Los tres magistrados de la Audiencia Nacional que fueron apartados de los juicios de Gürtel por su afinidad al Partido Popular ocupan ya relevantes puestos de la judicatura por decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El último en ser apartado de los procesos por corrupción que afectan al partido de Pablo Casado, Juan Pablo González, fue elegido este jueves presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Todos los vocales conservadores, incluido el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, han votado en bloque a González, mientras que los progresistas y el propuesto por el PNV han optado por otra candidata.

Mejor suerte aun que González corrieron en su momento Concepción Espejel y Enrique López, miembros del tribunal original de Gürtel junto al progresista José Ricardo de Prada. Los compañeros de estos magistrados en la Sala de lo Penal decidieron por mayoría que López y Espejel no cumplían con la apariencia de imparcialidad requerida y que no podían juzgar una causa en la que el Partido Popular era acusado como responsable civil y en el banquillo se sentaban una veintena de sus antiguos cargos. Los dos jueces habían dado muestras sobradas de proximidad al partido conservador, según plantearon las acusaciones populares y respaldó la Fiscalía Anticorrupción.

Pero aquella decisión no resultó a la postre negativa para sus carreras. El Poder Judicial que emanó de la mayoría absoluta del Partido Popular en la primera legislatura de Rajoy decidió, el 15 de mayo de 2017, que Espejel debía presidir la Sala de lo Penal. Es la misma Sala de lo Penal cuyos miembros habían decidido mayoritariamente apartarla de los juicios de Gürtel, incluido el de la financiación irregular del partido o caja B. Solo uno de los vocales conservadores, Vicente Guilarte, no apoyó su elección. Los otros 11 conservadores, con Lesmes a la cabeza, votaron en bloque a Espejel. Entre ellos estaba el actual ministro del Interior del Gobierno socialista, Fernando Grande-Marlaska.

Entre los argumentos para apartar a López y Espejel de cualquier juicio al PP estuvo el de haber sido elegidos miembros del CGPJ a propuesta de ese partido. Anticorrupción expuso que Luis Bárcenas, el extesorero del partido y procesado en distintas piezas de Gürtel, había votado en el Senado la elección de Espejel.

El caso de Enrique López es único por la insistencia del Partido Popular en encumbrarle. En junio de 2013, el PP por fin logró que se convirtiera en magistrado del Tribunal Constitucional junto a Pedro González-Trevijano, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos cuando obtuvieron sus másteres Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón. Un año después, la Policía Municipal detuvo a Enrique López por el centro de Madrid conduciendo su motó a las 7:30 de la mañana borracho y sin casco. López se vio obligado a dimitir.

Pero la vida, o más bien el control del PP del órgano de Gobierno de los jueces, dio a Enrique López una segunda oportunidad y le convirtió en magistrado de la recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional en la primavera de 2017.

Entre el incidente de circulación y el ascenso, Enrique López había vuelto a la Sala de lo Penal. Allí, junto a Espejel, se empeñó en que el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata fuera juzgado por unos chistes en Twitter de su etapa anterior a la política. El juez de instrucción, Santiago Pedraz, había archivado la causa en tres ocasiones al no apreciar delito, pero la insistencia de Manos Limpias y una supuesta asociación de víctimas del terrorismo financiada por el Ministerio del Interior encontró la comprensión jurídica de los dos jueces afines al PP.

La elección de López hizo extender la indignación en la carrera judicial. La Sala de Apelaciones es fruto de un antiguo reproche de Europa porque la Audiencia Nacional carecía de una segunda instancia que revisara sus sentencias. López y Eloy Velasco pasaban a integrar la más alta instancia del tribunal especial. Ninguno de los dos tenían experiencia en poner sentencias, según criticaban sus compañeros.

La elección de ambos correspondía a la comisión permanente del CGPJ, una versión reducida del pleno que, según la reforma legal de Alberto Ruiz-Gallardón, hacía que sus miembros fueran los únicos con una retribución mensual de 6.000 euros y dedicación exclusiva. Solo los progresistas Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda se opusieron al nombramiento de ambos.

El criterio que había impuesto el Gobierno de Rajoy para integrar la Sala de Apelaciones era tener la especialidad en derecho penal, algo aparentemente lógico. Lo que ocurre es que en España esa especialidad solo se le reconoce a aquellos que superaron una oposición menor hace veinte años, frente a otros que aprobaron una mucho más exigente y anónima en 2011, pero que fue anulada en parte por el Tribunal Supremo. De esta forma, solo doce jueces ostentan la única especialidad en penal reconocida, entre ellos Enrique López y Eloy Velasco.

Una vez convocada la plaza, solo restaba que ambos se presentaran para aplicar el criterio de selección y que fueran los elegidos. En el caso de Velasco, su ascenso implicaba que deja de instruir los casos de corrupción más graves que afectan al PP y cuya investigación está aún abierta: la pieza del caso Púnica que investiga su financiación irregular en Madrid y la Operación Lezo. A ese cambio en el Juzgado de Instrucción número 6, que finalmente se produjo, se refería en un pinchazo de Lezo el propio Ignacio González. El expresidente madrileño planteaba a Eduardo Zaplana la conveniencia de hacer regresar al titular de la plaza, en un destino privilegiado en Roma, y enviar a Velasco a “escarbar cebollinos”.

Un CGPJ al borde de la prórroga

La elección de Juan Pablo González debía ser la última que adoptara el actual Consejo, toda vez que su mandato de cinco años expira el próximo martes. La ruptura de la negociación para su renovación por parte del Partido Popular prolonga sine die el actual Poder Judicial, con Carlos Lesmes al frente. González había aspirado sin éxito a otros puestos durante el actual mandato del CGPJ, como la Sala de lo Penal del Supremo.

El partido de Casado decidió romper el acuerdo de reparto de las sillas alcanzado con los socialistas después de que Manuel Marchena renunciara a sustituir a Lesmes. A su vez, la decisión de Marchena estuvo motivada por la difusión de un mensaje de whatsapp por parte del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que salía al paso de las críticas internas por el reparto alcanzado y aseguraba que con el nuevo presidente su partido “controlaría” la Sala Segunda del Supremo “desde atrás”.

Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, ha emitido un comunicado en el que critica el nombramiento de González porque manda “un mensaje demoledor a la carrera judicial al ser preferidos aquellos candidatos por sus afinidades políticas o de amistad frente a quienes de modo ininterrumpido han ejercido durante años y en exclusiva la labor jurisdiccional”. “Este nombramiento supone un nuevo revés para la imagen de la Justicia por lo que pedimos nuevamente la dimisión de Carlos Lesmes, y la inmediata renovación del CGPJ”, concluye la asociación progresista.

En la misma reunión del pleno del CGPJ se ha elegido a Concepción Ureste nueva magistrada de la Sección Cuarta del Tribunal Supremo. En este caso, Ureste ha resultado elegida con los votos de los vocales progresistas, a los que se ha unido Lesmes y otro vocal conservador.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado este jueves al magistrado Juan Pablo González nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Este juez fue apartado de Gürtel porque el PP fue clave en algunos de sus ascensos y participó en varios cursos de FAES, la fundación de José María Aznar tradicionalmente vinculada a ese partido. Ha obtenido el apoyo de 11 de los 21 miembros del Pleno.

Juan Pablo González recaló en el tribunal de Gürtel, que aún tiene pendiente juzgar piezas como la caja B, tras una serie de cambios en la Audiencia Nacional. Las acusaciones pidieron apartarse por su cercanía al PP y la Fiscalía se mostró favorable con el argumento de que había perdido al “apariencia de imparcialidad”. En una votación ajustada, la Sala de lo Penal decidió apartarle del tribunal, como antes había hecho con otros dos jueces, Concepción Espejel y Enrique López.

De 2001 a 2008, el magistrado González fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo propuso la asociación mayoritaria y conservadora APM, pero resultó elegido con el apoyo del Partido Popular en una votación celebrada en el Senado.

En esa votación participaron “destacados miembros” del Partido Popular, responsable civil en el caso de los papeles de Bárcenas o caja B, que además tienen distintas vinculaciones con el caso Gürtel. Son Jesús Sepúlveda, imputado en la pieza principal. O Esperanza Aguirre, testigo en ese caso. Y Pío García Escudero y Luis Fraga Egusquiaguirre, ambos receptores confesos de fondos recogidos en la contabilidad paralela de Luis Bárcenas. También Tomás Burgos le votó, marido de una exdiputada fallecida y que estuvo imputada. En aquella votacion para el CGPJ, y con los mismos apoyos, resultó también elegido vocal Enrique López. 

Entre 2012 y 2015, González desempeñó el puesto de magistrado de enlace en París. Un destino dorado para los jueces que llevó la firma de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apunta la acusación de los socialistas valencianos. Su aterrizaje posterior en la Audiencia Nacional también está teñido de la influencia del PP. Su nombramiento para la Sala de lo Penal, así como las seis prórrogas en comisión de servicio son fruto de la mayoría de vocales a propuesta del partido en el Gobierno.

En la decisión sobre González también ha pesado que participó en diversos cursos de FAES, la fundación que lidera Aznar, entre 2003 y 2005 y que cobró 765 euros por ello.

El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, ha emitido un comunicado en el que critica el nombramiento de González porque manda “un mensaje demoledor a la carrera judicial al ser preferidos aquellos candidatos por sus afinidades políticas o de amistad frente a quienes de modo ininterrumpido han ejercido durante años y en exclusiva la labor jurisdiccional”.

Así, señala que otra de las aspirantes reunía más méritos. “es palmario y evidente que Mercedes del Molino reunía sobremanera los requisitos para acceder al puesto y con una experiencia acreditada en sus años en dicho tribunal. En frente, el candidato finalmente elegido que lleva menos tiempo destinado en la Audiencia Provincial, combinándolo además con los servicios especiales y la comisión de servicios en otro tribunal”.

“Este nombramiento supone un nuevo revés para la imagen de la Justicia por lo que pedimos nuevamente la dimisión de Carlos Lesmes, y la inmediata renovación del CGPJ”, concluye González.

En la Audiencia Nacional, el tribunal español de las causas especiales, hay al menos tres magistrados que no ofrecen la “apariencia de imparcialidad” necesaria para juzgar los casos de corrupción en los que están implicados el Partido Popular o alguno de sus cargos. Este viernes, los propios jueces de la Sala de lo Penal determinaron que su compañero Juan Pablo González no puede integrar el tribunal que juzgara la presunta financiación irregular del partido durante veinte años porque el PP ha tenido una influencia decisiva en su carrera profesional.

Es la tercera vez que ocurre y no se puede descartar que las acusaciones populares y la Fiscalía Anticorrupción recusen a quien el sistema de reparto señale como sustituto de González. Los jueces de la Sala de lo Penal ya apartaron de los juicios de Gürtel y la caja B a Enrique López y Concepción Espejel. A pesar de ello, la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial eligió después a la segunda para presidir la Sala de lo Penal que hoy ha purgado a González.

En el caso de González la votación ha resultado muy ajustada, 9 votos a favor de ser apartado y ocho en contra. Como ocurriera en los casos de Espejel y López, los jueces de la Audiencia Nacional no se han posicionado por bloques ideológicos. Aunque el voto es secreto, los cambios en la ponencia permiten conocer el sentido de algunos de ellos.

Según han informado a eldiario.es fuentes de la Sala de lo Penal, los conservadores Juan Francisco Martel y Eduardo Gómez  abandonaron sus respectivas ponencias (Jerez y Caja B) al no estar de acuerdo con el voto mayoritario. Fueron sustituidos por Manuela Fernández de Prado, de adscripción progresista, y Teresa Palacios, que integra el sector conservador. Ambas, por tanto, votaron a favor de apartar a Juan Pablo González.

Otros dos conservadores se pronunciaron en este mismo sentido. Es el caso de Julio de Diego y Antonio Díaz Delgado -designados como ponentes por la pieza de Aena y la visita del Papa a Valencia, respectivamente- que no renunciaron, por lo que están de acuerdo con apartar a sus compañeros de los cuatro juicios del caso Gürtel para cuyo tribunal fue designado.

La votación frustra el inesperado movimiento en la Audiencia Nacional que provocó el cambio en la composición del tribunal que en el juicio de Gürtel acordó por mayoría de dos a uno citar a Mariano Rajoy como testigo. El origen está en el empeño del Partido Popular por que Concepción Espejel, apartada antes de ese tribunal de Gürtel por su afinidad con el PP, se convirtiera en presidenta de la Sala de lo Penal.

Una consecuencia automática fue que Espejel dejaba de presidir la Sección Segunda. Fue sustituida por María José Rodríguez Duplá, también conservadora, que estableció un nuevo reparto de los casos con efecto retroactivo. El tribunal del caso de la caja B del PP cambiaba su composición. Solo quedaba en él uno de los dos jueces que apoyó citar a Rajoy y a la cúpula del partido con Aznar. El otro era sustituido por Juan Pablo González, uno de los magistrados de la Audiencia Nacional más significados por su proximidad con la formación de Mariano Rajoy.

La historia se volvía a repetir. Las acusaciones populares, una a una, recusaron a González. Y, como en el caso de Espejel y López, la Fiscalía Anticorrupción respaldaba que el magistrado fuera apartado del tribunal de la caja B y de las otras tres piezas para las que había sido designado (Aena, Jerez y visita del Papa a Valencia).

Las acusaciones populares apreciaban que el PP había dado “un decisivo impulso” a la carrera profesional de Juan Pablo González. Las fuentes consultadas aseguran que el Pleno de ayer siguió el guión de las recusaciones planteadas a Espejel y López y que los argumentos esgrimidos para apartar a González eran coincidentes con los utilizados para Enrique López en su momento.

Destinos y puestos con el apoyo del PP

De 2001 a 2008, el magistrado González fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo propuso la asociación mayoritaria y conservadora APM, pero resultó elegido con el apoyo del Partido Popular en una votación celebrada en el Senado.

En esa votación participaron “destacados miembros” del Partido Popular, responsable civil en el caso de los papeles de Bárcenas o caja B, que además tienen distintas vinculaciones con el caso Gürtel. Son Jesús Sepúlveda, imputado en la pieza principal. O Esperanza Aguirre, testigo en ese caso. Y Pío García Escudero y Luis Fraga Egusquiaguirre, ambos receptores confesos de fondos recogidos en la contabilidad paralela de Luis Bárcenas. También Tomás Burgos le votó, marido de una exdiputada fallecida y que estuvo imputada. En aquella votacion para el CGPJ, y con los mismos apoyos, resultó también elegido vocal Enrique López. 

Entre 2012 y 2015, González desempeñó el puesto de magistrado de enlace en París. Un destino dorado para los jueces que llevó la firma de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apunta la acusación de los socialistas valencianos. Su aterrizaje posterior en la Audiencia Nacional también está teñido de la influencia del PP. Su nombramiento para la Sala de lo Penal, así como las seis prórrogas en comisión de servicio son fruto de la mayoría de vocales a propuesta del partido en el Gobierno.

En la decisión sobre González también ha pesado que participó en diversos cursos de FAES, la fundación que lidera Aznar, entre 2003 y 2005 y que cobró 765 euros por ello.

Nueve jueces de la Sala de lo Penal votan a favor de la recusación de Juan Pablo González y ocho lo hacen en contra

Tampoco formará parte de los tribunales de otras tres piezas derivadas del caso Gürtel: Aena, Jerez y la visita del Papa a Valencia

Las acusaciones populares denuncian el "decisivo impulso" del PP a la carrera profesional de Juan Pablo González

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido apartar del juicio de la caja B del PP a Juan Pablo González por su proximidad con el partido político que preside Mariano Rajoy. La votación de sus compañeros ha sido 9 votos a favor de la recusación y 8 en contra, han informado a eldiario.es fuentes de la Audiencia Nacional.

Juan Pablo González pasó a integrar los tribunales de Gürtel después de un inesperado cambio en las normas de reparto de la Audiencia Nacional que estuvo motivado en origen por el ascenso a presidenta de la Sala de lo Penal de Concepción Espejel, uno de las dos magistrados que ya fueron apartadas de estos juicios por su afinidad con el PP.

Las acusaciones populares presentaron la recusación al considerar que el Partido Popular ha supuesto “un decisivo impulso” en su carrera profesional. Entre los argumentos esgrimidos está que ha impartido cursos de la fundación FAES que fueron retribuidos. La Fiscalía Anticorrupción había respaldado la petición de las acusaciones populares en el sentido de apartar a González. 

Juan Pablo González deberá dejar los tribunales que juzgarán otras tres piezas derivadas del caso Gürtel: Aena, Jerez y la visita del Papa a Valencia. La Sala de lo Penal ha celebrado una votación conjunta para apartar a González de estos tres juicio y el de la caja B, han añadido las fuentes consultadas. 

El Pleno de la Sala de lo Penal ha estado presidido por el magistrado Alfonso Guevara, presidente de la Sección Tercera. La presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, no ha participado en el pleno ni la votación por estar recusado con anterioridad en los juicios de Gürtel. 

Guevara, según fuentes jurídicas, había trasladado a los magistrados la obligación de acudir al Pleno. Con todo, Eloy Velasco, en la actualidad miembro de la Sala de Apelaciones, se ha ausentado con un permiso. Uno de los magistrados que fue apartado por el cambio en las normas de reparto, José Enrique de Prada, acaba de dejar la Audiencia Nacional para integrar el Tribunal de La Haya que va a resolver la apelación de la condena de Radovan Karadzic.

Por su parte, Ramón Sáez y Julio de Diego habían solicitado abstenerse, pero sus compañeros han rechazado por unanimidad tal decisión. Sáez fue criticado por algunos compañeros por participar en la recusación de Espejel y López al haber sido vocal del CGPJ a propuesta de IU. Este es el motivo por el que no quería participar en la votación de hoy, pero que sus compañeros han rechazado por unanimidad esa posibilidad.. Julio de Diego ha alegado que él ha recurrido las citadas normas de reparto, pero igualmente se ha rechazado su abstención.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se reunirá el próximo 27 de abril para decidir si aparta a Juan Pablo González de los juicios que restan por celebrar del caso Gürtel, entre ellos el conocido como caja B o papeles de Bárcenas, informan fuentes del tribunal especial.

Los magistrados analizarán si se da en González la apariencia de objetividad necesaria para integrar el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que juzgará los citados casos. Tras un debate, los magistrados votarán y uno de ellos redactará el auto, al que se podrán sumar votos particulares de la minoría para razonar su oposición.

El ponente del auto de la recusación en caja B será Eduardo Gutiérrez; Antonio Díaz Delgado se encargara de redactar el correspondiente al caso de la visita del Papa a Valencia; Juan Francisco Martel, el de la pieza del Ayuntamiento de Jerez; y Julio de Diego, el referente a la pieza de AENA.

Las distintas acusaciones populares de Gürtel consideran que González debe salir del tribunal porque el Partido Popular ha supuesto “un impulso decisivo” en su carrera como magistrado. La Fiscalía Anticorrupción se ha posicionado a favor de tramitar el incidente de recusación de González.

Juan Pablo González pasó a integrar los tribunales de Gürtel después de un inesperado cambio en las normas de reparto de la Audiencia Nacional que estuvo motivado en origen por el ascenso a presidenta de la Sala de lo Penal de Concepción Espejel, una de las dos magistradas que ya fueron apartadas de estos juicios por su afinidad con el PP.

La Audiencia Nacional estudiará si se debe apartar del tribunal que juzgue la presunta financiación ilegal del PP al magistrado Juan Pablo González por su vinculación con el PP, tal y como solicitaron las acusaciones populares.

También se han aceptado otros dos incidentes de recusación contra el mismo juez relativas a las piezas separadas de la trama Gürtel sobre la visita del Papa a Valencia y las adjudicaciones irregulares del Ayuntamiento de Jerez. Ninguna de estas vistas orales tienen aún señalada fecha de celebración.

Sobre los denominados 'papeles de Bárcenas', la juez de la Audiencia Nacional Manuela Fernández Prado ha admitido a trámite el incidente de recusación contra González presentado por las acusaciones populares ejercidas por el PSOE valenciano, Izquierda Unida, la asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y la asociación Observatori de Drets Humans (DESC). Concretamente, IU destacaba en su escrito la “amistad manifiesta” del juez con el PP, lo cual generaba “dudas más que razonables sobre su parcialidad”.

Ahora, la Audiencia Nacional cuenta con el informe a favor de la Fiscalía de que se estudien dichos incidentes de recusación al considerar que el apoyo de este partido “fue decisivo” a la hora de impulsar la carrera de este juez en varios de los destinos que ha ocupado. En su escrito, el Ministerio Público señaló que, tras la correspondiente tramitación de la recusación, se debe estimar apartar al juez.

La juez instructora tiene en cuenta que en la causa abierta por la presunta financiación ilegal de los 'populares' se encuentra el partido como responsable civil en esta pieza y que las acusaciones denuncian que el magistrado tiene una “vinculación” con el PP y con “personas relevantes” del mismo, “a su vez relacionadas directa o indirectamente con la causa”.

Solicitud a FAES

En este sentido, a petición del PSOE valenciano, la magistrada Fernández Prado ha solicitado al secretario de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES) que certifique los cursos o actividades en los que haya participado el juez recusado. También las remuneraciones que haya podido recibir por sus intervenciones.

Además, tienen en cuenta que Juan Pablo González fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP en el Senado en 2001. En 2012, fue designado magistrado de enlace en Francia y, en 2015, magistrado en comisión de servicios de la Audiencia Nacional.

Entre otras cosas, no considera oportuno solicitar información a los patronos de FAES, como pidió IU, porque “es público que se trata de una fundación presidida por José María Aznar y vinculada al PP” y que el nombre de los patronos aparecen en la página web de la Fundación.

Además, no considera relevante la testifical del exministro Jaime Mayor Oreja, aunque su hermano aparezca mencionado en la causa que se investiga sobre la presunta caja 'B' del PP, pues no está acusado.

No se estudia la ideología del magistrado

Por otro lado, la instructora no ha admitido la solicitud hecha por Adade para que se aporte como documental la copia de los artículos de opinión escritos por González y que fueron publicados en prensa. “Pretender una recusación basada en la ideología del magistrado excede de las causas legales de recusación”, subraya Fernández Prado.

Tampoco acepta pedir al Senado la copia del acta y del vídeo de la votación de 6 de noviembre de 2001, ni quiénes participaron en ella, cuando fue elegido por el PP como el vocal del CGPJ. Ni que declare el propio juez recusado –ni otras testificales– ya que consta en el caso su informe escrito en el que no aceptó ser apartado.

La juez de la Audiencia Nacional rechaza que Juan Pablo González sea apartado porque su nombramiento como integrante del tribunal que juzgará la Gürtel haya sido promovido por la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, apartada de algunos de los juicios contra la trama Gürtel. “Estas cuestiones no pueden ser objeto de una recusación, pues se trata de decisiones que tienen su propia vía de recurso, ajena a este incidente, y que la parte ya ha promovido”, explica.

El juez Juan Pablo González está desde el pasado viernes más cerca de convertirse en el tercer magistrado de la Audiencia Nacional al que sus propios compañeros apartan de los tribunales que juzgan al Partido Popular por sus vínculos con la formación de Mariano Rajoy. Ese día salió de la Fiscalía Anticorrupción el primer escrito apoyando que no participe en varios juicios de piezas separadas del caso Gürtel, a cuyos tribunales había llegado González como consecuencia de un inesperado cambio de última hora que modifica su composición.

Este miércoles, Anticorrupción enviaba a la Audiencia Nacional otro escrito apoyando igualmente que González salga del tribunal que durante 2018 juzgará la financiación irregular del Partido Popular. En realidad, la Fiscalía avala la admisión a trámite del incidente de recusación presentado por las acusaciones populares. Y se podía haber quedado ahí, pero el documento, con la firma de las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, entra al fondo de la cuestión, avanzando los principales argumentos que desarrollarán en un segundo escrito, una vez se haya nombrado magistrado instructor del incidente de recusación y éste lo haya admitido a trámite.

Una vez reciba ese segundo escrito y el posicionamiento del resto de las partes y del juez en cuestión, será el Pleno de la Sala de lo Penal, esto es, el conjunto de los compañeros de Juan Pablo González, quienes decidan sobre si éste debe continuar o no en los citados tribunales. Hay un precedente muy cercano y próximo: la recusación de Enrique López y Concepción Espejel de esos mismos juicios. Con el impulso de las acusaciones populares, Anticorrupción ofreció sus propios argumentos en el mismo sentido y la Sala de lo Penal apoyó mayoritariamente que dos magistrados tan considerados en la calle Génova no participaran en los juicios de la corrupción entorno al Partido Popular.

En el caso de Juan Pablo González, la Fiscalía Anticorrupción se apoya en que los argumentos que valieron entonces, sirven también ahora. Expone, por una parte, su nombramiento como vocal del Consejo General del Poder Judicial en 2008 a propuesta del Senado, donde el PP tenía mayoría, y en la que participó Jesús Sepúlveda, uno de los acusados en Gürtel. Por otra, su elección como juez de enlace en París, acordado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras deliberación en un un Consejo de Ministros integrado por Ana Mato, exmujer de Sepúlveda y juzgada en la pieza principal como responsable civil a título lucrativo.

“Así, el Partido Popular fue decisivo” en ambos nombramientos, concluyen las fiscales. Se expresan así en la línea de lo expuesto por las acusaciones populares, que apuntaban en sus escritos un “decisivo impulso” del partido de Mariano Rajoy en la carrera de Juan Pablo González. Y añaden: “No existe fundamento alguno para modificar el criterio mantenido por esa Sala (de lo Penal)” cuando apartaron a López y Espejel.

Los hechos en torno a González “pondrían de manifiesto”, siguen, la concurrencia de dos causas de recusación recogidas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concretamente, las que hacen referencia a “amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes” y “tener interés directo o indirecto en el pleito o causa”. El Partido Popular es acusado en Gürtel de partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado de 245.000 euros procedentes de la corrupción.

La fiscal clave en el caso Gürtel

La Fiscalía Anticorrupción ha sido uno de los principales motores de la investigación de Gürtel desde sus orígenes, en 2008. Varios fiscales han estado vinculados al caso y a sus distintas piezas separadas, pero una de ellos permanece ligada a la causa desde el primer momento. Se trata de Concepción Sabadell, la fiscal que firma los escritos a favor de la recusación de González junto a su compañera Concepción Nicolás, una de las dos mujeres a las que atacaron distintos responsables del Partido Popular y el Gobierno y cuya cabeza pidió Luis Bárcenas a Rajoy.

En el terreno de las recusaciones, fueron ambas fiscales quienes dieron un espaldarazo definitivo a la panoplia de argumentos de las acusaciones populares para apartar a Enrique López y Concepción Espejel. Argumentos, por otra parte, que se repiten de forma similar en el caso de Juan Pablo González. Contra López entonces y González ahora, las acusaciones populares han esgrimido sus nombramientos para el CGPJ y sus cursos en FAES, la fundación que ha ejercido de think tank para el Partido Popular.

Las fiscales, sin embargo, fueron más lejos y aportaron el vídeo de la sesión en la que Espejel fue elegida vocal del CGPJ en el Senado y en cuya votación se veía participando al extesorero de la formación y uno de los principales acusados en Gürtel, Luis Bárcenas. En cuanto a la colaboración de López con FAES, las fiscales aseguraban que fue “más intensa” incluso de cómo la describían las acusaciones populares en sus escritos.

En aquellos casos, los incidentes de recusación para todos los juicios en los que iban a participar Espejel y López se resolvieron de forma individual y, por tanto, necesitaron de tantos escritos de la Fiscalía como causas iban a juzgar. En el caso de la caja B, el fiscal del caso, Antonio Romeral, firmaba el documento. En esta ocasión son las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Sepúlveda las que firman todos los escritos en una decisión que, según fuentes de Anticorrupción, se ha tomado de forma conjunta y que se resolverá por la Sala de lo Penal de una sola vez.

La primera votación sobre el incidente de recusación contra López en Gürtel arrojó un resultado de 14 votos a favor y 4 en contra. Las discrepancias acerca de Espejel fueron aún mayores, con 10 votos a favor y 8 en contra de apartarla del tribunal de Gürtel. Distintos magistrados disconformes emitieron votos particulares. Ambos habían llegado a esos tribunales por una conjunción entre lo que dictan las normas de reparto y la decisión de Espejel de ejercer su prerrogativa de presidir todos los juicios de la sección que presidía entonces, la Segunda.

El Poder Judicial compensa

Fue un contratiempo puntual en sus carreras. La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial, esto es, los vocales que resultaron elegidos por la mayoría absoluta del PP en la anterior legislatura se encargaron de revertirlo. Las primeras recusaciones fueron en octubre de 2015. Aquellas dudas sobre su imparcialidad no evitaron que el CGPJ eligiera siete meses después a Enrique López magistrado de la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

La falta de imparcialidad que detectaron sus compañeros no fue óbice para que el Poder Judicial aupara a López al deseado puesto del tribunal que revisará todas las sentencias de la Audiencia Nacional, siempre que estás hayan arrancado después de la creación de la Sala de Apelaciones, lo que deja a Gürtel y todas sus piezas separadas fuera.

Esos mismos vocales conservadores del CGPJ dieron otra alegría, en este caso a Espejel, y solo ocho días después. Su proximidad demostrada al Partido Popular no impidió que la eligieran presidenta de la Sala de lo Penal que la había apartado siete meses antes de los casos de Gürtel. “Querida Concha”, como se refirió a ella María Dolores de Cospedal en un acto de imposición de medallas, sigue a día de hoy presidiendo la Sala que va a decidir sobre la recusación de González. Su voto vale tanto como el de cualquier otro de sus integrantes, a no ser que sirva para resolver un empate.

Precisamente, el ascenso de Espejel está en el origen de la llegada de Juan Pablo González al tribunal de la caja B y otros casos de Gürtel. Su sustituta, María José Rodríguez Duplá, también ha querido presidir todos los juicios de la Sección Segunda, también los que tenían ya un tribunal designado. Eso ha provocado que se haya tenido que modificar la composición de todos ellos y que Juan Pablo González entrara y, además, ejerciera de ponente.

En el caso de la caja B tiene una incidencia especial. Abandonan el tribunal Ángel Hurtado y Julio de Diego, y permanece José Ricardo de Prada. Los dos últimos fueron los jueces que dejaron en minoría a Hurtado y apoyaron la declaración de Mariano Rajoy y la plana mayor de Aznar en el juicio de Gürtel en calidad de testigos. Las acusaciones populares también quieren que Rajoy declare, con más razón aún, en la pieza que juzga la financiación irregular del partido que preside, pero los cambios en el tribunal acaban con la mayoría que lo propició en el seno del tribunal.

La Fiscalía Anticorrupción se ha pronunciado a favor de que Juan Pablo González, uno de los magistrados que ha pasado a integrar a última hora el tribunal que juzgará la caja B del PP, sea apartado del mismo, como solicitaron las acusaciones populares, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas. 

Anticorrupción también se muestra a favor de que Juan Pablo González no juzgue ninguna de las otras cinco piezas separadas del caso Gürtel de las que resta la celebración de la vista. En algunas de ellas, como en el caso de la financiación irregular del PP, había sido designado para redactar la sentencia. 

Las acusaciones populares coinciden en que Juan Pablo González, con independencia de su calidad jurídica, debe ser apartado del tribunal porque su carrera ha recibido un “decisivo impulso” por parte del partido cuya financiación irregular va a juzgar. Se refieren a su nombramiento como vocal del CGPJ, con apoyo del Partido Popular, o su designación para el privilegiado destino de juez de enlace en París. 

Los escritos de la Fiscalía Anticorrupción sirven para apoyar la admisión a trámite de la recusación planteada por las acusaciones populares. Pero en ellos, según fuentes fiscales, entran al fondo del asunto y anticipan su postura en un segundo escrito, el que les solicite el magistrado que se nombre instructor del incidente de recusación, previa deliberación por la Sala de lo Penal. 

Una de las dos juezas apartadas con anterioridad, Concepción Espejel, fue elegida por el CGPJ en mayo presidenta de la Sala de lo Penal. Hubo entonces que buscar sustituto para Espejel al frente de la Sección Segunda, la encargada por reparto de juzgar Gürtel y caja B. El CGPJ eligió a María José Rodríguez Duplá, magistrada conservadora que tomó una decisión recién llegada: como Espejel, haría efectiva su prerrogativa de presidir todos los juicios de la Sección Segunda.

Las cuatro acusaciones populares en el caso de la caja B del Partido Popular han pedido apartar a González. La Audiencia Nacional dio traslado a las otras partes para que se pronuncien antes de que la Sala de lo Penal tome una decisión. Anticorrupción remitió al juzgado el pasado viernes el escrito con su posición sobre las causas de Gürtel que no son caja B y la referente a la financiación del partido de Mariano Rajoy será trasladada este miércoles. 

Jueces para la Democracia (JpD) critica los cambios en el tribunal de Gürtel, que se ocupará de juzgar, entre otras piezas, la relativa a la caja B del PP. En un comunicado emitido este viernes, ponen el foco en el ascenso a ese tribunal de Juan Pablo González, quien será ponente de la causa, y destacan su vinculación con el PP.

El escrito recuerda que los cambios en el tribunal, aprobados por la Audiencia Nacional, suponen “una modificación retroactiva” en casos especialmente relevantes en los que se investiga “relevantes asuntos vinculados a supuestas tramas de corrupción del Partido Popular”.

Esos cambios suponen la salida de Julio de Diego del tribunal, el juez que inclinó la balanza para que Mariano Rajoy fuese citado en el juicio sobre la primera época del caso Gürtel. Así lo recuerda esta asociación, que también destaca que José Ricardo de Prada deja de ser el encargado de la ponencia, que pasa a manos de González.

“Resulta llamativo dicho nombramiento habida cuenta la participación del Sr. González hasta en cuatro cursos de FAES, fundación vinculada al Partido Popular, compartiendo mesa con dos investigados de la trama Gürtel”, señala el comunicado. También se recuerda que dos jueces -Concepción Espejel y Enrique López- fueron recusados por “parecidas vinculaciones políticas”.

Esas y otras razones han llevado a las acusaciones populares a presentar un incidente de recusación contra González, porque señalan que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante siete años con los votos de varios senadores del PP, entre los que hay testigos en Gürtel y acusados de recibir sobresueldos.

Las acusaciones también destacan que fue el Gobierno de Rajoy -sobre quien tendrá que decidir si es testigo en ña caja B- quien le nombró como juez de enlace en Paris, un puesto muy bien remunerado dentro de la carrera judicial.

El comunicado de JpD concluye que “las apariencias son de vital importancia porque los jueces no sólo deben ser justos, sino, además, parecerlo, dado que está en juego la confianza que los tribunales de una sociedad democrática inspira en la ciudadanía”.

Las cuatro acusaciones populares en el caso de la caja B del Partido Popular coinciden en el argumento de que Juan Pablo González, con independencia de su calidad jurídica, debe ser apartado del tribunal porque su carrera ha recibido un “decisivo impulso” por parte del partido cuya financiación irregular va a juzgar.

IU, Adade, Observatori Desc y los socialistas valencianos han presentado ya sus escritos de recusación. Lo hacen después de haber recurrido igualmente la modificación que se ha producido de forma inesperada en la composición del tribunal de la caja B.

Con esta modificación se ha acabado con la mayoría de dos jueces a uno que acordaron citar a declarar a Mariano Rajoy como testigo en otra pieza de Gürtel, la conocida como Primera Época. Las acusaciones también quieren que el presidente del Gobierno comparezca en el juicio de la caja B de su partido.

Las acciones populares han repasado la carrera de Juan Pablo González. De 2001 a 2008, el magistrado fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo propuso la asociación mayoritaria y conservadora APM, pero resultó elegido con el apoyo del Partido Popular en una votación celebrada en el Senado.

En esa votación participaron “destacados miembros” del Partido Popular, responsable civil en el caso de los papeles de Bárcenas o caja B, que además tienen distintas vinculaciones con el caso Gürtel, recupera Adade. Son Jesús Sepúlveda, imputado en la pieza principal. O Esperanza Aguirre, testigo en ese caso. Y Pío García Escudero y Luis Fraga Egusquiaguirre, ambos receptores confesos de fondos recogidos en la contabilidad paralela de Luis Bárcenas. También Tomás Burgos le votó, marido de una exdiputada fallecida y que estuvo imputada.

Según destaca esta misma acusación popular, en la votación, y con los mismos apoyos, resultó también resultó elegido vocal del CGPJ Enrique López, uno de los dos primeros jueces apartados de los juicios de Gürtel por su proximidad al PP. La otra magistrada apartada fue Concepción Espejel, ahora presidenta de la Sala de lo Penal y, como tal, participante en el proceso de modificación del tribunal de Gürtel para hacer cumplir la prerrogativa de la nueva presidenta de la Sección Segunda, María José Rodríguez Duplá, de presidir todos los juicios.

“Existen dudas más que razonables sobre la parcialidad de este Magistrado en cuanto adeuda gran parte de su carrera profesional al apoyo expreso del partido político”, concluye IU respecto de Juan Pablo González.

En los últimos años, González ha seguido recibiendo una estimable ayuda del PP, en este caso ya desde el Gobierno. Entre 2012 y 2015, González desempeñó el puesto de magistrado de enlace en París. Un destino que llevó la firma de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apunta la acusación de los socialistas valencianos.

Observatori Desc, por su parte, razona que el destino fue concedido a González “cuando ETA había cesado su actividad criminal y, prácticamente, la labor era jurídico-administrativa, un cargo de prestigio, muy bien remunerado y, por ende, codiciado”. “Se podría considerar un precio a su destacada labor como jurista, cuya calidad y méritos ni siquiera se pone aquí en duda”, añade esta acusación popular.

Su aterrizaje posterior en la Audiencia Nacional también está teñido de la influencia del PP. Su nombramiento para la Sala de lo Penal, así como las seis prórrogas en comisión de servicio son fruto de la mayoría de vocales a propuesta del partido en el Gobierno.

Adade: “La última prórroga ha expirado”

Adade va más lejos y asegura que González está en la Audiencia Nacional de forma irregular, ya que “ha excedido el plazo” para estar en comisión de servicios, habiendo expirado la última prórroga el 8 de diciembre pasado, según la normativa vigente. “Carece en este momento de habilitación para mantener sus funciones en el citado tribunal, debiendo cesar y reincorporarse al órgano de origen, pudiendo, en otro caso, incurrir en responsabilidades de diversa intensidad”, destaca Adade.

Todas las acusaciones populares coinciden en destacar la participación del juez González en cuatro seminarios de Faes, la fundación próxima al PP. Los socialistas valencianos recuerdan que una de esas charlas fue impartida junto a Carlos Clemente, viceconsejero de la Comunidad Autónoma de Madrid para el que la Fiscalía pide ocho años de cárcel en la pieza principal de Gürtel. “No es aventurado suponer que su participación en dichos cursos fue remunerada”, añade Adade.

Esta acusación popular también recupera los artículos escritos por el juez González en La Razón, “periódico conocido por su clara afinidad con el Partido Popular” y la representación de los socialistas valencianos remata que su hermano Miguel es abogado y exdiputado del PP por Segovia.

Izquierda Unidad (IU), que ejerce la acusación popular en el caso de la caja B del PP, ha presentado un escrito en el que pide recusar a Juan Pablo González, el juez que se encargará de la ponencia cuando haya juicio, porque consideran que tiene una “amistad manifiesta” con la formación y que esta circunstancia puede afectar “a la parcialidad del procedimiento y a su transparencia”.

La formación recuerda que parte de sus ascensos en la carrera judicial se deben a decisiones de miembros del PP, algunos vinculados con esta causa, y apuntan también a que participó en cursos de la fundación del partido. IU, como el resto de acusaciones, ya había presentado un recurso contra los cambios en el tribunal que juzgará las causas pendientes de Gürtel, entre las que está la de la caja B.

En el incidente de recusación que han presentado este martes, y al que ha tenido eldiario.es, IU señala que el nuevo magistrado de la causa tiene afinidad con el PP, a quien se juzgará como responsable civil subsidiario. Su trayectoria lleva a los abogados de IU a concluir que entre González y el PP existe “una estrecha relación de afinidad y simpatía”.

Entre los hechos en los que sustentan esta afirmación, el escrito recuerda que González fue elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con los votos de los diputados populares, y que desde ese puesto votó contra la recusación de sus compañeros Enrique López y Concepción Espejel en esta misma causa. Al final, ambos fueron apartados del caso.

IU incide en que Espejel ha participado del acuerdo que ha elevado a González a este tribunal, y llama la atención sobre el hecho de que los tres magistrados -López, Espejel y González- “fueron designados por el Partido Popular como vocales del CGPJ y fueron promocionados o condecorados por el Gobierno de Mariano Rajoy”.

“Existen dudas más que razonables sobre la parcialidad de este Magistrado en cuanto adeuda gran parte de su carrera profesional al apoyo expreso del partido político”, añaden. Para apuntalar esta conclusión, IU afirma que entre quienes votaron a González para el CGPJ estaban los senadores Esperanza Aguirre, Pio García Escudero, Jesús Sepúlveda o Luis Fraga, “todos ellos” relacionados con la investigación.

El escrito continúa repasando la carrera del nuevo miembro del tribunal de Gürtel y se detiene en su nombramiento como juez de enlace en Paris, una responsabilidad a la que accedió por nombramiento del “el Gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy”.

Las acusaciones han propuesto que, al igual que ocurrió en el juicio de la primera parte de Gürtel, Rajoy declare como testigo en esta causa. Así, IU concluye que “no fortalece la apariencia de imparcialidad del tribunal” que en él se encuentre un magistrado -que además decidirá sobre la pertinencia de la citación- nombrado por un testigo para “un bien remunerado puesto judicial en el exterior”.

El escrito también recoge la participación de González en cursos de La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), hasta hace poco vinculada al PP, un “apéndice orgánico” del partido, afirma IU. El juez participó en esos cursos, “cobró emolumentos” y compartió mesa con Carlos Clemente, juzgado en el caso Gürtel.

El recorrido sobre la carrera de González lleva a IU a concluir que está probado que “tiene una indudable relación de afinidad y cercanía con el PP, siendo esa amistad extensible a muchos de sus dirigentes”. Tiene además interés indirecto en el devenir de la causa, porque esta puede suponer “un descrédito de dicho partido político, lo que puede reduciría las expectativas que el magistrado puede tener de que el Partido popular siga instando y promocionando su carrera judicial”. Por ello, instan a que sea apartado de la causa.

En la justicia hay un requisito imprescindible: la apariencia de imparcialidad. No basta con ser un juez independiente. También hay que parecerlo

1. El PP estaba molesto con la Audiencia Nacional. La causa hay que buscarla el 26 de julio de 2017, el día en que Mariano Rajoy tuvo que ir a declarar como testigo para hablar de la corrupción de su organización. El presidente del Gobierno intentó zafarse del mal trago y testificar por plasma, pero ni siquiera esto logró. ¿La razón? Que en el complejo ecosistema de la Audiencia Nacional uno de los jueces supuestamente conservadores se salió del carril y votó en contra de lo que quería el PP.

2. El tribunal que obligó a Rajoy a testificar estaba formado por tres jueces: el progresista José Ricardo de Prada y los conservadores Julio de Diego y Ángel Hurtado. Pero contra pronóstico, Julio de Diego respaldó a De Prada y apoyó que todos los que habían sido secretarios generales del PP, también Rajoy, fuesen llamados a declarar. Ángel Hurtado se quedó así en minoría, Rajoy tuvo que desfilar por el juicio de la Gürtel y este episodio encendió todas las alarmas en el Partido Popular.

3. Estos dos jueces díscolos con el PP –De Prada y de Diego– iban a ser también quienes juzgasen una buena parte de los casos de corrupción de este partido que aún están pendientes de sentencia. Entre otros, uno especialmente importante: el de la caja B, esos papeles de Bárcenas donde aparecen apuntados los pagos de 373.000 euros en dinero negro a un tal M. Rajoy.

4. Cuando al PP le va mal un juicio, no cambia de abogado: cambia de juez. Así pasó una vez más. Tras la recusación de Enrique López y Concepción Espejel por su notable cercanía con el PP, ambos fueron ascendidos a puestos donde pudiesen ser más útiles, ya que nunca más podrían juzgar la corrupción del PP. Enrique López se mudó a la poderosa Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Y Espejel –“querida Concha”, como la llama Cospedal– pasó a ser presidenta de la Sala de lo Penal. Poco después de ascender, Espejel, “querida Concha”, le hizo un último favor al Partido Popular. Junto con su sucesora al frente de la sección segunda, María José Rodríguez Duplá, Espejel promovió un cambio en las normas de formación de los tribunales de forma retroactiva –el tribunal que iba a juzgar este caso ya estaba fijado desde el 3 de abril de 2017–. Y con ese cambio, casualmente, De Diego quedó fuera del juicio de la caja B. En su lugar llegó otro juez, Juan Pablo González, que le debe gran parte de su carrera al PP.

5. El nuevo tribunal que finalmente juzgará la caja B y otros peliagudos casos de corrupción del PP –como la visita del Papa a Valencia o los contratos que se llevó a dedo la Gürtel en Aena– tendrá como ponente a Juan Pablo González. Además, será González quien redacte la sentencia. De Prada sigue en el juicio, pero se cae Julio de Diego, así que el tribunal vuelve a tener una mayoría conservadora de 2 a 1. A diferencia de Julio de Diego, Juan Pablo González no es un juez temido por el PP.

6. ¿Y quién es Juan Pablo González? Este magistrado conservador empezó a despuntar como juez decano de Bilbao, donde mantuvo duros enfrentamientos con el PNV; llegó a acusar al gobierno de Ibarretxe de actuar en “connivencia con ETA”. Desde el País Vasco fue propuesto por el PP para el Consejo General del Poder Judicial. Y en 2012, al poco de ganar las elecciones, el Gobierno de Rajoy le nombró a dedo en otro de los puestos más codiciados y mejor pagados en la judicatura: el de juez de enlace en París. Estos destinos en las embajadas de Londres, Roma o París, de los que ya he escrito en otras ocasiones, disfrutan de un sueldo excelente con poco trabajo. Es un caramelo codiciado que reparte el ministro de Justicia a voluntad.

7. Tras su vuelta de Francia, González regresó a la Audiencia Nacional, donde entró por la puerta de atrás. No es el titular de la plaza –a la que se llega por el sistema de puntos, en un concurso abierto basado en la experiencia de los candidatos– sino que está allí en comisión de servicios. Es decir, fue elegido a través de un procedimiento mucho más controlado y arbitrario por el Consejo General del Poder Judicial. Ese CGPJ donde los jueces nombrados por el PP son mayoría.

8. Para completar el cuadro, recientemente hemos conocido –lo publicó El Plural– que Juan Pablo González también ha participado en varios cursos de la FAES. ¿Cobró por ellos, como hizo Enrique López? No se sabe. Pero ni siquiera este colmo debería ser necesario para que González fuese recusado y no juzgase al partido que tanto le ayudó.

9. En la justicia hay un requisito imprescindible: la apariencia de imparcialidad. No basta con ser un juez independiente. También hay que parecerlo.

Juan Pablo González González, el nuevo juez asignado a las causas judiciales abiertas contra el Partido Popular por su supuesta financiación ilegal a través de la conocida como 'caja b', podría ser apartado del caso por su afinidad con el partido.

Esas acusaciones populares, ejercidas en el caso de los ‘papeles de Bárcenas’ por Adade, Izquierda Unida, el Observatori Desc y los socialistas valencianos, valoran desde finales del pasado mes de noviembre, presentar recusación contra González, considerado por el sector progresista de la Audiencia Nacional un juez cuya carrera ha estado determinada por su proximidad al Partido Popular. Ya en 2001, González fue propuesto como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del partido que entonces lideraba José María Aznar.

Además, según publica este miércoles el diario elplural.com, González habría participado en al menos cuatro cursos de la Fundación FAES -vinculada a los populares- en los que habría coincidido, en el año 2003, con uno Carlos Clemente Aguado, uno de los exviceconsejeros de Esperanza Aguirre y uno de los imputados por la trama Gürtel y que permanece a la espera de sentencia.

La estrategia del PP de cambiar a diferentes jueces de la Audiencia Nacional responde a su necesidad de allanar su camino en el juicio de la 'caja b'. El tribunal que a día de hoy debe juzgar el caso es el tercero que se forma desde que se abrió la fase de juicio oral. En un primer momento iban a sentarse a examinar al partido en el Gobierno los jueces Concepción Espejel, Enrique López y José Ricardo de Prada. Pero los dos primeros fueron apartados por su proximidad al PP, según el voto mayoritario de sus compañeros de la Sala de lo Penal.

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el alquiler vacacional ha generado un revuelo entre los defensores y detractores de esta modalidad turística en inmuebles calificados como viviendas. El TSJC ha eliminado la restricción existente respecto a que el alquiler vacacional se pueda ejercer en zonas turísticas, urbanizaciones turísticas o residenciales mixtos; la obligación de alquilar la vivienda en su totalidad y, finalmente, la de tener que esperar 15 días tras la notificación al Cabildo para iniciar la actividad. Por el contrario, mantiene el deber de identificar el inmueble mediante placa turística, acreditar que en los estatutos de la comunidad no quede prohibido esta modalidad o cumplir los estándares exigidos por la administración turística.

¿Significa esto que si soy propietario de un apartamento en zona turística puedo dedicarlo al alquiler vacacional? Depende. Si forma parte de un establecimiento situado en suelo residencial en zona turística y con calificación de vivienda, sí. Por el contrario, si este apartamento forma parte de un complejo turístico en suelo turístico y con licencia turística, sometido al principio de unidad de explotación, la respuesta es no. La sentencia también posibilita alquilar una vivienda por habitaciones y que el inicio de la actividad sea inmediato desde su notificación al correspondiente Cabildo.

Y esto ¿es bueno o malo? Pues depende de quien lo diga. Les ofrezco aquí mi versión y las implicaciones que estimo que este fallo judicial puede tener.

Una consecuencia que tendrá esta sentencia a medio plazo será el germen de una nueva burbuja inmobiliaria especulativa, no solo para casi el 60% de las 120.000 camas de alquiler vacacional existentes en Canarias -28.000 viviendas- que se ubican en zonas turísticas, sino también porque atraerá muchas de las nuevas viviendas sin vender existentes en Canarias, entre 30.000 y 40.000, ni más ni menos.

Ya vemos en otras ciudades turísticas como Baleares, pero también en zonas urbanas como Barcelona, los problemas que esta actividad genera a los residentes por el incremento de los precios medios de alquiler. Claro, ya no interesan los vecinos que pagan 400 euros al mes, sino los turistas que pueden pagar 400 euros a la semana. Y el vecino que se busque la vida, pero en otro sitio, porque aquí molesta. ¿Dónde van a vivir los 70.000 trabajadores empleados en hoteles y apartamentos de Canarias? ¿Y los de las actividades conexas al turismo?

Si hoy hay problemas de convivencia en edificios turísticos sometidos a la unidad de explotación con los propietarios de las unidades privadas que quedan fuera de dicha explotación, no quiero pensar lo que podrá ocurrir en un edificio de 100 apartamentos, por ejemplo, cada uno de un dueño, que lo alquila libremente por su cuenta y a quien quiera a través de portales de internet. ¿Qué pasará si un cliente tiene una urgencia? ¿A quién llamará por la noche para pedir cualquier servicio? ¿Quién lo atenderá?

Todo esto se denomina profesionalización de una actividad, un concepto del que carece el alquiler vacacional, formado por propietarios individuales o agrupados, únicamente interesados en obtener un rendimiento de su propiedad, lo cual es lícito. El problema es cómo lo obtiene.

Nuestro modelo turístico de éxito se ha basado en una especialización de usos del suelo, separando lo turístico de lo residencial, y no por capricho, sino porque al suelo turístico se le exigen una serie de requisitos y dotaciones muy superiores al residencial, de ahí su mayor precio. Esto se ha pensado así durante casi 35 años de ordenación turística en Canarias, con el criterio de que las necesidades de un turista no son las de un residente y viceversa. Si ahora se permite que una vivienda se ofrezca como producto turístico, sin más valor añadido que su contenido, estamos poniendo en riesgo un sector del que, nos guste o no, todos comemos y dependemos.

Finalmente está el empleo. Cualquier ciudadano puede conocer en qué epígrafes cotizan a la Seguridad Social y cuántos son los trabajadores del sector turístico, concretamente los de establecimientos de alojamiento turístico. ¿Qué empleo genera el alquiler vacacional? Poco o ninguno. No me vale como creación de empleo el que trabaja en el supermercado de la esquina, porque los residentes y los turistas que se alojan en hoteles y apartamentos también van al supermercado, y su nómina no la paga el del piso vacacional. ¿Van a contratar acorde al convenio colectivo provincial de hostelería a camareras de pisos que limpien sus viviendas? Lo dudo. Optarán por empresas de servicios en el mejor de los casos. ¿Van a contratar para el edificio a un recepcionista de día y otro de noche que atienda a los turistas? También lo dudo.

En fin, estos interrogantes son lo que a mí me preocupan. Ojalá me equivoque y sean todo parabienes, porque dada la especialización turística y la falta de alternativas económicas en Canarias no podemos jugar con las cosas de comer, ni comernos las cosas con las que jugamos.

*Gerente de Ashotel

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que anule la exculpación que dictó el mes pasado a favor de un mando policial investigado por sus vínculos con la organización de Gao Ping. En el recurso de nulidad, los fiscales acusan a tres magistrados de la Sala de lo Penal de faltar a la verdad y de actuar “de forma descuidada o imprudente”.

El inspector Miguel Ángel Gómez Gordo era uno de los siete policías nacionales que se iban a sentar en el banquillo de los acusados por favorecer y/o obtener prebendas de Yongping Wu Liu, uno de los lugartenientes de Gao Ping. Sin embargo, el 10 de febrero pasado, la Sección Tercera se corrigió a sí misma y dictó el archivo provisional de la causa contra Gómez Gordo. Firmaban ese auto Juan Pablo González, como ponente; el presidente de la Sección, Alfonso Guevara; y Fermín Echarri.

Anticorrupción reacciona con el recurso de nulidad, en el que los fiscales Juan José Rosa y José Grinda analizan cada uno de los argumentos de la Sala de lo Penal para exculpar al policía en la antesala del juicio oral, cuando ya se había dictado el procesamiento y la propia Fiscalía había presentado su escrito de acusación.

El auto de los tres magistrados justificaba la exculpación del policía en un “examen detallado de las transcripciones telefónicas a las que en su momento no se tuvo acceso”. Para los fiscales, la Sala “falta rigurosamente a la realidad de los hechos”, ya que en su escrito de acusación del 31 de agosto, seis meses antes, se habían incluido todas las grabaciones y los jueces habían podido valorarlas.

“No se puede decir, por no ajustarse a la verdad, que no se había tenido acceso hasta este momento a las transcripciones. Si la Ilustrísima Sala ya valoró esas transcripciones telefónicas, al estimar el recurso de apelación de la Fiscalía (…), no puede valorar de forma distinta ahora su contenido y menos aún decir que no se tuvo accesa a las mismas”, alega Anticorrupción.

En el auto exculpatorio, el ponente, Juan Pablo González, asumía los argumentos de la defensa del policía y negaba que constara en la causa que éste hubiera solicitado dinero al presunto mafioso chino (4.000 euros). A lo que Anticorrupción replica: “En ningún momento, ni lugar del escrito de recurso, el Ministerio Fiscal ha dicho que Miguel Ángel Gómez Gordo exigiera la entrega de dinero al imputado Yong Ping Wu Liu”.

Y añaden los fiscales: “Es una grave apreciación de la Ilustrísima Sala, sólo explicable por atender de forma descuidada o imprudente a la lectura del recurso tendencioso de la representación procesal de Miguel Ángel Gómez Gordo”. El escrito de la Fiscalía calculaba en 4.000 euros el beneficio que había recibido el policía por el cambio de billete efectuado por Yong Ping Wu Liu para que el inspector jefe regresara en primera clase de China.

Los fiscales no ahorran en calificativos al referirse a la Sala. “La resolución de 10 de febrero de 2016 incurre en graves defectos que hace que su contenido sea de todo tipo irracional, contradictorio y atentatorio contra el derecho a la tutela judicial efectiva”, concluyen. Y se preguntan por qué, si los jueces consideran que no hay indicios de criminalidad en la conducta del policía, dictan su archivo provisional y no el libre.

Anticorrupción eleva a más de 6.000 euros los regalos que recibió en especias el inspector jefe Miguel Ángel Gómez Gordo de Yong Ping. El ciudadano chino invitó al policía al estadio Santiago Bernabéu en tres ocasiones. Asimismo, cambió un billete de turista que tenía el agente para volver de un viaje de trabajo a China por otro en primera clase que costeó de su bolsillo, según la Fiscalía.

Los fiscales optan por presentar un recurso de nulidad al considerar que los jueces de la Audiencia Nacional han vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y han lesionado los derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías y al uso de medios de prueba pertinentes, así como “a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Los apellidos “Gómez Gordo” en la Policía

El exculpado era jefe del Grupo V de la Brigada de Extranjería de Madrid cuando estalló la operación Emperador, en octubre de 2012. Miguel Ángel Gómez Gordo fue el único policía nacional detenido entonces y continuó, a pesar de la imputación, durante dos años al frente del mismo grupo, dedicado a combatir la delincuencia en los círculos chinos de la Comunidad de Madrid.

El Ministerio del Interior ascendió a Gómez Gordo cuando aún estaba pendiente el recurso de la Fiscalía contra el archivo de su causa que dictó el juez Fernando Andreu. En la decisión del juez pesó el informe que presentó el máximo responsable de los policías anticorrupción en favor del policía, aun cuando para ello tuvo que contradecir a sus propios subordinados.

Su hermano es otro inspector jefe, Andrés Gómez Gordo, quien ha dejado la Policía de forma temporal en dos ocasiones para trabajar con el Partido Popular. La primera, en la Ciudad de la Justicia, el faraónico proyecto en el que el Gobierno de Esperanza Aguirre dilapidó 105 millones de euros. Con María Dolores de Cospedal fue nombrado director general de Documentación y Análisis aunque su ocupación fue la de jefe de seguridad de la presidenta castellano-manchega.

A los cinco meses de regresar a la Policía, Andrés Gómez Gordo fue condecorado con una medalla roja al mérito policial, esto es, remunerada. En la actualidad está destinado en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.

El caso del grupo de policías acusados de favorecer a la mafia de Gao Ping a cambio de prebendas ha dado un giro inesperado en la antesala del juicio oral. La Audiencia Nacional ha aceptado el recurso de una de las defensas y ha retirado la imputación al inspector jefe de la Policía Nacional Miguel Ángel Gómez Gordo, para el que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado un año de prisión y tres de suspensión por un delito de cohecho continuado.

La retirada de la condición de imputado al inspector jefe se produce en un momento inusual, después de que el juez instructor dictara auto de pase a procedimiento abreviado -equivalente al procesamiento- y Anticorrupción hubiera presentado su escrito de acusación. Y llega sin que hayan sido aportados a la causa nuevos indicios que exculpen al policía de los ya existentes sobre su relación con Yongping Wu Liu, alias Miguel el Calvo, uno de los máximos colaboradores del presunto jefe de la mafia china Gao Ping.

La Sala de lo Penal dice que cambia de opinión porque ha realizado “un análisis individualizado de los indicios existentes, a partir del examen detallado de las transcripciones telefónicas, a las que en su momento no se tuvo acceso”. Esta actuación “permite comprobar que no es cierto que el investigador exigiera al señor Yong Ping 4.000 euros cuando regresaba de un viaje oficial”, concluye.

Fuentes de la Fiscalía aseguran que la misma Sección que ahora se pronuncia, la Tercera, ha tenido acceso completo a la causa y que, en base al análisis de la misma, rectificó al juez instructor y ordenó volver imputar en noviembre a los ocho policías para los que Fernando Andreu había archivado el caso, incluido Gómez Gordo. El juez Andreu se apoyó, entre otros elementos, en un informe que el jefe de los policías anticorrupción elaboró en favor de Gómez Gordo, a costa incluso de contradecir a subordinados suyos que habían investigado al agente. Antes de que la Sala se pronunciara, el Ministerio del Interior inició los trámites para ascender a Gómez Gordo a inspector jefe.

En aquel auto, la Sección Tercera aseguraba que Anticorrupción había rebatido “uno por uno” los argumentos expuestos por Andreu para archivar el caso y que lo había hecho “de forma contundente y sin ambages”. El escrito de la Fiscalía, decían entonces los jueces, “revela la existencia de indicios racionales de estar ante hechos en apariencia delictivos, con regalos y/o gestiones realizadas por estos imputdos, siempre a favor de Yongping o sus familiares o allegados, o incluso cómo Gómez Gordo parece exigirle a Yongping 4.000 euros cuando este (el policía) regresaba de un viaje oficial desde Pekín”.

El ponente de aquel auto fue el presidente de la Sección Tercera, Alfonso Guevara. Formaron tribunal con él Carmen Lamela y Antonio Díaz Delgado. En el auto que ahora exculpa a Gómez Gordo repite Guevara, al que acompañan Fermin Echarri y Juan Pablo González. Este último es el que redacta la resolución. Juan Pablo González se acaba de incorporar a la Sala de lo Penal después de haber ocupado provisionalmente el puesto en el Juzgado de Instrucción número 3 que dejó Javier Gómez Bermúdez, destinado ahora en París.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional propuso para el puesto vacante en la Sala de lo Penal a Juan Pablo González, por su experiencia como magistrado de enlace en la capital francesa y su paso, como interino, por el Juzgado número 3. Sin embargo, su incorporación ha sido objeto de polémica en el seno de la Audiencia Nacional. Antes de la propuesta, un grupo de magistrados de la propia Sala trasladaron al presidente del Tribunal, José Ramón Navarro, la inconveniencia de que González alcanzara la misma porque su trayectoria no acredita la experiencia necesaria, informan fuentes de la Audiencia Nacional.

El policía de Cospedal

El exculpado por González y los otros dos miembros de la Sección Tercera era jefe del Grupo V de la Brigada de Extranjería de Madrid cuando estalló la operación Emperador, en octubre de 2012. Miguel Ángel Gómez Gordo fue el único policía nacional detenido entonces y continuó, a pesar de la imputación, durante dos años al frente del mismo grupo, dedicado a combatir la delincuencia en los círculos chinos de la Comunidad de Madrid.

Su hermano es otro inspector jefe, Andrés Gómez Gordo, quien ha dejado la Policía de forma temporal en dos ocasiones, las dos para trabajar con el Partido Popular. La primera, en la Ciudad de la Justicia, el faraónico proyecto en el que el Gobierno de Esperanza Aguirre dilapidó 105 millones de euros. Con María Dolores de Cospedal fue nombrado director general de Documentación y Análisis aunque su ocupación fue la de jefe de seguridad de la presidenta castellano-manchega.

A los cinco meses de regresar a la Policía, Andrés Gómez Gordo fue condecorado con una medalla roja al mérito policial, esto es, remunerada. Su destino inmediato fue un puesto de responsabilidad en la UDEF, aunque rápidamente fue derivado a trabajar en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) junto al comisario José Manuel Pérez Villarejo. Fuentes policiales aseguran que ahora hace de enlace entre la UDEF y la DAO y que colabora en las tareas de “inteligencia” de ésta última. Uno de los últimos trabajos de “inteligencia” de la DAO ha sido el informe sobre la supuesta financiación irregular de Podemos.

Anticorrupción cifra en más de 6.000 euros los regalos que recibió en especias el inspector jefe Miguel Ángel Gómez Gordo de Yong Ping. El chino regaló entradas al policía para el estadio Santiago Bernabéu en tres ocasiones. Asimismo, cambió un billete de turista que tenía el agente para volver de un viaje de trabajo a China por otro en primera clase que costeó de su bolsillo. El “análisis individualizado” que ahora realiza el magistrado González concluye, sin embargo, que “no es cierto que el investigador exigiera al señor Yong Ping 4.000 euros cuando regresaba de un viaje oficial”.

Wongping Liu, dice el juez, “efectuó gestiones para un cambio de la fecha prevista para el regreso del vuelo profesional a Pekín, e incluso realizó gestiones ante miembros de la compañía aérea para permitirle lo que se conoce como up grade, o cambio de clase sin coste adiconal, sin que nos conste que dichas gestiones dieran un resultado positivo”. De las invitaciones al palco del Bernabéu, el juez dice que fue solo una y que no consta que tampoco por ello recibiera el chino algo a cambio.

“En definitiva, no hay datos que permitan considerar que la relación que mantiene el recurrente con el señor Yong Ping Wu Liu, y que puede ser calificada como de amistad, haya implicado favorecimiento de las actividades u objetivos de la trama investigada ni tampoco actividad delictiva alguna (…) los favores (Yongping Wu Liu) a su amigo no parece que tengan relevancia o significación a efectos penales más allá de los usos y convenciones sociales”, añade el auto.

Los policías de la UDYCO encontraron el nombre de Gómez Gordo en un organigrama donde Gao Ping distribuía por ciudades y unidades policiales su contactos en las Fuerzas de Seguridad del Estado. El ciudadano chino que supuestamente le hizo regalos por valor de 6.000 euros, Yongping Wu Liu, está acusado de revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho en la pieza separada que investiga a los policías. Se enfrenta a nueve años de cárcel.

En una primera versión de esta información, en su penúltimo párrafo, aparecía en un parénteis la expresión “del policía” cuando debía aparecer “de Yongping Wu Liu”. Por tanto, la Sala de lo Penal concluye que los “favores” realizados son del ciudadano chino al policía y no al revés, como se daba a entender por error en la primera versión. Dicho error fue advertido en una solicitud de rectificación remitida a eldiario.es por don Miguel Ángel Gómez Gordo.

El policía defiende que la resolución por la que deja de estar imputado “se produce dentro de la legalidad en un momento procesal adecuado, por haberse dadeo un recurso de apelación en tiempo y forma y haberse resuelto éste por el órgano judicial competente”. A nada de esto alude la información citada, que se limita a calificar de “inusual” el momento en que se produce la exculpación.

El señor Gómez Gordo quiere que la información recoja “que en la resolución se tienen en cuenta nuevas conversaciones telefónicas aportadas por el recurrente en su recurso de Apelación, como así recoge el auto de la Sala”. En la información aludida ya se recoge en un lugar destacado -tercer párrafo- lo siguiente: “La Sala de lo Penal dice que cambia de opinión porque ha realizado 'un análisis individualizado de los indicios existentes, a partir del examen detallado de las transcripciones telefónicas, a las que en su momento no se tuvo acceso'. Esta actuación 'permite comprobar que no es cierto que el investigador exigiera al señor Yong Ping 4.000 euros cuando regresaba de un viaje oficial', concluye”.

El policía quiere que se refleje que la Sala de lo Penal ha establecido “que no queda acreditado que el chino regalase entradas al policía, ni que éste viajase en clase business, ni mucho menos que este viaje fuese costeado por don Yongping Wu Liu. Muy al contrario, no constan en la causa acreditados ninguno de estos extremos y así lo recoge la Sala en su auto”. Como se refleja en el párrafo anterior, la información ya reflejaba la afirmación del auto de la Sala en relación con el viaje desde China. En cuanto a la entradas al fútbol, la misma información ya dice: “De las invitaciones al palco del Bernabéu, el juez dice que fue solo una y que no consta que tampoco por ello recibiera el chino algo a cambio”.

A lo largo de la información, eldiario.es también recoge afirmaciones de la Fiscalía Anticorrupción en el escrito de acusación, como la que aparece en la página 25 del citado: “El Sr. Gómez recibe, en muy breve plazo (de abril a agosto de 2012), varios regalos que, de una manera prudente, se puede cifrar en aproximadamente 6.000 euros”. Más adelante, Anticorrupción especifica que 4.000 de esos 6.000 euros corresponden al billete de vuelta de China. Estas afirmaciones de la Fiscalía, como se concluye de la lectura de la información, fueron en su momento aceptados por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal y rechazadas posteriormente en el auto que da pie a la información.