La comisión de investigación sobre la infiltración de policías en movimientos sociales y el espionaje con Pegasus está a punto de ponerse en marcha en el Parlament de Catalunya. Según el plan de trabajo pactado este jueves por Junts, ERC, Comuns y CUP, las cuatro formaciones que han forzado la investigación, la Cámara citará a declarar a varios de los actuales y antiguos responsables de Interior, Defensa o el CNI.

Entre la lista de nombres a los que se citará se encuentran varios ministros, tanto del Gobierno actual, como Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles Robles, como también ministros del Gobierno del PP, Maria Dolores de Cospedal, Juan Ignacio Zoido o Jorge Fernández-Díaz.

También llamarán a otros responsables que están en ejercicio o lo han estado hasta hace poco, como el secretario de Estado de Seguridad; Rafael Pérez, que precisamente ha anunciado su salida del cargo estos días. El fiscal general del Estado, Álvaro Garcia Ortiz, y la fiscal jefe en Barcelona, también figuran entre los nombres que los grupos promotores desean llamar a declarar.

Los cuatro grupos parlamentarios quieren que la comisión llame también a todos delegados del Gobierno en Catalunya durante los últimos ocho años: Josep Enric Millo (PP) y María Eugènia Gay y Teresa Cunillera (PSC), además de los responsables operativos del cuerpo de la Policia Nacional en Catalunya. En esa misma lista se sitúan los máximos responsables del CNI, tanto la actual directora, Esperanza Casteleiro, como los exjefes Paz Esteban y Félix Sanz Roldán.

Junts, ERC, Comuns y CUP registraron esta comisión en febrero pasado después de que se conociera una de las últimas infiltraciones, en este caso en València. Según la petición registrada, el objeto de la investigación es “conocer los detalles” sobre las infiltraciones y si contaban con tutela judicial, además de proponer regulación normativa para proteger los derechos de los ciudadanos. Está previsto que la comisión eche a andar en las próximas semanas.

Ha salido judicialmente indemne de cuatro procedimientos, el último hace apenas 15 días en el llamado caso Fitonovo, juzgado en en la Audiencia Nacional. Antonio Rodrigo Torrijos, primer teniente de alcalde en Sevilla entre 2007 y 2011 en el gobierno de coalición entre IU y PSOE que arrancó en 2003, cita a El Padrino hasta en tres ocasiones durante la conversación con elDiario.es Andalucía: “No es nada personal, son negocios”. Porque su larga trayectoria sindical y política (tiene 72 años) le permite asegurar que, en su opinión, detrás de todas esas acusaciones hubo una “cacería política”, una operación “del tea party” para desalojar a Izquierda Unida del ayuntamiento hispalense. Por eso su sensación es “ambivalente”, porque él (y su “amigo y compañero” José Manuel García) han demostrado ser inocentes pero “los malos ganaron y consiguieron su objetivo”. “Me jodió la vida, literalmente”, dice de Mercedes Alaya. Tanto la jueza instructora de dos de aquellos procedimientos (Mercasevilla y Fitonovo) como la persona que consiguió la alcaldía en 2011, Juan Ignacio Zoido, centran gran parte de una charla no exenta de ironía, centrada en las “casualidades” y el “dinero”, que tenía lugar este jueves mientras España se asomaba a una colisión entre el Tribunal Constitucional y el Congreso de los Diputados que, al menos de momento, acabó sin sobresaltos. Torrijos, en ese sentido, hace un paralelismo: “Evitaron que siguiéramos gobernando y hubo un dolor social para la ciudad y un dolor personal para nosotros, los afectados, para conseguir además un objetivo doble, igual que el que le están haciendo ahora al gobierno del PSOE y Unidos Podemos en España”.

¿Cómo se encuentra después después de haber dejado definitivamente atrás esos cuatro procesos judiciales?

Han sido 13 años de auténtico calvario, inédito en la historia del municipalismo porque, que yo sepa, nadie ha sido imputado cuatro veces en lo que fue, en mi opinión, una operación de cacería política. Y aún más inédito que de las cuatro haya salido indemne. Una vez te puedes equivocar, pero lo otro tiene otro nombre.

¿Qué nombre? 

Digamos que pudiera adjetivarse o calificarse como una persistente inquina. Vamos a dejarlo ahí. De las dos instrucciones clave de las cuatro que yo he tenido, aunque han sido todas muy duras (Sevilla Global y la Fundación de Sevilla también tenido un recorrido mediático y político muy duradero, muy escandaloso, perfectamente hiperbólicamente difundido), en Mercasevilla ni tenía que haberme sentado en el banquillo. Y no lo digo yo, lo dice una sentencia rigurosa y sólida de la magistrada Yolanda Sánchez Gucema, en comparación con una instrucción que me acusaba de nueve o diez delitos, que me puso una fianza de 33 millones de euros y que se publicitó en plena campaña electoral cuando yo me presentaba como candidato a la alcaldía por Izquierda Unida en las municipales del 2011.

Nos colocaron a José Manuel y a mí 620.000 euros de fianza, que ahora han quedado en nada porque la Fiscalía ni siquiera nos ha acusado en el juicio, pero es que en la Audencia ya se quedaron en 8.000. No es un pequeño error. Y nos jodió la vida.

De aquello resultó absuelto en 2017

Aquella instrucción acabó en una absolución mediante una sentencia tan rigurosa y tan contundente que no fue recurrida por nadie, ni por el Ministerio Fiscal siquiera, ni por las acusaciones particulares, aborda otra instrucción posteriormente, curiosamente cuando ya era público y conocido en muchos ámbitos de la ciudad que José Manuel García iba a ser el candidato de Izquierda Unida en 2015, en la que vuelve a reiterar los elementos contradictorios. Por ejemplo, nos colocaron a José Manuel y a mí 620.000 euros de fianza, que ahora han quedado en nada porque la Fiscalía ni siquiera nos ha acusado en el juicio, pero es que en la Audiencia ya se quedaron en 8.000. No es un pequeño error. Y nos jodió la vida.

Y, por otra parte, no llamó ni siquiera ni como testigos a Zoido y a Serrano, que a la sazón eran entonces alcalde y teniente de alcalde, después de que el dueño de la empresa Fitonovo le dijera a Alaya en su declaración que había tenido una reunión con ambos y que le habían pedido que hiciera un parque infantil a la Guardia Civil en Montequinto por valor de 150.000 euros que, además, la Guardia Civil, garante de la legalidad, adjudica esa obra de manera directa, transgrediendo la legalidad de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Alaya se enteró de todo y no hizo nada. Serrano lo dijo con toda naturalidad y lo reconoció diciendo aquello de 'quién no ayuda a la Benemérita'. Y fíjese qué paradoja: en Fitonovo, de los tres políticos que no llegamos en el juicio a acuerdo de conformidad porque nos negamos (José Manuel, Joaquín Peña y yo), el único condenado es Joaquín Peña, del PP.

¿A qué elementos contradictorios se refiere?

En el caso Fitonovo vuelve a tener otras intervenciones contradictorias o discutibles. Esto del parque infantil a la Guardia Civil no le sugirió a la señora Alaya ninguna irregularidad, como tampoco le sugirió a la señora Alaya que fuese irregular que la Guardia Civil adjudicara el parque infantil sin concurso, y a la misma empresa, Fitonovo. Pero la señora Alaya ahí no vio ninguna irregularidad. Sin embargo, tenía clarísimo que José Manuel García y yo éramos culpables e instigadores de nada menos la transgresión de cinco delitos gravísimos que, como en Mercasevilla en mi caso, que fueron nueve o diez, en la Audiencia se quedaron en uno.

Si el señor Zoido es juez, fue decano, jefe entre otros de la señora Alaya, fue el que pone la denuncia, la instruye Alaya, y el beneficiario es Zoido, yo si veo un escalón y después otro escalón puedo pensar que hay una escalera

En este proceso de 13 años ha intervenido el partido de la casualidad. Es un partido nuevo, que no existía, porque a mí no me cabe la menor duda de que la señora Alaya diera a conocer la instrucción del caso Mercasevilla en plena campaña electoral (aunque me citara el 20 de junio, es decir, 20 días después de las elecciones), casualmente a través de un medio de comunicación a bombo y platillo donde se informa a la opinión pública de que soy imputado y yo no había recibido ni el papel. Una casualidad, ¿no? Una casualidad también los 33 millones de fianza, o los 620.000 euros, o el que no se investigue a unos y a otros sí, etc. Todo eso puede tener un nombre, al menos, como mínimo, inquina. Y sobre todo, una valoración que desde el punto de vista judicial, siendo ya cariñoso y recuperando a Rousseau en su tesis sobre la naturaleza bondadosa del ser humano, te diría que en el mejor de los casos es una magistrada que tiene instrucciones manifiestamente mejorables. Y no lo digo yo, porque las dos instrucciones, Mercasevilla y Fitonovo, han sido, jurídicamente hablando, instrucciones fallidas. 

¿Usted sabía que Alaya y Zoido se conocían de los juzgados mucho antes de que se iniciaran esos procedimientos en los que ha estado inmerso? 

Pero eso es otra consecuencia del partido de la casualidad. Es casual que el señor Zoido haya sido decano de los jueces y, por tanto, 'jefe' de la señora Alaya. Y es casual que el señor Zoido sea también juez, y que fue el que puso la denuncia, y que fue el beneficiario título político del resultado de esa operación. Qué casualidad, ¿no? Son muchas casualidades, ¿no? Por eso yo comparto lo que dice mi amigo Salido de que aquí hubo un partido: el partido de la casualidad. Y quiero ser muy prudente, para no ser un grosero y sustentarme en la lógica, pero si el señor Zoido es juez, fue decano, fue jefe entre otros de la señora Alaya, fue el que pone la denuncia, la instruye Alaya, da el resultado que da y el beneficiario es Zoido con una mayoría absoluta de 20 concejales desconocidas en la historia de la democracia, yo puedo pensar que si veo un escalón y después veo otro escalón y después veo otro escalón, puedo pensar que hay una escalera. Pero será una actitud paranoide por mi parte. Es consecuencia de la casualidad. 

José Manuel García, del que ya ha hablado, anunció recientemente en este periódico que está estudiando la posibilidad de denunciar a la jueza Alaya. ¿Qué le parece?

Desde el punto de vista de la filosofía política y de la sociología, yo soy una persona que nunca doy las batallas por perdidas, pero también he aprendido con los años que no todas las batallas hay que darlas. Hice una reclamación patrimonial, que era la única fórmula jurídica de resarcirme de lo que consideraba una instrucción y un funcionamiento bastante irregular en el caso Mercasevilla instruido por la señora Alaya. Aquella reclamación patrimonial está en curso, tiene informes favorables del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, algo inédito. Sigue su curso y la voy a seguir reclamando porque consideré que había más que razonables indicios evidentes de irregularidad: nada parecido en el comienzo de la instrucción con lo que quedó con la sentencia, dilaciones indebidas, una dilatación y un acompasamiento en todas sus acciones casualmente a los tiempos electorales... Por todo eso consideré, después de estudiarlo rigurosamente, que se había agredido a mi honor y a mi hacienda, y que había razones para ello y se podían probar.

Si no fructifica la demanda, la beneficiaria sería la señora Mercedes Alaya. Y yo, que soy militante desde muy joven, he aprendido en la vida y en la lucha política que al contrario ni agua

Pero, ¿qué cree que puede pasar con la denuncia de García si al final la interpone?

Mi compañero y amigo José Manuel, al que aprecio muchísimo, está estudiando esa posibilidad que comenta y yo le alabo el gusto. No es que yo sepa más que José Manuel, ni mucho menos, peo creo que hay escasísimas posibilidades de que esa demanda fructifique. ¿Por qué? Porque la señora Alaya, con todas las presuntas interpretaciones contradictorias que se pueden hacer de la instrucción que ella planteó, elevó el caso Fitonovo a la Audiencia Nacional y el juez instructor asumió el relato jurídico de la señora Alaya. Y desde ese momento es muy difícil que haya, no tan solo contenido jurídico suficiente para reclamar a Alaya sino incluso que sea asumida o aceptada a trámite. La lectura política de eso es que, si no fructifica esa demanda, la beneficiaria sería la señora Mercedes Alaya. Y yo, que soy militante desde muy joven, he aprendido en la vida y en la lucha política que al contrario ni agua. Y se lo he explicado a mi amigo y compañero José Manuel. Él considera que sí y me parece estupendo. 

¿A qué se ha dedicado en estos años, al margen de lo judicial?

Yo estuve en la clandestinidad luchando con miles de compatriotas nuestros por las libertades que hoy disfrutamos como si hubiesen sido regaladas. Y en estos 13 años también he estado en la clandestinidad. En democracia he estado en la clandestinidad y me he ocultado. No he dejado de militar ni un solo día, mis compañeros podrán dar fe de ello, pero no he aparecido. He seguido influyendo en mi organización política y en el curso de los acontecimientos, y no aquí en Sevilla solo, pero no he aparecido para preservar la imagen pública de mi propia organización. Dimití, además, como José Manuel, en su momento procesal oportuno para no dañar a nuestra organización. Una paradoja curiosa: en la clandestinidad en plena democracia. 

No recuerdo a nadie que en un cargo público lo hayan procesado cuatro veces, curiosamente siempre a instancias de los mismos. Estoy satisfecho de que mi honor y mi honestidad hayan sido rubricadas por la justicia

¿Cuál es la sensación que le queda después de todo lo vivido?

Me encuentro muy bien. He tenido que superar enfermedades muy graves. En pleno juicio de Mercasevilla, y no me gusta hablar de esto por no aludir al plano personal, me estaban dando radioterapia y quimioterapia. Ha habido una afectación en mi hacienda, en mi honor, en mi vida pública, pero después de cuatro intentos de lo que yo llamo el tea party no han encontrado ni una sola mácula, ni un solo ilícito ni ningún reproche penal contra mí, y eso produce satisfacción. Vuelvo a reiterar: no recuerdo a nadie que en un cargo público lo hayan procesado cuatro veces, curiosamente siempre a instancias de los mismos. Por tanto, satisfecho de que mi honor y mi honestidad hayan sido rubricadas por la justicia. 

Pero también siento una tranquilidad muy curiosa que me está costando trabajo asumir. Es como los duelos, pero al contrario. Porque en el marco de una derrota cultural de la izquierda y de la sociedad civil, en el marco de una inexistencia, desgraciadamente, del pensamiento crítico en la sociedad civil, la gente se ha creído la campaña que se hizo contra mí. Parece ser que tengo el record Guinness de portadas de un periódico de la ciudad y, tanto la duración de los procesos judiciales como el que la pata mediática de ese tea party ha estado hiperbólicamente permanentemente dando caña, la gente ha percibido que yo era una persona abyecta, una persona oscura, una persona corrupta, un bruto, y te lo expresaban por la calle. Ahora la gente me está parando por la calle para darme la enhorabuena e incluso hay gente que me pregunta si voy a volver a la política.

El daño que yo no le deseo a la señora Alaya, que yo he pasado, queda para nosotros y para la familia, para el discurso político, para la imagen de la izquierda, para todo. Aquí el partido de la casualidad tuvo mucha fuerza

¿Ha notado mucho ese cambio entonces en la reacción de la gente?

Sí, porque los medios de comunicación, y no quiero parecer grosero, hace ya muchos años que se han convertido en instrumentos de opinión. Lo eran cuando decían que yo era una persona abyecta y corrupta, e instrumentos de opinión son ahora cuando dicen ahora que estoy inmaculado. Y eso tiene un efecto sobre la sociedad civil importante. La gente no te mira con una observancia mórbida, ni tangencial, sino que te mira de frente, te sonríe, y eso es muy importante para el equilibrio con uno mismo. Y después mi familia, mis amigos, que lo han pasado muy mal. El daño que yo no le deseo a la señora Alaya, que yo he pasado, queda para nosotros y para la familia, para la organización política, para el discurso político, para la imagen de la izquierda, para todo. Aquí el partido de la casualidad tuvo mucha fuerza. Yo no recuerdo en democracia que todo el grupo municipal de una corporación fuese imputado: Lola Silva, Pepa Medrano, José Manuel García, yo cuatro veces. Qué casualidad, ¿no? 

Usted ha salido indemne pero, en todo caso, ese daño del que me habla realmente se produjo, ¿no cree?

Por eso la sensación es agridulce, ambivalente, porque al final consiguieron el objetivo. Aquí, como la maravillosa obra de Coppola, El Padrino, “no había nada personal, eran negocios”. Todo esto se produce porque llegamos al gobierno unas personas que decidimos cumplir el programa con el que nos habíamos presentado a las elecciones. Y en Sevilla empezaron a aparecer viviendas públicas a precio tasado como hongos para abordar el déficit de acceso a la vivienda, sobre todo a la gente joven, y a precio asequible. En pleno boom inmobiliario, los pisos que entregábamos se vendían a un tercio menos que en el mercado libre, e hicimos 7.000. Nos convertimos en un competidor de los promotores inmobiliarios. Y eso se llama dinero. Hicimos el parque social de viviendas, una inédita y novedosa entonces iniciativa de alquiler que dio respuesta a los desahucios, con el 5% de los ingresos de la gente que accedía a esos pisos en alquiler por seis años, prorrogable otros seis años.

Los empresarios despotricaban diciendo que Torrijos estaba bolchevizando las relaciones laborales en Sevilla. Eso era un titular de periódico. Y eso es dinero, además de vida y salud

Tuvimos la decisión política de intervenir en el binomio capital-trabajo, un binomio asimétrico a favor del capital, y nosotros hicimos las cláusulas de contratación contra la siniestralidad laboral, de tal manera que en pleno boom, en los años 2007 y 2008, obligábamos a las empresas que contrataban con el Ayuntamiento, sobre todo a las constructoras, que en sus plantillas tenían que garantizar que hubiera convenios colectivos, representación sindical, aceptación de la jornada, derechos sociales. Nada revolucionario, porque yo soy muy de derechas. Era simplemente aplicar la Constitución, la ley. Y nos generamos amistades en ese mundo: los empresarios despotricaban diciendo que Torrijos estaba bolchevizando las relaciones laborales en Sevilla. Eso era un titular de periódico. Y eso es dinero, además de vida y salud.

Hicimos una inversión desde lo público desconocida en la historia de la democracia: cinco centros de formación para la inserción laboral, tres piscinas cubiertas, 23 campos de césped artificial... Situamos a Sevilla en el punto de mira europeo con la apuesta por la intermodalidad y la movilidad sostenible, sobre todo y fundamentalmente con la creación de 152 kilómetros de carriles bici, que fueron contestados de manera grosera como un intento de convertir a Sevilla en una especie de China. Y no lo digo yo, eso fue un titular otra vez. Hicimos los presupuestos participativos, vade retro satanás: ¿que los ciudadanos decidieran que una parte importante del presupuesto local tenía que ir aquí o allí democráticamente? Socialismo. O el bonobús solidario ¿que los desempleados podían ir gratis en los transportes públicos para buscar trabajo o para formarse? Y no era gratis, lo pagábamos vía presupuesto. No tan sólo fue lo que hicimos: impedimos un pequeño pelotazo urbanístico en Tablada, de 23.000 viviendas de lujo. Dinero, otra vez. O impedimos la central térmica de Punta del Verde que, de haberse aplicado y haberse hecho, hubiera afectado las patologías cardiorrespiratorias de un tercio de la ciudad. Dinero, otra vez.

Impulsaron esa cacería política por razones, como dice Coppola en 'El Padrino', no personales. Eran negocios, y había que sacarnos del gobierno, y lo consiguen, y por eso es ambivalente mi estado de ánimo

¿Cuál fue la mayor consecuencia de esas actuaciones durante aquellos años de coalición en Sevilla?

La mayor transferencia de rentas de capital a rentas sociales que se conocía, y eso exacerbó la animadversión de los promotores, del sector financiero, de los inmobiliarios y de los grandes empresarios. Y estos son, en mi opinión, los que impulsaron lo que ahora está tan de moda en la postmodernidad que se llama lawfare y que yo siempre llamé cacería política. Impulsaron esa cacería política por razones, como dice Coppola en El Padrino, no personales. Eran negocios, y había que sacarnos del gobierno, y lo consiguen, y por eso es ambivalente mi estado de ánimo, porque al final ganaron los malos. Evitaron que siguiéramos gobernando y hubo un dolor social para la ciudad y un dolor personal para nosotros, los afectados. Para conseguir además un objetivo doble, igual que el que le están haciendo ahora al gobierno del PSOE y Unidos Podemos en España. Y a ver qué sucede, porque ya hay un decurso de los golpes que ha pasado de sacar los tanques a la calle a otro tipo de cosas: Lula, Dilma, Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales y, modestamente, nosotros, con mucha anterioridad.

Consiguieron ese objetivo, sin querer ser grosero, gracias a una de las patas imprescindibles para que la operación llegara a buen puerto, que es el mercenarismo mediático. Aquí se escribieron ríos de tinta mintiendo, eso que llaman ahora fake news

Y Zoido llegó a la alcaldía aquel 2011...

Había un doble objetivo. Por un lado, sacarnos del gobierno, porque ellos, y con razón, sabían que si antes había gobernado aquí el PSOE, el PA, el PP, solos o en coalición, y no se habían hecho estas cosas que he comentado, detectaron que nosotros dimos el impulso social. Y entonces leña al mono hasta que aprenda inglés, y nos dieron la del tigre. Y el segundo objetivo era colocar a uno de los suyos, curiosamente el decano de los jueces, curiosamente el hombre que puso las denuncias y que, por cierto, no ha pedido perdón. Y consiguieron ese objetivo, sin querer ser grosero, gracias a una de las patas que fueron imprescindibles para que la operación llegara a buen puerto, que es el mercenarismo mediático. Aquí se escribieron ríos de tinta mintiendo. Eso que llaman ahora fake news. Noticias falsas. Hipérbole escandalosa de cosas. La foto del marisco. Ocultación consciente de las cosas que hacíamos en el gobierno. Porque aquí hacíamos obras de millones de euros y no se publicitaban, no fuera a ser que se contribuyera a extender lo que se estaba haciendo. Todo para conseguir que Zoido fuera alcalde, y lo consiguieron, con una mayoría histórica de concejales, para luego no hacer NA-DA.

Porque, ¿usted recuerda un solo hito, obra o infraestructura de los cuatro años del gobierno de Zoido en Sevilla? ¿Una sola? Irrelevante. Eso sí, acabó con las cosas que nosotros teníamos en marcha. Y después, como decía mi madre, es de bien nacidos ser agradecido: una vez en la alcaldía, Zoido concedió contratos de publicidad millonarios a uno de los medios que habían sido clave en la campaña de la cacería política. Y digo más: aquí se hizo una televisión local, que se llamaba Sevilla Televisión, que todas las noches durante meses nos daban caña, especialmente a mí, pero también a mi grupo y al gobierno de coalición. Eso costó un millón y medio de euros. Cuando consiguieron el objetivo, la cerraron. Y ese es otro escalón más para argumentar que en Sevilla se ensayó una operación de cacería política que se ha ido extendiendo en este país y que ya está en marcha, hoy y meses atrás, contra el Gobierno de coalición en España. Fuimos un laboratorio de ese tipo de operaciones.

Creo que son momentos históricos que exigen acuerdos sí o sí de las fuerzas de izquierda. Lo que está sucediendo en nuestro país, que comenzó en Sevilla como ensayo y está sucediendo en este país en este momento, es de una enorme gravedad

Por cerrar el círculo, ¿volvería usted a la política como le piden ahora por la calle?

Quedaron cosas por hacer, pero que las hagan los que vienen detrás. Yo no he dejado de militar ni un solo día en esta clandestinidad segunda que he tenido, y sigo influyendo en política, y tengo mis resortes de intervención. No es conocido porque estaba en la clandestinidad, pero quien ha puesto en marcha las redes de activistas de Izquierda Unida he sido yo. Pero creo que segundas partes no fueron buenas. Yo racionalizo, desde el punto de vista del materialismo y la dialéctica racional, las batallas se ganan y se pierden y esta la ganaron los malos. Esto puede parecer un derrotismo, pero en ningún caso, simplemente es el análisis correcto y asumo que ganaron ellos en esta pelea.

Voy a ayudar a mi fuerza política, a la izquierda. Creo que son momentos históricos que exigen acuerdos sí o sí de las fuerzas de izquierda. Lo que está sucediendo en nuestro país, que comenzó en Sevilla como ensayo y está sucediendo en este país en este momento, es de una enorme gravedad. Y no está en cuestión si una ley es más avanzada o menos avanzada, o si el salario mínimo tiene que tener un duro más o un duro menos. Lo que está en cuestión es la democracia, las libertades, aunque parezca apocalíptico, pero en este país poca gente se da cuenta de ello.

Y por eso voy a seguir trabajando para defender un discurso integrador, de síntesis, de encuentro, de concurso y de consenso de las fuerzas transformadoras. Voy a seguir haciendo política, y de hecho no lo he dejado de hacerla en este tiempo, pero no voy a volver a la política institucional. Creo que segundas partes no fueron buenas. Creo que la gente de mi organización lo va a hacer bien, y ojalá se llegue a un acuerdo político unitario de la izquierda transformadora. Yo he sido derrotado en esta pelea, pero no vencido. Puede parecer igual, pero no es idéntico, y voy a seguir dando la pelea, que no quepa la menor duda. No es una amenaza, ni una chulería, sino la constatación en una entrevista de mi compromiso ideológico y político que viene desde que tengo 18 años.

Faltan 600 días para las elecciones municipales. El dato lo ha aportado el propio candidato in pectore del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, que desde Twitter ha empezado a dar cuenta de sus primeros pasos en la labor de oposición que ahora inicia al actual gobierno socialista de la ciudad con Juan Espadas al frente. Pero al margen de recorrer Sevilla en moto para conocer mejor sus problemas, la primera tarea de Sanz es más de despachos y consiste básicamente en cerrar las heridas en el PP sevillano para que pase página definitivamente tras el traumático congreso provincial de marzo.

El candidato todavía no tiene la oficialidad del nombramiento solemne por parte de su partido, pero viene ejerciendo como tal desde bastante antes de que el pasado lunes renunciase a la Alcaldía de Tomares. “Tengo 600 días para dedicarme en cuerpo y alma a la ciudad”, anunciaba en un tuit, y tiraba de un estilo muy parecido al del último alcalde del PP, Juan Ignacio Zoido, al reivindicar montado en su moto que se arreglen los baches de la calle Antonia Díaz. La anécdota recuerda a las formas de hacer oposición de un por entonces candidato que hacía muchas denuncias minimalistas y que patentó lo que dio en llamar efecto Zoido.

Un Zoido, por cierto, con el que Sanz mantiene una estrecha relación con el peligro que ello conlleva para él de que acaben presentándolo como su heredero. Porque además tanto Zoido como Sanz se alinearon en el último congreso con la presidenta provincial del partido, Virginia Pérez, que logró la victoria. Y aquí es donde Sanz tiene que empezar a hilar fino si quiere ganarse el apoyo de todo el PP sevillano, lo que pasa por acelerar una cicatrización en forma de integración.

El mensaje de la cohesión interna

El mensaje ya se lo ha hecho llegar desde el propio Ayuntamiento el último aspirante del PP a la Alcaldía, el todavía concejal y hasta hace poco portavoz municipal, Beltrán Pérez, que ha incidido en la importancia de poner en marcha un proyecto “de integración y cohesión interna”. La cuestión es especialmente importante si se tiene en cuenta que tras los perdedores en la batalla orgánica provincial está el PP regional y el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Un Moreno Bonilla que en cuestión de días le ha dado su doble bendición, la primera con un paseo y una cerveza en el centro de Sevilla y la segunda en la Convención Nacional del partido, al augurar que será “el futuro alcalde”. Algo, añadió, que comparte con el líder nacional, Pablo Casado.

Reforzarse ante el PP regional

“Si se deja a alguien fuera, las posibilidades de recuperar la Alcaldía serán menos”, subrayaba Beltrán Pérez en una entrevista en la Cadena SER. Así que Sanz tendrá que tirar de mano izquierda para ganarse a los perdedores de aquel congreso y, de paso, reforzar su posición ante un PP regional que maniobró todo lo que pudo para que el candidato no fuese a él, aunque acabó imponiéndose el criterio de la presidenta provincial… gracias al apoyo explícito de Génova.

A todo esto se añade el posible papel de un Javier Arenas al que, por mucho que insista en que se ha jubilado de estas peleas, siempre hay que tener en cuenta cuando se trata del PP sevillano. Aunque no se posicionó públicamente, Arenas estuvo con la candidatura que resultó perdedora en el congreso provincial y a ello se añade que en su momento fue mentor de Sanz, por mucho que ahora estén distanciados. Claro que Arenas fue mentor en su momento de buena parte del PP sevillano y andaluz…

Las primeras recetas del candidato

Así que Sanz tiene ante sí el reto de armar este puzzle con tantas piezas (y tan complejas) para incrementar sus opciones de victoria, que también vendrán en parte condicionadas por el candidato por el que finalmente se incline el PSOE. Por lo pronto, el candidato popular ejercía por primera vez como tal en una entrevista en la COPE, en la que utilizaba como argumento principal que desde 2015, cuando Juan Espadas llegó a la Alcaldía, Sevilla “ha ido perdiendo el pulso frente a otras ciudades”.

¿Y cuál es su receta para combatir esta situación? Pues desarrollar los proyectos pendientes en materia de infraestructuras y equipamientos, promover un “turismo de calidad” y frenar la “degradación progresiva” de los espacios públicos. Junto a ello, combatir la situación de los seis barrios de la capital andaluza que figuran entre los 15 con menor renta neta media anual por persona de toda España.

Pero como todo gran camino empieza por un primer paso, en su debut como candidato pedía que se arreglaran unos baches. “Faltan 600 días para las elecciones municipales, un tiempo en el que voy a mirar a Sevilla como cualquier sevillano, y también lo haré desde mi moto”, anunciaba en Twitter. Efectivamente, ante sí tiene mucho trabajo de calle, aunque lo primero será arreglar las cosas en los despachos y de puertas para adentro. 

La Oficina Nacional para la Igualdad de Género (ONIG) fue creada en la Policía el 2 de febrero de 2018, durante el mandato de Juan Ignacio Zoido en el Ministerio del Interior, con una ambiciosa lista de objetivos para erradicar cualquier discriminación de las mujeres en el Cuerpo. Veinte meses después, el principal logro de la ONIG es un tríptico informativo dedicado al lenguaje inclusivo, según reconoce la actual Dirección General de la Policía. Los principales objetivos de la Oficina, un diagnóstico de la problemática en la Policía y un plan contra la desigualdad, continúan en elaboración sin que esté prevista una pronta culminación de cualquiera de los dos.

En este año y medio, la ONIG se ha dotado de personal y ha nombrado delegadas a nivel periférico, esto es, en las distintas jefaturas del Cuerpo. Más allá de eso, una memoria a la que ha tenido acceso eldiario.es sigue enunciando planes a medio plazo. La Dirección de la Policía cifra en un 11% el número de agentes que ha recibido formación por parte de la ONIG en materia de igualdad desde febrero de 2018.

En el texto se explica la creación de una nueva Área de Derechos Humanos e Igualdad y la integración en ella de la ONIG. “En vista del gran trabajo realizado por esta Oficina, y teniendo en cuenta que el derecho a la igualdad es uno de los Derechos Fundamentales, es por lo que la Policía Nacional estimó necesario continuar avanzando en la implementación del respeto por los Derechos Humanos en nuestra institución, mediante la creación en enero de 2019 del Área de Derechos Humanos e Igualdad”, recoge el texto.

La actual Dirección de la Policía, por tanto, ha decidido integrar el órgano específico contra la discriminación de la mujer, uno de los temas que acapara la agenda social, en otro más amplio, de nueva creación y denominación tan genérica como los Derechos Humanos. El documento asegura que la Policía es la Fuerza de Seguridad del Estado con más mujeres, un total de 9.603. La Guardia Civil cuenta con un plan de igualdad desde el pasado mes de julio.

A los veinte meses de creación, la ONIG habla de “fomentar la visualización y empoderamiento de las mujeres policías nacionales” y añade: “Este objetivo se alcanzará mediante el impulso y participación en campañas de reconocimiento y liderazgo de mujeres policías nacionales”.

Respecto al diagnóstico de la situación de las mujeres, la Policía dice que está estudiando la situación en los últimos seis años en cuanto al ingreso en la escala básica y ejecutiva, con un desglose de cuántas se presentan y cuántas aprueban, un estudio sobre la conciliación en relación a cuántas peticiones de permisos y excedencias se han dado y la participación de la mujer en la formación interna. Otro de los objetivos que no se ha cumplido desde 2018 es la creación de una página web con un “buzón de sugerencias” y de un “grupo multidisciplinar” para elaborar “un protocolo de actuación ante casos de acoso sexual y por razón de sexo”.

La memoria, por contra, se explaya en las exposiciones realizadas por varios puntos de la geografía española en el 40 aniversario de la mujer en la Policía y en una gala conmemorativa que se celebró para reconocer a las “42 mujeres pioneras de la Policía Nacional”.

El contenido de los correos electrónicos incautados al líder del sindicato Unión Federal de Policía (UFP) revela la existencia de atajos y favores en el funcionamiento interno del Cuerpo, ya sea en las oposiciones de acceso, para acceder a un destino privilegiado o conseguir una medalla. Esos mensajes están incluidos en un informe de la Policía Judicial dentro de la investigación por corrupción en el sindicato UFP a su secretario general, Víctor Duque, y a uno de sus colaboradores.

En el intercambio de los mensajes con Duque destaca el comisario Manuel Javier Peña Echevarría, en ese momento jefe central de Recursos Humanos, uno de los cuatro máximos responsables de la Policía y que estuvo en las quinielas del equipo de Juan Ignacio Zoido para ser director operativo del Cuerpo. Peña Echeverría se compromete con el líder sindical a bordear los requisitos y que un tal Juan pueda obtener una medalla.

“Buenos días, Víctor, me estuvo diciendo Teba que querías proponer para una CB –Cruz Blanca– a Juan, pero que tenía algún problema porque no tenía las diez felicitaciones. Míralo y si es así, coméntame cuantas le faltan y miramos como se podría arbitrar, si tú tienes interés”, reza uno de correos citados en el informe policial, del pasado marzo, en el que Peña Echeverría se dirige a Víctor Duque.

Los investigadores de la Unidad Adscrita de Policía Judicial dicen que ha purgado los correos de la propia actividad sindical y que han “reseñado los más importantes para su investigación”. El secretario general de la UFP está imputado por malversación en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid desde hace un año y medio. A Víctor Duque se le acusa de haber gastado dinero del sindicato, procedente de las cuotas de afiliados y las subvenciones públicas, en llevar una vida de lujo. También está imputado su secretario de Organización y Finanzas, José Manuel Heredia.

Consultado por eldiario.es, Duque asegura que el mensaje referido está amparado por una resolución interna que establece que los sindicatos serán oídos y participarán en el proceso de concesión de medallas. Esa resolución es de 2012 y en la misma también se indica que las propuestas deben ir dirigidas por escrito al Consejo de la Policía, órgano de relación entre sindicatos y administración, y de ahí a la Junta de Gobierno.

Duque afirma que el aludido es un recién jubilado que no contaba con felicitaciones porque es una figura que no existía en sus primeros años de servicio y que solo intentaba con su contacto personal con Peña Echeverría equiparar otros reconocimientos al requisito que establece la ley. El contacto no se hace por el canal oficial, se habla de “arbitrar” para evitar el reglamento y el jefe de Recursos Humanos lo atribuye a un favor personal.

La magistrada Rosa María Freire acaba de ordenar una auditoría de las cuentas de la UFP durante todo el mandato de Víctor Duque y cerrar la investigación abierta contra él y uno de sus colaboradores. En un informe policial incorporado a la causa, los agentes de la Unidad Adscrita a los juzgados de Madrid escriben: “Son muchos los pagos realizados en restaurantes de alto standing, tipo asador y marisquería, en los que se consume marisco, carne, pescado, vinos y copas de alto valor económico que no estarían justificados por una simple comida de reunión sindical, demostrando este consumo un gasto desmesurado en beneficio propio”.

En el reciente informe de los correos, los investigadores incluyen uno “remitido” a Duque por la dirección lalinea@ufpol.org. “Hoy lo estoy celebrando en el restaurante el Higueron. Ni un traidor quedará sin su merecido. Estoy orgulloso de ti. Pinedita a plantar pinos!!!! Jaaa. No podrán con nosotros NADIE!!!!”. Fuentes sindicales aseguran que 'Pinedita' es Jesús García Pineda, purgado del comité nacional del sindicato por Duque. Pese a su imputación desde hace más de un año, Duque sigue al frente de la UFP, una de las centrales que se presentan a las elecciones sindicales del próximo 19 de junio.

Aspirantes a entrar en el Cuerpo

En el informe sobre los correos electrónicos de Víctor Duque se citan otros mensajes de “compañeros” que le envían los datos sobre individuos que van a hacer las pruebas de acceso a la Policía. “Buenos días Víctor, te paso datos de un opositor: Fernando XXX, DNI: XXX, fecha de nac 05-01-1988, número de opositor 10354, fecha de la entrevista 2 de febrero de 2018”, escribe a Duque una sindicalista de la UFP en Córdoba, Azahara Vacas Alonso. El aludido afirma a eldiario.es que simplemente le pedían que se enterase de la nota de un aspirante antes de que fueran publicadas y que eso es una práctica habitual.

Otro de los mensajes incautados al líder de la UFP le es remitido por alguien llamado Pedro Rico, quien afirma: “Te mando el nombre y datos del sobrino de mi cuñado que va a la entrevista el día dos”. En el mensaje se adjuntan dichos datos y la entrevista es el mismo día que para el anterior peticionario. Duque asegura que el motivo es el mismo, conocer la nota con antelación a su publicación. Sin embargo, el remitente le envía la información del aspirante antes siquiera de que se examine.

Con Duque al frente, la UFP fue un sindicato muy próximo a Eugenio Pino, el director adjunto operativo de la Policía durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Pino es el artífice de la brigada política contra la oposición. Si los destinos en las embajadas y las medallas habían sido una práctica encubierta de gratificación a policías afines, con Pino esto adquirió una nueva dimensión. Sus acólitos de la policía política fueron todos condecorados y repartidos por destinos dorados antes de que él se jubilara. Con el PP en el Gobierno y Pino al frente de la Policía se creó una suerte de 'club de los diezmileuristas', en pago a los servicios parapoliciales prestados durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.

Afiliado históricamente al sindicato de los mandos, el SPP, Pino acabó en la UFP de Víctor Duque, central que asistió jurídicamente al número dos de la Policía hasta que éste optó por el despacho de Baltasar Garzón para la defensa de su imputación por haber ordenado el espionaje con fondos públicos a Luis Bárcenas. Además, el SPP y la UFP fueron los dos sindicatos que firmaron una querella contra Artur Mas por el referéndum del 9 de noviembre de 2014. La querella, sin embargo, fue ideada e impulsada desde la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino, la sala de mandos del Cuerpo. La abogada del SPP que ejerció la representación letrada de la acusación popular, fue condecorada posteriormente por la Policía.

En un correo electrónico, un tal Salvador Gutiérrez escribe a Duque: “Adjunto te remito la instancia de solicitud de Embajadas, indicándote que en septiembre queda libre la de Bruselas. No obstante hace falta el Curso de Embajadas como primer paso, tal y como tú conoces. Rodrigo te llevará la suya esta semana y la mía convenientemente firmada y con la fotografía”. Víctor Duque defiende que la representación de los afiliados está incluida en la Ley de Régimen de Personal de 2015 y que esa función ampara que le busquen destinos a sus afiliados. También asegura que en este caso tampoco consiguió su objetivo.

El señor X que ordenó iniciar y parar las cargas del 1-O no se ha descubierto este lunes. El ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto ha seguido los pasos de su antiguo jefe y ha descargado en los mandos operativos de la Policía Nacional y la Guardia Civil la responsabilidad de la actuación policial el 1-O. Pero a diferencia del exministro Zoido, Nieto ha protegido al coordinador del dispositivo policial, Diego Pérez de los Cobos, desvinculándolo de decisiones operativas del dispositivo. Pérez de los Cobos declara este martes y su testimonio es clave para sustentar la acusación de rebelión.

El número dos del exministro Zoido ha acudido a declarar como testigo al Tribunal Supremo con un conocimiento extenso de lo ocurrido en las fechas críticas del procés. Estuvo en Barcelona una semana antes del 1-O y siguió el día votación desde el centro de operaciones de la Delegación del Gobierno. Y lo más importante: Nieto dictó la instrucción general a todos los agentes (consultable al final de esta información) sobre cómo debía intervenirse el 1-O.

Sin embargo, en su declaración como testigo este martes en el Tribunal Supremo, Nieto ha rebajado la importancia de su propia instrucción y se ha desmarcado de su ejecución. Según ha dicho, fueron los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil los que “tenían diseñadas las actuaciones, y las actuaciones se iban produciendo”. Es decir, Nieto ponía la teoría, pero los mandos la práctica.

Zoido dejó la decisión de ordenar las cargas del 1-O en los mandos “operativos” de Policía Nacional y Guardia Civil y el coordinador del 1-O, el por entonces coronel de la Guardia Civil y director del gabinete de coordinación y estudios de la secretaria de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos. Los cargos políticos del Ministerio, como Nieto, no tuvieron ningún poder de decisión, afirmó Zoido.

A diferencia de Zoido, Nieto no ha incluido a Pérez de los Cobos entre los responsables de las decisiones concretas del 1-O. “Coordinar no es mandar”, ha defendido Nieto a preguntas del abogado Joaquim Forn, Xavier Melero. Entre las funciones de Pérez de los Cobos, ha reiterado Nieto, “no estaba ordenar algo, sino constatar que el despliegue [de los Mossos] era insuficiente”. Fueron los “responsables operativos de cada unidad” policial, ha continuado Nieto, los que decidieron intervenir el 1-O en cada colegio.

“Criterios puramente operativos”

“Los jefes de cada uno de los cuerpos y los responsables de las distintas unidades, en base a criterios puramente operativos, determinaron la actuación en los colegios y su distribución en función de la cercanía entre unos y otros”, ha aseverado Nieto. Dicha información, han indicado fuentes judiciales a este diario, no se ha aportado al juzgado de instrucción Barcelona que investiga la actuación policial del 1-O en la ciudad. A preguntas de las defensas, Nieto ha negado que los criterios “operativos” incluyeran cargar en los colegios donde tenían que votar Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Artur Mas y otros líderes soberanistas.

También fueron los propios mandos policiales los que decidieron dejar de intervenir en la tarde del 1-O, aunque la jueza había instado a impedir el referéndum durante todo el día. En este sentido, Nieto ha querido dejar claro que no hubo “ninguna orden política o de la autoridad judicial” para que cesaran las actuaciones en los colegios. Fueron los mismos “responsables operativos de cada unidad”, ha reiterado, los que consideraron “más útil replegarse”.

Los motivos por los que Nieto ha explicado esta decisión ya habían sido expuestos en varios informes por Pérez de los Cobos en los juzgados catalanes que investigan la actuación policial: las grandes concentraciones de votantes hicieron que se priorizara “la seguridad de los agentes” a la “eficacia” del cumplimiento de la orden del TSJC para impedir el referéndum. Por contra, Zoido dijo desconocer los motivos que llevaron a frenar la intervención policial e instó a preguntar por ello a “los operativos”.

Pese a que hay más de treinta agentes imputados por su actuación del 1-O –por ejemplo, por aporrear en la cabeza a votantes, algo que Nieto ha dicho que no le consta que sucediera–, el exsecretario de Estado de Seguridad ha dicho que los agentes intervinieron haciendo “el uso mínimo imprescindible de la fuerza”. “Si se hubiera querido hacer un mayor uso de la fuerza, hubiéramos estado amparados por la ley”, ha remachado.

¿Quién sabía cuántos Mossos impedirían el 1-O?

A diferencia de Rajoy y sus exministros, la Fiscalía sí propuso a Nieto como testigo. Con ello el Ministerio Público quiere reafirmar sus dos principales tesis sobre la rebelión. Por un lado, el alzamiento violento en forma de “masas tumultuarias” en los colegios preparadas para impedir la labor policial. Por el otro, la dejación de funciones de los Mossos, supuestamente confabulados con el Govern para facilitar y no impedir el 1-O.

Nieto ha confirmado estas dos tesis, aunque en el primer caso ha hecho una vinculación genérica, a preguntas del fiscal Zaragoza, entre las “masas” y la ANC y Òmnium. A preguntas de las defensas de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que ejercen Jordi Pina y Benet Salellas, Nieto ha matizado que “se infería” que las concentraciones estaban auspiciadas por ANC y Òmnium porque “un número importante” de asistentes estaban vinculados a ambas entidades. “Un número importante de policías y guardia civiles recibieron golpes, vallas, bancos y adoquines”, ha agregado.

Nieto se ha empleado más a fondo para cargar contra el dispositivo de los Mossos d'Esquadra, del que no ha dudado en señalar que fue “insuficiente” y encaminado a “legitimar” el referéndum, más que a impedir su celebración. “Estoy convencido de que si los Mossos de forma clara hubiesen manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial el referéndum no se hubiese celebrado”, ha aseverado.

No obstante, el abogado de Forn, Xavier Melero, ha logrado que Nieto señalara a Pérez de los Cobos como el encargado de determinar si el dispositivo de los Mossos era insuficiente, lo que eleva la importancia de su testimonio. Así, Pérez de los Cobos deberá responder si consideró insuficiente el dispositivo de la policía catalana antes del 1-O.

Y es que los Mossos d'Esquadra en sus sucesivos informes aportados al TSJC (la foto que acompaña a esta información) han asegurado que Pérez de los Cobos dio “el visto bueno” el 29 de septiembre a su dispositivo policial, que contó con 5.400 agentes uniformados de seguridad ciudadana, 850 efectivos de investigación y 900 antidisturbios.

De hecho, Nieto ha afirmado “desconocer” con antelación el número de agentes que los Mossos planearon movilizar el 1-O y ha descartado que algunos colegios amanecieran cerrados por las visitas que durante todo el fin de semana patrullas de la policía catalana realizaron en los días previos. Y al tiempo que criticaba a la policía catalana, Nieto ha reconocido que no se dejó de “prescindir” de los mecanismos de coordinación entre cuerpos el 1-O, en los que el número dos de los Mossos, Ferran López, daba cuenta a Pérez de los Cobos de las actuaciones de la policía catalana.

Incluso fue culpa de los Mossos, a criterio de Nieto, que se incumplieran algunos puntos de su propia instrucción. Por ejemplo, el que fijaba que ante grandes concentraciones de personas en los colegios, las unidades de Policía Nacional o Guardia Civil se replegarían a “puntos seguros”, recayendo la intervención en las unidades de orden público de los Mossos d'Esquadra. Ocurrió lo contrario: los antidisturbios de los Mossos ni se vieron en los colegios el 1-O, mientras los de Policía Nacional y Guardia Civil se emplearon a fondo. Aunque, según Nieto, no fueron “técnicamente cargas”, sino “un empleo de la fuerza”.

¿Quién dio la orden de cargar (y dejar de cargar) el 1-O? Según el exministro del Interior y responsable último de los cuerpos policiales el 1-O, Juan Ignacio Zoido, fueron los mandos “operativos” de Policía Nacional y Guardia Civil y el mando único del 1-O, el por entonces coronel de la Guardia Civil y director del gabinete de coordinación y estudios de la secretaria de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos. Los cargos políticos del Ministerio no tuvieron ningún poder de decisión, ha afirmado Zoido este jueves en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo.

Zoido ha seguido la estela del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y se ha desentendido por completo de los detalles del operativo policial del 1-O. “Yo he tenido por costumbre no diseñar ni valorar los dispositivos de seguridad”, ha sostenido el exministro a preguntas de Xavier Melero, abogado del exconseller de Interior, Joaquim Forn.

El exministro ha subrayado que no fue él quien dio la orden de “lo que tenían que hacer” los dispositivos policiales, después de que Melero le haya preguntado si mandar a los 6.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil a cerrar los 2.300 colegios electorales del 1-O no era “enviarlos al matadero”.

“Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer”, ha manifestado Zoido, quien ha querido dejar claro que la orden de intervenir vino de “los operativos”, esto es, Pérez de los Cobos y los jefes de Policía Nacional y Guardia Civil en Catalunya, Sebastián Trapote y Ángel Gozalo. También fueron ellos, según Zoido, los que “decidieron dejar de actuar”. “Y ellos sabrán por qué decidieron hacerlo”, ha remachado.

Pérez de los Cobos comparecerá como testigo el próximo miércoles. Hasta ahora, el mando único que coordinó a todos los cuerpos policiales durante el 1-O ha seguido la misma estrategia que Rajoy y Zoido, y los sucesivos informes aportados al juzgado de Barcelona que investiga la actuación policial ha dejado la responsabilidad última de las cargas en manos de los mandos que intervinieron sobre el terreno.

Respecto a la supuesta dejación de funciones de los Mossos, Zoido ha explicado que Pérez de los Cobos confió hasta el 1-O en que la policía catalana cumpliría las órdenes judiciales para impedir el referéndum. Por contra, el ministro ha dicho que él sí tenía “dudas”, que confirmó el día del referéndum ante un dispositivo “totalmente insuficiente” de la policía catalana. Tampoco se ha ahorrado críticas hacia el exmajor Josep Lluís Trapero: “El señor Trapero no era muy colaborador y no le gustaba la coordinación del señor Pérez de los Cobos”.

La “convivencia ciudadana”, según Zoido

Zoido también ha interpretado el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que ordenó a los cuerpos policiales impedir el 1-O garantizando al mismo tiempo la “normal convivencia ciudadana”. El exministro ha reiterado que no fueron las cargas policiales las que rompieron la convivencia, sino los “problemas” que encontraron los agentes debido a las “masas organizadas” que intentaron impedir la actuación policial “sentándose en el suelo con los brazos entrelazados”. En otros casos agredieron a los agentes (aunque Zoido no ha podido precisar el número de agresiones).

Al igual que Rajoy, Zoido ha culpado a los acusados y al resto de independentistas de provocar la intervención policial por haber llamado a la participación en el 1-O una vez el referéndum ya estaba suspendida.  “No debe culparse a la Policía y la Guardia Civil. Deben asumir la responsabilidad quienes alentaron el referéndum”, ha aseverado, tras elogiar la actuación “proporcionada” y “racional” de ambos cuerpos el 1-O.

“Hubo resistencia activa y organizada en muchos colegios para impedir con la obligación legal de las Fuerzas de Seguridad”, ha expuesto Zoido. “Ninguna imagen [de las cargas] es agradable, pero en ocasiones para restablecer el orden legal y constitucional y dar cumplimiento no hay más remedio que emplear de manera razonable la fuerza”, ha cerrado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado el reparto de un complemento por productividad por importe de 1,1 millones de euros para directivos de Instituciones Penitenciarias, aprobado en la etapa de Ángel Yuste al frente de Prisiones y con Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior.

En la sentencia, con fecha de 14 de noviembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, se considera que la decisión adoptada con Ángel Yuste como secretario general de Instituciones Penitenciarias es contraria a derecho, ya que el reparto fue tomado sin ningún tipo de negociación colectiva con los representantes de los trabajadores.

La sentencia confirma el fallo de 17 de abril de 2018 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7, que fue recurrido por la Abogacía del Estado. Fuentes de Interior en la etapa de Zoido justificaron el reparto de productividad remitiéndose a la Instrucción 3/2013, de 25 de octubre, sobre jornada y horario del personal de Servicios Periféricos.

En concreto, desde Interior se explicó que se trataba de la distribución de un excedente y que se aprobó por el órgano competente, mediante resolución administrativa motivada y pública, informándose previamente a los legítimos representantes de los trabajadores en reunión convocada única y exclusivamente a estos efectos.

Sin embargo, la Sala condena a la Administración al pago de costas y repasa en su fallo las diferentes instrucciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para concluir que esto “no puede pretender eludir la negociación so pretexto de un eficaz funcionamiento de la Administración”. La sentencia puede ser recurrida en casación en el plazo de 30 días.

En 2017 la Administración Penitenciaria anunció que se distribuiría únicamente entre determinado personal directivo 1,1 millones de euros en concepto de productividad, una decisión denunciada por los sindicatos al entender que era unilateral y tomada sin ningún tipo de negociación.

Tras conocer el fallo, fuentes de CSIF han destacado que la sentencia refuerza su labor en el conflicto por el que, junto con otros sindicatos, reclaman mejoras laborales, lo que les ha llevado a plantear jornadas de huelga contra el actual Gobierno del PSOE.

La demanda se planteó al entender los funcionarios de prisiones que la Administración Penitenciaria no podía “regalar de forma lineal y masiva un sobresueldo” entre directores, gerentes y altos cargos de centros penitenciarios, recurriendo a una “vía clientelar y opaca” mientras las retribuciones de los trabajadores estaban congeladas y muchos habían perdido poder adquisitivo.

La cúpula policial del exministro Juan Ignacio Zoido ha sido premiada con medallas pensionadas por el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La distinción−medallas al mérito policial con distintivo rojo− conlleva una pensión vitalicia equivalente al 10% del sueldo base.

Según la resolución publicada este viernes, Marlaska ha condecorado a tres miembros de la que fuera la jefatura operativa de la Policía Nacional en la etapa de Zoido: los comisarios principales José Antonio de la Rosa, Juan Carlos Ortiz Argüelles y Manuel Javier Peña Echeverría. La Policía también ha reservado una medalla roja para una persona ajena a la Corporación: se trata Jesús Alonso, fiscal jefe en la Audiencia Nacional.

José Antonio de la Rosa, hombre fuerte del exministro, fue elegido en 2017 comisario principal para dirigir la Jefatura Central de Seguridad Ciudadana y Coordinación que hasta ese momento asumía el director adjunto operativo. Antes, de la Rosa fue jefe de seguridad del exministro del Interior en su etapa como alcalde de Sevilla. Zoido situó también como máximo responsable de Información, Investigación y Ciberdelincuencia en 2017 a Juan Carlos Ortiz Argüelles y a Manuel Javier Peña Echeverría -antes jefe superior de Policía de Castilla y León- como jefe de la División de Formación.

La norma establece que para ser merecedor de la 'roja', que conlleva una pensión vitalicia equivalente al 10% del sueldo base, el beneficiario debe haber resultado herido en acto de servicio o realice un hecho que ponga de manifiesto un alto valor en el funcionario. Es costumbre que se premie a mandos jubilados, algo que se repite en la orden que firma el ministro Marlaska, que reconoce a Mariano Germán Simancas, asesor del director general con el último Gobierno del PP.

A su llegada al Ministerio, Marlaska deshizo el orgranigrama diseñado por su predecesor y aprobó el regreso de la figura del director adjunto operativo. Así, se modificaron las cuatro antiguas jefaturas centrales de la Policía aprobadas por Zoido -Seguridad Ciudadana y Coordinación; Información, Investigación y Ciberdelincuencia; Recursos Humanos y Formación; y Logística e Innovación- para retomar la denominación de Subdirecciones Generales.

Premio al jefe policial el 1-O

Fernando Grande-Marlaska ha firmado también la propuesta para conceder la medalla al mérito policial con distintivo rojo al que fue el jefe de la Policía en Cataluña durante el dispositivo del 1-O, el comisario ya jubilado Sebastián Trapote.

En la lista de las medallas con distintivo blanco para personas ajenas a la Policía -y sin recompensa económica- figuran como otros años diferentes autoridades del mundo judicial, entre ellos el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Cataluña, Pedro Javier Ariche Axpe, que fue promocionado desde la Fiscalía de Barcelona el pasado mes de mayo.

Se premia igualmente con una 'blanca' a diferentes jueces, entre ellos Rosa María Freire Pérez, la instructora del caso de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas. Figuran en la lista otros magistrados como José Julián García de Eulate López, titular del Juzgado de instrucción 30 de Barcelona, así como los fiscales José Miguel Alonso Carbajo (Especial de Corrupción y Crimen Organizado), Ignacio Miguel Lucas Martín (Antidroga de la Audiencia Nacional) o Ana Belén Gil Muñoz (de la Provincial de Barcelona).

Condecoraciones cuestionadas por su arbietrariedad

Los premios han sido objeto de polémica en el pasado al cuestionar algunos sectores policiales la arbitrariedad de las mismas, tanto en las 'pensionadas' con el distintivo rojo para funcionarios del Cuerpo como en las de distintivo blanco, que incluye a personas ajenas a la institución.

Una de las cuestiones que se denuncia es que estas cruces al mérito policial se entreguen de acuerdo a la Ley de Condecoraciones Policiales, en vigor desde 1964, antes de la aprobación de la Constitución. En la lista figura Alfonso Cid Alguacil, comisario principal en Alicante que es cuestionado por parte de su plantilla y algunos sindicatos policiales.

El exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha reconocido que “cuando se analizan con posterioridad”, algunos de los hechos que rodean los atentados terroristas del 17A de Barcelona y Cambrils, puede haber “lagunas”. “Hay aspectos que se tendrán que dilucidar durante la instrucción como qué sucedió con la explosión de la casa en Alcanar y cómo fueron las siguientes horas en la coordinación de los cuerpos” ha admitido en una entrevista este jueves en 'Espejo Público'. 

A pesar de estas palabras, Zoido ha reiterado que “la coordinación fue muy buena, como todo, siempre es susceptible de mejorarse, hay que llamar a la tranquilidad”. “Puede haber determinadas versiones pero antes y ahora voy a reclamar el respeto por la coordinación de las fuerzas de seguridad, he podido comprobar que es buena y tenemos que demostrar unidad de todos frente al terrorismo”, ha añadido.

Sobre los actos de conmemoración del primer aniversario de los atentados previstos para este viernes, el conservador ha dicho que espera que “no se repita el error del año pasado” durante la manifestación contra los atentados que califica de “vergonzoso” porque “se convirtiera en un acto exaltación del independentismo con insultos al jefe del Estado y al Gobierno”. Por eso, ha pedido a los independentistas que “la cordura y la sensatez sean las que presidan” los actos de este año. Y es que, el exministro, está convencido de que se sacó “rédito político” desde el punto de vista independentista.   

Ante la convocatoria este viernes de la ANC ante la prisión de Lledoners para homenajear a los cuerpos de emergencia y al entonces conseller de Interior Joaquim Forn, Zoido no comparte “la simbología” y cree que “no es necesario hacer una escenificación” del agradecimiento a los cuerpos y fuerzas de seguridad porque “es una provocación al Estado de derecho y a la independencia judicial”. 

En sintonía con su reivindicación del aznarismo, aquella época en la que el Ministerio del Interior era un trampolín político con destino a la carrera sucesoria, Pablo Casado ha incluido en la dirección del partido a los dos titulares de la cartera de la seguridad durante los seis años de Gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido. La decisión se desprende de cualquier complejo en el caso del primero, al que nombra secretario de Interior y Libertades después de que unas grabaciones en su despacho del Ministerio lo consagraran como conocedor y máximo responsable de las maniobras policiales contra el proceso soberanista en Catalunya.

A Fernández Díaz le persiguen un rosario de decisiones y declaraciones durante su mandato. Algunas están de plena actualidad. Cuando trascendió el patrimonio millonario del comisario José Manuel Villarejo, en ese momento en activo, el ministro del Interior salió en su defensa: “Ha prestado relevantes servicios, y es mi obligación decirlo, en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, y eso no se puede olvidar en ningún momento”.

Es la misma tesis que presentó este jueves el propio Villarejo en la Audiencia Nacional al asegurar que grabó a Corinna Zu Sayn Wittgenstein en 2015, en pleno mandato de Fernández Díaz, a las órdenes del Estado, como un servicio a éste y a la Corona. Al terminar el interrogatorio, el comisario jubilado ha sido conducido de regreso a la cárcel de Estremera, donde está ingresado desde noviembre por liderar una organización criminal.

Villarejo fue condecorado con una medalla pensionada por su participación en las maniobras policiales en Catalunya, cuya existencia llegó a reconocer en sede judicial. Al servicio de Gobiernos del PSOE y el PP, Villarejo fue un destacado agente de lo que terminó por conocerse como brigada política de la Policía, que tuvo en la Operación Catalunya su principal misión.

Los escándalos policiales fueron uno de los motivos de roce entre Fernández Díaz, del grupo de ministros amigos de Rajoy enfrentados a Sáenz de Santamaría, y la vicepresidenta. Ahora, Casado recupera a Fernández Díaz, a pesar de que brindó su apoyo a José Ramón García Hernández en las primarias del PP. Fernández Díaz fue el primer ministro del Interior para el que Interior se convirtió en una mancha en su carrera. Ahora regresa a la política tras una larga baja por enfermedad. Lejos quedan las etapas en ese Ministerio de Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy y Ángel Acebes, tres de los cuatro candidatos a suceder a Aznar, terna que completaba Rodrigo Rato.

Casado también ha llamado a Ignacio Cosidó, protagonista de la oposición más gruesa contra la política antiterrorista de Zapatero y director general de la Policía cuando ésta destinó una parte de su élite a perseguir a la oposición política, primero en Catalunya, después a Podemos. Cosidó será portavoz del Partido Popular en el Senado. Allí, en la cámara alta llamó a Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución, “alto comisionado para el diálogo y el amparo de los verdugos terroristas”. Fue el 15 de marzo de 2005. Antes de que acabara la sesión, y reprendido por el presidente de la comisión de Interior, Cosidó dijo que retiraba lo que había sido una “crítica política”.

Dos nombramientos más de Casado para la dirección del partido ponen en valor otra de las señas de identidad del Partido Popular, la supuesta encarnación de la mano dura contra el delito. La etapa Zoido, sin embargo, albergó el primer repunte de la criminalidad en una década. El secretario de Estado de Seguridad en ese periodo, José Antonio Nieto, también ha sido seleccionado por Casado para la Ejecutiva del PP, en su caso para ejercer de secretario electoral.

Bien es cierto que los nombramientos de Zoido y Nieto están vinculados directamente a la guerra del PP en Andalucía y a la derrota de Sáenz de Santamaría en el congreso nacional del partido. El primero es la cabeza visible de los partidarios de María Dolores de Cospedal en la pugna que mantenían con el sector que amadrinaba Soraya Sáenz de Santamaría. Nieto, exalcalde de Córdoba, llegó a sonar como candidato de Cospedal para intentar tomar la Junta de Andalucía, antes de que Mariano Rajoy posara su dedo sobre Juan Manuel Moreno Bonilla, el hombre de Sáenz de Santamaría.

Nieto fue en Madrid el líder del ‘clan de paisanos’ que instaló Zoido en el Ministerio del Interior para su mandato y cuyos miembros se propusieron para una medalla antes de dejar el departamento. A ese clan pertenece también Germán López Iglesias, un nombre difícil de recordar como director de la Policía por la ausencia de iniciativas o decisiones durante su periplo al frente del Cuerpo. Era algo que se desconocía en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, la misma en la que la diputada del PP Ana Vázquez, en una de las pocas ocasiones en la que su Grupo le dejó actuar como portavoz, dijo: “Los compañeros de la Policía Nacional nos sentimos orgullosos de que usted sea nuestro director”. Vázquez, efectivamente es policía, y desde este jueves, secretaria de emigración del Partido Popular.

Víctimas de ETA en la época de Aznar

En la Ejecutiva de Casado también entran dos nombres vinculados a la época que más reinvindica Casado, el Gobierno de Aznar y su supuesta inflexibilidad ante cualquier posibilidad de negociación con ETA. Se trata de Carlos Iturgaiz y Mari Mar Blanco, la cuota de integración procedente de la lista de Sáenz de Santamaría. Él era el presidente del PP vasco cuando la banda secuestró y asesinó al concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Ella es la hermana de la víctima y la ahora presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, a cuyo puesto aupó el PP para controlar las disidencias en un mundo menos uniforme de la imagen que pretende transmitir el partido conservador.

El final de ETA y la asunción de la legalidad por los miembros del colectivo de presos de la banda adelantan excarcelaciones y, de forma más próxima, los traslados a cárceles cercanas Euskadi. Casado ya ha anunciado que devolverá al PP la estrategia de hacer oposición con la política antiterrorista, ahora más correctamente política posterrorista. El aznarismo que reivindica combinó una imagen rocosa frente a cualquier cosa que no fuera la derrota policial con una negociación que llevó aparejado el mayor traslado de presos de la organización terrorista. Iturgaiz y Marimar Blanco van a áreas en las que carecen experiencia, lo que arroja otra pista de la prioridad que Casado otorgará a esas materias. Iturgaiz, será el secretario de Cooperación. Marimar Blanco, la de Igualdad.

El consejero delegado de Red Eléctrica Española (REE), Juan Lasala Bernad, figura en la lista de personas que propuso el Ministerio del Interior, con Juan Ignacio Zoido todavía al frente, para que sean condecorados con una alta distinción al mérito de la Guardia Civil. La compañía del Ibex 35 que dirige Lasala fichó a Arsenio Fernández de Mesa cuando Zoido prescindió de éste para seguir dirigiendo el instituto armado, en plena polémica por el retrato que desveló eldiario.es y en el que el entonces director general aparecía ataviado al estilo de un general del siglo XIX.

El número dos de Zoido, José Antonio Nieto, firmó una propuesta de condecoraciones el pasado 30 de mayo, que fue remitida a la Dirección General de la Guardia Civil al día siguiente, la jornada en la que se conoció el sentido del voto del PNV en la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy. En esa lista, a la que ha tenido acceso este medio, aparece Juan Lasala como único civil para el que se propone la concesión de la Cruz de Plata.

La Orden del Mérito de la Guardia Civil establece necesario para recibir la Cruz de Plata haber realizado “hechos que, sin reunir la condición de riesgo personal exigida para la Cruz de Oro, supongan una relevante colaboración con la Guardia Civil o revistan, por su naturaleza, un carácter o mérito tan relevante que requieran el alto reconocimiento y esta especial distinción”. 

El Gobierno del Partido Popular convirtió Red Eléctrica Española en una suerte de agencia de colocación para personas del partido y sus entornos. Su presidente no ejecutivo, José Folgado, fue secretario de Estado de Aznar. El propio Folgado se rodeó a su vez de colaboradores suyos en el Ministerio de Economía o en el Ayuntamiento de Tres Cantos y así hasta superar la decena de casos. Otro exsecretario de Estado, Alberto Nadal, llegó a ser consejero de REE durante unas horas, en marzo de 2012, junto al marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro. Ambos dimitieron por el escándalo generado. El mayor accionista de REE, que cotiza en el Ibex 35, es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el 20%. 

Fernández de Mesa dejó la dirección de la Guardia Civil en noviembre de 2016 y en enero de 2017 fue fichado por Red Eléctrica con un sueldo no inferior a los 150.000 euros anuales. Todos los trabajos que ‘Cuco’, apelativo cariñoso de su entorno, ha desempeñado desde los 21 años habían tenido que ver con la política. Amigo personal de Mariano Rajoy, no se separó nunca del ya expresidente, ni siquiera tras las derrotas políticas. Llegó a delegado del Gobierno en Galicia y allí tuvo que lidiar con la crisis del Prestige. “Probablemente el fuel no toque nunca la costa gallega”, dijo en rueda de prensa.

El escudero de Rajoy, de jardinero al sector energético

El episodio del cuadro fue la gota que colmó el vaso de la paciencia en la cúpula de la Guardia Civil. Generales y otros mandos criticaban en privado la ausencia de gestión durante su mandato y el interés en promocionar su imagen personal. Fernández de Mesa empezó de jardinero, pero siempre quiso ser militar, como confiesa en círculos reducidos. De ahí su interés por ser renovado como director general de una policía de naturaleza militar, objetivo que frustró la polémica del retrato.  

Quien ha tratado a Fernández de Mesa no se sorprendió que posara con 14 medallas y un bastón de mando y que pretendiera dejar ese retrato en dependencias de la Guardia Civil.. Él siempre defendió que el retrato era el regalo de un guardia civil jubilado que no le dejó pagarlo y que en ningún modo pretendía que fuera su legado para la galería de antiguos directores generales de la sede de la calle Guzmán el Bueno. 

En Red Eléctrica, Fernández de Mesa cubrió la vacante de otro responsable del PP, Agustín Conde, exalcalde de Toledo al que María Dolores de Cospedal llamó para ser secretario de Estado de Defensa. La compañía justificó el fichaje de Arsenio Fernández de Mesa por su experiencia y conocimientos en materia de seguridad integral.

El Ministerio del Interior, ni las direcciones generales de Policía o Guardia Civil, comentan en caso alguno los méritos específicos paras concesiones de este tipo de distinciones. En el caso de Lasala y todos los propuestos por el anterior Ministerio días antes de abandonarlo será el actual titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, quien rubrique finalmente o no, la concesión de las medallas de Guardia Civil. La Cruz de Plata al Mérito Civil no lleva aparejada una remuneración.

Consultada la eléctrica, fuentes de REE aseguran que desconocen la propuesta de condecoración para Lasala, pero recuerdan que “al menos dos personas” de su organigrama han sido reconocidas con medallas al mérito en el pasado por sus colaboraciones con Defensa y las Fuerzas de Seguridad del Estado, una relación que es “habitual” con el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), dependiente del Ministerio del Interior. 

En la misma lista que Lasala aparece el consejero delegado de Red Eléctrica también figuran una serie de colaboradores del propio ministro y del secretario de Estado, propuestos por éste último para que la Guardia Civil les condecore en su proxima festividad de la Virgen del Pilar. Es la lista que salió de Interior el día que Rajoy comenzó a decir adiós a la Presidencia del Gobierno.

Un escrito salido de la Secretaría de Estado de Seguridad el pasado 31 de mayo propone a la Guardia Civil un extenso listado de personas para que sean condecoradas en la próxima festividad del Cuerpo. En ese listado aparecen los más destacados miembros del equipo que Juan Ignacio Zoido trajo al Ministerio del Interior desde Sevilla. El 31 de mayo es el día en el que el PNV anunció que daba su apoyo a la moción de censura presentada por el Grupo Socialista y, por tanto, la jornada en la que el Gobierno de Mariano Rajoy fue consciente de que le quedaban horas.

eldiario.es ha tenido acceso a un escrito firmado por el anterior secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, en el que éste propone a la Guardia Civil que se recompense con cinco cruces al mérito con distintivo blanco, no pensionadas, al director de gabinete de Zoido, dos de los asesores del ministro, un asesor del propio Nieto y un asesor de la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería, entre otros.

La mayoría de los componentes de este grupo pertenecen al denominado ‘clan de paisanos’ con el que Zoido pobló el Ministerio del Interior tras su nombramiento. El jefe de Gabinete, Francisco Luis Pérez Guerrero, fue teniente de alcalde y portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla cuando Zoido era regidor de la capital hispalense.

Uno de los asesores para los que se solicita la condecoración es Santiago Martínez-Vares, el histórico jefe de prensa de Zoido en Sevilla, a quien también reclamó para su etapa ministerial. Fernando Matres, propuesto igualmente para la medalla blanca, trabajó con el anterior en comunicación en el Ayuntamiento de Zoido.

Se solicita igualmente la medalla blanca de la Guardia Civil para cuatro de los escoltas que ha tenido el secretario de Estado durante su estancia en Interior, todos ellos policías nacionales. Se trata del jefe del grupo, un subinspector, y tres policías de la Escala Básica. El tercer asesor, Guiseppe Aloisio, pertenecía al equipo de José Antonio Nieto, en el Ayuntamiento de Córdoba.

El escrito va firmado por el secretario de Estado el 30 de mayo, pero el sello del registro de salida es del día siguiente. A pesar de la firma de Nieto, fuentes ministeriales sitúan como ideólogo del documento a su director de gabinete, Jorge Sanchís, considerado el hombre del PP en la Secretaría de Estado de Seguridad. Ocupando ese puesto, el propio Sanchís ha recibido la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la blanca de la Policía Nacional en 2015 y 2016, respectivamente. Sanchís continúa en su puesto por el momento a pesar del cambio de Gobierno.

La última palabra sobre la concesión de todas estas medallas la tiene el actual equipo del Ministerio del Interior. Su concesión llevaría la firma del actual titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska. La patrona de la Guardia Civil es la Virgen del Pilar, por lo que su celebración tiene en días próximos al 12 de octubre.

La orden del mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco se puede conceder a miembros del Cuerpo u otras personas ajenas que hayan destacado por “ejecutar, dirigir o colaborar directamente en el éxito de un servicio en el que por su extraordinaria dificultad e importancia se hayan evidenciado relevantes cualidades profesionales o cívicas”, “ sobresalir con perseverancia y notoriedad en el cumplimiento de los deberes de su empleo o cargo, de forma que constituya conducta ejemplar, digna de que se resalte como mérito extraordinario”; o bien “realizar estudios profesionales o científicos, y otros hechos o trabajos sobresalientes, que supongan notable prestigio para el Cuerpo o utilidad para el servicio oficialmente reconocido.

El Ministerio del Interior, ni las direcciones generales de Policía o Guardia Civil comentan el motivo preciso por el que se concede una medalla, pensionada o no, a personal ajeno a los Cuerpos o a sus integrantes.

El policía Andrés Gómez Gordo acaba de superar las pruebas para convertirse en comisario del Cuerpo Nacional de Policía. Gómez Gordo ha dejado dos veces la Policía de forma temporal: la primera para ser director de seguridad de la Ciudad de la Justicia, el proyecto ruinoso del Gobierno de Esperanza Aguirre; y después para convertirse en la sombra de María Dolores de Cospedal cuando ésta era presidenta de Castilla-La Mancha. El tribunal que ha ascendido a Gómez Gordo estaba compuesto por la última cúpula policial nombrada por Juan Ignacio Zoido, varios de cuyos miembros pasan sus últimos días en el cargo.

El proceso de ascenso a comisario no está exento de arbitrariedad en las pruebas del supuesto práctico y la entrevista personal, según está extendido en el seno de la Policía. A la lectura del caso habían llegado 52 candidatos, de los que finalmente han quedado 27 aptos para el ascenso, entre ellos Gómez Gordo. 

Los dos tribunales que se han repartido las pruebas y un tercero, suplente, estaban presididos por los comisarios principales Manuel Javier Peña Echeverría, José Antonio de la Rosa y Juan Carlos Ortiz. Los tres llegaron a la cúpula de la Policía en noviembre pasado.

De la Rosa trabajó en el Ayuntamiento de Sevilla, en situación de excedencia, con el propio Zoido. Ortiz fue jefe superior de Castilla-La Mancha, nombrado por el Gobierno del PSOE, pero desarrollando la mayor parte de su mandato allí con María Dolores de Cospedal como presidenta autonómica. 

El nuevo ministro del Interior se plantea suprimir las brigadas centrales que dirigen estos comisarios y volver a la figura de un director adjunto operativo, uniformado, que estuviera por debajo de un director general, un político. Todos los comisarios mencionados por presidir estos tribunales del ascenso a comisarios están considerados muy próximos al PP. 

Regreso triunfal

El nuevo comisario Gómez Gordo regresó a la Policía semanas antes de que la hoy secretaria general del PP perdiera el gobierno autonómico. Su destino inmediato fue el de jefe de Sección Operativa, concretamente de vigilancias de la UDEF, un puesto que le daba acceso a la información sobre todas las operaciones contra la corrupción de la Policía.

Eugenio Pino, el director adjunto operativo que puso en marcha la policía política, amplió sus cometidos y lo integró en un reducido grupo de encargos especiales, dentro de su Dirección Adjunta Operativa. Esta es responsable, entre otros, del pseudo informe sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, bautizado como PISA, cuyo contenido despreciaron la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. A los seis meses de regresar a la Policía, Gómez Gordo fue recompensado por una medalla roja al mérito policial, que lleva aparejado un incremento vitalicio del 10% mensual. 

Entre los encargos a Gómez Gordo que han dejado constancia oficial están los expedientes contra el comisario Jaime Barrado, el policía que se atrevió a enfrentarse al agente José Manuel Villarejo cuando éste todavía era protegido por el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz. La Justicia hizo rectificar la decisión de apartar a Barrado, dictado por Ignacio Cosidó de acuerdo con los informes citados, y repuso en su puesto al comisario.

En la Ciudad de la Justicia de Aguirre

A pesar de que el proyecto de la Ciudad de la Justicia, investigado ahora por los tribunales, nunca llegó a ponerse en marcha, Gómez Gordo recibía una atribución de 6.000 euros netos mensuales. Con María Dolores de Cospedal fue nombrado director de Análisis y Documentación de la Junta de Castilla y León, pero en la práctica era su jefe de escolta y hombre para todo, según se podía comprobar en los desplazamientos de la entonces presidenta autonómica y en actos oficiales.

A aquel reducido grupo de agentes a los que Pino encargó los trabajos de la policía política pertenecían también el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago y el comisario José Manuel Villarejo. El primero disfruta todavía de un destino privilegiado en La Haya y el segundo se encuentra en la cárcel de forma provisional acusado de liderar una organización criminal. Gómez Gordo está considerado en la Policía miembro del entorno de Villarejo y ambos son próximos al empresario Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal.

Gómez Gordo no logró ascender a comisario en la anterior convocatoria, a pesar de que había comentado en círculos policiales que iba a ocupar un puesto destacado en la UDEF una vez le llegara el ascenso. Enemistades en el seno de la cúpula policial frenaron el ascenso que se consumó este miércoles.

La labor de los 62.539 policías nacionales que hoy están en activo ha quedado ensombrecida en los últimos seis años por la utilización política que los Gobiernos del Partido Popular han hecho de algunas de sus unidades de élite. La persecución sin control judicial del soberanismo, primero; y el intento de vincular a Podemos con una ficticia financiación irregular, después, hicieron que la UDEF, Asuntos Internos o la Dirección Adjunta Operativa irrumpieran en los titulares con funciones muy distintas a las que tienen asignadas.

Con Juan Ignacio Zoido cesó la actividad de la policía política que se creó en el mandato de Jorge Fernández Díaz, pero sus antiguos dirigentes siguieron disfrutando de sus condecoraciones remuneradas, otros siguen en puestos relevantes y un último grupo disfruta en el extranjero de destinos dorados. Mientras eso ocurría, la Guardia Civil abanderaba la lucha contra la corrupción, incluidos políticos y administraciones del Partido Popular.  

El principal y casi único movimiento de Zoido en todo este enjambre fue una reestructuración por sorpresa, el pasado verano, de la estructura de Policía y Guardia Civil. Eso implicó la eliminación de la figura del director adjunto operativo, que en el caso de la Policía tanto daño había causado a la institución. El penúltimo ocupante de ese puesto, Eugenio Pino, es hoy un comisario jubilado, con un perfil ultra al que el PP recompensó su fiel colaboración cuando estaba en la oposición con el mando operativo del Cuerpo. La policía política es obra suya. Su recompensa el día que se jubiló fue la máxima condecoración a un agente en vida con un 15% más de asignación mensual.

Fernando Grande-Marlaska ya tiene encima de la mesa la propuesta de eliminar el sistema implantado por Zoido, de jefes de brigadas centrales dependientes de un director general ‘político’, sin la intermediación de un director operativo (DAO). El nuevo ministro se plantea recuperar la figura de esos directores operativos, uniformados ambos, por debajo de los directores generales, y ejerciendo de líderes de cada uno de los Cuerpos. Se trata simplemente de no caer en el error de repetir en esos cargos una figura como la de Pino. El ministro ya dispone de varios nombres con perfiles opuestos al del comisario jefe de la Policía con el PP.   

Por otra parte, responsables del Ministerio en otras épocas del PSOE le han recomendado que no recupere el modelo socialista del mando único, el de un director ‘político’ para ambos cuerpos, por el sinsabor que dejó la época de Joan Mesquida, según ha podido saber eldiario.es de fuentes del departamento. 

La actuación del PP respecto a la Policía deja un edificio con una fachada por reconstruir. El comisario Pino quiso para sí una suerte de CNI secreto con el que desbordar las tareas de policía judicial que la Ley encomienda al Cuerpo. Para ello se sirvió de la unidad cuya actividad es más secreta, la de Asuntos Internos, la encargda de investigar a policías descarriados. Asuntos Internos, con el comisario Marcelino Martín-Blas a la cabeza, comenzó por acosar a los agentes que avanzaban en la investigación de la corrupción del PP en los casos Gürtel y caja B y siguió investigando a ciudadanos ajenos a la Policía. 

El malestar de la cúpula de Interior con los mandos que no detuvieron investigaciones contra el PP le costó el puesto a dos comisarios generales de Policía Judicial. Con excusas de reestructuraciones internas, el Ministerio del Interior de Fernández Díaz cortaba cabezas a su antojo en función de sus intereses partidistas.

'Operación Cataluña'

Entre tanto se disparó el proceso soberanista y Asuntos Internos acabó trabajando sobre el terreno, rastreando chismes y pruebas dudosas de corrupción en algunos de sus dirigentes. Allí, en primera línea, el comisario José Manuel Villarejo, al que el PSOE ya había encomendado investigar el ático de Ignacio González cuando en Interior estaba Alfredo Pérez Rubalcaba. Hoy jubilado, el comisario está en prisión provisional por liderar una organización criminal. En aquella fiebre de informes apócrifos para los medios afines, Villarejo era condecorado por sus supuestos descubrimientos de la corrupción de los Pujol por métodos extrajudiciales.

La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) fue creada en 2005, en tiempos de Zapatero. Pronto se convirtió en una unidad de élite que destapó los casos Malaya, Astapa, Gürtel… Con la llegada del PP, Pino y Fernández Díaz intuían que la corrupción podía ser el talón de aquiles de los soberanistas, sabían del poder de la UDEF e hicieron y deshicieron en la unidad a su antojo, comenzando por colocar al frente a comisarios afines.

El resultado es una UDEF apartada por Anticorrupción y los jueces de los grandes casos de lucha contra la corrupción. Como ejemplo, la situación del agente 81.067, el inspector Manuel Morocho. De investigar en tiempos del PSOE la Gürtel o la caja B, Eugenio Pino lo trasladó temporalmente a la Dirección Adjunta Operativa para utilizar sus conocimientos económicos en frustrados informes con fines políticos y destino en los medios de comunicación. Hoy Morocho manda un grupo de la UDEF adelgazado hasta la inoperancia, con no más de tres o cuatro subordinados. 

El bochorno final lo protagonizó el penúltimo jefe de la UDEF con el PP, el comisario Manuel Vázquez, cuando llamó al Tribunal Supremo para explicar el contenido del P.I.S.A (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un remedo de informe policial que intentaba demostrar la financiación irregular de Podemos, sin firma, ni sello. Cuando llegó al Supremo, a través de Manos Limpias, el jefe de la UDEF telefoneó para ratificar su contenido y ofrecer posibles aclaraciones. Los jueces rechazaron la querella que justificaba el informe y despreciaron su contenido.

Y mientras comisarios con aspiraciones y unidades de élite ocupaban titulares vinculados a la política, continuaba el trabajo más silenciado de la inmensa mayoría de los agentes, cosechando éxitos en incautaciones de droga, ciberseguridad o contra el terrorismo yihadista. Aún así, los números en seguridad ciudadana no son buenos. En todo el territorio nacional, no solo en el que es responsabilidad de la Policía Nacional, la inseguridad ha crecido.

Como reveló eldiario.es el pasado febrero, la cifra de delitos por cada mil habitantes creció siete décimas en 2017, un aumento considerable en parámetros de seguridad. De hecho, se trata del primer ascenso de la criminalidad en una década. Este ascenso coincidió con un cambio en la costumbre de Interior de publicitar cada tres meses los datos de seguridad ciudadana, hasta entonces siempre favorables. 

¿Levantar alfombras?

El mandato de Grande-Marlaska llega con la incógnita de qué voluntad trae este PSOE de levantar las alfombras del Ministerio del Interior. En el pasado reciente está la actitud de los socialistas en la comisión de invetigación de la policía política en el Congreso y su labor de obstrucción para que declararan, entre otros, destacados protagonistas de la misma, como el comisario Villarejo o Martín-Blas. 

Antes de su marcha, Pino dejó colocados a sus colaboradores. Y ahí siguen, sin que Zoido hiciera nada al respecto. La mano derecha de Pino, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, continua destinado a La Haya, cobrando 10.000 euros brutos mensuales. Pino había enviado a la mujer de éste, también policía, a la misma ciudad meses antes, con indéntico sueldo. Varios de los protagonistas de la Policía política se reparten en otras embajadas con retribuciones iguales o mayores.

El policía de cabecera de María Dolores de Cospedal regresó a la Policía poco antes de que ella dejara la Presidencia de Castilla-La Mancha, donde él ejercía de jefe de su escolta. Le situaron de jefe de vigilancias en la UDEF, con acceso a todas las investigaciones, y repartieron su tiempo entre esa ocupación y la oficina de la policía política. A los seis meses de su regreso al Cuerporecibió una condecoración pensionada. A día de hoy, Andrés Gómez Gordo, continúa siendo mando de la UDEF.

Tentaciones con la UCO de Guardia Civil 

La reestructuración de Zoido sirvió para irritar a la Guardia Civil por eliminar la figura de DAO y con ese movimiento enviar a la jubilación al general Pablo Martín Alonso, una de las figuras más respetadas en el Cuerpo, al que se le informó por teléfono de que dejaba de ser el jefe operativo del instituto armado de un día para otro.

La Guardia Civil, un cuerpo que por su naturaleza militar estrecha los márgenes políticos para interceder en los nombramientos, ha escapado a estas maniobras. Sin embargo, en los últimos meses, el departamento de Zoido ha tanteado la posibilidad de retirar al coronel jefe de la UCO, Manuel Sánchez-Corbí, de su puesto, sopesando una oferta de relumbrón que decidiera apartarle del mando de la unidad de élite de la Benemérita. La maniobra no ha tenido éxito.

La UCO es la policía que ha impulsado los casos más graves de corrupción del PP que dieron continuidad a Gürtel, como Púnica, Lezo o más recientemente, Erial, con la detención de Eduardo Zaplana. Con Sánchez-Corbí al frente han sido detenidos Francisco Granados, Ignacio González o se han presentado pruebas determinatnes contra el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez. La UCO no tembló al poner negro sobre blanco en un informe de Púnica que los investigadores consideraban que había indicios de cohecho y prevaricación en la actuación de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. 

Juan Ignacio Zoido la reestructuración de la cúpula policial para ubicar en puestos claves a comisarios significados por pertenecer a su entorno o al de María Dolores de Cospedal. Al frente una de las grandes estructuras, la responable de Información y Policía Judicial, situó a Juan Carlos Ortiz, un nombramiento de Rubalcaba para la Jefatura de Castilla-La Mancha que supo ganarse el favor de Cospedal en su etapa en la Comunidad Autónoma. La influencia de la exministra de Defensa en Interior durante la etapa de Zoido, adscrito a la corriente que lidera en el PP la secretaria general, fue asumida por la cúpula de Interior desde el primer momento. 

Para la otra gran estructura, la de Seguridad Ciudadana, Zoido no dudó en nombrar a José Antonio de la Rosa, quien había dejado la Policía una temporada para trabajar con él en el Ayuntamiento de Sevilla. Y Zoido lo hizo a sabiendas de que en un año dejaba la Policía al llegarle la edad de jubilación. 

El Gobierno no tiene intención de retirar la medalla pensionada que disfruta el expolicía torturador Antonio González Pacheco, Billy el Niño. Así lo ha asegurado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tras la pregunta del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, durante la sesión de control y en presencia de algunas de las víctimas del exagente en la tribuna de invitados del Congreso.

“Este Gobierno no ha valorado la retirada de esa condecoración”, ha asegurado Zoido. El ministro ha asegurado que la medalla no la concedió “este Gobierno” sino que “se concedió hace más de 40 años”. “Nadie lo ha solicitado oficialmente”, ha esgrimido Zoido, quien ha señalado que “no parece que haya justificación legal” para actuar contra el expolicía torturador. “No se tiene constancia de que esa condecoración no se haya retirado a nadie”, ha rematado.

La respuesta del ministro del Interior ha sido recibida con un sonoro aplauso de los diputados del Partido Popular. “Acaban de aplaudir que se condecore a un torturador”, les ha espetado Iglesias en su turno de palabra, lo que ha enervado a los representantes del PP, que han comenzado a gritar y abuchear al orador.

Iglesias ha recordado algunas de las torturas cometidas de forma reiterada y durante años por Antonio González Pacheco. “Chato Galante: 'me abrieron la cabeza, estaba desnudo, me tenían como un fardo esposado en el pasillo a un radiador y cuando pasaba un policía, me pegaba o me apagaba un cigarrillo en la cabeza. Billy el Niño disfrutaba y presumía de ello. Willy Meyer: ”Apretó la pistola contra mi pecho y dijo e iba a matarme como a Julián Grimau. Gatilló la pistola y oí el sonido del disparo. No estaba cargada. A Luis Miguel Urbán e hicieron la toalla mojada, una simulación de un ahogamiento. Lidia Falcón: 'Me golpearon en el estómago y el hígado. Mientras me golpeaban me dijo: ahora ya no parirás más, puta“.

“Usted no seguirá en este ministerio mucho tiempo. Ojalá que la ministra o ministro del Interior que nombre el PSOE retire esa medalla a ese malnacido”, ha concluido Iglesias.

Algunas de las víctimas estaban en la tribuna y han aplaudido al grupo de Unidos Podemos mientras Zoido retomaba la palabra. El ministro del Interior se ha defendido y ha alegado que no hay ninguna sentencia que confirme esas denuncias. El Gobierno de Mariano Rajoy bloqueó que Billy el Niño fuera juzgado en España, primero, y la Audiencia Nacional su extradición a Argentina, después.

Zoido ha pasado a la ofensiva y ha sacado el argumentario que ha esgrimido el PP y el Gobierno durante toda la sesión, con la polémica del chalé de Iglesias e Irene Montero por bandera.

En ese momento el diputado de Unidos Podemos, Rafael Mayoral, ha increpado a Zoido desde su escaño y ha asegurado que “es una vergüenza lo que está diciendo”. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, le ha llamado al orden y le ha amenazado con echarle del Pleno.

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, niega que tuviera constancia de que Cristina Cifuentes hubiera sufrido ningún tipo de chantaje con el vídeo del robo en el supermercado que finalmente ha visto la luz. Durante su mensaje de dimisión, Cifuentes aseguró que el vídeo formaba parte de “un chantaje” que ella misma había puesto en conocimiento de la Policía “hace años”. 

En una entrevista en el diario malagueño Sur, el ministro asegura: “A mí no me constaba nada. A mí ella jamás me dijo que la estuvieran chantajeando con el tema del vídeo”. Zoido es ministro de Interior desde octubre de 2017, con lo que la denuncia habría llegado con anterioridad, cuando Zoido era líder de la oposición popular en el Ayuntamiento de Sevilla. “Yo, desde luego, no tenía conocimiento de la existencia de ese vídeo. Ahora dicen que se conocía, pero yo no tenía conocimiento. Ni cuando sucedió, yo vivía en Sevilla y me dedicaba a otras tareas, ni ahora”.

El anuncio del anuncio del final de ETA, que previsiblemente se producirá el primer fin de semana de mayo, ha copado los comentarios de pasillo durante la celebración de la sesión plenaria de este jueves en el Parlamento vasco. Representantes institucionales y políticos vascos han coincidido en exigir “claridad” a la organización terrorista en su comunicado final. El Gobierno central, por su parte, ha considerado que se si concreta el anuncio de la disolución de ETA será “la mejor demostración de cómo se vence al terrorismo” que es “desde la firmeza del Estado de derecho, con las armas de la ley y solo con las armas de la ley”, informa Efe.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha sido esquivo cuando los periodistas le han abordado a su llegada a la Cámara para conocer su versión sobre el anuncio. “Que diga lo que tenga que decir”, ha despachado amablemente antes de continuar su camino hacia el escaño. Sí ha comparecido ante los medios de comunicación su secretario de Derechos Humanos, Jonan Fernández, quien desde el Parlamento ha reclamado “claridad” a ETA en los “términos” de su final, especialmente “respecto al pasado” y la asunción de responsabilidades por cinco décadas de terrorismo, más de 800 asesinados y miles de heridos, amenazados o secuestrados.

Según Fernández, el adelanto de un posible final de ETA “es un hecho relevante” y, “si se confirma”, algo “muy positivo”. En todo caso, el Gobierno de Urkullu prefiere “no entrar en especulaciones” en torno al calendario o al formato de esta capitulación. En principio, será el próximo lunes por la tarde en la localidad vascofrancesa de Baiona cuando los intermediarios del Grupo Internacional de Contacto del abogado sudafricano Brian Currin y las organizaciones Foro Social y Bake Bidea ofrezcan los detalles de lo que ocurrirá en las próximas semanas. Se prevé que el 4 de mayo se produzca algún tipo de evento similar al de Aiete en 2011 y que constituyó una pista de aterrizaje para que la banda decretara entonces el final de su actividad armada. En 2017, asimismo, el desarme se escenificó igualmente con un acto popular en Iparralde.

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha sido un poco más extenso en sus reflexiones y, además de reclamar esa “claridad”,  ha pedido “valentía” a ETA de forma que no traslade su responsabilidad en “todo el sufrimiento generado en este país” a sus presos. “ETA debe aprovechar el día de su disolución para responsabilizarse de todas sus acciones y de todo el sufrimiento causado. Que tenga el coraje y la valentía de asumir su responsabilidad y no transferírsela a los presos”, ha planteado.

Juan Ignacio Zoido

Alfonso Alonso

Idoia MendiaLander Martínez

Llueve sobre mojado en el CIE de Algeciras y su anexo de Tarifa, en Cádiz. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, con funciones de control jurisdiccional del Centro de Internamiento de Extranjeros, ha enviado una advertencia en forma de auto al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, instando a éste y a los directores de ambos centros a solventar las numerosas deficiencias de las instalaciones. Su inacción podría conllevar posibles consecuencias penales, apunta la jueza.

En un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, el juzgado hace alusión al delito de desobediencia en el que se incurriría “por autoridad o funcionario público” en caso de persistir en el incumplimiento de una resolución judicial. Muchas de las cuestiones ya las hizo llegar el juzgado hace casi un año cuando solicitó adoptar hasta 31 medidas urgentes dirigidas a la mejora de la estancia de las personas internas y a facilitar el trabajo de las organizaciones sociales que intervienen en estos centros.

En dos autos anteriores (diciembre de 2016 y mayo de 2017) pedía diversas mejoras pero “únicamente” se han cumplimentado algunas, indica en el auto. Días después de trascender el primero de aquellos autos, el propio Zoido dijo en el Congreso de los Diputados Zoido que los CIE “no tienen carácter penitenciario”. La jueza, que ha lamentado en anteriores ocasiones la “impronta carcelario” del lugar (de hecho es una antigua cárcel) lamenta también que el Ministerio no acusó siquiera recibo formal cuando se le notificó el auto de mayo de 2017, instando ahora de nuevo a que se le notifique vía fax.

Ahora, tras su visita el pasado 31 de enero de 2018, la jueza insiste en la supresión de rejas en las habitaciones de los internos, así como la remisión, por parte del servicio médico, del parte de lesiones directamente al juzgado, o en su caso, en sobre cerrado a la dirección para su remisión a la autoridad judicial. La jueza pide que se garantice que los extranjeros puedan disponer de sus teléfonos móviles al menos durante un periodo mínimo de cuatro horas para hacer y recibir llamadas del exterior. También pide la construcción de espacios lúdicos adecuados, o la instalación de taquillas o mesas.

Además, la jueza sigue pidiendo la supresión de habitaciones con más de tres internos, así como la instalación en cada una de ellas de ducha, servicio con retrete y cisterna, y lavabo, así como pared o una puerta que cubra todo el cuerpo del interno. Para el centro de Tarifa, entre otras muchas cuestiones, pide instalar un sistema de apertura mecánica de las habitaciones y de un sistema de climatización en todos los módulos y espacios comunes, así como la asistencia médica las 24 horas del día.

Revisar la externalización de servicios

También pide la jueza lo necesario para garantizar la realización, en el momento del internamiento, de las pruebas necesarias para la identificación de, al menos, tuberculosis, VIH, sífilis, Hepatitis A, B, y C, sarcoptosis, pediculosis, scabiasis y parásitos intestinales.

Entre otras medidas a tomar se incluye la de habilitar a las organizaciones sociales para que puedan visitar y asistir a las personas internas sin limitar las visitas a una duración máxima de tiempo, además de establecer unas “directrices comunes para la asistencia social, jurídica y cultural” y revisar los términos de la subvención pública por la que se externalizan los servicios de asistencia social y cultural de los CIE tras “las significativas carencias detectadas en las visitas realizadas por el Defensor del Pueblo”, que se recogen pormenorizadamente en el auto.

Entre las medidas que “únicamente” se han tomado desde el 8 de mayo de 2017 están la adaptación del modelo de parte de lesiones, la instalación de buzones específicos para las ONG, la puesta a disposición de crema hidratante, la ampliación del número de cámaras de vigilancia, el libre acceso del jefe de seguridad para el visionado de imágenes grabadas, la instalación de máquinas de refresco o la creación de un registro de las separaciones temporales.

Andalucía Acoge ha recordado en un comunicado que el auto se produce después de las visitas de la jueza de control del CIE de Algeciras y las quejas presentadas por su asociación federada, Algeciras Acoge. Señalan que dicha resolución “constituye un avance con respecto a las condiciones tan deplorables en los que se encuentran los centros de internamiento de extranjeros, pero seguimos insistiendo en su cierre y rechazamos la apertura de nuevos CIE porque su único fin es criminalizar y excluir a las personas migrantes”.

“Este auto vuelve a evidenciar la ineficacia de estos centros y supone un logro en relación a la lucha por el cierre y la desaparición de estos centros que están fuera del respeto a los derechos humanos, son ineficaces y costosos para toda la sociedad, además de infligir un sufrimiento innecesario a seres humanos que sólo buscan un futuro mejor”, concluye la federación.

Hervé Falciani considera que su detención es ilegal, así que ha presentado un habeas corpus, un recurso judicial para que un juez decida si su arresto es contrario a la ley y le deje en libertad. El exempleado del HSCB pasará este jueves a disposición judicial después de que Suiza haya reclamado su extradición para que cumpla una pena de cinco años de prisión.

Según un comunicado emitido por el bufete de Baltasar Garzón “los motivos de dicha detención, así como la solicitud por parte del país helvético, son los mismos por los que fue juzgado y puesto en libertad en 2013”. Ese año la Audiencia Nacional decidió rechazar su extradición por considerar que los delitos de los que le acusaba Suiza no tenían reflejo en el código penal español.

“Se trata de una detención improcedente que incumple la jurisprudencia española y asume el principio non bis in ídem por el cual una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces”, añade el comunicado. El despacho de Garzón incide en que es “inexplicable” que la Policía no conozca esa circunstancia y recalca que es una detención innecesaria porque Falciani tiene un domicilio conocido, “notorio” para la propia Policía.

“La colaboración de Hervé Falciani en múltiples casos de corrupción en diferentes países ha sido fundamental, entre ellos en España. El mismo Tribunal Supremo ha validado esta colaboración y no se puede utilizar a alguien para que colabore y que luego se le detenga”, recuerdan. Esta será parte de la argumentación que los abogados expondrán esta mañana, en la vista que se celebrará en la Audiencia Nacional para decidir si Falciani queda en libertad o es enviado a prisión mientras se decide sobre su extradición para cumplir condena.

La orden de detención suiza, emitida por la Fiscalía del Cantón de Ginebra, señala que Falciani fue condenado a cinco años de cárcel el 27 de noviembre de 2015, una sentencia los tribunales suizos declararon firme el 2 de mayo de 2016. El documento recuerda que el informático se llevó del HSBC datos bancarios de 20.000 empresas y 107.181 particulares. Con esa información y bajo una identidad falsa -Rubén Alchidiack, jefe de ventas de la empresa ficticia Parlova, con sede en Hong Kong-, se trasladó a Líbano en 2008 para tratar de vendérsela a varios bancos.

Lo que vendía Falciani era “un buen producto con información de clientes con alto potencial financiero”. Es decir, ofreció a bancos como Byblos Bank, Societè Genérale o BNP detalles como la fortuna o el perfil inversor de potenciales clientes para esas entidades. Las autoridades suizas inciden en que, además de ofrecer información a empresas privadas, contactó con organismos estatales para ofrecerles el acceso a esos datos confidenciales. La orden de detención califica esos hechos como un delito de espionaje industrial.