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La Audiencia Nacional depura al tercer magistrado que no puede juzgar al PP por su afinidad con el partido

La Sala de lo Penal aparta a Juan Pablo González del juicio de la caja B y de otros tres de Gürtel como ya hiciera con Concepción Espejel y Enrique López 

Magistrados conservadores como Antonio Díaz Delgado o Teresa Palacios han votado a favor de apartar a González por "falta de apariencia de imparcialidad"

González aterrizó en el tribunal de la caja B por un polémico cambio interno que acababa con la mayoría en el tribunal de Gürtel que permitió citar a Rajoy

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Proponen al juez Juan Pablo González para sustituir a Gómez Bermúdez

El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González EFE

En la Audiencia Nacional, el tribunal español de las causas especiales, hay al menos tres magistrados que no ofrecen la "apariencia de imparcialidad" necesaria para juzgar los casos de corrupción en los que están implicados el Partido Popular o alguno de sus cargos. Este viernes, los propios jueces de la Sala de lo Penal determinaron que su compañero Juan Pablo González no puede integrar el tribunal que juzgara la presunta financiación irregular del partido durante veinte años porque el PP ha tenido una influencia decisiva en su carrera profesional.

Es la tercera vez que ocurre y no se puede descartar que las acusaciones populares y la Fiscalía Anticorrupción recusen a quien el sistema de reparto señale como sustituto de González. Los jueces de la Sala de lo Penal ya apartaron de los juicios de Gürtel y la caja B a Enrique López y Concepción Espejel. A pesar de ello, la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial eligió después a la segunda para  presidir la Sala de lo Penal que hoy ha purgado a González.

En el caso de González la votación ha resultado muy ajustada, 9 votos a favor de ser apartado y ocho en contra. Como ocurriera en los casos de Espejel y López, los jueces de la Audiencia Nacional no se han posicionado por bloques ideológicos. Aunque el voto es secreto, los cambios en la ponencia permiten conocer el sentido de algunos de ellos.

Según han informado a eldiario.es fuentes de la Sala de lo Penal, los conservadores Juan Francisco Martel y Eduardo Gómez  abandonaron sus respectivas ponencias (Jerez y Caja B) al no estar de acuerdo con el voto mayoritario. Fueron sustituidos por Manuela Fernández de Prado, de adscripción progresista, y Teresa Palacios, que integra el sector conservador. Ambas, por tanto, votaron a favor de apartar a Juan Pablo González.

Otros dos conservadores se pronunciaron en este mismo sentido. Es el caso de Julio de Diego y Antonio Díaz Delgado -designados como ponentes por la pieza de Aena y la visita del Papa a Valencia, respectivamente- que no renunciaron, por lo que están de acuerdo con apartar a sus compañeros de los cuatro juicios del caso Gürtel para cuyo tribunal fue designado.

La votación frustra el  inesperado movimiento en la Audiencia Nacional que provocó el cambio en la composición del tribunal que en el juicio de Gürtel acordó por mayoría de dos a uno citar a Mariano Rajoy como testigo. El origen está en el empeño del Partido Popular por que Concepción Espejel, apartada antes de ese tribunal de Gürtel por su afinidad con el PP, se convirtiera en presidenta de la Sala de lo Penal.

Una consecuencia automática fue que Espejel dejaba de presidir la Sección Segunda. Fue sustituida por María José Rodríguez Duplá, también conservadora, que estableció un nuevo reparto de los casos con efecto retroactivo. El tribunal del caso de la caja B del PP cambiaba su composición. Solo quedaba en él uno de los dos jueces que apoyó citar a Rajoy y a la cúpula del partido con Aznar. El otro era sustituido por Juan Pablo González, uno de los magistrados de la Audiencia Nacional más significados por su proximidad con la formación de Mariano Rajoy.

La historia se volvía a repetir. Las acusaciones populares, una a una, recusaron a González. Y, como en el caso de Espejel y López, la Fiscalía Anticorrupción  respaldaba que el magistrado fuera apartado del tribunal de la caja B y de las otras tres piezas para las que había sido designado (Aena, Jerez y visita del Papa a Valencia).

Las acusaciones populares apreciaban que el PP había dado  “un decisivo impulso” a la carrera profesional de Juan Pablo González. Las fuentes consultadas aseguran que el Pleno de ayer siguió el guión de las recusaciones planteadas a Espejel y López y que los argumentos esgrimidos para apartar a González eran coincidentes con los utilizados para Enrique López en su momento.

Destinos y puestos con el apoyo del PP

De 2001 a 2008, el magistrado González fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo propuso la asociación mayoritaria y conservadora APM, pero resultó elegido con el apoyo del Partido Popular en una votación celebrada en el Senado.

En esa votación participaron “destacados miembros” del Partido Popular, responsable civil en el caso de los papeles de Bárcenas o caja B, que además tienen distintas vinculaciones con el caso Gürtel. Son Jesús Sepúlveda, imputado en la pieza principal. O Esperanza Aguirre, testigo en ese caso. Y Pío García Escudero y Luis Fraga Egusquiaguirre, ambos receptores confesos de fondos recogidos en la contabilidad paralela de Luis Bárcenas. También Tomás Burgos le votó, marido de una exdiputada fallecida y que estuvo imputada. En aquella votacion para el CGPJ, y con los mismos apoyos, resultó también elegido vocal Enrique López. 

Entre 2012 y 2015, González desempeñó el puesto de magistrado de enlace en París. Un destino dorado para los jueces que llevó la firma de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apunta la acusación de los socialistas valencianos. Su aterrizaje posterior en la Audiencia Nacional también está teñido de la influencia del PP. Su nombramiento para la Sala de lo Penal, así como las seis prórrogas en comisión de servicio son fruto de la mayoría de vocales a propuesta del partido en el Gobierno.

En la decisión sobre González también ha pesado que participó en diversos cursos de FAES, la fundación que lidera Aznar, entre 2003 y 2005 y que cobró 765 euros por ello.

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