La Audiencia de València ha estimado el recurso presentado por la Abogacía de la Generaltat Valenciana y ha ordenado al juzgado de instrucción número 2 de València que reabra la investigación sobre la empresa Valmor, creada para organizar el Gran Premio de Fórmula 1 en la capital valenciana.

El expresidente del Consell, Francisco Camps (PP), vuelve a estar imputado en esta causa que se archivó en diciembre del pasado año.

La Audiencia basa el auto de reapertura en la necesidad de profundizar en si el Gobierno valenciano se convirtió en avalista de Valmor y en las consecuencias que pudo tener, un aspecto en el que Camps pudo haber tenido una participación relevante.

“Resulta procedente la estimación parcial del recurso y acordar revocar la decisión de sobreseimiento, pero sólo en tanto que la causa se sigue para investigar la indicación u orden de firma de la asunción por la Generalitat Valenciana de la condición de avalista en el convenio, acta o documento de fecha 19 de julio de 2011”, asegura el auto al que ha tenido acceso eldiario.es. Esta indicación se realizó solo un día antes de que Francisco Camps dimitiera como presidente de la Generalitat por su imputación por el caso de los trajes, del que fue absuelto.

Por este aspecto, podría haber incurrido en un delito de malversación en grado de tentativa, puesto que al parecer el aval no llegó ejecutarse, lo que no exime de responsabilidad en cuanto a su formalización. Según el tribunal, “no es posible descartar que Francisco Camps obrara, no ya sin la debida prudencia a la hora de comprometer a la Generalitat que presidía en el cumplimiento de los derechos comerciales cedidos a la empresa poseedora de los derechos de la Fórmula Uno, sino ejerciéndola sin valorar, de forma deliberada y consciente, si jurídicamente era factible llegar a dicho compromiso”.

Los diferentes informes de la UDEF concluyeron en su momento, antes del archivo, que Camps medió para el cobro de comisiones en favor de la empresa privada Valmor -sería después rescatada con dinero público- o para pagar su IVA con fondos públicos.

Por su parte, la Audiencia Provincial de Valencia no ha estimado otras peticiones de la Abogacía de la Generalitat como es reabrir la causa contra Belén Reyero, la asesora de Camps que llevó todas las negociaciones de la Fórmula 1 o contra los empresarios administradores de la empresa privada Valmor, beneficiada de la asunción de la deuda de más de veinte millones de euros por parte de la Generalitat. En este caso se trata del expresidente de Bancaja José Luis Olivas; Fernando Roig y el expiloto Jorge Martínez Aspar.

La exconsellera valenciana de Cultura y Deporte y presidenta del Consejo de Administración del Circuito del Motor y Promoción Deportiva (CMPD) de 2007 a 2011, Trini Miró, ha asegurado este jueves que “nunca nadie le dijo” que reclamase la deuda por la compra por un euro de la empresa privada que organizó la Fórmula 1 en València, Valmor Sports, y que supuso una operación que causó un agujero de 24 millones de euros en las cuentas públicas.

Así lo ha declarado ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, ante el que también han comparecido otros cuatro directivos de la sociedad pública Circuito del Motor dentro del proceso de reintegro en el que la actual Generalitat Valenciana pide la devolución de esos 24 millones de euros en la demanda formalizada ante el fiscalizador por presuntas irregularidades contables en la compra de Valmor Sports.

Subsidiariamente, la Generalitat exige a todas esas personas, además de a la exconsellera Trini Miró -que no participó en la compra-, que abonen los 14,6 millones de euros de deuda que tenía Valmor Sports. El procedimiento en el órgano fiscalizador es paralelo y diferente de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia.

Inicialmente también había sido llamada a declarar la sucesora de Miró en el cargo, Lola Johnson (2011-2012) -que estuvo investigada judicialmente en València por este caso aunque se sobreseyó la causa para ella en junio del pasado año-, pero, según informó a Europa Press su defensa, finalmente esta solicitud ha sido retirada esta misma semana.

“Lo de Valmor nunca fue imposible de cobro”

A preguntas del abogado de la Generalitat, Miró ha señalado que “nunca nadie” le dijo que reclamase la deuda de Valmor Sports ni que denunciara “absolutamente nada”. “Nadie me dijo que era de urgente reclamación (esa deuda)”, ha insistido la exconsellera, incidiendo en que tampoco le llegó ningún informe de la Sindicatura de Cuentas, ni de la Intervención General de la Generalitat, ni de los gabinetes jurídicos del Circuito del Motor.

Miró ha abundado que “lo de Valmor nunca fue algo alarmante ni de imposible cobro”, entre otras cosas porque entendía que si esa empresa lo conformaban Bancaja y el presidente de Pamesa, Fernando Roig, “en ningún momento iban a dejar de pagar”. “Nadie dio la voz de alarma de que la deuda era imposible de pagar y yo no he dudado nunca”, ha remachado.

En todo caso, ha afirmado que el Consejo de Administración del Circuito de Motor, al contrario de lo que sostiene la Abogacía de la Generalitat, sí que reclamó a Valmor Sports la deuda después de que el entonces director del Circuito, Julio García, les informase de que así se lo había exigido “en multitud de ocasiones”.

Más de 20 llamadas

Así lo ha confirmado el propio García en una declaración posterior ante el mismo tribunal, donde ha recalcado que no pidió reclamación judicial por la deuda de Valmor Sports pero que sí lo hizo extrajudicialmente, “desde el principio” y que al menos les escribió cinco cartas y les hizo 20 o 30 llamadas telefónicas. Ha admitido, eso sí, que conocía las pérdidas que venían de esa empresa, que en 2010 ascendían a casi 8 millones de euros.

Otra de las demandadas, la que fuera jefa de administración del Circuito, Blanca Tomás, ha señalado que advirtió en todo momento a sus superiores, esto es, al director del Circuito, Julio García, y el apoderado del mismo, José Manuel Escrig, y ha confirmado el envío de cartas a Valmor Sports reclamando que pagase la deuda.

En su interrogatorio ante el Tribunal de Cuentas, Escrig ha afirmado que no intervino en la compraventa de Valmor Sport y que ni él ni el resto de apoderados del Circuito del Motor recibieron “nunca” ninguna orden de la Generalitat ni del Consejo de Administración de esta sociedad pública para que reclamase judicialmente la deuda que ésta acumulaba.

“Conocían perfectamente” la situación

De su lado, Luis Lobón, que fue la persona que suscribió el contrato de adquisición de participaciones de Valmor por delegación del Consejo de Administración del Circuito del Motor, ha dicho que desconoce si la Abogacía de la Generalitat sabía cuál era la situación de Valmor Sport, pero sí le consta que “la conocían perfectamente” los responsables políticos y sus asesores jurídicos.

El juicio tiene previsto celebrar tres nuevas sesiones para recabar el testimonio de nuevos testigos, entre los que figura, entre otros muchos, el exvicepresidente de la Generalitat Valenciana, José Císcar.

También en calidad de testigo, se preveía la declaración del expresidente valenciano Alberto Fabra, pero ni él ni la que fuera su consellera de Cultura, Lola Johnson, acudirán finalmente a la Sala de Justicia del órgano fiscalizador en Madrid, según confirmaron a Europa Press fuentes del Tribunal de Cuentas.

Cuando ya estaba a punto de abrirse el juicio oral, el expresident de la Generalitat, Francisco Camps, ha sido salvado de sentarse en el banquillo de los acusados en el caso de la Fórmula 1 por la jueza titular del juzgado de Instrucción número de València, que ha archivado provisionalmente la acusación.

Camps se enfrentaba a una investigación por el pufo que supuso la organización del Gran Premio de la Comunitat Valenciana y las consecuencias que tuvo para las arcas públicas como avalista de la empresa organizadora de la cita automovilística. Contra él se presentaron pruebas plasmadas en varios informes presentados por la UDEF, así como testigos clave que lo señalaban, principalmente sus colaboradores.

La negociadora de Camps por la Fórmula 1, Belén Reyero apuntó al expresidente como artífice del proyecto y de la inclusión de la empresa Valmor en las negociaciones. Además, había numerosos correos electrónicos en los que se podía certificar que las órdenes para beneficiar a la empresa privada Valmor en la organización del Gran Premio de Fórmula 1.

Para la jueza las pruebas aportadas por la policía y la Fiscalía Anticorrupción no han sido suficientemente consistentes. La magistrada entiende en su auto de archivo que cabía evitar el principio de la “pena de banquillo” que afecta al derecho de presunción de inocencia por llegar a juicio con “acusaciones no sostenibles”.

En su argumentación, la jueza niega la consistencia para imputar a Camps puesto que “la actividad instructora desarrollada no permite llegar a tal conclusión toda vez que los informes emitidos por la UDEF, aunque amplios, no llegan a establecer, al menos con garantías, esa conclusión”.

La magistrada ha hecho referencia en su escrito a la abundancia de pruebas, pero ha criticado a la policía por la gestión que habría hecho: “Ha habido serios problemas para el acceso de las partes al contenido del elevado número de correos barajados por esa Unidad Policial (la UDEF) hasta que por escrito de la representación procesal del único investigado (Camps) [...] se pudo saber el contenido de algunos correos más que como prueba documental fueron aportados a ese escrito”. En concreto más de 100.000 correos electrónicos.

Estos documentos aportados por la defensa son los que más han pesado en la decisión de la jueza, correos en los que se apunta que Bancaja, “avalista inicial, no había firmado la novación contractual de 19 de julio de 2011”. Es decir, el citado contrato de 19-7-2011 para prorrogar la celebración de la prueba “no contenía relevación de garantía o avales de Bankia”.

De esta manera, la jueza da un duro varapalo a la Fiscalía Anticorrupción, que ha sostenidos durante la instrucción -cuatro años- que Camps habría cometido los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. 

Contra la decisión de la magistrada cabe un recurso de reforma o un recurso de apelación, aunque la Fiscalía Anticorrupción no recurrirá el auto de archivo de la jueza, según han confirmado fuentes del Ministerio Público. Una decisión llamativa del Ministerio Público. 

L’expilot i exconseller delegat de l’empresa privada Valmor que havia d’organitzar la Fórmula 1 a València, Jorge Martínez Aspar, ha declarat aquest dijous davant la titular del Jutjat d’Instrucció número 2 de València i el fiscal Anticorrupció, que investiga les negociacions i el forat de diners públics del Gran Premi d’automobilisme, que, quan va arribar al gran esdeveniment, l’estructura ja estava muntada, per la qual cosa no va intervenir en la configuració i el designi dels pagaments milionaris al magnat de la Fórmula 1. A més, Aspar ha aclarit que el president de la Generalitat, Francisco Camps, coneixia el 2009, igual que els seus interlocutors –els vicepresidents Vicente Rambla i Gerardo Camps– que la prova seria una ruïna econòmica. Malgrat això, la Generalitat del PP va continuar soterrant milions d’euros fins al 2012.

Aquesta tesi és la que manté la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia nacional, que en el seu últim informe del 9 de maig revela que Francisco Camps era coneixedor del forat que el gran esdeveniment podria provocar en les arques públiques. Malgrat això, apunta la UDEF, que basa el seu informe en més de 100.000 correus intervinguts, Camps va fer que la Generalitat pagara el cànon al magnat de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone a partir de la segona edició del Gran Premi el 2009, va conservar l’empresa privada Valmor Sports d’Aspar com a pantalla i la vespra de dimitir el 2011 va prorrogar el contracte. Aquest divendres, Camps declara com a imputat davant la jutgessa i el fiscal amb les declaracions de Belén Reyero i Aspar que apunten al nivell més alt de responsabilitat.

Aspar ha declarat en l’interrogatori, que ha durat quasi dues hores, que tot estava muntat quan va arribar i es va crear Valmor. L’expilot de motociclisme ha negat que tinguera amistat amb Francisco Camps i ha defensat que despatxava amb el vicepresident Vicente Rambla fins al 2009 i, a partir d’aqueixa data, amb l’altre vicepresident Gerardo Camps, actual diputat del PP en el Congrés. Aspar ha dit que, després del primer Gran Premi del 2008, els dirigents polítics ja sabien que la Fórmula 1 donava pèrdues. Malgrat això i el fet que amb la crisi econòmica podia ser pitjor, la Generalitat “va continuar” injectant diners al gran esdeveniment.

L’expilot i conseller delegat de l’empresa privada Valmor que va ser rescatada amb diners públics amb un deute de 31 milions per salvar el patrimoni dels socis privats, ha afirmat que per a ell l’aventura de la Fórmula 1 va ser una ruïna, ja que hi va invertir 400.000 euros que mai no va recuperar. Aspar tenia un sou en Valmor de 140.000 euros bruts i va rebre patrocinis públics milionaris per al seu equip de motociclisme que encara competeix. Els seus altres socis, que no estan investigats en la causa, l’empresari Fernando Roig i l’expresident de Bancaixa i vicepresident de Bankia, José Luis Olivas, també els van perdre.

En la seua declaració, ha defensat que els patrocinis que les seues empreses esportives –vinculades al mundial de motociclisme des del 1992– han rebut de la Generalitat s’han produït tant amb governs del PP com del PSPV i, en cap cas, han estat el manteniment principal de l’escuderia.

A l’eixida del jutjat s’ha negat a donar detalls sobre la seua declaració i únicament ha comentat que està tranquil després de comparéixer per primera vegada davant la jutgessa des que se l’havia imputat i donar la seua versió dels fets.

El expiloto y exconsejero delegado de la empresa privada Valmor que debía organizar la Fórmula 1 en Valencia, el expiloto Jorge Martínez Aspar, ha declarado este jueves ante la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Valencia y el fiscal Anticorrupción, que investiga las negociaciones y el agujero de dinero público del gran premio de automovilismo, que cuando llegó al gran evento la estructura ya estaba montada, por lo que no intervino en la configuración y el designio de los pagos millonarios al magnate de la Fórmula 1. Además, Aspar ha aclarado que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, conocía en 2009 al igual que sus interlocutores -los vicepresidentes Vicente Rambla y Gerardo Camps- que la prueba iba a ser una ruina económica. Pese a ello, la Generalitat del PP continuó enterrando millones de euros hasta 2012.

Esta tesis es la que mantiene la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía nacional, que en su último informe de 9 de mayo revela que Francisco Camps era conocedor del agujero que el gran evento podría provocar en las arcas públicas. Pese a ello, apunta la UDEF que basa su informe en más de 100.000 correos intervenidos, Camps hizo que la Generalitat pagara el canon al magnate de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone a partir de la segunda edición del Gran Premio en 2009, conservó la empresa privada Valmor Sports de Aspar como pantalla y la víspera de dimitir en 2011 prorrogó el contrato. Este viernes, Camps declara como imputado ante la juez y el fiscal con las declaraciones de Belén Reyero y Aspar que apuntan al nivel más alto de responsabilidad.

Aspar ha declarado en el interrogatorio que ha durado casi dos horas que todo estaba montado cuando llegó y se creó Valmor. El expiloto de motociclismo ha negado que tuviera amistad con Francisco Camps y ha defendido que despachaba con el vicepresidente Vicente Rambla hasta 2009 y a partir de esa fecha con el otro vicepresidente Gerardo Camps, actual diputado del PP en el Congreso. Aspar ha dicho que tras el primer gran premio de 2008 los dirigentes políticos ya sabían que la Fórmula 1 daba pérdidas. Pese a ello y a que con la crisis económica podía ser peor, la Generalitat “continuó” inyectando dinero al gran evento.

El piloto y consejero delegado de la empresa privada Valmor que fue rescatada con dinero público con una deuda de 31 millones para salvar el patrimonio de los socios privados, ha afirmado que para él la aventura de la Fórmula 1 fue una ruina ya que invirtió 400.000 euros que nunca recuperó. Aspar tenía un sueldo en Valmor de 140.000 euros brutos y recibió patrocinios públicos millonarios para su equipo de motociclismo que todavía compite. Sus otros socios, que no están investigados en la causa, el empresario Fernando Roig y el expresidente de Bancaja y vicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, también los perdieron.

En su declaración, ha defendido que los patrocinios que sus empresas deportivas -vinculadas al mundial de motociclismo desde 1992- han recibido de la Generalitat se han producido tanto con gobiernos del PP como del PSPV y, en ningún caso, han sido el sustento principal de la escudería.

A la salida del juzgado se ha negado a dar detalles sobre su declaración y únicamente ha comentado que está tranquilo después de comparecer por primera vez ante el juez desde que se le imputase y dar su versión de los hechos.

“La situación era excepcional, y por eso la Generalitat Valenciana le estaba pidiendo ayuda de esta forma también excepcional”. La descripción procede del informe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la polícia nacional sobre “el proceso de negociación, contratación, desarrollo, y desenlace de la celebración del Gran Premio de Fórmula Uno en Valencia (2006-2014)” entregado este mismo mes de mayo al Juzgado de Instrucción Número 2 de Valencia, que investiga dos piezas en las que está imputado el expresidente valenciano Francisco Camps (la tercera, declarada secreta, la instruye el juzgado número 17 y la Fiscalía Anticorrupción tiene abierta una cuarta).

Estamos a 9 de junio de 2009 y Belén Reyero, directiva de eventos de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana que hace de representante de Camps y mantiene siempre informado al vicepresidente Vicente Rambla, dirige en inglés una comunicación a Bernie Ecclestone, patrón de la Fórmula 1, en relación con el Gran Premio de Europa, que había celebrado su primera edición en Valencia un año antes. “Este año la venta de entradas no está aumentado (8.000 entradas vendidas hasta hoy). También hemos reducido las gradas a 50.000 plazas”, señala Reyero a Ecclestone en un correo electrónico cuyo objetivo es renegociar el acuerdo con Formula One Administration para que la Generalitat Valenciana, a través de la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, se haga cargo de pagar el canon anual de la carrera y se convierta en “copromotora” de la prueba junto a la empresa privada Valmor Sports.

A esta última empresa creada ex professo, cuyos socios eran Fernando Roig, Jorge Martínez Aspar y Bancaja (posteriormente se incorporaría al accionariado Vicente Cotino) le había adjudicado Ecclestone, tras llegar a un acuerdo con Francisco Camps, la organización del Gran Premio en el circuito urbano de Valencia, pese a que en realidad se hacía cargo de organizar materialmente la prueba desde el principio otra sociedad pública, Circuito del Motor y Promoción Deportiva, que gestiona el circuito de motociclismo de Cheste.

Como denunciaron los diputados socialistas y de Esquerra Unida que llevaron el asunto a la Fiscalía en abril de 2014, Valmor funcionaba, pues, como una pantalla o una tapadera para simular que era la iniciativa privada la responsable del evento.

Su papel, consistente en pagar el canon anual e ingresar por la venta de entradas y derechos, dejó, ya el primer año, a Valmor Sports en una situación económica inviable (“Las pérdidas del Gran Premio han sido enormes y el gobierno regional les ha prometido ayudarles”, informaba Reyero a Ecclestone en un correo). El canon, similar al que pagaba Barhein por otra prueba del circuito de Fórmula 1 y aproximadamente la mitad del que se pagaba en Cataluña por la prueba en el circuito de Montmeló, era una losa imposible de sostener por Valmor Sports pese a la financiación que recibía de Bancaja y de la propia Admistración autonómica, que había pagado previamente la construcción del circuito urbano de Valencia.

La escasa venta de entradas, pese a que se endosaron paquetes de cientos y de miles de tiquets a empresas y entidades (el informe habla de compras masivas de entradas en la primera edición de hasta 5,8 millones), apenas cubría la sexta parte del coste anual de la prueba (más de 40 millones de euros en 2011). El canon, pese a su renegociación en 2009, fue subiendo de 17,2 millones de euros en 2008 (24 millones de dólares) a 27,6 millones de euros (36 millones de dólares) en 2012.

“El gobierno siente que en esta situación tiene que anunciar que va a pagar el canon y necesitará razones de peso para los ciudadanos”, se quejaba Reyero al reclamar facilidades por parte de Ecclestone en junio de 2009 para renegociar las condiciones siempre asesorada por el habitual despacho de Broseta Abogados. La Generalitat Valenciana, en efecto, pasó a pagar el canon, pero ni lo hizo público ni ofreció razones a los ciudadanos. Camps supo, por tanto, desde la primera edición en 2008 que la Fórmula 1 en Valencia era un fracaso. Pese a ello, no solo la mantuvo, sino que ordenó que la Generalitat asumiera todos los costes.  Y con la intención de que se siguiera celebrando hasta 2019 prorrogó el contrato en el que fue su último acto como presidente.

Prórroga 'in extremis'

La víspera de su dimisión el 20 de julio de 2011, cuando estaba a punto de sentarse en el banquillo por el caso de los trajes, Camps se fue a Londres a dar luz verde a la prórroga y la transformación de la Generalitat en avalista y garante de todo el contrato. Esa decisión sirvió de excusa a la compra de Valmor por el Consell presidido por su sucesor, Alberto Fabra, a finales de ese mismo año. Se alegó para justificar esa compra, cuya consecuencia fue asumir más de 34 millones de euros en deudas, que el coste de rescindir el contrato, dada la penalización prevista, sería demasiado oneroso, pero la de 2012 fue la última edición del Gran Premio en Valencia.

“Incluso con una situación económica mejor y una ventas excelentes sería difícil reducir las pérdidas por debajo de 25 millones al año”, calculaba en 2012 el director de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, Gonzalo Gobert, según recoge el informe de la UDEF. El hecho es que, en plena crisis económica y con la Generalitat Valenciana dependiente de las inyecciones extraordinarias del Gobierno central,  tuvo que ser el Ministerio de Hacienda el que pagara el último canon de la prueba.

El coste de la “neutralidad económica”

Con ello y la compra de Valmor, que la consellera Lola Johnson, imputada con Camps, llevó al pleno del Consell en diciembre de 20011, se culminaba la aplicación de una “cláusula de neutralidad económica” formulada en uno de los primeros borradores de contrato para la Fórmula 1 elaborados por el despacho de Broseta Abogados. La cláusula debería garantizar la “inexistencia de pérdidas ocasionadas directamente por las actuaciones contempladas” para la celebración u organización del evento. Esa inexistencia de pérdidas, como es obvio, se garantizó para la parte privada a costa del erario público.

Belén Reyero declaró este martes como imputada en el juzgado para asegurar que actuó siguiendo órdenes de Camps. Todas las decisiones se adoptaban según las instrucciones del expresidente valenciano, como consecuencia de sus conversaciones previas con Ecclestone. Las pruebas revelan que la carrera automovilística fue una ruina  desde el primer momento. Cuando se celebró la última edición, en 2012, hubo pérdidas de 32 millones de euros y solo se instalaron gradas para 24.284 espectadores. El actual Gobierno de la Generalitat calcula que los valencianos se dejaron en la aventura de Camps más de 300 millones de euros.

“La situació era excepcional, i per això la Generalitat Valenciana estava demanant-li ajuda d’aquesta manera també excepcional”. La descripció procedeix de l’informe de la Unitat contra la Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia nacional sobre “el procés de negociació, contractació, desenvolupament i desenllaç de la celebració del Gran Premi de Fórmula U a València (2006-2014)” lliurat aquest mateix mes de maig al Jutjat d’Instrucció número 2 de València, que investiga dues peces en què està imputat l’expresident valencià Francisco Camps (l’altra, declarada secreta, la instrueix el Jutjat número 17 i la Fiscalia Anticorrupció en té oberta una quarta).

Estem a 9 de juny de 2009 i Belén Reyero, directiva d’esdeveniments de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana que fa de representant de Camps i manté sempre informat el vicepresident Vicente Rambla, dirigeix en anglés una comunicació a Bernie Ecclestone, patró de la Fórmula 1, en relació amb el Gran Premi d’Europa, que havia celebrat la primera edició a València un any abans. “Enguany la venda d’entrades no està augmentant (8.000 entrades venudes fins avui). També hem reduït les graderies a 50.000 places”, assenyala Reyero a Ecclestone en un correu electrònic l’objectiu del qual és renegociar l’acord amb Formula One Administration perquè la Generalitat Valenciana, a través de l’empresa pública Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, es faça càrrec de pagar el cànon anual de la cursa i es convertisca en “copromotora” de la prova juntament amb l’empresa privada Valmor Sports.

A aquesta última empresa creada ex professo, els socis de la qual eren Fernando Roig, Jorge Martínez Aspar i Bancaixa (posteriorment s’incorporaria a l’accionariat Vicente Cotino) li havia adjudicat Ecclestone, després d’arribar a un acord amb Francisco Camps, l’organització del Gran Premi en el circuit urbà de València, malgrat que en realitat es feia càrrec d’organitzar materialment la prova des del principi una altra societat pública, Circuit del Motor i Promoció Esportiva, que gestiona el circuit de motociclisme de Xest.

Com van denunciar els diputats socialistes i d’Esquerra Unida que van portar l’afer a la Fiscalia a l’abril de 2014, Valmor funcionava, doncs, com una pantalla o una tapadora per a simular que era la iniciativa privada la responsable de l’esdeveniment.

El seu paper, consistent a pagar el cànon anual i ingressar per la venda d’entrades i drets, va deixar, ja el primer any, Valmor Sports en una situació econòmica inviable (“Les pèrdues del Gran Premi han estat enormes i el govern regional els ha promés ajudar-los”, informava Reyero a Ecclestone en un correu). El cànon, similar al que pagava Bahrain per una altra prova del circuit de Fórmula 1 i aproximadament la meitat del que es pagava a Catalunya per la prova en el circuit de Montmeló, era una llosa impossible de sostenir per Valmor Sports, malgrat el finançament que rebia de Bancaixa i de la mateixa Administració autonòmica, que havia pagat prèviament la construcció del circuit urbà de València.

L’escassa venda d’entrades, malgrat que es van endossar paquets de centenars i de milers de tiquets a empreses i entitats (l’informe parla de compres massives d’entrades en la primera edició de fins 5,8 milions), a penes cobria la sisena part del cost anual de la prova (més de 40 milions d’euros el 2011). El cànon, malgrat la renegociació del 2009, va anar apujant de 17,2 milions d’euros el 2008 (24 milions de dòlars) a 27,6 milions d’euros (36 milions de dòlars) el 2012.

“El Govern sent que en aquesta situació ha d’anunciar que pagarà el cànon i necessitarà raons de pes per als ciutadans”, es queixava Reyero a l’hora de reclamar facilitats per part d’Ecclestone al juny del 2009 per renegociar les condicions, sempre assessorada per l’habitual despatx de Broseta Abogados. La Generalitat Valenciana, en efecte, va passar a pagar el cànon, però ni ho va fer públic ni en va oferir raons als ciutadans. Camps va saber, per tant, des de la primera edició el 2008 que la Fórmula 1 a València era un fracàs. Malgrat això, no solament la va mantenir, sinó que va ordenar que la Generalitat assumira tots els costos. I amb la intenció que es continuara celebrant fins al 2019, va prorrogar el contracte en el que va ser el seu últim acte com a president.

Pròrroga ‘in extremis’

La vespra de la seua dimissió el 20 de juliol de 2011, quan estava a punt d’asseure’s en el banc dels acusats pel cas dels vestits, Camps se’n va anar a Londres a donar llum verd a la pròrroga i la transformació de la Generalitat en avalista i garant de tot el contracte. Aqueixa decisió va servir d’excusa a la compra de Valmor pel Consell presidit pel seu successor, Alberto Fabra, al final d’aqueix mateix any. Es va al·legar per a justificar aqueixa compra, la conseqüència de la qual va ser assumir més de 34 milions d’euros en deutes, que el cost de rescindir el contracte, atesa la penalització prevista, seria massa onerós, però la del 2012 va ser l’última edició del Gran Premi a València.

“Fins i tot amb una situació econòmica millor i unes vendes excel·lents, seria difícil reduir les pèrdues per davall de 25 milions l’any”, calculava el 2012 el director de Circuit del Motor i Promoció Esportiva, Gonzalo Gobert, segons recull l’informe de la UDEF. El fet és que, en plena crisi econòmica i amb la Generalitat Valenciana dependent de les injeccions extraordinàries del Govern central, va haver de ser el Ministeri d’Hisenda el que pagara l’últim cànon de la prova.

El cost de la “neutralitat econòmica”

Amb això i la compra de Valmor, que la consellera Lola Johnson, imputada amb Camps, va portar al ple del Consell al desembre del 20011, es culminava l’aplicació d’una “clàusula de neutralitat econòmica” formulada en un dels primers esborranys de contracte per a la Fórmula 1 elaborats pel despatx de Broseta Abogados. La clàusula hauria de garantir la “inexistència de pèrdues ocasionades directament per les actuacions previstes” per a la celebració o l’organització de l’esdeveniment. Aqueixa inexistència de pèrdues, com és obvi, es va garantir per a la part privada a costa de l’erari públic.

Belén Reyero ha declarat aquest dimarts com imputada en el jutjat i ha assegurat que va actuar seguint ordres de Camps. Totes les decisions s’adoptaven segons les instruccions de l’expresident valencià, com a conseqüència de les seues converses prèvies amb Ecclestone. Les proves revelen que la cursa automobilística va ser una ruïna des del primer moment. Quan se’n va celebrar l’última edició, el 2012, va haver-hi pèrdues de 32 milions d’euros i només es van instal·lar graderies per a 24.284 espectadors. L’actual Govern de la Generalitat calcula que els valencians es van deixar en l’aventura de Camps més de 300 milions d’euros.

La que fóra responsable del departament d'Esdeveniments de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV) i persona de màxima confiança de l'expresident Francisco Camps, Belén Reyero, ha declarat aquest dimarts en el jutjat que investiga presumptes irregularitats en l'organització del Gran Premi de la Fórmula 1 a València, que va ser precisament Camps l'artífex del projecte i de la inclusió de l'empresa Valmor com a organitzadora de la prova.

Així ho ha apuntat durant la seua declaració com a investigada que s'ha perllongat al voltant de tres hores davant aquest jutjat, que instrueix la causa dividida en tres peces: aquesta primera, formada per la negociació prèvia duta a terme per Camps a favor de Valmor, l'empresa de Jorge Martínez 'Aspar', i en benefici de l'expilot, també investigat; una segona amb els contractes celebrats per Circuit del Motor, empresa pública encarregada de l'organització del Gran Premi, i determinats proveïdors que resultaven adjudicataris per ordre de Valmor i la tercera relacionada amb l'absorció de Valmor per part de l'empresa pública Circuit del Motor.

La primera inclou també l'aval del Consell sobre la Fórmula 1 a través d'un contracte firmat el 19 de juliol de 2011 “per orde directe” de Camps després d'un viatge a Londres realitzat dies abans. L'expresident va dimitir del seu càrrec el 20 de juliol per la coneguda com a 'causa dels trages' derivada del cas Gürtel.

Segons ha pogut saber Europa Press, Reyero, durant la seua declaració en la qual ha contestat a preguntes de fiscal, Advocacia de la Generalitat i defensa i no ha volgut fer-ho a les del lletrat de l'expresident, ha assegurat que tot el projecte i les decisions que s'adoptaven sobre ell venien donades per Camps, tant en la gestió de la prova com en el fet que estiguera Valmor en la seua organització.

Evitar pèrdues a Valmor

Així mateix, segons les fonts consultades, la idea inicial de l'excap del Consell era que la Generalitat assumira els costos i evitar que Valmor tinguera pèrdues, un fet que se sabia ja des d'una reunió amb responsables de la mercantil d''Aspar' després de la celebració del primer Gran Premi a València i en la qual es va veure que el resultat de l'esdeveniment era dèficit.

El paper de Reyero en el procés era el de gestionar els contractes i negociar amb el magnat de la F1, Bernie Ecclestone, perquè li'l demanava Camps, que era qui tenia l'última paraula i al que ella li preguntava sobre si s'havia de donar el vistiplau a les propostes de l'anglés, i la majoria de les vegades la resposta era afirmativa, segons les fonts consultades.

L'exresponsable d'Esdeveniments de la SPTCV, amb la qual s'han desgranat els diferents contractes subscrits, ha explicat que

gestionava i despatxava tot amb Camps i que tenia l'orde d'anar assumint tots els contractes que foren eixint amb la F1, la majoria “d'adhesió”.

Negociació privada prèvia

Reyero ha precisat que Ecclestone i Camps els gestionaven primer de manera privada i arribaven a acords i, amb posterioritat, l'expresident la manava a ella per a materialitzar-los. Belén Reyero és una de les investigades en aquesta causa el paper de la qual s'arreplega en l'informe policial realitzat per la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal sobre el procés de negociació de la F-1 entre 2006 i 2014.

La investigada arriba a referir-se a la F1, en correus analitzats per la Policia, com “aquest xicotet desastre”, parla de l'ús de Valmor per tercers per a traure diners o es refereix a Camps i Ecclestone com “tarats mundials”. “Em passe l'any lluitant amb gentola que volen viure a costa dels diners públics”, arriba a dir, o pregunta a la seua interlocutora: “T'has cregut també que l'esdeveniment és rendible?? Eres molt bona!!!”.

La que fuera responsable del departamento de Eventos de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) y persona de máxima confianza del expresident Francisco Camps, Belén Reyero, ha declarado este martes en el juzgado que investiga presuntas irregularidades en la organización del Gran Premio de la Fórmula 1 en València, que fue precisamente Camps el artífice del proyecto y de la inclusión de la empresa Valmor como organizadora de la prueba.

Así lo ha apuntado durante su declaración como investigada que se ha prolongado alrededor de tres horas ante este juzgado, que instruye la causa dividida en tres piezas: esta primera, formada por la negociación previa llevada a cabo por Camps a favor de Valmor, la empresa de Jorge Martínez 'Aspar', y en beneficio del expiloto, también investigado; una segunda con los contratos celebrados por Circuito del Motor, empresa pública encargada de la organización del Gran Premio, y determinados proveedores que resultaban adjudicatarios por orden de Valmor y la tercera relacionada con la absorción de Valmor por parte de la empresa pública Circuito del Motor.

La primera incluye también el aval del Consell sobre la Fórmula 1 a través de un contrato firmado el 19 de julio de 2011 “por orden directa” de Camps tras un viaje a Londres realizado días antes. El expresident dimitió de su cargo el 20 de julio por la conocida como 'causa de los trajes' derivada del caso Gürtel.

Según ha podido saber Europa Press, Reyero, durante su declaración en la que ha contestado a preguntas de fiscal, Abogacía de la Generalitat y defensa y no ha querido hacerlo a las del letrado del expresident, ha asegurado que todo el proyecto y las decisiones que se adoptaban sobre él venían dadas por Camps, tanto en la gestión de la prueba como en el hecho de que estuviera Valmor en su organización.

Evitar que Valmor tuviera pérdidas

Asimismo, según las fuentes consultadas, la idea inicial del exjefe del Consell era que la Generalitat asumiera los costes y evitar que Valmor tuviera pérdidas, un hecho que se sabía ya desde una reunión con responsables de la mercantil de 'Aspar' tras la celebración del primer Gran Premio en València y en la que se vio que el resultado del evento era déficit.

El papel de Reyero en el proceso era el de gestionar los contratos y negociar con el magnate de la F1, Bernie Ecclestone, porque se lo pedía Camps, que era quien tenía la última palabra y al que ella le preguntaba sobre si se debía dar el visto bueno a las propuestas del inglés, y la mayoría de las veces la respuesta era afirmativa, según las fuentes consultadas.

La exresponsable de Eventos de la SPTCV, con la que se han desgranado los diferentes contratos suscritos, ha explicado que  gestionaba y despachaba todo con Camps y que tenía la orden de ir asumiendo todos los contratos que fueran saliendo con la F1, la mayoría “de adhesión”.

Negociación privada previa

Reyero ha precisado que Ecclestone y Camps los gestionaban primero de manera privada y llegaban a acuerdos y, con posterioridad, el expresident la mandaba a ella para materializarlos. Belén Reyero es una de las investigadas en esta causa cuyo papel se recoge en el informe policial realizado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal sobre el proceso de negociación de la F-1 entre 2006 y 2014.

La investigada llega a referirse a la F1, en correos analizados por la Policía, como “este pequeño desastre”, habla del uso de Valmor por terceros para sacar dinero o se refiere a Camps y Ecclestone como “tarados mundiales”. “Me paso el año luchando con gentuza que quieren vivir a costa del dinero público”, llega a decir, o pregunta a su interlocutora: “¿Te has creído también que el evento es rentable?? Eres muy buena!!!”.

“Poco a poco se va confirmando lo que durante años denunciamos. Las mentiras, engaños y falta de transparencia a la que el PPCV nos tenía sometidos en sede parlamentaria” ha señalado la diputada socialista Ana Barceló, tras conocer el último informe de la UDEF que sitúa a Francisco Camps en el centro de todo la estafa que montaron con la Fórmula 1 y que admitían que “no era rentable” para los valencianos y valencianas. “El PPCV que nos engañó y creó un pufo con la F1 es el mismo que hoy está sentado en la bancada de las Corts”, ha recordado Barceló.

Para la diputada socialista las informaciones que hoy se conocen son de “extrema gravedad” ya que confirman “como se mintió en sede parlamentaria”. Durante años exigimos explicaciones sobre la venta de las entradas de F1 además de la comparecencia de la entonces portavoz del Consell, María José Catalá, y actual diputada en las Corts, sobre el contrato de Valmor ha recordado Barceló quien ha acusado al PPCV de “burlarse descaradamente de todos los valencianos y valencianas”.

“Mientras los ciudadanos estaban sufriendo los efectos de la crisis con numerosos recortes, el PPCV de Isabel Bonig y María José Catalá no dudó en mentir a todos falseando las cifras amañando contratos, ocultando información y atacando a la oposición que pedía transparencia y conocer la verdad y creando un agujero de miles de millones de euros que tendremos que pagar todos los valencianos y valencianas”, ha denunciado Barceló.

“Sabían lo que hacían”

“Desde el principio sabían lo que hacían”, ha incidido Barceló quien ha recordado que durante seis años se negó a la oposición el acceso al contrato entre Valmor Sport y Fórmula One Administration“. En 2014 la diputada Eva Martínez ya anunció que se llevaría ante la Fiscalía la compra masiva de entradas de la F1­ tras detectar en el libro de contabilidad de Valmor numerosas irregularidades al respecto.

Así ha recordado que se pidieron explicaciones a la actual diputada del PP y por entonces, portavoz del Consell, María José Catalá, así como al entonces vicepresidente José Ciscar, y a Isabel Bonig, que en aquel momento era consellera de Infraestructuras. “Nunca dieron ninguna respuesta, ocultaron el agujero económico generado y hoy todos ellos tienen un escaño en Les Corts y alta responsabilidad al frente del PPCV”, ha indicado Barceló. “No estamos hablando de otro PP, es el mismo Partido Popular que nos mentía, nos negaba el acceso a la información y la que nos facilitaba era falsa y manipulada”, ha concluido.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha señalado este miércoles que “todos los caminos conducen a la Gürtel” porque “al final todos los casos de corrupción tiene una rama que apunta directamente a la financiación ilegal del PP”, ha apuntado.

Oltra se ha referido así, tras la presentación de la II Setmana Ciclista Valenciana, a la citación como investigado por parte del

juzgado de Instrucción número 17 de València al expresidente de la Generalitat Francisco Camps en una causa abierta por presuntas irregularidades en la construcción del Circuito de la F1 en València.

Al respecto, ha señalado que se está “apuntando a una conexión obvia entre el caso Valmor y la Fórmula 1 y la presunta financiación ilegal del PP”.

Así, ha explicado que lo que se está investigando en Valmor “se tiene que poner en conexión con los más de 40 millones que se saquearon de las arcas públicas y que parte de ellas han ido a parar presuntamente a las arcas del PP ”.

De hecho, ha recordado que “los empresarios que han declarado en el caso Gürtel han reconocido haber financiado de forma ilegal al PP”, lo que es “una manera de haber competido” en las elecciones “rompiendo el principio de desigualdad y la legalidad”.

“Parece que cada gran acontecimiento que se organizaba en la Comunitat Valenciana tenía como finalidad financiar de manera irregular al PP”, ha apostillado.

El juicio de Gürtel continúa este miércoles con la declaración del que fuera vicesecretario del PP valenciano David Serra. Está por ver si el expolítico sigue con la estrategia de Ricardo Costa y apunta al expresidente de la Generalitat Francisco Camps como presunto ideólogo de la red corrupta de financiación ilegal de su partido. Los empresarios que hicieron los pagos y los cabecillas del grupo Correa ya han confesado y vaticinan una sentencia condenatoria.

Pero conforme avanza la investigación del caso Gürtel y otros escándalos de corrupción en la Comunidad Valenciana se observa que las diferentes tramas se entrelazaron. Según una de las grabaciones aportada por el exconcejal del PP que denunció la red corrupta, José Luis Peñas, los cabecillas del grupo Correa estuvieron al tanto de la organización del gran premio de Europa de Valencia y se interesaron por el montaje de las gradas del circuito urbano, que finalmente realizó la norteamericana Nussli, la empresa que ellos pretendían buscar.

En 2009, uno de los empresarios organizadores del evento a petición de Francisco Camps, el expiloto Jorge Martínez Aspar, negó toda vinculación con la trama Gürtel al aparecer unas grabaciones en las que integrantes de la red corrupta hacían referencia al circuito urbano. Pero conforme avanzan las confesiones y aparecen nuevos datos pierde fuerza este desmentido, máxime cuando el caso Valmor de la Fórmula 1 no estalló hasta el año 2014.

La grabación que vincula el caso Gürtel con Valmor se realizó el 12 de diciembre de 2007, nueve meses antes de la carrera en Valencia y dos meses antes de que se formalizara el contrato de las gradas. Peñas registró la conversación en el piso de la calle Serrano, 40 de Madrid donde el grupo Correa tenía su sede. En la conversación están el propio Peñas, que charla con Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo.

Crespo le cuenta a Correa que ha hablado con Álvaro Pérez El Bigotes y que éste le ha contado que “le acaban de entregar ahora los planos de todo el tema de las gradas”. “Le ha llamado el otro tío, al que ha apretado para que le dieran eso, y le han pedido diez días como máximo para tener una respuesta”, explica Crespo. Esta afirmación confirma las buenas relaciones de El Bigotes con las personas que desde la Generalitat estaban organizando el Gran Premio de Fórmula 1.

Esta fuente debería ser de máximo nivel, puesto que, según se ha confirmado en la instrucción del caso Valmor, es el equipo del presidente de la Generalitat Francisco Camps o el propio Camps el que negocia durante el año 2007 la llegada de la Fórmula 1 a València.

En la grabación, Correa y Crespo se ponen a hablar de la posibilidad de buscar una empresa que haya montado las gradas en circuitos urbanos como el de Montecarlo, pero lo descartan por ser muy pequeño. Entonces empiezan a hablar de que la opción para montar esta infraestructura para más de 120.000 personas es la firma que trabaja en Indianápolis (EE UU), la multinacional Nussli.

Ante las urgencias de El Bigotes, que asegura que solo tienen diez días, continúan con la conversación:

Pablo Crespo: “Habrá que llamar, o viajar mañana”.

Francisco Correa: “Llámate a Randy (supuesto contacto de la red en Nueva York que ya declaró en la causa) y pregúntaselo. Necesito que te investigues al tío que monta las gradas en EEUU, en Indianápolis y en la NBA”.

Pablo Crespo: “Sí, le voy a decir que aquí, si sale el tema bien, hay pelas para todos”.

Esta conversación se produce dos meses antes de que Valmor -la empresa privada posteriomente rescatada con dinero público que montó la carrera- firmara el contrato con Nussli el 5 de febrero de 2008.

Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional investigan en una de las piezas separadas del caso Valmor el montaje de las gradas del circuito urbano del que conversa la trama Gürtel. De hecho, existe un informe de la policía que revela que el primer contrato con Nussli costó 6,9 millones de euros, 1,2 millones más que el contrato inicial al modificarse sobre la marcha. La carrera fue tal fiasco que los años siguientes se redujo drásticamente el número de asientos.

Este contrato entre Valmor y Nussli no suscitaría problemas entre dos empresas privadas si no fuera porque en 2012 la contratación de las gradas con la misma empresa la realizó la Generalitat y si el Gobierno de Camps no hubiera asumido la deuda de la empresa privada.

Estas grabaciones no han sido aportadas al caso Valmor, pero si al caso Gürtel. Fueron las últimas que entregó Peñas y que también ayudaron a cerrar el cerco contra Luis Bárcenas, el tesorero del PP nacional.

El PP valenciano ha abierto expediente informativo a Francisco Camps. Pero no lo ha hecho porque quien fuera número 2 del PPCV, Ricardo Costa, lo corroborara como principal responsable de la trama Gürtel, sino tras confirmar la jueza su procesamiento al rechazar el recurso del expresident contra su acusación dentro del caso Valmor, sobre las irregularidades en la celebración de la Fórmula 1 en València.

Así lo explica el periódico El Mundo, que explica que el expediente llega 54 días después de anunciarse su investigación por la causa de Valmor, momento en el que el PP debe incoar el expediente, según los estatutos del partido. El mismo periódico cuenta que la explicación dada por el PP de no haber abierto dicho expediente era que el órgano no estaba operativo, casi un año después del congreso regional.

No obstante el expediente no ha sido anunciado públicamente como sí lo fue por ejemplo el abierto a Rita Barberá, que se abrió tras la investigación de la exalcaldessa dentro del Caso Taula, y del que informó el propio vicesecretario del PP, Fernando Martínez-Maillo.

Expediente de Costa

Por lo que respecta a Ricardo Costa tiene abierto un expediente disciplinario desde mediados de diciembre de 2016, al igual que el resto de los miembros de la excúpula procesados por financiación irregular del partido.

Este es el segundo expediente le fue abierto por el PP. El primero se le abrió en 2009, tras ser apartado del cargo de Secretario General del PP de la Comunitat Valenciana y portavoz del grupo popular en las Corts. Entonces mantuvo un áspero enfrentamiento interno dado que Costa negaba ante la prensa su destitución con el apoyo implícito de Francisco Camps, con cruces de comunicados contradictorios entre el Partido PP valenciano y Génova. Finalmente el 14 de octubre de 2009 Camps cedió y destituyó a Costa, quince días después Génova le abre expediente disciplinario y le suspende cautelarmente de militancia por sus declaraciones. La suspensión fue definitiva el 27 de enero de 2010 que la sentenció para un año. Finalmente esta fue levantada en el mes de septiembre del mismo año.

El Jutjat d'Instrucció número 2 de València ha rebutjat el recurs interposat per l'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, contra la seua citació perquè declare com investigat en la causa que se segueix per suposades irregularitats en l'organització del Gran Premi de Fórmula 1 que es va celebrar a València.

En el seu acte, notificat a les parts, la jutgessa recorda que tant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana com l'Audiència de València “han considerat l'existència d'indicis per a continuar amb la investigació” i assenyala que “una de les principals diligències de prova de la recerca penal és la declaració dels investigats, inevitable en aquest cas. Es tracta d'una diligència necessària i encara que perjudicial per a la part recurrent segons la seua opinió, no ho és per a la recerca de la causa”.

La instructora rebutja la indefensió denunciada per Camps en els seus escrits, perquè està representat per un advocat i intervé activament en totes les diligències que es practiquen.

Referent a açò assenyala que “no cal parlar d'indefensió doncs en tot moment aqueixa part ha estat personada en forma en el procediment amb advocat i procurador, ha tingut coneixement de les actuacions, de les decisions i resolucions del Jutjat i ha pogut recórrer-les en el moment que ha considerat i és més, ha participat activament estant present en les diligències de prova i preguntant el que ha considerat així com fent al·legacions oportunes”.

La declaració no pot ser pública

La jutgessa tampoc accedeix a la petició de l'expresident de la Generalitat, investigat per suposats delictes de malversació de cabals públics i prevaricació administrativa perquè la seua declaració en fase d'instrucció siga presenciada pels mitjans de comunicació.

A tal pretensió, no permesa per la Llei d'Enjudiciament Criminal, s'havien oposat el fiscal i l'advocat de l'expilot Jorge Martínez 'Aspar', també investigat en la causa junt amb l'exconsellera de Turisme, Cultura i Esport, Dolores Johnson.

La titular del Jutjat d'Instrucció 2 també rebutja el recurs de Camps contra la decisió de dividir la causa en peces separades perquè el recurs s'ha interposat fora de termini i, a més, la jurisprudència citada pel lletrat de l'expresident “no es considera aplicable al cas d'actuacions”.

Dos peces separades

El cas Valmor està separat ja en dues peces. En la primera, en la qual estan imputats Camps, Johnson i 'Aspar', s'investiguen les negociacions prèvies per a portar a València el Gran Premi i la decisió de gestionar-ho a través de l'empresa privada Valmor.

En la peça 2 s'instruirà l'absorció de Valmor per Circuit del Motor i l'assumpció del deute de 34 milions d'euros per part de la Generalitat, una peça en la qual està en el punt de mira tot el Govern d'Alberto Fabra, per donar llum verda a l'adquisició de l'empresa.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha rechazado el recurso interpuesto por el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, contra su citación para que declare como investigado en la causa que se sigue por supuestas irregularidades en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró en Valencia.

En su auto, notificado a las partes, la jueza recuerda que tanto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana como la Audiencia de Valencia “han considerado la existencia de indicios para continuar con la investigación” y señala que “una de las principales diligencias de prueba de la investigación penal es la declaración de los investigados, inevitable en este caso. Se trata de una diligencia necesaria y aunque perjudicial para la parte recurrente según su opinión, no lo es para la investigación de la causa”.

La instructora rechaza la indefensión denunciada por Camps en sus escritos, por cuanto está representado por un abogado e interviene activamente en todas las diligencias que se practican.

A este respecto señala que “no cabe hablar de indefensión pues en todo momento esa parte ha estado personada en forma en el procedimiento con abogado y procurador, ha tenido conocimiento de las actuaciones, de las decisiones y resoluciones del Juzgado y ha podido recurrirlas en el momento que ha considerado y es más, ha participado activamente estando presente en las diligencias de prueba y preguntando lo que ha considerado así como haciendo alegaciones oportunas”.

La jueza tampoco accede a la petición del expresidente de la Generalitat, investigado por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa para que su declaración en fase de instrucción sea presenciada por los medios de comunicación.

A tal pretensión, no permitida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se habían opuesto el fiscal y el abogado del expiloto Jorge Martínez Aspar, también investigado en la causa junto a la exconsellera de Turismo, Cultura y Deporte, Dolores Johnson.

La titular del Juzgado de Instrucción 2 también rechaza el recurso de Camps contra la decisión de dividir la causa en piezas separadas porque el recurso se ha interpuesto fuera de plazo y, además, la jurisprudencia citada por el letrado del expresidente “no se considera aplicable al caso de autos”.

El caso Valmor está separado ya en dos piezas. En la primera, en la que están imputados Camps, Jhonson y Aspar, se investiga las negociaciones previas para traer a València el Gran Premio y la decisión de gestionarlo a través de la empresa privada Valmor.

En la pieza 2 se instruirá la absorción de Valmor por Circuito del Motor y la asunción de la deuda de 34 millones de euros por parte de la Generalitat, una pieza en la que está en el punto de mira todo el Gobierno de Alberto Fabra, por dar luz verde a la adquisición de la empresa.

Aquest dimecres declara qui va ser número dos de Francisco Camps en el PPCV, Ricardo Costa, com acusat en el judici que se segueix en l'Audiència Nacional pel finançament il·legal del PP valencià dins del cas Gürtel, i ho fa enmig de la tempesta provocada per les confessions la passada setmana dels nou empresaris que han confirmat els pagaments en 'b' i els capitosts de la trama corrupta, Francisco Corretja, Pablo Crespo i Álvaro Pérez 'El Bigotes', el qual va assegurar que era l'expresident de la Generalitat qui donava el vistiplau al finançament il·legal.

Es dóna la circumstància que Camps, que a més d'estar sent esguitat per Gürtel -malgrat que no pot ser jutjat per la causa que està dirimint-se en l'Audiència Nacional- està imputat pel cas Valmor per l'organització del Gran Premi de Fórmula 1 a València, cobra un sou públic com a membre nat del Consell Jurídic Consultiu. Concretament, l'excap del Consell percep uns 58.000 euros bruts anuals, equiparable als emoluents d'un conseller o un secretari autonòmic.

Tal com recorda el portal sueldospublicos.com, Francisco Camps rep 14 pagues anuals: Una mica més de 4.100 euros al mes, excepte al juny i desembre, que cobra paga doble. A més, disposa de despatx propi a la seu del Consell Jurídic Consultiu, cotxe oficial amb xofer permanent (amb un salari pròxim als 34.000 euros anuals) i secretària personal (al voltant de 48.000 euros l'any). Tots dos són càrrecs de lliure designació per part de Camps pagats per la Presidència de la Generalitat.

Segons l'estatut dels expresidents, aquests tenen dret a ser membres nats del Consell Jurídic Consultiu -i disposar d'aquests privilegis- durant un període de 15 anys, per la qual cosa Camps, que va deixar la Presidència de la Generalitat al juny de 2011 arran del cas dels vestits, podrà continuar gaudint dels seus privilegis fins a 2026. La situació de Camps contrasta amb la dels seus predecessors, Eduardo Zaplana i Joan Lerma, i el seu successor, Alberto Fabra, que no estan en el Consell Jurídic Consultiu (Lerma i Fabra són actualment senadors).

Peticions de dimissió

Compromís plantejarà la setmana vinent en les Corts, arran de les revelacions de Gürtel, que la Cambra valenciana reclame la dimissió de Camps en el Consell Jurídic Consultiu. La coalició valencianista pretén que una gran majoria del Parlament autonòmic puga suspendre el tractament d'expresident a persones “que van decidir servir-se i servir al seu partit corruptament en lloc de servir a la societat valenciana”.

PSPV-PSOE i Podemos també van reclamar fa uns dies que Camps abandonara el Consell Jurídic Consultiu de manera “immediata”.

Este miércoles declara el que fuera número dos de Francisco Camps en el PPCV, Ricardo Costa, como acusado en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la financiación ilegal del PP valenciano dentro del caso Gürtel, y lo hace en medio de la tormenta provocada por las confesiones la pasada semana de los nueve empresarios que han confirmado los pagos en 'b' y los cabecillas de la trama corrupta, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes', quien aseguró que era el expresident de la Generalitat quien daba el visto bueno a la financiación ilegal.

Se da la circunstancia de que Camps, que además de estar siendo salpicado por Gürtel -pese a que no puede ser juzgado por la causa que está dirimiéndose en la Audiencia Nacional- está imputado por el caso Valmor por la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, cobra un sueldo público como miembro nato del Consell Jurídic Consultiu. Concretamente, el exjefe del Consell percibe unos 58.000 euros brutos anuales, equiparable a los emolumentos de un conseller o un secretario autonómico.

Tal y como recuerda el portal sueldospublicos.com, Francisco Camps recibe 14 pagas anuales: Algo más de 4.100 euros al mes, excepto en junio y diciembre, que cobra paga doble. Además, dispone de despacho propio en la sede del Consell Jurídic Consultiu, coche oficial con chófer permanente (con un salario próximo a los 34.000 euros anuales) y secretaria personal (alrededor de 48.000 euros al año). Ambos son cargos de libre designación por parte de Camps pagados por la Presidencia de la Generalitat.

Según el estatuto de los expresidentes, éstos tienen derecho a ser miembros natos del Consell Jurídic Consultiu -y disponer de estos privilegios- durante un periodo de 15 años, por lo que Camps, que dejó la Presidencia de la Generalitat en julio de 2011 a raíz del caso de los trajes, podrá continuar disfrutando de sus privilegios hasta 2026. La situación de Camps contrasta con la de sus predecesores, Eduardo Zaplana y Joan Lerma, y su sucesor, Alberto Fabra, que no están en el Consell Jurídic Consultiu (Lerma y Fabra son actualmente senadores).

Peticiones de dimisión

Compromís planteará la próxima semana en las Corts, a raíz de las revelaciones de Gürtel, que la Cámara valenciana reclame la dimisión de Camps en el Consell Jurídic Consultiu. La coalición valencianista pretende que una gran mayoría del Parlamento autonómico pueda suspender el tratamiento de expresident a personas “que decidieron servirse y servir a su partido corruptamente en lugar de servir a la sociedad valenciana”.

PSPV-PSOE y Podemos también reclamaron hace unos días que Camps abandonara el Consell Jurídic Consultiu de manera “inmediata”.

Fa uns dies, coneixíem que l'equip motociclisme de Jorge Martínez, l'Aspar Team, canviava de nom per a passar a denominar-se Ángel Nieto Team en memòria de l'expiloto de Zamora, mort el passat estiu després de patir un accident quan circulava per Eivissa en quad. La imatge i el nom d'Aspar estan vinculats a un dels casos de presumpta corrupció que es jutgen a València, el cas Valmor.

L'expilot d'Alzira està imputat en el context del cas de l'organització del Gran Premi de Fórmula 1 en la capital valenciana. El tribunal investiga les negociacions per a la celebració de la prova automobilística i la compra de Valmor, mercantil que era propietat del propi Jorge Martínez, de l'empresari Fernando Roig i de Bancaixa organitzadora del Gran Premi de València, per l'empresa pública Circuit del Motor i l'assumpció del deute per part de la Generalitat Valenciana. Aspar havia de declarar en el jutjat aquest mes de gener junt a l'expresident Francisco Camps i l'exconsellera Lola Johnson, unes declaracions que han sigut suspeses.

Segons la Udef, i una vegada analitzats, entre una altra documentació, més de 105.000 correus electrònics, Francisco Camps va prendre una sèrie de decisions que van permetre enriquir-se l'expilot valencià a compte de les arques públiques i amb una prova que va generar pèrdues des de la primera edició, en 2008 (12 milions d'euros). Així, Jorge Martínez va realitzar una inversió de 15.000 euros i es va convertir en l'organitzador de la prova, amb un sou de 9.000 euros al mes.

L'expilot d'Alzira també es va beneficiar de patrocinis milionaris a través de l'empresa Box 55 per valor de 14 milions d'euros. A més, va viatjar sovint acompanyat de Francisco Camps per gestions relacionades amb la Fórmula 1 amb càrrec a la Generalitat Valenciana, com va ser el cas del desplaçament a Londres per a tractar amb el magnat Bernie Ecclestone la pròrroga de la prova automobilística al juliol de 2011, poc abans de la dimissió de l'excap del Consell pel cas dels 'vestits', del que va ser declarat 'no culpable'. També es va desplaçar a Abu Dhabi, París o Florència a càrrec de Presidència de la Generalitat Valenciana.

Patrocinis milionaris

Aspar va aconseguir patrocinis per centenars de milers d'euros de mitja dotzena d'institucions i empreses públiques entre 1999 i 2011, amb el PP al capdavant de les diferents administracions. La quantitat més abundant va eixir de Circuit del Motor, de la qual va rebre en 10 anys 5,8 milions d'euros. L'Agència Valenciana de Turisme li va atorgar entre 2007 i 2011 un total de 2,8 milions. En 2010 va aconseguir 70.000 euros de la Ciutat de les Arts i les Ciències i a l'any següent 828.00 euros de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana. A més, la Diputació de València li va concedir quatre milions d'euros entre 2008 i 2015.

D'altra banda, com revela la comptabilitat de Valmor Sports, Aspar va cobrar, també a través de Box 55, una remuneració anual que en 2010 va ser de 146.000 euros (IVA inclòs) i en 2011 de 147.499 euros.

Hace unos días, conocíamos que el equipo motociclismo de Jorge Martínez, el 'Aspar Team', cambiaba de nombre para pasar a denominarse 'Ángel Nieto Team' en memoria del expiloto zamorano, fallecido el pasado verano tras sufrir un accidente cuando circulaba por Ibiza en quad. La imagen y el nombre de 'Aspar' están vinculados a uno de los casos de presunta corrupción que se juzgan en Valencia, el caso Valmor.

El expiloto de Alzira está imputado en el contexto del caso de la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en la capital valenciana. El tribunal investiga las negociaciones para la celebración de la prueba automovilística y la compra de Valmor, mercantil que era propiedad del propio Jorge Martínez, del empresario Fernando Roig y de Bancaja organizadora del Gran Premio de Valencia, por la empresa pública Circuit del Motor y la asunción de la deuda por parte de la Generalitat Valenciana. Aspar debía declarar en el juzgado este mes de enero junto al expresident Francisco Camps y la exconsellera Lola Johnson, unas declaraciones que han sido suspendidas.

Según la Udef, y una vez analizados, entre otra documentación, más de 105.000 correos electrónicos, Francisco Camps tomó una serie de decisiones que permitieron enriquecerse al expiloto valenciano a cuenta de las arcas públicas y con una prueba que generó pérdidas desde la primera edición, en 2008 (12 millones de euros). Así, Jorge Martínez realizó una inversión de 15.000 euros y se convirtió en el organizador de la prueba, con un sueldo de 9.000 euros al mes.

El expiloto de Alzira también se benefició de patrocinios millonarios a través de la empresa Box 55 por valor de 14 millones de euros. Además, viajó a menudo acompañado de Francisco Camps por gestiones relacionadas con la Fórmula 1 con cargo a la Generalitat Valenciana, como fue el caso del desplazamiento a Londres para tratar con el magnate Bernie Ecclestone la prórroga de la prueba automovilística en julio de 2011, poco antes de la dimisión del exjefe del Consell por el caso de los 'trajes', del que fue declarado 'no culpable'. También se desplazó a Abu Dhabi, París o Florencia a cargo de Presidencia de la Generalitat Valenciana.

Patrocinios millonarios

Aspar consiguió patrocinios por centenares de miles de euros de media docena de instituciones y empresas públicas entre 1999 y 2011, con el PP al frente de las diferentes administraciones. La cantidad más abundante salió de Circuit del Motor, de la que recibió en 10 años 5,8 millones de euros. La Agencia Valenciana de Turismo le otorgó entre 2007 y 2011 un total de 2,8 millones. En 2010 obtuvo 70.000 euros de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y al año siguiente 828.00 euros de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana. Además, la Diputación de Valencia le concedió cuatro millones de euros entre 2008 y 2015.

Por otra parte, como revela la contabilidad de Valmor Sports, Aspar cobró, también a través de Box 55, una remuneración anual que en 2010 fue de 146.000 euros (IVA incluido) y en 2011 de 147.499 euros.

Segueixen acumulant-se els indicis d'irregularitats en la contractació de la Fórmula 1 a València. Així es desprèn de l'últim informe aportat per la Udef (Unitat de Delictes Econòmics i Financers), amb una extensió de 144 pàgines, incorporat al cas Valmor aquest mes de desembre referit a la contractació del servei de subministrament de pantalles gegants per a la celebració del Gran Premi de València entre 2008 i 2012. Aquestes operacions van tenir un cost superior als tres milions d'euros per a l'erari públic.

Així, la Policia Nacional confirma que l'empresa pública de la Generalitat Circuit del Motor va realitzar contractes “ad hoc”, amb la col·laboració del despatx Broseta Abogados, que s'encarregava de cercar “solucions a la problemàtica plantejada per Circuit del Motor sobre excés de facturació, ús recurrent del procediment negociat sense publicitat o la no existència de documents en l'expedient, encara que ja s'haguera prestat el servei i emès la factura pel proveïdor”, per a l'adjudicació de les pantalles a la mercantil Avega Soluciones Inteligentes Audiovisuales SL de 2008 a 2011.

Aquesta empresa “no va presentar cap oferta” a Circuit del Motor i les contractacions es van realitzar mitjançant el procediment negociat sense publicitat a través d'una tramitació d'urgència justificada en la “imprevisibilitat” i en l'“interès públic” del Gran Premi. El 2011, les contractacions les va realitzar directament Valmor amb Alfassom.

Segons la Udef, no es va justificar la necessitat de contractació, no hi havia un document de disponibilitat de crèdit, va haver-hi una falta de criteris de valoració d'ofertes, es van sol·licitar les ofertes sense plecs, va haver-hi ofertes presentades abans o després de termini, es van utilitzar modificats de contractes per a eixugar sobrecostos en la facturació, es va negociar l'oferta amb l'adjudicatari... “i un llarg etcètera d'irregularitats”.

“Aparença de veracitat”

Per a dotar aquestes contractacions d'“aparença de veracitat” es van acabar “fabricant” documents “ex post, exclusivament amb la finalitat de configurar un suposat expedient i atorgar-li aparença exterior d'integritat i veracitat”. Per això, la Udef apunta que les adjudicacions de Circuit del Motor a Avega es van realitzar “al marge del que es disposa en la llei de contractes de l'Administració Pública i altra normativa aplicable, vulnerant-se els principis de publicitat, concurrència, objectivitat i transparència aplicables en la contractació pública, i la contractació el 2011 de forma directa per part de Valmor de la societat Alfassom va permetre eludir l'aplicació de les normes de la contractació pública a la prestació dels serveis incomplint el contracte entre Valmor i el Circuit del Motor”. Això va suposar un “perjudici econòmic” per a l'empresa pública.

Contractes a la carta, el “patró” del PP

La diputada socialista Ana Barceló ha denunciat que aquest 'modus operandi' no va ser exclusiu de la celebració de la Fórmula 1, sinó el patró utilitzat pel Partit Popular en l'organització dels seus “esdeveniments, contractes i adjudicacions a la carta”, com l'Agència Valenciana de Turisme o Fitur: “elaborar a la carta les condicions i la posterior adjudicació de contractes”.

Segons el parer de la parlamentària autonòmica, l' “únic interès” que es perseguia amb aquesta conducta era “el benefici propi i dels ‘amiguets’ als que anaven a parar gran part dels contractes”, al mateix temps que ha denunciat el “greu perjudici” per a la societat valenciana d'aquesta manera de procedir. “Sempre en nom de l'interès públic i per motius d'urgència, aquests han sigut els arguments que una vegada i una altra es repeteixen per a saltar-se els procediments legals”, ha assenyalat Barceló.