El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha recibido este lunes al ministro de Comercio chino, Wang Wentao, en Bruselas para tratar de rebajar la tensión en las relaciones económicas entre ambos bloques y se han dado hasta octubre para alcanzar un acuerdo. Sefcovic se ha mostrado muy positivo por el inicio de las negociaciones y ha destacado como prueba que la UE y China han acordado un comunicado conjunto de la reunión, el primero entre ambos bloques desde 2019. China se ha comprometido a no cerrar las exportaciones de los minerales críticos y tierras raras durante las negociaciones con la UE.

El comisario de comercio de la UE ha resaltado que en este primer encuentro se “ha acordado establecer de inmediato un mecanismo conjunto de seguimiento de los flujos comerciales como herramienta para ayudar a equilibrar nuestro comercio”.

“Es una herramienta muy importante porque trabajaremos con las mismas estadísticas y con cifras acordadas por ambas partes. Si detectamos un aumento repentino de las importaciones hacia la UE y estas alcanzan los niveles de alerta —amarillo o rojo—, ello constituirá una señal clara de que debemos entablar de inmediato un diálogo político para abordar la situación”, ha explicado Sefcovic.

Desde hace meses, Bruselas está aprobando medidas para tratar de cambiar la relación comercial con el gigante asiático, que ha calificado como “insostenible”. El objetivo de Europa es reducir su déficit comercial de 360.000 millones de euros con China, sin que las medidas provoquen un movimiento en Pekín que pueda provocar males mayores, ante la capacidad que tiene de abrir o cerrar el grifo de exportaciones de minerales críticos y tierras raras, esenciales para la industria tecnológica, automovilística o de defensa. La Comisión asegura que su “enfoque general sigue siendo la reducción de riesgos (”de-risking“), no el desacoplamiento”.

Sefcovic ha valorado “la garantía del ministro chino de que los controles actuales a la exportación de tierras raras y de minerales crítico no interrumpirán las cadenas de suministro de la UE, aunque también se han propuesto vías para facilitar aún más el proceso de concesión de licencias para las empresas europeas”.

En cuanto al horizonte de octubre para tener medidas concretas, el comisario de Comercio ha resaltado “desde la perspectiva europea, no se puede permitir que el déficit comercial siga creciendo de forma insostenible. El diálogo debe traducirse en resultados concretos. No todos los problemas estarán resueltos ni todas las cuestiones quedarán cerradas, pero consideramos que nuestros equipos disponen del tiempo suficiente hasta octubre para ofrecer resultados tangibles”.

Tensión previa a la reunión

Como es habitual en sus relaciones exteriores, China llegó a Bruselas dejando caer previamente algunas amenazas mediante la publicación de artículos en medios estatales. “China realmente no teme una guerra comercial a gran escala con la UE, aunque no queremos llegar tan lejos. Por supuesto, la UE podría no tener miedo tampoco. Si insisten, entonces veamos. Que el tiempo demuestre quién siente más dolor y quién teme más al dolor”, apuntaban desde Global Times. Mientras que la cadena estatal de televisión CCTV señalaba que “si la UE insiste en seguir adelante con la ”herramienta de sobrecapacidad“, China sin duda tomará represalias”.

En los despachos de las instituciones europeas ya saben que este tipo de mensajes no se pueden tomar a la ligera. De un tono similar fueron los editoriales de estos medios cuando China cortó las exportaciones de minerales críticos como respuesta al incremento de aranceles que aprobó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2025.

La reunión ocurre solo dos días antes de que este 1 de julio empiece a aplicarse la tasa de tres euros por producto de los paquetes adquiridos por internet y enviados directamente a los consumidores con valor inferior a 150 euros que llegan de fuera de la UE. Se trata de una medida para frenar la avalancha de paquetería desde China que inunda las aduanas europeas. Europa recibe 16 millones de paquetes provenientes de China al día, suponen el 97% de los paquetes que llegan, aunque solo el 2% del valor comercial de las importaciones. Según la Comisión Europea, la llegada de paquetes desde el gigante asiático se duplica cada año.

China ha cancelado en los últimos meses varios encuentros con funcionarios europeos ante la aprobación de medidas por parte de la UE que afectaban a productos e inversiones chinas. En el último Consejo Europeo, España logró convencer a la Unión Europea para no imponer de momento nuevas medidas, aunque se acordó estudiar posibles acciones comerciales para rebajar el impacto de la sobrecapacidad comercial del país asiático.

Por un lado, La UE ha aprobado la Ley de Acelerador Industrial para “reducir dependencias estructurales y garantizar que Europa pueda desarrollar, desplegar y asegurar las tecnologías de las que dependen los europeos” frente a China y EEUU. Por otro lado, Bruselas ha propuesto vetar los proyectos de energías renovables con fondos de la UE que contengan piezas chinas y que se excluya a empresas chinas como Huawei de las redes de telecomunicaciones o de las infraestructuras de energía solar en la actualización de la normativa europea de ciberseguridad. Con anterioridad, la UE había adoptado tasas contra los coches eléctricos chinos fabricados en ese país y Pekín respondió con aranceles al jamón al brandy y otros productos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó este jueves a la cumbre de Bruselas proponiendo que “Europa lo que necesita son amigos” ante las propuestas de un grupo de países encabezados por Francia para iniciar una guerra comercial con China. Tras horas de negociaciones que acabaron esta madrugada, los líderes europeos han acordado retrasar la confrontación comercial con el gigante asiático ante la división de opiniones dentro del bloque europeo.

En un comunicado escueto, los 27 países miembros de la UE han pactado que ante los “desequilibrios macroeconómicos globales requieren una respuesta europea basada en dos pilares: la unidad europea y el diálogo con nuestros principales socios económicos”.

Esta “respuesta europea” se va a construir “manteniendo un diálogo constructivo con nuestros principales socios económicos, con el fin de defender nuestros intereses económicos y de seguridad”, que es la posición que ha defendido España. Además, se ha acordado “desarrollar y, eventualmente, ampliar el conjunto de instrumentos en materia de defensa comercial y política industrial, para garantizar que la Unión Europea disponga de todas las herramientas necesarias para defender sus intereses y reducir riesgos”, que es la postura que mantiene Francia. Ahora bien, la UE inicia ahora un periodo de estudio y aprobación lo que puede suponer varios años de trámites burocráticos.

La clave del comunicado está en la parte de que “la UE debe seguir diversificando su comercio, reduciendo riesgos (derisking), disminuyendo sus dependencias y reforzando su autonomía estratégica”. Con la fuerte dependencia de la industria europea de componentes y materias primas que controla China no es posible afrontar un conflicto comercial sin “consecuencias desastrosas”, como admitió un diplomático, para las empresas de la UE.  

No había diferencias a la hora de analizar la situación: la sobreproducción de China y el déficit comercial de Europa no son sostenibles y amenazan a la industria de la UE. Los datos son elocuentes: El déficit comercial de la Unión Europea con China alcanzó los 360.000 millones de euros en 2025. En el primer trimestre de 2026, el déficit siguió ampliándose hasta casi los 95.000 millones, cuando en el mismo periodo del año anterior llegó a los 88.400 millones. 

Sin embargo, hay muchas diferencias sobre cómo abordar este reto. De hecho, la Comisión Europea planteó la situación hablando de “desequilibrios macroeconómicos globales” sin mencionar al país asiático. China ya ha demostrado cuando la UE aprobó aranceles sobre los coches eléctricos y respondió con tasas sobre el vino o los productos del cerdo que tiene fuerza para hacer daño a las empresas europeas. También hay que recordar que con la avalancha de aranceles que propuso el presidente de EEUU, Donald Trump, China contraatacó con controles a la exportación de tierras raras que convulsionó a los fabricantes de todo el mundo. Entonces la industria europea del automóvil y otros fabricantes de productos electrónicos advirtieron que si se alargaba el frenazo a la distribución de minerales críticos tendrían que paralizar las fábricas.

Con este contexto, países como España y Grecia abogaban por mantener el diálogo con China y abandonar las posiciones más beligerantes. “Necesitamos amigos, necesitamos relaciones equilibradas, necesitamos ser pragmáticos y necesitamos tender puentes tanto con grandes economías, potenciales aliados como es China, o con tradicionales aliados como es el caso de Estados Unidos”, comentó Sánchez.

En el otro lado, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Bélgica y Dinamarca querían una posición más dura y que la UE utilice más instrumentos de defensa comercial frente al país asiático. En una situación intermedia se ha quedado Alemania, que antes de la reunión apostó por una respuesta más dura, luego ha matizado su posición y se ha queda en el medio junto a Finlandia, Suecia o Irlanda.

Las relaciones comerciales con China se han convertido en un foco de división en el seno de la Unión Europea. No hay divergencias en el análisis de la situación: la sobreproducción del gigante asiático y el déficit comercial de Europa no son sostenibles y amenazan a la industria de la UE, pero las diferencias vienen en la respuesta que se quiere dar desde Bruselas. Mientras Francia encabeza a un grupo de países que exige medidas más duras contra China a la Comisión Europea, España aboga por abandonar la confrontación directa y buscar una solución pragmática mediante la negociación. La posición europea se va a discutir entre los 27 países miembros en la cumbre que se celebra este 18 y 19 de junio en Bruselas.

Los datos son abrumadores. El déficit comercial de la Unión Europea con China alcanzó los 360.000 millones de euros en 2025. En el primer trimestre de 2026, el déficit siguió ampliándose hasta casi los 95.000 millones, cuando en el mismo periodo del año anterior llegó a los 88.400 millones. Los volúmenes de exportación de China han aumentado más de un 40% desde la pandemia, mientras que sus importaciones se han mantenido prácticamente estancadas. Al mismo tiempo, las exportaciones hacia China procedentes de las principales economías europeas han disminuido desde 2022, con la única excepción de Países Bajos, según el Jacques Delors Centre.

El pasado mayo, la Comisión Europea ya lanzó un comunicado en el que sacó a la luz las conclusiones de un debate interno en el que aseguraba que “la relación comercial y de inversión no es sostenible” con China. Bruselas insistía en que “a medida que los intereses económicos y de seguridad se entrelazan cada vez más, ambas dimensiones requerirán una respuesta más sólida y coherente”. La Comisión apuntaba que su “enfoque general sigue siendo la reducción de riesgos (”de-risking“), no el desacoplamiento. China es un socio fundamental, y el compromiso y el diálogo continuarán mientras los canales de comunicación permanezcan abiertos”.

Francia lidera el frente que pide medidas más duras

Francia está liderando la puesta en marcha de medidas más drásticas contra el gigante chino. El mes pasado, el presidente francés, Emmanuel Macron, ya puso sobre la mesa que la UE debería disponer de medidas parecidas a las de Estados Unidos para defender a su industria. “Debemos aceptar la adopción de medidas de protección, medidas de salvaguardia, un equivalente europeo de la Sección 301”.

La Sección 301 es una disposición de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974 que otorga la autoridad para investigar e imponer sanciones comerciales a países extranjeros que adopten prácticas comerciales injustas o discriminatorias que perjudiquen el comercio estadounidense. La UE cuenta con un instrumento anticoerción, que permite sancionar y defenderse de terceros países que utilicen presiones o chantajes económicos. El problema es que esta medida es de lenta y difícil aplicación, por lo que Francia propone que sería necesario crear otros instrumentos más ágiles.

Francia ha conseguido el respaldo de países como Polonia, Países Bajos y Bélgica. Mientras otros Estados miembros como Alemania o Suecia se han mostrado partidarios de que la Comisión Europea proponga nuevos instrumentos comerciales para defender a Europa. Sin embargo, España plantea que ir a una guerra comercial directa con China no es el mejor camino. Fuentes del Gobierno español aseguran que China es la segunda potencia económica del mundo y se debería mantener un diálogo constructivo para que entiendan también que hay algunos elementos de la relación económica que no son sostenibles.

España aboga por la negociación pragmática

España no es partidaria de abrir otro frente con China cuando la situación económica de la UE no es la mejor, sigue la guerra en Ucrania, se está todavía a la espera de una resolución real de la guerra de Irán y la apertura del estrecho de Ormuz y todavía hay problemas comerciales y de otro tipo con Estados Unidos. Pero además, fuentes diplomáticas insisten en que es más beneficioso ser más pragmáticos con China y no ir a una guerra comercial directa , que puede tener consecuencias desastrosas, por la fortaleza de China para responder con medidas de represalia muy duras a la nueva posición europea.

Hay que recordar que China ya mostró su capacidad de alterar las redes de suministro globales cuando el 4 de abril de 2025, como respuesta a la ofensiva arancelaria del presidente de EEUU, Donald Trump, y a las tensiones crecientes por las tasas europeas a los automóviles eléctricos chinos, Pekín impuso controles a la exportación de tierras raras que convulsionó a los fabricantes de todo el mundo. Entonces la industria europea del automóvil y otros fabricantes de productos electrónicos advirtieron que si se alargaba el frenazo a la distribución de minerales críticos tendrían que paralizar las fábricas.

Un informe del think tank oficial de la UE,  EU Institute for Security Studies, bajo el título de 'Los materiales críticos como arma de Pekín', reveló que la restricción de suministros por parte de China tiene un impacto tremendo en Europa, ya que pueden provocar la interrupción de la producción de las fábricas europeas y supone una trampa de deslocalización, ya que con la amenaza de limitar las licencias de exportación de componentes críticos, Pekín presiona a las industrias europeas para que trasladen sus centros de producción de alto valor añadido a China. El EU Institute for Security Studies no duda en calificar como “coerción política” la concesión de licencias de exportación por parte de China como moneda de cambio para forzar a la UE a cambiar sus políticas comerciales.

En este sentido, los países del G7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) firmaron una declaración este miércoles para que ningún país tenga el control del suministro de más del 60% de sus importaciones de tierras raras para 2030. El mensaje es directo para China, que tiene bajo su dominio el 70% de la minería global y el 90% de la capacidad de procesamiento de estos materiales en el mundo.

No es que la Unión Europea se haya quedado parada ante las maniobras chinas para beneficiar a sus empresas. Por un lado, la UE puso en marcha aranceles a los coches eléctricos chinos, también ha prohibido los proyectos de energías renovables con fondos europeos que lleven piezas de China o lanzó el  Paquete de Soberanía Tecnológica Europea para vetar a empresas de EEUU y chinas al acceso a datos de ciudadanos europeos. Ahora se abre el debate entre los países europeos para definir una segunda tanda de respuestas que puede abrir una guerra comercial con el gigante asiático.

Donald Trump trata de ahogar a Cuba y con su presión está convirtiendo en misión imposible hacer negocios a las empresas españolas en la isla caribeña. Las hoteleras españolas en Cuba llevan meses replanteando su estrategia y asumiendo su repliegue. Y eso ha ido a más desde que Washington colocara a Gaesa (acrónimo de Grupo de Administración Empresarial S.A.) dentro del nuevo paquete de sanciones contra la isla. Desde el 5 de junio, cualquier relación con Gaesa puede exponer a las compañías –por ejemplo, a las españolas– a sanciones por parte de la Administración Trump.

A pesar de que las empresas españolas están en el centro de las amenazas de la Administración del Donald Trump, tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como la Comisión Europea de momento se mantienen vigilantes y a la espera de que las amenazas de EEUU no vayan más allá.

Un portavoz de la Comisión Europea ha señalado a elDiario.es que “tienen conocimiento de que algunas empresas de la Unión Europea han estado considerando en los últimos días cesar o reducir sus actividades económicas en Cuba. Estamos siguiendo de cerca la evolución de la situación. Esperamos que todos los actores garanticen unas condiciones de competencia equitativas para las empresas de la Unión Europea”.

En la misma línea, fuentes del Ministerio español de Exteriores han declarado que “el Gobierno a través del ministerio de Exteriores está siguiendo con mucha atención y enorme preocupación el impacto extraterritorial de las medidas unilaterales de EEUU contra Cuba, y que afectan a los intereses de empresas españolas, además de agravar la penuria humanitaria de la población cubana”.

Hay que recordar que Gaesa es el conglomerado industrial y comercial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Bajo su paraguas están diferentes empresas, con especial foco en el turismo, considerado un sector estratégico por la entrada de divisas que supone, pero también de otros como telecomunicaciones o los puertos. Gaesa llega a sumar el 40% del PIB de la isla, según recoge la agencia EFE. En cuanto al turismo, está detrás de los hoteles del Grupo Gaviota, que suma más de un centenar de establecimientos, en su mayoría gestionados por empresas extranjeras, españolas incluidas. 

La primera reacción oficial ha venido por parte de Meliá Hoteles, que este miércoles anunció, en una información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su decisión de dejar de operar y comercializar “de manera inmediata” los quince establecimientos que mantiene en Cuba por “el contexto geopolítico social, legal y económico” de la isla.

La cadena, a través de su filial portuguesa Ilha Bela, ha resuelto concluir “de forma inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización, así como la cesión de uso de las marcas hoteleras”. Una decisión adoptada “desde un profundo sentido de responsabilidad empresarial, consecuencia de una combinación de circunstancias sobrevenidas ajenas a la capacidad de gestión o actuación de Ilha Bela”.

Durante la presentación de resultados del primer trimestre del año, la compañía controlada por la familia Escarrer ya aseguró que en Cuba, el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo “se ha visto comprometido de forma significativa como consecuencia de la intervención de Estados Unidos en la región a inicios del año”, según explica la empresa en la información que remitió a la CNMV.

“Este hecho ha generado una dificultad sobrevenida para la obtención de combustible que, junto con el establecimiento de un estricto bloqueo comercial, ha afectado en gran medida al mercado turístico”, añade. “La falta, además, de combustible de aviación provocó la cancelación de numerosas conexiones directas con el país, incluso desde su principal mercado emisor, el canadiense. En este entorno, se ha producido un cierre paulatino de nuestros hoteles, finalizando el trimestre con aproximadamente el 50% de la capacidad operativa, impactando por tanto al número de habitaciones disponibles en el periodo y a los indicadores operativos reportados”.

Antes de esta situación, Meliá sumaba más de 33 hoteles en Cuba, mientras que Iberostar gestionaba una veintena. A ellos se sumaba una presencia mucho menor de otras cadenas como Barceló o Valentín.

En el caso de Iberostar, la empresa de los Fluxa –que también son propietarios de la enseña de calzado Camper–, de momento, guarda silencio sobre su continuidad en la isla. En la web donde aparecen sus hoteles en Cuba, bajo la denominación Ibercuba, solo aparecen seis establecimientos, frente a los 20 que la empresa española reconocía tener a finales de 2024. En este caso, ha sido el turoperador argentino Sudameria el que ha comunicado, según la información publicada por el El País, que Iberostar ha cesado sus operaciones un una docena de hoteles de la isla, los que gestionaba del grupo Gaviota.

“Como parte de un proceso de adaptación al entorno regulatorio internacional y con el propósito de preservar los estándares de calidad, cumplimiento y gestión que distinguen a la compañía, Iberostar Cuba Hotels & Resorts ha informado [de] que dejará de operar y comercializar un grupo de hoteles en Cuba a partir del 1 de junio de 2026”, recoge esta citada información.

Tiranteces entre la UE y Cuba

Las relaciones entre la Unión Europea y Cuba se rigen por el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), que entró en vigor el 1 de noviembre de 2017. Este pacto se basa en un diálogo político y la cooperación bilateral así como el desarrollo de acciones conjuntas en foros multilaterales con la finalidad de apoyar el proceso de transición de la economía y la sociedad cubanas hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la oposición cubana asegura que este acuerdo es una vía para mantener el régimen de represión en Cuba.

En un debate monográfico sobre la situación en Cuba en el Parlamento Europeo este mes de mayo, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, señaló que “junto con el fin de la represión política, La Habana también debería poner fin al control intransigente sobre la economía que está reteniendo al país. La apertura a la iniciativa privada, la inversión, el espíritu empresarial y la modernización económica es esencial”.

Las palabras de Kallas sentaron bastante mal en La Habana. El canciller cubano, Bruno Rodríguez respondió que con estas declaraciones la Alta Representantes de Exteriores de la UE “resta objetividad y denota un marcado doble rasero no reconocer que el ilegal, cruel e injusto castigo colectivo que el gobierno de Estados Unidos impone al pueblo cubano, con un reforzamiento sin precedentes del bloqueo, el cerco petrolero y la amenaza militar, constituyen las principales causantes de la difícil situación que enfrentan hoy los cubanos”.

A pesar de las tiranteces entre ambos responsables, Bruselas aprobó a principios de mayo 2,85 millones de euros de ayuda humanitaria para Cuba, que se suman a los dos millones destinados en abril para atender a las víctimas de recientes fenómenos meteorológicos y de la crisis energética.

Kallas ha insistido en que “la Unión Europea no financia al estado cubano” y que “el apoyo humanitario no resolverá la crisis de Cuba, sino que simplemente aliviará el sufrimiento humano inmediato” de los cubanos.

La Unión Europea es el primer socio comercial de Cuba, representando en torno a un tercio de su comercio exterior total y concentrando cerca del 20% del comercio cubano, con unos flujos comerciales que rondan los 2.000 millones de dólares estadounidenses. La UE también es el principal inversor externo en la isla, concentrado en el sector turístico (hotelería), la construcción, la agroindustria y la minería.

La Comisión Europea ha mantenido este viernes un debate interno en el que asegura que “la relación comercial y de inversión no es sostenible” con China. En un comunicado, Bruselas asegura que “a medida que los intereses económicos y de seguridad se entrelazan cada vez más, ambas dimensiones requerirán una respuesta más sólida y coherente”.

El debate llega en un momento de fuerte tensión en las relaciones entre la Unión Europea y China. La Comisión asegura que su “enfoque general sigue siendo la reducción de riesgos (”de-risking“), no el desacoplamiento. China es un socio fundamental, y el compromiso y el diálogo continuarán mientras los canales de comunicación permanezcan abiertos”.

Sin embargo, la institución europea insiste en que entre la UE y China “el estado actual de la relación comercial y de inversión no es sostenible. A medida que los intereses económicos y de seguridad se entrelazan cada vez más, ambas dimensiones requerirán una respuesta más sólida y coherente”.

No es fácil que la UE adopte una posición beligerante con China. Un conflicto comercial con el país asiático puede reeditar el freno a la exportación de minerales críticos a Europa, lo que puede provocar graves perjuicios para la industria y la defensa de la UE.

A pesar de esta amenaza, un grupo de países europeos, encabezados por Francia, pidió esta semana a la Comisión Europea que ponga en marcha aranceles y otras medidas comerciales defensivas ante lo que denominan “prácticas comerciales abusivas” como “la imposición de nuevas barreras comerciales o contribuir a una sobrecapacidad industrial sistémica y estructural”.

Los firmantes de la carta piden que se hagan “más investigaciones de salvaguardia en caso de perturbaciones comerciales a nivel sectorial” y ser “más proactivo” a la hora de llevar ante la Organización Mundial del Comercio las infracciones de las normas comerciales.

No es la primera vez que los países europeos elevan la voz pidiendo más mano dura contra las acciones comerciales de China. El pasado octubre, varios países de la UE exigieron más contundencia frente al país asiático ante el anuncio de China de ampliar las restricciones a las exportaciones de tierras raras y otros materiales críticos. Las tensiones entre Europa y China se han acrecentado desde la imposición de aranceles a los coches eléctricos chinos, que fue respondida por el Gobierno asiático con aranceles a productos europeos como el cerdo.

División interna en la UE

Sin embargo, no hay unanimidad en la Unión Europea sobre la posición ante China. Países como Alemania o España han adoptado una política más conciliadora con el gigante chino. De hecho, el Gobierno español mandó un comunicado en el que señala que “España comparte el diagnóstico sobre la necesidad de impulsar una política industrial europea que contribuya a reducir dependencias estratégicas y reforzar la resiliencia económica. Al mismo tiempo, defendemos un enfoque equilibrado, basado en el valor añadido, la apertura económica y la garantía de unas cadenas de suministro seguras, diversificadas y resilientes”.

España es uno de los países europeos que más defiende el mantenimiento de una relación comercial más cordial con China debido a las elevadas inversiones de compañías tecnológicas y de automóviles en nuestro país, lo que le ha provocado algunos encontronazos con Bruselas. El pasado año, la Comisión Europea volvió a recordar a España que “Huawei (y ZTE) presentan riesgos sustancialmente más altos que otros proveedores de 5G” y que como institución europea “se comprometió a evitar la exposición de sus comunicaciones corporativas a las redes móviles que utilizan Huawei y ZTE”. La compañía china siempre ha negado estas acusaciones y ha asegurado que las comunicaciones en su infraestructura son seguras.

El comisario europeo de Industria, Stéphane Séjourné, mantuvo este jueves una reunión con responsables de industria de los países europeos sobre el reto que presenta China. Séjourné mantiene la posición de su país, Francia, ante las relaciones comerciales con el gigante asiático.

“Todavía existe margen para mantener un diálogo constructivo con China, pero no podemos permitir que Europa sea víctima de una estrategia depredadora que está destruyendo nuestra industria. Se necesitan nuevas herramientas, nuevas medidas y una nueva voluntad política”, declaró el comisario europeo.

A principios de mayo, la UE elevó su guerra comercial contra China. La Comisión Europea hizo público un plan para vetar proyectos de energías renovables con fondos de la UE que contengan piezas chinas. La decisión, según funcionarios de la institución europea, responde a la necesidad de la UE de reducir los riesgos de posibles ciberataques y de dependencia económica.

La Unión Europea ha conseguido esta madrugada del miércoles cerrar el texto del tratado comercial con Estados Unidos. El presidente de EEUU, Donald Trump, había amenazado con volar por los aires el acuerdo e imponer aranceles del 25% a los automóviles europeos si los legisladores de la UE y los miembros de la eurocámara no superaban antes del 4 de julio los obstáculos que impedían ratificar el tratado.

Tras más de cinco horas de reunión, los representantes del Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo lograron superar los escollos que impedían avanzar sobre un acuerdo comercial que fue negociado hace diez meses entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Entonces, el tratado no fue asumido con gusto por las capitales europeas, que lo consideraban perjudicial para los intereses de Europa.

Con este tratado comercial, la UE admite eliminar aranceles a productos estadounidenses, la mayoría industriales, mientras que la Casa Blanca rebajaba al 15% los aranceles que había impuesto a las exportaciones europeas. Las desavenencias internas en la Comisión por las condiciones del tratado hicieron que Sabine Weyand, la jefa del departamento de comercio de la Comisión Europea, abandonara su puesto por criticar la forma y el fondo del tratado.

No solo ha habido reticencias por las condiciones del acuerdo que han retrasado su ratificación, los continuos cambios de posición de Trump en política comercial, la crisis originada por el presidente de EEUU al tratar de anexionarse el territorio danés de Groenlandia o la decisión del Tribunal Supremo de EEUU de tumbar los aranceles que impuso Trump han frenado los avances para su ratificación durante estos diez meses.

Los negociadores europeos han tenido que ceder en algunos puntos para conseguir el cierre del acuerdo. Pon un lado, la cláusula de expiración del tratado comercial se ha retrasado de 2028 a finales de 2029, un año después de que Trump haya salido de la Casa Blanca por el final de su mandato.

Se mantiene la salvaguarda que obliga a la Comisión a investigar si las importaciones de EEUU perjudican a la industria europea, lo que podría suponer que el tratado fuera cancelado. Una medida que queda fuera es la propuesta que dejaba el acuerdo sin aplicación hasta que se verificase que EEUU había cumplido con sus compromisos.

Respecto a los aranceles de EEUU de 50% al acero y al aluminio europeos, tanto el Parlamento Europeo como un Estado miembro podrían pedir la suspensión del acuerdo si Washington no los rebaja antes de finales de 2026.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha mandado un mensaje en la red X en el que señala: “Esfuerzo colectivo. Resultado sólido. Impacto significativo. Tras más de cinco horas de negociaciones, celebro un trílogo exitoso, plenamente alineado con la Declaración Conjunta UE-EEUU. La UE cumple con hechos, al tiempo que defiende nuestros intereses. Una vez aprobado, reforzará la estabilidad y la cooperación transatlánticas”.

Sin embargo, refleja mejor la actitud europea las declaraciones a Bloomberg del presidente de la comisión de comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, sobre el tratado al referirse a las negociaciones recordando “una de las canciones más famosas de los Rolling Stones es 'You Can’t Always Get What You Want' [No puedes conseguir siempre lo que quieres]. En cuanto al contenido, lo hemos conseguido”.

El Parlamento Europeo y los países de la UE deberán ahora votar para ratificar el texto definitivo.

“Europa aún no es capaz de implementar la transición verde a gran escala sin aumentar su dependencia de las cadenas de suministro chinas”, ha resaltado este jueves el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi al recibir el Premio Internacional Carlomagno, que reconoce a personas por su contribución a la unidad europea. La guerra de Irán ha impulsado la estrategia de la Unión Europea para reducir al máximo posible la dependencia de los combustibles fósiles, pero ha desvelado con más intensidad la supeditación de Europa de los minerales críticos y tierras raras que controla China.

No son solo materias primas necesarias para la transición verde (vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas), también son indispensables para sectores como la atención médica, las redes de energía y las telecomunicaciones, ya que son esenciales en productos electrónicos, magnéticos y ópticos así como en semiconductores utilizados en comunicaciones civiles y militares.

Desde que el líder chino Deng Xiaoping, a principio de los años 90 del siglo pasado, marcó la línea a seguir con su frase: “Oriente Medio tiene petróleo. China tiene tierras raras”, el gigante oriental lleva años copando la extracción y refinado de estos minerales, que necesitan de un proceso técnico complejo e intensivo en energía para su utilización industrial, ante la tranquila mirada de Europa cuyos empresarios abrazaban la estrategia de externalizar procesos sin evaluar las consecuencias geopolíticas. Ahora China es el principal productor de 20 materias primas críticas: representa el 70% de la minería global y el 90% de la capacidad de procesamiento de estos materiales en el mundo.

La verdadera cara de la amenaza llegó cuando el 4 de abril de 2025, como respuesta a la ofensiva arancelaria del presidente de EEUU, Donald Trump, y a las tensiones crecientes por las tasas europeas a los automóviles eléctricos chinos, Pekín impuso controles a la exportación de tierras raras que convulsionó a los fabricantes de todo el mundo. China anunciaba al mundo que utilizaba su control sobre minerales críticos y tierras raras como un arma.

La Unión Europea ha elevado su guerra comercial contra China tras la decisión de vetar proyectos de energías renovables con fondos de la UE que contengan piezas chinas ante la necesidad de la UE de reducir los riesgos de posibles ciberataques y de dependencia económica. Sin embargo, un conflicto comercial con China puede reeditar el freno a la exportación de minerales críticos a Europa, lo que puede provocar graves perjuicios para la industria y la defensa de la UE.

Minerales críticos: “una poderosa arma geoeconómica”

El EU Institute for Security Studies, el think tank oficial de la UE encargada de analizar temas de política exterior, seguridad y defensa, ha realizado un informe bajo el título de 'Los materiales críticos como arma de Pekín' en el que resalta que “China ha convertido su monopolio sobre la minería y refino de materias primas críticas (como tierras raras, galio y germanio) en una poderosa arma geoeconómica” y que los controles de Pekín sobre estos materiales “actúan como un elemento de disuasión”.

La restricción de suministros por parte de China tiene un impacto tremendo en Europa, según este informe. Por un lado, puede provocar la interrupción de la producción de las fábricas, ya que la escasez de materiales obliga a empresas europeas, como pasó en el último parón con el sector automovilístico y tecnológico, a agotar sus inventarios, lo que encarece los costos de producción y provoca paros industriales.

Además, supone una trampa de deslocalización, ya que con la amenaza de limitar las licencias de exportación de componentes críticos, Pekín presiona a las industrias europeas para que trasladen sus centros de producción de alto valor añadido a China para poder acceder a los materiales sin restricciones.

El EU Institute for Security Studies no duda en calificar como “coerción política” la concesión de licencias de exportación por parte de China como moneda de cambio para forzar a la UE a cambiar sus políticas comerciales.

“El esqueleto del equipo militar moderno”

Pero además, en tiempos de rearme europeo ante la amenaza latente de Rusia y el abandono de Estados Unidos de la seguridad europea, la utilización de esta arma por Pekín incrementa las vulnerabilidades para la defensa de la UE. El EU Institute for Security Studies recuerda que las materias primas críticas son “el esqueleto del equipo militar moderno”: El galio es esencial para radares y sistemas de comunicación; el germanio para imágenes térmicas y visión nocturna; y las tierras raras son necesarias para la fabricación de cazas, helicópteros, drones, submarinos y misiles. China se ha negado categóricamente a otorgar licencias de exportación a Europa para cualquier uso final militar, lo que debilita los esfuerzos de rearme europeo y limita su capacidad para producir armas.

Un freno total a la exportación de estos materiales críticos provocaría que Europa agotaría rápidamente sus reservas estratégicas, paralizando su capacidad de fabricar municiones y armas, lo que supondría que la UE perdería su capacidad de disuasión frente a Rusia.

El think tank europeo apunta que el sistema de licencias de exportación de China “exige a las empresas europeas revelar información altamente confidencial”. Esta medida permite a Pekín “mapear las redes de suministro de la industria de defensa europea e identificar sus eslabones más débiles para posibles sabotajes físicos o cibernéticos en el futuro”.

Europa necesita innovar para mantener una ventaja cualitativa militar que compense la superioridad numérica de sus posibles adversarios, con vistas a Rusia. Sin embargo, el informe revela que la escasez inducida de estos materiales “ralentiza la investigación y el desarrollo europeo en tecnologías emergentes disruptivas como inteligencia artificial, computación cuántica y fotónica).

Finalmente, en un escenario de escasez extrema, el EU Institute for Security Studies advierte de que Estados Unidos o Japón podrían verse tentados a priorizar sus propios inventarios nacionales para abastecer exclusivamente a sus industrias de defensa, dejando a Europa desabastecida y fragmentando la cohesión aliada.

De hecho, uno de los temores que corre por los pasillos de las instituciones europeas es que en la visita que está realizando Donald Trump a China, el presidente de EEUU llegue a algún tipo de acuerdo con Xi Jinping sobre materiales críticos que deje fuera de juego a la UE. Según la Casa Blanca, Estados Unidos es “100% dependiente de las importaciones” de al menos 15 minerales críticos y el 70% de sus compras de tierras raras proviene de China.

Trump ya puso en grave riesgo las relaciones transatlánticas con su obsesión por anexionarse Groenlandia, un territorio danés rico en minerales críticos. Aunque la UE y EEUU acordaron el pasado mes de abril poner en marcha un plan de acción “para construir cadenas de suministro de minerales críticos seguras y sostenibles” la desconfianza entre ambas partes es evidente.

Con las relaciones comerciales entre la UE y EEUU golpeadas por la política que ha seguido Trump de aranceles, en el acuerdo firmado por ambas partes se van a estudiar instrumentos para reforzar acciones coordinadas como “precios mínimos ajustados, mercados basados en normas, subvenciones para cubrir brechas de precios y acuerdos de compra garantizada”.

El informe del EU Institute for Security Studies advierte que si Europa quiere solucionar este reto en solitario “fracasará” por el alto coste, las regulaciones y la falta de reservas. Con esta premisa, el think tank europeo propone que la UE coordine urgentemente fondos estatales, compras públicas estratégicas y aranceles conjuntos junto con sus socios del G7 además de países como Corea del Sur, Australia o Canadá, y que diseñe una estrategia que explote las dependencias de China para utilizarlas como política de disuasión.

Un alto cargo del Parlamento iraní anunció este sábado que el país ha diseñado un nuevo mecanismo para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, basado en una ruta específica para buques comerciales y países que cooperen con Teherán, así como en el cobro de peajes.

“Irán, en el marco de su soberanía nacional y de la garantía de la seguridad del comercio internacional, ha preparado un mecanismo profesional para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz a lo largo de una ruta designada”, afirmó en X el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi.

El diputado explicó que, en este proceso, solo se beneficiarán de este mecanismo los buques comerciales y las partes que cooperen con Irán y que “se cobrarán las tarifas necesarias por los servicios especializados prestados en el marco de este mecanismo”.

Azizi sostuvo que el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo y del gas natural licuado comercializados en el mundo, “permanecerá cerrado a los operadores del llamado Proyecto Libertad”, lanzado por Estados Unidos el 4 de mayo para escoltar a los buques varados a través del estrecho debido al bloqueo iraní impuesto desde los primeros días de la guerra.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, suspendió la operación al día siguiente para dar margen a las negociaciones de paz con Teherán, estancadas por el momento, después de que Washington tachara de “basura” la última propuesta iraní.

La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó ya a finales de marzo un proyecto de ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz, el cual aún debe ser debatido y sometido a votación en la cámara.

A pesar de que la ley todavía no ha sido aprobada por el pleno del Legislativo, el Banco Central del país anunció a finales de abril que ya estaba recibiendo pagos de buques por transitar por Ormuz.

Estados Unidos, por su parte, mantiene un cerco naval sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril en respuesta al bloqueo de Teherán en Ormuz.

Este viernes terminó la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a China. Su homólogo chino, Xi Jinping, ha asegurado que ambas partes acordaron estabilizar las relaciones comerciales. El tema que más tensión ha generado es Taiwán. Xi instó a Estados Unidos a manejar sus relaciones con el Gobierno taiwanés con “extrema cautela”. La guerra de Irán también estuvo entre los temas de negociación. Según Trump, “sentimos cosas muy similares sobre [cómo] queremos que termine. No queremos que tengan un arma nuclear. Queremos que el estrecho [de Ormuz permanezca abierto”.

La visita de Estado que Trump ha realizado a China es la segunda que hace al país asiático desde 2017. Ambos países querían normalizar los vínculos comerciales tras la andanada que provocó Trump con su beligerante política comercial de aranceles. Los dos dirigentes han insistido en destacar su buena relación personal. Pekín ha subrayado que el nuevo marco de relaciones entre ambas potencias se establece sobre una “estabilidad estratégica constructiva”.

“Esta visita es histórica y trascendental. Ya hemos alcanzado una nueva relación bilateral, una relación constructiva. Puede decirse que esta es una visita que marca un hito”, ha comentado el presidente chino sobre la cumbre.

Antes de volver a EEUU, Trump mantuvo este viernes una reunión en formato reducido con Xi en Zhongnanhai, el complejo situado junto a la Ciudad Prohibida y en el que reside la cúpula dirigente del Partido Comunista Chino (PCCh), según informa EFE.

Trump también calificó como un éxito la visita. De acuerdo con el comunicado chino, el mandatario estadounidense afirmó que ambas partes alcanzaron “una serie de consensos importantes”, lograron “múltiples acuerdos” y resolvieron “no pocos problemas”.

El presidente de EEUU ha subrayado que China va a comprar 200 aviones Boeing. El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha añadido que China realizará grandes compras de productos agrícolas estadounidenses, mientras que Trump subrayó que el país considerará la adquisición de “gran cantidad de soja de nuestros agricultores”, según informa Bloomberg.

Sin embargo, desde el Gobierno chino no se ha confirmado ninguna de estas adquisiciones. Un portavoz de la Administración de Trump se limitó a señalar el “importante consenso” alcanzado por ambas partes durante la visita y afirmó que la “esencia de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos es el beneficio mutuo y la cooperación de ganar-ganar”, pero no confirmó la firma de los pedidos. La compañía Boeing tampoco ha confirmado que esa compra de 200 aviones se haya llevado a cabo.

Luego, a bordo del avión presidencial Air Force One de regreso a Washington, Trump evitó calificar a Xi de “dictador” y aseguró que no se planteaba ese extremo. “No me lo planteo. Él es el presidente de China. No me lo planteo”.

El líder estadounidense hizo estas declaraciones cuando un periodista le preguntó si cree que Xi es un “dictador”, término que utilizó su predecesor, el demócrata Joe Biden. “Lo que creo es que el presidente Biden fue un presidente incompetente. Él nos dio el acuerdo nuclear que permitía a Irán obtener un arma nuclear”, declaró Trump, a pesar de que el acuerdo nuclear fue con Barack Obama.

Trump ha estado acompañado en su viaje a China por una delegación empresarial donde destacaban directivos de las principales tecnológicas estadounidenses como Tim Cook, de Apple, o Elon Musk, de X. No se ha especificado por parte de portavoces estadounidenses si los magnates tecnológicos han llegado a algún acuerdo con el Gobierno chino.

En una insólita mezcla de relaciones internacionales y negocios familiares, Eric Trump, el hijo del presidente de EEUU que dirige el entramado empresarial de la familia, también viajó a China como parte de la delegación empresarial.

A pesar de las amenazas de Trump de imponer un arancel del 25% al automóvil europeo o las fuertes divisiones dentro de la UE, tras más de 10 horas de negociaciones que acabaron en la madrugada del jueves no hubo acuerdo entre los países, la Comisión Europea y la Eurocámara para implementar el tratado comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que se acordó en agosto de 2025. Según fuentes presentes en las negociaciones “hubo avances”, pero no se terminó de superar ninguno de los obstáculos que impiden ratificar el acuerdo comercial.

La imposibilidad de alcanzar un pacto se debe a las salvaguardias que impuso el Parlamento europeo a un acuerdo comercial, que elimina los aranceles sobre cientos de productos industriales y agrícolas estadounidenses, mientras impone un arancel general del 15% de los productos de la UE. Por un lado hay una cláusula de suspensión para que el tratado comercial acabe en marzo de 2028, aunque ambas partes pueden acordar su prórroga. Además, los europarlamentarios exigieron que Estados Unidos aclare cómo reducirá el arancel del 50% sobre cientos de productos que contienen acero y aluminio, una cuestión que los europarlamentarios han insistido en que se tendría que definir para que el acuerdo saliera adelante.

También se añadió un mecanismo de salvaguardia por el que la Comisión tiene la tarea de supervisar el impacto de las nuevas normas y podría suspender temporalmente los nuevos aranceles si las importaciones estadounidenses alcanzaran un nivel que pudiera causar un daño grave a la industria europea, por ejemplo, en caso de un aumento del 10 % en las importaciones de un determinado grupo de productos.

“Nada está acordado hasta que todo esté acordado”

Ya por la mañana del jueves, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, resaltó todas las horas de reunión suponen “una inversión de tiempo y esfuerzo sugiere que estamos logrando avances considerables y que ya hemos conseguido mucho, aunque, por supuesto, nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

Sefcovic apuntó que su objetivo es “demostrar que la UE cumple lo que dice y honra sus compromisos, asegurar un resultado que respete plenamente la Declaración Conjunta UE-EEUU y preservar los intereses de las partes interesadas de la UE, incluyendo dotar a la Comisión de los instrumentos necesarios para garantizar que la Declaración Conjunta UE-EE UU se implemente fielmente por ambas partes”. El comisario europeo subrayó que mantiene “un contacto estrecho con los homólogos estadounidenses sobre los próximos pasos en nuestro proceso legislativo, al tiempo que hago un llamamiento a la administración estadounidense para que cumpla sus compromisos”.

Michael Damianos, ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, presente en las negociaciones ya que su país ostenta la presidencia rotatoria de la UE , declaró que “hay un compromiso ”para avanzar rápidamente en la implementación de la Declaración Conjunta UE-EEUU, con pleno respeto al procedimiento legislativo ordinario. Estamos plenamente comprometidos a continuar nuestra colaboración constructiva con el Parlamento Europeo con el objetivo de concluir el trabajo legislativo lo antes posible“. Hay una posible fecha para retomar las negociaciones el próximo 19 de mayo, aunque no está confirmada.

El representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, que se reunió este miércoles con Sefcovic, ya advirtió que si no se cerraba ya el acuerdo comercial entre ambos bloques Trump impondría el arancel del 25% al automóvil europeo. 

Los legisladores europeos mantienen la fecha de ratificación del acuerdo antes del mes de julio, aunque Andrew Puzder, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, advirtió que era muy tarde y que si no se cierra definitivamente antes “Estados Unidos se retiraría de él”. Sin embargo, desde las instituciones europeas se recuerda que el Tribunal Supremo de EEUU tumbó los aranceles que impuso Trump, con lo que se desconoce qué consecuencias puede tener para el acuerdo comercial firmado con la UE, de manera que es necesario tener medidas de protección. 

División entre los países de la UE

Hay una fuerte división entre los países europeos sobre el cierre definitivo del acuerdo comercial con Estados Unidos. Mientras estados miembros de la UE como Francia y España respaldan que haya salvaguardias en el tratado comercial debido a los continuos cambios de política que hace Donald Trump, Alemania ha presionado fuertemente para que se cierre definitivamente el pacto con la Administración de EEUU.

Alemania trata de esta manera de congratularse con la Administración Trump tras las fuertes desavenencias que provocaron las palabras del canciller Friedrich Merz sobre que Irán estaba “humillando” a Estados Unidos.

Esta situación está provocando situaciones rocambolescas como la protagonizada por el líder del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Manfred Weber, que ha amenazado con poner fin a las negociaciones con los países sobre el acuerdo comercial y devolver el texto al Parlamento para que sea nuevamente votado, pese a que su partido respaldó las salvaguardias que fueron refrendadas en la Eurocámara.

Weber se tendría que aliar con la ultraderecha, una vez más, para sacar adelante la votación sobre el acuerdo comercial con EEUU.

Los ministros de finanzas de los 27 países de la UE han vuelto este lunes a poner sobre la mesa las medidas comerciales que sirvieron para frenar la obsesión anexionista de Donald Trump sobre Groenlandia como respuesta a la amenaza del presidente de EEUU sobre aplicar aranceles del 25% al automóvil europeo.

Antes de entrar en la reunión de los ministros europeos de finanzas, el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, resaltó que “lo que esperamos por parte de EEUU es que se cumpla el acuerdo al que llegamos en agosto. Si hay cualquier incumplimiento de este acuerdo no reservaríamos la capacidad de responder con los instrumentos y las herramientas que tenemos a nuestra disposición”.

En el mismo sentido, Lars Klingbeil, ministerio alemán de Finanzas, apuntó que “el camino europeo está claro: no queremos otra escalda con Estados Unidos. Pero por supuesto que estamos preparados para defender los intereses del lado europeo. Ya vimos en Groenlandia que es bueno estar preparados y decididos. La señal es que los aranceles hacen daño a las dos partes y por eso queremos una solución consensuada”.

Durante la crisis de Groenlandia la UE puso sobre la mesa dos medidas para frenar la ansias expansionistas de Trump: aranceles adicionales por 93.000 millones de euros sobre productos estadounidenses, hasta ahora suspendidos, tras el acuerdo comercial entre ambos bloques que se firmó en julio de 2025, y el instrumento anticoerción, una herramienta que permite castigos comerciales muy duros contra un país.

Entonces, el aviso de represalias por parte de la UE tuvo éxito y no hubo que accionar ninguna de la herramientas, especialmente el instrumento anticoerción, que es una opción muy contundente, ya que permite medidas que van desde la restricción de la exportación e importación de bienes y servicios a prohibir la participación en licitaciones públicas, limitar la inversión extranjera directa o cerrar el acceso al mercado de la UE. En la institución europea se asumió que el instrumento anticoerción se sacaba al tablero para que sirva “no tanto como una represalia, sino como una disuasión”.

Reunión en París

A pesar de que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se va a reunir con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, este martes en París, aprovechando un encuentro del G7, Greer dijo Trump cumplirá con su amenaza de imponer en los próximos días un arancel del 25% a los autos y camiones fabricados en la Unión Europea.

Greer asegura que los países de la UE “acordaron modificar varias de sus regulaciones o conceder ciertas flexibilidades a EEUU, pero no han hecho nada de eso”. Además, el responsable del Ejecutivo de Trump señaló que el Parlamento Europeo “ha sido muy lento” y que ha añadido “una serie de enmiendas que limitarían las exportaciones estadounidenses y restringirían el alcance del acuerdo”.

Sin embargo, Greer no parece tener en cuenta que el Tribunal Supremo de EEUU tumbó en febrero los aranceles propuestos por Trump, con lo que la nueva decisión del presidente de EEUU no tendría un fácil encaje legal.

Aunque la Administración Trump trata de justificar la amenaza de nuevos aranceles por el retraso en la implementación del acuerdo comercial, la realidad es que también coincide con las represalias del presidente de EEUU contra Alemania, con la retirada de tropas, una vez que el canciller Friedrich Merz comentara que Irán “estaba humillando” a los Estados Unidos.

Roland Lescure, ministro francés de Finanzas, resaltó que “hay que mirar más allá del ruido” generado en redes sociales. “Tenemos un acuerdo, que está en proceso de negociación. También está siendo examinado democráticamente por el Parlamento Europeo. Estamos dispuestos a atenernos a este acuerdo de buena fe y esperamos que todos los demás estén en la misma disposición”, apuntó.

No es la primera vez que Trump ataca al sector automovilístico europeo. En marzo de 2025, el presidente de EEUU propuso aranceles del 25% “para todos los coches no fabricados en Estados Unidos”, como parte de una política desquiciante de anuncios continuos de aranceles, que posteriormente no llegó a cumplir. En julio de ese mismo año, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y Trump sellaron un acuerdo comercial, que en algunas capitales europeas se asumió como humillante, pero que parecía aportar cierta certidumbre a las relaciones comerciales que el presidente de Estados Unidos se encarga de torpedear continuamente. 

Este 1 de mayo entra en vigor de manera provisional el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay). Tras más de 25 años de negociaciones y aunque fuera firmado por los responsables políticos de la UE y los cuatro países latinoamericanos el pasado 17 de enero, el tratado comercial todavía se enfrenta a varios interrogantes que ponen en duda su permanencia.

Por un lado, el acuerdo está aún pendiente de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y de su ratificación por la Eurocámara. Mientras agricultores y ecologistas europeos están pidiendo su abolición, al otro lado del Atlántico, pese a su ratificación, hay disputas entre los cuatro países por la distribución de cuotas de exportación a la UE.

El pasado enero el Consejo Europeo facultó a la Comisión Europea para aprobar la aplicación provisional del acuerdo a partir de la primera ratificación por un país del Mercosur. El 27 de febrero, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció que la UE procedería a la puesta en marcha de forma interina, lo que provocó una ola de protestas por parte de los agricultores europeos.

Von der Leyen ha declarado este jueves que “se ha invertido mucho trabajo para sacar adelante este acuerdo histórico; ahora es el momento de dedicar el mismo esfuerzo a garantizar que nuestros ciudadanos y empresas aprovechen sus beneficios de inmediato. Desde el primer día, se reducen los aranceles y se abren nuevas oportunidades de mercado”.

Desde la Comisión Europea se insiste en que “se espera que el acuerdo incremente las exportaciones agroalimentarias de la UE a la región en un 50%, con los primeros contingentes arancelarios y reducciones que entrarán en vigor. Además, 344 Indicaciones Geográficas europeas, como el Parmigiano Reggiano y el Bordeaux, obtendrán protección jurídica en el Mercosur, evitando su imitación en este mercado de consumo en crecimiento”. Brusela argumenta que “para 2040, se espera que estos beneficios combinados impulsen las exportaciones anuales de la UE a la región del Mercosur en un 39%, hasta alcanzar los 50.000 millones de euros”.

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado que “se trata de una oportunidad que debemos aprovechar para seguir ampliando nuestra presencia en los mercados exteriores”, ya que “permitirá eliminar los aranceles de forma progresiva y llegar a un mercado de más de 260 millones de consumidores”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Económicos, Carlos Cuerpo, destacó que Mercosur abre “un mercado de más de 700 millones de consumidores” y España “respalda esta aplicación provisional desde ya, con estabilidad y reglas claras”, para un acuerdo que, aseguró, “aumenta” la autonomía de Europa en aspectos como la energía o las materias primas.

Pelea por las cuotas en el continente americano

A pesar de las buenas previsiones comerciales para ambos lados del Atlántico, el acuerdo está todavía pendiente de resolver algunas trabas. En la parte del continente americano, los cuatro países aún no se han puesto de acuerdo en cómo se van a repartir las cuotas de exportación, negociadas en bloque con la UE. Bruselas otorgó 21 cuotas a Mercosur para diferentes productos, que van desde carnes a miel, pasando por etanol, azúcar, arroz, azúcar o maíz, pero ahora se las tienen que repartir entre los países.

El ministro uruguayo de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, admitió que con toda probabilidad no se alcanzaría un acuerdo de distribución antes de que entre en vigor el tratado, con lo que los países del cono Sur podrían seguir el sistema por el que el primero que llega es quien accede a la cuota establecida.

La pugna entre los países de Mercosur va a ser tremenda. Oddone advirtió de que “flexibilidad y la capacidad de reacción” a la hora de conseguir las cuotas serán fundamentales para aumentar la competitividad exportadora de Uruguay a corto plazo.

Pendientes en la UE de la decisión judicial

Mientras, en la Unión Europea se está a la espera de una decisión del Tribunal de Justicia de la UE para decidir si el acuerdo comercial cumple con los Tratados de la Unión. Fueron los eurodiputados los que mandaron el acuerdo a los tribunales en un momento en el que la calle estaba encendida por las protestas de los agricultores, que en su mayoría se oponen a esta alianza comercial.

El caso se presentó formalmente el 25 de marzo y se puede alargar hasta un año. Los países miembros y las instituciones de la UE pueden presentar observaciones y habrá una vista oral posteriormente. Con toda esta información, el abogado general de la UE al que le toque el caso hará una interpretación jurídica y finalmente los jueces emitirán la sentencia definitiva.

En caso de que los magistrados europeos sentencien que el acuerdo comercial o algunas de sus partes no cumple con el Derecho de la UE, se tendrá que modificar el documento del tratado, volver a firmarse por los países y ratificar su aprobación por el Parlamento europeo, un proceso que puede suponer meses y meses de retraso.

Pero incluso si el acuerdo comercial cumple con los Tratados de la UE habría que ver qué recibimiento tiene en la Eurocámara. Países como Francia o Polonia se han opuesto públicamente al acuerdo con Mercosur, al igual que varios grupos parlamentarios que van desde las formaciones de ultraderecha a los Verdes o la izquierda. Incluso hay europarlamentarios de los grupos Popular europeo y socialdemócrata que no seguirían la disciplina parlamentaria y votarían en contra.

Rechazo de una parte de agricultores y ecologistas

Las organizaciones agrarias ya anunciaron su total oposición a la aplicación provisional del acuerdo comercial. Asaja ya anunció su rechazo y presentó un informe de auditoría de la Comisión sobre la carne bovina, que concluye que Brasil no ha logrado garantizar que la carne exportada a la UE esté libre de animales tratados con estradiol, una hormona prohibida en el marco europeo. Asaja ha exigido al Gobierno de España que se sume a Hungría y Polonia y que presente un recurso ante el TJUE para suspender cautelarmente el acuerdo.

Mientras, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) definió como “grave irresponsabilidad” la decisión de la Comisión ante “la evidente amenaza que supone para la seguridad alimentaria”. Por su parte, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos criticó la decisión de Bruselas cuando el acuerdo comercial cuenta con el rechazo del sector agrario, la oposición del Parlamento Europeo, las dudas jurídicas sobre su compatibilidad y las críticas surgidas por el mecanismo de gestión, ya que “no tiene garantías suficientes”.

El director general de Cooperativas AgroAlimentarias, Gabriel Trenzado, reconoció a la agencia Efe que “de la noche a la mañana no va a cambiar el comercio, pero hay que ver cómo se van configurando los flujos”, además de resaltar el momento de “incertidumbre” y el “miedo” en las producciones más defensivas frente a una avalancha de importaciones.

Sin embargo, las empresas dedicadas al aceite de oliva, al vino o al queso han celebrado la puesta en marca del acuerdo comercial. España tiene un déficit comercial de alimentos, bebidas y tabaco con Mercosur, con importaciones por 4.069 millones de euros, diez veces superiores a las exportaciones (381,6 millones), según los datos de Economía de 2025.

También se han opuesto organizaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en acción por su impacto climático, ya que podría incrementar la desforestación de grandes zonas en los países americanos y aumentar la sobreexplotación de zonas ya agotadas agrariamente.

Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre minerales críticos. La UE y EEUU han acordado este viernes un plan de acción sobre minerales críticos con la firma de un memorando de entendimiento sobre una asociación estratégica para profundizar en la cooperación en este tipo de materias primas. Los minerales críticos y las tierras raras se han convertido en fundamentales en el nuevo contexto geopolítico, ya que son fundamentales para la industria tecnológica y de defensa. China controla el suministro mundial de metales críticos: representa el 70% de la minería global y el 90% de la capacidad de procesamiento de estos materiales en el mundo.

Ante el control chino de estas materias primas, el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, han formalizado la asociación estratégica entre los dos bloques “para construir cadenas de suministro de minerales críticos seguras y sostenibles”.

China ha utilizado el suministro de materiales críticos como arma geopolítica cuando se ha enfrentado a algunas crisis diplomáticas, como ocurrió en octubre de 2025, con el anuncio del gigante asiático de ampliar las restricciones a las exportaciones de tierras raras y otros materiales críticos tras el deterioro de las relaciones comerciales entre Europa y China con la decisión de la UE de imponer nuevos aranceles a los vehículos eléctricos.

El anuncio chino del freno de la exportación de estas materias primas provocó que la industria europea del automóvil advirtiera del fuerte impacto que puede generar en sus líneas de producción las restricciones chinas, mientras que la empresa holandesa ASML, fabricante europeo de semiconductores, avisó de que se estaba preparando para interrupciones en su producción, según informó Bloomberg.

El acuerdo entre la UE y EEUU contempla la cooperación bilateral a lo largo de toda la cadena de valor —desde la exploración, extracción, procesamiento y refinado hasta el reciclaje y la recuperación—, así como el impulso a la innovación, la inversión y la cartografía geológica.

Además, en la búsqueda de abrir el mercado de minerales críticos y reducir la dependencia de China, Sefcovic y el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, presentaron “un Plan de Acción para la resiliencia de las cadenas de suministro de minerales críticos, que abre la vía hacia una posible iniciativa comercial plurilateral con socios globales”.

Aunque las relaciones comerciales entre la UE y EEUU se han visto golpeadas por la política que ha seguido Donald Trump de aranceles, en el acuerdo firmado por ambas partes se van a estudiar instrumentos para reforzar acciones coordinadas como “precios mínimos ajustados en frontera, mercados basados en normas, subvenciones para cubrir brechas de precios y acuerdos de compra garantizada”.

El primer aniversario del proclamado a bombo y platillo Día de la Liberación Arancelaria deja un balance a medio camino entre el asombro y la inquietud. El experimento proteccionista de la Administración Trump de reconstruir la supremacía industrial de EEUU bajo un nuevo sistema global del comercio ha infringido un parte de siniestros casi total sobre el castigado entramado de intercambio de mercancías, servicios, capitales y trabajadores, Hasta hacerlo, si cabe, todavía más frágil, impredecible e inestable.

El mapa del comercio internacional se ha distorsionado. La imposición de aranceles recíprocos, articulada a través de poderes de emergencia, ha erosionado la credibilidad de EEUU como socio fiable y garante del libre comercio. Porque más que rediseñar el sistema, la versión Trump 2.0 lo ha desordenado.

No tanto como para colapsarlo, porque por las arterias comerciales sigue fluyendo productos y servicios. Pero sí para ralentizar su fluidez. Así lo cree Gary Clyde Hufbauer, experto del Peterson Institute for International Economics, quien subraya que la balanza bilateral americana con sus socios estratégicos apenas cambió en 2025, al tiempo que enfatiza que “esta estabilidad resulta porque se produce en un contexto de aminoramiento del comercio mundial”, señal inequívoca de un deterioro relativo que podría agravarse. “No es una ruptura inmediata, sino una erosión progresiva e ineludible”.

Entre otras razones –aduce– porque las cadenas de valor y suministro globales, profundamente integradas, “no pueden reconfigurarse sin costes significativos” y las empresas –incluso las que han reaccionado con estrategias defensivas como anticipación de pedidos exportadores, desvío de rutas marítimas o presiones para obtener exenciones y ayudas estatales para amortiguar sus impactos a corto plazo– “no podrán evitar ineficiencias productivas” por la interrupción de sus redes de abastecimiento. Y esas anomalías, además, acabarán acumulando gastos innecesarios, precisa. El resultado será un comercio menos transparente, costoso y condicionado por políticas volátiles.

A este escenario se suma la incertidumbre jurídica. La decisión del Tribunal Supremo americano de declarar ilegales los aranceles recíprocos que ha ido forjando a golpe de amenazas coercitivas el líder MAGA, lejos de restablecer la estabilidad, ha abierto un nuevo frente de conflicto. Desde la Casa Blanca se ha respondido al fallo judicial buscando resquicios legales alternativos –desde invocaciones normativas a la seguridad nacional hasta apelaciones a las desventajas comerciales externas– para reconstruir su muro arancelario. De modo que la resolución de los magistrados del Supremo –de marcado signo conservador— ha convertido la política comercial de EEUU en un terreno de disputa permanente entre el poder ejecutivo y los límites legales.

Este cuadro de mando ha conducido a 12 meses en los que la prometida tierra liberada de Trump ha dado paso a un orden comercial caótico. Sin quiebra del transito de mercancías ni decoupling de la globalización en sentido estricto. Pero con reglas incoherentes y polarización geopolítica que se ha acrecentado desde el 2 de abril de 2025.

1. Cuellos de botella crecientes y más agobiantes

En román paladino, ineficiencia inestable. Es la percepción del Nobel de Economía Michael Spence. A su juicio, la fragilidad actual responde a un problema de diseño. Su tesis parte de una verdad incómoda. “La economía mundial no está diseñada para ser resiliente, sino para ser eficiente”. Durante décadas, empresas e inversores han optimizado costes, anulado redundancias y concentrado producción en nodos competitivos que alumbró un sistema “extraordinariamente ágil en condiciones de normalidad comercial, si bien muy vulnerable cuando algo deja de funcionar”. Taras que no necesariamente tienen que ser extraordinarias. Basta con cerrar un estrecho marítimo, con dejar una fábrica esencial fuera de servicio o restringir la exportación de un insumo –o producto– crítico.

El listado de riesgos sistémicos de Spence se refiere a factores que pueden llegar a desencadenar disrupciones en cascada. Desde la energía, hasta los semiconductores o tierras raras, pasando por las infraestructuras digitales. La globalización no ha eliminado los cuellos de botella; tan solo los ha redistribuido y, en muchos casos, los ha intensificado, precisa en Project Syndicate.

En su opinión, la cuestión no es solo técnica, sino económica. La resiliencia es un bien público mal financiado, cuyos beneficios --evitar crisis sistémica-- se reparten entre todos y sus costes --duplicar proveedores, mantener inventarios y sacrificar eficiencia— recaen sobre los actores particulares. En un sistema competitivo, el resultado es predecible porque se invierte poco en resiliencia. “Sin embargo, nadie quiere pagar por un seguro cuyo beneficio principal lo disfrutan otros”, apunta el también profesor emérito de Economía de la Escuela de negocios de Stanford.

2. ¿Corregir desequilibrios? Los aranceles acarrean gastos

Erica York, de Tax Foundation, avisa de que el incremento de la presión arancelaria hasta niveles no vistos desde mediados del siglo XX actúa como un impuesto regresivo al elevar las facturas de hogares y empresas sin que se corrijan con ellos los déficits –comercial y por cuenta corriente-- externos. La persistencia del agujero comercial de EEUU durante el segundo semestre de 2025 y enero pasado evidencia que los aranceles no atacan las heridas económicas profundas vinculadas al ahorro, la inversión y los flujos de capital. Ni acelera la relocalización productiva o el reforzamiento de la seguridad o la autonomía geoeconómica, acredita York. A partir de datos de este think tank que afirma tener como objetivo fundacional el escrutinio de los recursos federales.

En 2025, los aranceles supusieron un coste de alrededor de 1.000 dólares por hogar; en 2026, serán varios cientos adicionales. Para York, “una subida de impuestos, indirecta, pero tangible, en toda regla”. Los cálculos de Tax Foundation revelan que el peaje promedio pasó de una cota del 2% a otra del 8% en el conjunto del año --los aranceles entraron en vigor en agosto--, lo que devolvió a la primera economía global al escenario comercial de entreguerras. Sin reajuste en la balanza comercial y con el peligro añadido de que sus costes más relevantes son acumulativos.

Las reducciones en el dinamismo del PIB, aunque sea de décimas, significa recortes de inversión, pérdida de productividad y, en ultima instancia, de renta familiar e ingresos corporativos. Así como la pérdida de recaudación de 175.000 millones de dólares por parte del Tesoro federal.

3. Desorden global sin seguridad jurídica

Tax Policy Center afirma que EEUU se ha adentrado en un terreno excepcional para una economía avanzada como ha plasmado la corrección del Supremo al invalidar los aranceles impuestos bajo la International Emergency Economic Powers Act. Su resolución no solo redefine los límites del poder ejecutivo, sino que transforma los flujos financieros asociados al comercio en una escala sin precedentes. Porque lo que durante meses fue una fuente de ingresos públicos se convierte ahora en una obligación de devolución masiva. Bajo una lógica aplastante --si los gravámenes son ilegales, el Tesoro no puede retener la cuantía recaudada--, su mandato de rebajar los peajes a la importación y la puesta en liza de mecanismos de compensación automáticos que trasladen la carga al sistema administrativo y judicial, se abre una fase de litigios, procedimientos aduaneros y medidas políticas aún por definir y de recobros inciertos.

Para las empresas, el fallo revela otra balanza de riesgo y oportunidades. Los importadores son los beneficiarios directos de las devoluciones. Pero el acceso efectivo a esos fondos depende de su capacidad para avanzar en un proceso técnico y exigente de revisión de entradas aduaneras, presentación de protestas dentro plazos estrictos y reconstrucción documental de los pagos ya realizados, alertan los bufetes de abogados.

4. Readaptación incierta de las cadenas de valor

Otro análisis, del Centre for Inclusive Trade (CfIT), incide en que las políticas ineficientes como las arancelarias de Trump generan facturas adicionales. Las empresas se adaptan a los cambios con mayor celeridad de lo que los políticos transforman. Ante los gravámenes y las amenazas, han desviado sus rutas, han reetiquetado sus productos, han buscado intermediarios o negociado exenciones, mientras tratan de amoldarse a la doble prima de riesgo, energética y al transporte mercante. El comercio no ha desaparecido, pero ha mutado. Sigue funcionando con más fricción. Los investigadores del CfIT Nicolò Tamberi y Alan Winters aseguran que el impacto más relevante “no es la destrucción del comercio, sino la incertidumbre que lo rodea”, a la que también califican de “impuesto”; en este caso, “particularmente corrosivo”.

Las empresas --dicen-- no solo reaccionan a lo que ocurre, sino a lo que podría ocurrir. Si la política comercial es volátil --aranceles que aparecen, se suprimen o cambian de base legal--, la inversión se ralentiza, las decisiones estratégicas se posponen, la planificación a largo plazo se sustituye por ajustes tácticos y el diagnóstico es un sistema reactivo e ineficiente. A ello se suma un efecto colateral: el sistema multilateral de comercio, con sus reglas, procedimientos y previsibilidad se ha debilitado. Cuando la primera potencia global actúa unilateral y erráticamente, las normas importan menos. Otros mercados como el europeo buscan alternativas en acuerdos regionales de libre comercio -Mercosur, Canadá, India o Australia- para ganar en diversificación y poner parches a su fragmentación. Aunque el comercio “dependerá cada vez más de decisiones de soberanía gubernamental”.

5. Mercancías al ralentí sin gobierno comercial

La OMC acaba de pronosticar su descenso. De un dinamismo del 4,6% en 2025 al 1,9% este año y el 2,6% en 2027. También el de servicios se retraerá hasta el 4,8% en 2026 desde posiciones cercanas ya al doble dígito. Por el agotamiento importador, el impacto en diferido de los aranceles y la incertidumbre comercial. Incluso dibuja un panorama aún más adverso --de medio punto a la baja, hasta el 1,4%-- si el caos arancelario o las tensiones geopolíticas se agudizan. Con un diagnóstico nítido: el comercio global resiste, pero readaptándose constantemente a un entorno menos cooperativo y sus cadenas de valor en estado de mutación. Solo el comercio digital amortigua la desaceleración, así como los flujos ligados a la IA. Dinámicas que operan pese al sistema multilateral, no gracias a él.

La propia OMC admite que la ausencia de represalias ha evitado un deterioro mayor, aunque sin un marco normativo plenamente operativo, difícilmente habrá una regeneración adecuada. Su papel de árbitro y garante del comercio justo está sometido a una crisis de identidad debido a la indiferencia de Trump y a la paralización de sus mecanismos de resolución de disputa. En una época en la que sus estatutos resultan insuficientes para abordar distorsiones contemporáneas como los subsidios masivos, las restricciones tecnológicas o la coerción económica.

El desprestigio de la OMC es tan alarmante con la versión Trump 2.0 que Ignacio García Bercero, del Instituto Bruegel, apunta a una estrategia pragmática, la de reforzar el sistema reglado actual sin esperar a un consenso internacional pleno que combina la defensa de este ente multilateral con la firma de acuerdos globales y regionales en áreas como el comercio digital o instrumentos de facilitación de inversiones y mecanismos alternativos de arbitraje. Una especie de equilibrio inestable en el que los aranceles dejarían de ser meras barreras económicas para convertirse en síntomas de una transición más profunda. Mientras se decide si la OMC continuará o no siendo el arquitecto del comercio mundial o si se idea su reemplazo bajo otro orden mundial.

6. La guerra de Irán atenaza la resiliencia activa

Otra pica sobre el desorden comercial. El cierre del Estrecho de Ormuz no solo ha interrumpido el tránsito de hidrocarburos. También ha colapsado nodos logísticos críticos que conectan Asia, Europa y África. El impacto inmediato se concentra en la energía, cuyo encarecimiento se transmite con rapidez a los costes del transporte y de los alimentos e importa inflación; especialmente a los países crudo-dependientes.

Aunque también en este punto, los daños colaterales son mayores. Las disrupciones de crudo se amplifican a lo largo de cadenas de valor, sobre todo, las asiáticas, donde grandes centros de refinado redistribuyen productos energéticos y petroquímicos a escala global. La perturbación inicial se convierte en una cascada que ahoga los insumos industriales, fertilizantes y bienes intermedios, elevan su producción y erosionan el comercio más allá del sector energético.

El Parlamento Europeo ha dado este jueves su respaldo al acuerdo comercial que firmaron Estados Unidos y la Unión Europea el pasado agosto de 2025, pese a que el comentario general en la Eurocámara es que el tratado comercial es “desequilibrado” para los intereses europeos. La votación ha finalizado con 417 votos a favor, 154 en contra y 71 abstenciones.

Para sacarlo adelante, se han tenido que añadir varias enmiendas, alguna de las que ya se habían aprobado en la Comisión Internacional de Comercio, como una salvaguardia por la que se suspendería el acuerdo en caso de nuevos aranceles estadounidenses, otra de “entrada en vigor” por la que las preferencias arancelarias solo se aplicarán si Trump respeta sus compromisos, donde se ha añadido la reducción por parte de Estados Unidos de los aranceles sobre productos europeos con contenido de acero y aluminio inferior al 50 %, hasta un máximo del 15 %; pero además se han añadido otra que establece que el pacto expirará en marzo de 2028, salvo que ambas partes acuerden prorrogarlo, y un mecanismo de salvaguardia por el que la Comisión tiene la tarea de supervisar el impacto de las nuevas normas y podría suspender temporalmente los nuevos aranceles si las importaciones estadounidenses alcanzaran un nivel que pudiera causar un daño grave a la industria europea, por ejemplo, en caso de un aumento del 10 % en las importaciones de un determinado grupo de productos.

El acuerdo comercial elimina los aranceles sobre cientos de productos industriales y agrícolas estadounidenses, mientras impone un arancel general del 15% sobre la UE, aunque está por ver cuál va a ser la respuesta del presidente de EEUU, Donald Trump, ante su caótica política comercial después de que el Tribunal Supremo de EEUU tumbara sus decisiones sobre aranceles. Estos cambios en la posición de EEUU provocaron numerosos retrasos en la aprobación del acuerdo por parte de la Eurocámara. Ahora el Consejo Europeo tiene que aprobar el acuerdo

Para tratar de defender el acuerdo apareció en la Eurocámara el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ya que Maros Sefcovic, comisario de Comercio se encontraba en Camerún por la conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En su discurso previo, Dombrovskis ha tratado de ensalzar las cualidades de un acuerdo que fue asumido como una humillación en varias capitales europeas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su disconformidad asegurando que respaldaba el acuerdo, “pero sin ningún entusiasmo”.

“No olvidemos la magnitud de lo que está en juego: Estados Unidos sigue siendo, con diferencia, nuestro principal socio comercial y nuestro principal destino de exportaciones. Solo en 2024-2025, se intercambiaron bienes y servicios por valor de 1,7 billones de euros a través del Atlántico. Hemos invertido en las respectivas economías 4,8 billones de euros. En conjunto, nuestro comercio con Estados Unidos representa alrededor del 20 % de nuestro comercio global”, detalló el comisario europeo.

Dombrovskis admitió como “motivo de preocupación” de los miembros de la Cámara “en lo relativo a los aranceles sobre el acero y el aluminio, y sus productos derivados” y por la obtención de “garantías sobre el compromiso de Estados Unidos de respetar el acuerdo, así como la necesidad de salvaguardias en caso de que sus términos sean vulnerados”.

Durante el debate se exigió que Estados Unidos aclare cómo reducirá el arancel del 50% sobre cientos de productos que contienen acero y aluminio, una cuestión que los europarlamentarios han insistido en que se tendría que definir para que el acuerso saliera adelante.

Pero a pesar de los temores, el comisario pidió que “a pesar de estas preocupaciones legítimas, una verdad permanece: nuestros intereses económicos exigen que avancemos”. Dombrovskis llegó a decir: “debemos demostrar buena fe por nuestra parte si queremos recibir buena fe a cambio”, lo que provocó cierto revuelo entre los eurodiputados ante las amenazas y cambios de posturas continuas de Trump respecto a Europa. Para apaciguar el graderío, el comisario puntualizó que “aunque seguiremos esforzándonos por mantener relaciones constructivas y evitar la volatilidad, no cerraremos los ojos ante ningún riesgo para nuestros intereses. La Comisión se mantendrá vigilante, preparada para defender los intereses europeos siempre que sea necesario. Estamos siguiendo de cerca las investigaciones estadounidenses en virtud de la Sección 301, que podrían sustituir la base jurídica de los aranceles estadounidenses”.

El Parlamento Europeo ya había dado un primer paso para aprobar el acuerdo comercial entre EEUU y la Unión Europea, pero había añadido dos cláusulas ante los cambios de posición constantes del presidente de EEUU en su política de comercio exterior. Las enmiendas no gustaron en EEUU. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Andrew Puzder, aseguró que si la UE no quiere perder el acceso “favorable” a los contratos con las empresas estadounidenses de Gas Natural Licuado (GNL) tenía que aprobar el acuerdo comercial firmado entre Ursula Von der Leyen y Trump sin enmiendas ni cambios.

El eurodiputado socialdemócrata Bernd Lange, ponente en la Eurocámara del documento de acuerdo, señaló que “las condiciones están claramente definidas en la posición del Parlamento. Incluyen una cláusula de entrada en vigor (”sunrise clause“) que exige el cumplimiento total por parte de Estados Unidos antes de que el reglamento pueda aplicarse, y una cláusula de caducidad (”sunset clause“) que garantiza la supervisión parlamentaria completa de cualquier extensión de las concesiones, manteniéndose siempre conforme a la normativa de la OMC. Cualquier nueva amenaza arancelaria o el incumplimiento del acuerdo en beneficio de los productores y consumidores europeos provocará la caducidad de la legislación”.

La Unión Europea sigue ampliando su red de acuerdos comerciales La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, han firmado este martes un acuerdo comercial por el que se eliminarán 1.000 millones de aranceles a los productos europeos. Además de la vertiente comercial, el acuerdo incluyen la colaboración en aspectos como la industria de defensa, la ciberseguridad y la seguridad económica, así como la lucha contra el terrorismo.

Ante la incertidumbre que está provocando la política comercial de Donald Trump, la UE está forjando alianzas comerciales alrededor del mundo para reducir la dependencia de Estados Unidos. Este lunes, la Unión Europea notificó a los países del Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay) la aplicación provisional desde el 1 de mayo del acuerdo comercial que firmaron con la UE. A finales de enero, se cerró el que se definió como “la madre de los acuerdos comerciales” entre la India y la UE y se han firmado otros tratados con México o Indonesia.

Con este acuerdo la Comisión espera que las exportaciones de la Unión Europea aumentarán un 33% a Australia durante la próxima década, alcanzando los 17.700 millones de euros anuales. Los principales sectores beneficiados serán la industria del automóvil, el químico y el lácteo.

En un mundo donde el comercio se ha convertido en un arma, solo hay que ver los aranceles de Donald Trump, tanto Europa como otras zonas del mundo buscan diversificar las relaciones comerciales. Von der Leyen en su discurso de firma del tratado con el primer ministro de Australia ha señalado que “otra de las realidades que este nuevo mundo nos ha mostrado es que las dependencias pueden convertirse en armas. Australia lo sabe muy bien. Europa también se ha visto afectada por sus dependencias, no solo del suministro energético ruso, sino también por su dependencia de importaciones de un único proveedor”.

La presidenta de la Comisión no nombró a Estados Unidos en su discurso, pero sí colocó a China como ejemplo a batir. “No podemos ni vamos a absorber el modelo de crecimiento impulsado por las exportaciones de China ni su sobrecapacidad industrial. El año pasado, todos y cada uno de los Estados miembros de la UE registraron un déficit comercial con China. Tanto la amenaza a la seguridad de nuestras cadenas de suministro como el impacto sobre nuestra base industrial requieren respuestas urgentes. Son respuestas que solo podemos diseñar juntos.Tanto para Europa como para Australia, gestionar adecuadamente la relación con China es un imperativo estratégico. Por eso será crucial dar vida a nuestra asociación en minerales críticos para lograr el éxito. No podemos depender en exceso de un solo proveedor para insumos tan esenciales. Y precisamente por eso nos necesitamos mutuamente”, ha argumentado Von der Leyen.

Las negociaciones comerciales entre la UE y Australia comenzaron en 2018 pero fracasaron en 2023 ante la incapacidad de ambas partes por ponerse de acuerdo respecto a productos agrícolas. En junio de 2025, con las amenazas arancelarias de Trump se optó por ambas parte el relanzamiento de las negociaciones.

En esta ocasión se ha solventado el problema permitiendo que Australia exporte 30.600 toneladas de carne de vacuno al año, de la que el 45% tendrá un impuesto transfronterizo del 7,5% y el resto no pagará nada. También habrá cuotas para cordero (25.000 toneladas), azúcar (35.000 toneladas) y arroz. Además, quedan protegidos 165 productos alimentarios europeos y 237 bebidas espirituosas. Las dos partes también acordaron modernizar el acuerdo sobre el vino, con la suma de 50 nuevas denominaciones, que incluye el prosecco, lo que ha sido asumido por una victoria por Bruselas. El acuerdo puede volver a soliviantar a los ganaderos europeos que ya se han movilizado por el acuerdo de Mercosur.

La UE está también muy interesada en este acuerdo por el acceso que le permite a minerales críticos y tierras raras, un mercado que ahora China copa prácticamente en su totalidad y que es fundamental para la industria tecnológica, automovilística o de defensa. Australia es clave en minerales como litio y manganeso.

Nuevas amenazas comerciales de EEUU contra Europa. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Andrew Puzder, ha asegurado este lunes que si la UE no quiere perder el acceso “favorable” a los contratos con las empresas estadounidenses de Gas Natural Licuado (GNL) tiene que aprobar el acuerdo comercial firmado entre Ursula Von der Leyen y Donald Trump sin enmiendas ni cambios.

El tratado comercial, que firmaron Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en el resort de lujo propiedad del presidente de EEUU en Escocia, se tiene que ratificar en la Eurocámara. Hay dudas de que los europarlamentarios lo lleven finalmente al pleno de esta semana ante la incertidumbre que ha provocado el presidente de EEUU, Donald Trump, con su caótica política comercial una vez que el Tribunal Supremo de su país tumbó los aranceles que impuso a numerosos países del mundo.

“No sé qué pasará con respecto a la energía si no siguen adelante con el acuerdo. Si Turnberry no se implementa, volvemos al punto de partida. No estoy seguro de hacia dónde vamos. Creo que Estados Unidos seguirá queriendo hacer negocios con Europa, pero los términos podrían no ser tan favorables. El entorno ciertamente no será tan favorable. Y… hay otros compradores disponibles”, ha declarado Puzder al Financial Times.

La votación se ha retrasado varias semanas en la Eurocámara por las amenazas de Trump por anexionarse Groenlandia o la incertidumbre que provocó el presidente estadounidense anunciando nuevos impuestos fronterizos tras la decisión judicial que tumbó su política comercial de aranceles. El comisario europeo de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, pidió a los eurodiputados que tratarán de aprobar el tratado ciñéndose a lo acordado en “la declaración conjunta de Turnberry”. Los parlamentarios europeos ya añadieron alguna dos enmiendas al acuerdo comercial: una por la que se suspendería el acuerdo en caso de nuevos aranceles estadounidenses y otra de “entrada en vigor” por la que las preferencias arancelarias solo se aplicarán si Trump respeta sus compromisos.

En el acuerdo comercial, que en algunas capitales europeas se definió como “humillante” para los intereses de la UE, está incluido el desembolso de 750.000 millones de dólares por parte de Europa en la compra de productos energéticos estadounidenses hasta 2028. Entre esos productos estarían los contratos de GNL, pero también hay de adquisición de petróleo y de tecnología nuclear para uso civil.

Amenaza con los mercados energéticos tensionados

La nueva amenaza de EEUU llega cuando los mercados energéticos están fuertemente tensionados por la guerra de Irán que comenzaron Estados Unidos e Israel. Precisamente, la Comisión Europea indicó este lunes que no teme por la seguridad energética de la UE, pero pidió a los 27 Estados miembros a comenzar a aumentar las reservas de gas ante la crisis energética en el Golfo.

“Teniendo en cuenta la volatilidad de los mercados derivada del conflicto en Oriente Medio, la Comisión Europea insta a los Estados miembros a iniciar de forma coordinada la temporada de llenado de gas y los preparativos de cara al próximo invierno”, ha señalado un portavoz de la Comisión en el encuentro diario con los periodistas.

La guerra de Irán ha vuelto a poner sobre la mesa la fuerte dependencia de los combustibles fósiles por parte de la UE. En el último Consejo Europeo, celebrado el pasado jueves 19 de marzo, los 27 países de la UE convergieron en que “los recientes picos en los precios de los combustibles fósiles importados demuestran que la transición energética sigue siendo la estrategia más eficaz para lograr la autonomía estratégica de Europa” y “reducir estructuralmente los precios de la energía”, de manera que “acelerar el despliegue e integración de fuentes de energía renovables y de baja emisión de carbono, así como del almacenamiento energético, es esencial para reducir la dependencia de los volátiles mercados de combustibles fósiles y mejorar la seguridad del suministro”. Ahora bien, es un proceso largo y no todos los países europeos siguen el mismo camino para lograr la soberanía energética.

Lo que no parece extraño, es que Estados Unidos no solo ha desestabilizado el mercado energético, sino que parece querer sacar provecho del incremento de precios y la escasez que se empieza a vislumbrar en los mercados. Solo un 10% del GNL que se transportaba por el estrecho de Ormuz se dirigía a Europa, pero el cierre de instalaciones en Catar y otros países del Golfo han provocado un incremento de precios que afecta a todo el sistema energético.

“Pensé que los europeos deberían haberse comprometido con un billón de dólares en energía, porque no era solo una promesa de que comprarían esta energía, era un compromiso de que se la venderíamos. Si van a sobrevivir económicamente, necesitan energía, y nosotros podemos suministrarla. Nos gustaría tener el tipo de relación que nos incentive a hacerlo”, ha comentado Puzder.

El embajador de EEUU en la UE no solo quiere que los europeos le compren solo el gas a Estados Unidos. Puzder también pretende que Bruselas cambie la ley europea que obliga a las empresas vendedoras de GNL a que publiquen sus emisiones de metano antes del 1 de enero. Ante la imposibilidad de las compañías de EEUU de cumplir la normativa, Puzder ha solicitado su modificación con el argumento de que “aumentaría los costos de combustible”.

El Parlamento Europeo ha dado un primer paso para aprobar el acuerdo comercial entre EEUU y la Unión Europea pero han añadido dos cláusulas ante los cambios de posición constantes del presidente de EEUU, Donald Trump, en su política de comercio exterior. La Comisión Internacional de Comercio ha añadido dos salvaguardas por la que se suspendería el acuerdo en caso de nuevos aranceles estadounidenses y otra de “entrada en vigor” por la que las preferencias arancelarias solo se aplicarán si Trump respeta sus compromisos.

“Las preferencias arancelarias para los productos estadounidenses solo serán efectivas cuando los compromisos acordados en Turnberry sean efectivamente respetados por la parte estadounidense”. El Parlamento Europeo ha dado el primer paso para la aprobación de acuerdo comercial con Estados Unidos, pero el caos de la política comercial que ha puesto en marcha el presidente de EEUU, Donald Trump, tras la decisión del Tribunal Supremo de tumbar sus aranceles, ha hecho que los europarlamentarios añadan una cláusula al acuerdo en el que exigen su cumplimiento tal y como se firmó o los productos estadounidenses se verán afectados por tasas fronterizas más altas.

El ponente del Parlamento para este expediente, el socialista alemán Bernd Lange, ha comentado que “se ha alcanzado una amplia mayoría en torno a un texto sólido que pretende aportar estabilidad, equidad y firmeza a nuestra relación comercial con Estados Unidos. Nuestro mensaje es claro: no tomaremos ninguna decisión final sin claridad. El Parlamento pretende mantenerse al mando y tener la última palabra sobre la aplicación del acuerdo”.

“Estábamos preparados para votar en enero, pero las amenazas de EEUU contra Groenlandia y la incertidumbre causada por la respuesta de la administración estadounidense a la sentencia del Tribunal Supremo nos han obligado en dos ocasiones a posponer la votación”, ha comentado Lange.

Tras la decisión del Tribunal Supremo de EEUU de tumbar los aranceles que planteó Trump, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, propuso recientemente investigaciones sobre los principales socios comerciales de Washington, incluidos la UE y China, con el objetivo de sustituir los llamados aranceles recíprocos, según publicó Bloomberg.

En caso de que las investigaciones diesen lugar a nuevos gravámenes contra la UE, que todavía no ha recibido la respuesta de la Administración Trump de que se va a garantizar el acuerdo comercial previo, la Comisión Europea ya anunció que contraatacará “con firmeza y de forma proporcionada”.

Las amenazas por Groenlandia o los avisos a España pesan todavía mucho en las capitales europeas. Los europarlamentarios han dejado claro “que cualquier arancel impuesto a la UE o a uno de sus Estados miembros debido a sus decisiones de política exterior es inaceptable”. En este sentido, la eurocámara “ha reforzado la cláusula de suspensión. Si se materializaran tales aranceles, suspenderíamos inmediatamente el trabajo legislativo que aplica las preferencias arancelarias a los productos estadounidenses. Las amenazas arancelarias contra uno de nosotros son una amenaza contra todos”.

En este sentido, los parlamentarios europeos ha querido dejar claro que “si EEUU decide aumentar los actuales aranceles de la Sección 122 del 10% al 15% de forma generalizada [Trump se basó en este punto de la legislación estadounidense para mantener los aranceles tras la decisión del Supremo], la mayoría de los productos de la UE estarían sujetos a un arancel efectivo superior al límite del 15% debido a la adición del arancel de la Nación Más Favorecida. Esto también sería inaceptable y daría lugar a la suspensión de nuestro trabajo sobre estos expedientes”.

Los miembros de la Comisión Internacional de Comercio también han avalado que se cumpla como criterio, antes de que el reglamento entre en vigor, “la reducción de los aranceles sobre productos de la UE que contienen menos del 50% de acero o aluminio, pasando del 50 % al 15 %”.

“Este nuevo conjunto de condiciones complementa el texto ya negociado y acordado por los negociadores del Parlamento, que abarca las denominadas cinco ‘S’: una solución específica para el acero y el aluminio, una cláusula de expiración (sunset), una disposición de statu quo (standstill), un mecanismo de salvaguardia y un artículo de suspensión reforzado”, ha comentado el ponente del Parlamento.

La guerra de EEUU e Israel contra Irán prosigue sin un fin en el horizonte. Donald Trump vacila entre anunciar una conclusión en breve plazo, como en las primeras horas del ataque, a decir después que llevará “semanas”, a manifestarse este miércoles con total inconcreción. “La mayoría de la gente dice que la victoria ya está asegurada. Es solo cuestión de tiempo. ¿Cuándo nos detendremos? No queremos permitir que resurjan”, se preguntaba a sí mismo, en una nueva muestra de su improvisación permanente.

Irán sigue, mientras tanto, respondiendo con ataques a objetivos estadounidenses ubicados en territorio de sus aliados del golfo Pérsico, al tiempo que restringe hasta el bloqueo casi total el tráfico de mercancías por el estrecho de Ormuz.

Los ataques iraníes a barcos mercantes en la zona se suceden. Los últimos de los que se tiene constancia, alcanzaron a dos petroleros en aguas iraquíes y un portacontenedores en Emiratos Árabes Unidos, según informó el jueves por la mañana la agencia británica de operaciones comerciales marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés).

El último informe del Institute for the Study of War, un think tank estadounidense que realiza un seguimiento periódico de los sucesos sobre el terreno, deduce que Irán probablemente pretende mantener la capacidad de amenazar, dificultar y controlar selectivamente el tráfico sobre el estrecho, pero sin minarlo extensivamente —solo ha instalado menos de una decena de artefactos explosivos en las aguas— para poder dar salida a sus propios petroleros.

El mapa muestra como los impactos se extienden por todos los países de la región, con especial concentración en Emiratos Árabes, Qatar y Baréin.

A dos días de que la guerra entre en su tercera semana, los beligerantes adaptan su táctica. Irán, permanentemente golpeada, ha reducido drásticamente desde el lunes el número de drones que lanza. Si hasta el 8 de marzo se habían registrado diariamente más de un centenar de ataques de este tipo, en los tres primeros días de la semana la cifra por jornada no ha superado los 20. Los misiles balísticos y de crucero también han descendido.

El ISW destaca, en este sentido, que las defensas áreas de los países del golfo aguantan lo suficiente para que los misiles balísticos no las puedan penetrar con garantías.

EEUU e Israel continúan, mientras tanto, bombardeando Teherán y el noroeste de Irán, donde se concentra la población de la minoría kurda. Una de las posibilidades que los agresores habían esgrimido es que una revuelta kurda, apoyada por los grupos armados establecidos al otro lado de la frontera con Irak, hiciese zozobrar al régimen. Pero de momento no han trascendido grietas en la estructura del régimen, que dice apostar porque la guerra se alargue y que ha elegido como sucesor del ayatolá Ali Jamenei a su hijo Mojtaba, partidario de la línea dura.

Tras numerosos retrasos, presiones de sectores industriales y de las capitales por los diferentes intereses económicos que defiende cada país, la Comisión Europea ha lanzado este miércoles la Ley de Aceleración Industrial (IAA, por sus siglas en inglés) que introduce requisitos “específicos y proporcionados” de “Hecho en la UE” y de bajas emisiones de carbono para poder acceder a la contratación pública y conseguir apoyo público. El gran objetivo global es que el peso de la industria manufacturera alcance al menos el 20% del PIB de la Unión Europea para el año 2035. También es “proteger a las empresas europeas de la competencia desleal”, especialmente de China, y fortalecer al sector industrial frente a la caótica política comercial de Donald Trump.

Por ejemplo, para acceder a ayudas públicas o licitaciones a los seis meses de la aprobación de la norma el 70% de los componentes de un vehículo eléctrico, menos la batería, tienen que haber sido fabricados en la UE, mientras que a los tres años de la Ley en vigor, los inversores y las celdas de los paneles solares deben ser europeas.

“Ante una incertidumbre global sin precedentes y una competencia desleal, la industria europea puede confiar en las disposiciones de esta Ley para impulsar la demanda y garantizar cadenas de suministro resilientes en sectores estratégicos. Creará empleo al orientar el dinero de los contribuyentes hacia la producción europea, reduciendo nuestras dependencias y fortaleciendo nuestra seguridad y soberanía económica”, ha explicado Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial en la Comisión Europea.

La IAA afecta a la industria manufacturera, pero toca especialmente a los sectores de uso intensivo de energía, toda la cadena de valor del automóvil y las tecnologías de cero emisiones. De esta manera, se introducen requisitos de bajas emisiones de carbono para el acero utilizado en la automoción y la construcción, mientras que los criterios de “Hecho en la UE” y de bajas emisiones se aplican al cemento empleado en la construcción y al aluminio utilizado en la automoción y en la construcción, cuando estén sujetos a contratación pública u otras formas de intervención pública.

En el caso de las tecnologías de cero emisiones, la Ley establece requisitos de “Hecho en la UE” para baterías, sistemas de almacenamiento de energía en baterías, energía solar fotovoltaica (PV), bombas de calor, energía eólica, electrolizadores y tecnologías nucleares, cuando estén sujetos a determinados procedimientos de contratación pública, subastas y regímenes de apoyo. Asimismo, introduce disposiciones de “Hecho en la UE” para los vehículos eléctricos (VE) y sus componentes.

Requisitos europeos para la contratación pública

La contratación pública representa aproximadamente el 15% del PIB de la Unión Europea, es decir, se trata de una “herramienta estratégica esencial para prevenir dependencias críticas y fortalecer las cadenas de suministro de la industria europea”, traducido: no era viable que empresas fuera de la UE se beneficiaran de contratos públicos de países europeos sin fabricar en la UE ni con productos europeos.

Así, la medida propone que las autoridades podrán excluir de las contrataciones públicas las ofertas presentadas por operadores económicos que sean propiedad o estén controlados por entidades establecidas en terceros países que no hayan celebrado un acuerdo internacional con la Unión que garantice el acceso recíproco.

Para que la norma no choque con la estrategia de la UE de aprobar acuerdos comerciales con nuevos países para reducir la dependencia de EEUU y China, como regla general, los productos de terceros países pueden considerarse equivalentes al “origen de la Unión” si provienen de países con los que la UE tiene un acuerdo de libre comercio, una unión aduanera o si son partes del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC.

A pesar de estas excepciones, la Comisión Europea se reserva el derecho de excluir a un tercer país si no ofrece un trato recíproco y equitativo a los productos o entidades de la UE, al igual que la Comisión podrá justifica la exclusión de una compañía para evitar dependencias o cualquier situación que amenace la seguridad de suministro dentro de la UE.

Además, se deben incluir especificaciones técnicas mínimas y obligatorias que exijan el origen de la UE y/o bajas emisiones de carbono para la adquisición de bienes o servicios en sectores estratégicos (almacenamiento de baterías, energía solar fotovoltaica, bombas de calor, tecnologías eólicas, electrolizadores y fisión nuclear).

Ahora bien, para asegurar que esta medida no restrinjan artificialmente la competencia ni generen costes inasumibles, las autoridades pueden decidir de forma excepcional no aplicar los requisitos de origen y bajas emisiones si se cumple que los productos o servicios requeridos solo pueden ser suministrados por un operador y no existe una alternativa; si no se presentaron ofertas adecuadas en un procedimiento de contratación pública similar lanzado en los dos años anteriores; si aplicar el requisito obliga a la autoridad a adquirir bienes o servicios con un coste excesivo (el coste es desproporcionado si la diferencia de precio supera el 20%) y si el uso de esos productos europeos genera incompatibilidades técnicas en la operación o mantenimiento del proyecto (por ejemplo, si compromete los requisitos básicos de obras de construcción o infraestructuras).

Exigencias por sectores y productos con fechas

La ley establece requisitos estrictos de origen y sostenibilidad para acceder a contratos públicos y esquemas de apoyo según sectores y productos:

Acero: se requerirá un 20-25% de acero bajo en carbono en obras públicas y construcción automotriz.

Cemento y Aluminio: se exige un 25% de contenido bajo en carbono para enero de 2029.

Vehículos Eléctricos y Híbridos: A los seis meses de vigencia de la norma el 70% de los componentes deben ser de origen UE, salvo las baterías, cuyas celdas y al menos tres componentes tienen que se fabricados en Europa. A los tres años, se eleva el requisito a cinco componentes de la batería (incluyendo el material activo del cátodo) y además, dentro del 70% del resto de componentes, el 50% del tren motriz eléctrico y la mitad de la electrónica debe ser europeo.

Sistemas de almacenamiento de baterías: Hasta el tercer año el sistema de almacenamiento debe ser de la UE. Si el proyecto supera 1 Megavatio-hora (MWh), el sistema de gestión de la batería también debe ser europeo. A partir del tercer año, el sistema, las celdas de la batería, el sistema de gestión de la batería, más un componente principal específico adicional deben tener origen en la UE.

Energía solar: el objetivo es relocalizar componentes críticos como el inversor (dispositivos electrónicos críticos que transforman la corriente), que representa el 10% del precio de un panel. A los tres años, los inversores y las celdas de los paneles solares deben ser europeas.

Energía nuclear: A los cuatro años se la aprobación de la ley tendrán que tener dos componentes de fabricación europea y a los seis años, tres componentes.

Energía eólica: un año después de aprobar la norma, un componente de la turbina eólica tiene que haber sido fabricado en Europa y a los tres años, dos componentes.

Bombas de calor: A los tres años de la aprobación de la norma el producto final debe ser fabricado en europa.

Electrolizadores: al año de la vigencia de la ley, el producto final, el stack (núcleo central del equipo) u un componente tienen que haber sido fabricados en Europa, mientras que a los tres años además del producto final y el stack deberá llevar dos componentes de fabricación europea.

Control de la inversión extranjera

La medida también pretende evitar que las inversiones de terceros países extraigan el valor añadido y la tecnología de la UE. Para ello se imponen condiciones estrictas a las inversiones extranjeras superiores a 100 millones de euros en sectores estratégicos emergentes (baterías, vehículos eléctricos, energía solar y materias primas críticas).

En caso de que el inversor provenga de un país que controle más del 40% de la capacidad mundial de fabricación en ese sector (un punto dirigido especialmente a China, por su control del 70% de la extracción y el 90% de la producción de tierras raras y minerales críticos, entre otros sectores estratégicos), la inversión solo se aprobará si cumple estas condiciones: el inversor extranjero no podrá poseer más del 49% del capital ni tener el control exclusivo; la inversión deberá realizarse a través de empresas conjuntas (joint ventures) con socios europeos; se exigirá la concesión de licencias de propiedad intelectual y transferencia tecnológica a la empresa europea; se debe mantener el compromiso de adquirir al menos el 30% de los insumos o materias primas dentro de la UE; al menos el 50% de los trabajadores contratados deberán ser de la UE y se exigirá que un mínimo el 1% de los ingresos anuales brutos se dediquen a inversión local en I+D.

La pugna entre los países

Mientras que Francia ha empujado para que la norma sea lo más estricta posible y alcance al mayor número de sectores de manera que las ayudas económicas y las licitaciones públicas solo lleguen a compañías europeas que trabajan con productos europeos, Alemania ha tirado para reducir la ambición de la norma, especialmente por su industria automovilística, que se nutre de componentes de fuera de la Unión Europea.

La norma también causa recelos entre los países pequeños de la UE (Chequia, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Malta, Portugal y Suecia), que han mostrado públicamente su resquemor por una propuesta que temen pueda beneficiar a las grandes corporaciones de los mayores países de la UE frente a sus compañías más pequeñas y que buscan proveedores más baratos en países fuera de la UE.

Millones de euros de beneficios

La medida, que aún tiene un largo recorrido legislativo y puede ser modificada en varios aspectos, podría generar más de 600 millones de euros de valor adicional en las industrias del acero, el aluminio y el cemento de aquí a 2030 con el impulso la demanda de productos con bajas emisiones de carbono y hasta 10.500 millones de euros en toda la cadena de valor del sector automovilístico, según la Comisión Europea.

Bruselas aspira que la nueva medida ayude a crear decenas de miles de empleos, incluidos 85.000 en proyectos de baterías y 58.000 en la fabricación de energía solar. Además, insiste en que “se protegerán los puestos de trabajo existentes en el acero, el aluminio y el cemento durante la transición de estos sectores hacia una producción más limpia”.

Por otro lado, la digitalización de los procesos de concesión de permisos permitirá un ahorro administrativo de hasta 240 millones de euros para el conjunto de las industrias manufactureras europeas. Se espera que la Ley permita ahorrar 30,58 millones de toneladas de dióxido de carbono en las industrias de uso intensivo de energía (acero, cemento y aluminio), así como en los sectores de baterías y componentes de vehículos.