El expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, de 95 años, se encuentra ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona por una infección pulmonar, una neumonía, según ha avanzado Catalunya Ràdio este domingo. Las fuentes citadas por la radio pública catalana sostienen que la neumonía es de “riesgo y gravedad bajos” y confían en que el exmandatario pueda regresar a su domicilio en cuatro o cinco días. 

Un médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya (IMLCFC) había realizado esta misma semana una exploración médica al expolítico catalán para determinar si podía someterse al juicio junto a sus hijos por asociación ilícita y blanqueo de capitales previsto para el 24 de noviembre en Madrid.

La Audiencia Nacional juzga a Pujol y a sus siete hijos a partir del 24 de noviembre de 2025 y el mes de mayo del año que viene por la fortuna presuntamente ilícita que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas, diez años después de que se abriera esta causa.

La Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, así como multas millonarias. Por el contrario, la Abogacía del Estado no acusa al expresident, mientras que para el primogénito pide 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros.

Su hijo Oriol defendía el pasado 6 de noviembre en Catalunya Ràdio que Pujol, que ya sufrió un ictus en 2022, quería comparecer en el juicio pero defendía que lo hiciera de manera telemática, tal y cómo ha solicitado su abogado. “Él tiene ganas de ir pero el cuerpo no le aguanta, puede ser mortal”, aseguró.

A priori poco tienen que ver dos nombres como el de Salvador Puig Antich y el de Jordi Pujol. Sin embargo, si uno se detiene y lo piensa, de alguna forma ambos son una parte fundamental de la historia de España y de Catalunya. El último asesinado con garrote vil durante el franquismo y el líder de CIU son dos nombres que han quedado grabados en el imaginario catalán. Aunque sea por motivos radicalmente diferentes, ambos son piezas del puzzle que ayuda a entender el presente. 

Quizás sea eso lo que busca el cine de Manuel Huerga, que desde Salvador, su biopic sobre el líder anarquista y antifascista no había vuelto a dirigir un filme hasta ahora, cuando ha estrenado Parenostre, otro biopic, en este caso sobre Jordi Pujol —al que da vida Josep Maria Pou—. El de Parenostre juega al trampantojo, a la recreación teatral —toda ella se ha grabado en un plató virtual—, y a través de ella reconstruye 40 años de España y de Catalunya a través de una de sus figuras fundamentales, la de Pujol. El líder que todos adoraban, que pactaba con derecha e izquierda para colocar presidentes del Gobierno. El 'molt honorable' que acabó en un escándalo de corrupción junto a toda su familia. 

Una familia que es parte fundamental de este filme que escribe Toni Soler, guionista acostumbrado a clavar su colmillo en la política. Él es uno de los responsables del exitoso Polònia, que desde el humor analiza la actualidad catalana y de España en un formato imbatible. Aquí se aleja de la sátira para radiografiar a la familia Pujol y hacer una denuncia “de los hiperliderazgos”. Intenta no ser maniqueo. No posicionarse claramente en un lado de la balanza y mostrar las luces y las sombras de Pujol, que fue útil hasta que dejó de serlo, y ahí todo el aparato del estado decidió que era el momento de sacrificarlo. 

Soler, que recuerda que él procede del periodismo político, lleva con este proyecto de 2020. En 2025 el tema no solo “no ha perdido vigencia”, sino que llega con un timing inmejorable, a pocos meses del juicio del caso que cuenta el filme. “Hay muchas ganas de reabrir este debate que se cerró en falso”, añade el guionista de Parenostre que cree que las dificultades de producir un filme así tienen más que ver con que sea “en catalán y de temática catalana” al asunto que aborda en sí. Por eso hace hincapié en que Pujol “es un personaje no solo relevante para Catalunya, sino para la historia española reciente”.

Aunque había “mucha producción editorial y audiovisual” sobre el político y este caso en concreto, no existía “ficción” al respecto. Esperan que esto “abra un camino y que se pueda hacer una buena película sobre Felipe González, sobre Aznar o sobre Juan Carlos I, personajes que por supuesto merecen una película”.

Reconoce que ha pensado mucho en lo que supuso el Caso Pujol, y cree que en él se da “la intersección de dos cuestiones muy relevantes”. La primera es “la ética en la gestión pública”, y la segunda “es el conflicto entre Catalunya y España”. Pero la película va más allá de radiografiar a Pujol, también lo hace a toda una clase política que aceptaba la corrupción hasta que podían usarla. “Habla de una época en la que el listón con la corrupción estaba más bajo y de cómo se ha utilizado como arma arrojadiza y cómo algunos han pagado más que otros. Algunos han aprovechado también la corrupción para victimizarse. Son muchos temas”, dice Soler.

'Parenostre' habla de una época en la que el listón con la corrupción estaba más bajo, de cómo se ha utilizado como arma arrojadiza y cómo algunos han pagado más que otros

Toni Soler — Guionista

Parenostre es una película para que la gente se pregunte por el legado de Jordi Pujol, pero para él “hay algunas lecciones que dejó el pujolismo”. “Una de ellas tiene que ver con que la permanencia mucho tiempo en el poder genera una sensación de impunidad, y eso es complicado de gestionar. Es un aviso contra los hiperliderazgos. Pero a la vez creo que es incuestionable la importancia de Pujol como gobernante y como ideólogo del catalanismo de finales del siglo XX. Fue un político de Primera División. Para mí no hay ninguna duda de esto. Pujol tiene estas dos caras que tienen que convivir y que no se contradicen”.

Soler asegura estar preparado para cualquier reacción: “Llevo 19 años haciendo un programa semanal de sátira política, así que digamos que me he metido ya en más líos de los que me tenía que meter. Tengo 59 años y la única ventaja de la edad es que estas cosas ya no te dan tanto respeto. Lo que tenga que pasar pasará. La película puede ser controvertida, pero hasta cierto punto. Yo no espero reacciones especialmente virulentas en ningún sentido”.

Sin embargo, Manuel Huerga sí cree que las reacciones llegarán. “Lo estamos diciendo casi como un sermón, pero yo creo que vamos a recibir hostias por todas partes, porque la película, afortunadamente, no apuesta ni porque sea un santo ni porque sea un demonio. Pujol es un tío que ha estado 23 años en el poder, entonces, alguna cosa bien habrá hecho. Los que hemos vivido esos 23 años con Pujol en el poder tenemos derecho a juzgarlo, porque somos sus súbditos y somos los que hemos sufrido, otros se habrán aprovechado, a una persona que ha estado demasiado tiempo en el poder. Eso es lo grave, que tanto tiempo hace que alguien se acabe creyendo que es impune e inmune”, asegura Huerga contundente. 

Define su película como “ni benevolente ni acusadora”. “El juicio se hará en noviembre y ya veremos lo que pasa. No se explica nada en esta película que no se conozca. No desvelamos ningún secreto. Miramos por el agujero lo que pasa en aquella casa y hacemos ese ejercicio de dramatizar una situación”, dice.

Parenostre también muestra cómo Pujol y España se llevaron bien… hasta que dejó de interesarles esa paz. “De todos es sabido que Pujol, o Catalunya, vivieron en connivencia con el Estado, con el deep state, porque no se hacían independentistas. Ahí no se metía nadie. Nadie se metía con nadie. Pero el día que Convergència empiezan a tener la tentación independentista… es más fácil y barato cargarse a Catalunya y cargarse su tótem, su rey. Darles donde duele más. Se cargan a Pujol y entonces ya, en teoría, desmontan o desmantelan el partido porque veían que el independentismo iba cogiendo fuerza”, analiza el cineasta.

Cree que la muestra de que todo se mide en términos de aceptación social del independentismo está en el presente, donde “Catalunya ya está domesticada e incluso tenemos un presidente socialista que ha invitado a Pujol a la Generalitat”. “Es decir, se hacen las paces porque ahora Pujol es bueno, porque ha vuelto al redil y se porta bien, y porque Catalunya ya no es una amenaza. Al independentismo lo han dejado convertido en cenizas y ya están muy contentos. Lo único que molesta a España es la tentación independentista. Siguen puteando, porque todas las hostias van para Catalunya siempre, pero ahora que se ha domesticado a Catalunya, parece como que se va a perdonar a Pujol. Lo que no sé es si la justicia en noviembre va a ser así de benevolente”, opina Huerga.

Igual que han hecho una película de Pujol cree que estaría bien, como apuntaba Soler, una de otros muchos nombres: “Nadie hace una película sobre Mazón, sobre Ayuso… son impunes. Lo que hizo Pujol al lado de lo que hacen en el PP es peccata minuta. No digo que Pujol no merezca ser juzgado. De hecho yo jamás le he votado y no creo que se le tenga que perdonar como si no hubiera pasado nada, porque no sería justo, pero que la justicia sea igual para todos… pero ya sabemos qué justicia tenemos en este país, ¿no?”.

Nuevo acto en honor de Jordi Pujol. La plana mayor de la antigua CiU ha homenajeado este viernes al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, al que han reivindicado como “padre de la nación catalana moderna”. En recuerdo de esos tiempos en que Pujol arengaba a los suyos, el expresident ha tomado la palabra para asegurar que Catalunya “no será independiente” ni ahora ni en 15 años.

La confesión del expresident de su fortuna oculta en Andorra durante cuatro décadas (que se juzgará dentro de un año) y los casos de corrupción de Convergència contribuyeron a poner fin a la coalición nacionalista fundada por Pujol. Durante 20, CiU años fue una máquina de ganar elecciones en Catalunya y un partido bisagra clave en la estabilidad de los Gobiernos de PSOE y PP.

Los tiempos han cambiado, pero no tanto. En el acto de este viernes numerosos dirigentes de la extinta CiU, como Artur Mas, Núria de Gispert, Xavier Trias o Felip Puig, pero también algunos destacdos integrantes de Junts, como el adjunto a la secretaría general, David Saldoni, el exconseller de Economía Jaume Giró o el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, además del exsecretario general Jordi Sànchez.

La conmemoración ha llegado días después del 50 aniversario de la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el 17 de noviembre de 1974 en Montserrat (Barcelona). Bajo el nombre de 'Hay País', ha sido organizado por la Associació d'Amics d'Enric Prat de la Riba.

Al final del acto de homenaje, Pujol ha tomado la palabra en una intervención que ha durado más de media hora, y en la que ha dicho que “habría merecido la pena mantener Convergència”.

La vía de supervivencia del partido, ha señalado Pujol, pasaba por ser “capaz de superar un trauma”, del que ha dicho sentirse “responsable”, y que el resto del partido “siguiese adelante”: “Aquello se podía salvar”, ha indicado.

“Esto no ha ido bien así, pero todavía estáis a tiempo, todos vosotros. Tenéis que seguir, en el grado que podáis, manteniendo todo aquello que hacíamos, y aquella política” ha indicado el expresident.

Según Pujol, con 19 años ya le dijo a su amigo Pere Figuera, que era muy independentista, que no sería posible: “Esto ahora casi no se puede decir. Ahora se puede decir algo más porque se ha visto en los últimos años que esto de la independencia es muy difícil”.

Salvador Illa suma a otro político con pasado en Convergència i Unió para su Govern. David Bonvehí, el que fue coordinador del PDeCAT, ocupará la dirección general de Economía Social y Cooperativas.

Según ha adelantado Catalunya Ràdio, Bonvehí será nombrado para el cargo este miércoles en el Consell Executiu del Govern. Su entrada al Ejecutivo de Illa viene de la mano del que será su conseller, el titular de Empresa y Trabajo, Miquel Sámper, que fue conseller de Interior con Junts entre 2020 y 2021. 

Licenciado en Derecho y abogado de profesión, Bonvehí, de 45 años, ha sido alcalde de su localidad, Fonollosa (Bages), y diputado en el Parlament durante tres legislaturas, las dos primeras con CiU y la última con Junts pel Sí. Tras la refundación de Convergència, en 2016, asumió el liderazgo del PDeCAT, pero a diferencia de muchos no dio el salto luego a Junts y se quedó en esa formación, de perfil más moderado, que acabó disolviéndose en 2023. 

Bonvehí sustituye en el cargo a Juli Silvestre, que fue nombrado para el puesto en verano de 2023.

El PNV comparece a las elecciones europeas del 9 de junio con la coalición CEUS, en la que está Coalición Canaria (CC) y otras formaciones pequeñas de Baleares o Galicia, aunque no ningún partido catalán. El 'procès' rompió los puentes con Junts y en los últimos meses se ha dado un acercamiento, si bien insuficiente para retomar las viejas alianzas que siempre existieron con la extinta CiU. Por el contrario, su gran rival, EH Bildu, sí acude en una candidatura compartida con el BNG pero también con ERC. Este sábado, sin embargo, el principal partido vasco ha querido mostrar que sí tiene aliados también en Catalunya y ha exhibido el apoyo de un centenar de excargos de CiU y de lo que luego fue el PDeCAT como Marta Pascal, Santi Vila o el propio David Bonvehí, que ocupa un puesto simbólico en la lista de CEUS.

En concreto, este sector “pragmático” del catalanismo que se siente “huérfano” ante la nueva deriva de Junts y articulado en torno a la plataforma Treballem per Catalunya ha suscrito un manifiesto pidiendo el voto para CEUS, cuya candidata es Oihane Agirregoitia. Al igual que EH Bildu hará campaña con ERC, están ya cerrados al menos dos mítines del PNV en Barcelona para los días 1 y 6 de junio con presencia de Andoni Ortuzar y Aitor Esteban, respectivamente. Antes, se irán desvelando todos los nombres de quienes pedirán el voto para CEUS desde ese espectro político, cuya representación actual en Catalunya se limita a una decena de alcaldías y dos centenares de ediles.

Encabezan este movimiento la exsecretaria general del PDeCAT y fundadora de una formación que simbólicamente se llamó PNC (Partido Nacionalista de Catalunya), Marta Pascal, y otro exdirigente del mismo sector, David Bonvehí. En 2017, ambos y el entonces consejero con Carles Puigdemont Santi Vila colaboraron de modo muy activo con la vía abierta por el lehendakari, Iñigo Urkullu, para mediar entre Madrid y Barcelona para evitar una declaración unilateral de independencia y el consiguiente 155. Se pueden leer aquí más datos sobre ello.

Las fuentes consultadas indican que Treballem per Catalunya es una “plataforma cívica” y no un partido. Añaden que la circunscripción única en España permite que quienes son nacionalistas pero se ven “huérfanos” por Junts, ERC y la CUP voten una candidatura “pragmática”, como definen al PNV. A la contra, al PNV le viene bien intentar sumar unos miles de papeletas adicionales en un contexto en que las encuestas no le garantizan el escaño. En 2019, CEUS apenas arañó 3.500 sufragios en las cuatro provincias catalanas, exactamente las mismas que en Madrid.

Desde este colectivo vinculado en el pasado a la extinta CiU entienden que el PNV defiende la oficialidad del catalán a nivel europeo y el impulso de la política industrial y agraria, que son dos de sus reivindicaciones. También una Unión Europea de los pueblos y no tanto de los Estados. Añaden que es necesario “defender en Europa un proyecto político englobado en la familia liberal-demócrata europea, donde el catalanismo político había perdido su voz en los últimos años”.

PNV y Junts han reencauzado claramente sus relaciones en los últimos meses. Andoni Ortuzar ha visitado a Carles Puigdemont en Waterloo y una delegación 'jeltzale' estuvo en la Diada del 11 de septiembre en Barcelona. También Jordi Turull ha estado en Sabin Etxea -precisamente trascendió la noticia de que Iñigo Urkullu no iba a ser el candidato estando el dirigente catalán reunido con Ortuzar- o incluso en la fiesta del Alderdi Eguna. Los puentes que se rompieron en 2017 cuando Urkullu sobre todo pero también otros dirigentes del PNV mediaron entre el entonces 'president' y Mariano Rajoy para frenar tanto la declaración unilateral de independencia como el 155 se han recompuesto, aunque Urkullu y Puigdemont nunca hayan vuelto a hablar. Sin embargo, fuentes de ambas formaciones no garantizan ni mucho menos que esta nueva etapa vaya a permitir retomar las coaliciones europeas con la extinta CiU de 2004, 2009 ó 2014 de cara a las elecciones ya convocadas para junio de este año.

A la luz de informaciones que apuntan ya a una candidatura separada, fuentes oficiales del PNV indican que no tienen “nada que comentar” a este respecto al menos hasta la primera reunión del Euzkadi Buru Batzar (EBB) en 2024, prevista para el lunes 8 de enero. Otras fuentes internas asumen ya que es perfectamente plausible que los nacionalistas vascos tengan que hacer como en 2019, es decir, liderar una candidatura conjunta con Coalición Canaria (CC) y otros partidos pequeños de Galicia, Baleares o Valencia. En Navarra el PNV está integrado en Geroa Bai. En este lustro se ha reconfigurado ese espacio con el surgimiento del partido propio Socialverdes liderado por la expresidenta Uxue Barkos, aunque no hay dudas de que formará parte de la misma plancha.

Desde Junts indican que, en efecto, “hay una nueva relación” con el PNV, que nunca rompió con los otros partidos surgidos de los restos de la antigua CDC, como el PDeCAT. “Se ha recuperado una relación normal y también de coordinación en temas de Congreso y de Senado”, señalan desde Catalunya. Pero una posible coalición es otro tema. “Si vamos juntos, bien; y, si no, no pasa nada. No hay nada decidido y todo está un poco verde. No hay prisa tampoco y ellos tienen antes otras elecciones”, abundan estas fuentes en referencia a unas autonómicas para las que no hay fecha pero que podrían celebrarse en abril. Preguntados por los otros posibles socios, particularmente por CC, un partido que votó a favor del 155 y que ha criticado duramente a Junts hasta fechas muy recientes, esta formación recalca: “Nosotros sólo hablamos con el PNV”.

Las elecciones europeas se celebran en España con circunscripción única. Son las más proporcionales en cuanto al reparto de escaños en función de los votos obtenidos pero también las más complicadas para los partidos de ámbitos territoriales acotados, aunque pueden rascar apoyos en provincias donde habitualmente no se presentan. En 2019, la coalición del PNV y CC, llamada CEUS, logró retener el escaño. En 2024 se repartirán más escaños, 61. En 2019 la entonces candidata, Izaskun Bilbao, salvó el asiento con 54 en juego, que luego subieron a 59 por efecto del Brexit. CEUS llegó al 2,82% de los votos. Junts sacó dos escaños de inicio y subieron a tres con el reparto posterior a la salida de los electos británicos del legislativo comunitario. Con los votos de las elecciones generales, PNV y CC podrían sacar un escaño también sin Junts.

El porcentaje es otro elemento relevante porque Europa exige ya a los estados fijar un mínimo para entrar a la Eurocámara. El listón es una realidad en los procesos internos. Es del 3% habitualmente pero llega al 5% en las municipales. La horquilla ha de ir entre el 2% y el 5% en países con más de 35 eurodiputados, como es el caso de España. En una de las cláusulas pactadas entre el PNV y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez los nacionalistas arrancaron a los socialistas potestad para poder decidir sobre esa cifra en caso de que haya “necesidad” de aplicarla, aunque apuestan por no tocar el asunto salvo que se articulen circunscripciones de ámbito inferior al estatal. “El PSOE se compromete a no impulsar ninguna modificación de la LOREG, y en caso de extraordinaria necesidad, lo hará con acuerdo previo con EAJ-PNV”, se estipuló.

El PNV encarará las europeas después del examen de las autonómicas. En 2023 se vio una tendencia descendente tanto en las municipales y forales de mayo como en las generales de julio. Como adición, los nacionalistas siempre han obtenido peores datos en generales o europeas, lo que achacan a la fuerza tractora de los grandes partidos y al alejamiento del debate del foco vasco. Las europeas, en este sentido, serán la segunda vuelta de las generales y evaluarán medidas como la amnistía.

Las bases del PNV están votando estos días los nombres propuestos por el partido para una lista europea. Es un proceso simultáneo al que hará a Imanol Pradales candidato a lehendakari y en el que se ratifican también las listas al Parlamento Vasco, con Bakartxo Tejeria aspirando a una cuarta legislatura como presidenta de la Cámara vasca. Ante la retirada de Izaskun Bilbao tras tres legislaturas en Europa, no hay un nombre que sobresalga entre las varias decenas propuestos. Presentados en orden alfabético, figuran Daniel Innerarity, Xabier Ezeizabarrena, Mikel Burzako, Rakel Molina, Luis Javier Tellería o Luke Uribe-Etxebarria. Está previsto que el sistema de doble vuelta termine para el día de San Sebastián, el 20 de enero.

Lo que sí se da por hecho es que EH Bildu y ERC volverán a concurrir en coalición. Ambas formaciones mantienen una estrecha relación desde hace años e incluso hicieron actos conjuntos en las generales. Bajo la marca Ahora Repúblicas y con Oriol Junqueras como cabeza de lista, la confluencia en la que también se incluía el BNG gallego llegó a tres escaños, dos de ERC y uno de EH Bildu, Pernando Barrena, que relevó a Josu Juaristi por unos mensajes “fuera de lugar y sin consentimiento” a su expareja. ERC ha sido el socio más habitual de EA, formación ahora integrada en EH Bildu, aunque en 1999 el PNV (y EA) fueron de la mano con ERC.

El nacionalismo vasco en la historia de las europeas

2019: El PNV lideró la coalición CEUS, conformada también por CC y las formaciones socias de Geroa Bai en Navarra, además de por el PI de Baleares, Demòcrates de Valencia y Compromiso por Galicia. Units, partido heredero de Unió, apoyó desde fuera a CEUS aunque esté integrado en el PSC. Con Izaskun Bilbao como candidata, lograron 633.000 votos, menos del 3% del total. EH Bildu participó de Ahora Repúblicas con ERC y BNG. Obtuvo el 5,58% y 1,2 millones de sufragios.

2014: El PNV concurrió con CiU y CC bajo la marca CEU y con el catalán Ramón Tremosa al frente. La coalición sumó 851.971 votos, el 5,42%, y tres escaños, un tope histórico. Uno de ellos fue para el PNV, con Bilbao de referente. ERC, en solitario, logró dos asientos en Estrasburgo. EH Bildu, de reciente creación, logró representación merced a una alianza con el BNG llamada Los Pueblos Deciden.

2009: PNV, CiU y CC sumaron con CEU 808.246 papeletas (5,10%) y obtuvieron dos escaños. La electa del PNV fue Bilbao, que acaba de dejar la presidencia del Parlamento Vasco. Dos de las formaciones de EH Bildu, entonces inexistente, Aralar y EA, se coaligaron con ERC y el BNG en Europa de los Pueblos. El candidato era Oriol Junqueras. Les apoyaron 394.938 personas, lo que valió un escaño. La izquierda abertzale, entonces ilegalizada, pidió el voto para Iniciativa Internacionalista, que llegó a ser tercera fuerza en Gipuzkoa, aunque no logró escaños.

2004: Fue el año de Galeusca, la coalición del PNV con CiU y BNG. ¿El resultado? Un 5,15% del voto (798.816) y dos escaños. CC concurrió con partidos andaluces o extremeños y se quedó fuera. EA fue en la plancha de ERC y Aralar en solitario. La Justicia ilegalizó la marca que pretendió presentar la izquierda abertzale, HZ.

1999: En las últimas elecciones del siglo XX, el PNV compareció a las europeas con EA y con ERC. PNV y EA operaban de la mano entonces en la política vasca. Coalición Nacionalista Europa de los Pueblos obtuvo 613.968 votos, un 2,90% y dos escaños. CiU, en solitario, logró tres asientos y CC dos con los andaluces. La izquierda abertzale (bajo la marca EH) sumó 306.923 votos, suficientes para un escaño.

1994: El PNV de Jon Gangoiti lideró una plancha con CC, Coalición Galega o Unió Mallorquina. Lograron 518.532 votos, el 2,79%. Se tradujo en dos escaños. CiU fue en solitario, con tres escaños y siendo cuarta fuerza de España. El lehendakari Carlos Garaikoetxea fracasó con una alianza llamada Por la Europa de los Pueblos con ERC y Tierra Comunera de Castilla. HB tampoco obtuvo escaño en solitario.

1989: En las primeras elecciones europeas como tales, el PNV lideró una coalición con otras formaciones minoritarias de Galicia, Canarias o Castilla y León. Jon Gangoiti logró un escaño y 295.047 votos. Quedó cerca una marca encabezada por Euskadiko Ezkerra, el partido que acabó fusionado con el PSE en 1993. Juan María Bandrés logró un acta. También sacó escaño Garaikoetxea. La joven EA fue de la mano de ERC y PNG, luego integrante del BNG. Fue superada por HB, que sacó en solitario un escaño con Txema Montero.

1987: Coincidiendo con municipales, autonómicas y forales, se eligieron a los primeros europarlamentarios españoles. Estos comicios los ganó en Euskadi la izquierda abertzale bajo la marca HB. El PNV iba en una marca llamada Unión Europeísta con el PGN, Partido Galeguista Nacionalista. No obtuvo escaño, como tampoco EE. Sí lo logró la recién nacida EA de la mano de ERC y con Garaikoetxea como referencia.

La anécdota sucede el 25 de mayo de 2007, dos días antes de las elecciones municipales. Joan Miquel Nadal, alcalde de Tarragona por CiU, acude con su coche particular, un flamante Audi A8, a probar el futuro parking robotizado Jaume I. Pero el vehículo es demasiado grande, de 5,05 metros de largo. No entra en la plataforma.

Tras varios intentos, acaba encajando por milímetros y, ante la inquieta mirada del edil, el elevador se lleva el coche hacia las profundidades del aparcamiento. Todos suspiran aliviados y al finalizar la jornada de ensayos, se anuncia la inauguración del equipamiento en cuestión de meses.  

Han pasado quince años desde aquel episodio –más de veinte desde que se aprobó el proyecto–, y el parking es hoy un inmenso agujero en el centro histórico de la ciudad que acumula polvo, chatarra, deudas y pleitos. Se han enterrado en él unos 30 millones de euros, casi un 650% de sobrecoste respecto a los 3,9 millones presupuestados, y hoy sigue en desuso.

Si los aeropuertos y las estaciones de AVE vacíos se convirtieron en el símbolo de la España del despilfarro, previa a la crisis económica de 2008, este parking fantasma lo es de la Tarragona de esa misma época. 

El episodio del alcalde y su Audi A8 lo recuerdan muchos tarraconenses, especialmente los vecinos del parking, y ha adquirido un cierto halo de leyenda. Por aquel entonces, el proyecto ya acumulaba sobrecostes millonarios y serias sospechas sobre su viabilidad. La historia la publicó el Diari de Tarragona, uno los pocos medios que ha seguido el serial del parking con todos sus detalles hasta la fecha.

En pleno 2022, dos décadas después de adjudicar las obras, el proyecto fallido de garaje sigue dejando novedades: en febrero se archivó la causa penal por corrupción contra sus impulsores. Pero desde el año pasado sigue abierta por el Ayuntamiento una vía civil para recuperar parte de la inversión.

“Fue una época de megalomanía y ahora todo esto se ha acabado”, sentencia Jordi Fortuny, teniente de Alcaldía de Servicios Generales del actual gobierno municipal, desde lo más profundo de este párking de 3.500 metros cuadrados. Le acompaña el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Juan Manrubia, que supervisa la maquinaria deteriorada: decenas de hileras de torres de metal de cuatro pisos –los silos que debían almacenar los coches–, transportadores llenos de polvo, dos generadores eléctricos oxidados para casos de incendios… “Fue un despropósito”, insiste el concejal, de ERC. 

La última vez que un periodista pisó la obra fue en 2016, cuando gobernaba el PSC y se estaban planteando convertir el parking fallido en un equipamiento social o cultural. Desde entonces, cuando el Ejecutivo municipal organizó una visita para profesionales, el agujero permanece cerrado y solo se utiliza el piso de arriba, el que está a pie de calle, para aparcar los coches de operarios municipales que trabajan por la zona. 

A los pisos -1 y -2 no se accede nunca. Es allí donde se acumulan las torres que debían tener capacidad primero para 285 plazas y, posteriormente y tras aprobar algunas modificaciones, para más de 600 –una ampliación que jamás se justificó–. 

Un millón al año hasta 2043

La historia del Jaume I, ubicado en la plaza del Rectorado –frente al edificio rectoral de la Universidad Rovira i Virgili, en el casco antiguo–, es la de un cúmulo de tantos errores y chapuzas que se hace difícil presentarlos de una forma que no sea cronológica. El pecado original fue quizás la constitución de la UTE que debía llevar a cabo las obras, integrada por la empresa pública Aparcamientos Municipales de Tarragona y la ingeniera Sistemas Alem.

Según la posterior comisión de investigación del consistorio, encargada por el gobierno del PSC años después, nadie comprobó la solvencia económica, que no era la aparente, ni la experiencia en la materia de la empresa Sistemas Alem, que era inexistente.

Al cabo de muy pocos años, y tras empezar a incurrir en impagos –primero– y a acumular préstamos y pólizas –después–, entró en concurso de acreedores. Pero por entonces se había dado paso ya al segundo gran despropósito: la Administración local estaba avalando todas esas operaciones pese a que en el proyecto original se había comprometido a no hacerlo. Parte de ese dinero es el que todavía hoy se está pagando: alrededor de un millón de euros al año hasta 2043. 

Desde el interior del párking, Fortuny repasa esa misma cronología y señala las paredes de la infraestructura, con la roca a vista, para ejemplificar otra de las principales razones de su sobrecoste millonario. “¿Ves esa piedra? Es fetge de gat”, dice. En castellano, hígado de gato. Una roca granítica contra la que fracasaron las primeras empresas de perforaciones y que requirió el uso de explosivos e inyecciones de cemento expansivo para agrietarla.

“Fueron años de picar piedra cada día. Llegué a ir algunos fines de semana a un hotel. Era insoportable”, cuenta Fortuny, que es también vecino. A otras casas las piedras que saltaban con las detonaciones les destrozaban las tejas. 

Según la comisión municipal, los estudios geológicos previos advertían de esa “complejidad”, pero se decidió tirar adelante sin contar que el precio para las excavaciones se dispararía. Quim Castellví, que trabajó para Sistemas Alem y que fue luego fundador de la Plataforma Veu Ciutadana –la que inició el proceso judicial–, lo recuerda. “Yo lo que creo es que las catas que se hicieron y las que se entregaron no eran las reales”.

Él explica que se fue de la empresa poco antes del episodio de las pruebas con el Audi del alcalde, en 2007. “Era un problema detrás de otro. Les dije: ‘Tú terminarás la obra de cualquier manera y te irás, pero yo me quedaré viviendo aquí’”, relata. 

El chasco definitivo: esperas de más de una hora

Mientras duró la obra, se amplió el presupuesto y se fue avanzando poco a poco, pero el chasco definitivo llegó después de las elecciones de 2007, ya con el alcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros. Una auditoría constató que tampoco el diseño de la parte robótica del párking iba a funcionar. La disposición de las torres hacía que para sacar un coche pudieses llegar a esperar más de 40 minutos, según algunos cálculos, o incluso horas. Algo incompatible con la utilidad de un aparcamiento. Y no solo eso: los desniveles hacían imposible en la práctica el desplazamiento automatizado de las torres. 

Un informe pericial presentado en 2016, este centrado en la parte económica, constató que solo estaban justificados unos 11 de los casi 30 millones gastados o comprometidos.

“Aquí hay enterrado un montón de dinero y nadie sabe quién se lo ha llevado”, lamenta Amado Abella, vecino del equipamiento y uno de los pocos que reservó una plaza para cuando estuviese listo. “Unos meses antes de las elecciones el alcalde nos dejó aparcar gratis en la planta de arriba. Se quería hacer perdonar, supongo. Pero luego ya no nos dejaron”, se ríe. 

El futuro del parking está ahora en los juzgados y también en la mesa del gobierno municipal. El magistrado del Juzgado de Instrucción 3 de Tarragona, que instruyó durante años la causa penal, ya se pronunció al sobreseer la causa. Pero el Ayuntamiento, que es parte perjudicada y también responsable civil, lo ha recurrido. En 2021 se personaron como acusación particular, como condición de la CUP para aprobar los presupuestos.

Sin condenados y a la espera ganar un contencioso

Desde el comienzo de su activismo, la Plataforma Veu Ciutadana pidió que se imputara por delitos de malversación y prevaricación a los responsables de AMT y de la empresa Alem, a distintos cargos municipales y hasta a los alcaldes Nadal y Ballesteros. Pero esto último se descartó hace años.

En el reciente auto de archivo, el magistrado constató que “es cierto que ha existido un sobrecoste en la ejecución de una obra que, al final, se ha desvelado como inútil”. Pero añade que no se ha probado que ese “desvío presupuestario” conlleve una relevancia penal. Además, tanto el gerente del AMT de la época como como el director de Alem han fallecido. 

La contienda judicial abierta se disputa en Madrid, en un juzgado contencioso administrativo, y la abrió el propio consistorio. Con ella espera Fortuny recuperar parte de los gastos millonarios que se han abonado o que están todavía comprometidos.

La demanda impulsada por el consistorio se centra en el alquiler de la maquinaria. Una auditoría encargada por el municipio llegó a la conclusión de que el material que hay realmente en el parking equivale solo al 15% de los cinco millones facturados a la empresa Metropolitan y al Banco de Santander. Fortuny añade también que tienen constancia de pagos por duplicado por el renting y la compra de una misma maquinaria. “Se ha pagado dos veces por lo mismo”, resume el concejal. 

Fortuny no quiere mojarse sobre cuál ha de ser el futuro del aparcamiento. Primero se tiene que resolver el contencioso y saber qué dinero recuperará el Ayuntamiento. Pero da a entender que poco se puede hacer allí más que poner en marcha un parking convencional y con menos plazas. Se estima que ello requeriría una inversión de al menos cinco millones.

Pero solo sacar toda la chatarra será una faena. “Las torres de hierro se entraron por un boquete durante las obras. Ahora no se pueden sacar tal cual”, explican. Habría que serrarlas en trozos pequeños y evacuarlas poco a poco.

“Aquí todo lo que se pudo hacer mal se hizo mal”, remacha Amado Abella. Y otro vecino con el que charla señala como muestra la escalinata de la plaza que sirve para acceder a la plataforma elevada, que cubre el aparcamiento. El alzado tapa la vista del edificio modernista del rectorado de la URV, el antiguo matadero de la ciudad que podría haber lucido como joya arquitectónica del lugar y que hoy se cuenta como uno más de los damnificados del despilfarro.

Los días de octubre del 2017, en que el 155 planeaba sobre las distintas instituciones de Catalunya, en TV3 había una cámara a punto las 24 horas del día. Para poder grabar si entraba la Guardia Civil. ¿Por qué no se intervino finalmente la cadena? Àlex Gutiérrez, periodista catalán especializado en medios de comunicación y actual redactor del diario ‘Ara’, comenzó indagando en este episodio, pero se dio cuenta rápidamente de que había demasiados capítulos de la historia de la cadena sin explicar. No había un libro que contase su recorrido desde una perspectiva política, con sus entresijos, presiones y disputas desde que nació en 1983 la gran empresa pública de comunicación en Catalunya. 

Ahora, tras entrevistar durante dos años a los principales periodistas, directivos y políticos vinculados a la cadena, publica ‘Objectiu TV3’, una larga intrahistoria de los 38 años de la televisión pública catalana. El libro es testimonio de cómo TV3 ha sido desde sus inicios uno más de los campos de la batalla política en Catalunya. En una jugosa anécdota, Gutiérrez explica que ante las quejas de Pilar Rahola, entonces diputada de ERC en el Congreso, de que nunca la sacaban en la tele, Pujol le respondió: “No es censura, es control de los intereses de Catalunya. Me hace daño, Rahola”, en una evidencia más de que Pujol solía confundir los intereses de Catalunya con los de su partido.

TV3 fue en su día inicialmente una cadena monárquica, aunque también se convirtió una de las primeras que hizo sátira del rey. Es conocido que la Casa Real llamó a Pujol y este hizo los propio con el director de TV3 para pedir la cabeza de Miquel Calçada, que había hecho burla de la monarquía en el programa Persones Humanes. La dirección lo mantuvo, aunque el programa siguiente se emitió en diferido por si acaso. 

A lo largo de la entrevista, Gutiérrez se muestra más cómodo en el papel de cronista de TV3 que a la hora de dar su opinión sobre la cadena. Pero no lo rehúye. De hecho, termina el libro con un decálogo de propuestas. Sobre su pluralidad, eterna discusión que rodea a la cadena, este periodista defiende que debe “reconquistar la transversalidad” sin renunciar a tener una mirada propia sobre Catalunya y el mundo. Con una gobernanza menos política, con financiación a la altura y sin renunciar al catalán.

En la historia de TV3 hay una especie de pecado original, que es la primera dirección de Alfons Quintà, un periodista de métodos abominables pero sus entrevistados le atribuyen parte del éxito del arranque.

Excepto con Jaume Roures [fue periodista de TV3 en su primera etapa], que es el único inequívocamente crítico con la contribución de Quintà, realmente el resto de personas con las que he hablado, que son bastantes, coinciden que el impulso que da a TV3 es innegable. Al margen de sus barbaridades, claro. En un momento en el que nadie sabia cómo hacer una tele si no era replicar el de TVE él aportó un modelo distinto, abierto y con vocación nacional e internacional.

Pero quiero pensar que su visión del trabajo hoy sería intolerable, desde el acoso constante a los trabajadores a sus arbitrariedades. En el libro cuento cómo a un candidato que acudió a una entrevista con manga larga, pese a ser verano, Quintà lo rechaza porque deduce que es un heroinómano. Hacía este tipo de cosas. A Roures lo echó un día por cómo vestía. Al día siguiente, Roures volvió al trabajo y Quintà no solo no se reafirmó en el despido, sino que le dio dinero para que se comprase trajes. Quintà dejó una estela de dolor en muchas personas, tanto en su vida como en su escaso paso por TV3. 

Para entender el nacimiento de TV3 resulta clave explicar también las trabas que se ponen desde TVE y el Gobierno para ponerla en marcha. ¿Por qué?

En TVE había la idea de un grupo de profesionales, y en el ámbito político y cultural, de que Catalunya debía tener una televisión en catalán, pero que esta la tenía que servir TVE. Y se trabaja en ese tercer canal. Pero se encalla, porque desde Madrid lo ven como un gasto fuerte y que perderán audiencia para su primer canal en Catalunya. Y luego está la cuestión política; la concepción centralista en el primer felipismo, aunque después los pactos con Pujol lo rompen. TVE pretendía que la televisión en catalán fuese folclórica en el peor sentido del término, que hiciese castellers y caramelles. Pero de pronto se dan cuenta de que TV3, cuando nace, les roba la serie Dallas. TVE va a comprar los derechos y se encuentran con que la cadena catalana ya lo ha hecho antes.

Jordi Pujol impulsó TV3 como una herramienta claramente de construcción nacional y de creación de identidad. 

Totalmente. Él es consciente de la fuerza de los medios de comunicación, pero hasta entonces no había tenido mucha fortuna en sus experiencias con los medios, como con el diario Avui, que no acababa de consolidarse. Él tenía muy claro que era una herramienta fundamental de difusión del catalán. Y así lo ha sido.

El debate sobre la politización de TV3 es tan antiguo como el origen de la propia tele y de ello habla usted bastante en el libro. Para empezar: ¿hasta qué punto la controlaba Pujol?

Un exdirector general de TV3 me explicó que antes de aceptar el cargo, Pujol le hizo una metáfora de rugby: la touche. Un jugador debe sacar la pelota en medio de dos hileras de jugadores rivales y debe hacerlo justo en medio, porque si lo hace claramente hacia su bando el árbitro pitará. Pero si lo decanta un poco hacia el suyo, sin que se note… Pujol mandaba y tenía TV3 bajo su vigilancia. Y Lluís Prenafeta [conseller de Presidencia y mano derecha del president] mandaba. 

Es cierto que Joan Granados, director general durante 12 años, hacía bastante de pararrayos, y por lo tanto en la casa tienen buen recuerdo de él. Pero luego había vetos. Como por ejemplo al periodista Enric González, al que quisieron fichar para el programa 30 minuts. Él deja El Periódico, llega a TV3, firma el contrato… Y entonces pasan las horas y la empresa no lo firma. Hasta que le dicen que Prenafeta ha dicho que no se firme el contrato. Había control y vetos. Pujol no dictaba editoriales, pero su gente afín tenía capacidad de coger esa pelota de rugby y decantarla hacia sus intereses políticos. 

Resulta curioso porque Pujol se quejaba que la plantilla de TV3 era de izquierdas.

Es que tras muchos años de lucha antifranquista es el momento de la izquierda. Y en general es fácil que los periodistas se identifiquen con los valores del progresismo (aunque ahora quizás esto haya cambiado). En este sentido, el método de Quintà de fichar a gente, que era absolutamente arbitrario y aleatorio, favoreció que CiU no entrase de forma sectaria en la tele, aunque probablemente el partido tampoco había creado entonces a los periodistas afines que acabó teniendo. 

Y después había un punto paternalista de Pujol, que hacía sus tours por los pueblos y le pasaba al periodista de TV3 un papel con las preguntas que quería. Y el redactor lo hacía o no. ¿Era una presión? Sí, claro. Pero este no es el centro del problema. El problema eran los vetos a hablar de alguien o a fichar a determinadas personas para la tele. 

Una de las cosas del libro que sorprenderá a las generaciones más jóvenes es que TV3 era profundamente monárquica. 

Hay poca información de fondo sobre TV3 y hay una parte de la historia que las nuevas generaciones ni se imaginan, porque hoy la tele se identifica como republicana. Fue monárquica porque Pujol no se fiaba del PSOE y quería tener a favor al rey. Una de las frases que desvelo en el libro es la confidencia que le hace la reina Sofía a Joan Granados, director general. “Es que los socialistas no nos sacan, nos sacáis más vosotros”, le dice. ¡Esto es muy fuerte dicho por la reina!

Vinculado al rey está uno de los episodios más polémicos de la historia de la tele: el intento de echar a Miquel Calçada del programa Persones Humanes por haber hecho sátira de la monarquía. 

Ahora, por suerte, la monarquía está en un plano de casi normalidad en lo que respecta al tratamiento de los medios. Pero antes no se publicaba nada. Y a TV3 se le ha de reconocer haber sido de los primeros medios que empuja para que esta institución pueda ser criticada como las demás. Ese episodio generó además de rebote la dimisión de El Gran Wyoming en La 2. Tuvo un impacto que superó Catalunya. Wyoming dimitió porque quería invitar a Quim Monzó [el escritor catalán había sido protagonista de la sátira a la Casa Real en Persones Humanes] a su programa y en TVE se lo vetan. 

¿Qué hace que una televisión esté más o menos marcada políticamente?

Es una mezcla de varias cosas. Lo que hay es una suma de presiones, de capacidad de nombrar personas en lugares sensibles… Que los partidos puedan nombrar los miembros del Consejo de Gobierno de la tele tiene un cierto sentido, porque la cadena responde ante el Parlament. Se puede discutir el modelo, pero es comprensible. Lo que no lo es es que durante la mayor parte de la historia de TV3 el president de la Generalitat nombrase al director. Este es un vínculo perverso. Y esto pasaba de forma directa en el pujolismo. Después se han cambiado las fórmulas, pero lo cierto es que difícilmente llegas a ese cargo sin el beneplácito del president. El Consejo de Gobierno escoge en función de lo que pactan los partidos. 

En el plano económico y de funcionamiento de TV3, ha preguntado a muchos exdirectores sobre la contratación de las productoras, para saber si se ha favorecido excesivamente el negocio de algunas de ellas. ¿Qué conclusión extrae?

Lo que muestra el libro es que durante algunas etapas previas a 2012 había contrataciones que eran incómodas. Todos los controles que se han añadido a partir de entonces para contratar programas, que fijan el margen comercial que deben tener las productoras, son la respuesta evidente a la noción que había en TV3 de que los márgenes comerciales eran tan amplios que permitían a algunas productoras usar ese dinero de formas anómalas. Había empresas de comunicación que hacían campañas gratuitas a CiU porque a cambio les habían dado un muy buen contrato televisivo. Y está el caso de la productora Triacom, a quien un empresario dice que facturó 750.000 euros por indicación de Convergència y por trabajos inexistentes para cobrar dinero que le debía el partido. No se ha podido demostrar que hubiese conciencia desde TV3 para hinchar ese precio, pero la cadena queda evidentemente en mala posición. Triacom estaba dirigida por un exgerente de la TV3.

Albert Sáez, expresidente del Consejo de Gobierno de la Corporación durante el último Tripartit, da a entender que Mediapro, de Jaume Roures, era intocable.

Constata que había unas votaciones en el Consejo que él siempre perdía, en las que todo el mundo se ponía de acuerdo, que eran las de Mediapro. Es cierto que Mediapro ha tenido una entrada muy fuerte en TV3. Pero también es cierto, sobre el discurso hacia ciertas productoras, que producir tele no está al alcance de cualquiera. Que unas empresas tengan muchos programas guarda cierta relación con su capacidad de producir. Mediapro es un monstruo: se ha comido al Terrat, hace series, produce eventos deportivos… Esto no lo hace nadie en Catalunya.

En el ámbito económico, los años más duros son los de los recortes a partir de 2012, cuando de la plantilla de más 2.000 trabajadores se marchan 285. Lo sorprendente es que esto ni siquiera sirvió para adelgazar el presupuesto de la cadena. ¿Cómo es posible? 

Es bastante gordo. Por las indemnizaciones y los retornos posteriores de lo que se había recortado. La conflictividad laboral envenena las relaciones con la empresa durante años, finalmente se pacta una salida de trabajadores y no acaba marchándose nadie que no quisiese. Pero aun así, y pese a la guerra civil interna que se desató, no se consigue menguar la masa salarial. El tema es: ¿se debería reducir?

Es el gran debate sobre si TV3 está o no sobredimensionada. ¿Usted cree que lo está?

Aquí hay una disyuntiva. Tú puedes tener una tele donde todo se hace internamente. Es un modelo. A mí me parece que este modelo tiene inconvenientes graves, porque te condena a la rigidez, a hacer lo que sabes hacer solamente, y no puedes comprar talento externo. Luego, si decidimos que debemos poder comprar más fuera, o tenemos más recursos que ponga la Generalitat –porque con publicidad no está pasando– o se baja la masa salarial para liberar, entre comillas, recursos. Si se opta por esto, lo que está claro es que solo se puede hacer a unos cuantos años vista y de forma no traumática, no aplicando procesos de empresa privada. Porque no es posible. 

Tras la etapa del conflicto laboral llega la del procés y el 1-O. ¿Cómo marca esto TV3?

En primer lugar, el españolismo más confrontacional, el que puede encarnar Ciudadanos, pone el cuerno contra TV3 y la considera la madre de todos los males. Supera la crítica razonable, que se puede hacer, para hacer una campaña de demonización extrema de la tele que no se sustenta en los hechos.

TV3 también descubre aquí el beneficio polarizador y habla mucho del procés, lo cual puede ser criticable, pero a la vez hay que entender que era un evento que apuntaba a histórico. El tema es más bien si en 2021 debe seguir hablando tantas horas de esto. Si miras los informes del Consejo del Audiovisual de Catalunya, es cierto que en TV3 en las tertulias el balance puede ser de 3 a 5 a favor de los independentistas, pero es que en las otras españolas era de 8 a 0. 

Además, TV3 descubrió que el procés le salva la audiencia. Estaba a punto de perderla y sube 4 puntos de golpe. Deja de ver su liderazgo amenazado. 

Una encuesta del CEO constató hace poco que el porcentaje de no independentistas que miran TV3 es cada vez menor.  

Yo tengo dudas metodológicas sobre esa pregunta concreta del CEO. Los audímetros, que los conozco bien por mi trabajo, dicen que la gente mira de todo. Cuando se responsabiliza a TV3 del procés y del independentismo, respondería que tiene un 14% de share. El resto mira a Ana Rosa Quintana y Susana Griso. Se sobredimensiona esta capacidad. Los audímetros dicen que los independentistas miran claramente teles no independentistas, y los no independentistas miran también TV3. No tanto, o no tanto los Informativos o el FAQS, pero sí. 

En tu decálogo final de propuestas sí dices que hay que examinar cómo la televisión pública debe recuperar transversalidad.

Una cosa es que haya un relato interesado que dice que TV3 solo la miran los independentistas, que con los datos que yo trabajo no es así, pero esto no quiere decir que no se deba examinar si se habla y se sirve a todos los catalanes por igual. Si todos los catalanes se sienten identificados con ella. En el tema del humor, por ejemplo. ¿Se es justo con todas las partes? Las quejas salen solo del bando unionista. O bien los otros no se quejan nunca o el humor contra Ciudadanos es más hiriente. Aquí probablemente entrarían las ideologías personales. Pero yo, por ejemplo, entiendo que el humor contra Vox sea más duro, porque es un partido que violenta mucho más toda una serie de valores.

Otro de los retos pendientes es el de llegar a población joven a través de plataformas digitales. Sorprende la poca apuesta que se ha hecho por ello. ¿A qué se debe?

Tiene que ver con falta de presupuesto. La gente de allí tiene ideas, pero no hay dinero ni la estabilidad política ni la renovación de cargos que permitiría hacer planes. Se han ido luchando los presupuestos año a año, pero estos proyectos requieren programas plurianuales. Es cierto que del futuro hablo poco, porque lo mío más que un ensayo es una crónica periodística de hechos. Pero mi opinión es que esto se soluciona con dinero y estabilidad política, pero sobre todo dinero. 

El diputado de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases ha salvado el primer punto de partido de cara a su imputación en el caso de desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona a entidades afines a Convergència. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), instancia competente para aforados, ha rechazado la petición para imputarle que elevó el juez Joaquín Aguirre ante la “falta de concreción e individualización” de las presuntas conductas delictivas realizadas por De Dalmases. El instructor había llegado a calificar de “ofensivo” el comportamiento del diputado.

La resolución del TSJC supone un revés para el juez Aguirre, que comanda desde hace cinco años una investigación con decenas de imputados. Y confirma el desencuentro entre la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado, que ya apareció en la supuesta trama rusa del procés que investiga el mismo juez. Anticorrupción había pedido a los jueces del TSJC que devolvieran al magistrado Aguirre la exposición razonada sobre De Dalmases porque, en opinión del fiscal, el instructor “no expuso ni las subvenciones ni las personas responsables del supuesto fraude”.

La Sala Civil y Penal del TSJC comparte el criterio del fiscal Fernando Maldonado y considera que la investigación del juez Aguirre se encuentra en un estadio todavía “embrionario”, y que su exposición razonada no atribuye de forma suficientemente precisa qué conductas del ahora diputado le merecen la imputación por delitos de malversación en concurso con tráfico de influencias y prevaricación.

Según los magistrados del TSJC, en la exposición razonada que elevó el juez Aguirre para reclamar la imputación de De Dalmases no hay “ninguna referencia ni concreción” sobre el presunto delito de prevaricación. Tampoco se describen “indicios concretos” acerca del supuesto tráfico de influencias, agregan los togados. Y sobre la malversación, apostillan, “tampoco se individualiza la concreta actividad” de De Dalmases en cada una de las subvenciones que el juez ve irregulares.

Es más, los magistrados afean al juez instructor que para individualizar las conductas de De Dalmases deban “bucear en la ingente documentación” que adjuntó en su escrito, al tiempo que le recriminan que haya usado el tiempo verbal de “impersonal reflexivo (se presentó..., se concedió..., fueron utilizadas)” en la exposición razonada. “No se advierte una imputación del delito suficientemente individualizada, ni que se hayan practicado las diligencias precisas para comprobar los hechos que se recogen en las investigaciones policiales”, remacha el TSJC en otro dardo al juez instructor.

La Sala resuelve que el juez deberá completar la investigación antes de volver a elevar una exposición razonada. Por ello además ordena al magistrado que dé la oportunidad de declarar de forma voluntaria a De Dalmases y practicar “todas las diligencias de investigación necesarias”. “Y si en su día existieran indicios individualizados contra el aforado, se eleve nueva exposición razonada”, apostillan.

La crisis del coronavirus está suponiendo una prueba de estrés para todos los sistemas sanitarios del mundo. El COVID-19 combina una alta capacidad de contagio con una gran afectación respiratoria, lo que sobrecarga primero las urgencias para, después, acabar colapsando las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. Ante eso, unos servicios de salud están mejor preparados que otros para soportar la presión y, en concreto el catalán, llega a esta alerta sanitaria lastrado por una década de recortes y con los presupuestos prorrogados desde el años 2017.

Pese a las medidas de confinamiento para tratar de “aplanar la curva de contagios”, los servicios médicos catalanes están al borde del colapso desde el fin de semana pasado. Con todo, los hospitales han superado una semana clave, en la que los técnicos del departamento de Salud calculaban que podía producirse un pico de enfermos ingestionable que se tradujera en un aumento considerable de las cifras de fallecidos. Finalmente no se han cumplido las peores previsiones, pero eso solo significa que el pico aún no ha llegado y que puede producirse en el futuro.

Todo dependerá de la resistencia del sistema sanitario catalán, que acusa aún la debilidad de las estrecheces presupuestarias impuestas en la primera mitad de la década. La crisis económica mundial en Catalunya se tradujo en una de las reducciones más drásticas de España en el presupuesto sanitario. “Tenemos datos para ser contundentes: somos uno de los sistemas más mermados de nuestro entorno, tanto personal como material y en presupuesto”, afirma el secretario general del sindicato Metges de Catalunya, Josep Maria Puig, que resalta que la comunidad está a la cola en gasto sanitario por habitante.

El tijeretazo comenzó en 2011, con el primer Govern de Artur Mas, cuando lo presupuestado cayó en 380 millones de euros. Pero la bajada se agudizaría mucho más en los siguientes años, con unos recortes que en sus dos primeros años superaron los 1.600 millones solo en la partida de sanidad. 

El año 2014 representó el suelo de la inversión prevista en servicios públicos en Catalunya, cuando el gasto sanitario quedó en 1.113 euros por habitante, una cifra casi 300 euros por debajo de la media española. A partir de ahí, los presupuestos han sido expansivos y han recuperado una parte de la inversión perdida.  

En total han dejado algo más de 1.000 millones de euros sin recuperar en los presupuestos desde el punto más alto, pese al paulatino aumento de la inversión desde 2015. Es año, que marcó el punto de inflexión, se aportaron 150 millones más que el anterior. De nuevo en los presupuestos de 2017, tras un año de prórroga, cuando se presupuestaron casi 600 millones más que el año más bajo.

Como se muestra en el gráfico anterior con las cantidades previstas en los presupuestos, los crecimientos de los años recientes no han hecho que la sanidad catalana recupere la inversión de la década pasada. Sin embargo, como se verá en el siguiente gráfico, la inversión realmente ejecutada sí supera ya la del año de referencia desde 2017, y superó la barrera de los 10.000 millones el año pasado.

Con todo, el sistema de salud de la comunidad arrastra 800 millones de euros acumulados en recortes presupuestarios, si se suma toda la inversión rebajada durante los últimos 10 años respecto al tope alcanzado en 2010. Además, pese a la mejora de la recaudación y recursos, debido a las sucesivas prórrogas presupuestaria de 2018 y 2019, estos nuevos fondos no han podido volver a inyectarse a la red pública.

“Ahora tenemos un chute de adrenalina de orgullo profesional que cubre los descosidos del sistema”, asegura el economista Guillem López Casasnovas, experto en gestión sanitaria y que acaba de publicar 'La malaltia de la Sanitat Catalana'. “Si las cosas no cambian, me refiero a la financiación autonómica de la sanidad, acabaremos en el peor de los mundos. Profesionales chamuscados más que quemados y que vivirán con el business as usual, o peor por la falta de músculo por las insuficiencias de las cuentas públicos”, indica Casasnovas.

El tijeretazo acometido es algo más que cifras en bruto. La calidad de la sanidad se ha resentido, como indican no solo los indicadores de satisfacción sino también la evolución de los recursos personales y materiales, que se han debilitado en los ejercicios siguientes a que se aplicaran los grandes recortes e incluso durante los años de recuperación, debido a la inercia.

Una de las áreas más castigadas ha sido la atención primaria, de la que han salido tres de cada cinco euros recortados. El resultado ha sido una disminución paulatina de las plantillas de sanitarios, que entre 2010 y 2018, último año con datos oficiales, se redujo en casi un 15% respecto a la población a la que atienden. Eso significa que la Generalitat ha perdido 920 médicos de familia y una cifra similar de enfermeros en una década. Con todo, tras la última huelga de los sanitarios, a finales de 2018, el Govern se comprometió a contratar 250 nuevos doctores. 

Algo similar ocurrió con las camas de ingreso hospitalario de la red pública. Según los informes del CatSalud, en el año 2010 su red contaba con 14.072 plazas, que cinco años después se habían convertido en 12.902. Además desde entonces hasta 2018 solo se habían aumentado en 74 camas, pese al crecimiento poblacional.

“El punto más flaco ahora mismo es la falta de materiales de protección suficientes”, asegura Puig. Y se avala en números: la cantidad de sanitarios contagiados en China fue del 3,8%, en Italia fue del 9,6%; en el conjunto de España el porcentaje sube al 14,7, y en Catalunya es el 17%. Y esto ocurre por la falta de material, que viene de una falta de previsión y proactividad a la hora de buscar equipos cuando se vio lo que estaba pasando en Italia“, critica.

Un modelo con tendencia a la privatización

Además de los recortes, el actual modelo sanitario catalán es el resultado de una trayectoria histórica que ha tendido a la externalización y concertación de servicios, lo que ha dado como resultado un sistema mixto público-privado, que opera a través del Servicio Catalán de Salud (CatSalut), la encargada de ofrecer la oferta pública de asistencia primaria, hospitalaria y especializada. El CatSalut cuenta con 374 centros de atención primaria y con 67 hospitales, todos ellos en la red sanitaria de la Generalitat aunque algunos no sean de titularidad pública. 

A esto hay que sumarle que hasta el 30% de los catalanes cuentan con un seguro sanitario privado. Según la última memoria del Departamento de Salud, el gasto sanitario total en la comunidad en 2016 se situó en el 7,3% del PIB, de los cuales casi un terció se destinaba a la sanidad privada, lo que supone un porcentaje sensiblemente mayor que la media española y, aún más, que la europea. 

Unos presupuestos con más de tres años

La falta de financiación es un mal del que la sanidad catalana parece no poder librarse. Si durante la primera mitad de la década fueron los duros aplicados por el Govern de Mas, en los últimos años ha sido la incapacidad e impedimentos para aprobar unas cuentas lo que está llevando a la inanición al servicio público. En la actualidad la Generalitat funciona con los presupuestos elaborados por Oriol Junqueras a finales del año 2016, después de nada menos que dos prórrogas. La primera, debida a la intervención de la Generalitat con el 155. La segunda, debido a la ineficacia del Govern para encontrar aliados parlamentarios.

Finalmente a principios de este año el Ejecutivo presentó unos nuevos presupuestos para 2020 después de acordarlos con Catalunya en Comú. Las cuentas aumentan en más de un 10% la inversión sanitaria y dejarían el gasto al borde de los 1.300 euros por habitante, sacando a la comunidad autónoma de la cola que comparte con Madrid y colocándola en el pelotón central del gasto sanitario, con Murcia, y más cerca de Andalucía o de la Comunidad Valenciana.

Pero la ley económica elaborada por Pere Aragonès, que debía haber sido sometida a votación final en el pleno la semana pasada, aún tardarán en llegar, después de que Ciudadanos decidiera impugnarlas ante el Consejo de Garantías Estatutarias. Con este paso, la formación de Inés Arrimadas retrasa un mes la aprobación de los presupuestos, pese a que tienen garantizada la mayoría en el pleno.

Novedades en el caso de las subvenciones irregulares otorgadas la pasada legislatura por la Diputación de Barcelona a las entidades afines a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) CATMÓN e IGMAN. El ente provincial ha aportado a la causa, a requerimiento del juez, informes en los que, tras analizar los expedientes de los pagos bajo sospecha, concluye que subvencionó a ambas entidades para “proyectos no justificados”.

La primera media docena de informes aportados al juzgado, a los que ha tenido acceso eldiario.es, bien podrían definirse como la anatomía de unas subvenciones chapuceras y mal otorgadas. Los dictámenes señalan directamente a los antiguos jefes del servicio de relaciones internacionales de la Diputación bajo el mandato de CiU, así como a los responsables de CATMÓN e IGMAN, el exsecretario de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas y el actual diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Francesc de Dalmases.

En la causa hay 41 expedientes investigados. Siete de ellos afectan a CATMÓN e IGMAN y tres ya han sido auditados por la Diputación, que ha comunicado al juez Joaquín Aguirre que le irá entregando los informes de cada subvención a medida que analice cada expediente. La subvención de mayor importe –49.918,40, de los que se pagaron 20.000– fue destinada en 2015 a una revista editada por CATMÓN llamada 'Catalan International View' que, según la petición formulada por la entidad, tenía como objetivo “fomentar el debate sobre el mundo local”. El dictamen de la Diputación concluye que en la solicitud de subvención “no quedaban bien definidas las actividades a realizar ni sobre todo los resultados concretos que se pretendían conseguir”.

De hecho, salvo tres artículos, la revista no trataba los problemas o situaciones de los municipios, sino que abordaba temáticas como el sistema educativo, el genocidio armenio o el kurdo. Y por supuesto, el procés, en un artículo firmado por el propio Terradellas. Además, uno de los artículos con los que la revista justificó que sí trataba sobre el mundo local –el teórico objeto de la subvención– estaba escrito por el entonces responsable político de relaciones internacionales de la Diputación, Joan Carles García (CiU), uno de los imputados en el caso, por lo que “no podía servir como justificación al ser diputado en la Diputación”, resalta el informe del ente provincial.

Asimismo, el informe destaca que se pagaron facturas a De Dalmases antes de la fecha de emisión de las mismas, y que cuando se preguntó el por qué se recibieron documentos de justificación “sin firma”. Otra de las irregularidades detectadas es que CATMÓN presentó para justificar la subvención una factura de 4.115 euros a una empresa de los propios Terradellas y De Dalmases en concepto de maquetación de la revista. Todo ello hace que el dictamen de la Diputación concluya que se otorgó la subvención a CATMÓN “con total laxitud formal y material” respecto a las peticiones para enmendar la petición de fondos y se obvió el procedimiento legal a seguir.

La principal línea de investigación del caso apunta a que las subvenciones, sobre el papel dedicadas a proyectos de cooperación, sirvieron en realidad para garantizar unos ingresos de Terradellas y De Dalmases. Los informes han sido confeccionados por los equipos jurídicos y técnicos la Diputación, ahora gobernada por el PSC y JxCat y que hace solo unas semanas se ha personado como acusación particular en el caso que instruye el juzgado de instrucción 1 de Barcelona. Sin embargo, la Guardia Civil ha lanzado en varios de sus informes una nueva hipótesis, consistente en que el dinero también se dedicó al procés debido a la actividad internacional en favor de la independencia de Víctor Terradellas.

Otro de los expedientes analizados es el de la subvención otorgada a IGMAN en 2012 por valor de 31.031 euros para un proyecto de “reconstrucción política, económica y social” de varias regiones de Bosnia Herzegovina. La primera de las irregularidades detectadas es que la ficha para otorgar la subvención a cargo de la dirección de relaciones internacionales de la Diputación se realizó “a mano”, sin que conste la firma de ningún responsable ni que se notificara a la ONG.

Además, en enero de 2013 la ONG presentó una “reformulación presupuestaria” del proyecto sin que la normativa sobre subvenciones lo contemple, según indica el dictamen. Además, “no consta” que la entidad cumpliera con los requerimientos de los técnicos de la Diputación que le instaron a enmendar el proyecto. Un año más tarde, una técnica de la Diputación comunica a IGMAN que ha presentado su reformulación “fuera de plazo y a mano”, por lo que no se puede tramitar el segundo pago de la subvención.

Dicho importe se terminaría abonando en abril de 2015 pese a otras dos irregularidades detectadas en el informe. La primera, que IGMAN presentó tres meses después de vencer el plazo legal para hacerlo el informe de justificación final del proyecto. Lo hizo además mal porque no justificó dos facturas. La segunda, que la dirección de relaciones internacionales de la Diputación permitió a IGMAN presentar directamente la justificación final del proyecto, cuando la ley obliga a hacer también una justificación parcial.

IGMAN también recibió 28.650 euros mediante un convenio –sin concurso público mediante– para “consolidar la presencia de los gobiernos locales” en la revista ONGC, editada por las entidades catalanas de cooperación al desarrollo. Esta fórmula para entregar los fondos, remarca el informe de la Diputación aportado al juez, “no encaja en ninguno de los supuestos legalmente previstos” y fue “contraria a derecho”.

Del resto de expedientes analizados que no están relacionados con las dos entidades afines a CDC, destacan las irregularidades en varias facturas aportadas por la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana PIMEC en una subvención destinada a proyectos estratégicos en Marruecos en 2014 y 2015, en el marco de la internalización de las empresas catalanas en este país, así como la carencia de sello, que éste sea posterior al pago de las mismas o duplicidades en conceptos para justificar los fondos. Los informes también han detectado “laxitud formal y material” en la justificación de una subvención a la fundación ECOSEDE para un proyecto humanitario en Honduras.

La Guardia Civil señala a De Dalmases

Al margen del análisis que la propia Diputación realiza de las subvenciones otorgadas bajo el último mandato de CiU, la Guardia Civil ha aportado al juez un macroinforme, de más de 1.000 páginas, en el que además de incluir los mensajes de whattsapp que se cruzaron los actuales consellers del Govern Meritxell Budó y Miquel Buch en 2017 también analiza los expedientes investigados.

El Instituto Armado pone atención en el diputado de JxCat Francesc de Dalmases, al que sitúa jurídicamente como “investigado aforado”. Bajo el periodo investigado, De Dalmases, además de dirigir ambas revistas receptoras de fondos, era fundador y presidente de IGMAN y patrono y fundador de CATMÓN. En uno de los expedientes bajo sospecha, la Guardia Civil señala que De Dalmases presentó “justificaciones incongruentes ante las deficiencias e incumplimientos de plazo continúos” y que en otro justificó la subvención a IGMAN “faltando a la verdad”. Y tal y como ya había puesto de manifiesta la instrucción del caso, la Guardia Civil recuerda que De Dalmases cobró de la Diputación por trabajos de su fundación pese a que los estatutos prohibían retribuciones a los patronos.

¿Por qué Coalición Canaria fue la tercera fuerza en votos y la primera en escaños en las autonómicas de 2015? ¿Es justo que Cs no obtuviera ningún escaño con el 9% de los votos en Castilla-La Mancha? ¿O que los partidos independentistas tengan mayoría absoluta sin el 50% de los votos?

Revelamos en eldiario.es cuáles son los sistemas electorales autonómicos que más han deformado las decisiones de los votantes: Canarias, Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Castilla y León, los más injustos

BUSCADOR: descubre cuáles han sido los partidos más perjudicados y beneficiados por el sistema electoral en tu comunidad autónoma desde 1980

En las elecciones autonómicas de Canarias en 2015, Coalición Canaria fue tercera fuerza en votos (por detrás de PSOE y PP) y, sin embargo, fue la primera en número de escaños. En Galicia, el PP lleva tres legislaturas seguidas gobernando con mayoría absoluta (desde 2009) aunque en ninguna de las tres elecciones ha sumado más del 50% de los votos.

Ciudadanos se quedó sin un solo escaño en los comicios autonómicos de Castilla-La Mancha (2015), Canarias (2015) y Galicia (2016) con el 8,8%, 6% y 3,4% de los votos, respectivamente. Pero no está solo. Izquierda Unida tampoco consiguió diputados con el 4% de los votos en las autonómicas de Madrid y Murcia de 2015.

¿Son estos casos la tónica o la excepción de las leyes electorales autonómicas? ¿Se repiten estos casos más en unas comunidades que en otras?

Para descubrir cuáles son los sistemas electorales regionales más injustos, eldiario.es ha analizado los resultados electorales de las 164 elecciones autonómicas que se han celebrado en democracia. Para medir cómo de injusto es cada sistema electoral, hemos calculado las diferencias entre el porcentaje de escaños y el porcentaje de votos obtenido por todos los partidos que se presentaron en cada elección.

Los datos, obtenidos del archivo histórico electoral de la Generalitat Valenciana, incluyen solo los partidos que obtuvieron escaño o que sumaron más del 3% de los votos en esos comicios. ¿Cuáles son los partidos más beneficiados tradicionalmente en las elecciones autonómicas?

Fuente: Argos-GVA

PP, PSOE, Convergència y Coalición Canaria han sido tradicionalmente las candidaturas más beneficiadas por los sistemas electorales autonómicos. Una situación que coincide con que habitualmente han sido los partidos más votados en las elecciones a las que se han presentado. Al otro lado de la baraja, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos repiten casi siempre entre los más perjudicados.

Esta distancia entre partidos sobrerrepresentados e infrarrepresentados en los parlamentos regionales se agudiza más en unas autonomías que en otras. Por ejemplo, Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias y Castilla y León son las comunidades que más distorsionan la conversión de votos en escaños. En estas autonomías, la diferencia media entre el porcentaje de escaños y de votos de cada candidatura es de 3 puntos.

El récord se lo lleva la Región de Murcia: aquí los partidos con más del 3% de los votos se alejaron 4,5 puntos de su resultado en las urnas. En las pasadas elecciones autonómicas de 2015, el PP obtuvo el 49% de los escaños a pesar de tener el 38% de los votos.

¿Por qué algunos sistemas electorales autonómicos distorsionan más que otros los votos que se depositan en las urnas? A diferencia de unas elecciones generales, que utiliza la misma ley electoral para todo el territorio nacional, cada comunidad utiliza su propio sistema.

Por un lado, la fórmula de d'Hondt para hacer el reparto de escaños es uno de los elementos comunes que tienen todos los sistemas electorales autonómicos. Este método tiende a favorecer a los partidos más votados en la asignación de asientos parlamentarios frente a otros sistemas similares como Sainte-Laguë, como demostró la propuesta electoral de Unidos Podemos.

Es decir, en todas las comunidades los partidos más votados suelen ser los más beneficiados por el sistema electoral. Madrid es uno de los ejemplos más claros: a pesar de que reparte 132 escaños (en 2015, 129) en una única circunscripción, la relación entre porcentaje de voto y diputados no es exacta y en todas los comicios hay partidos más beneficiados que otros.

En algunas comunidades, como Madrid o Canarias, las barreras electorales también son clave en los resultados electorales. Por ejemplo, Ciudadanos se quedó fuera del reparto de escaños de Canarias en 2015 ya que no superó la barrera del 6% de los votos en todo el archipiélago o el 30% en la isla. El nuevo sistema electoral que se aplicará en las elecciones de 2019 reducirá este obstáculo al 4% de los votos en toda Canarias y el 15% insular.

Una de las principales causas de las distorsiones entre votos y escaños en cada autonomía está en el número de circunscripciones y su tamaño. Es decir, las comunidades que reparten muchos diputados en pocas provincias o islas tienden a ser más proporcionales que las que reparten pocos diputados en muchas provincias.

Precisamente, son Canarias y las Castillas las comunidades que eligen menos diputados en cada circunscripción. ¿Por qué es importante? Porque es mucho más difícil que los terceros, cuartos o quintos partidos consigan escaño en zonas que reparten 3, 4 o 5 diputados.

Castilla-La Mancha es la comunidad con menos representantes por circunscripción. Desde la última reforma de la ley electoral manchega durante el Gobierno de Cospedal, cada una de las cinco provincias escoge de media 6,6 diputados de las Cortes.

¿Qué consecuencias tienen estas distorsiones? Que a veces se pueden crear mayorías parlamentarias que no existen en los votos. Por ejemplo, en las elecciones catalanas y andaluzas de 2015, en las que el bloque independentista y la suma de PSOE y Ciudadanos consiguieron la mayoría absoluta aunque no superaron el 50% de las papeletas.

Desde 1980 hasta la actualidad, los sistemas electorales autonómicos han favorecido 33 mayorías absolutas de un solo partido que no existían en las urnas. Esto es, candidaturas que consiguieron mayorías para gobernar sin necesidad de pactar con otras fuerzas políticas pero que no sumaban más del 50% de los votos.

Entre los ejemplos más recientes, las tres últimas mayorías del PP en Galicia, las absolutas de los populares en Baleares, Cantabria y Castilla-La Mancha en 2011 o la del PSOE en las elecciones andaluzas en 2008.

Sistemas electorales que serán clave en las próximas elecciones autonómicas del 26M y que podrían decantar la balanza por un Gobierno de izquierdas o derechas en alguna de las 12 comunidades que eligen a los representantes de sus parlamentos autonómicos.

Unos comicios en los que, además, se estrenarán dos nuevos sistemas electorales que intentarán corregir algunas de las grandes desproporciones de elecciones anteriores: Canarias y la Región de Murcia, dos de las comunidades que más distorsionan la conversión de votos en escaños.

En el caso canario, la principal novedad es que se añade una nueva circunscripción regional que escogerá 9 diputados. Es decir, los canarios tendrán que emitir dos votos para elegir a sus representantes en el Parlamento de Canarias: uno por la isla y otro por toda Canarias.

La Región de Murcia ha sido hasta la fecha la autonomía que más ha deformado los votos en escaños. Hasta 2015, en la región se repartían los escaños en cinco circunscripciones inferiores a la provincia (caso excepcional junto a Asturias) que premiaron a los partidos con más implantación en las zonas rurales. Primero PSOE y después el PP.

¿Qué cambia en estas elecciones? La reforma electoral aprobada por PSOE, Podemos y Ciudadanos en 2015 introduce una circunscripción única y baja las barreras del 5% al 3%. Una modificación que intenta aumentar la proporcionalidad de los resultados electorales en la comunidad.

Entonces, ¿cuáles son los partidos que tienen todas las cartas para ser favorecidos por las leyes y el sistema electoral de cada autonomía? Busca tu comunidad autónoma y descubre cuáles han sido las candidaturas más beneficiadas y perjudicadas en todas las elecciones regionales celebradas en democracia.

BUSCADOR: ¿cuáles han sido los partidos más beneficiados y perjudicados por el sistema electoral en tu CCAA?

Diferencia entre el porcentaje de escaños y el porcentaje de votos obtenido por cada partido en todas las elecciones autonómicas que se han celebrado en democracia. Solo se incluyen candidaturas que consiguieron diputados o con más del 3% de los votos

Fuente: Argos-GVA

La isla frente al archipiélago

A diferencia del resto de comunidades, en las que la circunscripción electoral es la provincia, en Canarias y Baleares la isla prima frente al archipiélago. Cada isla elige un número fijo de diputados sin tener en cuenta criterios de población.

Hasta las elecciones de 2015, las cinco islas canarias menos pobladas (El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote) escogían al 50% del Parlamento regional aunque no sumaban ni el 20% de la población de la comunidad autónoma.

Esta distorsión entre habitantes y escaños se basa en los que se ha llamado la triple paridad: que las dos provincias canarias tengan los mismos escaños (1), que las islas capitalinas (Tenerife y Gran Canaria) repartan igual número de diputados (2) y que la suma de las islas capitalinas sea el mismo que el de las no capitalinas (3).

Esta distorsión a favor de las regiones menos pobladas se repite en prácticamente todos los sistemas electorales en España y sirven para garantizar que determinadas áreas menos pobladas tengan representación parlamentaria y que las políticas públicas no se concentren exclusivamente en las grandes urbes con muchos habitantes.

Así sobrerrepresenta el sistema electoral a las islas no capitalinas en Canarias

Diferencia entre el porcentaje de escaños y el porcentaje de población de cada isla en todas las elecciones autonómicas desde 1983

Este sistema electoral ha favorecido tradicionalmente a Coalición Canaria y PSOE, los partidos con más fuerza en las islas menos pobladas y pone barreras para los partidos con voto urbano o disperso como Ciudadanos, Nueva Canarias o Podemos. Unas desproporciones que se han intentado reducir con la reforma electoral del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias en 2018, que añade una circunscripción que elige 9 diputados para todo el archipiélago y reduce las barreras para entrar en el reparto de escaños.

Aunque el sistema electoral balear también favorece la representación de las islas menos pobladas, las distorsiones son menores que el caso canario. ¿Por qué? Porque Ibiza y Menorca reparten más escaños (12 y 13, respectivamente) y las barreras electorales son mucho más bajas que en las islas canarias no capitalinas. Lanzarote, que tiene más habitantes que Ibiza y Menorca, reparte menos diputados que estas últimas.

Así sobrerrepresenta el sistema electoral a las islas menos pobladas en Baleares

Diferencia entre el porcentaje de escaños y el porcentaje de población de cada isla en todas las elecciones autonómicas desde 1983

La España Vaciada decide en las dos Castillas

Las dos Castillas mantienen dos de los sistemas electorales que más distorsionan la proporción entre votos y escaños. La ley electoral de Castilla y León es muy similar a la que se utiliza a nivel nacional. La circunscripción es la provincia, los escaños se reparten siguiendo la fórmula d'Hondt y no se tienen en cuenta a las candidaturas que no hubieran obtenido al menos el 3% de los votos en la circunscripción correspondiente.

La clave está en la distribución del número de escaños por provincia: a cada una de las nueve le corresponde un mínimo de tres procuradores y uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. Como cada una tiene garantizados 3 diputados sin tener en cuenta la población, este reparto distingue a las provincias sobrerrepresentadas (menos proporción de habitantes que escaños) que las infrarrepresentadas (más población que escaños).

Es decir, el voto de las provincias de la España Vaciada como Palencia, Zamora, Soria o Ávila tiene más representación que el de los grandes núcleos urbanos. Además, como estas provincias reparten menos de 7 diputados, los terceros y cuartos partidos tienen muy difícil entrar en el reparto de escaños.

Así sobrerrepresenta el sistema electoral a las provincias menos pobladas en Castilla y León

Diferencia entre el porcentaje de escaños y el porcentaje de población de cada provincia en todas las elecciones autonómicas desde 1983

La distorsión se repite en las Cortes de Castilla-La Mancha, en el que se eligen diputados por cada provincia, la barrera electoral es del 3% y a cada circunscripción le corresponden un mínimo de tres diputados. A diferencia de Castilla y León, el mayor problema del sistema manchego es la poca representatividad del Parlamento regional.

A pesar de ser la novena comunidad española más poblada, es la que tiene menos diputados en las Cortes regionales. En una comparación del número de habitantes que representa cada diputado, el manchego es el segundo parlamento autonómico menos representativo. Eligen a un representante por cada 62.000 habitantes frente a los 29.000 de País Vasco o los 31.000 de Canarias.

Un déficit electoral que se agravó con la reforma electoral de Cospedal en 2014, calificada de pucherazo por los partidos de la oposición. Una modificación que redujo el número de diputados de 49 a 33 y que benefició principalmente al Partido Popular. En 2015, la candidatura de Cospedal alcanzó el 48% de los escaños a pesar de solo obtener el 38% de los votos.

Una prima que no le sirvió para revalidar el Gobierno autonómico ya que el 9% de los votos conseguidos por Ciudadanos se quedó sin escaño, gracias a la misma reforma electoral.

Así sobrerrepresenta el sistema electoral a las provincias poco pobladas en Castilla-La Mancha

Diferencia entre el porcentaje de escaños y el porcentaje de población de cada provincia en todas las elecciones autonómicas desde 1983

Las elecciones municipales de 2015 fueron las últimas en las que los electores pudieron escoger la papeleta de Convergència i Unió (CiU), las históricas siglas del nacionalismo catalán conservador. Más de tres años después y tras analizar los gastos de esa campaña, el Tribunal de Cuentas ha sancionado a la federación con 130.192,43 euros, la cantidad por la que CiU sobrepasó el gasto electoral permitido por ley.

En una resolución del pasado 18 de junio, a la que ha tenido acceso este diario, el Tribunal de Cuentas concluye que CiU gastó 130.192,43 euros más de los 1.421.394,69 a los que le autorizaba la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). La mayor parte de este exceso (112.973,58 euros) corresponde al coste de dos vídeos de precampaña que la federación no declaró como gasto electoral, algo que ha rectificado el Tribunal de Cuentas. El primer spot era del candidato de CiU a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, mientras que el segundo era genérico.

Argumenta el ente fiscalizador de los partidos políticos que los vídeos “El meu alcalde” [Mi alcalde] y “L'alcalde de tots” [El alcalde de todos], difundidos por CiU durante la precampaña de las municipales, sí deben considerarse gasto electoral pese a que se divulgaran antes de los quince días de campaña que marca la ley.

Ambos vídeos, expone el Tribunal de Cuentas, reunían los tres elementos que la LOREG determina necesarios para considerarse como gasto electoral: fueron costeados por una formación política, tuvieron carácter de propaganda aunque no pedían explícitamente el voto y se realizaron en el marco de un proceso electoral, en este caso las municipales.

La propia CiU había reconocido que excedió en 17.218,8 euros el gasto permitido, pero negaba que el coste de los vídeos se pudiera sumar al sobrecoste. CiU alegó que el spot de Trias no se podía considerar gasto electoral “en la medida que fue producido para presentar al candidato en actos ordinarios del partido antes del inicio de la campaña”. Añadió que ningún partido dirigió queja alguna a la Junta Electoral en relación a los vídeos.

Las alegaciones de CiU no han convencido al Tribunal de Cuentas, que ha considerado a la federación “responsable” de la infracción. “La atribución de esta responsabilizad se realiza a título de culpa, por cuanto se considera que el conocimiento de la normativa que rige un proceso electoral es una exigencia derivada de la diligencia mínima que debe observar una formación política”, reza la resolución, que es recurrible ante el Tribunal Supremo.

El tope de gasto que la LOREG permitía a CiU en las municipales de 2015 era de 1.421.394,69 euros, correspondientes a multiplicar 0,11 euros por el número de habitantes de los 858 municipios catalanes en los que la federación presentó candidatura. Por cada una de las cuatro provincias catalanas CiU podía gastar además otros 150.301,11 euros. El sobrecoste detectado por el Tribunal de Cuentas en la campaña supone un exceso del 9,16%.

CiU, pese a que ya no se presenta a las elecciones tras el divorcio entre Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Unió, sigue inscrita en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. De hecho, la sede que aparece en el registro es la de la calle Còrcega, que Convergència vendió a un grupo inversor después de refundarse en el PDeCAT y trasladarse a la calle Provença.

En conjunto, el Tribunal de Cuentas inició el trámite de petición de información previa, la antesala de la apertura de un procedimiento sancionador, a 49 formaciones políticas por irregularidades en el marco de las elecciones municipales de mayo de 2015. Según el informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos políticos en aquellos comicios, la mitad de las formaciones políticas locales sobrepasaron su límite de gasto hasta sumar 600.000 euros de exceso. Desde el PDeCAT, formación heredera de Convergència, han declinado valorar la sanción del Tribunal de Cuentas.

Todo empezó en 2015 con un “voluminoso manuscrito anónimo” que recibieron los juzgados de Barcelona. Por reparto, recayó en instrucción 1, el juzgado que comanda el magistrado Joaquín Aguirre. Este miércoles el juez ha ordenado veinte entradas y registros para indagar sobre la presunta trama de corrupción que orquestaron los dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en la Diputación de Barcelona entre 2011 y 2015 para beneficiar a entidades y empresas afines.

Los autos dictados por el juez este miércoles describen auténticas chapuzas y un reguero de irregularidades en la gestión de los fondos de la Diputación de Barcelona a la cooperación con los países menos desarrollados, como Honduras, Colombia, Perú, Chile Marruecos o Bosnia. Por el momento se investigan 28 expedientes por un valor de unos dos millones euros.

El juez, entre los indicios recogidos, aporta actas sin firmar para justificar reuniones en el extranjero. La “mayoría” de informes técnicos de los proyectos, además, son “copia-pega de gráficos, tablas y párrafos enteros de otros documentos que se pueden consultar igualmente por internet”, sostiene Aguirre. La técnica del copiar y pegar también se habría utilizado en las memorias de los proyectos, que presentan “copias literales de artículos realizados por otras entidades y que pueden ser hallados en internet”.

Asimismo, algunos de los implicados en la trama justificaron su participación en los proyectos con billetes de avión cuyas fechas y horarios no les permitían estar en el país donde se realizaban las actividades recogidas en la justificación oficial del proyecto. “En otros casos –abunda el juez–, se justifica con el programa de una actividad de un día y facturas de hoteles en ese mismo país de más de diez días y facturas de una agencia de viajes que no son aceptadas”.

Entre los investigados en la trama figuran el presidente de la Diputación de Barcelona entre 2011 y 2015, Salvador Esteve (CiU), que ya ha sido puesto en libertad con cargos. También están en el punto de mira de la investigación toda la antigua cúpula del servicio de cooperación de la Diputación, formada por el alcalde de Tordera y diputado provincial y exdirector de relaciones internacionales de la Diputación, Joan Carles Garcia (PDCAT); el actual alto cargo de la Generalitat Jordi Castells; y los exjefes de la oficina de cooperación, Jonatan Jorba y Albert Torras. También está investigado el exresponsable internacional de CDC, Víctor Terradellas, fundador de una de las fundaciones investigadas.

Además, el magistrado considera que hay indicios de que los técnicos de la Diputación “podrían haber sido presionados por Castells” para emitir dictámenes favorables en relación a esas ayudas, como lo demuestra un informe de la Agencia Catalana de Salud sobre esos trabajadores de la corporación que figura en la causa y que fue publicado por este diario en 2015.

¿Dónde fueron a parar los fondos? Esta es la pregunta que quiere responder el juez Aguirre con la operación de este jueves. En los autos de entrada y registro, el magistrado señala que si bien la vía de adjudicación directa usada por la Diputación es “legítima”, la cantidad de irregularidades en los expedientes “permite pensar en una concesión directa de fondos públicos para actividades privadas o fines diferentes y ajenos a los de cooperación al desarrollo internacional de comunidades pobres”.

Según la Fiscalía Anticorrupción, las subvenciones transitaban “de forma anómala” entre las cuentas bancarias de las fundaciones IGMAN, CATmon –fundadas por Terradellas– y la sociedad mercantil DISCATIMAT “para finalmente ser reintegrados en efectivo”. Los fondos malversados se habrían destinado “a sufragar los gastos de la actividad del entramado criminal o a nutrir las cuentas personales de diversos implicados en la trama”, añade el ministerio público.

A pesar de que han transcurrido tres años desde los hechos denunciados anónimamente, el juez justifica los registros ordenados porque ve “lógico” que se encuentren documentos clave para la investigación. Destaca el juez la “aparente impunidad con la que se han movido los otorgantes y perceptores de las subvenciones”.

Castells, por ejemplo, fue promovido a subdirector general de cooperación local de la Generalitat después de que este diario publicara su participación en las irregularidades en 2015. “Es lógico pensar que en su nuevo puesto de trabajo guarde listas de contactos personales y profesionales relacionados con las subvenciones ilícitamente otorgadas”, sostiene el juez Aguirre.

Los efectos de los recortes del Govern de Artur Mas en guarderías se ciernen sobre el futuro president y, especialmente, sobre el responsable de la tesorería de la Generalitat. Hasta 33 municipios esperan con ansia que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) falle a su favor como lo ha hecho en los casos de l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà y Sant Joan Despí, y obligue así al departamento de Enseñanza a compensarles con 1.300 euros por niño y año durante toda la época de ajustes, que se ensañaron especialmente en la etapa de educación infantil 0-3.

“Entendemos que habrá el mismo criterio para todas las demandas de los municipios”, asegura Ana del Frago, hasta 2015 alcaldesa de Barberà del Vallès –uno de los pueblos demandantes– y responsable de Educación del PSC. La práctica totalidad de los 36 consistorios que acudieron a los tribunales para recuperar los recortes en guarderías están gobernados por los socialistas. En total, estiman que si el TSJC falla a su favor, el Govern debería pagar más de 200 millones de euros.

A las sentencias ya conocidas de Cornellà y l'Hospitalet, este medio ha podido confirmar también otra de Sant Joan Despí. Estos tres casos, así como Terrassa, Sabadell y Esplugues, presentaron sus recursos por separado. Los otros treinta municipios –entre los cuales se cuentan grandes consistorios como Tarragona, Lleida o Santa Coloma de Gramenet– tramitaron sus recursos conjuntamente.

Ahora habrá que esperar a los recursos de casación que interpondrá la Generalitat al Tribunal Supremo. Fuentes de Enseñanza ya han dejado claro que esta será su forma de proceder con todas las sentencias presentes y futuras que vayan en la misma línea. Los municipios deberán esperar a que se resuelva este recurso para cobrar.

De 1.800 euros por alumno a cero euros

Las guarderías pagaron mucho más caro el coste de las políticas de austeridad que otras etapas educativas en Catalunya. Hasta 2010, el departamento de Enseñanza abonaba a los municipios, a quienes corresponde la gestión de las guarderías, unos 1.800 euros por alumno y año, una cifra que suponía un tercio del coste de la escolarización. Los otros dos tercios los cubrían los consistorios y las familias.

En 2012, sin embargo, la Generalitat llegó a reducir su aportación a la mitad, 875 euros, y a partir de ese año acordó que fueran las diputaciones quienes asumieran esa partida, con lo que las guarderías desaparecieron de los presupuestos del Govern. A día de hoy, siguen siendo las diputaciones las que abonan estos 875 euros por alumno y año.

La cuantía recortada por la Generalitat tuvo un impacto desigual en función de la localidad: algunos consistorios, los más boyantes, optaron por compensarlo de sus arcas; otros se decidieron por cargarlo a las familias.

Las sentencias dejan claro, sin embargo, que esa aportación de las diputaciones no puede sustituir la de la Generalitat, sino que solo puede complementarla. El alto tribunal catalán reconoce una “responsabilidad financiera” de Enseñanza sobre las guarderías que quedó desatendida con los recortes, y cita la Ley de Educación de Catalunya (LEC), que establece que la Administración autonómica “debe subvencionar la creación, consolidación y mantenimiento de las plazas para niños de cero a tres años en las guarderías de titularidad municipal”.

El papel de las diputaciones, clave

¿Cuánto cobrará cada municipio denunciante tras la sentencia? En principio, bastaría solo con multiplicar los 1.300 euros por alumno por los cursos que cita la sentencia (de 2012 a 2015) y por el número de plazas que hay en sus guarderías. En el caso de Cornellà, con 641 plazas, el montante ascendería a aproximadamente 2,4 millones. En el de Sant Joan Despí, a cerca de 500.000 euros.

Pero en la sentencia del caso de l'Hospitalet de Llobregat hay una diferencia. También dicta que la cuantía que hay que resarcir son esos 1.300 euros –puesto que corresponde al último convenio firmado con la Generalitat–, pero precisan que habría que “descontar” lo aportado por la Diputación de Barcelona esos mismos años. Así, los demandantes calculan que la compensación para la segunda ciudad de Catalunya ascendería a poco más de un millón de euros.

Josep Antoni Duran i Lleida ha vuelto a Madrid. A escasos metros del Hotel Palace en el que se alojaba cuando era diputado, el exdirigente de CiU ha protagonizado un desayuno informativo en el que ha explicado por qué votará al PSC y ha dado su opinión sobre el proceso independentista que ha reconocido vivir con “desgarro”.

El exdirigente de Unió ha criticado la gestión “sin épica” del proceso soberanista. “Sustituyó la magia del llamado procés por la nada”, ha dicho sobre la declaración de independencia en el Parlament el pasado 27 de octubre. Una independencia que ha dado por imposible la independencia de Catalunya. “Hoy no es posible la independencia en el contexto que afortunadamente nos toca vivir”.

Para Duran i Lleida “no es posible ser un estado independiente sin dejar formar parte de la UE, sin dejar de empobrecernos, sin romper la convivencia”. Además, ha advertido que el proceso soberanista está teniendo consecuencias negativas en Catalunya y se ha referido al descenso del turismo y ha avisado de que el aumento del paro está a la vuelta de la esquina.

El exdiputado ha lamentado la situación a la que han llegado sus exsocios de Convergència ahora reconvertidos en PDeCAT: “Medio Govern en prisión, medio Govern fugado y la CUP ni un rasguño”, ha lamentado. “Han dejado la agenda política en una fuerza política que no desea ningún tipo de Estado porque no es su objetivo la independencia sino la revolución”, ha expresado.

Duran i Lleida ha sido especialmente crítico con la deriva independentista de sus exsocios e incluso ha defendido la aplicación del artículo 155 para intervenir Catalunya. Ha explicado que si se activó fue porque “alguien antes” llevó a cabo una actuación en el Parlament que “no era propia” y que iba en contra de la Constitución.

Arropado por dirigentes del PP –la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, Pablo Casado o José Manuel García Margallo– y del PSOE –las exministras Beatriz Corredor y Elena Salgado, y Meritxell Batet, Duran i Lleida ha hecho un discurso parecido al del PSC. Así, ha defendido la reforma de la Constitución como solución para el conflicto catalán: “Lo razonable no es votar una separación sino votar lo que previamente se ha pactado”. De hecho, se ha desmarcado de la celebración de un referéndum que ha considerado que no es siempre “el mejor instrumento democrático”.

“La Constitución es reformable, mejorable. No se trata de ir a un nuevo proceso constituyente porque tal y como están lo mimbres de la política, si empezamos un nuevo proyecto constituyente, no sé si vamos a acabar bien”, ha afirmado.

También ha marcado distancias con el PP, a quien ha acusado de tener buena parte de la culpa de la situación en Catalunya. Por eso ha reprochado la recogida de firmas contra el Estatut, aunque ha reconocido que el problema venía de antes. También ha reprochado a Mariano Rajoy que hubiera urnas el 1-O y las cargas policiales. Un discurso calcado al del PSC.

Duran i Lleida ha reiterado que votará al PSC y ha puesto en valor el acuerdo que han alcanzado los socialistas con los herederos de Unió en este momento. “La situación de Catalunya es excepcional, hay dos bloques irreconciliables”, ha dicho para explicar que “en esa situación de emergencia” era necesaria la coalición entre diferentes: “Dudo que, del golpe y porrazo, Iceta se vaya a hacer democristiano y Espadaler socialista”, ha dicho sobre el exconseller que ocupa el tercer puesto de la lista del PSC por Barcelona.

El exdirigente nacionalista ha puesto en valor la “generosidad del PSC y de Iceta en particular” y se ha mostrado convencido de que es un ejemplo de que, tras el 21D, el candidato socialista se comportará con esa misma actitud. Aunque ha admitido que le estabilidad en Catalunya será complicada tras el 21D, ha vaticinado que puede haber “sorpresas positivas” con los socialistas gracias al “aumento de participación de un conjunto de la ciudadania que no voto en autonómicas y ahora se siente interpelada” y al “desengaño” que puede haber en el bloque independentistas que pueda generar una “debilidad”. “Va a ser difícil”, ha avisado Duran i Lleida, que ha negado su vuelta a la política y ha asegurado que no será conseller de ningún Gobierno.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, partirá a Quebec el próximo lunes. Se trata de un viaje de carácter “económico, institucional y cultural”, aunque el Gobierno vasco no ha ocultado que la expedición tiene también una significación especial por la admiración que Urkullu profesa por el modelo de “claridad” de Canadá, un modelo legal y pactado para la celebración de un referéndum en la región francófona que la delegación vasca visitará la próxima semana. Desde hace años, Urkullu ha hecho de este “derecho a decidir sujeto a pacto” una de sus banderas políticas. Además, su obsesión por la estabilidad institucional -“está en riesgo la estabilidad del Estado español”- han espoleado al presidente vasco a erigirse en mediador entre La Moncloa y Sant Jaume, entre España y Catalunya, con contactos directos y continuados con un estrecho colaborador de Mariano Rajoy y con el propio Carles Puigdemont.

Esas conversaciones, que se han intensificado en los últimos días y horas, habían facilitado la vía abierta a mediodía de este jueves para celebrar elecciones autonómicas el 20 de diciembre, si bien el 'president' ha cerrado esa puerta a última hora al asegurar que no tenía “garantías” de que el Estado no fuese a intervenir la autonomía catalana. Se desconoce si el enésimo cambio de sentido en este 'procés' motivará nuevas gestiones por parte de Urkullu o del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, aunque este giro ha roto la “tranquilidad” que imperaba entre los dirigentes nacionalistas vascos a mediodía de este jueves. Ortuzar, por ejemplo, ha suspendido hasta dos comparecencias, una en Vitoria y otra en Bilbao y sólo comparecerá una vez que el Parlament adopte una resolución definitiva. La Presidencia vasca tampoco ha valorado los últimos acontecimientos y “de momento” guarda silencio.

¿Por qué Urkullu?

Urkullu ha partido en este proceso con una buena sintonía con Rajoy fruto de los acuerdos entre el PP y el PNV de los últimos meses, con los que Euskadi ha logrado cerrar años de litigios en torno a las liquidaciones del Cupo (el dinero que las Haciendas forales aportan al Estado) o a las competencias de la Ertzaintza. “El entendimiento es lo que produce resultados positivos. Lo otro, lo que propone la Generalitat, es enfrentamiento. Eso no resuelve nada. Lo que se hace entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco es lo que se debe hacer, construir juntos defendiendo los intereses de todos”, llegó a decir Rajoy en Bilbao el pasado verano, aplaudiendo el perfil de Urkullu.

Asimismo, el PNV también acredita una larga trayectoria de sintonía con el nacionalismo moderado catalán. Es cierto que la disolución de CiU y la reconversión de CDC en el actual PDeCAT independentista han roto algunos puentes –en privado muchos dirigentes nacionalistas han visto un suicidio político el viraje de la histórica sigla del catalanismo institucional- pero el hilo directo nunca se ha roto. En septiembre, los neoconvergentes participaron en la gran fiesta del Alderdi Eguna y se llevaron una ovación.

Hace una semana, cuando el Gobierno del PP dio por segura la aplicación del 155, Urkullu convocó a los medios de comunicación para realizar una declaración urgente dirigida a Rajoy. Pidió distensión y lanzó al aire esta frase: “Ambos Gobiernos saben que, además de todos los llamamientos al diálogo, hay abierta una oportunidad. El presidente del Gobierno español y el 'president' de la Generalitat cuentan con nuestro compromiso y disposición para cuanto sirva de ayuda”. Como no hubo posibilidad de preguntas para los periodistas, el mensaje quedó abierto a la interpretación.

Intensa agenda en los últimos días

La vía “abierta” lo ha seguido estando en los últimos días. Urkullu, que ha opinado que el referéndum del 1 de octubre no era un proceso con “garantías” y con riesgo de “fractura social”, ha tratado de modular la respuesta del Estado, algunos de cuyos pasos ha criticado por “desproporcionados”, como las cargas policiales o incluso el mensaje del Rey, y de procurar precisamente garantías de que unos comicios pondrían fin a la espada de Damocles del 155. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, también partícipe directo de estos contactos, ya ‘recomendó’ desde Radio Euskadi a Puigdemont a principios de esta semana que convocara elecciones para evitar el 155 y el lehendakari ha tratado de arrancar a su interlocutor en el Gobierno central ese compromiso de respetar el autogobierno catalán a cambio de que la Generalitat tirara de freno de mano antes del abismo de la declaración unilateral de independencia.

Desde Ajuria Enea explican que el miércoles de madrugada Urkullu mantuvo una conversación con Puigdemont y que el contacto se ha reanudado el jueves a primera hora. Los canales con Madrid también han estado muy activos. Con esta intensa actividad se ha presentado Urkullu al pleno que ha celebrado el Parlamento Vasco, en el que se ha visto al lehendakari pegado al teléfono y entrando y saliendo del hemiciclo para atender otros asuntos e incluso reuniones con Ortuzar y otros dirigentes del PNV desplazados expresamente a Vitoria desde Bilbao para cerrar la mediación sobre Cataluña.

A lo largo de la mañana, cuando se daba por segura la convocatoria electoral y se destacaba la influencia de Urkullu y su entorno en esta decisión, los periodistas parlamentarios han preguntado en numerosas ocasiones a Urkullu por sus gestiones. La cara de póker ha sido casi su única respuesta, aunque siempre ha despachado a los medios con educación. “Ya sabéis que no voy a decir nada”, repetía, aunque también dejaba caer que estaba “tranquilo” cuando se le preguntaba por el devenir de los acontecimientos.

El retraso de la comparecencia de Puigdemont en Barcelona ha roto de alguna manera esa “tranquilidad”. Es lo que ha forzado la suspensión de una declaración del presidente del PNV en el propio Parlamento en la que aparentemente se iban a ofrecer más detalles sobre la gestiones entre bambalinas. Ortuzar también ha tenido que dejar para mejor ocasión su 'plan B', una comparecencia en Bilbao para la tarde. Tampoco hay comentarios oficiales desde Ajuria Enea.

“No pienso esperar al choque de trenes”

Pero Urkullu no sólo ha trabajado con los Gobiernos español y catalán. Según ha publicado ‘El Periódico’, hasta el miércoles se ha reunido incluso con empresarios catalanes de prestigio en busca de alternativas al choque de trenes. Juan José López Burniol, Marian Puig, Emilio Cuatrecasas y Joaquim Coello han sido algunos de sus invitados. El presidente vasco también dedica horas y horas cada semana a reunirse con diplomáticos de todo el mundo. Hace unas semanas, de hecho, reclamó por carta al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, una mediación comunitaria.

Asimismo, el Gobierno de coalición con el PSE-EE -que ocupa tres Departamentos en el Ejecutivo autonómico- ha posibilitado igualmente “comunicación directa” con los socialistas, tanto con Ferraz como con el PSC. Desde el socialismo vasco constatan las “diferencias obvias” existentes con el PNV en el modelo de Estado, pero sí la coincidencia en el objetivo de que, como demanda Miquel Iceta, se celebren comicios.

En casa, Urkullu se enfrenta a la presión de la izquierda abertzale, que exige un “segundo frente independentista” e incluso ha presentado ya una 'hoja de ruta' en el Parlamento Vasco. “No pienso esperar al choque de trenes y al descarrilamiento, mucho menos alentarlo”, solemnizó en la Cámara el lehendakari.

Blas de Otero

“La peor de todas, la que ha causado más estragos en la Historia, es la pasión nacionalista”, afirmaba resueltamente Vargas Llosa, haciendo gala del cinismo que caracteriza a buena parte de nuestra derecha, el pasado domingo día 8 de octubre en Barcelona, en un mitin de exaltación del nacionalismo español. A su lado, entre otros, el senador García Albiol quien, pocos días antes, en una rueda de prensa en la que animaba a la “gente de bien” de Cataluña a asistir a dicha manifestación “antinacionalista”, había dicho: “Estamos dispuestos a que nos rompan la cara por defender a los catalanes que no queremos que nos obliguen a dejar de ser españoles”

En efecto, la activación de movilizaciones en torno al eje del nacionalismo supone, en buena parte, trasladar la política desde el terreno del argumento y la racionalidad hacia el espacio del sentimiento y la emoción.Cuando esto se hace invocando a la violencia y al miedo, se está alentando a que se envalentonen los monstruos.

Desde 2011, en España hemos vivido un período de movilización pacífica casi permanente en nuestras calles. Y podremos estar más o menos de acuerdo con sus demandas, pero la movilización soberanista en Cataluña, especialmente por lo que se refiere al 1-O, ha sido un ejemplo de civismo por parte de la ciudadanía que la protagonizó. Solamente ha empezado a operar la violencia, el grito, el insulto, cuando han entrado en escena los monstruos que el nacionalismo español más rancio e intransigente ha invocado. Por eso, el 9 de octubre, en Valencia, al calor de ciertos discursos y declaraciones de ciertos dirigentes del PP, algunos de esos monstruos se vinieron arriba y fueron capaces de reventar una manifestación a favor de la lengua y la cultura valencianas. Una manifestación que viene celebrándose pacíficamente desde la transición a la democracia en nuestro país y que este año se llenó de insultos, golpes, patadas, escupitajos a los manifestantes, al grito de “España es una” o “catalanistas, al paredón”. Seguramente a esto debía referirse el nobel peruano cuando hablaba de los estragos que causa el nacionalismo exaltado… Sin embargo, no hemos escuchado ni una sola palabra de condena explícita contra estos ultras violentos por parte del Partido Popular.

El nacionalismo español que defiende la Constitución, la unidad y la legalidad sin ceder ni un ápice y aspira a una derrota total con mano dura del independentismo, es el que agita el PP ¿Por qué? Sencillamente porque, insensible al dolor que pueda provocar, cree haber encontrado en el enfrentamiento y la polarización una manera de sacar rédito político de la situación. Gracias a la exaltación del sentimiento en torno al símbolo, la palabra y el razonamiento son sustituidos por el fervor y la pasión. Queda excluido así el discurso social, el de la reivindicación de derechos. La pasión y el sentimiento lo llenan todo y ya no se habla de corrupción ni de economía, ya no se habla de las cifras del paro ni de nuestra deuda externa.

Ese “filón” es justamente el que con anterioridad había empleado también el PdeCat, -antigua CIU- para que de repente dejara de hablarse de los escándalos de corrupción y de su famosa comisión del 3%. El partido que, como exponente del neoliberalismo en Cataluña, hizo los más brutales recortes en el estado de bienestar durante la crisis de 2008 y cuya sede fue registrada –en curioso y no casual paralelismo con el Partido Popular - cambió su discurso (que hasta ese momento no era independentista) y se erigió de repente en adalid del independentismo. Y empezó una carrera frenética hacia no se sabe dónde, a base de vender que una independencia, unilateral o pactada, no sólo era posible, sino necesaria para solucionar todos los problemas de Cataluña. Y sería aceptada y asumida por la UE y por el Estado Español. Sin consecuencias.

Ambos posicionamientos son perversos, por falsos y perniciosos, y sólo se sustentan bajo dibujos de trazo muy grueso. Ni la unión por la fuerza ni el independentismo como panacea son aceptables por el sentido común. Sin embargo, son capaces de agitar las pasiones más primarias. Y por eso resultan tan peligrosos.

El eje del nacionalismo ha facilitado la anexión sin ambages del PSOE al bloque del PP y C’s. Al PSOE no se le hubiera perdonado aliarse con el PP de los recortes. Sin embargo, formar un frente común con PP y C’s en torno a la “unidad de España” y la “defensa de la legalidad” (aunque sea por la fuerza), le ofrece a corto plazo cierta coartada para intentar disfrazar su estrategia de “ejercicio responsable”.

El cierre de filas del régimen con lo que se ha llamado el Bloque Restaurador o el Frente Constitucional en torno al tema del nacionalismo supone una salida en clave gatopardiana a la crisis de régimen que se abrió en mayo de 2011 en nuestro país. A cambio de la promesa de creación de una comisión en el Congreso y de la promesa de una futura reforma constitucional, Sánchez ha vendido –casi regalado- su “colaboración necesaria”.

Desgraciadamente, el PSOE sigue sin comprender ni atender a la España que desde el 15M reclama más democracia. Se resiste a unirse al bloque del cambio, se sigue aferrando al pasado y no quiere entender hasta qué punto con la cuestión catalana nos estamos jugando la España y el tipo de democracia que queremos: para hoy y, sobre todo, para mañana.

Dejando de lado cualquier forma de nacionalismo excluyente, lo que es cierto es que la realidad lingüística, cultural, histórica, de nuestro país, es diversa y debe ser contemplada y actualizada en nuestro marco legislativo.

La herida abierta en Cataluña es un hecho, pero la solución a la fractura abierta no pasa por que las élites políticas hagan una reforma de la Constitución “desde arriba” en una suerte de nuevo “café para todos” sino que pasa por dejar avanzar a la democracia que se pide paso.

La solución pasa por dar paso a “la paz y la palabra”, por ensanchar el espacio de la participación democrática y el derecho a que cada territorio pueda decidir el encaje que quiera tener con el resto del Estado.

Pasa por ayudarnos a pensar a España como un país de países. No en vano, los padres (ninguna madre, por cierto) de la Constitución del 78 ya incluyeron el término “nacionalidades” en el texto constitucional al hablar de territorios.

El reto es construir un proyecto de país que sea atractivo, que entienda que somos un país de países y del que nadie quiera irse. Que eso tiene que tener consecuencias políticas, que no puede limitarse a diferencias folklóricas. Que Cataluña esté dentro de España, pero sólo porque así lo hayan decidido sus ciudadanas y ciudadanos.

Construir un nuevo modelo de país en el que todos los pueblos nos podamos relacionar en relaciones de igualdad y de fraternidad y de reconocimiento mutuo, con un nuevo contrato social que garantice los derechos y la igualdad de oportunidades de todas las personas.

Construir una nueva relación social y de poder, donde el País Valencià tenga su voz propia, su financiación justa y su proyecto definido. Con una hoja de ruta clara donde nuestro modelo productivo se diversifique y fortalezca y se convierta así en el motor de prosperidad y futuro que todas y todos anhelamos.

Con Barcelona Supermodelo (Comanegra) el italiano Alessandro Scarnato ha realizado una investigación crítica y profunda de los cambios arquitectónicos y urbanísticos de la Ciudad Condal durante los ayuntamientos socialistas. Unas metamorfosis que con los Juegos Olímpios como verdadero impulso y frontera simbólica la han situado en el panorama internacional mediante un modelo devenido marca que llena sus calles de turistas y genera controversia entre expertos y vecinos, al fin y al cabo los que viven la transformación.

El ensayo, galardonado con el Ciutat de Barcelona 2016, presta más atención al centro histórico, auténtico caballo de batalla de la apuesta municipal de los socialistas catalanes de una época no tan lejana al tiempo que proporciona ejemplos concretos, útiles para ahondar más en la cuestión.

Durante el franquismo Adolf Florensa manipula todo el barrio gótico, Núñez y Navarro construye inmuebles cargándose edificios modernistas y, con el dictador agonizante, Oriol Bohigas habla de derribar la Sagrada Familia. Ahora mismo parece imposible defender este tipo de propuestas y actuaciones. ¿Cómo se produjo un cambio tan fuerte en tan poco tiempo?

Aunque pueda generar controversia, podemos afirmar que lo que motivó el primer cambio de visión fue el estallido del turismo. En Barcelona tuvimos dos etapas de destrucción masiva del centro. La primera llegó con la reforma de Vía Laietana y la segunda acaeció en los años noventa. Ambas están entrelazadas porque pueden remontarse al Pla Cerdà. En el caso de Vía Laietana la bestialidad de las destrucciones y sus efectos sociales motivaron una toma de conciencia que produjo la semilla, primera en toda España, del catálogo del patrimonio arquitectónico.

Más tarde las cosas fueron cambiando y los efectos socioculturales del franquismo y los efectos del sistema económico de producción del capital hicieron que una tradicional tendencia rentista a ver en el suelo el principal valor económico de la ciudad volviera a poner en peligro la destrucción de su tejido histórico.

¿Cómo se transforma la percepción del centro histórico?

En los años sesenta y setenta se percibe el centro histórico como una cosa que no merece ser conservada. Esta idea fue el discurso hegemónico aunque, por parte vecinal, las capas más en contacto con el territorio, esta visión empezó a contrarrestarse, como demostró la oposición a unas cuantas operaciones de Núñez y Navarro. Asimismo autores como Cirici y Espinàs intentaron explicar una Barcelona que no sólo se forma con monumentos, sino con un tejido histórico donde se desarrolla una vida social.

En la década de los setenta se produce un movimiento de las clases altas hacia la periferia de las ciudades y el centro parece reservarse para gente con menores posibilidades económicas.

Sí, y era una tendencia muy fuerte en España, con una tremenda explotación del suelo urbano que favorecía estas actitudes. En los centros urbanos españoles de los setenta la parte más importante del valor total de la propiedad inmobiliaria estaba representada por el suelo. Ello provocó una serie de derivadas que produjeron una visión menos atenta con la realidad social de los barrios antiguos.

En la Barcelona de los sesenta la nueva arquitectura se construyó en esta periferia rica y al mismo tiempo no se olvidaba la idea de demoler el centro histórico, desde la frase de Companys de derribarlo a cañonazos hasta las ideas de Oriol Bohigas.

Es un efecto de la aridez cultural provocada por el franquismo, causante que en el debate urbanístico español se perpetuaran ideas que en el resto de Europa estaban más que cuestionadas. Hablo, especificamente, de la actitud para con los barrios antiguos: cargarse el centro histórico ha sido una actitud normal a lo largo de los siglos. Tenemos múltiples ejemplos. En Italia, patria del conservacionismo, fue una tendencia constante hasta los años cuarenta, aunque después ya se entendió que no era una buena senda.

El famoso sventramento de Roma.

Sí, y la palabra devino universal. A lo largo de los años cincuenta y sesenta se comprendió desde una perspectiva histórico-cultural que cargarse el centro histórico no era tan positivo. Se adquirió conciencia que un centro histórico no es sólo una herramienta habitacional no actualizada, sino también un tejido urbano que tiene su correspondencia a nivel cultural, social, comercial y de identidad. Se notó especialmente en los centros históricos que desaparecieron como consecuencia de la guerra, de Alemania a Holanda. Se aprovecharon las destrucciones bélicas para aplicar los dictámenes del Movimiento Moderno. Con el tiempo esas teorías arquitectónicas asustaron por su deshumanización.

En el momento de la muerte de Franco la parte antigua de Barcelona tenía unas condiciones socioeconómicas parecidas a las del tercer mundo.

La dificultad de ver la dignidad del centro histórico se encontraba comprometida por dos vertientes. La primera surgía de una tradición urbanística y arquitectónica que se había quedado atrás más por circunstancias que por incapacidad. Por otra parte el centro de Barcelona se hallaba en una situación verdaderamente desesperada que no proporcionaba muchos argumentos a los menos escépticos ante esta visión catastrofista. Recuerdo que, de pequeño, se decía que la parte más peligrosa del Mediterráneo era Nápoles, Marsella y Barcelona. La idea cuajó en el imaginario popular.

Seguramente, pero eran modelos marcados, el tópico quedó inmerso en la ciudad portuaria, canallesca.

La situación general no era tan mala, pero las situaciones de emergencia lo eran, y mucho. La ciudad no era un prostíbulo, pero las calles dedicadas a este negocio no eran pocas, y las historias eran tremendas, con informes del Ayuntamiento que hasta los años noventa muestran rincones del antiguo Chino donde no entraba la policía.

Cuando era pequeño nos decían que si queríamos pasear lo hiciéramos por la Rambla, pero que no nos acercáramos ni al Chino ni a la plaza Real. El cambio empezó con los ayuntamientos democráticos y socialistas.

Sí se empezó el trabajo con la remodelación del centro y se hizo con una actitud innovadora a nivel proyectual, con poco dinero, pero con muy buenos arquitectos y administradores. Tuvieron éxito de crítica y público, pues los vecinos percibían una nueva actitud administrativa, un ejemplo son los jardines d'Emili Vendrell, que ayudaron a la caída del mito de Ciutat Vella como un cáncer. Esta buena voluntad tenia un lastre, un cargo ideológico originario del pasado, la incapacidad de ver calidad y dignidad urbana inherentes al distrito. Esto provocó que cuando se pusieron en marcha las grandes demoliciones de los noventa estallará una reacción vecinal muy fuerte, porque mientras tanto, toda una paradoja, la democracia había educado su dignidad. Estas operaciones tan fuertes y duras provocaron un rechazo que generó que muchos se plantearan si tenía sentido cargarse Ciutat Vella para arreglarla. ¿Eran necesarias las amputaciones? ¿Eran la primera y única opción?

Esto que cuentas indica ciertas cosas. La misma administración cambia de modelo en función de la evolución urbana, sería la contraposición Maragall-Clos.

Sí, y se dice en demasía que Maragall era el alcalde bueno y Clos el malo, una síntesis con valor de discusión de barra de bar.

Es muy simplista.

Sí, porque al fin y al cabo Joan Clos fue un producto político de Pasqual Maragall y existía una complicidad absoluta entre ambos. Sin Clos Maragall no hubiera podido hacer muchas cosas porque no hubiera tenido a un administrador de impresionante eficacia, y lo mismo puede decirse de Clos, que poco hubiera podido realizar sin el bagaje ideológico de Maragall.

¿Qué diferencias existían entre ambos?

La primera es la actitud personal. Maragall tenía una formación de economista con un profundo conocimiento del Ayuntamiento y de los poderes financieros, un hombre de una complejidad muy articulada que, además, tenía un proyecto político. Clos era un administrador eficaz, quizá por su formación médica, que era bastante más lineal. Su visión no era largo plazo, era más bien contextual. Veía las piezas en juego y quería que encajaran.

La segunda diferencia, nunca suficientemente remarcada, es que fue Maragall quien empezó y tomo la herencia de Narcís Serra justo cuando todo estaba por hacer. Cuando llegó a la alcaldía aun estaba por construir la candidatura olímpica. Tampoco estaba garantizada la supervivencia del sistema democrático, pues el 23F era reciente. Clos llegó con todo bastante consolidado. Era muy difícil que tuvieran la misma actitud. Maragall iba a Nueva York y debía explicar donde estaba Barcelona en el mapa, mientras que con Clos directamente venían a vernos.

Intuyo que la tercera diferencia es de contexto.

Sí, y está relacionada con la globalización. Maragall hace el esfuerzo y lanza un programa para que los barceloneses vayan a Ciutat Vella.

En cambio a Joan Clos ya le toca empezar a domar la cuestión turística.

Claro, porque Maragall buscaba el turismo como una herramienta más para la salvación de la ciudad que, por otra parte, era bastante más difícil de lograr. Ya era un excelente resultado que los barceloneses bajaran a Ciutat Vella, mientras Clos tuvo que gestionar el creciente fenómeno turístico que surge desde una actitud completamente nueva. El de los años ochenta, el que buscaba Maragall, estaba mucho más domesticado. En cambio el turista actual es mucho más autónomo y de modo indirecto introduce una transformación en el esquema de que el suelo vale más que el edificio. Eso en el centro histórico ha sido en buena parte por el inesperado retorno económico garantizado por el atractivo turístico de los barrios antiguos, algo que nadie admitirá en el Ayuntamiento.

Y se pasa de una transformación social a otra meramente económica.

Oriol Bohigas me dijo que en Ciutat Vella no se puede vivir porque es imposible hacerlo en calles de tres metros y medio. Lo que sucedió es que el inmigrante pakistaní no se siente muy molesto en una calle estrecha y al turista alemán le gusta.

Con esto mencionas una clave que junta dos piezas fundamentales: el turista, el alemán, y el inmigrante, el pakistaní.

El inmigrante no tiene mucha repercusión mediática porque es algo que se ha gestionado bien. Los rincones más característicos del Raval nunca han sido hostiles salvo en algún instante aislado de los últimos veinte años, pero sin llegar a las problemáticas de otros puntos de Europa, como la Stazione Termini de Roma, tierra de nadie. Aquí los inmigrantes llenaron huecos e impidieron que algunas de las actuaciones urbanísticas más intensas llegaran a vaciar el barrio. Por otro lado demostraron que aún se podía vivir en estos barrios, desarrollando un sistema y un comercio que proporcionó un mensaje.

En Barcelona tuvimos mucho intervencionismo, pero a partir de 2000 se entendió que son las personas las que crean el espacio, desde el forat de la vergonya hasta la parte del Raval cercana a la ronda de Sant Pau.

Exacto. La parte positiva de estas experiencias que se escaparon de la estrategia pensado por la administración y las premisas urbanísticas, con casos donde una determinada manera de hacer la ciudad de procedencia institucional hubo de adaptarse a una galaxia de propuestas vecinales. El forat de la vergonya es un caso ejemplar. Hubo un momento donde nadie del Ayuntamiento pensaba que fuera a salir nada bueno, y en cambio el espacio es vivo, activo y sí, estéticamente no es bueno, pero ese es su valor, demostrar que no es necesario que un espacio sea de diseño para resultar efectivo. En la Barcelona de los ochenta se cayó en la idea que si el espacio estaba bien dibujado funcionaría.

Sí, que eso era una garantía de éxito, pero por ejemplo la rambla del Carmel, de 1988, es un fracaso, demuestra lo contrario.

Sí, con una situación práctica complicada.

Sí, pero es una avenida cortada por en medio, lo que provoca que por ahí no pase nadie, una idea de bombero. En cambio el forat de la vergonya funciona.

Y funciona la rambla del Raval, un espacio que tiene los problemas propios de un barrio complejo, mucho más viva de lo que todo el mundo esperaba. Como contrapartida encontramos situaciones lamentables, como la plaça dels Països Catalans, puerta a la estación de Sants y una de las piezas maestras de la arquitectura de esos años que se pensó según un criterio de diseño que al final se ha cargado el propio diseño.

Con rechazo popular y un uso nulo por parte de la ciudadanía.

Cuando el diseño es el principal elemento que da valor a una operación al final el mismo diseño se autodestruye. Me gusta el proyecto de la plaça dels Països Catalans, pero en ese punto falló algo del gobierno de la ciudad. Otro ejemplo es la plaça de la Mercè.

Que además es el primer caso de manifiesto intervencionismo.

En todos los casos donde el espacio ha terminado por funcionar ha sido porque los vecinos han ido a su aire, han tomado el espacio y lo han trabajado haciéndolo suyo. Ahora tenemos una situación de incertidumbre en la plaça del Born, un magnífico proyecto donde los vecinos aun no han dado con la grieta para hacerlo suyo.

Con el Born existe una anomalía porque se nutre de significado político.

Y lamentablemente puede terminar cargándose el proyecto. En el libro digo que en un momento concreto se configura una especie de chulismo arquitectónico, y digo claramente que esta expresión debe atribuirse a los políticos, no a los arquitectos.

La arquitectura de autor.

Hubo una canonización del arquitecto. Algunos de los que han leído el libro me lo desmintieron, pero la hemeroteca habla. Bohigas llegó a decir que cuando las operaciones no funcionaban era culpa del dibujo, no suficientemente imaginativo. Está escrito.

A veces parece que Bohigas hablando de los demás lo haga de sí mismo.

Sí, a veces transmite esa sensación, pero lo cierto es que entonces a todo el mundo le iba bien, era una forma de emancipar el discurso de los arquitectos. Eso, en cierto modo, puede remontarse al Movimiento Moderno, que no sólo fue un movimiento artístico, sino también un movimiento cultural, social y político. Si la ciudad moderna, se decía, es una ciudad democrática, lo es gracias a la arquitectura que proporciona las herramientas para organizar una sociedad mediante la reorganización y redistribución de los propios espacios. Según el Movimiento Moderno el problema de la vivienda no es sólo un problema de dibujo, sino de cómo individuar un modo de construir casas para permitir que todo el mundo tenga una vivienda digna. Dentro de la conciencia de cada arquitecto existe eso de “yo sé que se debería hacer”. En Barcelona parecía que esto fuera a hacerse realidad , que los arquitectos teníamos razón gracias a una visión del espacio y a como se articulaba la construcción. Lo que ocurrió es que finalmente la seducción de la vertiente estética ganó sobre este compromiso extradisciplinar y todo se encauzó a una cuestión de diseño.

En Barcelona existen algunos casos de casi enfrentamiento entre lo viejo y lo nuevo con relación a cómo se integra la arquitectura contemporánea en el espacio, como el edificio de la Diputació, el MACBA o el Hotel Barceló Raval. En ocasiones sí que hemos vislumbrado una cierta prepotencia.

A veces los proyectos se integraron bien y en otras ocasiones salieron mal o directamente se han cargado el patrimonio existente, bien sea un edificio, el reciente caso de la Rotonda, bien sea un entorno. Está claro que no puede evaluarse una operación urbana sólo sobre la base de si el proyecto es bonito. Esto, como hemos visto, en última instancia debilita el mismo diseño. Mira el hotel previsto en les Drassanes. El proyecto arquitectónico no está nada mal, pero meter un volumen así y con ese uso en ese punto del centro es una barbaridad, un contrasentido.

Depende de donde lo metas, está claro.

Efectivamente. Lo que explico es que en Barcelona hubo una temporada donde se pensó que se podía realizar una buena gestión de la ciudad mediante la buena arquitectura, y al final esta fue la principal perjudicada. A los arquitectos nos interesa tener un tema para trabajar, proponer soluciones y poner nuestros conocimientos y capacidades al alcance del cliente, sea este público o privado. Es verdad que tenemos una dimensión artística, pero no somos artistas. Mira el caso del Palau de la Música con Óscar Tusquets que, creo que con absoluta buena fe, se olvidó de lo que significaba la operación porque sólo vio la posibilidad de trabajar alrededor del edificio de Domènech i Montaner.

Y el Palau tiene una simbología muy especial, sobre todo después de todo lo que ha pasado.

Claro, y el cambio que mencionabas estalla por la concomitancia de una globalización que irrumpe al mismo tiempo que la ciudad triunfa. Barcelona es la primera ciudad global esencialmente porque cuando el mundo se globaliza está en el centro de atención, ya es un modelo internacional.

Termina la Guerra Fría y al cabo de un momento llegan nuestros Juegos Olímpicos, que es cuando toma el rol que comentamos.

Fue algo muy importante. Barcelona irrumpe en el escenario cuando este se preparaba para una fiesta, que clausuraba la Guerra Fría, y claro, Barcelona resurge de sus cenizas mediante el optimismo y el diseño.

El mensaje a nivel metafórico le da la victoria, también a nivel de percepción hasta el surgimiento del duelo BCN, la marca, versus Barcelona, la ciudad auténtica.

Correcto, y este éxito explica muchas de las críticas que ahora se están viendo. La fiesta siempre deja una resaca al terminar, sobre todo si todo no ha sido tan bueno como pensabas. Barcelona mejoró muchísimo sin resolver para siempre todos sus problemas y no todo el mundo vio resueltos sus problemas.

Puede que aun dure la resaca.

Y es muy difícil de asimilar.

Para ir cerrando quería comentarte que claro, el alcalde Trias cerró con la dinámica, muy maragalliana, del equilibrio entre la inversión pública y la privada, privilegiando esta última y ahora encontramos un Ayuntamiento que debe gestionar esta situación y así, a bote pronto, parece no entender muy bien las cuestiones urbanísticas y arquitectónicas.

Uno de los efectos del éxito del Modelo Barcelona es que ha cuajado la idea que si una ciudad no realiza grandes inversiones no está haciendo lo que debe, y eso no es verdadero ni falso, sencillamente es algo desprovisto de contenido. Los deberes de una administración consisten en que la ciudad funcione como una herramienta para garantizar la mejor vida posible a sus ciudadanos. Si no se necesita una infraestructura no es necesario hacerla. Ahora mismo Barcelona está bastante bien servida, sólo hay cosas que deben arreglarse, no porque se hicieran mal, sino porque no han evolucionado como deberían. Un claro ejemplo serían las rondas, una de las contribuciones más importantes de la operación olímpica, pero se hicieron a nivel de proyecto hace tres décadas y se desarrollaron con una visión plasmada sobre circunstancias profundamente distintas a las actuales y unas necesidades bien diversas.

Era el momento apoteósico del vehículo privado.

Eso es. Ahora las rondas están congestionadas constantemente. El anillo es perfecto, pero no pasa un solo autobús y todo es para el vehículo privado. Además es una ronda pequeña, donde te encuentras encajonado. Según una mentalidad más bien antigua la solución sería doblarla, pero ahora se estudian alternativas que la hagan menos necesaria.

Necesitamos retoques puntuales, no grandes intervenciones.

Sí, no hay necesidad de una nueva. Es comprensible que este Ayuntamiento no inicie proyectos infraestructurales que no son estrictamente necesarios. El Ayuntamiento anterior tuvo la mala idea de pretender continuar la visión olímpica sin creer en ella totalmente. Además adoptó el discurso del grupo Metapolis, lo de la Smart City, pero tampoco hizo suyo de verdad ese discurso, sólo lo encontró conveniente. Ahora la situación es bien compleja y juzgo prematuro evaluar un proyecto urbanístico que, en términos urbanísticos, acaba de empezar.

El proyecto actual tiene un cierto punto maragalliano y al mismo tiempo quiere ser nuevo.

Aquí encontramos una dificultad porque el modelo socialdemócrata de Maragall se ha ido hundiendo cuando antes se imponía, si bien ahora se ha comprobado que no tenía la efectividad que se le suponía. Quiero decir que no ha garantizado la felicidad para todos y esto lo ha puesto en crisis, pero sí existe un poco esta inspiración. Un punto central del programa de esta administración es el centro histórico como lugar para vivir, no sólo para visitar. En mi libro digo en esencia que Ciutat Vella ha pasado de ser un centro histórico explotado urbanísticamente, bajo la amenaza de la piqueta, a ser un lugar amenazado y explotado financieramente por el inversor, como AirBnb. Creo que no es sólo un problema de Barcelona, pero aquí podemos observarlo, La evolución del debate arquitectónico y urbanístico ha demostrado que la calidad de vida no está garantizada sólo por la superficie mínima de los lavabos, es decir, por los requerimientos estadísticos. Esto está bien, nadie lo discute y debe tenerse en consideración, pero buena parte de nuestro hábitat urbano es previo a estos requerimientos y tiene valor identitario para la ciudad. No podemos dejar que el debate sea entre la piqueta y el inversor. Quien no puede seguir pagando es el vecino, entendido no en sentido folklórico, sino como cualquier persona que tenga voluntad e intenciones de construir ciudad con su presencia, con su participación activa según los medios de los que disponga, pero sobre todo con la conciencia de formar parte de un conjunto que se llama ciudad.

Amb Barcelona Supermodelo (Comanegra) l'italià Alessandro Scarnato ha realitzat una investigació critica i aprofundida dels canvis urbanístics i arquitectònics de la Ciutat Comtal durant els ajuntaments socialistes. Unes metamorfosis que amb els Jocs Olímpics com a veritable impuls i frontera simbòlica l'han situat al mapa internacional a partir d'un model esdevingut marca que omple els seus carrers de turistes i genera controvèrsia entre experts i veïns, al cap i a la fi els que han de viure la transformació.

L'obra, guardonada amb el Ciutat de Barcelona 2016, dóna més atenció al casc antic, veritable cavall de batalla de l'aposta municipal dels socialistes catalans d’aquella època, i proporciona exemples concrets, útils per a entendre encara més la qüestió.

Al llarg del franquisme Adolf Florensa manipula tot el barri gòtic, Núñez y Navarro construeix blocs de pisos carregant-se edificis modernistes i, ja amb el dictador agonitzant, Oriol Bohigas parla de tirar a terra la Sagrada Família. Ara ja sembla impossible defensar actuacions i idees així. Com es produí un canvi tan fort en poc temps?

Encara que pugui generar controvèrsia, podem dir que el que va motivar el primer canvi de visió va ser l'esclat del turisme. A Barcelona hem tingut dues temporades de destrucció massiva al centre. La primera fou la reforma de Via Laietana i la segona les dels anys noranta, i les dues estan enllaçades perquè es poden remuntar al Pla Cerdà. En el cas de la Via Laietana la bestiesa de les destruccions i els seus efectes socials motivaren un aixecament de consciència que produí la llavor, primera a Espanya, del catàleg del patrimoni arquitectònic.

Després les coses van anar canviant i els efectes socioculturals del franquisme i els efectes del sistema de producció del capital van fer que una tradicional tendència rendista a veure en el sòl el principal valor econòmic de la ciutat tornés a posar en perill de destrucció el seu teixit històric.

I com es transforma la percepció del centre històric?

Als anys seixanta i setanta es veu el centre històric com una cosa que no mereix ser conservada. Això va ser un discurs hegemònic tot i que, de part del veïnat, les capes més en contacte amb el territori, aquesta visió comença a contrarrestar-se, com demostrava la oposició a unes quantes operacions del Núñez y Navarro.  També autors com Cirici i Espinàs intentaren explicar una Barcelona que no només són monuments, sinó un teixit històric on es desenvolupa una vida social.

A la dècada dels setanta hi ha molt moviment de les classes altes cap a les ciutats i el centre sembla reservar-se per a gent amb menys possibilitats econòmiques.

Sí, i era una tendència que a Espanya era molt forta, amb una explotació molt forta del sòl urbà que afavoria aquestes actituds. En els centres urbans espanyols dels setanta la part més important del valor total de la propietat immobiliària estava representat pel sòl. Això provoca una sèrie de derivades que produeixen aquesta visió menys atenta amb la realitat social dels barris antics.

De fet és curiós, perquè a la Barcelona dels seixanta la nova arquitectura es construeix en aquesta perifèria rica mentre mai se'n va la idea de demolir el centre, de la frase de Companys de destrossar-lo a canonades fins a les idees d'Oriol Bohigas.

Aquest és un efecte de una farragositat cultural provocada pel franquisme, que fa que en el debat urbanístic a Espanya puguin perpetuar-se idees que a la resta d’Europa ja estaven més que qüestionades. Parlo, específicament, de l’actitud cap als barris antics: carregar-se el centre històric ha sigut una actitud normal al llarg dels segles. N'hi ha molts exemples. A Itàlia, pàtria del conservacionisme, és una tendència constant fins als anys quaranta, però desprès ja s’entén que no és bon camí.

El famós sventramento de Roma.sventramento

Sí, i la paraula es torna universal. Als anys cinquanta i seixanta a molts països s'entén a nivell cultural i econòmic que carregar-se el centre històric no és tan positiu. S'adquirí consciència de que un centre històric no és només una eina habitacional no actualitzada, sinó també un teixit urbà que té la seva correspondència a nivell cultural, social, comercial i identitari. Es nota sobretot on els centres històrics desaparegueren arran de la guerra, des d'Holanda a Alemanya. S'aprofitaren les destruccions bèl·liques per posar en pràctica els dictàmens del Moviment Modern. El que va passar és que aquelles teories arquitectòniques arriben a espantar per la seva deshumanització.

A la mort de Franco el nivell socioeconòmic de la part antiga de Barcelona tenia característiques gairebé pròpies del tercer mon.

La dificultat de veure la dignitat del centre històric es trobava compromesa per dues vessants. D'una banda una tradició urbanística i arquitectònica que s'havia quedat enrere per circumstàncies més que per incapacitat, i per l'altra el centre de Barcelona es trobava en una situació desesperada que no donava gaires arguments als menys escèptics d'aquesta visió catastrofista. Quan era petit, recordo que es deia que la part més perillosa del Mediterrani era Nàpols, Marsella i Barcelona, i la idea havia quallat a l'imaginari popular.

Segurament, però eren models marcats, el tòpic quedava immers a la ciutat portuària, canallesca.

La situació general no era tan dolenta, però les situacions d'emergència ho eren i molt. La ciutat no era un prostíbul, però els carrers d'aquest negoci no eren pocs, i les històries eren tremendes, amb informes de l'Ajuntament que fins als anys 90 mostren racons de l'antic Xino on no hi entrava la policia.  

Quan jo era petit ens deien que si volíem passejar ho féssim per la Rambla, però que no ens acostéssim ni al Xino ni a la plaça Reial. El canvi comença amb els ajuntaments democràtics i socialistes.

Sí, es comença a treballar per a remodelar el centre i es fa amb una actitud innovadora a nivell projectual, amb pocs diners, però amb arquitectes i administradors molt bons. Tingueren èxit de crítica i públic, doncs els veïns percebien una actitut administrativa nova, un exemple són els jardins d'Emili Vendrell, que comencen a fer caure el mite de Ciutat Vella com un càncer. Aquesta bona voluntat però tenia un llast, un càrrec ideològic provinent dels anys anteriors, que era la incapacitat de veure qualitat i dignitat urbana inherents al districte. Això provocà que quan es posaren en marxa els grans enderrocs dels noranta esclatés una reacció molt forta per part dels veïns, perquè mentrestant, de forma paradoxal, la democràcia havia educat la seva dignitat. Aquestes operacions tan fortes i dures provocaren un rebuig, i això generà que molts es plantegessin quin sentit tenia carregar-se Ciutat Vella per a arreglar-la. Eren necessàries les amputacions? Eren la primera i la única opció?

Això que expliques indica certes coses. La mateixa administració canvia de model en funció de l'evolució urbana, seria la contraposició Maragall-Clos.

Sí, i molts cops es diu que Maragall era l'alcalde bo i Clos el dolent, una síntesi amb valor de discussió de bar.

És simplista.

Sí, perquè Joan Clos és un producte polític de Pasqual Maragall, hi havia una complicitat absoluta entre ambdós. Maragall no hauria pogut a fer moltes coses sense l'ajuda de Clos, un administrador d'una eficàcia impressionant i el mateix amb Clos, qui no hagués pogut fer el que va fer sense el bagatge ideològic d'en Maragall.

Quines són les diferències?

La primera és l'actitud personal. Maragall tenia una formació d'economista amb un coneixement profund de l'ajuntament i dels poders financers, un home d'una complexitat molt articulada i, a més a més, tenia un visió política a llarg termini. Clos era un administrador eficaç, potser per la seva formació mèdica, que era bastant més lineal. La seva visió no era a llarg termini, la té més aviat de context. Veu les peces en joc i vol que encaixin.

La segona diferència, que no es posa prou en relleu, és que el Maragall va començar, agafa l'herència de Narcís Serra i hi havia tota la feina per fer. Quan arriba a l'alcaldia la candidatura olímpica estava per construir. Tampoc era segur que el sistema democràtic reïxis, el 23F havia sigut feia no res. En canvi Clos arriba amb tot bastant consolidat. És molt difícil pensar que tinguessin la mateixa actitud. Maragall anava a Nova York i havia d’explicar on estava al mapa Barcelona, mentre que amb Clos directament ja venien a veure'ns.

Endevino que la tercera diferència és de context.

Sí, i és la globalització. Maragall fa un esforç i llença un programa per a que els barcelonins vinguin a Ciutat Vella.

I en canvi Joan Clos ha de començar a domar el tema turístic.

Clar, perquè el Maragall buscava el turisme com  una eina més de salvació de la ciutat i a més a més bastant difícil d’aconseguir: ja era un bon resultat que els mateixos barcelonins baixessin a Ciutat Vella. El Clos ha de gestionar un fenomen turístic creixent i que arriba  amb una actitud completament nova. El dels anys vuitanta, el que buscava Maragall, estava molt més domesticat. En canvi l'actual és un turista molt més autònom i, indirectament, introdueix un canvi en l'esquema de que el sòl val més que l'edifici. Això al centre històric on, si els plans municipals d’enderroc han frenat força, ha sigut en bona part per l’inesperat retorn econòmic garantit per l’atractiu turístic dels barris antics, encara que ningú ho admetrà a l'Ajuntament.

I es passa d'una transformació social a una merament econòmica.

Oriol Bohigas em digué que a Ciutat Vella no es pot viure perquè és impossible fer-ho en carrers de tres metres i mig. El que va passar va ser que l’immigrant pakistanès no es sent massa molest amb un carrer estret i  al turista alemany li agrada i tot.

Si, però ara menciones una clau que junta dues peces fonamentals: el turista, l'alemany, i l'immigrant, el pakistanès.

L'immigrant no té gaire ressò mediàtic perquè sortosament es gestionà bé, fins i tot els racons més característics del Raval mai han sigut hostils, excepte en algun moment concret dels darrers vint anys, però sense arribar a les problemàtiques d'altres punts d'Europa, com a L'stazione Termini de Roma, una terra de ningú. Aquí els immigrants ompliren els buits i impediren que algunes de les actuacions urbanístiques més intenses arribessin a buidar el barri. D'altra banda demostraren que en aquests barris encara es podia viure, desenvoluparen un sistema i un comerç que donà un missatge.

Aquí hem tingut molt intervencionisme, però a partir del 2000 s'ha entès que són les persones les que creen l'espai, des del forat de la vergonya fins a la part del Raval propera a Ronda de Sant Pau.

Exacte. La part positiva d'aquestes experiències és que s'escaparen de l'estratègia pensada per l'administració i les premisses urbanístiques, amb casos on una determinada manera de fer ciutat de procedència institucional hagué d'adaptar-se a una galàxia de propostes veïnals. El forat de la vergonya és un cas exemplar: va haver-hi un moment on ningú pensava a l'Ajuntament que en sortís res bo, i en canvi l'espai és viu, actiu i bé, estèticament no és bo, però aquest és el seu valor, demostrar que no cal que un espai sigui de disseny perquè sigui efectiu. A la Barcelona dels vuitanta es caigué en la idea que si l'espai estava ben dibuixat hagués funcionat.

Sí, que era una garantia d'èxit, però per exemple la Rambla del Carmel, de finals dels vuitanta, és un fracàs, demostra el contrari.

Sí, amb una situació pràctica complicada.

Sí, però és una avinguda que es talla al mig pel transit on no va ningú, una idea de bomber, en canvi el forat de la vergonya funciona.

I funciona la rambla del Raval, un espai que té els problemes propis d'un barri complex, però és molt més viu del que tothom s'esperava. En canvi hi ha situacions lamentables com la plaça dels Països Catalans, porta d'entrada a l'estació de Sants i una de les peces mestres de l'arquitectura europea d'aquells anys que es pensà segons un criteri de disseny que al final s'ha carregat el propi disseny.

Sí, amb rebuig popular i un ús nul per part de la ciutadania.

Quan el disseny és el principal element que dóna valor a una operació al final el mateix disseny s'autodestrueix. M'agrada el projecte de la plaça dels Països Catalans, però allà fallà quelcom del govern de la ciutat. Un altre exemple és la plaça de la Mercè.

Que a més a més és el primer cas d'intervencionisme manifest.

En tots els casos on ha acabat funcionant l'espai és perquè els veïns han anat a la seva, han agafat l'espai, han treballat i l'han fet seu. Ara tenim una situació de incertesa a la plaça del Born, un magnífic projecte on, però, encara el veïnat no ha trobat l’esquerda per fer-lo seu.

Però amb el Born hi ha una anomalia perquè es nodreix de significat polític.

Que lamentablement pot acabar carregant-se el projecte… Al llibre dic que en un moment concret es configura una espècie de chulismo arquitectónico, i dic clarament que aquesta expressió s'ha d'atribuir als polítics, no als arquitectes.

L'arquitectura d'autor.

Hi hagué una canonització de l'arquitecte. Alguns dels que han llegit el llibre m'ho han desmentit, però és a l'hemeroteca. De fet en Bohigas va arribar dir que quan les operacions no funcionaven era culpa del dibuix, no prou imaginatiu. Està escrit.

A vegades en Bohigas sembla que parlant d'altres ho faci d'ell mateix.

A vegades sí, però és cert que en aquell moment tothom li anava bé, era una manera d' emancipar el discurs dels arquitectes. Això, d’alguna forma, es pot remuntar al moviment modern, que no va ser només un moviment artístic, sinó també un moviment cultural, social i polític. Si la ciutat moderna, es deia, és una ciutat democràtica, és gràcies a l'arquitectura que dóna les eines per poder organitzar una societat mitjançant la reorganització i redistribució dels propis espais.

Segons el moviment modern, el problema de l'habitatge no és només un problema de dibuix, sinó de com individuar una manera de construir cases que permeti que tothom tingui un habitatge digne. Dins de la consciència de cada arquitecte hi ha allò de “jo sé que s'hauria de fer”. A Barcelona semblava que això anés a fer-se realitat, que els arquitectes teníem raó gràcies a una visió de l'espai i a com s'articulava la construcció. El que passa és que finalment la seducció de la vessant estètica va guanyar sobre aquest compromís extradisciplinar i tot es va reconduir a una qüestió de disseny.

A Barcelona hi ha alguns casos de gairebé enfrontament entre el vell i el nou, de com s'integra l'arquitectura contemporània a l'espai, com l'edifici de la Diputació, el MACBA o l’hotel Barceló Raval  Sí que hem trobat a vegades una certa prepotència.

A vegades els projectes s’han integrat bé i a vegades han sortit malament o directament s’han carregat el patrimoni existent, sigui un edifici (com la Rotonda, recentment) sigui un entorn. El que està clar és que no es pot avaluar una operació urbana només sobre la base de si el projecte és bonic. Això, com hem vist, en última instància afebleix el mateix disseny. Mira l’hotel previst a les Drassanes: el projecte arquitectònic no està gens malament, però ficar un volum així i amb aquest ús en aquell punt del centre, és una bestiesa, un contrasentit.

Depèn d'on el posis, és clar.

Efectivament. El que explico és que a Barcelona va haver-hi una temporada on es pensà que es podria fer una bona gestió de la ciutat mitjançant la bona arquitectura i, mira per on, la perjudicada va ser aquesta. Als arquitectes ens interessa que hi hagi un tema per treballar, proposar solucions i posar el nostre coneixement i capacitats a l'abast del client, públic o privat. És veritat que tenim una dimensió artística, però no ho som artistes. Mira el cas del Palau de la Música amb Óscar Tusquets que, jo crec que amb absoluta bona fe, s'oblidà del que significava l'operació, només va veure la possibilitat de treballar al voltant de l'edifici de Domènech i Montaner.

I el Palau té una simbologia molt especial, sobretot pel que ha passat.

Clar, i el canvi que deies tu esclata per la concomitància d'una globalització que irromp al temps que la ciutat triomfa. Barcelona és la primera ciutat global essencialment perquè quan el món es globalitza, Barcelona està al centre de l’atenció, ja és un model internacional.

Acaba la Guerra freda i tot seguit arriben els nostres Jocs Olímpics, i és aquí quan agafa el rol que comentem.

Va ser una cosa molt important. Barcelona arriba a l'escenari quan aquest es prepara per a una festa, la festa del final de la Guerra Freda i clar, Barcelona ressorgeix de les seves cendres mitjançant l'optimisme i el disseny.

El missatge a nivell metafòric li dóna la victòria, també a nivell de percepció fins al sorgiment del duel BCN, la marca, versus Barcelona, la ciutat autèntica.

Correcte, i aquest èxit explica moltes de les crítiques que ara s'estan veient. La festa deixa una ressaca quan acaba, sobretot si tot no ha sigut tan bo com pensaves. Barcelona va millorar moltíssim però no tots els problemes es varen resoldre per sempre i no tothom va veure resolts els seus problemes.

Potser fins i tot la ressaca encara dura.

I és molt difícil d'assumir.

De fet per tancar volia comentar-te que clar, l'alcalde Trias trenca amb la dinàmica, molt maragalliana, de l'equilibri entre la inversió pública i privada, privilegiant aquesta darrera i ara ens trobem un Ajuntament que ha de gestionar aquesta situació i a simple vista sembla no entendre molt bé les qüestions urbanístiques i arquitectòniques.

Un dels efectes de l’èxit del Model Barcelona és que ha quallat la idea que si una ciutat no fa grans inversions no està fent el que toca, i això no és ni veritat ni mentida, senzillament és buit de contingut. Els deures d'una administració consisteixen en que la ciutat funcioni com a eina per a garantir la millor vida possible pels seus ciutadans. Si no és necessària una infraestructura no cal fer-se. Ara mateix Barcelona està bastant ben servida, només hi ha coses que han d'arreglar-se, no perquè es fessin malament, sinó perquè no han evolucionat com caldria. Un clar exemple serien les rondes, una de les contribucions més importants de l'operació olímpica, però es feren a nivell de projecte fa tres dècades i es desenvoluparen amb una visió plasmada sobre circumstàncies profundament diferents a les actuals i unes necessitats ben diverses.

Era el moment de l'apoteosi del vehicle privat.

Exacte. Ara les rondes estan congestionades de manera constant. L'anell és perfecte, però no hi passa ni un autobús, i tot és pel vehicle privat. A més a més és una ronda petita, on et trobes encaixonat. Segons una mentalitat antiga, la solució seria la de doblar-la, ara s’estan estudiant alternatives que la facin menys necessària.

Necessitem retocs puntuals, no grans intervencions.

Sí, no fa falta fer-ne una de nova. És comprensible que aquest Ajuntament no enceti projectes d'infraestructures que no són estrictament necessaris. L'Ajuntament anterior, tingué la mala idea de pretendre continuar la visió olímpica sense creure-la totalment. A més, va adoptar el discurs del grup Metapolis, allò de l’Smart City, però tampoc aquest discurs el va fer seu de debò, a banda de trobar-ho convenient. Ara la situació és ben complexa, i trobo jutjo prematur jutjar un projecte administratiu que, en termes urbanístics, acaba de començar.

El projecte actual té un cert punt maragallià i al mateix temps vol ser nou.

Aquí tenim una dificultat perquè el model de la socialdemocràcia de Maragall s'ha anat enfonsant, quan a l'època s'imposava, si bé ara s'ha vist que no tenia l'efectivitat que es suposava. Vull dir que no ha garantit la felicitat a tothom i això ho ha posat en crisi, però sí que existeix una mica aquesta inspiració. Un punt essencial del programa d’aquesta administració és el centre històric com a lloc per viure-hi i no només per a visitar. Mira, també en el meu llibre el que dic, en essència, és que Ciutat Vella ha passat de ser un centre històric explotat urbanísticament, sota l'amenaça de la piqueta, a ser un lloc amenaçat i explotat financerament per l'inversor, com AirBnb. Crec que no sols és un problema de Barcelona, però aquí el podem observar. L’evolució del debat arquitectònic i urbanístic ha demostrat que la qualitat de vida no està garantida només per la superfície mínima dels lavabos, o sigui pels requeriments estadístics.

Això està bé, ningú ho discuteix i s'ha de tenir en compte, però una bona part del nostre hàbitat urbà és previ a aquests requeriments i té valor identitari per la ciutat. No podem deixar que el debat sigui entre la piqueta i l'inversor. Qui no pot continuar pagant és el veí, entès no en sentit folklòric, sinó com qualsevol persona que tingui ganes i intencions de construir ciutat amb la seva presència, amb la seva participació activa segons els mitjans dels que disposa, però sobretot amb la consciència de formar part d'un conjunt que es diu ciutat.