El exgerente de la sociedad pública navarra de vivienda Nasuvisa Alberto Bayona ha admitido este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre el 'caso Koldo' que mantuvo varias reuniones con el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, si bien ha negado cualquier “relación laboral o contractual” con Servinabar 2000, la mercantil propiedad también de Santos Cerdán que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción por funcionar supuestamente como el vehículo para el cobro de comisiones ilegales.

Según ha detallado Alberto Bayona, los contactos con Antxon Alonso, que no ha sabido cuantificar, se produjeron tras su salida de la empresa pública de vivienda en el año 2023, es decir, después de que el Gobierno de Navarra adjudicase a Servinabar 2000, en UTE con Acciona, el contrato para la construcción de 46 viviendas de protección oficial en el barrio de Erripagaña en 2022. El exgerente de Nasuvinsa ha enmarcado esos encuentros en su actividad profesional tras su salida de la empresa pública. Según ha explicado trabajaba para una empresa en el análisis de parcelas de uso residencial que pudiesen ser de interés para promotores para la gestión de proyectos.

“Tuvimos un encuentro casual en la calle, él me preguntó cuál era mi actividad y le expliqué que estaba analizando unas parcelas para ver si podían ser de interés para promotores. Él estaba interesado en unas parcelas, pero no se llegó a concretar nada”, ha señalado Alberto Bayona sobre sus reuniones con Antxon Alonso. “No he cobrado nada de Servinabar 2000”, ha aseverado.

El exgerente de Nasuvinsa ha negado también haber tenido relación con Santos Cerdán o Koldo García y haber desarrollado algún tipo de actividad incompatible con su cargo como gerente en Nasuvinsa. Asimismo ha asegurado desconocer que Cerdán era accionista de Servinabar.

La sociedad pública Nasuvinsa adjudicó dos lotes de VPO a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, uno de 62 viviendas en el año 2018 y otro de 43 en 2022, los dos en el barrio de Erripagaña. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra detectó algunas “irregularidades” en el proceso de esas adjudicaciones como la inexistencia de actas de las reuniones que mantuvo la mesa de contratación.

En la carretera N-121-A, la que une Pamplona con Francia a través de Irún, hay dos túneles que llevan años incumpliendo la normativa europea de seguridad en este tipo de infraestructuras, lo que ha llevado incluso a una amenaza de cierre de esta carretera por la que circulan a diario multitud de vehículos, sobre todo tráfico pesado. Son los túneles de Belate y Almándoz, que en la actualidad son bidireccionales y que la normativa obliga a desdoblar. La obra para separar el tráfico que circula en sentido norte (Irún) del que lo hace dirección sur (Pamplona) en el de Belate ya está avanzada, y no sin polémica. El contrato fue adjudicado por 62,8 millones de euros más IVA a la UTE de Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y, según la Guardia Civil, también de Santos Cerdán. Tras hacerse público el informe de la UCO, esta mercantil fue excluida de la obra, en la que participaban dos empleados dedicados a labores de seguridad y prevención de riesgos laborales.

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, la directora general de Obras Públicas, María Torres, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, así como personal de las empresas que conforman la UTE han enseñado este viernes a los alcaldes de la zona y a la prensa cómo avanzan las obras de desdoblamiento del primero de los dos túneles de la N-121-A. Según han detallado, de los alrededor de tres kilómetros que tendrá el túnel de longitud, se han excavado ya más de 2,5 kilómetros (“un 90%”), la gran mayoría por la cara norte. Para la unión de ambas caras, lo que se conoce como el “cale”, tan solo faltan unos 340 metros y se espera que se produzca “antes del verano”. Tras ello se desarrollarán los trabajos de “destroza”, todo lo que tiene que ver con la excavación de la parte inferior del túnel. Se prevé que la infraestructura sea inaugurada a finales del 2027, aunque el consejero no ha querido fijar una fecha.

En la obra, según ha apuntado el consejero, trabaja “24 horas al día, siete días a la semana” un equipo de unas 200 de personas, entre operarios, técnicos, ingenieros, personal de oficina o personal asignado a seguridad y calidad. Entre el personal ya no queda nadie con uniforme de la empresa Servinabar 2000, cuyo único rastro en la obra es un pequeño logo en uno de los carteles de la boca norte del túnel, por donde se ha entrado a la visita de los trabajos. En el resto de la cartelería ha desaparecido toda referencia a la empresa de Alonso y Cerdán que la UCO sitúa en el centro de la trama de corrupción por supuestamente funcionar como el vehículo para el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Es en exterior de la cara norte del túnel, por donde se están llevando la gran parte de los trabajos de “avance”, las empresas de la UTE han montado “una pequeña ciudad”: hay un taller para reparar la maquinaria averiada, un espacio en el que se forjan las cerchas con las que asegura el techo del túnel, así como vestuarios, aseos y un pequeño comedor. Todo ello 'edificado' sobre un terreno pantanoso y lleno de trozos de pizarra extraida del interior del túnel. Para esas labores se están empleando un Jumbo de tres brazos; un Jumbo de dos brazos; dos Robot gunitador (hormigón proyectado); tres plataformas elevadoras normed; dos telescópicas; dos miniretroexcavadoras; dos bombas de inyección; cuatro extraviales articulados; un camión articulado; dos palas cargadoras; cuatro retros con martillo hidráulico; ocho vehículos de apoyo; dos patines de avance (cuadro eléctrico en el interior del túnel), uno por cada boca; dos transformadores eléctricos, uno por cada boca; cuatro bombas para achique de agua; dos sistemas láser de guiado y dos sistemas de ventilación compuesto por ventiladores y mangas, uno por cada boca.

El jefe de obra, Jerónimo Pérez, ha explicado que el terreno sobre el que se está excavando el túnel “es más complicado” de lo que se había “anticipado”, lo que ha obligado a solicitar un modificado del contrato. Las mayores dificultades, ha precisado, se encuentran en los cambios de la tipología de la geología y en las numerosas vetas de agua que han aparecido. Así, se han tenido que utilizar diferentes técnicas de excavación en función de la dureza del terreno. De los 300 metros que quedan para el “cale”, la unión de las dos bocas, la práctica totalidad del material es blando, pizarra, lo que obliga al uso de máquinas excavadoras en lugar de material explosivo.

La obra de este túnel no es objeto de la causa que ahora investiga la Audiencia Nacional, pero está bajo sospecha de corrupción por ser el contrato más elevado adjudicado por el Gobierno de Navarra a la empresa Servinabar 2000, de un total de siete. Además, estuvo envuelto en polémica desde el principio porque tres de los ocho miembros de la mesa de contratación, los tres letrados, emitieron sendos votos particulares oponiéndose a la adjudicación. En sus escritos justificaron sus reticencias alegando indicios de “arbitrariedad”. Aseguraron que el informe de valoración de las siete ofertas presentadas no exponía “las razones que justifican las puntuaciones”, ni expresaba “las ventajas de unas ofertas frente a otras”, lo que, según añadieron, podía “generar arbitrariedad e indefensión para los licitadores”. 

También destacaron que el presidente de la mesa, Jesús Polo, conoció las puntuaciones de los otros cuatro técnicos expertos en Obras Públicas, lo que según la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra debió “anular” el proceso de adjudicación.

En paralelo a estas obras se trabaja en la redacción de un segundo modificado del contrato que incluirá los sobrecostes por imprevistos de la obra después de que el primero de ellos fuera objeto de un reparo suspensivo por parte de la intervención general, que consideró que gran parte de los 8,5 millones de euros de sobrecoste presupuestados no estaban justificados. Este reparo provocó una crisis entre los socios del Ejecutivo de María Chivite que se saldó con la destitución del director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, quien había autorizado el modificado.

Mientras se desarrollan estas obras también se está avanzando en las obras del tramo de carretera que comunica los túneles de Belate y Almándoz, y en la licitación del desdoblamiento de este segundo túnel, que se prevé para este 2026. El consejero ha avanzado que se tratará de negociar con la Unión Europea una prórroga del plazo fijado para la finalización de los dos túneles, que el Gobierno navarro había fechado en 2027, para evitar una sanción.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, de Geroa Bai, ha desvelado este miércoles en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Parlamento foral que en 2018, cuando era gerente de la sociedad pública de vivienda Nasuvinsa, mantuvo una reunión con el empresario Antxon Alonso de la que no había informado hasta ahora por el interés que tenía el dueño de Servinabar 2000, la mercantil que la UCO sitúa en el centro de la presunta trama de corrupción, en hacerse con unos terrenos cerca de la localidad de Lumbier para ubicar el espacio logístico “ligado” al proyecto Mina Muga.

“Hubo una solicitud por su parte en este sentido para llevar adelante esta cuestión, y desde Nasuvinsa se le establecieron las condiciones que podrían contemplar una opción de esas características, pero que finalmente no se materializaron. Si no recuerdo mal, se le envió una propuesta de precios de alquiler, etc., que no contestó y que, por lo tanto, no llevó a ningún sitio”, ha explicado.

Asimismo, ha detallado que ya como consejero mantuvo otras dos reuniones con Alonso en relación con el proyecto de Mina Muga en las que analizaron “la conveniencia de impulsar, acelerar los procesos de desarrollo de políticas de vivienda y de desarrollo industrial en el ámbito de Sangüesa en función de cómo iba el desarrollo del proyecto de Mina Muga”.

Según José María Aierdi, en esas reuniones Alonso acudía como representante de Servinabar, “pero en una relación con Acciona, como ejecutantes de una parte de las obras previstas en el caso de Mina Muga”. Así, ha añadido, el Ayuntamiento de Sangüesa se dirigió al Departamento de Vivienda que él lideró en la legislatura 2019-2023 para “planificar el suelo necesario para atender esa demanda de vivienda y las posibilidades que tiene de desarrollo industrial”.

En ese contexto, ha dicho que mantuvo “unas 50 reuniones” con el señor Ignacio Salazar -consejero delegado de Geoalcali-, que era responsable gerente de Mina Muga, y en dos ocasiones con el señor Antxon Alonso para saber si el proyecto, por parte de los socios, “tenía visos de realidad o únicamente pretendía un pelotazo financiero y no había detrás un desarrollo industrial”.

Según ha añadido el consejero navarro, Antxon Alonso le trasladó que no había “ninguna intención por los entonces accionistas de llevar adelante el proyecto” y que simplemente estaban tratando de obtener las autorizaciones oportunas “para vender a un tercero, que sería el industrial, que desarrollaría el proyecto”.

Sobre si el proyecto Mina Muga era entonces artificial, el consejero ha comentado que vieron que “quienes dirigían este proyecto en ese momento no tenían en el corto plazo una previsión de intervención”. “Por eso lo único que hacemos en relación con Sangüesa es un desarrollo residencial de recuperación de viviendas de Camineros, un desarrollo de nueva construcción de 12-14 viviendas e iniciamos el proceso de modificación del PSIS, del polígono industrial del concejo que está pegado a Sangüesa”, ha señalado.

Ha asegurado el consejero que no tuvo “ninguna” reunión con Antxon Alonso en relación con la adjudicación a la UTE Acciona-Servinabar de las 62 VPO en Erripagaña. “En relación con este expediente, no he estado con nadie de Acciona ni Servinabar”, ha dicho.

La Fiscalía ha denunciado por un delito de desobediencia al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, por haberse negado hasta en dos ocasiones a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000.

Entrecanales no acudió a su citación argumentando que Acciona había designado a otro representante para comparecer. La Fiscalía señala en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es que su incomparecencia “carece de justificación” porque los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra ya le habían “advertido expresamente” que la citación iba dirigida a su persona y no a un representante de Acciona.

“Ni el informe con alegaciones ni la sustitución a cargo de los sres. Mollinedo y Figueroa podían suplir su comparecencia personal”, apunta para añadir que nada de ello “ampara la desobediencia o la desatención de un requerimiento parlamentario que no sólo es legítimo, sino que, además, está respaldado por el Código Penal, que prevé, en caso de incumplimiento de tal requerimiento, la sanción más grave del ordenamiento jurídico, la pena de prisión.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Servinabar 2000 es la mercantil de Antxon Alonso que la UCO sitúa en el centro de la trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública tras haber encontrado un documento en el domicilio del empresario vasco por el que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán adquiría el 45% de las participaciones de la compañía.

Tras negarse a comparecer en enero, la comisión de investigación decidió volver a citar al presidente de Acciona el lunes 9 de febrero y, una vez más, volvió a dar plantón a este foro. La multinacional argumentó que Entrecanales no había sido la persona designada por el consejo de administración para hacerlo. Añadieron que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona y que su comparecencia fue rechazada por los grupos. La Fiscalía desestima ahora esos argumentos y solicita a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona abrir diligencias contra José Manuel Entrecanales.

El exvicepresidente de UPN Óscar Arizcuren ha reconocido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre la derivada foral del 'caso Koldo' que facturó a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también de Santos Cerdán.

Arizcuren, que ha reconocido que con Cerdán le unía una relación “estrecha y de amistad”, ha explicado que obtuvo 28.000 de beneficios por labores de consultoría facturados a Servinabar 2000 vía OAP Asesoramiento Integral, una consultora de su propiedad. La Hacienda Foral de Navarra cifra en 69.000 euros la cantidad facturada por esa colsultora a la empresa que la UCO sitúa en el epicentro de la trama de corrupción durante los ejercicios 2022, 2023 y 2024. “Una empresa tiene ingresos y gastos. Todo está justificadísimo y todos los cobros se hicieron por cuenta bancaria, no hay un solo movimiento en efectivo”, ha asegurado el exdirigente regionalista.

Según ha apuntado toda su relación con la empresa Servinabar se produjo a través de Antxon Alonso. “Era una empresa normal, si hubiera visto algún indicio de algo hubiera cortado relación”, ha apostillado. También ha señalado que tras leer el informe de la UCO que situaba a Cerdán al frente de la presunta trama de corrupción cortó su relación con él y con Antxon Alonso “por prudencia”.

Óscar Arizcuren, que en 2019 dejó la política navarra y la vicepresidencia de UPN para dar el salto a Madrid como directivo de Aena (desde diciembre de 2017), también ha reconocido que mantuvo “una o dos” reuniones con Santos Cerdán y el expresidente de UPN Javier Esparza, pero ha descartado que estuvieran relacionadas con negociaciones entre el partido regionalista y el PSOE para la reforma laboral. “Solo facilitaba la relación personal entre ellos dos”, ha apostillado.

“Nosotros venimos de estar en la oposición juntos y claro que hemos tenido comidas, una o dos, pero el único objetivo de esa comida es tejer relación por si hubiese la posibilidad de tener un acuerdo para llegar a un acuerdo de gobierno en el caso de que hubiese unas elecciones. Pero no tiene nada que ver con la posición del partido en ninguna cuestión”.

Arizcuren ha desvinculado su salto a Madrid y a Aena con su relación de amistad con Cerdán. “El PSOE aún no estaba en el Gobierno”, ha puntualizado. En 2020 dejó de ser afiliado de UPN aunque ha asegurado que sigue “siendo” del partido regionalista para negar su presencia en actos del PSOE.

La directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), Edurne Eginoa, ha avanzado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que la oficina que ella dirige ha recibido dos denuncias “anónimas” por contratos adjudicados por el Gobierno foral para la construcción de viviendas de protección oficial a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública.

Edurne Eginoa ha precisado que las dos denuncias llegaron a la OANA a raíz de la publicación de los informes que encargó la presidenta de Navarra, María Chivite, para auditar las obras encargadas por su Ejecutivo a la empresa Servinabar 2000 tras conocerse el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. En esos informes, Anticorrupción detectó más de una decena de irregularidades en los procesos de adjudicación de cuatro obras. La adjudicación de una de ellas, la del desdoblamiento de los túneles de Belate, la llegó a calificar de “nula de pleno derecho”.

La presidenta de la OANA se ha ratificado en todo lo recogido en las conclusiones de los informes que elaboró a petición de Chivite. Incluso ha apuntado que tras escuchar las sesiones de la comisión de investigación de la Cámara foral en las que comparecieron los técnicos de la mesa de contratación de Belate, la OANA podría hacer ahora “un informe más extenso”.

Así, se ha referido a que los miembros de la mesa “pusieron de manifiesto la falta de una reunión presencial” y ha cuestionado la actuación del presidente de la mesa, Jesús Polo, por haberse “negado” a convocar reuniones presenciales. “Los propios miembros de la mesa han dicho que una reunión presencial hubiese solucionado determinadas discrepancias”, ha expuesto, para considerar fundamental en las mesas “deliberar”.

Con todo, ha apuntado que “lo lógico” es que la obra siga para no causar “perjuicio al interés general”. “La obra ya estaba adjudicada y ya incluso había comenzado. Yo entiendo, pero bueno, eso ya no me corresponde, que la obra tiene que continuar y hacerse hasta el final, por supuesto”, ha afirmado, para opinar que “sería un desastre parar ahora esa obra”.

Una represalia “de manual”

Preguntada por el traslado del puesto de trabajo del secretario de la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate y denunciante, Lorenzo Serena, lo ha calificado de una “represalia de manual”.

El secretario fue trasladado a trabajar a una nave al polígono industrial de Landaben, decisión que posteriormente el Departamento de Cohesión Territorial corrigió tras recibir un informe de la OANA que afeaba el traslado y lo consideraba una represalia por haber denunciado ante Anticorrupción el procedimiento de la mesa de contratación.

“Trasladar a esta persona a un almacén de Landaben constituye una represalia, pero hay que reconocer la rápida actuación del consejero Chivite -consejero de Cohesión Territorial-, que lo admitió en seguida y a los dos días se anuló la resolución de traslado a Landaben”. Con todo, ha señalado que su traslado fue “inadmisible”, que nada lo justificaba y que la propia presidenta de Navarra lo reconoció.

El propietario y gestor del bar Franky de Pamplona que aparece señalado en el informe de la UCO de la Guardia Civil por presuntamente emitir facturas falsas a Acciona para que después Koldo García cobrase el dinero en efectivo, ha negado haber participado o tener conocimiento de la presunta trama y ha aseverado que “nunca” pagó dinero en efectivo al exasesor del Ministerio de Transportes. Javier Lorente ha comparecido este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas a las empresas Acciona y Servinabar 2000.

Según los agentes de la Guardia Civil que realizaron el informe, el bar Franky servía a la trama para lavar dinero y obtener liquidez a través de facturas “ficticias” que el contable del establecimiento, Miguel Moreno Purroy, emitía a Acciona. La constructora llegó a pagar más de 2.700 euros en facturas por supuestas comidas de empleados y posteriormente el dinero acababa en los bolsillos de Koldo García.

El dueño del bar, Javier Lorente, ha reconocido que conocía a Santos Cerdán y Koldo García por ser clientes de su establecimiento, pero ha negado que les realizase pagos en efectivo. Según ha apuntado, de las facturas se encargaba su “amigo” y contable, Miguel Moreno Purroy. “No sé si hizo alguna vez alguna factura que no debía”, ha añadido.

Por el contrario, ha manifestado que no conoce a Fernando Merino, exresponsable de Acciona en Navarra, pese a que, según la investigación de la UCO de la Guardia Civil consta un intercambio de mensajes a través de Whatsapp o correos electrónicos en el que están incluidos tanto Merino como el propio Lorente. “No sé por qué me habla de Acciona todo el rato, yo no he hecho ninguna factura a nombre de Acciona. Yo no he hablado con Acciona en la vida”, ha asegurado Lorente.

Lorente ha asegurado que “no le consta” que Acciona emitiera esas facturas y que no recurda si empleados de Acciona comían en su bar. “Venía mucha gente a comer, sobre todo personal de los juzgados (situados frente al bar)”. “De las facturas se encargaba mi contable. Sinceramente, supongo que si alguien me pide una factura será porque es una comida grande o porque hay varios tiquets”, ha señalado.

El gerente de la zona norte de Acciona Costrucción, Eduardo Montes, quien era subordinado de los dos directivos de la constructora imputados por el 'caso Koldo', ha confirmado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que fue Acciona la que introdujo a Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán, en la UTE que fue adjudicataria de las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate en la comunidad foral.

Montes ha señalado que fue él quien comunicó a la tercera empresa de la UTE, Osés Construcción, la participación de un 15% de Servinabar, si bien ha negado que fuese él quien tomó la decisión. Según ha dicho, fue el directivo imputado Tomás Olarte quien le comunicó la decisión. “No digo que él lo decidiese, solo que él me lo comunicó”. También ha reconocido que Servinabar 2000 “no era imprescindible”.

La UTE a la que el Gobierno de Navarra adjudicó la obra para el desdoblamiento del túnel de Belate estaba conformada por Acciona (con una participación del 55%), Osés Construcción (30%) y Servinabar 2000 (15%). Tras el estallido del 'caso Cerdán' Acciona y Osés excluyeron a Servinabar 200 de la unión temporal de empresas.

El gerente de la zona norte de Acciona Construcción ha asegurado que Servinabar 2000, además de aportar “conocimiento del medio”, realizaba trabajos en la obra que justificaban su 15% en la UTE a pesar de que únicamente contaba con dos empleados en la misma, dedicados a labores de seguridad y prevención de riesgos laborales. “Las facturas respondían a trabajos realizados”, ha aseverado para explicar que una participación del 15% “no implica que tenga que aportar el 15% de los medios”.

Según ha contado, como gerente de Acciona Construcción en Navarra ya había tenido una experiencia previa con la mercantil de Antxon Alonso, al que conoció en 2019. Fue en las obras para la construcción de 42 viviendas VPO en el barrio de Erripagaña, situado en la comarca de Pamplona. Allí, según ha apuntado, la mercantil que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción también hacía trabajos reales, tanto es así que ha apuntado que el director de obra era de Servinabar 2000.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha cuestionado durante su interrogatorio que Servinabar 2000 haya realizado trabajos en la obra y ha atribuido su participación en la UTE a la presencia de Santos Cerdán en el accionariado de la mercantil para conseguir la adjudicación. “No es razonable que por dos trabajadores se tenga una participación del 15%”, ha reprochado.

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre el 'caso Koldo' ha enviado a la Fiscalía la negativa a comparecer del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales. Todos los grupos, salvo Vox, coinciden en que Entrecanales ha podido incurrir en un delito de desobediencia recogido en el Código Penal por haber dado plantón hasta en dos ocasiones a la comisión. Ahora será la Fiscalía la que deberá analizar si considera que el presidente de la multinacional ha cometido ese delito.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Servinabar 2000 es la mercantil de Antxon Alonso que la UCO sitúa en el centro de la trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública tras haber encontrado un documento en el domicilio del empresario vasco por el que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán adquiría el 45% de las participaciones de la compañía.

Tras negarse a comparecer en enero, la comisión de investigación decidió volver a citar al presidente de Acciona el lunes 9 de febrero y, una vez más, volvió a dar plantón a este foro. La multinacional argumenta que Entrecanales no ha sido la persona designada por el consejo de administración para hacerlo. Añaden que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona y que su comparecencia fue rechazada por los grupos.

Los servicios jurídicos de la Cámara Foral defienden que la citación es personal y está dirigida al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, por lo que Acciona no puede designar a otro representante para acudir a declarar al Parlamento Navarro.

Desde Acciona insisten en que la citación debería dirigirse a Acciona Construcción, no a Acciona, al considerar que “Acciona no ha sido licitadora ni adjudicataria en las obras investigadas en Navarra”. “La empresa que sí participó en la UTE adjudicataria del túnel de Belate es Acciona Construcción, filial de una filial de Acciona”, ha indicado, para señalar en un escrito enviado al Parlamento que “ninguna de las dos sociedades está investigada en la causa judicial, ahora en la Audiencia Nacional”.

Los grupos de la comisión navarra que investiga la derivada foral del 'caso Koldo' estudian denunciar al presidente de Acciona José Manuel Entrecanales por negarse a comparecer. Entrecanales ha dado plantón por segunda vez este lunes a la comisión del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también Santos Cerdán.

UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PP y Contigo/Zurekin ya han mostrado su voluntad de dar traslado a la Fiscalía de la negativa del presidente de Acciona a no comparecer para que analice si ha podido incurrir en un delito de desobediencia recogido en el Código Penal. La decisión la tomarán el martes en la reunión interna que celebrarán los grupos de la comisión antes de la comparecencia del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Tras negarse a comparecer en enero, la comisión decidió volver a citarle este lunes 9 de febrero, pero el presidente de Acciona ha vuelto a dar plantón a la comisión de investigación.

La multinacional argumenta que Entrecanales no ha sido la persona designada por el consejo de administración para hacerlo. Añaden que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona, extremo que rechazaron los miembros de la comisión. “Quien tiene que comparecer es él, no puede designar un suplente cuando la citación es personal”, señaló en una entrevista con este periódico la presidenta de la comisión. Este lunes también ha acudido en lugar de Entrecanales Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de la compañía, y de nuevo se ha rechazado su declaración.

Desde Acciona insisten en que la citación debería dirigirse a Acciona Construcción, no a Acciona, al considerar que “Acciona no ha sido licitadora ni adjudicataria en las obras investigadas en Navarra”. “La empresa que sí participó en la UTE adjudicataria del túnel de Belate es Acciona Construcción, filial de una filial de Acciona”, ha indicado, para señalar en un escrito enviado al Parlamento que “ninguna de las dos sociedades está investigada en la causa judicial, ahora en la Audiencia Nacional”.

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, tampoco acudirá a su segunda citación en la comisión navarra que investiga la derivada foral del 'caso Cerdán'. Entrecanales, que ya dio plantón a la comisión del Parlamento navarro el pasado 20 de enero, ha enviado un escrito a este foro en el que avanza que tampoco acudirá el próximo lunes, según ha avanzado la Cadena Ser y han confirmado a elDiario.es fuentes de la comisión.

Las personas citadas por la comisión de investigación tienen la obligación de comparecer y no hacerlo puede constituir un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal. La presidenta de la comisión, Irati Jiménez, ya avanzó que de no acudir de nuevo a la citación, serán los grupos de la comisión los que decidan si dar traslado a la Fiscalía.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Servinabar 2000 es la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

En su escrito enviado a los miembros de la comisión navarra de investigación, Acciona vuelve a explicar que la negativa de Entrecanales a comparecer se debe a que no ha sido la persona designada por el consejo de administración de la multinacional para hacerlo. Añaden que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona, extremo que rechazaron los miembros de la comisión. “Quien tiene que comparecer es él, no puede designar un suplente cuando la citación es personal”, señaló en una entrevista con este periódico la presidenta de la comisión.

La empresa insiste en que la citación debería dirigirse a Acciona Construcción, no a Acciona, al considerar que “Acciona no ha sido licitadora ni adjudicataria en las obras investigadas en Navarra”. “La empresa que sí participó en la UTE adjudicataria del túnel de Belate es Acciona Construcción, filial de una filial de Acciona”, ha indicado, para señalar en su escrito que “ninguna de las dos sociedades está investigada en la causa judicial, ahora en la Audiencia Nacional”.

A su juicio, la comparecencia que correspondería sería la de Acciona Construcción, “cuya participación en el proyecto sí es directa”. “Así lo confirmaría la decisión de la comisión de requerir la comparecencia de Eduardo Montes de Frutos, gerente de departamento Zona Norte de Acciona Construcción en España, lo que hace, si cabe, menos necesaria la comparecencia del presidente de la matriz”, ha añadido.

Insiste la compañía en su escrito en que “la citación se dirige a la sociedad, no al presidente a título individual” y recuerda que el presidente de una sociedad anónima no ostenta legalmente la representación de la compañía, que corresponde al Consejo de Administración. En su escrito a la comisión, Acciona considera que, con la convocatoria, “podría estar vulnerando el derecho de la empresa a designar a su propio representante, derecho reconocido en la Ley Orgánica 5/1984 y en la Ley de Sociedades de Capital”.

El exconsejero de Cohesión Territorial y presidente del PSN, Bernardo Ciriza, ha defendido este martes en la comisión del Parlamento de Navarra que investiga las obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la presencia de Santos Cerdán en “algunas” reuniones del Gobierno de Navarra con el Ministerio de Fomento pese a que no era un cargo de ninguno de los dos Ejecutivos.

“Ocupaba un puesto de referencia en el PSOE como diputado y como secretario de Organización”, ha señalado Ciriza para justificar la presencia de Cerdán en las reuniones en las que se habló de la “urgencia” de duplicar los túneles de Belate en la carretera N-121-A. Esas obras fueron adjudicadas posteriormente a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y, según la Guardia Civil también de Santos Cerdán.

Sobre las reuniones, el que fuera consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra entre 2019 y 2023, ha asegurado que Cerdán tenía una actuación “normal” y “discreta” y ha afirmado que “nunca” hablaron de empresas. También ha señalado que era una práctica “habitual” y que otroes diputados también han acudido a reuniones con el Ministerio, sin saber concretar quiénes. “Fuimos a hablar de financiación, a pedir ayuda al Ministerio porque nosotros solos no podíamos acometer la obra”, ha solemnizado Ciriza, que ha apuntado que en ningún caso sospechó de la participación de Cerdán en la mercantil investigada por el Tribunal Supremo.

Preguntado por el portavoz de UPN, Javier Esparza, por su relación con Santos Cerdán, ha explicado que lo conoció en el año 2011 y que tenía una relación “cordial” con él, pero ha negado que fuese él quien le introdujera en el Gobierno foral. “Fui en las listas al Parlamento de Navarra a petición de María Chivite y es ella la que me nombra consejero”, ha apuntado para añadir que Cerdán “nunca” le habló de liderar la consejería.

También ha negado que hablara con el ex secretario de Organización del PSOE sobre los asuntos a tratar en las reuniones con Fomento. “No preparábamos nada con él antes de las reuniones, yo preparaba las reuniones con mi equipo y a Cerdán le contaba lo mismo que a otros partidos sobre las necesidades que teníamos en infraestructuras como el TAV, la N-121-A o la AP-15”, ha añadido.

Sobre la mesa de contratación de las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate, ha afirmado que él no la quiso “controlar” con nombramientos como el del exdirector general de Obras Públicas Pedro López Vera. Según ha precisado esa propuesta, que constaba en un correo electrónico enviado por el propio director general, era “de trabajo”, y buscaba que la mesa fuera “lo más plural y transparente”. “Estábamos buscando lo mismo que ahora, mejorar los procesos de adjudicación”, ha expuesto. “Cuando se hizo esa propuesta, ha apuntado, ”no había ni proyecto de los túneles“, ha apostillado. ”En el momento que nos dijeron que no se podía, pues se quitó“.

Ciriza también ha justificado la “necesidad” de prorrogar el contrato del director de Nuevas Infraestructuras del Gobierno foral y que ejerció como presidente de la mesa, Jesús Polo, a pesar de que estaba en edad de jubilación por las “dificultades” para cubrir las plazas de dirección.

La directora general de Osés Construcción, Noemí Osés, ha asegurado que fue Acciona quien introdujo a Servinabar 2000 en la UTE que fue adjudicataria de las obras para el desdoblamiento para el túnel de Belate por 62,8 millones de euros más IVA. La constructora navarra se desvincula así de la participación de un 15% en la UTE de la empresa propiedad de Antxon Alonso y Santos Cerdán y que la UCO sitúa en el centro de la trama por el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública.

La UTE a la que el Gobierno de Navarra adjudicó la obra para el desdoblamiento del túnel de Belate estaba conformada por Acciona (con una participación del 55%), Osés Construcción (30%) y Servinabar 2000 (15%). Tras el estallido del 'caso Cerdán', Acciona y Osés han excluido a Servinabar 2000 y se han quedado con su participación a cambio de 900 euros de indemnización, ha precisado la directora general de la constructora. “No puso el aval, incumplió el código ético y no aportó los fondos que se le reiteraron en varias ocasiones”, ha añadido para justificar la exclusión de Servinabar 2000 de la UTE.

La responsable de Osés ha señalado que la presencia de la mercantil de Alonso y Cerdán no era “imprescindible” y que no cuestionaron su presencia en la UTE porque fue Acciona quien la propuso. “¿Qué remedio nos quedaba? Acciona es un socio con el que llevamos años trabajando y es quién tiene la clasificación y la mayoría”, ha apuntado Noemí Osés.

La directora general de la constructora navarra ha explicado que Acciona les comunicó que Servinabar 2000 se encargaría de los controles de calidad, seguridad y medio ambiente. Labores, que ha asegurado podían realizar ellos o Acciona. “Ahora lo hacemos nosotros”, ha apostillado. Preguntada por qué entonces se le dio a Servinabar 2000 un peso del 15% en la UTE ha dicho que “eso se lo deberán de preguntar a Acciona”. “Queda claro que ha sido un regalo de Acciona”, ha solemnizado el portavoz de UPN, Javier Esparza.

Noemí Osés ha asegurado que no conoció a Antxon Alonso hasta que se adjudicó la obra y que no conocía que, tal y como sostiene la UCO de la Guardia Civil, Acciona y Servinabar 2000 tenían un acuerdo firmado por el que la mercantil de Alonso y Cerdán se llevaba un 2% de todas las obras que realizaba el gigante de la construcción. “Radicalmente no”, ha subrayado.

También se ha desvinculado del modificado del proyecto que supuso un sobrecoste a la obra de 8,5 millones de euros que a la postre fue objeto de un reparo suspensivo por parte de la Intervención General del Gobierno de Navarra. Ese reparo le costó el cargo al director general de Obras Públicas del Ejecutivo foral. “Desde la UTE no se ha planteado nunca un modificado, fue la dirección de obra. La UTE encargó un estudio preliminar del proyecto para garantizar la seguridad de la obra”, ha defendido.

El empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar 2000, la mercantil que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama del cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, se ha negado este martes a responder a los miembros de las preguntas de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra. Alonso, había solicitado a la comisión que su comparecencia fuese secreta, sin la presencia de medios de comunicación y sin señal de vídeo, petición que le ha sido denegada.

Así, al igual que hizo en julio del año pasado en la comisión del Senado, el empresario guipuzcoano, muy activo en Navarra, donde tenía la sede de la empresa Servinabar 2000, se ha negado a declarar ante los miembros de la comisión. Únicamente ha hecho uso de su turno inicial de palabra para recordar que está imputado en un proceso penal en el Tribunal Supremo y que siguiendo “la recomendación expresa” de su abogado iba a rechazar responder a las preguntas que se le formulasen en el Legislativo navarro.

A las 9:57 horas, en medio de una nube de fotógrafos y camarógrafos, quien es uno de los personajes clave de la trama ha entrado en la sala de comisiones. Alonso es amigo personal de Santos Cerdán, el exdirigente del PSOE ahora encarcelado, y se le encontró también un documento que mostraba que el político controlaba el 45% de la empresa Servinabar 2000, una de las piezas fundamentales de la investigación que según la Guardia Civil funcionaba como vehículo para el cobro de comisiones ilegales. Escondía igualmente dinero debajo de la cama.

El primero en tomar la palabra ha sido el parlamentario de UPN Javier Esparza, que ha emplazado al empresario a decir “la verdad”, “su verdad”, porque “Navarra merece saber lo sucedido”. Durante su interrogatorio le ha preguntado por su relación con Santos Cerdán, María Chivite, el ex número dos del PSN Ramón Alzórriz, la expresidenta Uxue Barkos o exdirectivos de Acciona como Fernando Merino o Justo Vicente Pelegrini. La batería de preguntas no han tenido respuesta por parte de Antxon Alonso. “Le respondería encantado, pero no lo voy a hacer porque me ha pedido mi letrado que no lo haga”, se ha limitado a declarar el empresario vasco. También ha negado conocer a Jesús Polo, el ingeniero que presidió la mesa de contratación de las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate, adjudicadas a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000 por 62,8 millones de euros. “Navarra no se merece estar vinculada con una trama de corrupción como la que describe la UCO y usted en eso tiene una responsabilidad enorme. Ojalá no hubiera actuado como ha actuado”, ha cerrado el interrogatorio el portavoz de UPN Javier Esparza.

“Ya llegará el momento de responder”

El PSN ha criticado en su turno que UPN haya utilizado su turno de preguntas para hablar de obras realizadas “fuera de Navarra” y ha señalado que no hay ninguna obra pública adjudicada por el Gobierno de Navarra que esté siendo objeto de investigación en la causa abierta en el Tribunal Supremo. “Ninguna”, le ha respondido Antxon Alonso. El portavoz socialista Javier Lecumberri también ha recordado que tanto Cerdán como Alonso han negado “la validez” del documento que encontró la UCO en el trastero del empresario por el que el ex secretario de organización del PSOE adquiría el 45% de las participaciones de Servinabar 2000. También ha recordado que Antxon Alonso “llegó” a Navarra “de la mano de dos alcaldes de UPN” para impulsar proyectos en los ayuntamientos de Milagro -la localidad de Santos Cerdán- y Cintruénigo.

Antxon Alonso sí que ha dirigido unas palabras al parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz, que le ha preguntado al empresario por las razones de la constitución de Servinabar 2000, la venta de una parte de las acciones a Santos Cerdán, por si el ex secretario de organización del PSOE intervino en la adjudicación de obras por parte del Gobierno de Navarra o si la contratación de familiares de Cerdán en las empresas vinculadas a la trama fueron “un pago” por la “intervención política” de Cerdán, entre otras cuestiones. “Ya llegará el momento de responder a todas esas cuestiones”, le ha contestado en euskera Antxon Alonso.

También han interrogado al dueño de Servinabar 2000 Geroa Bai (Socialverdes y PNV), PP, Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) y Vox. Antxon Alonso no ha respondido a ninguna de las cuestiones planteadas por estos grupos, salvo a una realizada por el portavoz de Contigo/Zurekin y otra al de Vox. “¿Ha ayudado a facilitar una trama corrupta?”. “Evidentemente no”, ha aseverado. También ha negado que vendiese un 4% de las participaciones de Servinabar 2000 a un tercer accionista, que según la UCO sería el hijo del director del periódico 'Diario de Noticias de Navarra' Joseba Santamaría.

Antxon Alonso ha afirmado que las obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra a su mercantil en UTE con Acciona han sido “fiscalizadas” por la Cámara de Comptos, el tribunal de cuentas navarro, y por una auditoría externa encagarda por el Ejecutivo de María Chivite y que “no se han encontrado” indicios de injerencia política o corrupción.

El exdirectivo de Acciona imputado por el 'caso Cerdán' Justo Vicente Pelegrini, quien según la UCO de la Guardia Civil ejercía de enlace entre Santos Cerdán y la multinacional para el cobro de comisiones, se ha negado este miércoles a responder a las preguntas de los miembros de la comisión del Parlamento de Navarra que investiga las adjudicaciones del Ejecutivo foral a las empresas Acciona, Osés y Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y Cerdán.

Justo Vicente Pelegrini ha pedido un turno inicial de palabra a la presidenta de la comisión, la parlamentaria de EH Bildu Irati Jiménez, para explicar que por “estar investigado” en la causa abierta en el Tribunal Supremo se iba a acoger a su derecho a no declarar. Las personas citadas por la comisión de investigación tienen la obligación de comparecer, pero no de dar explicaciones, y a eso se ha acogido el que fuera director de Construcción para España de Acciona.

El exdirectivo de Acciona está imputado en la causa por corrupción abierta en el Tribunal Supremo. El juez Leopoldo Puente sitúa al exdirectivo de Acciona en varias reuniones con el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán y con el empresario vasco Antxon Alonso que permitieron que la multinacional accediera a “un significativo número de obra pública”, algunas de ellas en Navarra.

Acciona actuaba en UTE con terceras empresas en las que “no se integraba directamente Servinabar”. Esa compañía era después subcontratada por Acciona, que le abonaba “un beneficio calculado del 2% con respecto al importe total de la adjudicación”.

El interrogatorio lo ha comenzado el portavoz de UPN Javier Esparza, que ha recordado el papel de Pelegrini en las relaciones con Santos Cerdán y Antxon Alonso para el cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obra pública, según se desprende del informe de la UCO de la Guardia Civil. Esparza ha lanzado una batería larguísima de preguntas durante casi 40 minutos que no han obtenido respuesta.

El PSN ha utilizado su turno para criticar el “monólogo” del portavoz de UPN Javier Esparza “lleno de acusaciones y especulaciones” y le ha realizado algunas preguntas que tampoco han sido respondidas por el exdirectivo de la multinacional. EH Bildu, Geroa Bai, PP, Contigo/Zurekin y Vox también han hecho uso de su turno de preguntas para interrogar al exdirectivo de Acciona, que en ningún caso ha respondido.

La licitación del mayor contrato de Vitoria, el de la limpieza y gestión de residuos, ha superado un obstáculo inesperado que había surgido en las últimas semanas. Se trataba de un recurso del sindicato LSB-USO por unas supuestas irregularidades en el acto de apertura de ofertas de finales de diciembre, en el que aparentemente se hicieron públicos datos confidenciales. La mesa de contratación, según fuentes municipales, ha inadmitido el escrito de la central este martes sin entrar en el fondo de la cuestión, “por carecer de legitimación como interesado en el proceso de licitación”. Acciona, por lo tanto, tiene el camino expedito para hacerse con los 385 millones.

Esta nueva polémica se había colado de lleno en la tramitación de la contrata, que acumula un importante retraso porque el primer intento de renovación, en verano, vivió tanto un recurso como la ausencia de ofertas por parte de las empresas. Y eso que el canon anual previsto pasó de 25 a 35 millones de euros. Ahora, a la segunda, se ha inyectado incluso más presupuesto, hasta 38,5 millones al año. Al ser una adjudicación para una década, el montante total llegaría a 385, pero con margen para 420 millones si se hicieran modificados.

Todo apunta a que la nueva adjudicataria será Acciona, ya que es la única empresa que se ha presentado al concurso. La previsión es que al menos hasta junio de este año no se vayan completando todas las fases, necesarias igualmente aunque solamente haya un licitador Esto obliga también a hacer inversiones extraordinarias en la actual contrata, la UTE de Prezero (Cespa) con Onaindia. Se ha llegado a cuantificar en 22 millones por nueve meses el coste de esa prórroga, un dinero muy condicionado por la necesidad de mejorar una flota con 24 vehículos inutilizados y 47 más sin “fiabilidad”.

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha dado plantón a la comisión que investiga en Navarra los contratos adjudicados por el Ejecutivo foral a las empresas Acciona, Miguel Osés y Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y Santos Cerdán. Entrecanales, que ya había anunciado su ausencia a través de un comunicado enviado por Acciona, ha sido citado de nuevo por la comisión el lunes 9 de febrero.

La presidenta del foro, la parlamentaria de EH Bildu Irati Jiménez, ha explicado que en caso de no acudir de nuevo a la citación los grupos que conforman la comisión valorarán volver a citarle y ha recordado que “hay un artículo del Código Penal” que recoge la obligación de las personas citadas por una comisión de investigación a acudir a la comparecencia y que no hacerlo puede acarrear una multa e incluso pena de prisión.

Acciona, en su escrito enviado a la comisión, explicó que Entrecanales no podía acudir a la comisión porque se encuentra en Suiza asistiendo al Foro de Davos. Además, señalaron que no debería haber sido citado a comparecer en la comisión al considerar que quien debería acudir es alguien de la filial Acciona Construcción. 

En su lugar, la multinacional propuso que la comisión interrogase a Joaquín Mollinedo, miembro del Comité de Dirección de la compañía. Sin embargo, su comparecencia ha sido rechazada por todos los grupos. La presidenta de la comisión ha apuntado que “no era la persona citada” y que, por tanto, no podía comparecer y ha lamentado “la falta de interés” por “esclarecer los hechos” por parte de la multinacional.

Desde Acciona aseguran tener un “absoluto respeto” por la comisión de investigación y han reiterado su “intención” de colaborar con la misma “en la medida de sus posibilidades, en el desempeño de sus funciones”. Añaden que han actuado “en todo momento con pleno respeto a la ley, cumpliendo con sus obligaciones y en ejercicio de los derechos que le asisten”.

Así, expican en declaraciones a este periódico, que este martes acudió al Parlamento el representante designado por el consejo de administración y lamentan que su comparecencia no haya podido tener lugar “por causas ajenas a su voluntad”. Subrayan que ya planearon en noviembre la comparecencia de ACCIONA Construcción S.A. “sin haber obtenido respuesta” y critican que este martes se ha “desatendido el derecho de ACCIONA, S.A. a designar su representante ante la Comisión con arreglo a la legislación aplicable”.

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq, no acudirá a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre la derivada foral del 'Caso Koldo', a la que había sido citado a comparecer este martes 20 de enero. La empresa no anunció hasta el viernes, a través de un escrito enviado a la comisión de investigación, que Entrecanales no acudirá a la citación y que en su lugar lo hará otro representante de la compañía. La comisión de investigación ha decidido, en una reunión de urgencia, no desconvocar la citación a Entrecanales y rechazar la comparecencia del otro representante de Acciona que ha propuesto la multinaciona. En caso de que Entrecanales no se presenta, estudiarán volver a citarle.

Según ha avanzado Diario de Navarra, en su comunicado Acciona justifica la negativa de José Manuel Entrecanales a comparecer en la comisión que investiga los contratos adjudicados por el Gobierno foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y Santos Cerdán, porque Entrecanales estará “fuera de España” por su presencia en el Foro de Davos. Acciona y Servinabar 2000 fueron adjudicatarios de al menos siete contratos de obra pública del Ejecutivo navarro, el más importante es el de las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate por 62,8 millones de euros más IVA.

Según la UCO de la Guardia Civil en el año 2015 el empresario Antxon Alonso firmó un acuerdo con Acciona por el cual Servinabar 2000 recibía el 2% neto de todas las adjudicaciones conseguidas por la multinacional.

Acciona también señala en su escrito que José Manuel Entrecanales no debería haber sido citado a comparecer en la comisión y consideran que quien debería acudir es alguien de la filial Acciona Construcción. Con todo, añaden que con “la voluntad de colaborar” acudirá, en lugar de Entrecanales el director general de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de Acciona S.A, Joaquín Mollinedo Chocano.

Para analizar el comunicado y estudiar los pasos que dar, la presidenta de la comisión de investigación, Irati Jiménez (EH Bildu), ha convocado a los representantes de los grupos políticos a una reunión de urgencia. En ella se ha decidido rechazar la comparecencia de Joaquín Mollinedo por no ser la persona citada por los grupo políticos de la comisión y mantener la comparecencia de Entrecanales. En caso de que no acuda, como está previsto, se estudiará volver a citarle.

Varios grupos han mostrado ya su malestar por la negativa de Entrecanales a acudir a comparecer al Parlamento de Navarra. Desde Contigo/Zurekin le han acusado de “obstruccionismo” en la investigación. Entrecanales, como persona citada por la comisión, tiene la obligación de comparecer y la negativa a hacerlo puede ser castigada con penas de multa e incluso de prisión.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha aseverado que el reparo suspensivo de la Intervención General del Gobierno foral al sobrecoste de 8,5 millones de euros de la obra para el desdoblamiento del túnel de Belate (adjudicada a Acciona, Osés y Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán) “demuestra” que no hubo “participación política” en la adjudicación. Chivite ha comparecido este viernes en la comisión de Régimen Foral a petición de UPN para dar explicaciones sobre el reparo junto con los consejeros de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, y el de Cohesión Territorial, Óscar Chivite.

La jefa del Ejecutivo foral ha vuelto a reiterar que no hubo “injerencia” política en la mesa de contratación que valoró las ofertas, ni “ninguna instrucción” de a quién adjudicar la obra. El contrato, de 62,8 millones de euros más IVA, se lo llevó la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000, si bien esta última empresa ha sido recientemente excluida del contrato tras conocerse su vinculación con Santos Cerdán. “Es obvio que en la mesa de contratación ha habido importantes diferencias de criterio técnico, pero nunca una indicación externa”, ha solemnizado María Chivite. 

Al presupuesto total de 76 millones de euros para la ejecución de la obra, las empresas de la UTE anunciaron un sobrecoste inicial de 8,5 millones, que fue autorizado por la dirección de Obras Públicas. Pero la Intervención General lo tumbó con un reparo suspensivo al considerar que no estaba justificado. La decisión generó una crisis entre los socios del Gobierno después de que Geroa Bai y Contigo/Zurekin hablaran de una “pérdida de confianza” con el PSN y exigieran a la presidenta “responsabilidades políticas”. Finalmente, para resolver la crisis, María Chivite destituyó al director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, del que el Gobierno todavía no ha anunciado su reemplazo.

Según ha explicado este viernes la presidenta las obras continúan en marcha “tras el parón navideño” y ha señalado que la excavación del nuevo túnel ha superado ya el 70%. Sobre las obras, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha avanzado un nuevo modificado que será enviado a la Intervención General para su autorización.

El consejero también ha explicado que el Gobierno de Navarra ha pagado ya 24,2 millones de euros a las empresas de la UTE para la ejecución del contrato, después de que la Intervención General emitiese un informe de fiscalización positivo para el abono de las certificaciones comprendidas entre mayo y noviembre de 2025 que suponen la cantidad de 11,7 millones de euros.

La previsible adjudicación a Acciona de la mayor contrata del Ayuntamiento de Vitoria, el servicio de limpieza, de 385 millones para diez años, se ha enredado en un nuevo entuerto jurídico. ¿El motivo? Una denuncia del sindicato LSB-USO en torno a la presunta filtración de datos confidenciales durante la emisión en YouTube de la mesa de contratación, en la que se dio acuse de recibo de la que es la única oferta de una licitación que ya se tuvo que repetir -previa subida del dinero público ofrecido- después de que la primera quedara desierta. El Gobierno local, una coalición de PNV y PSE-EE, ha dicho que “analizará” lo sucedido en respuesta a una pregunta en comisión del PP, aunque fuentes internas recalcan que no son “datos relevantes” los que se han expuesto.

El pasado 22 de diciembre, como es preceptivo, se celebró con un 'streaming' la apertura de ofertas de varios concursos, también el de gestión de residuos. La denuncia remarca que la emisión permitió la visualización de información considerada “confidencial”, incluidas las claves de acceso a un sistema interno que permitiría aparentemente la modificación de las ofertas. El 26 de diciembre se recibió la comunicación de LSB-USO y, ahora mismo, el vídeo de la mesa de contratatación ya no está disponible, incumpliendo también una de las obligaciones de publicidad exigibles a los órganos contratantes. La central desliza que no está garantizada la limpieza de la adjudicación.

“Lo que voy a contestar claramente es que esto se está analizando por los técnicos [...] y cuando finalice se llevará al órgano de contratación para la resolución”, ha respondido el edil Jon Armentia ante las críticas del PP por estos hechos. El edil Iñaki García Calvo, portavoz 'popular', ha añadido que todo ha ocurrido cuando “curiosamente” la empresa implicada es Acciona, en velada referencia a las causas judiciales abiertas por presunta corrupción en torno a exdirigentes socialistas como Santos Cerdán.

En todo caso, Armentia ha afeado a García Calvo “no saber ni de lo que habla” al hacerse eco de esta denuncia. “No sabe si es una 'demo', si es un vídeo, si es un YouTube o si es una zarandaja. [...] Nosotros no nos dedicamos a ver vídeos ni a ver 'demos'. Nosotros nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar”, ha insistido uno de los concejales con más peso en el equipo de la alcaldesa Maider Etxebarria.

Sea como fuere, esta nueva polémica se cuela de lleno en la tramitación de la contrata más relevante de la ciudad, que acumula un importante retraso porque el primer intento de renovación, en verano, vivió tanto un recurso como la ausencia de ofertas por parte de las empresas. Y eso que el canon anual previsto pasó de 25 a 35 millones de euros. Ahora, a la segunda, se ha inyectado incluso más presupuesto, hasta 38,5 millones al año. Al ser una adjudicación para una década, el montante total llegaría a 385, pero con margen para 420 millones si se hicieran modificados.

La previsión es que al menos hasta junio de este año no se vayan completando todas las fases del concurso, necesarias igualmente aunque solamente Acciona opte a prestar el servicio. Esto obliga también a hacer inversiones extraordinarias en la actual contrata, la UTE de Prezero (Cespa) con Onaindia. Se ha llegado a cuantificar en 22 millones por nueve meses el coste de esa prórroga, un dinero muy condicionado por la necesidad de mejorar una flota con 24 vehículos inutilizados y 47 más sin “fiabilidad”.