La previsible adjudicación del mayor contrato de Vitoria a Acciona recibe una denuncia por una supuesta filtración

La previsible adjudicación a Acciona de la mayor contrata del Ayuntamiento de Vitoria, el servicio de limpieza, de 385 millones para diez años, se ha enredado en un nuevo entuerto jurídico. ¿El motivo? Una denuncia del sindicato LSB-USO en torno a la presunta filtración de datos confidenciales durante la emisión en YouTube de la mesa de contratación, en la que se dio acuse de recibo de la que es la única oferta de una licitación que ya se tuvo que repetir -previa subida del dinero público ofrecido- después de que la primera quedara desierta. El Gobierno local, una coalición de PNV y PSE-EE, ha dicho que “analizará” lo sucedido en respuesta a una pregunta en comisión del PP, aunque fuentes internas recalcan que no son “datos relevantes” los que se han expuesto.

El pasado 22 de diciembre, como es preceptivo, se celebró con un 'streaming' la apertura de ofertas de varios concursos, también el de gestión de residuos. La denuncia remarca que la emisión permitió la visualización de información considerada “confidencial”, incluidas las claves de acceso a un sistema interno que permitiría aparentemente la modificación de las ofertas. El 26 de diciembre se recibió la comunicación de LSB-USO y, ahora mismo, el vídeo de la mesa de contratatación ya no está disponible, incumpliendo también una de las obligaciones de publicidad exigibles a los órganos contratantes. La central desliza que no está garantizada la limpieza de la adjudicación.

“Lo que voy a contestar claramente es que esto se está analizando por los técnicos [...] y cuando finalice se llevará al órgano de contratación para la resolución”, ha respondido el edil Jon Armentia ante las críticas del PP por estos hechos. El edil Iñaki García Calvo, portavoz 'popular', ha añadido que todo ha ocurrido cuando “curiosamente” la empresa implicada es Acciona, en velada referencia a las causas judiciales abiertas por presunta corrupción en torno a exdirigentes socialistas como Santos Cerdán.

En todo caso, Armentia ha afeado a García Calvo “no saber ni de lo que habla” al hacerse eco de esta denuncia. “No sabe si es una 'demo', si es un vídeo, si es un YouTube o si es una zarandaja. [...] Nosotros no nos dedicamos a ver vídeos ni a ver 'demos'. Nosotros nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar”, ha insistido uno de los concejales con más peso en el equipo de la alcaldesa Maider Etxebarria.

Sea como fuere, esta nueva polémica se cuela de lleno en la tramitación de la contrata más relevante de la ciudad, que acumula un importante retraso porque el primer intento de renovación, en verano, vivió tanto un recurso como la ausencia de ofertas por parte de las empresas. Y eso que el canon anual previsto pasó de 25 a 35 millones de euros. Ahora, a la segunda, se ha inyectado incluso más presupuesto, hasta 38,5 millones al año. Al ser una adjudicación para una década, el montante total llegaría a 385, pero con margen para 420 millones si se hicieran modificados.

La previsión es que al menos hasta junio de este año no se vayan completando todas las fases del concurso, necesarias igualmente aunque solamente Acciona opte a prestar el servicio. Esto obliga también a hacer inversiones extraordinarias en la actual contrata, la UTE de Prezero (Cespa) con Onaindia. Se ha llegado a cuantificar en 22 millones por nueve meses el coste de esa prórroga, un dinero muy condicionado por la necesidad de mejorar una flota con 24 vehículos inutilizados y 47 más sin “fiabilidad”.