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CATALUNYA

Junqueras se defenderá ante el Supremo reclamando una "negociación política" para Catalunya

El exvicepresident y Raül Romeva reconocen en sus escritos de defensa que impulsaron el referéndum del 1-O pero aseguran que fue su "única" acción unilateral

Rebajan la declaración de independencia suspendida del 10 de octubre a "una expresión más de la voluntad política" soberanista

La defensa de los republicanos denuncia la "instrumentalización del proceso penal" para "perseguir" al independentismo

Dirigente de IU se reúne con Junqueras y Romeva en la cárcel de Estremera y rechaza su procesamiento por rebelión

El dirigente de ERC, Oriol Junqueras

Oriol Junqueras y Raül Romeva optarán por una defensa jurídica y política en el juicio en el Tribunal Supremo. Los escritos de defensa del exvicepresident y el exconseller de Exteriores reivindican que en su etapa en el Goviern que condujo al 1-O y a la declaración del independencia "defendieron en todo momento y defienden aún en la actualidad que la solución pasa por una negociación política". Ninguno de los hechos que protagonizaron ambos dirigentes es delictivo, a criterio de la defensa.

Los dos dirigentes piden así la absolución del delito de rebelión del que les acusa la Fiscalía, así como la sedición y la malversación que sostiene la Abogacía del Estado, reivindicando que nunca llamaron a la violencia y que en todo momento actuaron guiados por un "mandato representativo" de los electores. Insiste el escrito en que Junqueras y Romeva, a lo largo del 'procés', "apoyaron y siguen apoyando la obstinada inversión en un diálogo político sincero" por la "naturaleza política" del debate soberanista: "Es en ese marco de negociación política ineludible que se desarrollaron todas las actuaciones hasta el momento en que fueron sometidos mis mandantes al presente procedimiento penal".

El contenido de los escritos de Junqueras y Romeva, al que accedido este diario, también supone una dura crítica a la investigación al 1-O llevada a cabo tanto en el Supremo como en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona. En este sentido, el letrado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde, denuncia la "instrumentalización del proceso penal" para "perseguir" al independentismo, y que ha llevado a que la Fiscalía pida 25 y 16 años de prisión, respectivamente, para sus clientes.

En un ataque directo a la Fiscalía, la defensa sostiene que la violencia independentista que sí ve el ministerio público "es una invención" y supone una "percepción sesgada" que relaciona el derecho a decidir con los actos violentos.  "Es la ideología misma que se percibe como una agresión por más que esta es pacífica y lo seguirá siendo porque sino sus promotores la abandonarán. Junqueras y Romeva, antes que independentistas, son demócratas y pacifistas", concluye el escrito.

Junqueras y Romeva se reconocen como autores del referéndum del 1 de octubre, al igual que el conjunto del Govern. No obstante, niegan que se usaran fondos públicos para costear la votación, que defienden como "la única decisión de ejecución unilateral que se llevó a cabo", es considerada en los escritos un acto acorde a los "derechos cívicos" y que "aglutinaba un consenso muy mayoritario" también en sectores no independentistas. Los políticos ahora encarcelados "impulsaron desde sus respectivas funciones de representación política la realización del referéndum de autodeterminación", asegura la defensa.

Al contrario que la Fiscalía, Junqueras y Romeva rechazan cualquier impulso de actos violentos y ensalzan su voluntad para dialogar con el Gobierno central tanto antes como después del 1-O. "Los esfuerzos por encontrar una vía de diálogo por parte del gobierno catalán fueron tan intensos, como intensa fue la negativa, una vez más, del gobierno español por entablar ese diálogo. Éste no aceptó ni tan siquiera la posibilidad de una mediación internacional", aseveran los escritos de defensa.

La defensa de Junqueras y Romeva subraya en todo momento que la celebración de referéndums es un acto que fue despenalizado y que ya no figura en el Código Penal. De ahí que los exconsellers impulsaran el 1-O, añade la defensa, "convencidos de su legalidad como actos de ejercicio de derechos cívicos (derecho a la libertad de expresión y a la libertad ideológica)" y de la "indudable irrelevancia penal de dicho objetivo".

Una DUI sin efectos

Sobre lo que ocurrió después del 1-O, Junqueras y Romeva rebajan la declaración de independencia suspendida del 10 de octubre y aprobada el 27-O a "una expresión más de la voluntad política" soberanista, sustentada, argumenta la defensa, "en una actuación pacífica, democrática, legítima y parlamentaria para generar un escenario de negociación multilateral ineludible (entre Catalunya, España y la Unión Europea) basado en el respeto a los principios democráticos".

"La Declaración –recalcan los exconsellers– recogía expresamente esa reiterada vocación de diálogo". Asimismo, reconocen que tras la aplicación del 155, todas las fuerzas políticas catalanas concurrieron a las elecciones convocadas por Mariano Rajoy "decidiendo no desplegar efecto alguno de la Declaración y persistir en la búsqueda de espacios de negociación política".

El inicio, en el Estatut

En un largo relato de los hechos que parte del recorte del Estatut de Catalunya por parte del Tribunal Constitucional en el año 2010, la defensa de los republicanos rechaza la acusación de la rebelión negando que existiera violencia diferente a la ejercida el 1 de octubre por la policía. Así, los escritos aseguran que la Policía Nacional y Guardia Civil actuaron el día de la votación "con finalidades distintas a las de dar efectividad a la orden judicial, centrándose en generar imágenes de violencia inusitadas que pudieran (seguramente a su entender) atemorizar a los votantes e impedir su participación en dicho referéndum o bien escarmentarles por haberlo hecho".

"Esta causa es un ejemplo de instrumentalización del proceso penal para la persecución de un movimiento que, pacíficamente, ansía un objetivo político legítimo en democracia", denuncian ambos acusados. Por esta razón aseguran que la sentencia que del proceso salga mostrará "el mantenimiento o derogación de los valores democráticos sobre los que se sustentan los países de nuestro entorno de acuerdo con el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE)".

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