El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar a los exdiputados del PP Ramón Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui —este último también fue embajador de España en la India— por supuestamente liderar una “organización criminal” para conseguir contratos públicos en Argelia mediante el pago de dádivas y comisiones a autoridades y funcionarios de aquel país. El magistrado entiende que los hechos son constitutivos de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal o asociación ilícita, según un auto fechado este lunes. 

Además de a los expolíticos, el juez De la Mata procesa también a dos directivos de la compañía Elecnor, Germán Junquera Palomares y Ramón López Lax, a los que sitúa en el liderazgo del operativo. Esta empresa logró adjudicarse un tranvía y una desaladora. Asimismo, propone juzgar a otras 19 personas que “se ocupaban de implementar la estrategia acordada por los líderes, supervisar la gestión de las sociedades y distribuir los fondos ilícitos obtenidos”, recoge el magistrado. 

En su resolución, De la Mata explica que de la investigación se desprende que la finalidad de la organización constituida, era doble: por un lado, “conseguir contratos en países extranjeros mediante el pago de comisiones y dádivas a autoridades y funcionarios argelinos”; y, por otro, “enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos del propio contrato, armando toda una estructura de sociedades ficticias y de facturación falsa, y simulando la prestación de servicios para la ejecución del contrato por parte de sociedades pantalla”. “Todo ello de acuerdo con un plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una visión de largo plazo, ordenado de acuerdo con las directrices emanadas de la cúspide de la organización”, subraya el juez.

Entre los procesados también están José Faya López, empleado del despacho Voltar Lassen, y Borja de Arístegui Arroyo, hijo del exembajador, que apoyaban y colaboraban con los exdirigentes del PP, sostiene el juez. Otros seguían las instrucciones del fallecido Cristóbal Tomé Becerra (agente externo de Voltar Lassen), como ocurre con su hermano José Luis Tomé Becerra, su hijo David Tomé Miller y José Félix González Noriega, abogado y amigo de Gómez de la Serna.

Por último, según el auto del magistrado, otros procesados, como los empresarios Adolfo Suarez Lopetegui e Israel Suárez Hermoso de Mendoza, participaron en la organización aportando sus estructuras fiduciarias y fungiendo como intermediarios para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios de las operaciones.

Todos ellos participaron en las dos operaciones mercantiles corruptas, tanto en Souk Tleta como Ourgla, por lo que el magistrado les atribuye “estabilidad y permanencia en la organización así como persistencia en los objetivos criminales, que no limitaron a una única operación sino que se prolongó y reiteró en el tiempo”.

A partir de ahora, el Juzgado Central de Instrucción 5 da un plazo de 20 días a las partes para solicitar la apertura de juicio oral de esta investigación presentando escrito de acusación o bien solicitando el sobreseimiento de la causa.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, uno de los jueces clave en las investigaciones de corrupción en nuestro país, abandonará próximamente la Audiencia Nacional tras haber solicitado plaza como miembro español en la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal Eurojust, con sede en La Haya.

El Consejo de Ministros designará próximamente esta vacante y elegirá entre los candidatos a De la Mata, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas. El magistrado instruye actualmente varias de las causas de mayor complejidad en la Audiencia Nacional, como son los 'Papeles de Bárcenas' y el '3 por ciento en Catalunya' y hace unos meses concluyó la referida al patrimonio de la familia Pujol, que le ha llevado varios años.

El juez central número 5 es, junto a su compañero del Juzgado Central número 6 Manuel García-Castellón, uno de los integrantes de la Audiencia Nacional que acumula las causas más mediáticas, ya que a las antes señaladas se suman las piezas por presunta corrupción en las empresas Defex y Mercasa o la macrocausa por presunto fraude en iDental. Antes de recalar en este juzgado fue director general de Modernización de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Su salida obligará a que la causas pendientes sean inicialmente 'heredadas' por uno de unos compañeros de la Audiencia Nacional hasta que se designe un sustituto para el puesto, según las mismas fuentes.

El juez que investiga el caso de la caja B del PP José de la Mata incorpora a la causa la agenda del exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero –conocido también como 'El Albondiguilla'–. Sin embargo, rechaza las declaraciones del presidente de la Junta Juan Manuel Moreno Bonilla, de Manuel Horrillo (exsecretario del Ayuntamiento de Boadilla), Ricardo Aguilar (chófer municipal), Miguel Ignacio González Sánchez (exteniente de alcalde) y la del diputado José Antonio Bermúdez de Castro.

En su auto, el juez indica que no hay lugar a tales testificaciones “pues, como pone de manifiesto el Ministerio Fiscal en su informe, el conocimiento de los hechos por los testigos propuestos no es fruto de su percepción sensorial lo es por referencia, por lo que les dijo o transmitió Arturo González Panero, quien ha declarado en la causa, deviniendo innecesarios los testimonios que se pretenden”.

La acusación popular ejercida por Izquierda Unida solicitó en noviembre al juez que instruye el caso que llamase a declarar al presidente de la junta Moreno Bonilla y al diputado José Antonio Bermudez de Castro. Esto se produjo tras la declaración de González Panero ante De la Mata, que aseguró que en el año 2005 le contó al hoy presidente de la junta que Bárcenas le presionó para que adjudicara obras.

En el año 2005, Moreno Bonilla era responsable de Política Local del PP bajo las órdenes de Sáenz de Santamaría. También dijo que, previamente, el expresidente Mariano Rajoy le había dicho: “Alcalde, haz caso a Luis”.

Fue el propio 'Albondiguilla' el que, en declaraciones a los medios de comunicación, dijo que en las llamadas que mantuvo con el extesorero este “solía decir que las empresas en cuestión ayudaban al partido, colaboraban con el partido en campañas electorales”, que al PP le “interesaba que les fuese bien” y que “a ver qué se podía hacer”.

El juez, mediante su auto, también requiere al director de El Independiente que ponga a disposición del juzgado toda la documentación que tenga sobre la operación Kitchen.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha adoptado una medida cautelar en el marco del procedimiento judicial de Idental que consiste en la suspensión cautelar de las reclamaciones judiciales o extrajudiciales que se hayan formulado por las entidades financieras que hayan suscrito contratos de crédito vinculados a los tratamientos odontológicos firmados con las clínicas del Grupo Idental.

 En un auto, De la Mata adoptada dicha medida “sin perjuicio de las soluciones extraprocesales que se hayan celebrado de forma particular o colectiva por las asociaciones de consumidores o perjudicados”. 

Además, el juez también acuerda requerir a las diez entidades financieras (Sabadell Consumer Finance SAU, Banco Cooperativo Español SA; Evo Finance; Santander Consumer Finance; Banco Cetelem SAU; Banco Pichincha; Uno-e-Banka; BBVA Consumer Finance; Finanmadrid SAU Pepper EFC y Montjuic EFC SA) para que cesen en dichas reclamaciones, así como a abstenerse de incluir en los ficheros de información patrimonial a aquellos perjudicados que hayan cesado en el pago de los créditos contratados y procedan a retirar de los registros citados a aquellas personas cuya inscripción se solicitó por el impago de los créditos.

El instructor explica que la suspensión de las reclamaciones de créditos vinculados a los tratamientos médicos firmados con Idental permitiría evitar mayores perjuicios a los denunciantes, obligándoles a abonar los gastos periódicos del crédito a sabiendas de que el tratamiento odontológico no les será administrado, sin perjuicio de las soluciones extraprocesales que puedan ser asumidos por aquellos.

Por el contrario, prosigue, la continuación del pago o ejecución de estos créditos agravaría aún más la situación de los perjudicados, quienes, en los casos más graves, “se ven incluso imposibilitados de acudir a un nuevo tratamiento que trate de resolver su caso, o completar el tratamiento que, en muchos casos, ni siquiera ha sido, aparentemente, iniciado por Idental”.

“En este caso ha quedado acreditado (con el carácter provisional propio de esta fase procesal) un patrón uniforme de actuación consistente en el incumplimiento del contrato de prestación de servicios al que está vinculado el contrato de financiación y la pasividad de la entidad beneficiaria Idental, que se quedó con los capitales recibidos de las entidades financieras y no solicitó la cancelación o interrupción de los créditos al consumo”, explica el instructor.

También, dice De la Mata, ha quedado acreditado que los contratos constituyen una unidad comercial y, por tanto, el incumplimiento del contrato de servicios conlleva la resolución del contrato de préstamo. Igualmente destaca que, por fuentes abiertas, ha constado que las entidades financieras han expresado su inquietud ante la situación y gravedad de los hechos y han manifestado su compromiso para atender las reclamaciones presentadas y su disposición a facilitar soluciones.

Protección de los derechos del consumidor

Con la medida adoptada, señala el juez, se trata de garantizar una protección eficaz de los derechos del consumidor, evitando que una situación claramente injusta se mantenga durante la tramitación del proceso principal. Esto permitirá a los usuarios/prestatarios no sufrir aún más perjuicios, “ahora como consecuencia de la ejecución de un contrato al consumo vinculado a un contrato de servicios que no han sido prestados.

 Dicha medida cautelar, según el juez, les permitirá, tanto a ellos como a las entidades financieras determinar, en función de las circunstancias de cada caso, la solución más apropiada en cada caso, entre las que puedan estar, indica, acordar que la interrupción del servicio provoque que se cancelen las obligaciones contractuales (en los casos que los servicios no han comenzado)  o la cancelación o devolución de los créditos, según corresponda, como consecuencia de la evaluación por un tercero de la parte del tratamiento no prestada.

 Otra alternativa, expone el auto, es la continuación del tratamiento iniciado con otras clínicas dentales proporcionadas por las entidades financieras o bien otras soluciones que las partes, en ejercicio de sus derechos, consideren oportunas.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado este miércoles a 21 personas por el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones a la trama Gürtel en el municipio madrileño de Arganda del Rey entre los años 1998 y 2009.

En el Auto que pone fin a las Diligencias Previas, el magistrado ha procesado, entre otros, al líder de Gürtel, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo −ambos en prisión por otras piezas ya juzgadas−; el contable de la trama, José Luis Izquierdo; el expresidente de Martinsa, Fernando Martín; la exdiputada del PP en la Asamblea de Madrid, María Josefa Aguado; el que fuera asesor de Correa, Ramón Blanco Balín; el exresponsable de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo; así como otros cargos públicos y empresarios.

Esta pieza del 'caso Gürtel' investiga un complejo entramado societario encaminado a la obtención de adjudicaciones de contratos públicos de forma irregular a cambio o con ocasión de la entrega a funcionarios y autoridades con competencia en el ámbito de la contratación pública, de valiosos regalos o importantes cantidades de dinero.

Los hechos investigados serían constitutivos de delito continuado de prevaricación, continuado de fraude a las administraciones públicas, continuado de cohecho pasivo, continuado de falsedad en documento mercantil, continuado de cohecho activo, contra la Hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos.

Las grabaciones que desvelan que María Dolores de Cospedal se reunió en julio de 2009 con José Manuel Villarejo, el poderoso mando policial en esa época y actualmente en prisión provisional, para hablar sobre la incipiente investigación del que acabó siendo el mayor caso de corrupción de la historia del PP son la última evidencia de cómo los conservadores han tratado de poner en entredicho e incluso torpedear pesquisas que pudieran afectar a altos cargos de la formación. 

El capítulo de intentos del PP por desacreditar el caso Gürtel incluye desde denuncias de persecución y descalificaciones a las investigaciones y a quienes las llevaban a cabo, a estrategias procesales para tratar de entorpecer tanto la instrucción como el juicio en el que se acabó acreditando la existencia de una caja B en el PP. En público, el partido sólo aparcó los ataques y enarboló la bandera del “quien la hace la paga” a las puertas de la vista oral. Y eso a pesar de que, al mismo tiempo, su letrado intentaba lograr la nulidad del proceso. 

La cita entre Villarejo y Cospedal, desvelada por Moncloa.com, se produjo en el despacho que ésta última, que ya llevaba un año al frente de la Secretaría General del PP, tenía en la sede nacional del partido. También estaba presente su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, al que el policía mantenía informado del avance de las investigaciones, tal y como reconoció ella misma este lunes en un comunicado. Días después de aquella reunión, Cospedal acusó a Alfredo Pérez Rubalcaba, que era ministro del Interior, de haber creado “un Estado policial” y de haber pinchado teléfonos de miembros del PP que nada tenían que ver con la corrupción. 

Meses antes, en febrero de 2009, Mariano Rajoy, entonces presidente del PP y líder de la oposición, había intentado salir al paso de las primeras detenciones por el caso Gürtel denunciando en una comparecencia en esa misma sede una persecución contra su partido. “No es una trama del PP sino contra el Partido Popular”, aseguró. Ese mismo año, en marzo, Cospedal ahondaba en los ataques iniciados por Rajoy contra el primer instructor de la causa, Baltasar Garzón. Comparó sus pesquisas con un caso que había investigado una década antes y que dijo ser “una falsa trama”, que “no existió nunca”.

Otros cargos del PP se sumaron a esa estrategia. Entre ellos, Francisco Álvarez-Cascos, secretario general durante la etapa en la que la trama empezó a hacer negocios con el PP, que en abril de 2010 se adhirió a las críticas contra Garzón y fue un paso más allá denunciando que “una camarilla de policías” estaba falsificando pruebas contra el partido. O Federico Trillo, entonces coordinador de Libertades Públicas del PP, que en septiembre de 2011 recuperó los ataques contra Rubalcaba y le situó detrás “del montaje” que eran las investigaciones sobre la corrupción del PP. 

De la “trama contra el PP” a “una causa general” 

En junio de 2010, tras la inhabilitación de Garzón, la instrucción de la causa pasó al juez Pablo Ruz, que se convirtió de inmediato en el centro de los ataques del PP. Cuando sus autos confirmaron el papel central del partido en la trama, Cospedal dijo que esos escritos estaban “cogidos tan por los pelos, que no es de recibo”. Este magistrado fue el que, en abril de 2013, decretó la expulsión del PP de la acusación popular que venía ejerciendo por pervertir esa figura y dedicarse a defender subrepticiamente al extesorero Luis Bárcenas, hoy condenado a 33 años de cárcel por atribuirse fondos de la caja B y esconder a Hacienda el fruto de años de comisiones ilegales. 

Con el avance de las investigaciones, a mediados de 2013, el PP transformó el argumento de la “trama contra el PP” a “una causa general”. Y eso a pesar de que entonces los conservadores llevaban ya año y medio en la Moncloa, tiempo que habían aprovechado para intentar controlar la investigación con continuos ceses y nombramientos de policías afines. La destitución más sonada fue la del comisario general de Policía Judicial, José Losada, en octubre de 2013, por no controlar las pesquisas del caso Gürtel sobre Mato y otros dirigentes de la formación. eldiario.es reveló enero de 2014 que la Unidad de Asuntos Internos, ya convertida en un instrumento de la policía política del PP, se dedicó a acosar a los investigadores del caso con interrogatorios sobre supuestas filtraciones de un informe sobre Mato.

En esta época se sitúa también la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Bárcenas utilizaba en la sede nacional del partido. Según el extesorero, esos discos duros guardaban información sobre la caja B del PP, por lo que su manipulación pudo afectar a la investigación de la Audiencia Nacional sobre la financiación irregular de la formación conservadora. En este caso, del que se celebrará el juicio en los próximos meses, está procesado el PP como persona jurídica.

Ruz no pudo culminar la instrucción de las distintas piezas de Gürtel porque el Poder Judicial decidió no renovar su puesto interino en la Audiencia Nacional. Así que en marzo de 2015 el caso cayó sobre un tercer juez, José de la Mata. Con él, el PP ya tenía otro magistrado al que dirigir sus ataques, una tarea que llevó a cabo su portavoz parlamentario, Rafael Hernando. Dijo de él que tenía “nublado el juicio” cuando impuso al PP una fianza de 1,2 millones de euros y añadió que debería haberse inhibido porque ocupó un cargo en el Ministerio de Justicia con el PSOE.

Tras haber intentado desacreditar el caso desde el inicio, el PP tampoco se quedó de brazos cruzados cuando llegó el juicio. Mientras, en público, los dirigentes conservadores reiteraban que los acusados ya estaban fuera del partido e insistían en el “quien la hace la paga”; en privado, su letrado intentaba que se anularan las grabaciones de los cabecillas de la trama y tumbar así el proceso judicial. Finalmente, la sentencia que se dictó tras ese juicio, de 1.687 páginas, acreditó la existencia en el PP de un sistema de financiación con dinero negro de empresarios a cambio de adjudicaciones articulado a través de una caja B de la que salían sobresueldos para Rajoy y el resto de dirigentes del partido.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata no lo tendrá fácil en su investigación de las irregularidades del Campus de la Justicia de Madrid, un macroproyecto que se inició en 2004 bajo la presidencia de Esperanza Aguirre y cuyo legado, más de una década después, es un edifico sin uso y un agujero de 100 millones de euros.

El tribunal ha visto indicios de cuatro delitos (malversación, prevaricación, tráfico de influencias y societario) en la gestión de las macroinfraestructuras que planeaba la Comunidad de Madrid con proyectos encargados a eminencias de la arquitectura de todo el mundo.

Bucear en los expedientes administrativos del Campus de la Justicia no será una tarea sencilla para la Audiencia Nacional. Es lo que se deduce del informe de la Cámara de Cuentas en el que se basa la denuncia presentada por el Ejecutivo regional que presidía Cristina Cifuentes el pasado marzo y que ha dado lugar al inicio de esta investigación. En su informe de fiscalización, el organismo auditor admitió que le había sido imposible calcular todo el dinero público que se había tragado el macroproyecto porque faltaban contratos, hojas de contabilidad y documentación para acreditar algunos pagos.

La Cámara de Cuentas examinó todos los años de vida del Campus: los que estuvo en funcionamiento y cuando ya era una sociedad fantasma, sin actividad pero con gastos.

En todo caso, la información obtenida sí sirvió a ese organismo para concluir que la empresa pública que se creó para poner en marcha el macroproyecto no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público. El juez De la Mata, que toma ahora las riendas de la investigación, considera que estas prácticas presuntamente irregulares podrían ser constitutivas de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y conexos.

De hecho, el órgano fiscalizador admitió que el propio cálculo del agujero de 100 millones de euros era una estimación a la baja por la “ausencia” de “una buena parte” de la documentación justificativa. Por ejemplo, en el capítulo de gastos, que asciende a 95,3 millones de euros, muchos de ellos están sin justificar porque se hicieron en base a una documentación de la que no hay ningún rastro. Así ocurre con parte de los 6,4 millones de euros destinados a publicitar las bondades de la unificación de las sedes judiciales, pues en ocasiones “no consta ni el contrato ni la copia de las inserciones concretas”.

La falta de contratos también afectó a las licitaciones públicas, donde la Cámara sospecha que pudieron producirse amaños. Por ejemplo, los técnicos destacan que en algunos concursos se potenciaron requisitos para favorecer a compañías concretas o se produjeron concurrencias falsas, una práctica habitual para amañar concursos y que consiste en que se presentan a la oferta tres empresas, pero que están vinculadas entre sí.

El descontrol sobre los gastos es el hilo conductor de todas las conclusiones que extrajeron los consejeros de la Cámara de Cuentas. Resaltaron haber encontrado unas transferencia de 9 millones de euros que tardó nueve meses en apuntarse en la contabilidad y sobre la que tampoco se aclaró la entidad de destino. Sobre otras transferencias fue imposible el control porque las entidades bancarias no aportaron todos los datos.

Sin colaboración de los bancos

En este punto, la auditoría destaca que La Caixa, la entidad con la cuenta más activa, no contestó a los requirimientos de los auditores. Las otras dos entidades financieras en las que el Campus de la Justicia mantuvo abiertas cuentas entre 2005 y 2014 -Caja Castilla la Mancha y Bancaja (hoy Liberbank)- contestaron parcialmente, pero solo sobre algunos de los ejercicios y no a toda la información que se les solicitaba.

Con ese mismo problema se encontraron los consejeros del órgano fiscalizador a la hora de analizar los movimientos de las tarjetas de crédito de los directivos de la entidad. “No se ha podido disponer de los datos completos referidos a la operativa de una tarjeta Visa Platino, a pesar de los diversos requerimientos efectuados a la entidad bancaria correspondiente”, lamenta la Cámara de Cuentas, que solo pudo detectar gastos por un importe de al menos a 15.647,20 euros que, además, “no se encuentran debidamente justificados”.

Tampoco pudieron saber los consejeros de la Cámara de Cuentas a qué responde el ingente gasto en comidas y viajes. Su informe resaltó que “no aparece documentalmente justificado, en general, ni los participantes en esas actividades ni el motivo de las mismas, que permita claramente determinar la justificación de su abono por parte de la sociedad”.

Por otra parte, los auditores también resaltaron la existencia, a partir de 2008 y con prórroga el ejercicio siguiente, de pagos mensuales de 3.500 euros a un determinado fotógrafo, sin que se pudiera localizar “ningún contrato en los archivos [de la Ciudad de la Justicia] que diera cobertura legal al citado pago”.

En la investigación abierta ahora por el juez José de la Mata, que ha sido declarada secreta, se ha requerido información a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid. Fuentes de la misma confirman que la Policía Judicial requirió documentación en la tarde del martes a este organismo y que sus responsables actuales la entregaron a los agentes.

El Consejero de Justicia más involucrado en el Campus de la Justicia fue Alfredo Prada, padrino político de Pablo Casado, que lo ha devuelto a la dirección nacional del Partido. El proyecto del Campus de la Justicia se inició en 2004 bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, aunque las primeras ideas habían surgido ocho años antes, cuando Alberto Ruiz Gallardón planteó unificar las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid.

El pasado siempre vuelve, a veces en forma de imputación judicial. Esto es lo que le ha ocurrido este viernes al PDeCAT, partido heredero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado ampliar la investigación atribuyendo la condición de personas jurídicas investigadas por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales a CDC y al PDeCAT. En un auto, el magistrado apunta a que el PDeCAT podría suponer “un simple cambio de apariencia” de CDC para que “eludir las responsabilidades que hubiera podido incurrir” en la investigación del 3%.

Hasta ahora, en el 3% permanecían imputadas las fundaciones afines a CDC por las que el partido habría canalizado un millón de euros procedentes de las mordidas de empresarios a cambio de obra pública entre los años 2008 y 2013. Pero no estaban imputados ni el PDeCAT ni Convergència, que se suman así al PP como los únicos partidos políticos investigados judicialmente. Cabe recordar que CDC ya fue condenada como partícipe a título lucrativo en el caso Palau.

El juez De la Mata expone que, lejos de terminar con el caso Palau, la “operativa” de cobro de comisiones ilegales se mantuvo en el partido. Y que era “sistemático”, “sistémico” y “normalizado”, esto es, regular en el tiempo a pesar de los relevos en la cúpula de CDC. “Los cambios en la estructura del partido no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos objeto de investigación, suponiendo únicamente una modificación de la identidad de las personas participantes en los mismos”, asevera De la Mata.

“El conocimiento” de las actividades presuntamente ilegales, continúa De la Mata, “era conocido por la estructura de CDC”. En este sentido, el magistrado detalla los distintos organigramas directivos del partido, introduciéndolos con una frase que ha hecho saltar las alarmas en círculos nacionalistas: “La cuestión trascendía, desde luego, de una mera actuación unilateral del responsable de finanzas”. Esta ha sido la socorrida excusa que han puesto los dirigentes de Convergència cuando se les preguntaba sobre el 3%: que del dinero se encargaba el tesorero, no los políticos.

Concreta el juez que entre 2009 y 2010 el responsable de finanzas de CDC fue Daniel Osàcar, condenado en el caso Palau, y el gerente Germà Gordó (ambos imputados en la causa) decidían “las cantidades que CDC reclamaba a sus fundaciones”. En 2011 el área de finanzas pasó a manos de Andreu Viloca (también imputado), siendo el gerente el investigado Carles del Pozo, que según su declaración “reportaba” al entonces secretario general de CDC, Oriol Pujol Ferrusola.

De la Mata ni termina aquí. En marzo de 2012 asumió la gerencia del partido otro imputado en la causa, Francesc Sànchez, que en su declaración explicó que la “dirección política” del partido estaba colegiada entre él mismo y Francesc Homs, Lluís Corominas y Josep Rull. En marzo de 2013, después de que Pujol Ferrusola dimitiera por su imputación en las ITV, Rull y Corominas asumen sus funciones y “controlan” la actividad de Sànchez como gerente, pero no así la de Viloca, que según Sànchez “gozaba de plena autonomía” pero informaba de su actividad a los tres políticos.

“En el caso concreto de las donaciones [de empresarios a las fundaciones], Sànchez refiere que Viloca informaba al 'órgano colegiado' de manera general pero que nunca bajaba a los datos concretos”, expone De la Mata. La supervisión de las finanzas del partido por parte de Viloca y Sànchez se mantuvo en la última etapa del partido a partir de julio de 2014, cuando el entonces presidente de CDC, Artur Mas, designó a Rull como coordinador general.

El PP quiere cerrar ya la investigación sobre su caja B, esa que la Audiencia Nacional ya ha acreditado en la sentencia sobre la primera época de Gürtel. Sus abogados han enviado un escrito al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, José de la Mata, en el que recurren su decisión de ampliar la investigación hasta el años 2020. Lo hacen echando mano a una ley que el PP aprobó desde el Gobierno para establecer los plazos máximos de instrucción en las causas penales.

De la Mata acordó el pasado 6 de junio, con el rechazo de la Fiscalía, ampliar la investigación dos años más. Lo hizo porque acababa el plazo para la investigación de la causa de Gürtel y en agosto el correspondiente a la pieza concreta de la caja B. IU, personada como acusación particular, había pedido esa prórroga, que según la ley debe tomarse para el plazo total de 1 año y 6 meses, prorrogable otros seis meses más.

El escrito presentado por los abogados del PP, al que ha tenido acceso eldiario.es, rechaza esa ampliación para seguir indagando en su caja B. Lo hacen echando mano del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), una norma que el PP reformó desde el Gobierno para establecer un plazo máximo de investigación para causas penales: seis meses en las causas simples y año y medio como norma general en las declaradas como complejas.

La reforma suscitó críticas en el mundo judicial, porque dejaba a expensas de una petición de la Fiscalía pedir la declaración de causa compleja y evitar que la investigación se cerrase. Los fiscales, que batallan para anular ese artículo de la ley, argumentan que ellos no dirigen la investigación, no tienen el control de las causas, y eso genera problemas a la hora de evitar que se agoten los plazos de instrucción.

“No cabe prorrogar lo que nunca fue acordado”

El PP se agarra a esta norma que tanta polémica ha generado para tratar de acabar con la investigación. Argumentan los abogados de la partido que la causa de la caja B no llegó nunca a declararse compleja y por lo tanto no puede extenderse: “no cabe prorrogar lo que nunca fue acordado”.

“Nos encontramos ante una causa no compleja y, por tanto, no es de aplicación el artículo 324.2 LECrim, que regula la prórroga de las causas declaradas complejas; prórroga que, en todo caso, únicamente puede acordarse siempre y cuando se solicite por el Ministerio Fiscal”, añade el escrito del PP enviado a la Audiencia Nacional.

El juez alegó que las partes personadas podían presentar razones para alargar la investigación, como así hizo IU. Los abogados del PP, sin embargo, creen que “ninguna de las partes ha puesto de manifiesto esas razones que justifiquen la adopción de un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción”. Reprochan también al juez que haya acordado esa prórroga sin referirse a las diligencias concretas que la justifiquen.

“Parece que ese Instructor considera el artículo 324.4 LECrim como una suerte de 'carte blanche' que confiere a Jueces y Tribunales la capacidad de ampliar el plazo de la instrucción a su total discreción sin necesidad de motivación y sin que les vincule, si quiera, la petición de las partes (en este caso de 6 meses)”, añade el escrito.

Tras recorrer otros aspectos de la norma y concluir que la decisión de De la Mata “no tiene cabida en Derecho”, los abogados aseguran que “a día de hoy, no es posible declarar la complejidad (el Ministerio Público nunca solicitó dicha complejidad) y, por tanto, no es posible acordar una prórroga de algo que nunca fue acordado”.

Anticorrupción habla de “inseguridad y ”confusión“

En términos similares se manifiesta la Fiscalía Anticorrupción, que primero se opuso a ampliar los plazos y ahora ha recurrido la decisión del juez. En el escrito que ha enviado a De la Mata, el fiscal Antonio Romeral incide en que “ni se ha solicitado, ni tampoco se ha acordado, la declaración de complejidad”, por lo que no puede ampliarse el plazo de la investigación.

Además, el fiscal afea al juez que el auto por el que extiende la duración de la causa contiene argumentos que producen “inseguridad y ”confusión“. El escrito también recuerda que la causa se abrió para celebrar una serie de diligencias que ya tuvieron lugar, y que el resto se han ido añadiendo por el avance de otros casos. ”La mayoría de las diligencias derivan de causas dimanantes de la conocida de la conocida como caso Gürtel, de la que esta causa es una pieza“, añade.

Así, Anticorrupción concluye que la reapertura de la causa “tiene como única base un cúmulo de diligencias de investigación ya practicadas que no pueden servir como causa o argumento que justifiquen la ampliación del plazo de instrucción”. Por ello, piden al magistrado que cierre la investigación.

El PP ha presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata contra la prórroga hasta finales de agosto de 2020 la investigación de la presunta financiación irregular del partido político, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Los abogados de la formación política han recurrido en reforma esta decisión acordada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 al considerar que ampliar el plazo de instrucción es necesario debido a la “gran cantidad de investigados” y la posibilidad de analizar una “abundante documentación”. El magistrado lo acordó al aceptar la petición solicitada por la acusación popular que ejerce IU, a la que se adhirieron otras.

No obstante, el PP se opone a que la investigación se extienda dos años más y se suma así a la posición mostrada por la Fiscalía Anticorrupción que considera que no es “razonable” esta ampliación de tiempo porque, a su juicio, la causa está lista ya para ir a juicio y las diligencias que procedan de ahora en adelante se pueden practicar en la vista oral, según informaron fuentes del Ministerio Público a Europa Press.

De la Mata asume la propuesta de las acusaciones y considera que debe continuar la instrucción de la 'caja B' del PP --conocida por los denominados 'Papeles de Bárcenas'-- porque, según dijo en su auto, “el caso involucra, desde luego, a gran cantidad de investigados, tanto personas físicas como jurídicas”.

Señala además que es ·evidente que ha venido exigiendo, y no es descartable que aún exija, la realización de pericias o de colaboraciones que implican el examen de abundante documentación o complicados análisis, y la revisión de la gestión de personas jurídico privadas o públicas, en lo que se refiere a las operaciones que alcanza“.

Esta pieza se reabrió a raíz de las declaraciones que hizo el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, durante el juicio por los primeros años de actividades de sus empresas junto a dirigentes del PP, donde afirmó que intermedió para que varias constructoras resultasen adjudicatarias de concursos ministeriales a cambio de comisiones que fueron entregadas al extersorero 'popular' Luis Bárcenas.

La acusación popular que ejerce Izquierda Unidad en la causa de la caja B del PP ha solicitado al juez José de la Mata que cite a declarar en calidad de testigo al director de eldiario.es, Ignacio Escolar, por el contenido de una información en la que relata las confesiones que le realizó Álvaro Lapuerta sobre la financiación irregular del partido político y que le autorizó a publicar después de que falleciera.

En un escrito al juzgado, al que ha tenido acceso eldiario.es, la acusación popular también solicita que se incorporen a la causa de los 'papeles de Bárcenas' las sentencias de la Audiencia Nacional por la trama valenciana de Gürtel y la de la conocida como Primera Época. Consideran los letrados de IU que el testimonio que pueda prestar Escolar es coincidente y acreditativo de unos hechos delictivos recogidos en las citadas sentencias.

“Es de resaltar que parte de las revelaciones que el Sr. Lapuerta realizó al Sr. Escolar han sido posteriormente confirmadas en otras piezas del presente procedimiento, por lo que consideramos que su declaración ante este Juzgado podría arrojar luz acerca de los hechos investigados y abrir nuevas vías de investigación respecto de los mismos”, dice el escrito de IU.

Así por ejemplo, la sentencia de la trama valenciana califica como “soborno en diferido” la conducta de los empresarios investigados en esa pieza, “conducta totalmente equiparable a lo que, según cuenta el Sr. Escolar en su artículo, le fue narrado por Álvaro Lapuerta”, añade.

Entre otras cosas, Lapuerta relató al periodista un encuentro de Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre que se celebró en noviembre de 2004, en la sede del partido en Génova 13. En presencia de Rajoy, Lapuerta recriminó a Aguirre que su entonces número dos, Ignacio González, estaba detrás de un pelotazo en Arganda del Rey, pendiente de sentencia en la segunda época de la Gürtel y que pasa por ser la mayor de las muchas operaciones corruptas en las que participó Francisco Correa.

La caja B del Partido Popular y el resto de piezas que aún quedan por juzgar del caso Gürtel podrán seguir siendo investigadas hasta agosto de 2020. La nueva Ley de Enjuciamiento Criminal establece unos plazos máximos para la instrucción de las causas e Izquierda Unida había solicitado una prórroga para seguir indagando en la financiación irregular del PP. La Fiscalía Anticorrupción, como ha adelantado este miércoles eldiario.es, se ha opuesto, pero De la Mata ha accedido a ampliar el plazo de todas las piezas que forman la causa Gürtel.

La decisión de De la Mata de prorrogar la instrucción no da respiro en los tribunales al Partido Popular, que ha visto como la sentencia de Gürtel hace taxativas afirmaciones sobre la existencia de una financiación irregular en el seno de la formación política durante más de veinte años. Su contenido fomentó la moción de censura que ha desalojado al PP del poder y ha provocado la retirada de la política de Mariano Rajoy, anunciada este mismo martes.

Los posibles avances en la investigación de la caja B coincidirán, por tanto, con la batalla interna en el PP por la sucesión del ya expresidente del partido y el Gobierno. La decisión de De la Mata, explican fuentes jurídicas, no afecta a que los juicios de la caja B y el resto de Gürtel se vayan celebrando. Nuevos avances en la investigación darían pie a nuevas piezas separadas y sus correspondientes juicios en el futuro.

Una parte del caso de la caja B entró en fase de juicio oral hace ya tres años, en mayo de 2015. En el banquillo se sentarán Luis Bárcenas y otros por la reforma de la sede de Génova con dinero negro de esa caja B. Pero al tiempo, la causa quedó archivada para los empresarios de los papeles del extesorero. La inexistencia del delito de financiación irregular en el momento de los hechos y la imposibilidad de demostrar que las donaciones eran finalistas, esto es, a cambio de adjudicaciones concretas, había provocado el archivo para esa parte de la causa.

Sin embargo, las revelaciones en el primer gran juicio de Gürtel, realizadas por Correa y un empresario arrepentido, decidieron al juez De la Mata a revertir el archivo de la causa dictado contra la veintena de empresarios acusados de entregar dinero negro al PP a cambio de adjudicaciones. Si De la Mata, en este plazo máximo de dos años, encuentra indicios contra los empresarios u otros sospechosos, la pieza podrá desgajarse y dar pie a un nuevo juicio distinto del de la reforma de Génova.

La fecha de celebración del primer juicio de la caja B del PP, el de la reforma de Génova, es hoy una incógnita. La numeración de las piezas separadas de Gürtel apuntaba su arranque a después del juicio de la Primera Época, cuya sentencia se conoció el pasado 24 de mayo. A día de hoy, sin embargo, no hay siquiera tribunal para juzgar la causa. El magistrado Juan Pablo González se convirtió en el tercer juez apartado por su proximidad al PP el pasado 27 de abril y el progresista José Ricardo de Prada ha solicitado una excedencia para integrar el Tribunal Penal Internacional de La Haya. El único miembro fijo del tribunal de caja B es, hoy por hoy, la presidenta de la Sección Segunda, María José Rodríguez Duplá.

La prórroga de dos años se debe a que este miércoles acababa el plazo para la investigación de la causa de Gürtel y en agosto el correspondiente a la caja B. Como la petición de prórroga responde a la petición de una de las partes, la Ley estable que la decisión debe tomarse para el plazo total de 1 años y 6 meses prorrogable otros seis meses.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata debe decidir en las próximas horas si sigue adelante en la investigación de la caja B o pone fin a la instrucción de la causa que indaga en la financiación irregular del PP nacional. Este miércoles finaliza la última prórroga concedida como causa declarada compleja y la acusación popular de Izquierda Unida ha solicitado una nueva de otros seis meses. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto porque da por agotada la instrucción, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas.

La fecha de celebración del juicio de la caja B del PP es hoy una incógnita. La numeración de las piezas separadas de Gürtel apuntaba su arranque a después del juicio de la Primera Época, cuya sentencia se conoció el pasado 24 de mayo. A día de hoy, sin embargo, no hay siquiera tribunal para juzgar la causa. El magistrado Juan Pablo González se convirtió en el tercer juez apartado por su proximidad al PP el pasado 27 de abril y el progresista José Ricardo de Prada ha solicitado una excedencia para integrar el Tribunal Penal Internacional de La Haya. El único miembro fijo del tribunal de caja B es, hoy por hoy, la presidenta de la Sección Segunda, María José Rodríguez Duplá.

La eventual decisión de De la Mata de prorrogar la instrucción no daría respiro en los tribunales al Partido Popular, que ha visto como la sentencia de Gürtel hace taxativas afirmaciones sobre la existencia de una financiación irregular en el seno de la formación política durante más de veinte años. Su contenido fomentó la moción de censura que ha desalojado al PP del poder y ha provocado la retirada de la política de Mariano Rajoy, anunciada este mismo martes. Los posibles avances en la investigación de la caja B coincidirán, por tanto, con la batalla interna en el PP por la sucesión del ya expresidente del partido y el Gobierno.

El caso de la caja B entró en fase de juicio oral hace ya tres años, en mayo de 2015. Sin embargo, las revelaciones en el primer gran juicio de Gürtel decidieron al juez De la Mata a revertir el archivo de la causa dictado contra la veintena de empresarios acusados de entregar dinero negro al PP a cambio de adjudicaciones. La inexistencia del delito de financiación irregular en el momento de los hechos y la imposibilidad de demostrar que las donaciones eran finalistas, esto es, a cambio de adjudicaciones concretas, había provocado ese archivo para ellos.

Las confesiones del juicio de Gürtel

Con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, De la Mata ordenó la reapertura del caso de la caja B e intentó que Francisco Correa ratificara sus afirmaciones durante el juicio de Gürtel, entre ellas el sistema que anidó en el Consejo de Ministros durante el Gobierno de Aznar, consistente en adjudicar la gran obra pública a cambio de mordidas de entre el 2 y el 3% que se repartían entre los intermediarios y la contabilidad paralela del PP. Pero el cabecilla de Gürtel eludió hacerlo ante el juez encargado de la investigación.

En el mismo auto de reapertura, De la Mata también consideró imputado al constructor Alfonso García-Pozuelo que, tras llegar a un pacto con Anticorrupción, reconoció en el juicio haber entregado dinero negro con destino a “organismos centrales” del PP. Otro intermediario, Plácido Vázquez, volvía a tener la condición de imputado.

El afán investigador de las acusaciones populares y del propio De la Mata no decayó. Las revelaciones sobre la financiación irregular del PP que han surgido en otros casos como Lezo han motivado que sus protagonistas sean llamados a declarar por el magistrado instructor de la caja B. Es el caso del empresario Javier López Madrid, yerno de Villar Mir e imputado en Púnica o Lezo por la financiación irregular del PP de Madrid. Ante De la Mata han desfilado Eduardo Zaplana o Ignacio González, igualmente por los descubrimientos en la instrucción de Lezo.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción considera que sus medidos testimonios no han aportado información relevante como para seguir estirando la instrucción y por eso se han opuesto a la prórroga que solicita Izquierda Unida. Esos testimonios, añaden las fuentes consultadas, son relevantes para las causas en las que se produjeron, pero apenas han aportado nada al caso de la caja B y a la convicción, trasladada en el escrito de acusación presentado hace tres años, de que esa contabilidad paralela existió y que de ella salió el dinero de la reforma de Génova.

Ignacio González, por ejemplo, acusó en su declaración en caja B al fallecido Álvaro Lapuerta, en su momento tesorero nacional del PP, de querer controlar las adjudicaciones de obras que se daban por la Comunidad de Madrid.

En las grabaciones del caso Lezo apareció un comentario de Ignacio González en el que aseguraba que el responsable de Intereconomía, Julio Ariza, había intentado chantajear a Mariano Rajoy con un vídeo en el que un empresario confesaba haber entregado dinero al expresidente del PP y el Gobienro. Todos los implicados en ese asunto han declarado ante el juez De la Mata. El magistrado también ha incorporado la confesión de Ricardo Costa acerca de las mordidas de empresarios al PP valenciano durante el juicio de la pieza valenciana de Gürtel.

Aún está pendiente que De la Mata se pronuncie sobre la última petición de IU dentro de esta reapertura de la caja B, la declaración del empresario Vicente Cotino, cuya empresa aparece como donante del PP. Vicente Cotino fue detenido el pasado 22 de mayo en el marco de la Operación Erial, en la que también fue arrestado Eduardo Zaplana.

Más de un centenar de agentes del Cuerpo Nacional de Policía despliegan un operativo en Catalunya que respondería a una investigación por el presunto desvío de fondos públicos al proceso soberanista, según fuentes próximas a la investigación. Fuentes judiciales han explicado que la causa, por el momento, no está relacionada con la financiación del referéndum o el proceso soberanista. Las pesquisas se centran en subvenciones irregulares en cooperación al desarrollo desde la Diputación de Barcelona a través de diferentes entidades afines a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Hay una treintena de detenidos.

La operación está coordinada por el juzgado de instrucción 1 de Barcelona, que ha declarado la causa secreta, y la Fiscalía Anticorrupción de esa ciudad. Desde círculos judiciales se apunta a que el desvío está cifrado en un mínimo dos millones de euros, y fuentes de la investigación sostienen que podría alcanzar los 10 millones. La causa se abrió hace más de un año ante la sospecha de que pudo haber un desvío millonario de fondos destinados inicialmente a cooperación internacional.

Entre los arrestos que ya se han producido figuran el del expresidente de la Diputación de Barcelona 2011 y 2015, Salvador Esteve (CiU); el del actual alcalde de Tordera y diputado provincial, Joan Carles Garcia (PDCAT); y el exresponsable de relaciones Internacionales de CDC, Víctor Terradellas.

El objetivo de las detenciones es garantizar la ejecución de la veintena de entradas y registros ordenados por el juez, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Los agentes registran una veintena de oficinas profesionales, despachos, domicilios y empresas en Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils y Reus, entre otras poblaciones.

La causa está abierta por los delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida a funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones. La trama habría defraudado un mínimo de dos millones de euros a través de subvenciones irregulares en materia de cooperación al desarrollo con países de América Latina, Marruecos o Bosnia entre los años 2012 y 2015, bajo el mandato de Esteve.

La Diputación de Barcelona se habría concertado con distintas fundaciones, ONG y entes para desviar los fondos. La actual presidenta de la Diputación y sucesora de Esteve, Mercè Conesa (PDeCAT) ha afirmado que hace un año el ente ya entregó toda la documentación que le requirió el juzgado. Asimismo, ha definido la operación como “un show mediático para mostrar que las instituciones catalanas no son trigo limpio”, y ha defendido la “integridad” de Esteve.

La práctica totalidad de los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía se han desplazado desde Madrid para participar en los registros y detenciones. Fiscales de Catalunya y secretarios judiciales participan igualmente en la operación, que se ha denominado 'Estela'.

Además de la Diputación de Barcelona, los investigadores sitúan en el centro de la trama las fundaciones CATmón y Acción Solidaria IGMAN, fundadas por Terradellas. Esta última entidad también fue fundada por Francesc de Dalmases, actual diputado de Junts per Catalunya (JxCat), que también está bajo el foco de la investigación.

Los investigadores de la UDEF han detectado un presunto flujo anómalo de dinero entre las cuentas bancarias de IGMAN , CAtmon y la sociedad mercantil Discatimat S.L. Ese dinero podría acabar reintegrado, según fuentes de la investigación, en efectivo o destinado a pagar costes del procés o acabar en cuentas de algunos investigados.  

Entre los objetivos de los registros, que serán una veintena, está la Diputación de Barcelona, pero la operación también se extiende a las provincias de Tarragona y Girona. Además de dependencias administrativas, se registran entidades sin ánimo de lucro y empresas, por ejemplo en la sede de la patronal de la pequeña y mediana empresa Pimec.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decidido asumir la investigación de las presuntas comisiones ilegales del 3% pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obra pública, causa de la que se inhibió el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell, (Tarragona).

El juez de El Vendrell, que llevaba el caso hasta ahora, acordó enviar la causa a la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero siguiendo la petición de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público entiende que la competencia corresponde a dicho órgano judicial dados los delitos que se investigan y el ámbito territorial donde se han cometido.

Precisamente en el auto de inhibición, el juez Josep Bosch aseguraba que comparte los argumentos de Anticorrupción y afirmaba que la competencia del caso debe asumirla la Audiencia Nacional, debido al grave perjuicio para la economía nacional de este caso por la “generalización de la manipulación de concursos públicos”, la complejidad de la causa y que hay algunos investigados que presuntamente realizaron operaciones económicas en el extranjero.

El sistema de reparto de la Audiencia Nacional hizo que la causa recayese en el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que finalmente ha aceptado quedarse con la investigación.

El conocido como caso 3% investiga al exdiputado en el Parlament y exconseller Germà Gordó así como a dos extesoreros de CDC, además de varios empresarios, por presuntos delitos como cohecho, prevaricación, alteración de precios de concursos públicos, malversación de fondos públicos, fraudes y exacciones ilegales, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos políticos.

El juez de El Vendrell destacó que unos de los investigados, Andreu Viloca, presuntamente jugó “un papel esencial” como tesorero y administrador de CDC y de sus fundaciones, llevando un control exhaustivo de las licitaciones y adjudicaciones de obra pública, además de gestionar el pago de las donaciones a las fundaciones Catdem y Fòrum.

Concretamente, sobre el perjuicio causado a la economía nacional, el juez Bosch subrayó que el presupuesto agregado de las licitaciones de obras y servicios públicos bajo investigación alcanzan los 218 millones de euros y las donaciones a fundaciones de la órbita de CDC se elevaron a 10,3 millones.

Según el juez de El Vendrell, la investigación ha destapado una “posible trama de financiación de CDC por medio de donaciones de empresas constructoras de ingeniería que resultarían adjudicatarias de obras y proyectos por entes bajo su control político”, como los ayuntamientos de Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni (Barcelona) Torredembarra (Tarragona), Figueres, Olot, Lloret de Mar (Girona), Infraestructures de la Generalitat, Autoritat Portuària de Barcelona y el Consorci d'Educació de Barcelona.

En cuanto a la probable comisión en el extranjero de ilícitos penales de algunos de los investigados como los empresarios Jordi Soler, Jordi Sumarroca, Sergio Lerma y Francesc Xavier Tauler, el magistrado creyó que está justificado enviar el caso a la Audiencia Nacional porque en un informe de la Guardia Civil se constata su “conocimiento y voluntad de utilización de jurisdicciones extranjeras de escasa o nula tributación”.

La acusación popular que ejerce Izquierda Unida en el caso de la caja B de Génova ha solicitado al juez José de la Mata que cite a declarar a Esperanza Aguirre en calidad de testigo. La petición se fundamenta en lo declarado por la antigua mano derecha de Aguirre, Ignacio González, respecto a que fue ella quién le instó a que se reuniera en dos ocasiones con el tesorero del PP Álvaro Lapuerta, del que el expresidente de la Comunidad de Madrid denunció que controlaba los contratos de la Administración autonómica con constructoras y otras empresas. 

La solicitud de IU se enmarca en una serie de diligencias propuestas por esta parte dentro de la reapertura del caso de la financiación irregular del Partido Popular. Concretamente, en las nuevas líneas de investigación abiertas a raíz de descubrimientos realizados en el marco del caso Lezo, donde se investiga la corrupción del Canal de Isabell II y la caja B del PP de Madrid. 

En el marco de las grabaciones realizadas en Lezo y que el juez de la caja B ha reclamado para su causa, declaró Ignacio González el pasado diciembre. El expolítico explicó que sus problemas con Génova arrancaron cuando fue nombrado vicepresidente y tomó consciencia del control que el tesorero del PP entonces ejercía sobre cada contrato de obra pública que se firmaba en Madrid. 

Además de Esperanza Aguirre, Izquierda Unida reclama que se cite como testigos a otras cinco personas, entre ellas Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta y amigo personal de González, con el que también habla de dinero negro para el PP en un pinchazo. En esa lista también está el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, juzgado en el caso Gürtel y quien confesó en el juicio que Lapuerta le llamó en una ocasión para que favoreciera a un empresario. 

Las peticiones de IU no se quedan en la citación de testigos. Esta acción popular reclama que el dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir, declare como imputado -todos los empresarios que aparecen en los papeles de Bárcenas han vuelto a tener esa figura desde la reapertura del caso-, a la luz de los nuevos indicios en la causa, incluida la declaración de Ignacio González, que lo señala continuamente. Igualmente se vuelve a solicitar la declaración como imputado de José Luis Izquierdo, el conocido como contable de la Gürtel. 

La declaración de Correa

En el capítulo de documentación, IU pide que se incorporen las declaraciones en Gürtel de Ortega y también las del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, quien en el juicio confesó un sistema de mordidas en el Gobierno de Aznar que se decidía en el mismo Consejo de Ministros. Correa fue llamado ya a declarar por el juez De la Mata a raíz de aquella confesión, pero se echó atrás en el último momento. 

Ignacio González hablaba con Eduardo Zaplana en otro 'pinchazo' de una grabación realizada por el exgerente del Canal Ildefonso de Miguel al empresario Rafael Palencia. En la misma, éste confesaba haber entregado dinero a Lapuerta a cambio de una adjudicación.

De Miguel entregó la grabación a Intereconomía y González asegura que el grupo de comunicación la utilizó para intentar chantajear a Rajoy. Su presidente, Julio Ariza, negó esa acusación en la Audiencia Nacional y añadió que no publicaron la grabación porque Palencia no dio su autorización al jefe de investigación del medio, Xavier Horcajo, sin más averiguaciones. IU pide ahora que declaren De Miguel y Horcajo. 

El exministro de Trabajo Eduardo Zaplana se vio acorralado el pasado 18 de diciembre cuando tuvo que explicar en la Audiencia Nacional una de las comprometedoras conversaciones que mantuvo con Ignacio González mientras éste era investigado en la Operación Lezo.

El juez de la caja B le había citado para que aclarara todo lo relacionado con un supuesto pago de una constructora a Álvaro Lapuerta. En el turno del abogado de los socialistas valencianos, éste le pide que explique por qué él comentó que también lo sabía. “Lo leí en los medios”, contestó el antiguo ministro de Aznar.

El magistrado José de la Mata había pedido incorporar una parte del sumario de Lezo a su investigación de la caja B del PP. En una grabación del 19 de enero de 2017, González le cuenta que el antiguo gerente del Canal Ildefonso de Miguel había grabado al empresario Rafael Palencia confesando un pago a cambio de un contrato concreto. Se trataba, por tanto, de un delito de cohecho que la investigación de ‘papeles de Bárcenas’ nunca pudo acreditar.

En un momento del interrogatorio del pasado diciembre, el abogado de los socialistas valencianos, Virgilio Latorre, se interesa sobre por qué Zapalana dice que el también conoce el tema y González le contesta que sí, pero que él no lo tiene grabado, como hizo Ildefonso de Miguel.

“Yo también es que usted también le entregaba dinero al señor Álvaro Lapuerta en relación a comisiones, entregas de empresarios, de terceros, y si no, a qué santo viene yo también si a continuación el señor González le dice: sin embargo tú no tienes grabación”, afirma el abogado. “Yo también esa noticia la he leído en los medios de comunicación”, trata de explicarse Zaplana.

La cinta en poder de Intereconomía

En la conversación interceptada por la Guardia Civil, González también contaba que con esa grabación, el presidente de Intereconomía, Julio Ariza, había intentado chantajear a Mariano Rajoy. Ariza declaró en diciembre por los hechos. Negó chantaje alguno y explicó, para asombro del juez De la Mata, que no publicó esa conversación porque el constructor Palencia negó ser quien aparecía haciendo la confesión acerca de la mordida.

Según Ariza, los servicios jurídicos de Intereconomía le explicaron que si lo publicaban estarían cometiendo “un delito”. No lo sería si el autor de la grabación, Ildefonso de Miguel, daba su autorización. Pero Ariza explicó al juez que aunque De Miguel le entregó un pendrive con la grabación, sin embargo, no daba autorización a su publicación.

Ariza también explicó que el jefe de investigación de su grupo mediático, Xavier Horcajo, llamó a Vázquez y éste no se reconoció en la grabación. No hubo más comprobaciones. Ni con Álvaro Lapuerta, el supuesto receptor de la mordida, ni con el constructor que habría dado el dinero negro al PP. Tampoco cuando estalló el escándalo de los 'papeles de Bárcenas'.

Es el momento en el que el juez De la Mata afirma: “Me sorprende un poco que tanto usted como su jefe de investigación que ante ese pendrive deberían tener una serie de alertas por deformación profesional fueran tan poco curiosos”.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado a cinco personas en Canarias en la instrucción del caso Fitonovo, dividida en una pieza principal en la que se encuentra entre los 45 investigados el apoderado de la empresa en las Islas, Adolfo José de la Torre García, y en una pieza separada sobre “Administraciones autonómicas e insulares” en la que están los otros cuatro imputados: el exconsejero del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín, el funcionario en excedencia del Cabildo de Gran Canaria Ulises Pérez, y los comerciales Rubens Coba y Gustavo Adolfo Gómez.

Además, en el auto se nombra al exjefe de Carreteras del Gobierno de Canarias José María Maya Cáceres, ya fallecido, por haber recibido 53.000 euros en efectivo y el pago de la mudanza de su hija por parte de De la Torre como contraprestación por su actuación en la adjudicación y ejecución de contratos públicos a favor de la empresa entre 2003 y 2011.

De la Torre García, según el juez De la Mata, era el responsable de Fitonovo en Canarias y el encargado de “todas las contrataciones corruptas” con las que la empresa se hizo en las Islas, es decir, las que tuvieron que ver con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y el Cabildo de Gran Canaria. Según recalca De la Mata, Fitonovo creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, “habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos”. Los distintos delitos que aprecia el magistrado a los diferentes procesados en la trama son los de organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude de las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y blanqueo de capitales.

Según recoge el auto, De la Torre habría pagado al por entonces consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín (Coalición Canaria) determinadas dádivas, denominado internamente en la empresa como “impuesto revolucionario”, por su condición de autoridad responsable del departamento donde se producía la adjudicación y dirección de la implementación de contratos que tenía adjudicados Fitonovo. La facturación de la empresa con la Corporación conejera ascendió entre los años 2004 y 2006 a cerca de 700.000 euros. A cambio de estos contratos el consejero Machín recibió 24.000 euros en dos comisiones en metálico, una en 2004 por importe de 6.000 euros, y la otra en 2005 por importe de 18.000 euros.

Mientras, el funcionario en excedencia del Cabildo de Gran Canaria Ulises Pérez era el Coordinador de Obras Públicas en la isla cuando Miguel Jorge Blanco dirigía la Consejería durante el mandato de José Manuel Soria. Según consta en el auto, Pérez habría facilitado la adjudicación y ejecución de determinados contratos públicos en la Corporación insular por valor de 150.000 euros. El primer pago que recibió Pérez de De la Torre tuvo lugar en marzo de 2005 por 5.058 euros a cambio de otorgar la reparación de un muro en la GC-851, un trabajo que la empresa nunca hizo porque el muro ya se había arreglado cuando se adjudicó la obra. El otro pago, de 5.322,90 euros, fue realizado en noviembre de 2005 y correspondía a la parte de Fitonovo de un viaje de despedida de soltero del exfuncionario a Marbella y que también fue sufragado por otras dos empresas, Api y Elsamex. En total el viaje llegó a costar más de 15.900 euros y en él se incluyeron todos los gastos. Las tres empresas volvieron a recobrar esa cantidad mediante certificaciones de obras falsas en el Cabildo de Gran Canaria validadas por Pérez.

Así mismo, el escrito de De la Mata apunta que el 14 de noviembre de 2007, ya durante el mandato en el Cabildo de Gran Canaria del socialista José Miguel Pérez junto a Nueva Canarias, De la Torre realizó un pago de más de 8.284 euros a un funcionario de la Corporación cuya identidad no se ha determinado.

En cuanto a Rubens Coba y Gustavo Adolfo Gómez, comerciales de Api Movilidad y Elsamex, respectivamente, el juez constata que organizaron, participaron y financiaron el viaje a Marbella en consideración de su cargo de funcionario público “y más concretamente porque se ocupaba de dirigir y controlar la ejecución de proyectos adjudicados a estas empresas”. Además, Gómez fue quien ocupó directamente la organización del viaje a un amigo suyo.

Elsamex es una empresa que se dedicaba al mantenimiento de 177 de carreteras en general, de edificios, infraestructuras y construcción y Fitonovo era una subcontratista de ella. Elsamex fue adjudicataria del Cabildo de distintos contratos de obra pública relacionados con mantenimiento de carreteras en los que intervino en distintas fase de su preparación y adjudicación el funcionario del Cabildo Ulises Pérez. Por su parte, Api Movilidad fue adjudicataria de distintos contratos de obra pública relacionados con mantenimiento de carreteras en los que intervino también el funcionario investigado.

La estrategia judicial de Francisco Correa está tutelada, desde el pasado jueves, por el letrado Javier Iglesias, quien se suma así a Juan Carlos Navarro en la defensa del principal acusado de Gürtel. El caso no es nuevo para Iglesias, quien también ejerce de representante legal de Alfonso García-Pozuelo, empresario imputado en cuatro piezas y que aparece en los ‘papeles de Bárcenas’ como donante del PP. Iglesias defendió a otro de los guardianes de los secretos de la caja B, el extesorero Álvaro Lapuerta, en una primera fase del caso.

Además de abogado, el constructor García-Pozuelo comparte con Francisco Correa el hecho de haber sido imputado en el caso de la caja B a raíz de las confesiones que realizaron en el juicio de Gürtel el pasado octubre. Empresario y conseguidor mencionaron en sus declaraciones ante el tribunal unas mordidas con destino a Génova que luego se han negado a detallar cuando han sido reclamados por el juez que investiga la financiación irregular del PP, José de la Mata.

De la Mata, sucesor de Pablo Ruz en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, accedió el pasado 1 de marzo a la reapertura de la investigación de la caja B del PP que le habían solicitado IU y Adade, organizaciones que ejercen la acusación popular y que contaron para ello con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

El magistrado quería ahondar en la confesión de García-Pozuelo y Correa sobre el pago de mordidas al PP a cambio de adjudicaciones de grandes obras. Correa tendría la oportunidad de ofrecer detalles sobre esas comisiones de entre el 2% y el 3% que gestionaba con los empresarios, según él, junto a Luis Bárcenas.

El 7 de marzo, seis días después de que el juez ordenara la reapertura del caso, Correa recibió en la prisión de Valdemoro la visita del letrado Javier Iglesias, defensor de García-Pozuelo, el antiguo dueño de Constructora Hispánica, informaron a eldiario.es fuentes conocedoras del encuentro.

Javier Iglesias ha asegurado a esta redacción que el motivo de su visita fue un correo electrónico enviado por su colega Juan Carlos Navarro, en el que éste le trasladaba el interés de Correa por que se incorporara a su defensa. El 23 de marzo, Correa fue trasladado a la Audiencia Nacional para su declaración como imputado en la 'caja B'. Su negativa a declarar ha estrangulado las posibilidades de avanzar en el caso de la financiación irregular del partido en el Gobierno.

Casi un mes después después de su visita a Correa en prisión, el abogado Javier Iglesias ha presentado un escrito en el Juzgado de José de la Mata solicitando su personación como abogado del presunto cabecilla de Gürtel, a lo que el magistrado ha accedido en una providencia fechada el pasado jueves.

Entre la visita de Iglesias a la cárcel para hablar con Correa y la decisión de nombrarle nuevo abogado se produjo otro hecho: una de las acusaciones populares en la causa de la caja B, Observatori Desc, pidió al juez que solicitara a Instituciones Penitenciarias el libro de visitas a Correa. Las acusaciones populares habían abandonado el 27 de marzo la Audiencia Nacional con la indignación de haber presenciado cómo Correa se echaba atrás y se negaba a declarar, a pesar de las advertencias del juez de que no caben colaboraciones con la justicia “a la carta”.

“Indicios racionales” de un pago por no hablar

En su petición del libro de visitas, el mismo que habría desvelado la visita de Iglesias, el abogado de Observatori Desc, Gonzalo Boye, afirma: “Existen indicios racionales para creer que al señor Correa se le habría podido pagar para guardar silencio en esta concreta pieza separada, tal cual se acredita mediante los documentos probatorios 1 y 2, consistentes en sendos artículos publicados por la revista Interviú y que nunca han sido desmentidos por el propio señor Correa”.

El 19 de octubre de 2015, la citada revista titulaba “Caso Gürtel: Un coche lleno de dinero para Correa”. La información aparecía después de que Correa hubiera dado la espantada de las negociaciones que su abogado de entonces, Francisco Miranda, llevaba a cabo con Anticorrupción y las acusaciones populares para alcanzar un acuerdo de rebaja en la petición de condenas en el juicio que se desarrolla ahora. A cambio, el principal acusado desvelaría la maquinaria de financiación irregular del PP, entre otros extremos. En el texto la revista se citaba a una fuente implicada en aquellas negociaciones que aseguraba: “Le han mandado un coche lleno de dinero”.

Las negociaciones entre el abogado que representaba entonces a Correa y Anticorrupción corrieron paralelas a las de Javier Iglesias, en representación de García-Pozuelo, con la misma Fiscalía. Mientras el primero se echó atrás, el constructor pactó una confesión a cambio de que Anticorrupción no solicitara más de dos años de cárcel en el juicio de Gürtel y le ahorrara la prisión.

Esta es la segunda imputación en el caso de la caja B contra el antiguo dueño de Constructora Hispánica, la empresa que creció exponencialmente al calor de las administraciones del PP. En su momento, García-Pozuelo integró la veintena de empresarios que el juez Pablo Ruz citó a declarar como imputado por aparecer en los ‘papeles de Bárcenas’.

En concreto, el nombre de García Pozuelo se puede leer en las notas como donante de cantidades que suman 258.161 euros a la caja B del PP entre diciembre de 1998 y abril de 2006. Como el resto de los empresarios, la causa se archivó contra él porque fue imposible demostrar que las donaciones en B se realizaran a cambio de adjudicaciones concretas, por lo que no se pudo acreditar el delito de cohecho.

Además de la pieza que se está juzgando en la Audiencia Nacional, conocida como 'Primera Época', García-Pozuelo también está imputado en las piezas de Boadilla y Arganda del Rey. En estas, Correa y García-Pozuelo no compartirán abogado, según su defensa compartida.

Bárcenas y los Pujol

El 15 de julio de 2013, fecha en que Luis Bárcenas confesó ante el juez Ruz el sistema de financiación irregular del PP durante al menos dos décadas, el diario El Mundo publicó que los abogados Javier Iglesias y Miguel Durán, por separado, habían ofrecido en la cárcel un pacto al extesorero de la formación de parte del PP para que no tirara de la manta.

Ambos letrados hicieron públicos sendos comunicados desmintiendo tajantemente la información. Iglesias, que reconocía la visita una semana antes a la cárcel, negaba que se produjera en los términos publicados. “Jamás me he prestado ni me prestaría a una actuación como la que se describe en la noticia”, aseguraba.

Por otra parte, Josep Pujol, hijo del expresident de la Generalitat, declaró en la Audiencia Nacional que se había reunido con el comisario José Manuel Villarejo por intermediación del abogado Javier Iglesias. El encuentro tuvo lugar en el despacho del letrado en Madrid sin que éste estuviera presente, siempre según la misma versión. El entonces policía en activo le habría ofrecido tumbar la causa a cambio de una “proclama” de la familia en contra del proceso independentista, según recoge la declaración incluida en el sumario de la causa contra varios miembros de la familia Pujol.

Cotino y Correa en la pieza de la visita del Papa

El otro abogado de Francisco Correa, Juan Carlos Navarro, también defendió al presunto cabecilla de la trama en la pieza de Fitur, por la que ha sido condenado a 13 años de prisión y ha ingresado ya en prisión. Navarro prepara ya el recurso ante el Tribunal Supremo.

Juan Carlos Navarro es también abogado del antiguo hombre fuerte del PP en la Comunidad Valenciana Juan Cotino, imputado en la pieza de la visita del Papa a Valencia. En su breve intervención del 27 de marzo ante el juez de la caja B, Correa dijo: “Que quede claro que yo seguiré colaborando, pero ni aquí ni ahora”. Navarro había ofrecido en las semanas anteriores la colaboración de Correa exclusivamente en la pieza de la visita del Papa, donde está imputado Cotino.

La defensa de Jordi Pujol Ferrusola no se conforma con el cierre de la investigación sobre el origen irregular del pendrive que la Policía pretendió introducir en la causa contra el clan del expresident de la Generalitat. Los abogados de Pujol Ferrusola han solicitado al juez José de la Mata que reabra el caso, llame a declarar al jefe del grupo de la UDEF encargado de las pesquisas y purgue aún más las pruebas utilizadas por los investigadores para perseguir la presunta trama de corrupción.

En un contundente auto, De la Mata ponía de manifiesto las irregularidades cometidas por la Policía para impulsar la investigación contra la familia Pujol y enviaba el caso a un juzgado ordinario de Madrid, una vez que la información procedente del pendrive sospechoso fue apartada de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Los abogados Cristóbal Martell y Albert Carrillo pretenden también que De la Mata anule dos informes policiales más, aparte del que el juez ya ha rechazado por haberse elaborado con información procedente de la memoria externa, así como que queden fuera “todos los objetos procesales novedosos que estos informes y el informe 9842 -el ya apartado- incorporan, con prohibición de desplegar nueva actividad investigadora respecto de éstos”, dicen los letrados en un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es.

Esto implica que, además de no poder utilizar el contenido de esos informes para acusar, los agentes no puedan tirar del hilo de datos incluidos en los mismos.

Los métodos de la Operación Cataluña afloraron en la pieza separada que abrió De la Mata para investigar el origen del misterioso pendrive. Por su despacho han pasado desde enero algunos de los principales actores de la policía política con Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. Al frente, Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía entre 2012 y 2016, quien incurrió en tales contradicciones que De la Mata le acusa de mentir en sede judicial y, por eso, remitió las actuaciones a los juzgados de Madrid por los delitos de falso testimonio y/o prevaricación y fraude procesal.

El juez acusa a Pino y a su colaborador Bonifacio Díez Sevillano de “hacer trampas” en la investigación de los Pujol. El magistrado también se dirigió al Ministerio del Interior para que actúe “a efectos disciplinarios, honoríficos u otros que correspondan”.

Ambos mandos han sido ampliamente recompensados por Interior en los últimos tiempos. Pijo se jubiló en junio, pero antes fue condecorado con una medalla que le sube el sueldo un 15% de forma vitalicia. Díez Sevillano, por su parte, está destinado en la Embajada en México con un sueldo bruto mensual superior a los 11.000 euros.

Fuentes policiales aseguran que Interior no retirará por el momento las medallas a los miembros de la policía política, ni serán cesados en sus destinos, al menos mientras las investigaciones judiciales en marcha no deriven en resoluciones firmes.

Con independencia de las portadas que llenaron los informes apócrifos de la policía política, solo una causa judicial sigue adelante contra algunos de los protagonistas de sus seguimientos, el caso Pujol de la Audiencia Nacional. Y es precisamente en el marco de ésta donde se ha puesto de manifiesto el carácter perjudicial para la lucha contra la corrupción que tuvo la actuación de ese grupo de mandos y que los abogados de los Pujol están dispuestos a aprovechar.

Declaración del jefe de grupo

Los abogados de Pujol Ferrusola quieren que declare el jefe de grupo de la UDEF porque él escribió en un informe que la información del pendrive procedía de “conexión de datos en bases de inteligencia policial”, en contra del testimonio de Díez Sevillano y del exjefe de la UDEF Manuel Vázquez acerca de una memoria informática que fue pasando de mano en mano hasta acabar en el ordenador del jefe de grupo, sin que se pueda acreditar el verdadero origen de la misma.

En la misma línea que los abogados de Pujol se expresan los del empresario Luis Delso, también imputado en la causa. Además de solicitar la eliminación de los citados informes policiales, los letrados de Delso inciden en que tampoco servirán “cualesquiera averiguaciones, requerimientos, comisiones rogatorias que, en su caso, traigan causa de dichos informes”. En el futuro, el instructor policial, escribe el abogado José Antonio Choclán, “debe identificar la fuente concreta de conocimiento en ocasión de cualquier informe ampliatorio que realice”.

Además, los abogados del expresidente de Isolux, piden expresamente que se excluya de la investigación toda la información referente a dos convenios y a los proyectos en Congo, Ghana y Gabón, que contenía el pendrive. El juez investiga una red de sobornos presuntamente organizada por la empresa constructora en esos países durante la presidencia de Delso.