vamos a los Mossos. En el juicio ha quedado claro que buena sintonía entre el Govern y la cúpula policial no había. Pero usted ha puesto en duda la entidad del aviso de violencia que la cúpula policial dio a su cliente y a Puigdemont y a Forn el 28-S. ¿Ese aviso de disturbios es uno de los mayores obstáculo a salvar para su defensa?

No. Para la Fiscalía es un elemento importante porque hace la siguiente construcción: 'Usted sabía, porque le habían avisado los policías, de la posibilidad de que se produjeran enfrentamientos y a pesar de eso no interrumpió la celebración del referéndum'. El problema es que esa preocupación del 28 de septiembre es verbal y después de la grave preocupación que les genera la reunión ninguno de los responsables policiales hace absolutamente nada.

Si ustedes lo recuerdan, en aquellos momentos la cúpula de los Mossos d'Esquadra tenía una gran capacidad de acceso a los medios de comunicación. Estaban en un punto alto de popularidad. Desde luego que estaban en condiciones de ser escuchados. Es más, yo creo que si ellos hubieran desconvocado el referéndum el referéndum no se hubiera celebrado, creo que tenían incluso capacidad de desconvocarlo.

¿Los Mossos?

Sí, los Mossos. No hicieron nada en absoluto. Sin embargo el día 13 de octubre es una fecha muy significativa porque los Mossos emitieron un informe en el que describen cuál era el nivel de información que tenían sobre el riesgo de violencia. Y dicen que los informes de inteligencia de los que disponían ellos y los otros cuerpos policiales hablaban de una movilización masiva y pacífica. O sea que es cierto lo del 28 de septiembre o lo del 13 de octubre, pero las dos no pueden ser ciertas.

También ha quedado bastante claro que su cliente se expresaba de una manera en público y en privado de otra, respetando que los Mossos hicieran su trabajo. ¿Es uno de los errores o engaños del procés, lo distinto que se expresaban en público y en privado sus líderes?

No hablaré nunca ni de errores ni de engaños del procés porque a mi no me toca hablar de política. Pero es habitual y general la contradicción entre lo que dicen los políticos en tanto que políticos y en tanto que jefes de una administración. Eso en este juicio los hemos podido visualizar tanto con los responsables del Govern de la Generalitat como con los miembros del Gobierno de España.

Pero los responsables del Govern jugaron a la ambigüedad con los Mossos.

De puertas afuera en lo que son declaraciones públicas parece que sí jugaron a esa ambigüedad, pero de todas formas también hubo manifestaciones que se transmitieron al público como la del señor Forn en el Consejo de la Policía el 14 de septiembre en la que ya dejó claro a todos los sindicatos y a todos los mandos policiales que la única actitud que tomaría el Govern con respecto a la policía era dejar que actuaran a las órdenes de jueces y tribunales. Pero bueno, la utilización del mensaje ambiguo en el discurso público parece que es evidente.

Siguiendo su hilo argumental de su informe final en el que se conformaba con la desobediencia, ¿un acto a gran escala de desobediencia institucional y civil, como el 1-O, sin armas y sin violencia organizada por el Govern, tendría que ser más delito que una mera desobediencia? ¿Se tendría que cambiar el Código Penal para castigarlo?

Esto jurídicamente no es una rebelión. Todos los artículos del capítulo de la rebelión se refieren a individuos armados. Toda la terminología es terminología militar. Eso es una evidencia. Yo hablaba de la rebelión postmoderna porque pueden intentar forzar el concepto pero lo que ha ocurrido aquí no encaja. Falta un delito que hay en otros ordenamientos que es una desobediencia grave por parte de una administración que utiliza poderes del Estado sancionada con penas graves. Eso no existe. Sería una desobediencia agravada con pena privativa de libertad.

¿Estaría bien que existiera?

Cubriría una laguna, porque la tesis de la acusación es el reproche ante el comportamiento desleal de una administración pública. Se puede ver incluso más claro en la malversación. Se reprocha coger un dinero destinado y previsto legalmente a hacer promoción de Catalunya en el extranjero y concentrarlo en uno o dos meses al servicio una opción política.

Eso es profundamente desleal porque la habilitación de estos fondos no era en ningún caso para promocionar el referéndum. Esto será profundamente desleal, pero amigo mío si yo tengo la habilitación para el gasto y tengo la competencia para el concepto del gasto, estará muy feo pero usted no puede ir mucho más allá.

Fuera del juicio del procés, como abogado de Oriol Pujol, ¿que opina de la última petición del fiscal que acusa a la Generalitat de dejarlo salir de la cárcel por ser hijo de un expresident?

Evidentemente es una discriminación. Oriol Pujol igual en sus periodos de gloria fue objeto de discriminaciones positivas muy inconvenientes, pero está siendo objeto de una discriminación negativa que tiene consecuencias exactamente en lo mismo. Si en una época se le benefició por ser quién era, ahora se le perjudica por ser quien es.

¿Interpreta la petición de la Fiscalía respecto a Oriol Pujol como un aviso a navegantes para cuando los presos del procés vengan a cárceles catalanas?

No, yo creo que es una cápsula que está muy relacionada con el tema Pujol, el heredero, la pena privativa de libertad y los requisitos para la suspensión de la misma. Es un tema diferente. Pero si es un aviso para navegantes todavía peor porque ya sería gravísimo.

Hay columnistas que han interpretado que era una prueba de que la Generalitat trataba mejor a los políticos del ámbito independentista.

Esos comentarios son una vergüenza y no los puedo entender de ninguna de las maneras.

Usted que sabe algo de los inicios de Ciudadanos, ¿está acertando Albert Rivera con su estrategia actual?

Yo tuve algo que ver con los inicios de Ciudadanos pero veo a la criatura y no la reconozco. No me gusta nada. Ni lo que hacen ni lo que dicen. Cuando hablan me parece que encadenan tópicos que pretenden que sean constitucionalistas, a veces liberales y a veces otras cosas, pero no les entiendo. Y lo que están haciendo en política soy incapaz de comprenderlo. Ante esta situación me refugio en la extrañeza y desde luego a no identificarme en nada con lo que ha devenido este partido.

¿Qué cree que debería ser Ciudadanos?

Pues mire, al principio cuando empezábamos a hablar de este partido, no sé lo que pensaría otra gente, pero yo pensaba en una corrección del partido socialista en un momento que, al acabar con los años de Pujol, parecía que tendríamos un periodo de una cierta tranquilidad en que se rebajaría la presión nacionalista. Y el PSC en lugar de hacer eso se alió con Esquerra Republicana y todavía fue peor. Es un '¿no querías caldo? Pues tres tazas'. Mi idea y la de otras personas era reconducir el discurso que estaba haciendo el partido socialista rescatándolo del nacionalismo etnicista que se veía venir en aquellos momentos.

¿No reconoce a la criatura por los pactos con Vox, por no facilitar el Gobierno al PSOE, por su estrategia en Catalunya...?

No quiero ni descender a esto porque es que no les entiendo. El abandono de la socialdemocracia no lo entiendo. Me parece que nadie de los que se abrazan al liberalismo tiene demasiado claro lo que es el liberalismo. El liberalismo desde luego no es bajar el IVA o subirlo. La columna vertebral del liberalismo es el derecho constitucional y el derecho penal, cosa que no parece que le importe ni a Ciudadanos ni a nadie.

Y ese discurso presuntamente ilustrado, pues mire.... Es que incluso con la idea de la unidad de España. Es público y notorio que yo no soy independentista ni separatista pero es que hay gente que está hablando de la Constitución que parece la Jura de Santa Gadea. Solo falta el crucifijo del palo y el Cid con la Tizona. Bueno, pues tampoco es eso. Es un discurso francamente que a mí me resulta muy chirriante.

El exconseller de Interior Joaquim Forn acudirá este sábado a la constitución del Ayuntamiento de Barcelona después de que su abogado, Xavier Melero, haya dado un baño de realidad al proceso soberanista. Lejos de los discursos de compañeros de JxCat de Forn, Melero no ha tenido problemas en reconocer que los independentistas incumplieron no solo las resoluciones del Tribunal Constitucional, sino también sus propias leyes aprobadas el 6 y 7 de septiembre de forma unilateral.

“El 27 de octubre se acató el 155”, ha dicho Melero al inicio de su declaración. Más tarde ha sido incluso más gráfico: “Nadie votó nada [ha dicho en referencia a la declaración de independencia], no se arrió la bandera, no se informó al cuerpo diplomático y todo el mundo se fue a su casa”. “Soy consciente que a alguien le puede molestar esta versión de los hechos, pero esto es lo que pasó”, ha agregado.

Esta pragmática visión del procés ha ido acompañada de un reconocimiento por primera vez en el juicio: “El señor Forn desobedeció al Tribunal Constitucional, lo admitimos, pero la cuestión aquí es muy simple, es la de la entidad de la violencia”. Tampoco ha mostrado dudas de que el 20-S en Economía se produjeron delitos de daños y desórdenes, pero no imputables a Forn. Frente a los 17 años por rebelión que pide la Fiscalía, la condena por desobediencia, que no conlleva cárcel, es un resultado que todas las defensas firmarían sin pensarlo dos veces.

Fiel a su estilo, irónico y con abundantes citas de filósofos e incluso de la cultura popular, como un fragmento de la película 'Amanece que no es poco', Melero ha negado con contundencia la violencia y la rebelión. Y pese a que su defensa es la más técnica, no se ha ahorrado duras críticas políticas hacia la Fiscalía.

En este sentido, ha afeado al fiscal Javier Zaragoza que con su cita a Kelsen, cayó en una reducción al nazismo, la denominada 'ley de Godwin por la que quien saca a colación el régimen nazi en una discusión pierde la razón, debido a que el filófoso fue perseguido por Hitler. “La mención de los nazis puede contaminar el debate de este juicio”, ha advertido Melero. El letrado también ha lamentado las “descalificaciones” de los fiscales al conjunto de la administración autonómica catalana y a los Mossos. A juicio de Melero, los fiscales “han proyectado sospechas de deslealtad” hacia toda la Generalitat. “Es una situación peligrosísima”, alerta.

Ya en el debate sobre la violencia -la cuestión clave del juicio- Melero ha desplegado abundante argumentario técnico para negar la “rebelión distinta” y sin armas de la Fiscalía. Esta interpretación, ha argumentado Melero, no solo es contraria a la jurisprudencia actual, que requiere el uso de armas, sino a las propias capacidades de los acusados. Al contrario de lo que sostiene la Fiscalía, Melero ha repetido en dos ocasiones que el gobierno de la Generalitat “no tenía la capacidad de imponer por la fuerza un cambio de marco normativo” como era el de la independencia.

El letrado ha hecho hincapié en las contradicciones de la Fiscalía sobre el papel de los Mossos. “¿Por que las acusaciones dan una característica dual a los Mossos, que a veces son elemento de cargo esencial por poner de manifiesto al Govern una percepción de riesgo exacto y a la vez son elementos partícipes de la rebelión?”, se ha preguntado.

Es más, frente a las críticas a la actuación policial que ha realizado Andreu Van den Enyde, Melero se ha definido como “defensor” de Policía, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra. “A la Policía no se la defiende diciendo que todo lo hicieron bien y dando coba”, ha señalado en alusión a los elogios que los responsables de Interior del PP lanzaron a los cuerpos policiales durante el juicio

“A la Policía se la defiende señalando la ineptitud de los mandos que en un diseño aberrante del dispositivo del 1-O les condujo a una situación endemoniada en que el cumplimiento del deber implicaba el deterioro de una imagen publica bien ganada en comunidad de Catalunya”, ha apostillado Melero en relación al dispositivo para impedir el referéndum. “Fue un fracaso -ha agregado- porque ningún cuerpo logró cumplir con el auto” del TSJC que ordenaba impedir la votación.

Melero ha apuntado las críticas hacia los responsables políticos de Interior, en especial el coordinador del dispositivo, Diego Pérez de los Cobos, de quien ha destacado su “extrañísimo papel”, que se limitó, ha señalado con ironía “a convocar y desconvocar reuniones de coordinación”, habida cuenta de que el propio coronel dijo que las labores de coordinación no eran de mando sobre el resto de cuerpos.

El Tribunal Supremo ha autorizado al exconseller de Interior Joaquim Forn, concejal electo de Junts per Catalunya en Barcelona, a acudir al pleno de constitución del Ayuntamiento de Barcelona este sábado. En un auto, el tribunal indica que Forn deberá ser custodiado desde la cárcel a Barcelona el viernes 14 “acompañado de las medidas que garanticen su seguridad y el retorno al centro penitenciario de origen, sin aplazamiento ni dilación”, el mismo sábado.

Asimismo, el tribunal recuerda que la presencia de Forn en el pleno se limita “de forma exclusiva” a la presentación de credenciales y documentos ante el registro de la corporación y a su asistencia al acto de constitución del pleno municipal. “No se legitima su presencia -añade la sala- en cualquier otro foro ni institución pública o privada, distinta de la corporación municipal”.

También señala la Sala que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “que resulten finalmente encargados de la custodia y traslado del señor Forn asumirán la responsabilidad de que su presencia en la Corporación se limitará a los fines que justifican esta autorización”.

Añaden en este sentido que “a los efectos legales procedentes, la presente resolución servirá de formal requerimiento”, en clara alusión a que la custodia y traslados puede ser previsiblemente encomendada a los Mossos d'Esquadra en el territorio de Cataluña, además de la participación de Policía Nacional o Guardia Civil.

El auto recuerda que el Reglamento Municipal del Ayuntamiento de Barcelona dispone que antes de tomar posesión, los electos deben presentar en la Secretaría General del Ayuntamiento la declaración de bienes y actividades“ y describe el resto de trámites a realizar por el concejal electo, que además es alcaldable por la lista de Junts per Catalunya.

El exconseller de Interior Joaquim Forn ha pedido al Tribunal Supremo salir de la cárcel para cumplir con el sorteo por el que le ha tocado presidir una mesa electoral en las elecciones generales del próximo 28 de abril. Así lo ha desvelado en RAC-1 la mujer de Forn, Laura Masvidal.

“Como sus derechos políticos están intactos, sus deberes políticos también, y formar parte de la mesa toca por sorteo”, ha sostenido Masvidal, que se ha mostrado escéptica sobre las posibilidades de que prospere la petición de libertad para acudir a la mesa. Masvidal ha detallado que la carta de la Junta Electoral para que Forn presidiera la mesa llegó el miércoles a su domicilio.

El exconseller de Interior lleva en prisión provisional desde el 2 de noviembre de 2017. Ha sido el único dirigente soberanista encarcelado al que la Fiscalía pidió dejar en libertad provisional, pero el juez Llarena lo rechazó. Forn se expone a una petición de prisión de 17 años por parte de la Fiscalía.

El quinto guardia civil que ha declarado este jueves en el juicio por el 1-O ha asegurado que las comunicaciones por radio de los Mossos d'Esquadra el día del referéndum delatan que la orden prioritaria para todos ellos era que espiaran los movimientos de Policía y Guardia Civil. El comandante ha asegurado que “tenían preferencia sobre otra novedad dar los movimientos de nuestros convoyes”, en referencia a Policía y Guardia Civil.

Incluso se habrían usado nombres clave. En las comunicaciones por radio de los Mossos, ha dicho, a los policías se les llamaba “escudos” y a los guardias civiles se aludía como “banderines”. Desde el centro de mando de los Mossos, ha declarado el comandante, se les insistía en que no aparecieran uniformes de Mossos en las imágenes de los medios de comunicación que grabaran a los antidisturbios de Policía y Guardia Civil actuando.

El fiscal Fidel Cadena ha preguntado al agente si supo de la utilización de mayores o niños en los colegios como “escudos”. “Lo decían por las propias emisoras, que estaban hablando con los responsables locales de votación y que ya les habían comentado cuál era su estrategia”, ha respondido.

El agente ha asegurado que los Mossos mantenían contacto con los responsables de los centros de votación y que éstos les adelantaban qué iban a hacer si llegaban las Fuerzas de Seguridad del Estado. Así, ha relatado que a un binomio presente en un colegio de La Jonquera (Girona) comunicó por radio que los responsables del centro de votación les habían explicado que harían un pasillo a los antidisturbios para que cuando llegaran a la urna se la encontraran atornillada.

Los correos de Forn y los Mossos

Este agente también ha analizado los correos incautados al exconseller de Interior Joaquim Forn. Respecto a los que se intercambió con el major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, el guardia civil ha concluido que había “una unidad de acción entre los responsables políticos del cuerpo y en este caso el major de los Mossos d'Esquadra”, teoría que tanto el major como y Forn rechazaron. El agente ha dicho que ambos coincidían en que la prioridad era preservar la convivencia ciudadana “como bien máximo”.

A preguntas de la defensa de Joaquim Forn, que ejerce el penalista Xavier Melero, el agente ha matizado que no hay ningún mensaje de respuesta en que el exconseller formule “indicaciones” o “modificaciones” de los planes de los Mossos. Tampoco consta la “opinión” de Forn en los correos sobre la designación del coronel Diego Pérez de los Cobos como coordinador policial del 1-O ni hay respuesta a la petición de un sindicato para convocar el Consejo de la Policía de Catalunya.

Sin embargo, sí se ha constatado que un correo del 30 de septiembre que envió Trapero a Forn contradice lo que declaró el comisario de información de la policía catalana durante el 1-O, Manel Castellví. Así, en el correo se reporta que Òmnium y ANC impulsaron durante el fin de semana concentraciones en los colegios para “no abandonar los colegios hasta que finalice la consulta”. Sin embargo, Castellví, declaró ante el tribunal que no tenían esa certeza –relacionar la ocupación de los colegios con la intención de garantizar la votación– por lo que no actuaron en los centros antes del 1-O.

El primer agente en declarar este miércoles lideró la incautación en una nave de Bigues y Riells (Barcelona) de casi 10 millones de papeletas y 6.000 sobres electorales del 1-O. El registro, ha explicado, transcurrió “con total normalidad” pese a los momentos de tensión que se produjeron después, cuando un grupo de “200 o 300” concentrados con “actitud hostil” obstaculizaron la salida de los agentes.

El agente ha confirmado que, a raíz de una labor de vigilancia previa al registro, detectaron a principios de septiembre la presencia del actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la nave, junto a otros diputados y miembros de la ANC, una información que ya se hizo pública el pasado mes de mayo. Cuando se celebró el referéndum, Quim Torra era asesor del Govern y colaboraba con Òmnium y la ANC.

No ha permitido extraer grandes conclusiones el análisis del correo de la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa. Del millar de correos, el guardia civil solo consideró que 14 tenían interés para la investigación. Un día después de la convocatoria del referéndum, Bassa adjuntó pidió al secretario general de CCOO en Catalunya, Javier Pacheco, “difundir que la clase trabajadora que esté activa el domingo 1 de octubre tiene derecho al tiempo para ir a votar, si es el caso”.

Asimismo, Bassa también envió un correo al secretario general de UGT en Catalunya, Camil Ros, con copia de la nota informativa que la Generalitat dirigió a los funcionarios con motivo de la huelga del 3 de octubre, y una comunicación interna a los secretarios generales del departamento después del 20-S en los que les felicitaba por su reacción ante una “actuación injusta y lamentable de la Fiscalía”. Y del correo de Jordi Cuixart solo se ha constatado que el guardia civil que lo analizó confundió a una tal Marta Rovira Martínez con la secretaria general de ERC, Marta Rovira Vergés.

Los incidentes ante la Conselleria de Economía en Barcelona el 20 de septiembre de 2017 son uno de los hechos que la Fiscalía del Tribunal Supremo pretende explotar para sustanciar la acusación de rebelión. Decenas de miles de manifestantes se congregaron ante el edificio cuando una comisión judicial estaba en su interior registrando despachos de altos cargos detenidos en una operación preventiva contra el referéndum de independencia.

En su interrogatorio al exconseller de Interior, Joaquim Forn, el fiscal Fidel Cadena le preguntó cuántas veces había hablado ese día por teléfono con Jordi Sànchez, entonces presidente de la ANC, y que estaba en esos momentos ante el edificio rodeado. “No lo sé, cuatro o cinco veces”, respondió. “Dieciocho veces”, continuó el fiscal. De forma algo confusa, Forn dijo que le estaba induciendo a error, porque una cosa son las llamadas “y otra las veces que hablé con él”. Es decir, pudo llamar en varias ocasiones y no lograr contactar con Sànchez.

Esas son las situaciones que se crean en un juicio. Son las que buscan los fiscales para evidenciar falsedades o contradicciones de acusados o testigos, o probar que están ocultando algo. En este caso, una supuesta confabulación entre el responsable de una movilización masiva y un miembro del Govern. Pequeños puntos que suman, aunque por sí solos no sirvan para demostrar la culpabilidad de nadie. Quizá sean útiles para restar credibilidad al testimonio del acusado a ojos del tribunal.

En el relato de la fiscalía, esos incidentes del 20 de septiembre revelan que el plan independentista incluía la intención de provocar incidentes violentos con el fin de ejercer la presión necesaria. Así aparece en el escrito de acusación, pero tendrá que demostrarse en el juicio con pruebas y testimonios si la Fiscalía quiere obtener las condenas que busca. No valdrá con enunciarlo, como se hace en un artículo de opinión.

El fiscal pilló a Forn en el asunto de las llamadas a Sànchez –el conseller dijo varias veces que él no se involucraba en los operativos policiales–, pero no mucho más. Comprobó lo complicado que es interrogar a un político, incluso cuando este se encuentra en el banquillo de los acusados. Es algo que conocen muy bien los periodistas. Si no quieren responder a la pregunta, pueden estar hablando una eternidad de tiempo sin hacerlo.

Forn se escurrió con habilidad y el fiscal nunca llegó a acorralarle. Cadena llegó a probar con un chiste cuando preguntó por un contacto con el “delegado del Estado en Cataluña”. ¿El delegado del Gobierno?, preguntó Forn. No, se refería a Carles Puigdemont, que era entonces la máxima autoridad del Estado en Catalunya. No quedó claro para qué le servía ese truco al fiscal.

Si este es el modelo de los restantes interrogatorios de exconsellers, esa primera fase del juicio acabará sin que la acusación pueda anotarse un triunfo claro.

Los equilibrios de Forn

El exconseller afrontaba una situación delicada: compatibilizar su apoyo pleno al proyecto independentista con su responsabilidad en uno de los principales puestos del Govern. Precisamente, Forn fue nombrado por Puigdemont al frente de la Conselleria de Interior en julio de 2017, en sustitución de Jordi Jané, porque se le consideraba más fiable políticamente para responsabilizarse de los Mossos en los meses finales del desafío independentista que culminó en el referéndum.

Forn declaró que antes del 1-O dio traslado a todas las instrucciones de la Fiscalía para impedir que se celebrara el mismo referéndum que él políticamente estaba apoyando. “Desde mi Departamento, no se realizó ninguna función a favor del referéndum”, dijo. El fiscal no pudo probar lo contrario.

Esa situación tipo Doctor Jekyll y Mr. Hyde obligaba a dejar sin contestar algunas preguntas o dejarlas en la ambigüedad. “Estábamos convencidos de que había base legal para celebrar el referéndum”, dijo Forn. El fiscal le recordó que los autos del Tribunal Constitucional advertían a los miembros del Govern sobre las responsabilidades penales en que incurrirían si continuaban con sus planes. Era una forma de decir a Forn de que no debía sorprenderse de haber acabado en prisión y ahora ante el Supremo.

En otros momentos, el fiscal incluso patinó. Forn le acusó de hacer “relatos peliculeros” sobre la salida algo accidentada de la funcionaria judicial del registro a la Conselleria de Economía por la noche a través de un cine adyacente. “Saltó un muro de metro y medio”, explicó. El fiscal Cadena dijo antes que había salido “por los tejados”. Casi como en las películas de James Bond.

Aún peor lo hizo Cadena al citar un informe de los Mossos anterior al 1-O, cuya traducción del catalán de la primera frase en otro informe policial fue contestada por la defensa. Varios minutos se consumieron en la discusión de algo que aparecía como “el referéndum se ha de celebrar el 1 de octubre” –lo que suena como una orden– y que en realidad era el simple enunciado de un hecho: “El referéndum se celebrará el 1 de octubre”. El presidente del tribunal tuvo que intervenir para que dejaran de dar vueltas sobre esa primera traducción que además el fiscal no podía respaldar. Y la defensa no se lo iba a poner fácil. Esa no es su función en un juicio.

Junqueras se sacrifica por la causa

Por la mañana, en el arranque del juicio propiamente dicho, el interrogatorio de Oriol Junqueras se convirtió en un hecho políticamente llamativo, pero mucho menos desde el punto de vista penal. El exvicepresident tomó una decisión a la que tiene derecho, pero que es sumamente arriesgada para su destino personal. Optó por no declarar ante las acusaciones y hacerlo sólo ante su abogado, protegido por preguntas amables y generales con las que vendió su discurso político.

Los jueces saben que eso es un derecho de cualquier acusado que debe ser respetado –el magistrado Marchena lo comentó más de una vez–, pero muchos de ellos ya empiezan a sospechar del que no se atreve a responder a las preguntas del fiscal.

Junqueras, que se identificó como preso político ante el tribunal, dio la impresión de inmolarse en pro de la causa con independencia de las consecuencias penales que tenga que sufrir. “Lo seguiremos intentando sea cual sea el resultado de este proceso”, dijo refiriéndose a sus ideas independentistas, unas palabras que sonaron como un desafío al tribunal. Es algo que políticamente no se le puede negar. No es lo que recomendaría en estos momentos un abogado a un cliente al que los fiscales piden 25 años de prisión.

El discurso de Junqueras tendrá sin duda impacto político en Catalunya –y en Bélgica donde vive Puigdemont–, pero dejó bastante fríos a los siete magistrados de la Sala de lo Penal, que lo escucharon impertérritos.

Junqueras tenía muchas ganas de hablar hasta el punto de que soltó un “lástima, ahora que íbamos lanzados” cuando Marchena anunció un descanso. Sí que estaba lanzado. El siempre sobrio líder de ERC se transformó en alguien que hablaba moviendo los brazos, expansivo, a veces riéndose, en general, disfrutando de la situación. “Es que llevo un año sin poder hablar”, se disculpó poco antes.

Obviamente, Junqueras no se autoincriminó (“nunca, nunca, nunca, nunca hemos avalado ninguna actuación violenta”). Planteamos un diálogo al Gobierno central, dijo, pero sólo recibieron “una silla vacía”. Nunca se destinaron fondos públicos al referéndum. Eso por la vía de los hechos imputados. Por la profesión de fe independentista, Junqueras no se movió un centímetro: “La independencia de Catalunya es legítima. ¿Dónde se prohíbe? ¿Dónde se dice que es delito?”.

En su empeño por salvarse, Joaquim Forn ofreció después un mensaje distinto. Nunca hubo declaración de independencia. La declaración parlamentaria del 27 de octubre no fue “el nacimiento de un nuevo Estado”. El Govern no tomó ninguna decisión para desarrollar la independencia y cumplir la ley de transitoriedad aprobada antes por el Parlament. De creer a Forn, habría que pensar que nada ocurrió después del 1 de octubre de 2017 y que todo fue una ficción.

Lo que ocurre es que Forn sólo está pensando en su futuro personal y el de su familia después de la sentencia, algo muy comprensible. Junqueras está más preocupado por otras cosas, por su partido y por su idea de Catalunya. Por eso parece dispuesto a pagar el precio necesario, y puede ser muy alto. A fin de cuentas, en este juicio no se dirime sólo el futuro de doce acusados.

Cada palabra cuenta en el juicio al 'procés'. Y cuenta todavía más cuando frases traducidas del catalán al castellano forman parte del relato por el que las acusaciones piden decenas de años de cárcel a los líderes soberanistas. El Tribunal Supremo ha aceptado un informe pericial de una filóloga, propuesto por el exconseller de Interior Joaquim Forn, que desmiente la traducción de la Fiscalía de un informe clave de los Mossos d'Esquadra sobre su papel el 1-O, una de las cuestiones esenciales para dirimir la supuesta rebelión.

“El día 1 de octubre debe celebrarse el referéndum de autodeterminación de Catalunya”. Esta es la traducción que hace la Fiscalía en la página 42 de su escrito de acusación sobre el informe de la comisaría general de información de los Mossos d'Esquadra del 28 de septiembre de 2017 sobre el dispositivo policial del 1-O. La perífrasis verbal “debe celebrarse”, a criterio del ministerio público, muestra que los Mossos d'Esquadra antepusieron las órdenes políticas del Govern para facilitar el 1-O al mandato judicial que les obligaba a impedir la votación.

El original catalán del informe es el siguiente: “El dia 1 d'octubre de 2017 s'ha de celebrar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya”. La discrepancia se encuentra, por tanto, en la traducción de la perífrasis verbal “haver de” por el castellano “deber”. Lo que para la Fiscalía es un verbo que muestra que los Mossos estaban obligados por sus líderes políticos a permitir el 1-O, para Forn no es más que una traducción errónea de un verbo que en realidad sería “se va a celebrar” o “se celebrará” el 1-O y que no implica ninguna voluntad.

En la pericial filológica, elaborada por la presidenta de la comisión de gramática de la sección filológica del Institut d'Estudis Catalans (IEC), Gemma Rigau, se expone la diferencia entre ambos tiempos verbales. Así, la filóloga argumenta que el tiempo verbal en catalán “s'ha de celebrar” no es equivalente al castellano “debe celebrarse” porque el primero se refiere a una oración pasiva refleja y carece de sujeto, por lo que su interpretación es “incompatible”, zanja Rigau, con el valor de una obligación.

“'Ha de celebrar-se no admite traducirse de ningún modo como 'debe celebrarse'”, abunda la filóloga en su informe pericial, que ha sido admitido por el Supremo como prueba del juicio al 'procés' y al que ha tenido acceso eldiario.es. Si la oración en catalán hubiera querido tener el sentido de una obligación como el castellano “debe celebrarse”, se hubiera escrito “cal celebrar” o “cal que se celebri”, concluye la filóloga.

Esta frase muestra uno de los debates de las últimas semanas entre las defensas, referente al uso del catalán en el juicio. Mientras la defensa de Forn y la de otros acusados como Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart o Dolors Bassa prevén declarar en castellano para evitar errores en los matices de la traducción al catalán que facilitará el Supremo, encausados como Jordi Turull, Jordi Sànchez o Josep Rull mantienen su voluntad de declarar en catalán.

Nuevas peticiones de retraso del juicio

Por otro lado, las defensas han vuelto a pedir más tiempo para preparar el juicio al 'procés', que arrancará el próximo martes. La defensa del exvicepresident Oriol Junqueras y del exconseller de Exteriores Raül Romeva ha vuelto a pedir al TS que aplace al menos unos diez días el inicio del juicio para tener más tiempo para examinar las pruebas.

El abogado Andreu Van Den Eynde ha presentado un recurso de súplica a la sala del Supremo que juzgará a los líderes independentistas en el que pide un margen de al menos tres semanas entre la fecha en que se notificó el señalamiento del juicio –el pasado viernes 1 de febrero– y el inicio de la vista oral.

En su recurso, el abogado también impugna la decisión del Supremo de no revelar en su auto de admisión de pruebas la identidad del único testigo protegido de la causa, pese a que, argumenta Van Den Eynde, así lo establece la ley cuando alguna defensa lo solicita de forma motivada. El testigo es un mossos d'esquadra de Lleida citado a declarar sobre las instrucciones que recibió de sus superiores para impedir –o facilitar– el 1-O.

Asimismo, el abogado Jordi Pina, que defiende a Sànchez, Rull y Turull, ha pedido pide la suspensión del inicio de la vista el 12 de febrero debido a que no se ha recibido íntegramente “la abundante prueba anticipada que ha sido admitida mediante auto de 1 de febrero de 2019”, entre la que figuran varios informes sobre el dispositivo policial del 1-O o sobre cómo el Gobierno de Rajoy afrontó el referéndum.

Jordi Pina solicita que se dé un plazo de tres semanas a las partes, desde que dispongan de la totalidad de los documentos, “para que puedan instruirse del contenido de dicha prueba”. Se da por descontado que el tribunal rechazará todas las peticiones.

Joaquim Forn, exconseller de Interior encarcelado en Lledoners desde hace más de un año, ha confirmado mediante una carta que será el candidato de JxCat a la alcaldía de Barcelona. No era ningún secreto que esta era la opción de consenso entre el entorno de Carles Puigdemont y el PDeCAT, pero hasta ahora el político no había dado el sí al ofrecimiento.

“Me presento porque tengo derecho a ello, porque no hacerlo”, ha escrito Forn, “sería dar por bueno” el relato que le mantiene en la cárcel. “Estar encerrado no es una ventaja, ciertamente. Pero sería deshonesto conmigo mismo y con la ciudad si aceptara dócilmente que esto es suficiente para romper y imposibilitar la puesta en marcha de un proyecto político de transformación para Barcelona”, ha valorado.

El paso de Forn para encabezar la candidatura del espacio postconvergente supone despejar la última gran incógnita de la batalla electoral por Barcelona. Falta por ver ahora quién será su número 2, puesto para el que se ha barajado la actual consellera de Presidencia, Elsa Artadi, y qué lugar ocupará en la lista Neus Munté, la candidata que superó las primarias del PDeCAT.

Dar continuidad al proyecto de Trias

Forn es un político que conoce al detalle el Ayuntamiento de Barcelona. Fue mano derecha de Xavier Trias durante su mandato como alcalde de la ciudad y permaneció en la oposición hasta que Puigdemont le llamó para ocupar la cartera de Interior dos meses y medio antes del 1-O.

En su carta, adelanta que uno de sus objetivos será “dar continuidad” al proyecto de Trias para la ciudad, esta vez con su “sello personal” y el de su nuevo equipo. “Sé que Barcelona no es amiga de los sectarismos de ninguna clase”, manifiesta el nuevo alcaldable, que quiere “revertir el modelo al que está sometida Barcelona” desde que la gobierna Ada Colau. “Los barceloneses merecemos un proyecto integrador que sitúe la capital del país como eje principal de su acción”, señala.

Más ciudad que 'procés'

En su carta de presentación como candidato, Forn se ha centrado más en dar las primeras pinceladas de sus planes para la ciudad que en hacer referencia al proceso independentista. “Barcelona no es un cromo para cambiar ni una variable secundaria de una ecuación múltiple”, ha expresado. “Queremos trabajar para una Barcelona que respete la diferencia, que trabaje en la búsqueda de consensos [...], que entienda el Ayuntamiento como punto de encuentro de todas las visiones de la ciudad”, ha añadido.

En la carta también ha insistido en una frase que bien podría convertirse en su eslogan, puesto que lo ha colgado en Twitter minutos después de su anuncio: “Barcelona en el centro de todo”.

Los dirigentes independentistas tenían claro qué hacer hasta el 1-O. A la celebración del referéndum le siguieron veintiséis días de dudas, tensión y división interna como nunca antes había vivido el soberanismo y el 27 de octubre se declaró sin mucho entusiasmo la independencia en el Parlament. Más de un año después, los líderes del otoño soberanista catalán en prisión provisional han asumido sin ambages la celebración y preparación del referéndum en sus escritos de defensa ante el Tribunal Supremo, incluso reconociendo que con la votación desobedecieron al Tribunal Constitucional.

La reivindicación y el protagonismo del 1-O en los escritos contrasta con el papel secundario, casi testimonial, que tanto los acusados de ERC como los de Junts per Catalunya (JxCat) otorgan a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), punto culminante de la rebelión a criterio de la Fiscalía. Todos ellos la definen más como vía para negociar con el Estado que como la manera en que se intentó consumar la independencia, y evitan calificarla de unilateral. Algunos incluso le restan importancia destacando que no se llegó a publicar en el Diario Oficial de la Genealitat (DOGC).

En sus escritos de defensa, los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull (JxCat) detallan que la declaración de independencia estaba en el preámbulo de una resolución parlamentaria que no se llegó a votar, ya que las partes “declarativas” de las propuestas de resolución no se votan. En cualquier caso, añaden, la declaración “nunca” se publicó en el DOGC porque en el diario oficial “solo se publican textos legislativos aprobados por el Parlament, nunca propuestas de resolución”.

Lo que sí se votó y aprobó la mayoría independentista, puntualizan Turull y Rull, fue la “apertura de un proceso constituyente”. Los exconsellers, a los que la Fiscalía pide 16 años de prisión por rebelión, enfatizan que la declaración “hacía un llamamiento expreso a iniciar un proceso de diálogo con el Estado español y la comunidad internacional” para tratar de alcanzar la independencia.

También descafeínan ante el tribunal la declaración de independencia el exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva (ERC). La mención a la DUI ocupa dos párrafos de un escrito de más de 100 páginas, y se define como el “producto parlamentario” con el que se “plasmó la decisión popular fruto del referéndum”.

“La declaración recogía expresamente la reiterada vocación de diálogo de conformidad con los principios del derecho internacional”, asevera el escrito, que destaca además que Junqueras y Romeva “decidieron no desplegar efecto alguno de la Declaración y persistieron en la búsqueda de espacios de negociación política”. Tanto los presos de JxCat como los de ERC recuerdan que en cualquier caso la votación estaba protegida por el derecho a la inviolabilidad parlamentaria. Tanto Junqueras como los dirigentes de JxCat reiteran que su voluntad es conseguir la independencia de forma negociada.

Los escritos de defensa del exconseller Joaquim Forn, el expresidente de la ANC y actual diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ni mencionan la DUI. En el caso de los 'Jordis', cabe recordar su nulo papel en la votación ya que cuando se aprobó el texto ya estaban en prisión preventiva. El escrito de defensa que queda por presentarse es el de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, encargada de leer la declaración el 27-O. Su abogada, Olga Arderiu, ha afirmado este martes en Catalunya Ràdio que Forcadell se limitó a “recepcionar una iniciativa de los grupos parlamentarios” de JxSí y la CUP.

El 1-O, el único acto “unilateral” de Junqueras

En contraste con el tono matizado con el que los acusados se refieren a la DUI, Junqueras y Romeva reivindican el 1-O como “la única decisión de ejecución unilateral” que llevaron a cabo, al basarse en el ejercicio de los “derechos cívicos” de la ciudadanía porque “aglutinaba un consenso muy mayoritario” también en sectores no independentistas. Los políticos “impulsaron desde sus respectivas funciones de representación política la realización del referéndum de autodeterminación”, asegura la defensa.

Turull y Rull también asumen la desobediencia ya que “como el resto de ciudadanos”, sostienen, “conocíamos que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya habían declarado ilegal la celebración del referéndum”. “De la misma manera –añaden– que conocíamos perfectamente que convocar y participar en la organización de un referéndum había sido expresamente despenalizado en el año 2005”.

Las expresiones de los escritos de defensa contrastan con los regates que los exconsellers hacían a la palabra “desobediencia” en vísperas al referéndum. Para enfado de la CUP, que reclamaba una desobediencia abierta, los miembros del Govern Puigdemont preferían reivindicar su “obediencia” a la mayoría parlamentaria. Solo las defensas de los exconsellers Santi Vila y Meritxell Borràs, en libertad provisional y con una petición fiscal de 7 años de cárcel, niegan desobediencia alguna.

Incluso el escrito de Forn, que a diferencia de sus excompañeros de Govern evita cualquier alegato político, asume el papel del exconseller de Interior el 1-O: “Joaquim Forn era un cargo público que participó en un gobierno que había decidido la celebración de un referéndum, pese a que hubiera sido suspendido. Debió mantener un delicado equilibrio entre la lealtad a la acción política del gobierno (amen de a sus convicciones), y el cumplimiento riguroso de los deberes que le imponía ser el máximo responsable (en el plano político) del cuerpo de los Mossos d'Esquadra. Lo mantuvo con éxito”.

Sànchez y Cuixart, a diferencia de los exconsellers, no fueron apercibidos por el Constitucional para paralizar al referéndum, ya que no eran cargos públicos. Así lo recuerda la defensa de Sànchez, que destaca que “nada impedía a los ciudadanos ejercer pacíficamente el derecho de expresión, reunión y manifestación con su participación en un centro de votación como un acto democrático que permitiría conocer la voluntad de la población”. Por su lado, el escrito de Cuixart contiene varios alegatos en favor de la desobediencia civil no violenta.

Forn sí reconoce abiertamente que acató el 155

La primera fase de la investigación en el Supremo estuvo marcado por el acatamiento que todos los dirigentes independentistas, con sus propio matices, realizaron a la Constitución y a la aplicación del 155. A las puertas del juicio, Forn es el único que de forma abierta reconoce en su escrito que “acató la aplicación 155 aun antes de que le fuera comunicado oficialmente su cese”.

Rull y Turull no hacen mención expresa al 155 y su acatamiento, aunque piden una batería de testigos relacionados con la aplicación del artículo, como por ejemplo el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Son la única defensa que lo ha pedido, por el momento.

Junqueras y Romeva también admiten que aceptaron el 155, aunque de forma más matizada, al recordar que, como el resto de fuerzas políticas catalanas, ERC “asumió el reto electoral impuesto por el gobierno español el 21 de diciembre”, comicios que supusieron el final abrupto del otoño soberanista catalán.

Lejos de los alegatos políticos de Oriol Junqueras, Raül Romeva o Jordi Cuixart, el exconseller de Interior Joaquim Forn también ha pedido ser absuelto de rebelión ante el Tribunal Supremo. En su escrito, Forn niega que promoviera alzamiento violento alguno, y de hecho defiende que en su etapa frente de la policía catalana no dio ninguna orden política a los Mossos d'Esquadra, que a su vez, enfatiza el exconseller, cumplieron “escrupulosamente” las órdenes de jueces, fiscales e incluso del mando único del Ministerio del Interior el 1-O.

El letrado de Forn, Xavier Melero, se aleja del tono político de otros acusados, y realiza una fría pero contundente réplica a la Fiscalía para pedir la absolución. El ministerio público responsabiliza a Forn de dar supuestas “instrucciones” políticas a los Mossos para que no actuaran el 1-O, todo ello en una estrategia para lograr la secesión en que la política catalana “acataría exclusivamente” lo ordenado por los independentistas. Pide para él 16 años de cárcel.

Melero responde a los fiscales que Forn no dio ninguna orden a la policía catalana. Ni política ni técnica, porque sencillamente el exconseller no participó en la planificación del operativo del 1-O, que corrió a cargo de comisarios y otros responsables policiales. “Forn no participó en el diseño de los operativos policiales a cargo del cumplimiento de la orden del TSJC [para impedir el referéndum] en modo que, como consecuencia de su interferencia, los mismos se infradimensionaran hasta el punto de que resultara imposible la ejecución de dicha orden”, argumenta la defensa.

“No hubo infradotación policial el día 1 de octubre, y el diseñ técnico y cuantitativo del dispositivo no es atribuible al Sr. Forn”, abunda Melero, que destaca además que el exconseller ni siquiera estuvo presenta en la Sala de Coordinación de los Mossos (CECOR) desde donde se siguió la votación, “ni emitió directriz alguna a los responsables de la misma”.

La única consideración que puede ser considerada como política es una reflexión con la que Melero resume la posición de Forn en sus cuatro meses como conseller de Interior: “Joaquim Forn era un cargo público que participó en un gobierno que había decidido la celebración de un referéndum, pese a que hubiera sido declarado suspendido. Debió mantener un delicado equilibrio entre la lealtad a la acción política del gobierno (amen de a sus convicciones), y el cumplimiento riguroso de los deberes que le imponía ser el máximo responsable (en el plano político) del cuerpo de los Mossos d'Esquadra. Lo mantuvo con éxito”.

Asimismo, el exconseller, a diferencia de otros miembros del Govern, acata en su escrito de forma explícita el 155 de la Constitución. “El Sr. Forn acató la aplicación 155 aun antes de que le fuera comunicado oficialmente su cese”, recuerda Melero.

Puigdemont y Trapero, testigos

Forn ha pedido que declaren como testigos en el juicio en el Tribunal Supremo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, miembros de la excúpula del Ministerio de Interior y el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, en relación a las Juntas de Seguridad previas al 1-O y al dispositivo policial de la votación.

También pide citar como testigos al exsecretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior José Antonio Nieto; el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, y el exdirector del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad Diego Pérez de los Cobos.

Sobre Carles Puigdemont, el abogado precisa que dado “el especial estatus procesal del testigo propuesto, su declaración debería instrumentarse mediante mecanismo de cooperación judicial internacional y concretarse a través de videoconferencia”. Como prueba documental, el exconseller pide que se aporten los mensajes de whatsapp que cruzó con Millo entre el 19 de agosto y 21 de octubre de 2017.

Asimismo, exconseller de Interior también pide que declaren los comisarios de los Mossos Ferran López –responsable del cuerpo durante la aplicación del 155–, Manel Castellví –responsable de la Comisaría General de Información–, Emili Quevedo y Joan Carles Molinero, así como los exresponsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña Ángel Gozalo y Sebastián Trapote, respectivamente, el exconseller Jordi Jané y el exdirector de Mossos Albert Batlle.

El exconseller de Interior Joaquim Forn, en prisión provisional desde el 2 de noviembre de 2017, es el nombre de consenso entre las familias del espacio posconvergente para encabezar la lista a las municipales de 2019 en Barcelona. De esta forma, la Crida, movimiento ideado por Carles Puigdemont, y el PDeCAT, el partido heredero de Convergència, intentan superar sus divisiones y acordar un cabeza de cartel para competir en la capital catalana, donde las encuestas no les otorgan buenos resultados.

Al principio de acuerdo para que el exconseller de Interior encabece la lista de las municipales, adelantado por NacióDigital y confirmado por eldiario.es, le falta el visto bueno del propio Forn desde Lledoners. Asimismo, las negociaciones todavía están abiertas para decidir el nombre del número dos, que será la persona que asumirá la campaña electoral debido a la prisión preventiva de Forn, que se da por descontado que seguirá de aquí a las municipales.

En este sentido, la principal incógnita por resolver es si Neus Munté, la candidata oficial del PDeCAT que ganó las primarias del partido, ocupará el segundo puesto en la candidatura una vez sea desplazada por Forn como cabeza de cartel, o si, por contra, se situará un nombre más afín a Puigdemont. Cabe recordar que Munté abandonó en julio de 2017 el Ejecutivo de Puigdemont, cuando cuatro consellers del PDeCAT contrarios a la vía unilateral renunciaron a su cargo.

En esa crisis de Govern fue precisamente cuando Forn pasó a ocupar la conselleria de Interior, tan solo durante cuatro meses antes de ser destituido por el 155 y encarcelado de forma provisional. Antes desarrolló toda su carrera política en el consistorio barcelonés. donde comandó la Guardia Urbana en la alcaldía del convergente Xavier Trias, del que fue su mando derecha. En la oposición, Forn fue portavoz y uno de los concejales más destacados de CiU.

El nombre con el que el espacio posconvergente se presentará a las municipales de Barcelona era el último que faltaba por conocerse: Ada Colau y Jaume Collboni repetirá para BComú y PSC, Ernest Maragall será el cabeza de cartel de ERC, Manuel Valls es la opción de Ciudadanos y Josep Bou la del PP. El espacio independentista, además de la CUP, tendrá un nuevo competidor en la candidatura avalada por la ANC que encabeza Jordi Graupera.

Los cuatro presos independentistas que llevaron a cabo una huelga de hambre durante más de dos semanas han vuelto este lunes a la cárcel de Lledoners tras pasar varios días hospitalizados para reiniciar su alimentación. “Hemos recibido una atención extraordinaria en el módulo penitenciario del Hospital de Terrassa”, ha expresado en Twitter Jordi Sánchez, que protagonizó esta protesta junto a sus compañeros de JxCat Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn.

Sànchez y Turull mantuvieron el ayuno indefinido desde el 1 de diciembre, al que tres días después de sumaron Rull y Forn. En total, estuvieron 20 y 17 días en huelga de hambre, respectivamente. El jueves ingresaron en el Hospital de Terrassa para iniciar el proceso de “realimentación monitorizado médicamente”, según informó su médico personal, Jaume Padrós. Su evolución fue en todo momento positiva.

Los cuatro políticos presos empezaron tomando infusiones y alimentos triturados, hasta llegar a unas 400 o 500 calorías, que se han ido incrementando día a día hasta las 2.000 calorías, que es lo que se considera el contenido de una dieta normal, según indicó a Efe el doctor Lluís Cabré, miembro de la comisión de expertos que el Colegio de Médicos barcelonés creó para hacer el seguimiento de la huelga.

Los cuatro políticos independentistas iniciaron la huelga de hambre para reclamar al Tribunal Constitucional que agilice sus recursos y poder recurrir a la justicia europea. El fin de la huelga de hambre llegó después de que todos los expresidentes del Parlament y la Generalitat vivos, entre ellos Carles Puigdemont o Pasqual Maragall, pidieran a los presos dejar el ayuno para “salvaguardar” su derecho a la vida.

Inédita medida de la Generalitat en apoyo a los presos independentistas. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este lunes que la administración catalana dejará de ofrecer comida en los actos oficiales en solidaridad con los presos de Junts per Catalunya (JxCat) Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, que mantienen una huelga de hambre indefinida.

“Siguiendo el criterio del Govern, en relación a la huelga de hambre que han comenzado algunos presos políticos, no tendremos comida en los actos que ofrece la Generalitat, esperamos que entendáis esta decisión”, ha aseverado Torra durante una recepción a las comunidades judías catalanas tras visitar a los presos en la cárcel de Lledoners. Desde el inicio de la crisis, la Generalitat había reducido los gastos en comida y bebida en los actos oficiales, pero era habitual que, según fuera la ocasión, se ofrecieran distintos refrigerios y bebidas, así como una copa de cava.

Forn y Rull han anunciado este lunes que desde la próxima medianoche se sumarán a la huelga de hambre que desde el sábado mantienen en la prisión de Lledoners sus compañeros Jordi Sànchez y Jordi Turull. Los cuatro presos de la lista de Carles Puigdemont ayunarán de forma indefinida para protestar contra el bloqueo que, a su juicio, practica el Tribunal Constitucional a sus recursos de amparo.

En un comunicado, ambos exconsellers han denunciado, como hicieron Sánchez y Turull, que el Constitucional les impide el acceso a la Justicia europea al no resolver sus recursos de amparo sobre su prisión provisional y su suspensión como diputados. “La injusticia que padecemos, la lesión de nuestros derechos fundamentales y la arbitrariedad judicial con que somos tratados nos legitiman para tomar esta decisión a pesar de ser sabedores del impacto que puede tener sobre nuestros organismos”, han expresado Rull y Forn.

Los exconsellers de Interior y Territorio en prisión provisional, Joaquim Forn y Josep Rull, se sumarán este martes a la huelga de hambre que desde el sábado mantienen en la prisión de Lledoners sus compañeros de Junts per Catalunya (JxCat) Jordi Sànchez y Jordi Turull. Los cuatro presos de la lista de Carles Puigdemont ayunarán de forma indefinida para protestar contra el bloqueo que, a su juicio, practica el Tribunal Constitucional a sus recursos de amparo.

En un comunicado, ambos exconsellers han denunciado, como hicieron Sánchez y Turull, que el Constitucional les impide el acceso a la Justicia europea al no resolver sus recursos de amparo sobre su prisión provisional y su suspensión como diputados. El Constitucional ha respondido este mismo lunes que la “complejidad” de los recursos y su trascendencia al tratarse de derechos fundamentales obliga a llevar a cabo al tribunal una “labor minuciosa” de estudio. En el caso del amparo solicitado por Sànchez contra la prisión provisional ordenada por la Audiencia Nacional, el Constitucional admitió a trámite en febrero de este año el recurso presentado en noviembre de 2017 , y todavía no lo ha resuelto.

“La injusticia que padecemos, la lesión de nuestros derechos fundamentales y la arbitrariedad judicial con que somos tratados nos legitiman para tomar esta decisión a pesar de ser sabedores del impacto que puede tener sobre nuestros organismos”, han expresado Rull y Forn. En línea con sus compañeros, los exconsellers han sostenido que inician el ayuno indefinido “después de haber reflexionado, de entender qué supone y asumir los riesgos y consecuencias”.

Rull y Forn han recalcado que la huelga de hambre “no es una protesta para pedir ningún trato de favor ni discriminación positiva”, sino “la única alternativa de que disponemos en prisión para hacer más visible la discriminación y la conculcación de nuestros derechos fundamentales”. “No renunciaremos nunca a un juicio justo, este es el objetivo de nuestra huelga de hambre”, han zanjado.

Pese a su ayuno, los cuatro presos de JxCat seguirán sujetos al régimen penitenciario, lo que implica mantener los horarios y las actividades, incluida su presencia en el comedor de la cárcel durante las comidas. Los médicos del centro monitorizarán cada dos días el estado de salud de los cuatro internos mediante el control de su presión, su peso y analíticas de sangre, entre otras pruebas.

La Abogacía del Estado reclama hasta 12 años de cárcel por los delitos de sedición y malversación para los líderes independentistas a los que acusa de haber promovido la declaración unilateral de independencia de Catalunya en contra del criterio del Tribunal Constitucional. El delito de sedición castiga a quienes “se alcen pública y tumultuariamente” con el objetivo de “impedir” por la fuerza o fuera de la ley el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales, entre otras cuestiones.

El órgano que defiende los intereses del Estado se distancia de la Fiscalía y descarta finalmente el delito más grave de rebelión, por el que fueron condenados los responsables de la intentona golpista del 23-F, y que establece de forma muy clara que ese alzamiento debe ser público y, por tanto, notorio y manifiesto; y también violento, es decir, ir acompañado del ejercicio de la fuerza física o de algún tipo de amedrentamiento.

La reclamación de penas más altas es para los antiguos miembros del Govern que jugaron “el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias” para realizar el referéndum del 1 de octubre. En concreto, doce años para el exvicepresident Oriol Junqueras y once años y medio para los exconsellers que siguen encarcelados Joaquim Forn (Interior), Josep Rull (Territorio), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores) y Dolors Bassa (Trabajo y Asuntos Sociales). Según la Abogacía del Estado, todos ellos merecen un castigo más grave por su estatus de “autoridad”, al haber “inducido, sostenido y dirigido” la sedición desde su condición de miembros del Govern. También son acusados de malversación.

En el caso de los otros tres antiguos miembros del Ejecutivo catalán encausados pero que no están en prisión provisional –Meritxell Borrás (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santiago Vila (Empresa)– la Abogacía del Estado aprecia los delitos de malversación y desobediencia grave por adoptar “los acuerdos para la ejecución y desarrollo del referéndum del 1 de octubre, disponiendo ilegítimamente de fondos públicos” y por desoír sistemáticamente los acuerdos del Tribunal Constitucional. Por ambas infracciones pide para ellos siete años de prisión, diez de inhabilitación absoluta y un año y ocho meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público además de una multa. Vila dimitió de su cargo un día antes de que el Parlament votara la declaración de independencia.

Un segundo grupo de acusados estaría conformado por los líderes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El escrito los señala como autores de un delito de sedición que también habrían “inducido, sostenido y dirigido”, aunque sin contar con la condición de “autoridad” de los seis exmiembros del Govern también acusados de la misma infracción. Por esa razón, el abogado del Estado solicita para ellos una pena de menor entidad: ocho años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta.

Por último, el tercer polo estaría formado por los antiguos cargos del Parlament procesados. Para la expresidenta Carme Forcadell la Abogacía del Estado solicita diez años de prisión y los mismos de inhabilitación absoluta como presunta autora de un delito de sedición. Forcadell, al igual que los antiguos miembros del Govern de la Generalitat acusados de penas más altas, tenía condición de “autoridad” al ejecutarse los hechos, según el servicio jurídico del Estado.

Por otro lado, el exvicepresidente de la Cámara Lluís Maria Corominas y su sustituto Lluís Guinó, así como los antiguos miembros de la Mesa Anna Simó y Ramona Barrufet, se enfrentan a peticiones de multa de diez meses e inhabilitación para empleo o cargo público de un año y ocho meses por presunta desobediencia grave. El mismo delito se achaca al exsecretario tercero de ese órgano, Joan Josep Nuet, y a la expresidenta del grupo de la CUP, Mireia Boya. Sin embargo, en estos dos últimos casos, las condenas reclamadas se reducen a multa de ocho meses y un año y cuatro meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El órgano que defiende los intereses del Estado entiende que estos últimos deberían haber “inadmitido a trámite y paralizado” las propuestas contrarias al orden constitucional. Y recuerdan que a pesar de las múltiples advertencias y requerimientos personales que les formuló el Tribunal Constitucional para que se abstuvieran de tramitar iniciativas de esa índole, “votaron sistemáticamente a favor de su admisión, abriendo la posibilidad de que se incumplieran las normas constitucionales, estatutarias y legales así como las resoluciones judiciales que pretendían restaurar la legalidad”.

Separación de la Fiscalía

La Abogacía del Estado pidió el pasado agosto que el juez abriese juicio por delitos de rebelión, malversación y desobediencia contra los líderes del procés. Sin embargo, finalmente ha descartado el delito más grave separándose del criterio de la Fiscalía, que ha reclamado 25 años de cárcel por rebelión para Junqueras, 17 para Forcadell y los 'Jordis' y 16 para los exconsellers.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Justicia, Dolores Delgado, negó que hubiera habido una “imposición de criterio” a la Abogacía del Estado. Aseguró que es la primera vez que el órgano que defiende los intereses de la Administración en el proceso se pronuncia sobre la naturaleza y la calificación de los hechos y que el pasado agosto únicamente “asumió” el auto de procesamiento del juez Pablo Llarena “como conclusión de la investigación”.

La decisión de que la Abogacía no acusase de rebelión se tomó en una reunión que mantuvieron los miembros del Ejecutivo el pasado lunes. Diferentes miembros del Gobierno, empezando por el propio presidente, Pedro Sánchez, ya habían deslizado en las últimas semanas que no veían delito de rebelión. También la vicepresidenta, Carmen Calvo, subrayó esa tesis.