Vitoria sigue poniendo millones para las empresas de cara a renovar su gran contrato, el de la limpieza y residuos

Vitoria sigue discutiendo sobre su contrato de gestión externalizada de la limpieza y gestión de residuos, el más oneroso de la Administración municipal. Ahora cuesta unos 25 millones anuales, el Gobierno de PSE-EE y PNV ofreció subirlo a 35 millones, las empresas del sector presentaron un recurso y, a la vez, dejaron desierta la licitación y, ahora, el Ayuntamiento está dispuesto a poner por encima de 38 millones. Como es una contratación para una década, el gasto total previsto es de 385 millones e incluso podría llegar a 420 si se aceptarenn modificaciones.

Esta pasada semana, en comisión municipal, los tres partidos de la oposición coincidieron en criticar al Ejecutivo local. Según EH Bildu, no está justificado un nuevo incremento. “Son 30 millones más para las empresas y el mismo servicio para la ciudadanía. Se han doblegado al 'lobby' de las basuras. Les ha dejado en bandeja un contrato millonario. ¿Qué pasaría se actuasen de la misma manera? ¿Volverían a incrementar la cuantía?”, lanzaba el edil Ekaitz Díaz de Garayo.

“Queremos que nos justifiquen por qué si en [la anterior adjudicación de] 2020 gastábamos 24 ahora 35 no han sido suficientes y ha quedado desierto. Y encima con menos servicio. Es un incremento en cinco años del 60%. La vida no ha subido eso en cinco años”, abundó el concejal del PP Alfredo Iturricha. Puso el ejemplo de Oviedo, con “poca diferencia de población y cantidad de servicios parecida”. Allí el coste anual es de 27 millones.

Desla coalición Elkarrekin, el edil de Berdeak Equo Óscar Fernández define la situación como “un auténtico chantaje al Ayuntamiento”. “Hemos peridido de nuevo una oportunidad. Abogamos por la municipalización y gestión directa. Sería una mejora del servicio y de las condiciones laborales”, agregó tras insistir en que si se acometieran las modificaciones y se fuera a un escenario global de gasto de 420 millones se había dado “un contrato a la carta al 'lobby' de las basuras”.

El responsable de Limpieza en Vitoria, el socialista Pascual Borja, sostiene que “el 99,9%” de los contratos que quedan desiertos se resuelven a golpe de talonario. “No es nada excepcional”, se escuda. Sobre el nuevo contrato, insiste en que el aumento de los costes tiene que ver con un 70% de gastos de personal donde se repercuten mejoras salariales -se ha recordado el precedente de larga huelga del servicio de jardines de Enviser y se quieren “evitar” esos problemas- y con mejoras tangibles para la ciudad. Se enumeran, por ejemplo, el “puerta a puerta” para comercios del centro, “minigarbigunes” o puntos limpios en 21 ubicaciones, renovar todos los contenedores para pasar de los de plástico a los metálicos, para que no se los lleve el viento, fregado y no solamente barrido en las calles o limpiezas especiales en los barrios.

Según el Gobierno local, la municipalización que antes también defendía el PSE-EE en tiempos del exalcalde Patxi Lazcoz no es una garantía ni de mejor servicio ni de menor coste. Borja sostiene que Vitoria no puede ser una “autarquía” y que de algún lugar hay que sacar las barredoras o la maquinaria. La ciudad sí tiene otros servicios públicos no externalizados, como los autobuses urbanos. La gestión es directa y los vehículos se compran con normalidad a través de licitaciones.

El problema con este macrocontrato, el mayor de la ciudad, ha implicado un retraso en su entrada en funcionamiento. El calendario tras el bloqueo de la anterior licitación lleva a que en verano de 2026 se podrá elegir a la empresa (o UTE) prestataria del servicio en el próximo decenio. Por lo tanto, toca una “prórroga” de la contrata anterior, la de 2020. Y toca poner más dinero también porque la maquinaria ha agotado su vida útil. Finalmente, se optará por alquilar los vehículos que sean necesarios y por “repotenciar” y reparar la flota. No habrá compras de nuevas unidades, según Borja.

El servicio ahora mismo lo presta una UTE entre Prezero, anteriormente conocida como Cespa, y la local Onaindia. Antes estaba en manos de la alianza de FCC con GMSM, filial de la vasca Viuda de Sainz. En el pasado FCC y Cespa ofrecieron en solitario la limpieza. No es ésta la única ocasión en que las circunstancias de esta contrata han generado controversia en la ciudad.