La Guardia Civil llevó a cabo un lunes de octubre de 2014 una de las mayores operaciones contra la corrupción de la historia de España. Se registraron de forma simultánea ayuntamientos, domicilios particulares y sedes de empresas. Los detenidos superaron la treintena. Entre ellos, el que había sido ‘número dos’ de la presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, Francisco Granados, la persona más relevante entre los detenidos y la que da nombre al caso: Púnica Granatum es el nombre del árbol en latín.

Más de una década después, se han formalizado dos condenas, algunas ramificaciones quedaron archivadas, hay cuatro pendientes de juicio y otra en la fase de interrogatorios. La última vista oral se inició la semana pasada, cuando la Audiencia Nacional acogió la primera sesión del juicio por lo que se considera el mayor pelotazo de la trama. 

36 personas, entre ellos nueve exalcaldes de PP y el PSOE, se sientan en el banquillo por las presuntas comisiones que recibieron por adjudicar a la multinacional Cofely contratos de eficiencia energética por valor de 224 millones de euros. De ellos, dos admitieron en el primer día de juicio su implicación en la trama: el exregidor socialista de Parla, José María Fraile; y el de una agrupación vecinal de Serranillos del Valle (Madrid), Antonio Sánchez. Otros dos exalcaldes del PP están estudiando la propuesta de acuerdo de la fiscalía —Gonzalo Cubas (Torrejón de Velasco) y Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio)—, mientras los cinco restantes, también del PP, han declinado por ahora un pacto con el que amortiguar las altas condenas a las que se exponen. Algunos de esos alcaldes llegaron a pedir comisiones ilegales de medio millón de euros, según Anticorrupción. 

Aunque no se sienta en el banquillo en esta causa, este juicio ha vuelto a poner el foco sobre la figura de Granados. Estrecho colaborador de Aguirre, Granados llevaba unos meses fuera de la política cuando fue detenido por este caso. La razón de su renuncia había sido la publicación de que había ocultado 1,5 millones de euros en una cuenta en Suiza. La revelación de las autoridades helvéticas hizo elevar las sospechas sobre él, lo que acabó desencadenando toda la operación. Una década después, Granados tiene al menos cuatro juicios pendientes relacionados con diferentes ramificaciones del caso. En uno de los registros se encontró un millón de euros en un altillo del armario en casa de sus suegros que Granado acabó reconociendo como suyo.

El estallido de Púnica hizo aflorar una red de corrupción que atravesaba una docena de municipios en Madrid, León, Murcia y la Comunitat Valenciana con adjudicaciones millonarias manipuladas a favor de determinados empresarios y con la financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre de fondo. La expresidenta estuvo imputada durante tres años, aunque la acusación finalmente se archivó porque el juez Manuel García Castellón —con el apoyo de la Fiscalía— sostuvo que a pesar de que considera que su partido financió de manera irregular las campañas de 2007, 2008 y 2011, no hay pruebas de que ella estuviera al tanto de esas ilegalidades. Por esa ramificación del caso, que está pendiente de juicio, sí se sentarán en el banquillo su secretario general Granados y otros de sus antiguos colaboradores, el exgerente Beltrán Gutiérrez. 

La operación que desarticuló esta trama de corrupción también sacó del anonimato a David Marjaliza, un constructor amigo de Granados, supuesto conseguidor de la trama y que lleva una década colaborando con la Justicia. Lo volvió a hacer la pasada semana, cuando su abogado, el penalista José Antonio Choclán, recordó que comenzó “su colaboración desde los primeros momentos de la causa, incluso cuando se encontraba en situación de secreto sumarial”, informa Europa Press. 

224 millones de euros en contratos amañados

El empresario que reconoció haber quemado carros de la compra llenos de documentación comprometedora -por indicación de Granados que le recomendó prenderle fuego “un día de niebla”, es el protagonista de esta ramificación del caso que ahora juzga la Audiencia Nacional. Por el momento, él y otros doce acusados han reconocido los hechos. Según el auto con el que el juez dio por cerrada la instrucción, la empresa de eficiencia energética Cofely había acordado con Marjaliza que le pagaría “una cuota fija de 1.500 euros al mes y una parte variable hasta un máximo de 155.000 euros” por sus labores de conseguidor de esos contratos a cambio de sobornos a alcaldes, ediles y técnicos.

Para el período 2014-2015 estaba prevista una retribución de hasta 5,5 millones que fue abortada por la operación judicial. La investigación también acreditó que después la compañía trazó un plan para recuperar lo invertido en esas dádivas con sobreprecios en los contratos. En muchos casos, este ambicioso plan no fue viable por la insolvencia de los ayuntamientos y el reparo de algunos interventores, dice la resolución del juez. 

Esta es la cuarta ramificación del caso que llega a juicio. La primera fue la relativa al 'chivatazo' que un guardia civil dio a Granados sobre las investigaciones a las que estaba siendo sometido. La Audiencia Nacional impuso dos años de cárcel al que fuera colaborador de Aguirre al entender que esa revelación originó un grave daño a la investigación policial. Le permitió, por ejemplo, tomar ciertas cautelas, como ocultar el millón de euros en la vivienda de sus suegros como luego se comprobó en los registros judiciales. También fueron condenados los agentes que le dieron el soplo. 

La segunda en juzgarse fue la llamada rama leonesa de la Púnica, en la que se investigaron los contratos de reputación personal online acordados por la Diputación de León para la que fuera su presidenta Isabel Carrasco y su sucesor Marcos Martínez Barazón, así como otra serie de contratos adjudicados a las empresas del empresario Alejandro de Pedro.

La Audiencia Nacional absolvió a los acusados de los delitos más graves, aunque recibieron condenas menores de inhabilitación. Por otro lado, el pasado enero se celebró el juicio por la derivada de la trama en la Región de Murcia, donde también se abordó el uso de dinero público para pagar a este mismo empresario por campañas de lavado de imagen en internet en favor de políticos. 

La que no llegará a juicio es la línea de investigación sobre estos trabajos de reputación online de los que se beneficiaron cargos del PP de la Comunidad de Madrid. El juez Manuel García Castellón archivó en octubre de 2023 la pieza que investigaba el pago con dinero público por parte de políticos del PP a empresas que promocionaban su figura con trabajos en internet de discutible ética.

El juez argumentó que era imposible “disociar” la figura del político del cargo que este ejerce en la administración, en el marco de la cual adopta medidas que afectan al ciudadano y que este tiene derecho a conocer. Con este paraguas recibió luz verde judicial la creación de periódicos zombis para inundar la red de propaganda de cargos públicos y que eso lo sufraguen los ciudadanos. Entre ellas, estaba la entonces consejera de Educación de Madrid Lucía Fígar, que contrató a esas empresas para sepultar las noticias sobre el cheque guardería que había recibido ella misma para afrontar los gastos de escolarización de su hija.

Cuatro piezas pendientes de juicio

Entre las causas pendientes de señalar juicio hay al menos cuatro que afectan a Granados. Además de la citada sobre la financiación irregular del PP de Madrid, está la que se centra en los contratos irregularmente adjudicados a empresas ligadas a Marjaliza en Valdemoro y Torrejón de Velasco, entonces gobernadas por el Partido Popular, y Serranillos del Valle, localidad entonces en manos de un partido independiente. La trama se quitó el corsé del ladrillo y se lanzó a captar el máximo de servicios posibles: el estacionamiento regulado, la recogida de ropa usada, la explotación de cafeterías, aparcamientos, pistas de pádel, los comedores escolares, la grúa municipal e incluso la asistencia jurídica del consistorio.

Asimismo, está lista para que se celebre el juicio la ramificación sobre las supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público en la Comunidad de Madrid a través de la empresa regional Arpegio y en las infraestructuras de la entidad de Infraestructuras del Transporte de Madrid (Mintra). El juez propuso sentar en el banquillo a Granados y a otras 42 personas. Además, el que fuera colaborador de Aguirre también será juzgado en la pieza en la que se investigó el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos para fiestas municipales a través de la empresa Waiter Music.

El juez ha archivado esta semana toda una pieza de la macro causa Púnica que investigaba el pago con dinero público por parte de políticos del PP a empresas que promocionaban su figura con trabajos en internet de discutible ética. El aval de Manuel García Castellón a estas prácticas se sostiene en el argumento de que es imposible “disociar” la figura del político del cargo que éste ejerce en la administración, en el marco de la cual adopta medidas que afectan al ciudadano y que este tiene derecho a conocer. Con este paraguas recibe luz verde judicial la creación de periódicos zombis para inundar la red de propaganda de cargos públicos y que eso lo sufraguen los ciudadanos. 

La resolución de García Castellón es la que tiene más impacto de cuantas le precedieron en un sentido similar, tanto en el Tribunal Supremo como en instancias superiores al magistrado de la Audiencia Nacional. 40 cargos del PP se ven beneficiados del archivo de una de las prácticas investigadas en el caso Púnica que más impacto causó en su momento: las maniobras en la red de Alejandro de Pedro, gurú informático y mediador, al calor del poder local que acumulaba el partido a principios de la década pasada. 

Los periódicos zombis que creaba De Pedro tenían un solo periodista, llevaban en el nombre la localidad que regía un cargo del PP y eran una máquina de fabricar ‘url’ con las que inundar la red de propaganda, enterrando al tiempo las noticias negativas del político en cuestión si se introducía su nombre en Google u otros buscadores. En contraprestación, la Administración introducía publicidad en esos medios fantasma que facturaban las empresas de De Pedro, quien también cobraba directamente por los trabajos realizados.

Uno de ellos es el caso de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León entre 2007 y 2014, que antes de ser asesinada requirió los servicios de De Pedro. Tan solo por buscar las noticias negativas que aparecían de Carrasco en la red De Pedro facturó 30.000 euros anuales a la Diputación de León. Además, sus periódicos incluían banners publicitarios de la administración local. 

Los hechos fueron juzgados como la pieza 2 de la macro causa Púnica. El pasado mayo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó una sentencia en la que concluía: “No existen datos claros y evidentes de que esas publicaciones tuvieran un carácter privado o personal, sino predominantemente institucional, máxime cuando todas esas noticias estaban relacionadas directa o indirectamente con la actividad pública de tales personas, no habiéndose encontrado ninguna que se refiera a su vida particular o actividades estrictamente personales”. Sorprendentemente, García Castellón no utiliza esta rotunda conclusión de la sentencia en su auto de Púnica, sino extractos de informes de parte de los peritos pagados por las defensas.

Según la tesis instaurada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la difusión por un falso medio de comunicación de propaganda procedente del gabinete de prensa de una administración, sin trabajo periodístico detrás y de forma masiva, no puede considerarse malversación de fondos públicos, ni su concesión un acto de prevaricación. Que alguien reciba dinero público por inundar internet de noticias –notas de prensa redactadas previamente por personal de la administración– de inauguraciones a las que acude un político respecto a obras de su administración no puede considerarse un delito como tal. 

“Dar hostias a la oposición”

En algunos casos hay indicios de que no solo se trataba de promocionar eventos del cargo público. Ocurre con la exalcaldesa de Denia Ana María Kringe, del PP, quien habla con Alejandro de Pedro de aprovechar sus conocimientos en la red para “dar ostias (sic) a la oposición” a través de sus empresas Eico y Madiva. García Castellón no ha encontrado trabajos que puedan ser considerados de estricta promoción personal y ha archivado la causa contra ella, De Pedro y los colaboradores de ambos. 

El auto de García Castellón recupera diversa jurisprudencia de forma caótica cuando no directamente errónea. Atribuye párrafos a jueces del Supremo que únicamente están reproduciendo extractos de sentencias de una instancia anterior. Ocurre con el fallo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre la primera pieza juzgada del caso Palma Arena. La Audiencia de Palma había condenado a Jaume Matas a seis años de cárcel por la contratación de un periodista que se dedicaba a escribirle los discursos y a hablar bien de él en círculos que favorecían al entonces president balear.

Los jueces de Balears calificaron la contratación de Antonio Alemany como una “aplicación de caudales públicos a un fin meramente particular”. Pero el Tribunal Supremo absolvió a Matas de todos los delitos menos uno y rebajó también la condena a Alemany. En su sentencia, el alto tribunal concluyó que no hubo prevaricación porque las resoluciones dictadas por una subordinada de Matas para la contratación de Alemany respondían a “un servició público” que el periodista realizó. 

En el auto de archivo de la pieza 10 –los cuarenta cargos del PP–, García Castellón afirma: “La Sala Segunda del Tribunal Supremo señalaba [en el caso Palma Arena] que 'es extremadamente difícil, por no decir imposible, que las intervenciones públicas del presidente no estén dotadas de interés público, dado el marcado carácter institucional de las mismas, al margen de la pertenencia a uno u otro partido político de turno'”. 

Es el tribunal balear el que incluía esa afirmación textual en su fallo; el Supremo solo la reproduce como contexto. En cualquier caso, más adelante, la sentencia del alto tribunal coincide en la conclusión: “[las resoluciones] se dictaron en el marco de un contrato administrativo para cumplir un servicio público que, según la sentencia recurrida, era de interés público y que, en efecto se prestó”.

De acuerdo con el Supremo, García Castellón suscribe en su auto: “La dificultad que existe en delimitar los contornos de las actividades desempeñadas por los políticos desde las instituciones en las que ejercen sus cargos hace imposible la actuación penal encaminada a esclarecer si, al contratar las empresas de Alejandro de Pedro, actuaban para su beneficio personal o en atención al cargo que desempeñaban”.

Para la exculpación de los alcaldes de Denia, Majadahonda, Coslada o Valdemoro, García Castellón recurre al auto del Tribunal Supremo que intervino en un caso similar por tratarse de una regidora que también era senadora y, por tanto, aforada ante su Sala Segunda. El empresario Alejandro de Pedro había acordado con Pilar Barreiro, la regidora de Cartagena, difundir en internet “una imagen positiva” que mitigara el daño reputacional que le estaba ocasionando un caso de corrupción urbanística. 

El empresario crearía un falso periódico digital y también gestionaría los perfiles de la política. A cambio, las empresas de De Pedro encargadas de esos trabajos ingresarían por publicidad institucional del Ayuntamiento de Cartagena y de la Consejería de Educación de la Región, también en poder del PP. Los planes quedaron interrumpidos por la detención de De Pedro el día que explotó la operación Púnica. 

Los jueces del alto tribunal archivaron el caso porque Barreiro alegó que esos trabajos no iban a ser pagados por las administraciones murcianas sino por el PP de Cartagena. La tesis de Barreiro había sido respaldada durante la instrucción por varios testimonios coincidentes, además de que no se encontraron pagos a las empresas de De Pedro.

García Castellón ha archivado la causa contra ex alcaldes del PP aunque, a diferencia del caso de Cartagena, estos sí pagaron dinero público a De Pedro a través de trabajos casi idénticos. El juez de la Audiencia Nacional dice en su auto de archivo que “hay que tener en cuenta” la resolución del Supremo sobre Cartagena y que los hechos son “muy parecidos” a los que archiva en la pieza 10 de Púnica. 

“No son noticias de carácter privado”

Los alcaldes ahora exculpados se benefician de una interpretación de los indicios recabados que incluye afirmaciones como esta que hace el juez sobre las publicaciones en un periódico de De Pedro para Coslada:“No son noticias de carácter privado del señor López Vaquero [el ex alcalde del PP], sino que todas ellas giran en torno a actividades relacionadas con su función, o en todo caso a actividades públicas”. 

Antes que a los alcaldes, García Castellón ya había exculpado a la que fuera consejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar con los mismos argumentos. La Comunidad de Madrid fue cliente de Alejandro de Pedro en los tiempos en que Isabel Díaz Ayuso era la responsable de redes sociales del PP madrileño. Como desveló elDiario.es, Ayuso mantenía una estrecha relación profesional con Alejandro de Pedro y llegó a requerir sus servicios para tapar noticias de corrupción del ex presidente autonómico Ignacio González.

De Pedro también hizo trabajos de reputación para la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, tal y como evidencian una serie de correos electrónicos incorporados a la causa en los que una empleada de Eico, una de las sociedades de la trama, envía al cerebro de la red dos informes titulados “Reputación online Esperanza Aguirre” y “Reputación online Ignacio González”. “Alex, continuamos con el apoyo a Esperanza Aguirre. Es TT [Trending Topic] ahora mismo porque le han lanzado un tupper durante la inauguración en un colegio público”, recoge el mensaje. Esperanza Aguirre nunca estuvo imputada en esta pieza de Púnica.

El experto informático Alejandro de Pedro, imputado por varios delitos en el caso Púnica, ha declarado este martes en uno de los dos juzgados de Madrid que investigan el acoso del que se acusan mutuamente la doctora Elisa Pinto y el empresario, investigado por financiar irregularmente al PP de Madrid Javier López Madrid. Se trataba de la quinta citación como testigo de De Pedro, quien había evitado responder a las cuatro anteriores. A las preguntas de la jueza, la fiscal y la abogada de la mujer, el 'gurú' tecnológico de Púnica ha asegurado que no recuerda ninguno de los mensajes intercambiados con López Madrid y que están incorporados a la causa.

En el sumario del caso Púnica consta que De Pedro y Javier López Madrid mantuvieron una conversación a través del sistema de mensajería WhatsApp el 27 de noviembre de 2013. En un momento dado, cambian de tema y el entonces consejero delegado del Grupo Villar Mir afirma: “Ya tengo la dirección”. De Pedro le contesta: “Estoy hablando con los hackers que llevan temas de la policía. Destruir el móvil completo es lo más seguro”. Es entonces cuando Javier López Madrid envía a De Pedro la calle, el número, el piso y la puerta donde vive la doctora junto a su familia en el distrito de Chamartín.

Según fuentes jurídicas, Alejandro de Pedro ha negado este martes recordar ninguno de estos mensajes. Ha añadido que mantuvo una relación con López Madrid de cerca de un año, como acreditan esos mismos mensajes, entre 2013 y 2014. Según ha dicho, un responsable de Telefónica le presentó al yerno de Villar Mir y éste le encargó trabajos para OHL que nunca llegó a realizar. De Pedro se ha negado a identificar a esa persona, incluso cuando se lo ha requerido la magistrada Concepción Jerez, quien le ha advertido de las consecuencias de no declarar pese a estar citado como testigo. 

Esa misma advertencia le ha sido reiterada por la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid cuando Alejandro de Pedro ha dicho no recordar nada. El testigo se ha excusado en que está en tratamiento psiquiátrico y que lleva tres años intentando olvidar, pese a que aún tiene que defenderse de una amplia lista de delitos en el caso Púnica: organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsificación documental, utilización de información confidencial y fraude. 

El testigo ha dicho que López Madrid le contó que una mujer tenía su agenda telefónica y que estaba enviando mensajes a personas que figuran en ella. De Pedro ha asegurado que el empresario le dijo esto cuando, en una de sus reuniones en la sede de OHL, le comentó que tenía “mala cara”. Pese a sus comentarios sobre los “hackers de la Policía”, este martes ha dicho no conocer a ninguno, no haber trabajado para ese Cuerpo, aunque sí para empresas que le prestan servicio. De Pedro ha reconocido haber trabajado para el Centro Nacional de Inteligencia. 

Alejandro de Pedro también ha negado conocer al comisario encarcelado José Manuel Villarejo, quien está imputado por haber agredido a la doctora Pinto por un presunto encargo de López Madrid, tanto en el juzgado de instrucción número 39 de Madrid como en el de la Audiencia Nacional que instruye el caso Tándem. Este juzgado, que dirige Manuel García-Castellón, abrió el pasado enero una pieza separada del caso Villarejo ante los indicios de que la agresión a la doctora es parte de un presunto encargo de López Madrid al policía. Por su parte, Pinto está investigada en el juzgado de instrucción número 26 por la denuncia posterior de López Madrid. Ha sido en el marco de ésta última causa en la que hoy ha declarado De Pedro como testigo a petición de la defensa de Pinto. 

Hasta ahora había trascendido que la figura que unía a Javier López Madrid y Alejandro de Pedro es Francisco Granados, el principal investigado en la Operación Púnica, la trama de corrupción en torno al PP de Madrid y de presunta financiación irregular del partido. Granados fue la persona que presentó al comisario José Manuel Villarejo a Javier López Madrid y que también habría puesto en contacto a empresario e informático. Alejandro de Pedro está considerado una suerte de conseguidor en la trama Púnica y responde por haber creado los periódicos digitales zombis que posicionaban informaciones positivas de cargos públicos de la Comunidad de Madrid con coste a los fondos públicos.

En el marco de esa investigación, la Audiencia Nacional autorizó la intervención telefónica del teléfono de Alejandro de Pedro. Por este motivo están incorporadas a la causa los mensajes que se intercambiaba con López Madrid y que la defensa de Pinto considera relevantes para el presunto caso de acoso.

Por otra parte, Javier López Madrid intentó vaciar sus terminales telefónicos antes de entregarlos en el juzgado número 26 de Madrid, el que intenta sin éxito recabar la versión de De Pedro. A pesar de que habían sido borrados 1.603 contactos, la Guardia Civil logró recuperar una parte de los mensajes. Del análisis del material recuperado, la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado elaboró un informe para la jueza Concepción Jerez en el que ponía de manifiesto las “estrechas relaciones” que López Madrid mantenía con seis comisarios de la Policía, con los que contactó en momentos clave del caso de presunto acoso a la mujer.

Uno de los teléfonos que aparecía en el terminal de López Madrid es el del comisario José Manuel Villarejo Pérez. Villarejo ha asegurado en el juzgado que un amigo común le presentó a López Madrid y que él se limitó a recomendarle que denunciara las supuestas amenazas que recibía. 

A la referencia anterior a los hackers de la Policía y su consejo de destruir el terminal de López Madrid hay otra posterior de Alejandro de Pedro, también en el sumario de la Operación Púnica. “Hoy he estado donde los pinchadiscos de los pincha teléfonos de la policía…”, escribe De Pedro a Granados el 27 de septiembre de 2014, un mes antes de que ambos fueran detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Alejandro de Pedro está imputado por siete delitos en el caso Púnica, entre ellos, pertenencia a una organización criminal.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no solo se encargó de la reputación y redes sociales de Esperanza Aguirre en su época de asesora del Gobierno regional –desde 2006–. También trabajó para tapar los primeros indicios de corrupción que afectaban al entonces vicepresidente, Ignacio González, que más tarde fue encarcelado en la operación Lezo.

Según la documentación que obra en poder de eldiario.es y que publicamos hoy, Díaz Ayuso envió un correo el 12 de abril de 2012 al empresario imputado en el caso Púnica Alejandro de Pedro, un supuesto experto en reputación on line que cobraba de la Comunidad del Madrid para combatir informaciones críticas a través de páginas web zombies y perfiles falsos en las redes sociales. Entonces, Ayuso era diputada en la Asamblea de Madrid –había recogido el acta el 15 de julio de 2011–. El mensaje que envía la entonces parlamentaria regional al mail del empresario de la trama era muy directo y escueto. Enviaba este enlace de una noticia publicada ese mismo día: https://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/12/madrid/1334228478.html

Se trata de una noticia de El Mundo que hace referencia a una investigación policial que en ese momento se llevaba a cabo contra el vicepresidente Ignacio González por su ático en Estepona. No hacía falta mensaje porque De Pedro, cuya empresa trabajaba en mejorar la reputación de los políticos del PP, ya sabía lo que había que hacer: crear nuevas noticias manipuladas y positivas que contrarrestaran las noticias negativas, así en buscadores como Google aparecen antes en las informaciones elogiosas que las críticas.

El modus operandi aparece descrito en una pieza del sumario de la Púnica que incorpora testimonios de trabajadores, correos electrónicos y llamadas: se trataba de responder a cualquier información sensible sobre distintos cargos de los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González inundando la web con informaciones falsas o manipuladas en diarios sin apenas audiencia que luego se amplificaban con cuentas falsas de Twitter. El sistema de trabajo era ese, enviar mails por correo con informaciones que había que promocionar o contrarrestar. En la investigación abierta en la Audiencia Nacional constan evidencias de que De Pedro cobró, por ejemplo, para difamar a las Mareas Blancas que protestaban contra los recortes en Sanidad. Y operó con idéntico mecanismo para tratar de responder a informaciones críticas contra la exconsejera de Educación Lucía Fígar, también imputada en este caso.

El ático de Ignacio González

En el caso de Ignacio González, la noticia a combatir que le envía la diputada y actual presidenta Isabel Díaz Ayuso eran las primeras investigaciones sobre el famoso ático de Estepona, del que disfruta su familia y cuyo pago indagan los tribunales. En el titular, el sindicato policial SUP sugería que González se vería salpicado en el futuro por asuntos de corrupción, al tiempo que en la noticia avalaba la investigación policial que se estaba llevando a cabo y que estaba siendo tachada de “ilegal” por parte del entonces ministro del PP, Jorge Fernández Díaz.

Justamente el mismo día en el que Díaz Ayuso envía el correo a Alejandro de Pedro hubo otro intercambio de mensajes entre Borja Sarasola, viceconsejero de la Comunidad de Madrid, y De Pedro, según recoge un informe de la policía judicial (UCO) publicado por El Plural y Voz Populi. Ambos acuerdan que las personas de contacto para la reputación de la presidenta Aguirre y el vicepresidente González son Isabel Gallego, imputada también en el sumario Púnica, e Isabel Díaz Ayuso, de la que De Pedro dice: “Me tendrás que indicar si puedo/debo hablar con ella para pedirle accesos. Por lo que la conozco es muy discreta y no veo problemas”.

El propio Francisco Granados, exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre en el partido, contó en la Audiencia Nacional que aunque las órdenes para llevar a cabo estas operaciones de maquillaje político partían de más arriba, era Isabel Díaz Ayuso la que estaba en el día a día de la gestión de esos trabajos “de mejora reputacional” (aquí puedes escuchar los audios). También Adrián De Pedro, hermano de Alejandro e informático de toda esa red de webs, declaró ante el juez que Díaz Ayuso era la persona de contacto del PP para los encargos reputacionales, tal y como recogen los audios de la declaración publicados por Voz Populi.

El correo que publica este miércoles eldiario.es muestra que las relaciones de Ayuso con De Pedro fueron más allá de 2011 y más allá de mejorar la imagen de Aguirre. Envió el correo para contrarrestar cualquier huella de corrupción de González sobre el escándalo de su ático de 500 metros en Marbella, el asunto que más preocupaba entonces al dirigente madrileño y pese al que consiguió convertirse en septiembre de ese año en presidente de la Comunidad de Madrid. El dúplex de lujo ha acabado investigado en la Audiencia Nacional y González fue encarcelado por cobrar dinero a cambio de adjudicaciones y desviar fondos al PP.

Pagos públicos, servicios privados

En el caso de los trabajos reputacionales en los que participaba la actual presidenta de Madrid, el juez de Púnica apunta en varios autos que la Comunidad, gobernada por Aguirre y González, financió estos trabajos de imagen –en lugar de pagarlos el partido o los políticos, ya que no era información de servicio sino publirreportajes– y también que se pagó a De Pedro con dinero público desviado a través del Canal de Isabel II, como admitió ante el juez en 2018 la exdirectora de medios de González, o a través de otras empresas contratistas de la Comunidad, como Indra, cuyo expresidente también está imputado.

Aunque el link que manda Ayuso es sobre un posible caso de corrupción de un miembro del PP, lo que factura oficialmente De Pedro a la Comunidad de Madrid en esa época son trabajos maquillados como de interés público, según los indicios del juez. De hecho, el empresario pasa al cobro 13.447,50 euros por proyectos de abril a septiembre de 2012 en concepto de “trabajos de clipping y posicionamiento online de la Comunidad de Madrid durante los meses de abril a septiembre de 2012”, según los documentos oficiales revelados por El Confidencial. Es justamente en este periodo facturado cuando Díaz Ayuso envía el trabajo a De Pedro, que no es el primero que se hace público, ya que en enero de 2011 le ha pedido un “favorcito”: crear una plantilla web para Aguirre, como publicó la Cadena Ser. El juez de Púnica investiga precisamente si se mejoró la imagen de los políticos del PP mientras que las que pagaban eran las arcas públicas directa o indirectamente a través de empresas públicas y contratistas.

De hecho, en la factura que envía De Pedro a la Comunidad, ésta justifica el pago de esos más de 13.000 euros por unos trabajos cuyo “objetivo es fundamentalmente el acercamiento de la Comunidad de Madrid a los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías”. Poco que ver con mejorar la reputación de González en buscadores tras los primeros indicios de corrupción.

Fuentes de Presidencia de la Comunidad de Madrid han atendido a la petición de información de eldiario.es sobre el mail pero no han respondido de momento. Este medio ha intentado contactar con Alejandro de Pedro sin éxito.

El experto informático Alejandro de Pedro, imputado por varios delitos en el caso Púnica, no ha declarado este martes, como estaba previsto, en una de las dos causas abiertas en sendos juzgados de Madrid por las denuncias cruzadas entre el empresario Javier López Madrid y la doctora Elisa Pinto. La defensa de la mujer lleva un año y medio intentando que De Pedro explique el contenido de unos mensajes que aparecen en el sumario de Púnica de los que se deduce que prestaba ayuda o había sido contratado por López Madrid durante el presunto acoso al que habría sometido a la doctora.

De Pedro no acudió a su primera citación, fijada para el 5 de marzo de 2018. El juzgado volvió a citarlo para dos semanas después, el día 19. Tampoco se presentó. Entonces alegó que no tenía dinero para pagarse el autobús a Madrid desde Valencia, donde ha declarado tener su residencia. Sin embargo, el 1 de junio siguiente, De Pedro declaró en el Tribunal Supremo en la pieza que investigaba a la senadora del PP Pilar Barreiro.

La jueza del caso Pinto fijó para el 18 de marzo de 2019 la siguiente declaración con el cierre que había decidido de la instrucción entre la anterior citación y ésta . El resultado fue igualmente infructuoso. En esta última citación, de este 25 de junio de 2019, la Policía no ha logrado localizar a De Pedro en la residencia ni el teléfono que había facilitado al juzgado, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas.

Según aparece reflejado en el sumario de Púnica, De Pedro y Javier López Madrid mantuvieron una conversación a través del sistema de mensajería WhatsApp el 27 de noviembre de 2013. En un momento dado, cambian de tema y el entonces consejero delegado del Grupo Villar Mir afirma: “Ya tengo la dirección”. De Pedro le contesta: “Estoy hablando con los hackers que llevan temas de la policía. Destruir el móvil completo es lo más seguro”. Es entonces cuando Javier López Madrid envía a De Pedro la calle, el número, el piso y la puerta donde vive la doctora junto a su familia en el distrito de Chamartín.

Alejandro de Pedro estaba citado este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid. En esta causa está imputada la doctora Elisa Pinto como consecuencia de una denuncia por acoso que interpuso Javier López Madrid después de que ella hubiera denunciado al empresario por el mismo motivo. Como consecuencia de ello, López Madrid está imputado en el Juzgado de Instrucción número 39 en una causa en la que también se investiga al comisario José Manuel Villarejo como presunto autor de una agresión con arma blanca a la doctora por orden de López Madrid. Desde dónde se realizaron las llamadas y enviaron los mensajes de acoso y qué terminales y tarjetas se utilizaron para ello puede resultar determinantes para determinar quién acosó a quién.

Entran en escena Granados y el comisario Villarejo

La figura que une a Javier López Madrid y Alejandro de Pedro es Francisco Granados, el principal investigado en la Operación Púnica, la trama de corrupción en torno al PP de Madrid y de presunta financiación irregular del partido. Granados fue la persona que presentó al comisario José Manuel Villarejo a Javier López Madrid y que también habría puesto en contacto a empresario e informático. Alejandro de Pedro está considerado una suerte de conseguidor en la trama Púnica y responde por haber creado los periódicos digitales zombis que posicionaban informaciones positivas de cargos públicos de la Comunidad de Madrid con coste a los fondos públicos.

En el marco de esa investigación, la Audiencia Nacional autorizó la intervención telefónica del teléfono de Alejandro de Pedro. Por este motivo están incorporadas a la causa los mensajes que se intercambiaba con López Madrid y que la defensa de Pinto considera relevantes para el presunto caso de acoso.

Por otra parte, Javier López Madrid intentó vaciar sus terminales telefónicos antes de entregarlos en el juzgado número 26 de Madrid, el que intenta sin éxito recabar la versión de De Pedro. A pesar de que habían sido borrados 1.603 contactos, la Guardia Civil logró recuperar una parte de los mensajes. Del análisis del material recuperado, la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado elaboró un informe para la jueza Concepción Jerez en el que ponía de manifiesto las “estrechas relaciones” que López Madrid mantenía con seis comisarios de la Policía, con los que contactó en momentos clave del caso de presunto acoso a la mujer.

Uno de los teléfonos que aparecía en el terminal de López Madrid es el del comisario José Manuel Villarejo Pérez. Villarejo ha asegurado en el juzgado que un amigo común le presentó a López Madrid y que él se limitó a recomendarle que denunciara las supuestas amenazas que recibía. 

A la referencia anterior a los hackers de la Policía y su consejo de destruir el terminal de López Madrid hay otra posterior de Alejandro de Pedro, también en el sumario de la Operación Púnica. “Hoy he estado donde los pinchadiscos de los pincha teléfonos de la policía…”, escribe De Pedro a Granados el 27 de septiembre de 2014, un mes antes de que ambos fueran detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Alejandro de Pedro está imputado por siete delitos en el caso Púnica, entre ellos, pertenencia a una organización criminal.

Un informe elaborado por la Policía a finales de 2015 concluía que la responsable del acoso era la doctora Pinto. Uno de los indicios que utilizaba era la declaración de un ciudadano indio que había reconocido una fotografía en sede policial de la mujer como la clienta que acudía a locutorio en el que trabajaba y desde el que se compraron tarjetas prepago utilizadas en los mensajes de acoso.

El testigo fue citado entonces a declarar en los juzgados que investigan a Pinto y López Madrid. En ambos se desdijo. Ante ambas juezas aseguró que recordaba a una mujer de aspecto dominicano con el pelo negro y que no identificaba a la doctora. La Policía había mostrado al testigo una fotocopia en blanco y negro. El sumario del caso Púnica refleja que el 4 de abril de 2014, Alejandro de Pedro escribe a López Madrid: “Javier, buenas tardes, nos vemos mañana? Tengo q contarte el tema de los locutorios acuérdate”.

El empresario de la comunicación Alejandro de Pedro ha declarado en el Tribunal Supremo, en el sumario abierto contra la senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, que no realizó ningún trabajo para ella pagado con dinero público de la Comunidad de Murcia o el citado ayuntamiento.

El abogado defensor del testigo ha explicado a los periodistas, tras la comparecencia en el Supremo, que su cliente ha contestado a acusación y defensa y ha negado cualquier trabajo de reputación institucional o personal para Barreiro, algo que acreditará su defensa con pruebas documentales y periciales.

De Pedro, uno de los principales imputados en el caso Púnica investigado en la Audiencia Nacional, ha comparecido a las 10:30 horas de hoy para ser interrogado sobre un supuesto concierto para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y otro para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia, ambos supuestamente desarrollados para mejorar la imagen de Pilar Barreiro.

La senadora, que abandonó el grupo popular “para no perjudicar al partido”, está acusada de haber usado fondos públicos del consistorio de Cartagena y de la Comunidad de Murcia para mejorar su imagen mediante un plan de reputación personal a través de, entre otros medios, un diario creado “ad hoc” para ese fin.

De Pedro ha negado que ese periódico estuviera vinculado a los intereses de Barreiro, lo que, según fuentes de la defensa de la senadora, ha corroborado otro testigo citado para hoy, el periodista Isaac Vaquer, que ha declarado por videoconferencia.

Las declaraciones de hoy se completarán el próximo viernes, 8 de junio, con la del ex jefe de gabinete de la Alcaldía de Cartagena, Francisco de Asís Ferreño, y la funcionaria y asesora María del Mar Conesa. Están citados como testigos.

La magistrada escuchó recientemente la declaración de Francisco Javier Bueno, un arrepentido de la Púnica, quien declaró ante ella que la senadora y exalcaldesa de Cartagena acudió a Alejandro de Pedro para mejorar su imagen personal tras verse implicada en el caso Novo Carthago.

Según fuentes jurídicas, el testigo señaló que se produjo una primera reunión en junio de 2014 a la que asistió Pilar Barreiro, De Pedro y el que fuera jefe de gabinete de la exalcaldesa, Francisco De Asís Ferreño, para cerrar un primer acuerdo.

Tres meses después, añadió, tuvo lugar una segunda reunión entre Bueno y Ferreño en la que este último le dijo que la exalcaldesa había dado su visto bueno al nuevo plan sugerido por De Pedro, que consistía no solo en posicionar el contenido de las noticias referentes al ayuntamiento sino en generarlas para mejorar la imagen de Barreiro tras el estallido del caso Novo Carthago, en el que estaba implicada.

Por su lado, Barreiro declaró ante la magistrada que sí se contrató y se pagó desde el Ayuntamiento de Cartagena una determinada publicidad en los contratos que se investigan, pero no en favor de su imagen, sino para mejorar la del ayuntamiento.

Además, aceptó que se ideó una campaña de reputación en su favor, pero no que fuera a correr a cargo de la Comunidad de Murcia. Al contrario, señaló, “se iba a pagar por el partido, pero al final no se hizo”, según explicó a los medios de comunicación su abogado tras su comparecencia voluntaria ante el tribunal.

Esta última afirmación, la relativa a que iba a ser el partido el pagador de esos gastos, fue refrendada por el expresidente del PP de Cartagena Francisco Celdrán en otro testimonio ante el Supremo.

El Tribunal Supremo ha citado para el día 1 de junio al empresario Alejandro de Pedro, uno de los principales implicados en el caso Púnica que se investiga en la Audiencia Nacional para que declare en relación con el sumario abierto contra la exsenadora popular y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro.

De Pedro está citado para las 10:30 horas del viernes 1 de junio para ser interrogado sobre un supuesto concierto para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y otro para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia, ambos supuestamente desarrollados para mejorar la imagen de Pilar Barreiro, quien ya no figura en el grupo popular en el Senado tras abandonarlo “para no perjudicar al partido”.

La juez del caso, Ana Ferrer, ha citado, además de a De Pedro, al ex jefe de gabinete de la Alcaldía de Cartagena, Francisco de Asís, y a la funcionaria y asesora María del Mar Conesa, ambos para el 8 de junio.

Todos ellos están citados como testigos, aunque al tener condición de imputados en el sumario del caso Púnica seguido en la Audiencia Nacional, comparecerán acompañados de abogados y con derecho a no declarar.

Ana Ferrer continúa de este modo la investigación a pesar de que la Fiscalía ante el Supremo pidió al tribunal el archivo de la causa abierta por delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho contra Barreiro.

La magistrada escuchó recientemente la declaración de Francisco Javier Bueno, un arrepentido de la Púnica, quien declaró ante ella que la senadora y exalcaldesa de Cartagena acudió al conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, para mejorar su imagen personal tras verse implicada en el caso Novo Carthago.

Barreiro está acusada de haber usado fondos públicos del consistorio de Cartagena y de la Comunidad de Murcia para mejorar su imagen a través de un plan de reputación personal a través de, entre otros medios, un diario creado “ad hoc” para ese fin.

Según fuentes jurídicas, el testigo ha señalado que se produjo una primera reunión en junio de 2014 a la que asistió Pilar Barreiro, De Pedro y el que fuera jefe de gabinete de la exalcaldesa, Francisco De Asís Ferreño, para cerrar un primer acuerdo.

Tres meses después, ha añadido, tuvo lugar una segunda reunión entre Bueno y Ferreño en la que este último le dijo que la exalcaldesa había dado su visto bueno al nuevo plan sugerido por De Pedro, que consistía no solo en posicionar el contenido de las noticias referentes al Ayuntamiento sino en generarlas para mejorar la imagen de Barreiro tras el estallido del caso Novo Carthago, en el que estaba implicada.

Barreiro declaró ante la magistrada que sí se contrató y se pagó desde el Ayuntamiento de Cartagena una determinada publicidad en los contratos que se investigan, pero no en favor de su imagen, sino para mejorar la del Ayuntamiento.

Además, aceptó que se ideó una campaña de reputación en su favor, pero que no iba a correr a cargo de la Comunidad de Murcia, sino que “se iba a pagar por el partido, pero al final no se hizo”, según explicó a los medios de comunicación su abogado tras su comparecencia voluntaria ante el tribunal.

Esta última afirmación, la relativa a que iba a ser el partido el pagador de esos gastos, fue refrendada por el expresidente del PP de Cartagena Francisco Celdrán en su testimonio ante el Supremo.

El experto informático Alejandro de Pedro, imputado en el caso de la trama de corrupción Púnica, ha sido citado a declarar en la causa que una jueza de Madrid abrió por la denuncia de Javier López Madrid contra la doctora Elisa Pinto, quien antes había acudido a la justicia por el presunto acoso al que éste la sometía. El sumario de la Operación Púnica recoge un intercambio de mensajes entre De Pedro y López Madrid y en uno de ellos el yerno de Villar Mir envía al gurú informático la dirección exacta del domicilio de la doctora, según descubrió eldiario.es.

La declaración como testigo de Alejandro de Pedro ante el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid se producirá a petición de la defensa de la mujer. Una providencia dictada por la jueza Concepción Jerez citaba a De Pedro para la mañana de este lunes, pero la policía judicial no ha dado traslado de la misma al testigo y la declaración se ha retrasado a otra fecha, informan fuentes jurídicas.

En la mañana del 27 de noviembre de 2013, De Pedro y López Madrid están manteniendo una conversación a través del sistema de mensajería whatsapp. A las 11:58 cambian de tema. “Ya tengo la dirección”, escribe el consejero delegado del Grupo Villar Mir. De Pedro contesta: “Estoy hablando con los hackers que llevan temas de la policía. Destruir el móvil completo es lo más seguro”. López Madrid envía la calle, el número, el piso y la puerta donde vive la doctora junto a su familia en el distrito de Chamartín.

Desde dónde se realizaron las llamadas y enviaron los mensajes de acoso y qué terminales y tarjetas se utilizaron para ello puede resultar determinantes para los casos que se siguen contra López Madrid y la doctora. El empresario intentó vaciar sus terminales antes de entregarlos en el juzgado en el que este lunes declarará De Pedro. A pesar de que habían sido borrados 1.603 contactos, la Guardia Civil logró recuperar una parte de los mensajes.

Del análisis del material recuperado, la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado elaboró un informe para la jueza Jerez en el que ponía de manifiesto las “estrechas relaciones” que López Madrid mantenía con seis comisarios de la Policía, con los que contactó en momentos clave del caso de presunto acoso a la mujer.

Uno de esos comisarios es Enrique García Castaño, el entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), encargada, entre otros asuntos, de los medios técnicos de la Policía para escuchas y seguimientos. Fuentes policiales aseguran que la relación del antiguo jefe de la UCAO con el empresario se debe a que uno de los cometidos que tenía asignado entonces eran las “relaciones institucionales” con las grandes empresas. Reconocen que López Madrid se dirigió a García Castaño por el asunto de los mensajes que atribuye a la doctora y que cuando el mando comprobó que no estaban relacionados con su ámbito de actuación le remitió a policía judicial.

Otro de los teléfonos que aparecía en el terminal de López Madrid es el del comisario José Manuel Villarejo Pérez, en prisión incondicional desde noviembre acusado de liderar una organización criminal. Villarejo ha asegurado en el juzgado que un amigo común le presentó a López Madrid y que él se limitó a recomendarle que denunciara las supuestas amenazas que recibía.

Un informe elaborado por la Policía a finales de 2015 concluía que la responsable del acoso era la doctora Pinto. Uno de los indicios que utilizaba era la declaración de un ciudadano indio que había reconocido una fotografía en sede policial de la mujer como la clienta que acudía a locutorio en el que trabajaba y desde el que se compraron tarjetas prepago utilizadas en los mensajes de acoso.

El testigo fue citado entonces a declarar en los juzgados que investigan a Pinto y López Madrid. En ambos se desdijo. Ante ambas juezas aseguró que recordaba a una mujer de aspecto dominicano con el pelo negro y que no identificaba a la doctora. La Policía había mostrado al testigo una fotocopia en blanco y negro. El sumario del caso Púnica refleja que el 4 de abril de 2014, Alejandro de Pedro escribe a López Madrid: “Javier, buenas tardes, nos vemos mañana? Tengo q contarte el tema de los locutorios acuérdate”.

No era la primera vez que la Policía requería al ciudadano indio del locutorio. El hombre había sido también testigo en un caso de blanqueo de capitales contra una trama de compatriotas en la que fue investigado el comisario Villarejo, aunque Asuntos Internos de la Policía concluyó después que no había indicios contra él.

La defensa de la doctora Pinto denunció en su momento que el informe policial que la señala fue un montaje para salvar al citado comisario, en aquel entonces al servicio de la policía política del número dos del Cuerpo Eugenio Pino. A día de hoy, Villarejo sigue imputado en el Juzgado de Instrucción número 39 por haber apuñalado presuntamente a Elisa Pinto por orden de López Madrid.

El sumario de la Operación Púnica describe a Alejandro de Pedro como un conseguidor que interactúa con el Partido Popular, y en particular con Francisco Granados, para buscar clientes dentro y fuera de la formación. De Pedro se dedicó a limpiar a la imagen en Internet de varios dirigentes políticos en trabajos que finalmente se pagaban con fondos públicos. En este contexto, el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre presenta a López Madrid al experto en redes sociales. A su vez, Francisco Granados tenía vínculos con Villarejo y otros mandos policiales.

A la referencia anterior a los hackers de la Policía y su consejo de destruir el terminal de López Madrid hay otra posterior de Alejandro de Pedro, también en el sumario de la Operación Púnica. “Hoy he estado donde los pinchadiscos de los pincha teléfonos de la policía…”, escribe De Pedro a Granados el 27 de septiembre de 2014, un mes antes de que ambos fueran detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Alejandro de Pedro está imputado por siete delitos en el caso Púnica, entre ellos, pertenencia a una organización criminal.

Una amiga de la doctora, también testigo

Este lunes también estaba citada en el juzgado número 26 como testigo una amiga de la doctora Pinto, María Maya Boyer Ruifernández, sobrina del ex ministro del PSOE y nuera del duque de Ahumada. Unas conversaciones suyas con la doctora fueron incorporadas a la causa. La declaración de Boyer también se ha aplazado.

En las mismas, Boyer le dice a la doctora Pinto que la Casa del Rey y la prensa tienen que saber el acoso que está sufriendo por parte de López Madrid. En declaraciones a El Mundo el pasado noviembre, la aristócrata aseguró: “¿Qué interés tiene para la causa que yo hablara de dar información sobre este caso a la prensa? Lo relevante es que a esta mujer le estaban destrozando la vida, la estaban amenazando, la estaban acosando... Es que la apuñalaron delante de su hijo (…) Estaba segura de que la iban a matar”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana pudo cometer un delito de tráfico de influencias en una gestión que realizó para la exacaldesa de Madrid Ana Botella con empresas investigadas en el caso Púnica. En concreto, concertó una cita con el conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, en el chalé de los Aznar-Botella.

Según publica hoy El Confidencial, y han confirmado a Efe fuentes de la investigación, la UCO ha incorporado un nuevo informe al sumario del caso Púnica en el que se señala que Zaplana pudo mediar para que la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, “contratara los servicios de empresas de imagen y reputación online investigadas” en ese proceso.

De Pedro, como desveló eldiario.es hace unos meses, estuvo en el chalé de los Aznar-Botella en la exclusiva urbanización de Guadalmina, en Málaga. Era el verano de 2013 y Ana Botella era la alcaldesa de Madrid. De los mensajes incorporados al sumario de la Púnica se deduce que el conseguidor visitó la residencia veraniega en la mañana del 26 de agosto de 2013 con la mediación de Eduardo Zaplana, al que había conocido porque José Antonio Alonso Conesa, socio de De Pedro y exalcalde socialista de Cartagena, tiene un hermano que trabajaba con el antiguo ministro de Aznar en Telefónica.

“Una cosita, tengo que ir esta semana a Estepona, Zaplana me ha puesto una reunión en casa de Aznar jueves o viernes no lo tengo aún cerrado…”, le escribe el 20 de agosto De Pedro a Francisco Granados. El mismo día 26 de agosto, a las 12.00 de la mañana, el mensaje del conseguidor va dirigido al director general de Societe Generale, Donato González: “Acabo de estar con Aznar”.

En mensajes anteriores, Zaplana le da la dirección del chalé de los Aznar-Botella. Consultado por eldiario.es, el exministro de Trabajo afirmó que él “jamás” estuvo en esa reunión, que no recuerda haber mediado para que se produjera y que tampoco tiene constancia de que se llegara a celebrar. De Pedro quería ofrecer a Ana Botella sus trabajos reputacionales en Internet.

La Guardia Civil mencionó en un informe la posibilidad de que la reunión se hubiera llegado a realizar de acuerdo a las afirmaciones de De Pedro. “He cerrado con Aznar, ya te contaré”, le dice De Pedro a otro interlocutor el 7 de septiembre.

Ahora, un nuevo informe confirma que Zaplana habría conseguido la cita. Gracias a esa mediación, las empresas Eico y Madiva consiguieron que se les adjudicara trabajos para mejorar la imagen de Botella en internet y su posicionamiento en redes sociales. A juicio de los investigadores, Zaplana “habría mantenido conversaciones con Ana Botella y con Alejandro de Pedro Llorca (representante de Eico y Madiva) para que éste presentara su propuesta de servicios de reputación 'online' a la exalcaldesa”.

“A continuación”, prosigue el informe, “(Zaplana) intervendría en el seguimiento y desbloqueo del proyecto, pudiendo haberse servido de su relación profesional previa con la jefe de prensa del Ayuntamiento, Elena Sánchez”, que también ocupó ese puesto con el exministro de Trabajo.

La avenida de Madrid, número, piso y apartamento. El empresario Javier López Madrid envió el 27 de noviembre de 2013 un mensaje con estas coordenadas a Alejandro de Pedro, conocido como el conseguidor de la trama Púnica y experto informático. Se trata del domicilio de la doctora Elisa Pinto, la mujer que presentaría días después la primera denuncia por acoso contra el yerno de Juan Miguel Villar Mir, en un conflicto que a día de hoy está pendiente del recurso contra el archivo dictado por una jueza a favor de López Madrid y que mantiene a la dermatóloga imputada en otro juzgado.

La conversación entre De Pedro y López Madrid figura en el sumario de la Operación Púnica, en el que Alejandro de Pedro está imputado por siete delitos, entre ellos integración en organización criminal.

En la mañana del 27 de noviembre, De Pedro y López Madrid están manteniendo una conversación a través del sistema de mensajería whatsapp. A las 11:58 cambian de tema. “Ya tengo la dirección”, escribe el hoy presidente ejecutivo de Ferroglobe. De Pedro contesta: “Estoy hablando con los hackers que llevan temas de la policía. Destruir el móvil completo es lo más seguro”.

A continuación, López Madrid envía a su interlocutor la dirección, correspondiente al domicilio que Elisa Pinto comparte con su marido y sus dos hijos menores de edad, en el distrito de Chamartín, según ha confirmado a eldiario.es la defensa de la doctora. En el momento de la conversación restaba un año para que estallara la Operación Púnica, con las detenciones de De Pedro y Francisco Granados, entre otros. 

El 27 de octubre de 2014, López Madrid recibió en su teléfono el aviso de que el antiguo hombre fuerte del PP de Madrid había sido arrestado. Ese mensaje, procedente de un contacto borrado del teléfono del empresario, aparece en el sumario abierto en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, fruto de la denuncia que Javier López Madrid puso contra la doctora después de que ésta le denunciara. 

Es el mismo sumario que recoge los mensajes de afecto de los reyes de España al empresario en pleno escándalo por las tarjetas black de Caja Madrid, el caso en el que López Madrid ha sido condenado a seis meses de cárcel por la Audiencia Nacional. El empresario pasó en febrero de 2016 a integrar la larga lista de imputados en Púnica, concretamente en la pieza secreta que investiga la financiación irregular del PP de Madrid. 

Granados como nexo

Los pinchazos telefónicos de uno y otro caso permiten reconstruir los vínculos de Javier López Madrid y Alejandro de Pedro con mandos policiales. El conseguidor de la Púnica utiliza al Partido Popular, en este caso a Granados, para buscar clientes dentro y fuera de la formación. Así, el político presenta a López Madrid al experto en redes sociales. A su vez, Francisco Granados tenía vínculos con comisarios vinculados a varios casos polémicos, entre ellos el de la doctora Pinto. Y De Pedro presume de sus relaciones con la Policía en varios puntos del sumario de Púnica.

A la referencia anterior a los hackers de la Policía y su consejo de destruir el terminal de López Madrid hay otra posterior de Alejandro de Pedro, también en el sumario de la Operación Púnica. “Hoy he estado donde los pinchadiscos de los pincha teléfonos de la policía…”, escribe De Pedro a Granados el 27 de septiembre de 2014, un mes antes de que ambos fueran detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En las acusaciones cruzadas entre López Madrid y la doctora resultan clave los terminales telefónicos desde los que se realizan las amenazas, así como el posicionamiento de éstos mientras se realizan. 

Fue precisamente la UCO de Guardia Civil la unidad que denunció en un informe incorporado al caso de acoso que López Madrid mantenía “estrechas relaciones” con un grupo de comisarios de Policía. La jueza Concepción Jerez, que investiga la denuncia del empresario contra la doctora, entregó un teléfono de López Madrid a la UCO y le pidió que recuperara la información contenida en él. Del terminal habían sido borrados 1.603 contactos, según la Guardia Civil, y resulta imposible determinar cuántas conversaciones.

Con todo, la UCO encontró hasta seis números de destacados miembros de la Policía Nacional que hablaban con López Madrid en momentos clave del caso. Uno de esos comisarios es Enrique García Castaño, el entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), los policías encargados de interceptar comunicaciones y practicar escuchas, entre otros cometidos. Otro de los teléfonos que aparecía en el terminal de de López Madrid es el del hoy jubilado comisario José Manuel Villarejo Pérez.  

López Madrid y el comisario Villarejo

López Madrid dijo en el juzgado que fue Granados quien le presentó a Villarejo. La doctora denunció que entre los supuestos servicios prestados por el policía al empresario estaba que el comisario la pinchase como advertencia de parte de López Madrid. Villarejo niega tal extremo y no ha llegado a estar imputado en la causa.

La defensa de la doctora Pinto ha denunciado “un montaje” detrás de los informes policiales que la señalan como la verdadera acosadora a López Madrid, urdido con la ayuda de policías contratados por el amigo del rey. La jueza ignoró esa denuncia y archivó la causa contra López Madrid. 

El yerno de Villar Mir, por su parte, dijo primero en el juzgado que no conocía al comisario Villarejo, pero posteriormente cambió de versión. El sumario recoge decenas de llamadas entre ambos. El comisario Villarejo asegura que se limitó a recomendar al empresario que denunciara el supuesto acoso de la mujer.

La investigació de la trama Púnica, que instrueix el jutge de l’Audiència Nacional Eloy Velasco, ha esguitat excàrrecs públics del PP valencià en ciutats com València, Castelló, Elx, Gandia o Dénia, a més de revelar les relacions tan estretes dels dirigents populars d’abans i de hui mateix amb Alejandro de Pedro, aconseguidor de l’entramat el paper del qual guanya rellevància a mesura que avancen les perquisicions.

Els missatges telefònics de De Pedro extrets del mòbil per la policia configuren un interés ben clar pel poder polític i empresarial. En la societat valenciana aquests també són els seus pols d’atracció i entre les amistats de l’imputat en la Púnica destaquen polítics i empresaris, amb un dels centres de gravetat a Benidorm. D’allí és l’exministra i exdirigent del PSOE Leire Pajín, amb qui intercanvia whatsapps a les darreries de l’agost del 2014 sense transcendència a propòsit del Reial Madrid, i del 14 al 17 del mes següent, en què li explica l’exdiputada socialista que ha decidit passar definitivament a la vida privada. “No me voy a dedicar a lo público”, confessa Pajín.

Com amb molts altres personatges amb qui tenia amistat i un tracte distés, De Pedro no dubtava a presumir davant de tercers dels seus contactes. Tan lluny com el mes de maig anterior a aquestes confessions de l’exministra socialista de Sanitat, que feia dos anys que treballava per a les Nacions Unides des d’una entitat vinculada a l’Organització Mundial de la Salut, l’imputat de la Púnica teclejava a Alberto Pascual Flores, del PP: “Hoy he estado con el alcalde de Miami q lo hemos traído a valencia”. “Jodr q nivelazo”. “Sii pues estoy con la ONU en un proyecto muy guapo. Ya te cuento. En ny”. “Genial tio me alegro”. “Con una del PSOE. Jajajaj. Una tal leire Pajín”. “Me suena, creo...jejeje. Creo q alicantina... jajaja. Q grande eres”. “Si jajaja”.

No són les úniques referències. En uns whatsapps, enviats a la fi de maig del 2014 a Nadia de León, De Pedro presumeix: “España es un caos políticamente hablando. tengo a los dos partidos pidiéndome consejos y no doy abasto... No sé si has visto los resultados de las elecciones europeas”. “Sí vi”, respon la interlocutora. I ell prossegueix: “Pero ha salido un grupo de izquierdas que apoya a Chávez”. “Y vi que el partido de rubalcaba va para abajo”, interromp ella. “Con más de un millón de votos. Si, yo estoy ayudando a leire Pajín es muy amiga mía. Ella apoya a Carmen Chacón”, conclou l’imputat en la Púnica.

També és de Benidorm Antonio Magraner Balaguer, empresari de la coneguda família de la ciutat propietària d’Aqualandia i Mundomar que va acabar comprant el parc Terra Mítica, i a qui De Pedro va escriure un whatsapp la vesprada del 17 de setembre de 2013: “He quedado con Villalonga (probablement el fill de Juan Villalonga) para tomar algo esta noche. Por si te apuntas”. L’interlocutor li va respondre: “Genial! Yo había quedado para tomar algo después de cenar con Gerardo Camps que iba a estar con Víctor Campos y con el presidente de aguas de Valencia y te iba a decir si. Me acompañabas”.

“Ah, perfecto”, va respondre De Pedro, que va afegir tot seguit “El presidente de aguas de valencia haber (sic) si invierte algo en mi diario de valencia www.ahoravalencia.es”. Era un dels digitals falsos que De Pedro va crear per promoure la imatge de dirigents del PP i atacar l’oposició. Pel que es dedueix de l’intercanvi de missatges, la trobada no va arribar a tenir lloc aquella nit.

Amb l’empresari Juan Villalonga, De Pedro es va intercanviar whatsapps el gener del 2014 a propòsit dels moviments que vinculaven l’expresident de Telefónica i el de Bankia en aquell moment, Rodrigo Rato, amb una de les presumptes operacions per a comprar el València Club de Futbol. “Hola Juan una cosa si es verdad lo del valencia cf y necesitas q te ayude a difundir noticias o hacer ruido dimelo puedo mover lo q te interese, además Bankia su presi y el de la Generalitat son clientes míos. Te ayudo en lo que necesites”,

L’aconseguidor de la trama Púnica li va enviar tot seguit un enllaç a wwwwdiariobernabeu.com. Un diari digital fals que De Pedro va muntar per a Florentino Pérez amb l’objectiu de millorar la imatge del Reial Madrid i llançar atacs contra els rivals. No va haver-hi resposta de Villalonga, malgrat que va insistir durant uns quants dies: “Mira el proyecto que hemos hecho... Al final no me llamaste yo a tu disposición... Juan te veo de presidente en valencia?... Qué tal todo”.

La investigación de la trama Púnica, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, ha salpicado a excargos públicos del PP valenciano en ciudades como Valencia, Castellón, Elche, Gandia o Dénia, además de revelar las estrechas relaciones de los dirigentes populares de antes y de hoy mismo con Alejandro de Pedro, conseguidor del entramado cuyo papel gana en relevancia a medida que avanzan las pesquisas.

Los mensajes telefónicos de De Pedro extraídos de su móvil por la policía configuran un claro interés por el poder político y empresarial. En la sociedad valenciana también son esos sus polos de atracción y entre las amistades del imputado en la Púnica destacan políticos y empresarios, con uno de los centros de gravedad en Benidorm. De allí es la exministra y exdirigente del PSOE Leire Pajín, con quien intercambia whatsapps a finales de agosto de 2014 sin trascendencia a propósito del Real Madrid, y del 14 al 17 del mes siguiente, en los que la exministra socialista le explica que ha decidido pasar definitivamente a la vida privada. “No me voy a dedicar a lo público”, confiesa Pajín.

Como con muchos otros personajes con los que tenía amistad y un trato distendido, De Pedro no dudaba en presumir ante terceros de sus contactos. Tan lejos como el mes de mayo anterior a esas confesiones de Pajín, que llevaba dos años trabajando para Naciones Unidas desde una entidad vinculada a la Organización Mundial de la Salud, el imputado de la Púnica tecleaba a Alberto Pascual Flores, del PP: “Hoy he estado con el alcalde de Miami q lo hemos traído a valencia”. “Jodr q nivelazo”. “Sii pues estoy con la ONU en un proyecto muy guapo. Ya te cuento. En ny”. “Genial tio me alegro”. “Con una del PSOE. Jajajaj. Una tal leire Pajín”. “Me suena, creo...jejeje. Creo q alicantina... jajaja. Q grande eres”. “Si jajaja”.

No son las únicas referencias. En unos whatsapps enviados a finales de mayo de 2014 a Nadia de León, De Pedro presume: “España es un caos políticamente hablando. tengo a los dos partidos pidiéndome consejos y no doy abasto... No sé si has visto los resultados de las elecciones europeas”. “Sí vi”, responde su interlocutora. Y él prosigue: “Pero ha salido un grupo de izquierdas que apoya a Chávez”. “Y vi que el partido de rubalcaba va para abajo”, interrumpe ella. “Con más de un millón de votos. Si, yo estoy ayudando a leire Pajín es muy amiga mía. Ella apoya a Carmen Chacón”, concluye el imputado en la Púnica.

También es de Benidorm Antonio Magraner Balaguer, empresario de la conocida familia de la ciudad propietaria de Aqualandia y Mundomar que acabó comprando el parque Terra Mítica, y a quien De Pedro escribió un whatsapp la tarde del 17 de septiembre de 2013: “He quedado con Villalonga (probablemente el hijo de Juan Villalonga) para tomar algo esta noche. Por si te apuntas”. Su interlocutor le respondió: “Genial! Yo había quedado para tomar algo después de cenar con Gerardo Camps que iba a estar con Víctor Campos y con el presidente de aguas de Valencia y te iba a decir si. Me acompañabas”.

“Ah, perfecto”, respondió De Pedro, que añadió acto seguido “El presidente de aguas de valencia haber (sic) si invierte algo en mi diario de valencia www.ahoravalencia.es”. Era uno de los digitales falsos que De Pedro creó para promover la imagen de dirigentes del PP y atacar a la oposición. Por lo que se deduce del intercambio de mensajes, el encuentro no llegó a producirse aquella noche.

Con el empresario Juan Villalonga, De Pedro tuvo un intercambio de whatsapps en enero de 2014 a propósito de los movimientos que vinculaban al expresidente de Telefónica y al de Bankia en aquel momento, Rodrigo Rato, con una de las supuestas operaciones para comprar el Valencia Club de Fútbol. “Hola Juan una cosa si es verdad lo del valencia cf y necesitas q te ayude a difundir noticias o hacer ruido dimelo puedo mover lo q te interese, además Bankia su presi y el de la Generalitat son clientes míos. Te ayudo en lo que necesites”.

El conseguidor de la trama Púnica envió a Villalonga un enlace a wwwwdiariobernabeu.com. Un falso diario digital que De Pedro montó para Florentino Pérez con el objetivo de mejorar la imagen del Real Madrid y lanzar ataques contra los rivales. No hubo respuesta de Villalonga pese a que insistió durante varios días: “Mira el proyecto que hemos hecho... Al final no me llamaste yo a tu disposición... Juan te veo de presidente en valencia?... Qué tal todo'”.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, se ha referido este lunes a las informaciones de eldiario.es sobre el funcionamiento de la trama Púnica y su relación con el PPCV. La investigación que está llevando a cabo el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, revelaría, según un comunicado de la coalición, el estrecho vínculo entre algunos dirigentes del PP valenciano y uno de los principales imputados de la Púnica, el empresario Alejandro de Pedro, para favorecer esta trama a cambio de compensaciones personales y para el partido.

Según asegura Ferri en el mencionado comunicado “se trata de diferentes grados de conexión con de Pedro de antiguos dirigentes populares, y lo que es más preocupante, de dirigentes actuales, entre los que se encuentran César Sánchez, José Císcar, Luis Santamaría, Carmen Contelles, José Juan Zaplana, Jorge Bellver o la misma Isabel Bonig. Estamos hablando de la primera línea de dirección del PPCV actual, los cuales no han dado ninguna justificación pública sobre su relación con la trama Púnica”.

“Desde Compromís reclamamos a Isabel Bonig, como Presidenta del PP valenciano, que aclare que unió a parte de la actual dirección de su partido con Alejandro de Pedro y qué contraprestaciones les pidió y recibió la trama Púnica cuando ellos gobernaban. Bonig tiene que colaborar y aportar luz sobre el alcance del saqueo de las arcas públicas valencianas que supuso la relación de su partido con la Púnica y por supuesto pedir perdón por un caso de corrupción del que hasta ahora se han desentendido completamente. Así mismo exigimos que se devuelva a los valencianos todo el dinero robado”.

Para Ferri el trabajo de la justicia está desentrañando la vertiente valenciana de la trama Púnica, un caso del que Compromís ya ha denunciado y puesto ante los tribunales varias ramificaciones, como los 180.000 pagados por el Consell a una empresa constructora de la trama en el marco del Plan Confianza, o los 60.000 euros en informes inexistentes encargados por el gobierno del PP a Alejandro de Pedro.

“Quiero hablar contigo del tema ahora Denia. Estoy enfadada, quiero hablar contigo”, teclejava per WhatsApp el 5 de març de 2014 la llavors alcaldessa de Dénia, Ana Kringe, del PP, a Alejandro de Pedro, un dels principals imputats en la trama Púnica. El seu enuig obeïa al fet que De Pedro es resistia a contractar, per a fer Ahora Dénia, un dels diaris digitals falsos que va crear per promoure la imatge de dirigents i càrrecs públics populars, una persona procedent d’un altre digital que tenia la confiança de l’alcaldessa.

“Claudio me dice que si tiene que q ser esta chica no trabajas más con nosotros y no me parece correcto”, es queixa Kringe. I l’aconseguidor de la trama Púnica puntualitza: “Qué? Yo no he dicho eso Ana, al revés. He dicho q si esta esa persona no firmo ningún contrato ósea (sic) que no ponemos a nadie pero que seguiré haciendo lo que estoy haciendo porque eres tú, jamás haría eso y creo q me conoces. Creo que me has entendido mal”.

Però l’alcaldessa insisteix: “Puede ser, pero yo necesito a una persona de confianza q dé caña y conozca la vida de Dénia y lo más importante, sea de confianza”. I De Pedro respon: “Vale pues dame otra si yo estoy dispuesta (sic) al que sea pero esa persona es la competencia, trabaja para denia.com y necesito poder confiar en ella y contarle mis tripas para ganar tráfico. Además dicho por ella, podría reaprovechar contenido para las dos páginas. Lo q te h dicho yo que tu digas pero lo veo un riesgo super alto cuando tiene q haber más gente”. “Hazme caso”, insisteix obstinadament Kringe.

La vinculació de l’exalcaldessa de la capital de la Marina Alta amb l’aconseguidor de la Púnica ja havia sorgit en el curs de la investigació del cas que dirigeix el jutge de l’Audiència Nacional Eloy Velasco. De Pedro va facturar com a proveïdor a l’Ajuntament de Dénia i se sospitava que havia estat darrere de Kringe, que va arribar a l’alcaldia el 2008 en desplaçar Paqui Viciano, del PSPV-PSOE, gràcies al vot d’un trànsfuga socialista, i va ser reelegida el 2011 amb els vots del PP i d’una formació local. Els missatges del mòbil de De Pedro confirmen la relació.

Kringe va aconseguir convéncer De Pedro en el seu llarg intercanvi de WhatsApp aquell dia de març del 2014. Però aquest va insistir en allò que volia: “Por cierto Ana porque no te follas a denia.com eres la única alcaldesa de España q permite que un diario tenga el dominio de la ciudad. Ya te dije q esa marca es vuestra la tenéis registrada y eso que hace el del diario es ilegal”. Kringe li va respondre: “Otros no tienen socios de gobierno...”. “Déjate. para recuperar eso no tienes que consultar a nadie. Es el nombre de tu ciudad Y el dinero es mínimo”.

“Ana una cosa que estoy pensando a esta chica tendré q decirle q te conozco para indicarle q hable bien de ti, no? Quiero decir yo tengo que indicarle una línea editorial a seguir”, consulta De Pedro a Kringe. I l’alcaldessa respon: “La linea ella la sabe. Dar ostias (sic) a la oposición”. L’aconseguidor de la Púnica es fa l’aprensiu: “Ostias no, potenciar tu imagen si pero ostias no q luego me las dan a mi”. “Noooo”, tecleja Kringe. I De Pedro tanca la conversació: “Ya hablaremso con esto si, ahora me meto en una reunión”.

“Notición. Acabo de cerrar con Florentino un supercontrato. Oeoeoeoeoeoeoe oeoeoe. Ahora soy del madrid. Jajaja. Soy un chaquetero”. Así celebró Alejandro de Pedro, uno de los principales imputados de la trama Púnica, el acuerdo al que llegó en septiembre de 2013 con el Real Madrid.

El mensaje se lo mandaba a su mediador con Florentino Pérez, Donato González, responsable de Société Générale en España, y la euforia de De Pedro estaba justificada. Era un contrato por 300.000 euros por un año para mejorar la reputación en redes sociales del Real Madrid en España y otros países.

La campaña en redes sociales organizada por De Pedro tenía como base central una página web, diariobernabeu.com. El método era similar al que De Pedro aplicó con otras campañas en redes que vendía a empresas y políticos, y que solían incluir un medio digital, en apariencia independiente, donde se publicaban noticias favorables al cliente que después se movían en redes sociales a través de cuentas falsas para influir en el debate público y aminorar el impacto de las noticias negativas.

Hoy diariobernabeu.com ya no está en funcionamiento y su cuenta de Twitter hace meses que no se actualiza. Se presentaba como un “periódico digital con todas las noticias del Real Madrid”, pero tanto en las redes como en su propia web –accesible parcialmente a través de Archive.org– omitía que quien realmente pagaba ese supuesto medio de comunicación era el propio club, a través del contrato con la empresa de Alejandro De Pedro, EICO.

El equipo de comunicación del Real Madrid y, en ocasiones, el propio Florentino Pérez, daban indicaciones directas a De Pedro sobre los contenidos que tenían que aparecer en esa web. La relación entre De Pedro y el presidente del Real Madrid está acreditada por los numerosos mensajes SMS y llamadas telefónicas que figuran en el sumario judicial de la trama Púnica, a los que ha tenido acceso eldiario.es.

El Diario Bernabéu no solo servía para mejorar la reputación en redes del Real Madrid o contar noticias sobre el club. También para lanzar campañas contra los árbitros y contra rivales de Florentino Pérez, como el expresidente del club Ramón Calderón. O incluso para presionar al entrenador con la alineación.

“Presi, lo sacan ahora y te lo envío”

Gareth Bale fue contratado en el último suspiro del mercado de fichajes el 31 de agosto de 2013. El Real Madrid se comprometió entonces a pagar una cifra récord: 99 millones de euros.

Pero, cosas del fútbol, el fichaje se demoró más de lo previsto; el galés se incorporó tarde a los entrenamientos y el entrenador, Carlo Ancelotti, no terminaba de alinear de inicio a Bale tanto como se esperaba por el precio pactado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

“Presi, lo sacan ahora y te lo envío”, avisaba De Pedro a Florentino Pérez a las diez de la noche el 16 de enero de 2014 en relación con una publicación en diariobernabeu.com escrita para reclamar la titularidad de Bale: “Además, mañana en la rueda de prensa preguntarán por esto al entrenador”.

A las 7:51 del día siguiente, De Pedro vuelve a escribir al presidente del Real Madrid: “Buenos diass presi, hemos sacado dos artíulos, hoy se mueven en redes sociales http://www.diariobernabeu.com/bale-reclama-su- sitio/1258 y este dirigido al entrenador http://www.diariobernabeu.com/ancelotti-pon-bale/1254”. Y a las pocas horas, otro mensaje más de De Pedro a Florentino Pérez: “Hace un rato q se cambiaron como pediste. Un abrazo”.

Ambos artículos no están ya disponibles en la web, pero tanto la dirección como el mensaje “dirigido al entrenador” quedan aún más claros pocas horas después. Esa misma mañana, en la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, los servicios de prensa del Real Madrid daban la palabra al periodista Javier Iglesias, director de diariobernabeu.com, para preguntar por las suplencias del galés, tal y como había avisado De Pedro a Florentino Pérez: “¿Es un lujo excesivo que Gareth Bale no sea titular en todos los partidos como ocurre con Cristiano Ronaldo?” Este es el vídeo con la pregunta de Javier Iglesias y la contestación del entrenador:

Tras la pregunta de Javier Iglesias, Alejandro de Pedro envió por SMS el vídeo a Florentino Pérez. “Presi esta mañana se ha preguntado al entrenador como te dije”, escribía De Pedro con un enlace al vídeo en Youtube. “Bien”, respondía Pérez.

diariobernabeu.com no sólo presionaba al entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti. También a los árbitros tras un clásico en el que cayó el Madrid 3-4 frente al F.C. Barcelona. “Buenas noches presi, estamos a tope con el tema del arbitraje, sobre todo sacando imágenes del pisotón en la cabeza de Busquets a Pepe”, informaba De Pedro en marzo de 2014.

Envió un mensaje similar a Antonio Galeano, responsable de comunicación del Real Madrid: “Buenas noches Antonio, estamos a tope con el arbitraje si tenéis algo interesante me lo envías. Gracias y un abrazo”.

Al día siguiente, De Pedro envía a Pérez y Galeano el siguiente mensaje: “El Real Madrid acostumbrado a jugar con diez contra el Barça http://www.diariobernabeu.com/real-madrid-expulsiones-barcelona-diez- jugadores/4170”.

Galeano responde: “Magnífico trabajo. Abrazo”.  Y añade en su comunicación con Pérez: “Hemos hecho dos mas, por indicación de Antonio [Galeano], http://www.diariobernabeu.com/real-madrid-perjudicado-arbitros-liga/4169 Y la tercera, Undiano es reincidente y talismán para el Barsa http://www.diariobernabeu.com/undiano-mallenco-barcelona/4182”. Se refiere a Alberto Undiano, uno de los árbitros de Primera División.

Pero no solo Galeano daba instrucciones directas a De Pedro. También lo hacía en algunas ocasiones el propio Florentino Pérez, como se ve en este mensaje de julio de 2014: “Alex, no pongáis en el diario Bernabéu que media Europa está detrás de Isco porque aparte de que no es verdad nos va a terminar creando problemas”. Y De Pedro le responde: “Vale, ahora mismo lo quitan. De todas formas presi echo en falta más q nos digan q interesa poner y q no, superamos ya los 2 millones de visitas así q lo q se pone tiene su repercusión en los madridistas”. A este mensaje de De Pedro, Florentino no respondió.

La de Isco no es la única corrección que hace Florentino Pérez a De Pedro. En septiembre de 2014, le dice: “Pones muchas cosas de Di María”.

Hacía un mes que había firmado su traspaso al Manchester United. De Pedro le responde: “Puede ser se lo diré pero es q el tío trae mucho tráfico. Por cierto hoy el as criticaba la decisión q habéis tomado con la cantera, se ha sacado esto http://www.diariobernabeu.com/cantera-real-madrid-remodelacion/13379”.

De Pedro también publicaba artículos contra el expresidente madridista Ramón Calderón, rival de Florentino Pérez, como este que le mandó a Antonio Galeano en abril de 2014: “http://www.diario-bernabeu.com/tapese-un-poquito-senor-ramon-calderon/4857”.

En alguno de los mensajes, el propio Florentino duda de la eficacia de la estrategia de redes sociales diseñada por De Pedro: “Vale para algo lo de el diariobernabeu. Todo el mundo sabe que es un diario de la casa”, le escribe por SMS.

Según declaró Florentino Pérez hace unos meses ante la Audiencia Nacional, donde fue citado como testigo por este contrato con De Pedro, el Real Madrid decidió romper con la empresa para cerrar un acuerdo mucho más ambicioso con Microsoft, que desarrolló un herramienta de software a medida para gestionar las redes sociales del club.

En el interrogatorio, el fiscal le preguntó en varias ocasiones por el Diario Bernabéu. En su declaración, cuyo audio desveló El Confidencial, Florentino Pérez aseguró que esa web la montó De Pedro desde su empresa “para tener más contacto con este mundo de los seguidores” en redes sociales. “El diario es un tema menor” (...), “es uno de los miles que hay sobre el Real Madrid”. También aseguró que ese diario no lo pagaba el club, sino que corría a cargo de Alejandro De Pedro, y que no conocía de nada a su director, Javier Iglesias.

Ante la Audiencia Nacional, como testigo, Perez se mostró también arrepentido de su contrato con Alejandro de Pedro y “la fatalidad de que una persona que nos presentan como experto resulta que después está implicado en una cosa que mancha el nombre del Madrid”.

Javier Iglesias, el periodista que dirigía Diario Bernabéu, hoy trabaja como coordinador de Diario Madridista, una sección dedicada al Real Madrid dentro de OK Diario, el digital de Eduardo Inda. Iglesias también fue interrogado por la Audiencia Nacional como testigo de la Operación Púnica. Ante el fiscal, según publicó El Confidencial, Iglesias admitió que ese medio tenía como único cliente al propio club. “Hay un cliente que es el Real Madrid, y nos pedían que hiciéramos determinadas cosas como contrarrestar una campaña contra un jugador publicada en otros medios”.

“He quedado con el tío este de Indra que nos va a pagar a las 10:30 en La Moraleja”. Así le contó el conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro a su socio que se iba a encontrar con un directivo de la multinacional para cobrar lo que presuntamente le adeudaba por derivación del consejero madrileño Salvador Victoria.

Esa conversación se produjo el 22 de septiembre de 2014, según las grabaciones que forman parte del sumario de la Operación Púnica en la Audiencia Nacional. Esa cita se produjo, por tanto, una semana después de que el entonces consejero de Presidencia, Salvador Victoria, llamara a De Pedro y le asegurara que iba a “desbloquear” con el consejero delegado de Indra ese pago.

Cuando fue detenido en el marco de la Operación Púnica, el propio De Pedro confesó que un alto directivo de Indra le entregó 10.000 euros en el interior de un coche. Los investigadores tienen fotografías de ese encuentro entre De Pedro y el director general de la compañía, Santiago Roura, dentro de un vehículo en un parque de una urbanización de La Moraleja, una exclusiva zona del norte de Madrid. “Cuando fui tenía un sobre debajo del asiento y simplemente me dijo, coge el sobre y salte a la puerta. El sobre tenía 10.000 euros”, dijo De Pedro en su confesión ante el juez.

“Lo primero es cobrar”

En la investigación no consta documentalmente la entrega de esos 10.000 euros, pero sí que De Pedro, tras ese encuentro, hizo un ingreso en el banco por esa misma cantidad. José Martínez Nicolás, exconsejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM), una sociedad pública dependiente de la Comunidad de Madrid, aseguró ante el juez que Victoria ordenó a Indra –adjudicataria millonaria de la comunidad– el pago a De Pedro por servicios realizados para Victoria.

“Esto se ha hecho toda la vida, nunca ha pasado nada”, le dijo Victoria a de Pedro en su conversación a mediados de septiembre de 2014: “Yo he llamado al consejero delegado [por Javier de Andrés] y he quedado a tomar un café con él, para ver si lo desbloqueo”.

En la conversación de De Pedro con su socio, Alonso celebra que vaya a verse con el directivo de Indra: “Lo primero es cobrar. Para cobrar no podemos tener falta de nada”. “Estos son netos, esto entra...”, le contesta el conseguidor de la Púnica.

“A ver si le clavas alguna cosa”

De Pedro le cuenta su cita a Alonso porque tenía problemas logísticos para llegar hasta La Moraleja ya que previamente había quedado con Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación de Murcia y hoy presidente de la región, que estaba interesado en sus servicios de reputación online, según se desprende de las grabaciones del sumario. La cita era a las 9 de la mañana en el lujoso Hotel Villarreal, situado enfrente del Congreso. A última hora el político del PP cambió el lugar de la cita, que se produjo en un bar cercano.

Alonso, socio en una de las empresas de la trama (Eico) dedicada al posicionamiento en red, le recomienda que intente colocarle algún servicio para la Consejería de Educación murciana: “A ver si además de lo de su reputación le cuentas alguna cosa de lo que estas haciendo con Fígar [Lucía Fígar, entonces consejera de Educación en Madrid, imputada, como victoria en la trama] a ver si le pudiéramos vender algo más”.

“Como éste lo que quiere es lo suyo por su problema, pues esto a tope. Eso, como es sumar, nos viene como dios, pero dile que hay otras cosas que estoy haciendo en Madrid con Lucía y, como es su referencia, a ver si le clavas alguna cosa”, termina Alonso.

Los cuatro contratos que investiga el juez Velasco entre la Consejería de Educación y dos sociedades del empresario De Pedro están firmados entre 2012 y 2014 y suman algo más de 80.000 euros. Tres de esos contratos estaban destinados a que Madiva, una de las compañías del conseguidor de la Púnica, mejorara presuntamente la reputación online de Figar. La sociedad controlaba una red de 60 diarios digitales zombies que reproducían las notas del departamento de Educación y engañaban a los buscadores de Internet, apareciendo la propaganda en puestos preferentes de las búsquedas de los usuarios. Según elconfidencial.com, el dinero público habría servido también para mantener el blog personal de la exconsejera de Educación.

El presunto conseguidor de la red Púnica, Alejandro de Pedro Llorca, imputado por siete delitos por facturar a distintas instituciones públicas la propaganda en Internet que realizaba para políticos del PP, dirigía la expansión de su red a través de sus contactos para facturar a más administraciones e importantes empresas del Ibex-35 cuando fue detenido en octubre de 2014.

Así lo evidencia el extracto de sus conversaciones telefónicas, emails y sms incluidos en este sumario que acumula medio centenar de imputados y que indaga sobre un fraude de más de 200 millones de euros en instituciones de distinto color político.

Lo que vendía De Pedro –imputado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsificación documental, utilización de información confidencial y fraude– a través de sus empresas Eico y Madiva eran campañas para contrarrestar informaciones negativas en la Red a través de falsos medios de comunicación que luego se amplificaban con perfiles de Twitter.

En la Comunidad de Madrid, durante los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, estuvieron sus principales clientes institucionales que contrataron incluso campañas contra la Marea Verde de profesores. Los exconsejeros Salvador Victoria y Lucía Figar tuvieron que dimitir cuando fueron imputados por este escándalo.

La Diputación de León, que presidía la fallecida Isabel Carrasco, también había pagado a la trama. Igual que media docena de ayuntamientos madrileños con alcaldes del PP.

El exconsejero de Educación de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, hoy presidente de la región, recurrió a De Pedro cuando se encontraba en plena carrera para convertirse en candidato del PP con la intención de paliar las consecuencias mediáticas de su previsible imputación en el caso Auditorio.

De Pedro cerró el acuerdo con Sánchez en varias reuniones que mantuvo con él, según figura en los informes de los investigadores, pero los contratos no llegaron a adjudicarse porque lo impidió el arresto del cabecilla de la red por la Guardia Civil. Pero en la causa existen indicios abundantes sobre los planes para cargar al Gobierno murciano la campaña en internet a favor de Pedro Antonio Sánchez.

Fuentes próximas a la investigación aseguran que está al caer el escrito del juez Eloy Velasco con la exposición razonada para que el presidente murciano sea investigado por el Tribunal Superior de aquella comunidad.

En el momento en que fue arrestado, el supuesto experto en Internet trataba de ganarse la confianza de la presidenta de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal, para empezar a trabajar en esa comunidad. Como sistema de acercamiento, De Pedro remitió un informe por correo electrónico a Cospedal alertándole de “los problemas” que “la bicefalia” en el PP estaba generando en Murcia.

Esa comunicación, que se produjo a finales de septiembre de 2012, no deja lugar a dudas sobre sus intenciones: “Querida amiga, desde la última vez que nos vimos la empresa mía ha crecido [...] a tu disposición para trabajar [...]. Si necesitas más información aquí me tienes para las próximas elecciones”. Paralelamente, sus contactos buscaban también nuevas vías de negocio en el Ayuntamiento de Ciudad Real y de Tarancón, ambos en manos del PP.

Cita con los Aznar concertada por Zaplana

La hiperactividad de De Pedro le llevó al mismo chalé de los Aznar-Botella en la exclusiva urbanización de Guadalmina, en Málaga. Era el verano de 2013 y Ana Botella era la alcaldesa de Madrid. De los mensajes incorporados al sumario de la Púnica se deduce que el conseguidor visitó la residencia veraniega en la mañana del 26 de agosto de 2013 con la mediación de Eduardo Zaplana, al que había conocido porque José Antonio Alonso Conesa, socio de De Pedro y exalcalde socialista de Cartagena, tiene un hermano que trabajaba con el antiguo ministro de Aznar en Telefónica.

“Una cosita, tengo que ir esta semana a Estepona, Zaplana me ha puesto una reunión en casa de Aznar jueves o viernes no lo tengo aún cerrado…”, le escribe el 20 de agosto De Pedro a Francisco Granados. El mismo día 26 de agosto, a las 12.00 de la mañana, el mensaje del conseguidor va dirigido al director general de Societe Generale, Donato González: “Acabo de estar con Aznar”.

En mensajes anteriores, Zaplana le da la dirección del chalé de los Aznar-Botella. Consultado por eldiario.es, el exministro de Trabajo afirma que él “jamás” estuvo en esa reunión, que no recuerda haber mediado para que se produjera y que tampoco tiene constancia de que se llegara a celebrar. De Pedro quería ofrecer a Ana Botella sus trabajos reputacionales en Internet.

La Guardia Civil mencionó en un informe la posibilidad de que la reunión se hubiera llegado a realizar de acuerdo a las afirmaciones de De Pedro. “He cerrado con Aznar, ya te contaré”, le dice De Pedro a otro interlocutor el 7 de septiembre. Sin embargo, la investigación no ha dado ningún resultado en ese sentido. Fuentes del equipo de Botella en el Ayuntamiento de Madrid reconocen que el conseguidor ofreció sus servicios, pero niegan tajantemente que Botella llegara a contratar a Alejandro de Pedro.

El PSOE tampoco escapaba del radar de Alejandro de Pedro. “Creo que podremos hacer algo con el PSOE, pero hay que ser prudentes”, cuenta a un colaborador. En otra conversación, días antes de verse con Aznar, De Pedro afirma sobre su socio y exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso: “Quedamos con él en septiembre, es muy amigo mío y es la entrada a la parte del PSOE que quieras, además es híper-buena persona”. La afirmación se produce el 30 de julio de 2013 en una conversación con Donato González, otro de sus colaboradores.

Sus clientes del Ibex

La institucional fue solo la primera de las vías de negocio de la factoría De Pedro. Pero sus sociedades, Eico y Madiva, también se hicieron un hueco entre la selecta clientela del Ibex-35. El hombre que según la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el juez del caso, Eloy Velasco, actuaba como conseguidor de la trama, llegó a firmar acuerdos con Telefónica, Mediaset y Bankia.

En el momento de su arresto intentaba extender su negocio a otras grandes del Ibex como la constructora Sacyr, entonces también en el Ibex, a la que ofertó planes de comunicación por 1.500, 3.000 y 6.000 euros mensuales. Según el registro de conversaciones incorporado a la causa, De Pedro cuenta a una colaboradora llamada Sara el 2 de octubre de 2014, unas semanas antes de su detención, que la constructora tenía interés en “hacer ruido con el aeropuerto en la región de Murcia” pero también en usar las campañas de la Púnica para cualquier otra crisis que se pudiera generar.

Por las mismas fechas, las empresas de De Pedro trataban de captar como cliente al grupo Isolux seduciendo con entradas para el fútbol a su equipo de comunicación.

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se reunió varias veces en Madrid con el empresario Alejandro de Pedro, a quien la Policía, el juez Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción señalan como el conseguidor de la trama Púnica. Fue el político del PP quien impulsó el primer encuentro y aunque las detenciones frustraron la firma del contrato, ambos acordaron todos los detalles de la campaña pagada con dinero público para mejorar su reputación, dañada por la imputación en el caso Auditorio.

Los trabajos que iba a realizar De Pedro para Pedro Antonio Sánchez era el mismo que hizo para otros políticos del PP: promocionarle a través de cuentas en redes sociales y falsas webs de noticias. En este caso se trataba de mejorar la imagen de quien aspiraba a ser el candidato de los populares a las elecciones autonómicas

“Hola. Soy Pedro Antonio Sánchez, de Murcia. Hablamos hace un tiempo. Estaré en Madrid mañana por la tarde y martes hasta las 11.00h. Si puedes, nos vemos. Gracias”. Así se dirigía Sánchez, por entonces consejero de Educación, a De Pedro, según los mensajes de móvil que constan en el sumario de Púnica, al que ha tenido acceso eldiario.es.

Sánchez, imputado en el caso Auditorio e investigado por sus tratos con este empresario de Púnica, declaró en mayo de 2016 que fue De Pedro y sus socios quienes le presionaban para firmar contratos de reputación online. “Alrededor de un año estos responsables de esta empresa, de forma periódica, insistían en su oferta de servicios, en sus ofertas de trabajo, y nunca se aprobaron (...) Se dirigieron a nosotros, hubo ofertas persistentemente en torno a un año y nunca se autorizó nada”, afirmó en una entrevista tras desvelarse las investigaciones de la Guardia Civil.

Pero el relato contenido en el sumario de Púnica es muy distinto, y en él se refleja que es Sánchez quien pide las reuniones con De Pedro y llega a autorizar, a través de su jefe de Gabinete, la firma del contrato con las empresas de reputación online. A ese primer mensaje el empresario no contesta, así que le insiste 24 horas más tarde: “Hola Alex. Nos podremos ver?”.

Ante la insistencia de Sánchez, De Pedro accede a un encuentro en Madrid el 23 de septiembre de 2014, cerca del Congreso de los Diputados. El empresario acudía a la capital a varias citas de trabajo, entre las que estaba una reunión con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. De Pedro y Sánchez se citan en el Hotel Villareal, pero a última hora el político del PP cambia el lugar de la reunión a un bar cercano.

Ese encuentro debió terminar bien, porque una semana después De Pedro escribió un mensaje a Sánchez: “Buenos días Pedro Antonio, que tal todo? Pudiste ver eso q le pase a tu chico? Espero verte en madrid con mas tiempo ;-). Abrazo”. Efectivamente, ambos se citaron para un nuevo encuentro en la capital, esta vez en el Hotel Las Letras.

Esa reunión, a la que también acudió la senadora Pilar Barreiro, se produjo un mes después y un empleado de De Pedro se encargó de relatarla en su declaración a la Guardia Civil. Francisco Javier Bueno González era por esas fechas trabajador de Madiva, una de las empresas con las que el conseguidor de la Púnica llevaba a cabo sus trabajos de reputación online.

Pedro Antonio Sánchez dio el “ok” al contrato

Bueno y De Pedro estaban tomándose un café en el mencionado hotel, cuando el empresario le pidió que se fuera porque había quedado con Sánchez y Barrerio, también investigada en esta causa. Cuando salía del hotel se cruzó con los dos políticos del PP. El empresario no le dijo por qué había quedado con ellos, pero Bueno entendió que era para “la realización de informes de percepción inicial de estos cargos públicos (...) los aspectos a tratar con estas personas son reputacionales”.

Unos días después, este empleado y su jefe se reúnen con el jefe de Gabinete de Pedro Antonio Sánchez. De Pedro le cuenta su plan para mejorar la reputación online, que estaría apoyado con la creación de un blog para promocionar noticias positivas sobre Sánchez. “El jefe de Gabinete dijo que el Consejero de Educación había dicho que ”OK“ al trabajo de reputación y todo lo que conllevaba, como la contratación de un periodista”, refleja la declaración ante los agentes de este trabajador.

Es más, el jefe de Gabinete de Sánchez hizo saber a los trabajadores de esta empresa de Púnica que Sánchez tenía especial interés en los trabajos en redes sociales por su implicación en un caso de corrupción: “El consejero había estado imputado por algún caso y quería mejorar su reputación”. Hablaba del caso Auditorio, que ahora ha colocado a Sánchez al borde de perder la presidencia de Murcia.

Aunque el contrato no se llegó a firmar, que es el argumento de la Fiscalía para tratar de exculpar a Sánchez, en esas reuniones sí se decidieron todos los detalles. Así consta en un documento que redactó De Pedro en el que reflejó que se iba a crear una página web para Sánchez, que iba a estar mantenida por un periodista y que la fecha para su puesta en marcha era el 1 de noviembre. El coste total para las arcas públicas iba a ser de 32.000 euros, pero la operación se frustró con la detención del empresario el 27 de octubre de 2014.

Aunque el contrato no se llegó a firmar, el juez Eloy Velasco considera que el presidente murciano cometió los delitos de cohecho, fraude y revelación de información. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al criterio del juez y al de las propias fiscales del caso con el argumento de que no hubo perjuicio para las arcas públicas.

En el auto del pasado mes de febrero, Velasco acusó a Sánchez de amañar contratos de formación en la Consejería de Educación con el fin de realizar, en realidad, trabajos particulares de reputación en Internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como presidente de Murcia. Así consta en los mensajes y declaraciones del caso.

La Trama Púnica en la Región de Murcia alcanza el estado de esperpento. En la jornada de ayer el juez Eloy Velasco tenía previsto tomar declaración a un nuevo testigo, bajo el nombre de Antonio E. Pérez Molina. Velasco se ha visto obligado a suspender la declaración debido a que en la Consejería de Educación no consta ningún funcionario que alguna vez haya trabajado para dicha administración.

Por supuesto, tal testigo no apareció en la declaración prevista para el día de ayer. En definitiva, para la justicia ahora mismo tal testigo no existe, ya que la validez judicial de una identidad falsa es nula.

En la carta que se tomó como prueba para fijar la declaración se aseguraba que el director de las empresas Eico On Line y Madiva, Alejandro de Pedro, y un estrecho colaborador suyo habían sido recibidos en la Consejería de Educación, a finales de 2014, por el entonces director general Enrique Ujaldón, y el jefe de gabinete de Pedro Antonio Sánchez, David Conesa.

“Tres días antes de que saltara el escándalo y fueran detenidos tres altos cargos de la Consejería de Turismo...tuvo lugar una reunión en la sede de la Consejería, en el despacho de Enrique Ujaldón, director general de los cursos de formación a la que asistieron Ujaldón, Conesa, Alejandro de Pedro y uno de sus empleados de confianza”, explicaba literalmente la misiva, en la que también se aseguraba que los hechos que constataba el informe de la UCO “son absolutamente verosímiles y fundamentados en la realidad”.

También comenta la carta que tanto Pedro Antonio Sánchez como Alejandro de Pedro estarían al borde de la imputación y que si no se habría producido es por “probables injerencias políticas posteriores”. En última instancia, la carta también menciona a un Martínez Pujalte “sorprendido” a la salida de la sede de la Fiscalía General. Este último dato es ya un tanto revelador, pues esas imágenes las ofreció La Verdad en un contexto que nada tenía que ver con la Trama Púnica.

En definitiva, pocas conclusiones se pueden sacar más acerca de este hecho, que enturbia un poco más todo lo que sucede alrededor de la Trama Púnica y las supuestas reuniones de altos cargos de la política murciana con las empresas de Alejandro de Pedro.

Según informa el medio digital Vózpopuli, bajo las iniciales de A.E.P.M. un extrabajador de la Consejería de Educación ha remitido a la Audiencia Nacional varias cartas con información sobre las supuestas irregularidades que salpican al presidente Pedro Antonio Sánchez, cuando ocupaba el cargo de consejero en dicha administración.

Dos meses después de que el juez Eloy Velasco levantase el secreto de sumario tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), y en la que se concluía el presunto delito de fraude de Pedro Antonio Sánchez el testimonio de este trabajador del Gobierno murciano sale a la luz para, de nuevo, relacionar al presidente murciano con una de las tramas de corrupción más importantes de los últimos años.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalaba que Pedro Antonio Sánchez habría incurrido en un supuesto delito de “fraude en materia de contratación pública en relación a los supuestos trabajos reputacionales” con empresas de la trama Púnica dirigidas por Alejandro de Pedro.

Estos encargos “habrían sido sufragados indiciariamente con fondos públicos, en el marco de un eventual contrato en materia de formación”. El informe implica también al jefe de gabinete del presidente regional.

En definitiva, la UCO apuntaba a que Sánchez alcanzó un “concierto” con Alejandro de Pedro por el que pagaría 4.600 euros al mes durante ocho meses para mejorar su imagen, un total de 36.800 euros.