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Interior presiona con Asuntos Internos a los policías que investigan al PP

Los agentes han sido interrogados en secreto por la publicación hace un año del informe sobre los regalos de Gürtel a la familia de Ana Mato

La citación se produce cuando aún está pendiente el informe sobre los pagos de las obras de Génova, clave para acreditar la caja B del partido

La unidad de Asuntos Internos responde en exclusiva ante Eugenio Pino, el comisario elegido por el PP para la dirección operativa del Cuerpo

El juez Pablo Ruz no fue informado de los interrogatorios a los policías, a pesar de dirigir la investigación del caso Gürtel

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El ministro del Interior dice que las mafias están muy atentas a lo que sucede tras tragedia de Ceuta

El ministro del Interior junto al director general de la Policía, Ignacio Cosidó / EFE

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía, que depende directamente de la dirección del Cuerpo, tiene entre sus objetivos a los agentes que investigan la financiación irregular del Partido Popular. El pasado febrero, una decena de policías fueron llamados a declarar en secreto por la aparición en los medios de comunicación de informaciones relativas al caso Gürtel, según ha podido saber eldiario.es.

La mayoría de los policías interrogados pertenecen al Grupo XXI de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, integrada en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Solo dos de los que declararon ante Asuntos Internos ya no pertenecen al Grupo XXI y ocupan en la actualidad otro destino. Por tanto, la ronda de declaraciones se centró en los responsables de las investigaciones de la trama Gürtel y del llamado caso Bárcenas, cuyas revelaciones sacuden judicialmente al PP en la Audiencia Nacional.

La declaración ante Asuntos Internos es uno de los episodios más complicados a los que se puede enfrentar un policía durante su carrera. Esta unidad es designada para investigar sólo si hay indicio de delito en la conducta de un policía, ya que de las sanciones reglamentarias se encarga la Unidad de Régimen Disciplinario. Una filtración a la prensa puede constituir un delito de revelación de secretos castigado en el Código Penal con hasta cinco años de prisión para los agentes.

Por eso, en medios policiales causa sorpresa el motivo del interrogatorio a los investigadores de la UDEF. Entre ellos figura un informe del caso Gürtel aparecido en los medios cuando ya no pesaba sobre él el secreto de sumario. Según las fuentes consultadas, se trata del informe de 81 páginas con registro de salida al juzgado 10.418/13. Se trata de un análisis ampliatorio de la documentación incautada en un local de Easy Concept, una de las empresas de la red Gürtel, ubicada en un polígono industrial de Alcorcón (Madrid). Con esa documentación se pudo acreditar los regalos que los cabecillas de la trama entregaron a un imputado, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda. Pero lo que concedió trascendencia mediática a aquel informe fue la identidad de la esposa de Sepúlveda en el momento de los regalos, la actual ministra de Sanidad, Ana Mato. Los policías redactaron el informe por orden expresa del juez Pablo Ruz.

La Unidad de Asuntos Internos trabaja a las órdenes directas del máximo responsable operativo de la Policía, el comisario que nombra el Gobierno de turno para dirigir el Cuerpo. Sus investigaciones son secretas, ni siquiera las dos brigadas que la componen saben en qué está trabajando la otra. Es habitual que realicen seguimientos y pinchen con autorización judicial el teléfono de los policías a los que investigan desde las sedes que tienen en Madrid, de localización también reservada y sin distintivos en el exterior.

Las fuentes consultadas por eldiario.es aseguran que los agentes de la UDEF no fueron llamados como acusados, pero añaden que se les preguntó por la custodia de los documentos analizados en el informe publicado en la prensa. La Dirección General de la Policía no ofrece información al respecto alegando que nunca lo hace si la investigación sobre la que se solicita corre a cargo de Asuntos Internos.

El citado informe es uno de los miles de escritos policiales, de la Agencia Tributaria, Intervención del Estado, autos, escritos de Fiscalía y un largo etcétera que integran el más del millón de folios, separados en 2.000 tomos, que forman el sumario del 'caso Gürtel' y de los que no debe quedar uno con interés mediático por publicar. El informe sobre los regalos a la familia Mato-Sepúlveda apareció en los primeros medios de comunicación en la tarde del 1 de febrero, solo unas horas después de que hubieran podido acceder a él los abogados de los más de 100 imputados en el 'caso Gürtel' (187 en la actualidad).

A pesar de ello, la ministra de Sanidad reprochó a su colega de Interior, Jorge Fernández Díaz, la divulgación de su contenido en los medios, que dejó a Mato malherida políticamente. Entre las cajas de documentos hallados en la nave de Alcorcón aparecían documentos que apuntaban al pago de viajes, fiestas familiares y la entrega de obsequios de lujo a Ana Mato y su familia por un valor superior a los 60.000 euros. Solo en confeti para una fiesta infantil, el gasto superó los 4.600 euros. En esa época, a principios de la década pasada, Ana Mato ya era dirigente del Partido Popular. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción no aprecia delito en la conducta de la ministra y en ningún momento se ha planteado solicitar su imputación.

Fernández Díaz: "Son elementos de la UDEF"

En plena tormenta en el seno del Gobierno por el informe, Fernández Díaz declaró a ‘Abc’ que los policías que investigan el caso Gürtel y la financiación del PP no están bajo control de Interior. Sus responsables son "elementos" de la UDEF, como llamó a los policías, que trabajan directamente a las órdenes del juez Ruz. Las tensiones  en el seno del Ministerio del Interior y la dirección de la Policía ya no cesaron y en verano se decidió la destitución del comisario Losada, al que se le comunicó que se haría efectivo en breve. Sin embargo, la afirmación de Rajoy el 15 de julio de que a él nadie le impone fiscales o policías –en respuesta a la publicación de los SMS que se intercambió con Bárcenas- retrasó al 17 de octubre la destitución, que intentó difuminarse en medio de una reestructuración más amplia de la cúpula policial. Interior informó de la misma en una nota de prensa a las nueve de la noche.

A pesar de la relevancia de los interrogatorios a los policías del caso Gürtel, el juez Pablo Ruz no fue informado con anterioridad a que se produjeran, precisaron fuentes jurídicas. Cuando tuvieron lugar las declaraciones, los policías ya trabajaban en uno de los informes clave para la investigación de la financiación irregular del PP. Para su elaboración todavía hoy estudian miles de correos electrónicos incautados en la empresa del arquitecto responsable de las obras en la sede de Génova, de las que la Policía y el juez Pablo Ruz sospechan que fueron abonadas con dinero negro. Esa información está siendo cruzada con la obtenida de los ordenadores analizados en la propia sede nacional del PP, registrada el 19 de diciembre pasado por orden de Ruz después de distintas maniobras del partido para obstaculizar la investigación. Fuentes del caso consideran que las pesquisas acerca de la reforma en Génova es la rama del caso que con mayor precisión puede acreditar la existencia de una caja B en el PP mantenida en el tiempo, como apuntan los papeles de Bárcenas.

Investigaciones al PP o a algunos de sus destacados miembros han costado el puesto a dos comisarios generales de Policía Judicial, máximos responsables de la UDEF, en lo que va de legislatura. Enrique Rodríguez Ulla apenas duró cinco meses. Fue destituido por investigar, sin informar a sus superiores, el origen del ático que Ignacio González tiene en Estepona (Málaga). Su sustituto, José Losada, cayó por no frenar los informes de la UDEF sobre el caso Gürtel y la financiación irregular del partido. En octubre pasado, el director adjunto operativo, Eugenio Pino, puso al frente de la Comisaría General de Policía Judicial a un comisario de su total confianza, José Santiago Sánchez Aparicio, del que internamente se esperaba que comenzara realizando cambios en la UDEF.

Policía 81.067

Sin embargo, dos obstáculos principales han frenado desde entonces la 'limpia' en la unidad. El revuelo mediático que causó el cese de Losada obligó al Ministerio del Interior a frenar sus planes. En contra de lo previsto y de lo que se le llegó a comunicar, el jefe de la UDEF, el comisario Manuel Vázquez, continúa a día de hoy en el cargo. La estrategia, según fuentes policiales, ha cambiado. Ahora se trata de intentar influir en el contenido de los informes del Grupo XXI sin el ruido que producen las destituciones. En esta nueva forma de proceder se enmarcarían los interrogatorios realizados el pasado febrero por Asuntos Internos a los investigadores.  

Otra de las circunstancias que no puede cambiar Interior es la jefatura del Grupo XXI. El inspector que la lidera, Manuel M., tiene su destino ganado por oposición y no puede ser relevado hasta que ascienda a inspector jefe, lo que no ocurrirá antes de que finalice la instrucción de los casos que afectan al PP. Además, cuando Ruz abrió la pieza separada de los papeles de Bárcenas'designó al Grupo XXI en funciones de Policía Judicial para el caso, con lo que la Dirección del Cuerpo no puede asignársela a otros funcionarios. El inspector Manuel M. es el agente que firma con su número de carnet profesional, el 81.067, todos los informes del caso Gürtel desde hace 5 años y los de la pieza separada de la financiación irregular desde que arrancó el caso hace un año.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía está dirigida por el comisario Marcelino Martín-Blas Aranda. Su nombre sonaba para ocupar puestos de responsabilidad cuando el PP ganara las elecciones de 2011, aún meses antes de que se produjera el relevo en Moncloa. Descrito en el Cuerpo como auténtica mano derecha de Eugenio Pino, Martín-Blas fue destinado sin embargo a una unidad sin visibilidad pero clave en el control de los más de 68.000 agentes que integran la Policía. Su nombre apareció en los medios de comunicación cuando trascendió que dos comisarios habían viajado a Barcelona en plena campaña electoral catalana para convencer sin éxito a los fiscales anticorrupción de que había que registrar de inmediato la sede de Convergència Democràtica de Catalunya, en relación con el caso Palau. Como denunció el Consejo Fiscal en una nota, ni Martín-Blas ni el otro comisario, José Luis Olivera, tenían relación alguna con esa investigación.

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