A las órdenes del juez Pablo Ruz y ayudado por una decena de fieles, el inspector jefe Manuel Morocho se enfrentó a la corrupción policial de sus superiores durante los años como investigador de los casos Gürtel y caja B del PP. Los comisarios por encima del agente 81.067 se esforzaron en convertir el trabajo y la vida del investigador en un suplicio durante cuatro años. Con él fuera de juego, el partido en el Gobierno podría respirar. Pero Morocho resistió. Hasta que llegó su oportunidad de revelar ante un tribunal, en el juzgado del caso Villarejo y ante las comisiones del Congreso lo que había ocurrido en la Policía esos años. El inspector jefe relató las maniobras para que la causa judicial contra el PP fracasara y certificó que Kitchen fue una operación ilegal. 

El testimonio de Manuel Morocho resultará clave en el juicio que empieza el 6 de abril por el espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Los acusados niegan que trabajaran para encontrar y destruir pruebas de la caja B del PP. Su defensa es que buscaban el dinero escondido por el extesorero del partido y sus testaferros y poner las pruebas a disposición del juez. Durante la instrucción del caso Kitchen, Morocho desmontó esa coartada: él era el único responsable de investigar la caja B a las órdenes de Pablo Ruz, y ni él ni el juez fueron nunca informados de las maniobras de la brigada política. “Habían hecho una investigación sobre Luis Bárcenas y su entorno al margen del grupo de investigación y al margen del procedimiento judicial”, dijo Morocho en el juzgado. 

El relato del policía mientras se instruía el caso Kitchen, del que ahora ofrece las primeras imágenes elDiario.es, detalla cómo unos mandos policiales a los que se había confiado la labor de esclarecer un delito se empeñan en taparlo. Los mandos de la Kitchen compraron al chófer de los Bárcenas con dinero público, robaron documentación al extesorero, allanaron un local de su esposa y orquestaron vigilancias a la familia 24 horas. 

Mientras eso ocurría, los superiores de Morocho presionaban al verdadero investigador de la caja B para que sus pesquisas no dañaran al PP y al Gobierno. En su declaración ante el juez García Castellón, en junio de 2021, Morocho afirmó: “Se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe [de la caja B] ningún nombre de responsable político, y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención ni aquello a lo que se aludía en los documentos, que no solo eran contraprestaciones, sino determinadas compras de ropa”, afirmó el policía en la Audiencia Nacional sobre los sobresueldos al líder del PP. 

Cuando el juez le preguntó quién hizo eso, Morocho dio los nombres de toda su “cadena de mando” en la UDEF: “Desde el que entonces era comisario general [de Policía Judicial], el señor Losada, Manuel Vázquez, jefe de unidad, el señor Gudiña, el jefe de brigada y los dos jefes de sección”.

Asuntos Internos para “doblegar” al policía

El Ministerio del Interior implicó a la Unidad de Internos de la Policía en su acoso a Morocho. Acusó al policía y los agentes a su cargo de filtrar un informe de Gürtel sobre los pagos de la red a la ministra de Sanidad Ana Mato, después de que una copia apareciera en el polémico registro de la agencia de detectives Método 3 de Barcelona. Mantuvieron la acusación contra el Grupo XXI pese a que los informes policiales circulaban por todas las redacciones del país en cuanto tenían acceso a ellos los abogados del centenar de imputados en Gürtel. 

Morocho y los agentes a su cargo fueron interrogados por Asuntos Internos, según reveló elDiario.es el 1 de abril de 2014. En ese momento, Asuntos Internos estaba ya convertida en un bastión de la policía política, implicada en la Operación Cataluña, y liderada por uno de los comisarios que se sentará en el banquillo, Marcelino Martín Blas. 

El 14 de abril de 2021, siete años después, Morocho prestó declaración en el juicio por la reforma de la sede del PP con dinero negro. Al ser preguntado por el episodio con Asuntos Internos, el policía respondió: “Se buscaba ganarnos una presión, una tensión, para que nos doblegáramos y no ejerciéramos la misión que teníamos encomendada”.

Las presiones a Morocho habían comenzado desde antes de que llegara el Partido Popular al poder. En la oposición, la formación de Rajoy había cargado contra la UDEF llegando a acusar a los policías de “fabricar pruebas” en Gürtel para perjudicar al partido. Expertos en mantenerse a flote, los superiores de Morocho ya se preparaban para el cambio de Gobierno en 2011. José Luis Olivera era el jefe de la Unidad, creada en tiempos de Zapatero que había investigado los grandes casos de corrupción. También es el comisario que ayudó a Villarejo a que la investigación no alcanzara a los máximos líderes del PP, según confiesan ambos en un audio. 

El grupo de Morocho acabó el informe sobre los regalos de la trama Gürtel al matrimonio de Jesús Sepúlveda y Ana Mato en enero de 2011. Sin embargo, “el informe fue parado y hasta febrero de 2012 no salió”, después de las elecciones generales que le dieron la victoria a Rajoy y solo ante la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción. 

Morocho explicó a García Castellón que Olivera, el jefe de la UDEF, pensaba que “lo iban a defenestrar”, pero sus temores se disiparon cuando trascendió el nombre del nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. “Él es amigo personal del ministro desde la juventud, por cuestiones familiares y, si bien se le quitó de la unidad, realmente se le dio un puesto de más relevancia dentro del Ministerio”. Morocho se refiere al cargo de director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Desde ese puesto, años más tarde, Olivera urdiría el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán para atacar a Podemos y garantizar que Rajoy seguiría en Moncloa.

La salida de Olivera de la UDEF no lo apartó totalmente de la investigación. El comisario seguía llamando a su anterior subordinado, Morocho, para requerirle información. El inspector relató a García Castellón cómo Olivera le ofreció un puesto en Lisboa en junio de 2013, el mismo mes en que Bárcenas confesó la financiación irregular del PP. Morocho detalló cómo en medio de la conversación sonó el móvil de Olivera y éste le hizo ver que era el mismo Fernández Díaz interesándose por su respuesta. Ante la negativa de Morocho, Olivera siguió haciéndole ofertas para destinos bien remunerados en el extranjero que el entones inspector rechazó.

“Has cometido un gran error”

Las cosas no mejoraron con el sustituto de Olivera. El comisario fue reemplazado al frente de la UDEF por Manuel Vázquez. Morocho explicó en la Audiencia Nacional que el 29 de abril de 2013 entregó un informe clave en el caso de la caja B y también narró lo que ocurrió a las 8 de la mañana del día siguiente. “Estoy en el ordenador trabajando y recibo una llamada de Manuel Vázquez que me dice: ‘Has cometido un gran error. Te has equivocado y hay que rectificarlo. Hay que cambiarlo, hay que decírselo al juez”.

¿Qué podía haber hecho mal el inspector jefe Morocho, famoso por su carácter introspectivo, minucioso, casi obsesivo? Pronto lo supo. En el informe se daba por hecho que las anotaciones de Bárcenas sobre donantes de dinero negro al PP en las que ponía “López H” y “López Hierro” se referían a Ignacio López del Hierro. El empresario era marido de María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, y amigo desde hacía décadas del comisario Villarejo. El nombre no aparecía en el cuerpo del informe porque, como ocurriera con el de Mariano Rajoy, los jefes de la Policía obligaron a que solo figuraran en los anexos, lo más lejos posible del escrutinio de los periodistas. 

La presión sobre Morocho era una operación coordinada desde la brigada política. Así queda de manifiesto al analizar las agendas del comisario Villarejo. En ellas se puede leer: “Aviso problemas ultimo inf MOROC” (30 de abril de 2014), “Hablar sobre Morocho transmitir presión” (31 de enero de 2014). Antes, el 16 de junio de 2013, en fechas próximas a la conversación relatada por Morocho, Villarejo escribe: “MOROCHO-LISBOA”. Sobre el ofrecimiento del puesto en la capital portuguesa el inspector jefe declaró al juez de Kitchen: “Querían que perdiera la credibilidad, la integridad, que perdiera mi dignidad, tanto con el procedimiento como con los magistrados y la Fiscalía, como con el grupo de investigación que estábamos trabajando”.

Y entonces aparecieron los papeles de Bárcenas. El Grupo XXI de la UDEF, estuvo formado, en su época más abundante, por 12 agentes. La estrategia pasaba por sobrepasarlo de tareas. Cuando afloraron los papeles de Bárcenas, Ruz nombró a Morocho y su grupo policía judicial a sus órdenes. El inspector quedaba blindado y no podía ser relevado por sus superiores. Así que estos optaron por hacerle desistir. 

“Me generaban presión pidiendo constantemente, diariamente, informes de situación, bajando al despacho a ver cómo estaban, llamándome constantemente. ‘¿Cuándo vas a acabar el informe?’. Buscaban una situación que fuera insostenible personalmente y profesionalmente para que yo abandonara la investigación y les dejara expedito el campo para que pudieran manejarla como ellos pensaban hacer”, explicó Morocho en el juzgado.

Irrumpe en la escena el policía de Cospedal

En 2013, la UDEF recibió una sorprendente incorporación. Andrés Gómez Gordo era un policía que había dejado el Cuerpo para trabajar con el PP de la Comunidad de Madrid –está condenado en el caso Ciudad de la Justicia– y en aquella época se había convertido en un colaborador clave de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. La brigada política intentó captar al chófer de Bárcenas como topo, pero este se resistió. Así que recurrieron al policía que había trabajado junto a él para Francisco Granados. Gómez Gordo dejó de ser la sombra de Cospedal en Toledo y regresó a Madrid para dirigir el trato con el confidente. 

El jefe operativo Eugenio Pino acomodó a Gómez Gordo como jefe de Vigilancias en la UDEF y él intentó colocar en el grupo de Morocho a uno de sus hombres, a lo que el inspector jefe se negó radicalmente. Andrés Gómez Gordo se sentará en el banquillo de los acusados de Kitchen. La Fiscalía solicita para él la pena más alta, junto a la Fernández Díaz, Martínez y Eugenio Pino, 15 años de prisión. 

Al tiempo que saboteaban la investigación del Grupo XXI, los mandos de la brigada política intentaban que el chófer de la familia Bárcenas les entregara pruebas que guardara el ex tesorero sobre la caja B del PP o hacían seguimientos a su familia para dar con el supuesto escondite. La Policía llegó a implicar a cerca de 80 agentes del Área Especial de Seguimientos (AES) en la vigilancia de 24 horas al hijo y la mujer de Bárcenas cuando éste entró en prisión. Todo eso dejó rastro. Y en 2015, Gómez Gordo, el policía de cabecera de Cospedal, realizó una maniobra para intentar blanquearlo. 

Gómez Gordo introdujo en una base de datos policial una serie de indicadores del trabajo de vigilancia y seguimientos realizados en el marco del operativo para justificar un “simple refrito de datos”, según la expresión que utiliza la Fiscalía Anticorrupción. Aparecieron reflejados partes de vigilancias, los pagos de fondos reservados al chófer, 700 euros para que comprara una pistola y otras partidas, como los 1.200 euros del ordenador portátil que entregaron al número dos de Interior, Francisco Martínez, para que siguiera el desarrollo de esta y otras operaciones. La introducción de los datos se hizo con dos años de retraso y la maniobra exculpatoria quedó al descubierto. 

En septiembre de 2020, Morocho entregó al juez del caso Kitchen un informe que le había solicitado sobre la operación. En él concluía que el Ministerio del Interior había buscado “las vulnerabilidades de la persona (Bárcenas) y su entorno” para contar con un “arma a su favor en una negociación” con el extesorero y antiguo gerente del Partido Popular, en alusión a las pruebas que pudiera guardar de su caja B. “Esta actuación se sitúa extramuros del procedimiento judicial y pretende eludir el control del juez de instrucción”, asegura el agente 81.067 en su informe. 

La tesis de Morocho es que la brigada política sí encontró parte de la documentación que buscaba en la familia Bárcenas. Los documentos encontrados a Villarejo y publicados por varios medios, sustraídos a la familia Bárcenas, “confirman la veracidad” de los conocidos como papeles de Bárcenas, afirma Morocho en su oficio.

“Me enseñaban por allí como a un animal salvaje”

El acoso a Morocho se extendió hasta 2016. En enero de 2015, el jefe operativo Eugenio Pino decide trasladar al incómodo policía al nido de la serpiente, a la propia DAO. “Los primeros días no sabían dónde colocarme. ‘Tenemos aquí a un animal salvaje que hemos cazado y me enseñaban por allí”. Le encargan informes que luego nadie lee, incluido uno sobre la estructura societaria en paraísos fiscales del comisario Villarejo que había desvelado El País. Cuando quiso entregárselo a Pino, el DAO no le atendió. Tampoco quien se lo había encargado, José Ángel Fuentes Gago, mano derecha del primer y también acusado en Kitchen. “No me lo recibió. No quisieron escucharme”, declaró Morocho. 

Uno de los días que estuvo en la DAO destinado fue a tomar café con sus jefes, uno de ellos Eugenio Pino. Se cruzaron con un individuo grueso, de voz ronca. “El DAO me presenta de una manera así lejana. Este es Morocho y García Castaño [El Gordo] dice dirigiéndose a mi: ¿Y tú qué haces aquí? Porque no sabía que estaba allí… Tú tenías que estar muerto. Eso es lo que textualmente me dice Yo no le contesté. Seguí mi camino y ya está”.

Y llegó el dinero andorrano. La familia Pujol ingresó en cuentas en Andorra casi 5.000 millones de las antiguas pesetas (equivalentes a 30 millones de euros) “de origen desconocido” entre los años 1992 y 2004, según ha explicado ante la Audiencia Nacional uno de los inspectores de la UDEF de la Policía Nacional que analizó los fondos ocultos.

El juicio a la familia Pujol se ha retomado este lunes con la testifical del segundo miembro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Con mayor claridad y menos conflicto que su jefe, el agente ha desgranado los detalles del análisis que efectuó en las cuentas Josep Pujol Ferrusola en las entidades andorranas Andbank y BPA.

El agente ha explicado que la familia ingresó en efectivo en ocho años casi 5.000 millones de pesetas, si se incluyen los movimientos bancarios de todos los hermanos. El “origen desconocido” de los fondos que ha admitido el agente no logra dilucidar la principal pregunta de este juicio: ¿De dónde proviene el dinero que la familia del expresident mantuvo oculta en el principado durante buena parte de su etapa en la Generalitat?

La Fiscalía Anticorrupción cree que el dinero procede de comisiones ilegales pagadas por empresarios, mientras que la defensa lo atribuye a una herencia oculta del padre del expresident, Florenci Pujol, vinculada a sus negocios con divisas durante el franquismo.

Ha sido la mayor aproximación hasta ahora en el gran reverso de los 23 años de Pujol al frente de la Generalitat: las cuentas que su familia mantuvo sin declarar a Hacienda durante casi la mitad de sus años en la plaza Sant Jaume. Esta semana declararán los gestores andorranos del dinero de los Pujol.

Hasta este lunes, el juicio había girado casi por completo alrededor de los negocios del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, de quien el jefe de la investigación de la UDEF ha vuelto a destacar el “dominio fáctico” de las instituciones, incluidas las que no estaban governadas por Convergència, para obtener contratos públicos. Las defensas rebaten esta tesis ya que la mayor parte de los contratos públicos sospechosos fueron otorgados por el gobierno de izquierdas de la Generalitat o ayuntamientos gobernados por el PSC.

El agente también ha involucrado a otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, en una operación corrupta de una empresa de helicópteros con la Generalitat, si bien ha admitido, a preguntas del abogado Jaime Campaner, que el recurso de la empresa de la competencia fue desestimado por un tribunal.

Más allá de lo que decida el tribunal, el agente ha detallado la documentación bancaria obtenida en la comisión rogatoria judicial en Andorra comparando ingresos entre los hermanos Josep, Jordi, Oriol, Oleguer, Pere y Mireia y Marta Ferrusola.

Respecto a la cuenta de Andbank en la que figura como titular Josep Pujol, ha explicado que se estructuraba en cuatro subcuentas, una en pesetas, otra de tránsito para convertir pesetas en diferentes monedas, otra en euros y otra en dólares americanos. Analizó sus movimientos entre 1992 y 2010.

El testigo ha concretado que desde 1993 hasta el año 2000 se detectaron en esta cuenta 25 ingresos en efectivo que estarían rondando los 204 millones de pesetas aparentemente de origen desconocido. “Se reveló una coordinación para poder ingresar dinero de forma sistemática en las cuentas andorranas”, ha manifestado el agente.

En total, ha explicado, los papeles obtenidos con aval judicial reflejan 18 apuntes de 18 fechas desde 1995 a 2003 en los que se observa que hay ingresos en efectivo de todos por más de 1.200 millones de pesetas. Y ha añadido que Josep Pujol Ferrusola recibió ocho transferencias de sus hermanos por un importe de unos 25 millones de euros, fundamentalmente de Jordi entre 1995 y 2000, periodo en el que también se detectaron más transferencias entre ellos.

Además, Josep Pujol realizó 14 transferencias a sus hermanos por un importe total de unos 48 millones de pesetas, fundamentalmente a Jordi y a Oriol (la última en 1999). El testigo ha explicado que el 25 por ciento de los ingresos en efectivo en la subcuenta de pesetas eran destinados a inversiones financieras, un 55 por ciento a compraventa de moneda, y un 10 por ciento a depósitos a plazo fijo.

Una grabación de audio de más de una hora de duración contiene el primer indicio de la participación del último presidente del Gobierno del Partido Popular en las maniobras parapoliciales contra Podemos. En el audio, según se publicó en 2019, un mando de la brigada política le dice a un exministro de Hugo Chávez que su oferta para que colabore tiene el aval del jefe del Ejecutivo entonces, Mariano Rajoy. Otro de los comisarios que estaban presentes en esa reunión, José Manuel García Catalán, declaró en diciembre de 2024 como testigo en la Audiencia Nacional y aseguró, según el vídeo de la declaración que hoy reproduce elDiario.es, que él no oyó esa relevante afirmación de su compañero porque había ido “al servicio” en ese momento.

El viaje de los tres mandos a Nueva York es objeto de la investigación que se sigue en el Juzgado de Santiago Pedraz contra el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y varios mandos integrantes de la brigada política del PP. Uno de los participantes en la reunión, José Ángel Fuentes Gago, ya está imputado en la causa. De los otros dos, el entonces jefe de la UDEF, José Manuel García Catalán, y una subinspectora que les acompaña, Podemos acaba de solicitar su imputación, antes de que prescriban los presuntos delitos que cometieron. 

El juzgado de Pedraz trata de esclarecer las maniobras policiales contra Podemos, principalmente en el primer semestre de 2016, cuando el partido tenía posibilidades de llegar al Gobierno y las investigaciones prospectivas y presuntamente ilegales contra la formación política se dispararon desde el Ministerio del Interior. La acusación que ejerce Podemos aprecia en el viaje a Nueva York los delitos de falsedad en documento público, prevaricación, malversación de fondos públicos, revelación de secretos y organización criminal.

Aquella reunión dejó una pista de relevancia que provocaron los propios policías al grabar subrepticiamente el encuentro. En 2019, moncloa.com reprodujo un extracto en el que Fuentes Gago trata de convencer a Isea de que haga una declaración formal, a la que en principio se había opuesto, y para ello asegura que él acude a la reunión con “un mandato” de Rajoy para que Podemos no llegue al Gobierno. Sus palabras están reflejadas en el audio completo que se ha incorporado a la causa de la guerra sucia contra el partido, pero aun así, el entonces jefe interino de la UDEF, García Catalán, declaró ante el juez que él no había oído eso y que la tercera de la Policía en la reunión, una agente a sus órdenes, le explicó después que esa afirmación se había hecho cuando él estaba en el baño.

García Catalán se enfrenta ahora a la posibilidad de cambiar su condición de testigo a investigado. En su declaración de testigo, con obligación de decir verdad, el ex jefe de la UDEF pronunció más de veinte veces la expresión “no lo recuerdo”. Alegaba que han pasado diez años de la reunión, pero al tiempo afirmó que podía recordar “con precisión” que el exministro Isea confirmó que la firma que aparecía en “una fotocopia” que le mostraron de una supuesta orden de pago de Hugo Chávez a una fundación de politólogos que años después fundarían Podemos era la suya.

En ese momento, el abogado de Podemos empieza a preguntarle por matices que cambian mucho esa afirmación de Isea. El exministro venezolano, según recoge la grabación, advierte que él no pudo estamparla porque no estaba físicamente en Caracas en ese momento, que sería un sello. También dijo que le extrañaba mucho que apareciera el segundo apellido de Hugo Chávez Frías cuando nunca se recogía en los “puntos de cuenta” ni en ningún otro documento oficial.

Isea expresó sus dudas de que se autorizara un pago en 2008 para años siguientes, práctica que no solía producirse y, finalmente, dejó claro a los policías que no tenía ningún conocimiento de que esos pagos hubieran llegado a realizarse. A todas estas afirmaciones de Isea, por las que pregunta durante su declaración el abogado de Podemos, el ex jefe de la UDEF contesta de la misma manera: “No lo recuerdo”.

García Catalán reconoció durante su declaración como testigo que hubo dos reuniones con Isea en días consecutivos y que finalmente, el exministro venezolano se avino a prestar declaración, siempre con la promesa de que las autoridades españolas le conferirían la condición de testigo protegido y que acogerían a su familia en España, principal preocupación de Isea.

La reunión de los policías españoles con Isea tuvo lugar en el Consulado español el 12 de abril de 2016. El encuentro en el Consulado se produjo después de que el diario Abc publicara el presunto “punto de cuenta” (orden de pago) del Gobierno de Caracas a CEPS. El informe que elabora García Catalán y su subordinada, a partir de la entrevista con Isea, es reproducido por ABC en portada el 13 de mayo siguiente, un mes después. Isea, que aspiraba a vivir con su familia en España, se consideró traicionado. No volvió a saber nada de los policías que le visitaron. Solo un cargo del Ministerio del Interior se puso en contacto posteriormente con él, pero no cumplió sus promesas para con él y su familia.

Durante el encuentro, Isea y su abogado están preocupados por las consecuencias de su colaboración con la Policía española. Isea explica que su madre y otros familiares siguen viviendo en Venezuela y que el régimen les acosa. Los policías españoles se afanan en convencer a Isea de que no tiene de qué preocuparse y de que la filtración del documento sobre los pagos a CEPS no ha procedido del Ministerio del Interior español. Los hechos les desmentirán poco después. 

Los policías españoles han fijado un supuesto delito fiscal cometido al menos ocho años antes porque sus posibles autores son una amenaza para el Partido Popular. Pero durante la conversación con Isea intentan hacer creer que están conjurados contra la corrupción y que investigan a todos los partidos por igual. El informe PISA se había encallado en los tribunales cuando se produce la reunión y alguna otra operación secreta, como el montaje de la cocaína a Miguel Urbán, no termina de dar resultados. Así que la opción es atribuir delitos fiscales a los líderes de Podemos. 

“A nosotros todo eso nos da igual: si el documento es bueno, si es malo, si es que la gente, mis compañeros que están aquí, ellos trabajan sobre otras realidades (…) Si esos dineros se cobraron y ellos no lo han declarado y han cometido unos delitos es lo único que nos vale a nosotros… Si el documento es bueno o malo… ¡Si es que ellos no lo han negado!”, afirma Fuentes Gago. 

12 de abril de 2016. Nueva York, consulado español. Tres personas mantienen una conversación relevante que nos ayuda a entender cómo funcionó la guerra sucia policial, las cloacas, durante el último gobierno del PP. Allí se encuentran el jefe de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía. Se llama José Manuel García Catalán. Está el inspector jefe Ángel Fuentes Gago. Y están con un exministro de Venezuela en tiempos de Hugo Chávez, Rafael Isea.

El objetivo de esta reunión es que el exministro les dé el visto bueno a un papel que tiene la Policía. Que reconozca como suya una firma en un papel, aparentemente oficial, que acredita una transferencia millonaria a líderes de Podemos por parte del Gobierno de Venezuela. Y no, no puede asegurar que esa sea su firma, que ese documento sea válido.

La verdad no interesaba mucho. Lo que interesaba era el impacto mediático. El 13 de mayo de 2016, unas semanas después de esta reunión, ABC publicó en portada: “El ministro de Finanzas de Chávez confirma a la Policía los pagos para crear a Podemos”. Hacemos un recorrido a este caso, que explica muy bien cómo se procedía desde la llamada policía patriótica del primer gobierno de Rajoy contra sus rivales políticos, con el periodista de elDiario.es que lleva más de diez años contando este caso, Pedro Águeda.

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Ha sido la semana de los policías en el juicio a los Pujol. Por motivos distintos, no han quedado en muy buen lugar. Los focos estaban puestos en los integrantes de la brigada política del PP, aunque el verdadero testigo clave del caso era el inspector jefe 89140. Él es quien firma los atestados en los que se sustenta la acusación de la Fiscalía. Las defensas, en especial la del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, lograron restarle mucha credibilidad, aunque se autoboicoteó nada más empezar.

El inspector dijo sentir “animadversión personal” hacia los Pujol. Siendo el investigador principal del caso, fue una muestra de torpeza infrecuente en un juicio. Luego matizó que no le caía mal la familia sino sus abogados, porque le denunciaron. La historia de los Pujol con el inspector jefe 89140 venía de antiguo.

El mando de la UDEF se salvó en el tiempo de descuento de ir a juicio por el caso del 'pendrive' —la única condena por la Operación Catalunya— con el que la brigada política del PP intentó adulterar el caso Pujol.

El inspector fue el receptor de la información obtenida de forma ilegal por el exjefe de la Policía Eugenio Pino, y que el juez José de la Mata sacó del caso —salvándolo así de su nulidad total—. El juez de Madrid que lo investigaba terminó archivando la causa para él.

Con firmeza cuando tocaba, y con mucha paciencia en general, el magistrado José Ricardo de Prada logró que la vista no se descontrolara pese a la incendiaria declaración inicial del inspector. El magistrado constató que lo que había expresado el testigo era un “malestar” por la denuncia de los Pujol. Una forma de dar a entender a las defensas que no hacía falta que insistieran. El abogado de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, lo pilló y evitó preguntar por ello.

Martell tenía suficiente trabajo. El auténtico protagonista de la vista es el primogénito del expresident. Sobre él pesan las acusaciones más graves —29 años de cárcel le pide la Fiscalía— y es el eje alrededor del cual gira la corrupción atribuida a la familia como origen de su fortuna.

El interrogatorio de Martell, implacable, sirvió para dejar al descubierto los puntos débiles de la investigación policial del caso. 

Las casi diez horas (repartidas en dos jornadas, y todavía quedan defensas por interrogarle) que duró la testifical del inspector jefe son consecuencia de una investigación gigantesca: en vez de poner el foco e ir con todo contra las operaciones más grotescas en las que Jordi Pujol Ferrusola estuvo involucrado, la causa ha rastreado la casi totalidad de vida empresarial del primogénito, lo que ha generado un sumario inmanejable. Sumado a los más de 10 años de instrucción, el cóctel es de difícil digestión probatoria en un juicio, por mucho que haya actuaciones familiares poco compatibles con las lecciones de ética que predicó Pujol desde la Generalitat.

¿Cuál es la operación corrupta que explica la fortuna oculta? A preguntas del fiscal, el inspector la había conectado con el caso Grand Tibidabo, la sociedad que saqueó el financiero Javier de la Rosa, muy vinculado a Pujol en los 90. Pero a preguntas de Martell, tuvo que admitir que su base era la declaración de un testigo de esa causa de la que “desconocía” el recorrido. “No pretendo dilucidar la verdad final”, se escudó el inspector.

¿Júnior cobró por trabajos inexistentes? Con su estilo inconfundible —afirmar que “Pulgarcito va dejando rastros” para referirse a la actividad empresarial de Pujol Ferrusola solo puede hacerlo Cristóbal Martell—, el abogado logró que el inspector admitiera que una de las afirmaciones de su informe no era del todo correcta.

El mando defendió que Pujol Ferrusola había cobrado 652.000 euros de la constructora Isolux por no hacer nada en un negocio en Gabón, pero terminó por reconocer que había documentación que demostraba que sí viajó al país. “No le di relevancia”, manifestó.

¿Y las obras de la Generalitat? El inspector admitió que no investigó si hubo amaños en las adjudicaciones públicas que la Fiscalía vincula con comisiones ilegales porque los pagos buscaban “una garantía de influencia a lo largo del tiempo” y no tanto a una obra concreta.

El agente dijo que no estudió los procesos de recalificación urbanística señalados ni investigó el posible “delito previo” al blanqueo de capitales, que es su especialidad. “En mi materia siempre he dicho que soy el mejor, pero en temas de urbanismo no domino”, apostilló.

La gran mentira del expresident —mantuvo dinero en Andorra sin declarar a Hacienda durante toda su etapa en la Generalitat— y los desmanes empresariales de su primogénito —si son legales o no lo dirá la Audiencia Nacional, pero ya se han mostrado durante la vista— son compatibles con constatar que la Policía no hizo su mejor trabajo cuando investigó el origen de la fortuna oculta.

Además, una tesis policial plausible pero difícil de demostrar ante un tribunal como que los pagos a Jordi Pujol Ferrusola pretendían “una garantía de influencia a lo largo del tiempo”, incluso con gobiernos que no fueran de Convergència, requiere de empresarios que tiren de la manta para corroborarla, algo que no se ha producido en esta causa.

Aunque no tuviera su mejor semana, el inspector jefe 89140 puede afirmar que no fue condenado por adulterar el caso. Él ha podido equivocarse, pero no es un policía corrupto. No puede decir lo mismo el exjefe de la Policía Eugenio Pino, condenado en firme por el Supremo por el pendrive.

Nadie esperaba que aportaran mucho, pero la ceremonia de la confusión que ofrecieron al tribunal Pino y el resto de mandos de la brigada política del PP que comparecieron como testigos resulta poco compatible con quien ha ostentado la cúpula policial. Aunque puede obedecer a muchas razones. Para empezar, al calendario: a todos ellos todavía les quedan juicios pendientes. El primero, el de la Kitchen, esta primavera.

El inspector jefe 89140 ha entrado al juicio de los Pujol cargado con un ordenador portátil y una carpeta llena de papeles. Su declaración seguirá este jueves, aunque él mismo la ha torpedeado antes de que el fiscal le empezara a interrogar este miércoles. Cuando el tribunal le tomaba juramento o promesa de que iba a decir la verdad, el mando del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha admitido que tiene “animadversión personal” hacia la familia.

La sorpresa ha cundido en la sala de vistas de la Audiencia Nacional. El jefe de la investigación a la familia, encargado de firmar los atestados en los que sustenta el caso, abría la puerta a que las defensas cuestionaran su imparcialidad a la hora de pilotar las pesquisas.

Después de cuatro horas de interrogatorio, a preguntas del fiscal Fernando Bermejo, el mando ha matizado que la “animadversión” no es hacia la familia, sino hacia sus abogados, que le denunciaron (aunque no llegó a ir a juicio) en el caso del ‘pendrive’. Se trata de la única condena hasta ahora por la Operación Catalunya: el exjefe de la Policía durante el Gobierno del PP, Eugenio Pino, fue condenado por intentar adulterar el caso Pujol con información obtenida de forma ilegal.

Para intentar salir del apuro, el mando ha indicado que Jordi Pujol Ferrusola le agradeció su buen trato durante su traslado a la cárcel en abril de 2017. “De hecho me cae bien”, ha apostillado el jefe policial sobre el primogénito.

Tras la sorpresa inicial, el interrogatorio no ha empezado bien. El mando ha comenzado con una explicación sobre el blanqueo de capitales, pero lo ha hecho de una forma que nada suele gustar a los jueces: impartiendo clases de derecho a unos magistrados con años de carrera a sus espaldas. “No hace falta que dé lecciones jurídicas al tribunal porque para eso somos expertos en derecho”, ha zanjado el presidente del tribunal, José Ricardo De Prada.

El inspector jefe también se ha enzarzado con una de las defensas, a la que ha acusado de “hacer comentarios” mientras él hablaba. El magistrado De Prada ha tenido que volver a intervenir para serenar los ánimos: “Por favor, ruego que atemperen un poco las susceptibilidades porque no tiene ningún sentido”.

Más tarde, ha presumido de currículum: “Soy un experto en temas financieros porque ejercí de auditor y para investigar este caso seguí la metodología que ejercí en los casos Miami o Malaya”.

Cuando, por fin, el interrogatorio se ha adentrado en los hechos objeto de acusación, el mando ha reafirmado la tesis de la Fiscalía, esta es, que la fortuna oculta de los Pujol durante décadas en Andorra no proviene de la herencia del abuelo Florenci sino de la corrupción ligada a los años en la presidencia de la Generalitat del padre. En concreto, ha dicho, con el caso Grand Tibidabo, una de las primeras causas de corrupción del pujolismo.

Los negocios de Jordi Pujol Ferrusola, ha insistido, están plagados de irregularidades y sus empresas son “instrumentales”. El jefe policial ha dado varios detalles de los hechos que más acorralan al primogénito: en varios de los negocios de intermediación por los que cobró, y que para la Fiscalía solo buscaban enmascarar el pago de comisiones, no constan “documentos, datos, ni correos electrónicos ni gestiones concretas” que acrediten la prestación real de los servicios por parte de Jordi Pujol Ferrusola.

El mando ha destacado la “irracionalidad” de varias operaciones en las que estuvo implicado Jordi Pujol Ferrusola y que ya habían sido descritas por otros testigos durante el juicio.

El jefe policial desvinculado el origen del caso de una maniobra policial de la brigada política del PP, como el caso del 'pendrive'. “El conocimiento de las cuentas en Andorra viene por la comisión rogatoria, las manifestaciones de Victoria Álvarez [la denunciante del caso, examante de Jordi Pujol Ferrusola], la confesión e informaciones de prensa”, ha aseverado.

De sus investigaciones y de la información obtenida por las comisiones rogatorias enviadas a Andorra, ha asegurado el jefe, “no hay ninguna referencia a la herencia en Andorra, y tampoco coincidían las fechas de apertura”. “Los datos no cuadran”, ha indicado el testigo, que ha situado la apertura de la primera cuenta en el principado, “relacionada” con Jordi Pujol Ferrusola, en noviembre de 1990. Las cuentas en Andorra se mantuvieron hasta 2014.

El investigador ha corroborado que las cuentas de la familia en Andorra funcionaban bajo un sistema de “caja única”, por el que era el primogénito quien gestionaba el dinero y, junto a su madre, Marta Ferrusola, ya fallecida, decidían cómo repartir los fondos. Ha puesto como ejemplo dos repartos de dos y cuatro millones de pesetas a todos los hermanos en los 90.

Sobre el papel de Pujol padre, el jefe policial ha mantenido que tuvo abierta una cuenta en Andorra (algo que la familia niega), y ha dicho que el reparto de dinero entre la familia se hacía “con la ascendencia” del expresident, aunque “sin intervencion directa”.

La denuncia por intento de soborno presentada por un comisario jubilado, testigo clave en el juicio pendiente por el acoso, las amenazas y agresiones a la doctora Elisa Pinto, no será investigada. Los jueces consideran que no hay delito en el ofrecimiento que recibió el comisario retirado Jaime Barrado por parte de otro mando jubilado, que le prometió 20.000 euros si se comprometía a no declarar contra Javier López Madrid, el empresario al que la Fiscalía pide 13 años de cárcel. Según el auto de la Sección Tercera, el intento de soborno no pasa de constituir “una propuesta poco ética” y no cabe abrir una causa judicial por ello.

Barrado grabó a Fernando Moré, ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía, ofreciéndole dinero de parte de López Madrid. El comisario jubilado presentó una denuncia ante la Guardia Civil con dos audios y varios intercambios de WhatsApp que retratan el intento de soborno. Sin embargo, la magistrada María del Coro Monreal apreció que no había delito en la maniobra. La Fiscalía recurrió en dos ocasiones y la Audiencia Provincial de Madrid ha dado finalmente la razón a la magistrada, cerrando la puerta a cualquier investigación.

Los jueces de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial consiguen dar carpetazo al asunto sin mencionar una sola vez al empresario Javier López Madrid, yerno del ya fallecido Juan Miguel Villar Mir. Y no le mencionan pese a que dan por hecho que el ofrecimiento se produjo y que su autor, el comisario jubilado Moré, asegura en las grabaciones que está concertado con López Madrid. 

“Esta propuesta responde a una actuación que puede considerarse poco ética, al no acudir directamente a una negociación con la abogada de la querellante como resultaría adecuado, y elegir, en cambio, una vía de acceso indirecta a través de una persona a la que se reconoce una potencial influencia derivada de su posición de especial autoridad y también de su estrecha relación con la investigación de los hechos. Pero esta conducta ciertamente censurable es atípica penalmente”, escriben los jueces de la Audiencia Provincial. 

Los magistrados de la segunda instancia optan por ignorar una parte de los hechos denunciados y documentados en dos atestados de la Guardia Civil. El comisario que ofreció el dinero, Fernando Moré, no solo pedía a Barrado que influyera en la doctora Pinto para que retirara la denuncia y el juicio no se celebrase, como exponen los jueces. También ponía sobre la mesa que Barrado no fuera a declarar al juicio. 

En una de las grabaciones, que publicó este medio, se puede oír a Moré indicando a Barrado lo que debe trasladar a Pinto y su abogada: “[Diles]: 'Que yo estoy jubilado y no quiero saber nada. Yo no voy a ir a declarar en contra de nadie ni meterme en líos. Yo ya estoy fuera de eso. Y por lo que estoy viendo, y por lo que puede pasar, yo os aconsejo que lleguéis a un buen acuerdo económico y aquí paz y después gloria. Punto'”.

La Fiscalía no comprende que la jueza haya dado carpetazo sin investigar. En su recurso ante la Audiencia Provincial, el representante del Ministerio Público alegó que “existen indicios de que se ha intentado alterar el desarrollo normal de un proceso judicial, motivo por el cual el sobreseimiento libre de las actuaciones es precipitado”.

“Se ha intentado alterar un proceso judicial”

La Fiscalía recuerda que el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal recogen unos supuestos para el sobreseimiento. “En el presente caso [afirma la Fiscalía] no se ha practicado diligencia de ningún tipo, siendo precipitado el sobreseimiento libre acordado”. La Fiscalía pedía que se tomara declaración al denunciante, Jaime Barrado. “Existen, por tanto, indicios de que se ha intentado alterar el desarrollo normal de un proceso judicial”, razonó la Fiscalía sin éxito. 

En el archivo provisional de la causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 34 había argumentado que el ex jefe de la UDEF, Fernando Moré, no contactó con Jaime Barrado para que “influyera” en Elisa Pinto sino únicamente para que hablara con la abogada de Pinto con el objeto de “intentar llegar a un acuerdo y quizás evitar el proceso”. Para que hubiera delito de obstrucción a la justicia, razonaba la jueza María del Coro Monreal, Moré debería haber pedido a Barrado que alterara su testimonio en el juicio. 

Jaime Barrado fue el policía que descubrió la presunta implicación del comisario Villarejo en el acoso a Elisa Pinto y organizó en 2015 una rueda de reconocimiento fotográfico donde la doctora identificó al policía como el autor del pinchazo que recibió en abril de 2014 mientras el agresor le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Villarejo y López Madrid se enfrentan a 13 años de cárcel en un juicio pendiente de celebrarse doce años después de los hechos. 

Las grabaciones y la denuncia del comisario jubilado están apoyados por dos atestados de la Guardia Civil en los que se recogen hechos que apuntan a la presunta comisión de los delitos de cohecho y/o contra la administración de Justicia. Los agentes llegaron a requisar las imágenes de la cafetería donde se produjo el intento de soborno, informan a elDiario.es fuentes próximas a la investigación. 

La jueza Monreal defendió que al estar ambos comisarios jubilados, tanto el que ofrece el soborno como el que lo rechaza, no puede haber un delito de cohecho a un funcionario público. La magistrada concluyó que tampoco se podía dar un delito de obstrucción a la justicia porque no hubo “empleo de violencia o intimidación”.

La Audiencia Nacional absolvió recientemente a López Madrid, a Villarejo y a un colaborador de este por el supuesto encargo del empresario al policía cuando este se encontraba en activo. El tribunal especializado no encontró pruebas suficientes del supuesto contrato entre el empresario y el comisario. Los hechos constitutivos del acoso –las amenazas, las coacciones y dos agresiones con arma blanca– serán juzgados en otra vista para la que todavía no hay fecha. La celebración se ha aplazado ya en tres ocasiones y puede que no tenga lugar hasta entrado 2027.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha decidido procesar a Ignacio Torán, el presunto líder de la trama de narcotráfico vinculada al exjefe de la UDEF Óscar Sánchez, que tenía 20 millones escondidos en la pared de su casa. El magistrado entiende que existen “sólidos indicios” en su contra. Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el instructor acuerda su procesamiento y el de otros supuestos participantes y de varias empresas que habrían servido para las operaciones de la presunta red de narcotráfico.

Sobre Torán, el juez tiene en cuenta los últimos informes aportados a la causa por la Policía Nacional que “permiten la agravación cuantitativa y cualitativa de las imputaciones por delitos graves de tráfico de drogas de grave daño en el marco de una organización criminal internacional”, así como de “blanqueo de capitales procedente del narcotráfico” y “en calidad de jefe o director”. A ellos añade que la previsión de penas por esos presuntos delitos alcanza los 27 años de cárcel y multas.

El magistrado señala que el resultado del análisis de parte de los dispositivos incautados a los principales investigados, uno de ellos el exjefe de la UDEF, “acredita ahora de manera total” que Torán ha dirigido y coordinado la introducción de 39 contenedores con cocaína, “introduciendo en España, desde al menos 2020, una cifra estimada en más de 73 toneladas de cocaína con un valor de mercado de 2.060.159.283 euros”.

A su juicio, se ha evidenciado “no sólo su directa implicación en las actividades de tráfico de drogas, sino también su liderazgo en la organización, su actuación concertada con Sánchez, movido por el ánimo de lucro”. El juez considera probado su “implicación absoluta” en la introducción del contenedor de 13 toneladas de cocaína por el puerto de Algeciras (Cádiz) en octubre de 2024 que fue descubierto por los agentes y aceleró la causa judicial. En concreto, la Policía Naciona se incautó, tras cuatro años de investigación a una empresa importadora de plátanos ubicada en la provincia de Alicante, en cajas de plátanos un total de 11.000 pastillas de cocaína en un contenedor procedente de Guayaquil (Ecuador).

Además, el magistrado apunta que Torán tiene “conexiones con grandes narcotraficantes que eluden la acción de la justicia” residiendo en el extranjero, como Alejandro Salgado, alias 'El Tigre', a quien también procesa.

El juez considera que la investigación de la Policía “acredita sin ningún género de dudas la estabilidad temporal de la organización criminal, que introducía la cocaína en contenedores de fruta, los cuales eran introducidos por Sánchez”, que no aparece en esta lista de procesados, “en los sistemas de coordinación policial y descargados por la organización liderada por Torán en las instalaciones de Eduardo Montero”, otro de los procesados.

Asimismo, indica que Torán anotaba los pagos en efectivo a los otros integrantes, un dinero que conseguía “de la introducción de ingentes cantidades de cocaína en territorio nacional, así como sus 'inversiones', es decir, sus estructuras de blanqueo de capitales para reintegrar al circuito legal los beneficios del narcotráfico”.

El instructor acordó este lunes enviar a prisión provisional a Torán, tres días después de que fuera detenido en el marco de las pesquisas después de acogerse a su derecho a no declarar como investigado. La Fiscalía pidió en ese momento la detención de Torán, alegando que el riesgo de fuga había aumentado porque la investigación está muy desarrollada y va camino de juicio.

Cabe recordar que Torán fue puesto en libertad el pasado mes de abril después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reconociese que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y a la libertad por no facilitar a su defensa “elementos esenciales” de la causa necesarios para impugnar la privación de libertad.

Grabaciones secretas del máximo capo de la basura en Orihuela (Alicante) al PP; un partido roto entre campistas y zaplanistas; un empresario que repartía fondos para campañas electorales, y reuniones en el agua de un balneario para evitar micros (aunque con un detective rondando y captándolo todo). Son algunas de las escenas más llamativas de la trama del 'caso Brugal' en la capital de la Vega Baja, localidad en la que el PP cosechó tremendas mayorías absolutas y en la que todos sus exalcaldes populares han sido salpicados por la corrupción al calor de la burbuja inmobiliaria. La última sentencia del 'caso Brugal' avala las grabaciones efectuadas por el empresario Ángel Fenoll y las escuchas telefónicas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en el marco de una compleja investigación comandada por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, se autoenmienda en la sentencia, dictada esta semana, tras la anulación inicial en su primer fallo de las escuchas por parte del mismo tribunal y el aval posterior a los pinchazos del Tribunal Supremo, tras un recurso de Anticorrupción, representada por el fiscal Pablo Romero. El alto tribunal, tal como informó este diario, se escudó en la jurisprudencia nacida de las grabaciones del 'caso Gürtel', en una sentencia cuya ponente fue la magistrada Ana Ferrer.

El último fallo del 'caso Brugal' impone a Ángel Fenoll penas que suman tres años y nueve meses de cárcel por tres delitos de cohecho (uno de ellos de carácter continuado), prevaricación en concurso con fraude, uso de información privilegiada y extorsión. Por su parte, la exalcaldesa popular Mónica Lorente ha sido condenada a cuatro meses de prisión y 20 meses de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso con un delito de fraude. A todos los condenados se les ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Las grabaciones de Fenoll propiciaron la investigación de la trama corrupta. En los registros del 'caso Brugal', los investigadores de la UDEF hallaron un “sofisticado sistema de grabación y numerosos material grabado, con la ayuda de un detective”, tal como recuerda la Audiencia de Alicante. En el domicilio de Ángel Fenoll se toparon con 87 cintas VHS “rotuladas de políticos de Orihuela” y en la sede de una de sus empresas con dos grabadoras y un ordenador que almacenaba las transcripciones de las conversaciones. En el domicilio de otro de los condenados (por extorsión), los agentes se incautaron de 103 cintas y DVD “similares”, así como una “grabadora de bolsillo”.

Toda la trama de Ángel Fenoll se centraba en conservar su negocio de recogida de residuos en la localidad. El empresario se encargaba, sin contrato y (“al menos”) desde 1993, de la gestión de la basura en Orihuela, según relata la sentencia. El contrato se licitó en 2000 en un concurso al que solo se presentó la UTE formada por Necso Entrecanales Cubiertas y Colsur, representada por Ángel Fenoll.

Un lustro después, se produjo la tremenda “fractura” en el grupo municipal del PP, cuando la teniente de alcalde, Mónica Lorente, se hizo con la Ejecutiva de los populares de Orihuela en sustitución del entonces primer edil, José Manuel Medina. El municipio vivió en aquella época una “explosión urbanística” en su zona de costa, con los consiguientes “problemas técnicos que impedían afrontar con seriedad” la contrata de Ángel Fenoll, explica la sentencia.

“El crecimiento exponencial de las urbanizaciones que no tenían contador de agua y alcantarillado impedía conocer el número exacto de viviendas existentes al no estar catastradas, no pudiendo concretarse en el pliego de condiciones técnicas los puntos exactos de recogida de la basura”, agrega.

La oferta que hizo la UTE al primer concurso de la basura ya fue “técnica y jurídicamente anómala desde el principio”. Tras un informe del técnico municipal, la adjudicataria simplemente cambió “las reglas del juego” y solo se comprometió a dar servicio a las urbanizaciones costeras del término municipal recepcionadas por Ayuntamiento de Orihuela hasta aquella fecha y hasta un máximo de 20.000 viviendas. El concurso quedó finalmente desierto.

Un empresario en las “guerras internas” del PP en Orihuela

Ángel Fenoll, según la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, “decidió aprovecharse de las guerras internas que se produjeron en la provincia de Alicante entre unos y otros sectores del Partido Popular (conocidos popularmente como 'campistas' y 'zaplanistas'), apoyando en Orihuela la candidatura de la 'zaplanista' Mónica Lorente, próxima al líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, entonces presidente de la Diputación de Alicante, candidatura enfrentada con el 'campista' José Manuel Medina”.

Así, la “ruptura oficial” entre Medina y Lorente “se formalizó” el 4 de octubre de 2005, cuando el primero destituyó a la teniente de alcalde. Poco después, el comité provincial del PP cesó a José Manuel Medina de su Ejecutiva, mientras Ripoll apoyaba a Lorente. Al quedar en minoría el sector del PP de Medina en Orihuela, a consecuencia de la “división” de los populares, “cobró protagonismo” un grupo municipal minoritario que recibiría el apoyo soterrado de Ángel Fenoll.

Después de haberse “estropeado las buenas relaciones” de Fenoll con José Manuel Mediana, el empresario “planteó la estrategia para retrasar el concurso” con la inestimable ayuda de Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez, dos de los concejales del PP partidarios de Mónica Lorente, “la cual tenía pleno conocimiento de dicho concierto”.

El empresario, al ver peligrar su negocio, emprendió una táctica que, a la postre, se revelaría suicida en términos penales. Consistía, por un lado, en “beneficiarse de la estrecha relación que venía manteniendo con personas influyentes en la política oriolana” y, además, “utilizar las grabaciones que realizaba él mismo a los políticos con la colaboración esencial” de su hijo, Ángel Antonio, y de otro empleado, ambos condenados.

El 22 de marzo de 2005, tras haber fracasado las presiones sobre Medina con un concejal de un grupo minoritario usado como bisagra para paralizar el concurso, el empresario hizo públicas algunas de las grabaciones, en las que aparecía él mismo, y se hablaba de presuntas comisiones por parte de una de las empresas aspirantes a la adjudicación (de la competencia). En una rueda de prensa posterior con su abogado, Ángel Fenoll “manifestó que lo publicado era sólo una pequeña parte de todo un proceso de conversaciones, que había más implicados y que iba a enseñar más grabaciones”, tal como recuerda la sentencia.

Fenoll, con su fonoteca, buscaba presionar a determinados políticos del PP con “hacer públicas dichas grabaciones si no actuaban en beneficio de sus intereses y conseguir así la adjudicación del concurso a su empresa Colsur SL o, en todo caso, la declaración de desierto del concurso, y poder así mantener la situación irregular por la que venía prestando el servicio de recogida de basura en el Ayuntamiento de Orihuela en beneficio propio”, según afirma la sentencia.

“Gaviotas”: las cartas por Seur para “presionar” a Camps y Zaplana

También redactó “cartas” dirigidas a los dos capitanes generales que comandaban la guerra interna en el PP: Francisco Camps, presidente de la Generalitat, y su antecesor en el cargo, el entonces portavoz popular en el Congreso (tras haber sido ministro del Gobierno de José María Aznar), Eduardo Zaplana. En las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía, el empresario se refería a las misivas como “gaviotas”.

En los registros del domicilio del empresario, los investigadores de la UDEF hallaron “resguardos” de la empresa Seur correspondientes a las cartas enviadas a ambos dirigentes del PP, que tenían la misma finalidad que las grabaciones a los concejales: “presionar a los políticos” para “tratar de influir en la confección de las listas electorales” y meter a afines a Mónica Lorente (“objetivo que fue finalmente logrado”).

Los audios demostraron que Fenoll tenía “puntual y previo conocimiento de los acontecimientos que se iban produciendo en la tramitación del expediente administrativo con relación al concurso público” de la gestión de la basura, “como reflejan las conversaciones grabadas entre Antonio Ángel Fenoll [hijo del empresario] y políticos de distintos partidos”. Así pudieron constatarlo los investigadores de la UDEF tras los registros en 2007 y la incautación de “numerosa documentación, efectos y material informático referido a grabaciones a políticos”.

Mónica Lorente y dos concejales del PP, Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez (ambos condenados), se concertaron con Ángel Fenoll para “defender sus intereses empresariales por encima del interés público del Ayuntamiento de Orihuela, lo que se traduciría posteriormente durante la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2007” en el apoyo del empresario a la candidata zaplanista.

Reunión “dentro del agua” de un balneario en Murcia

“Mientras tanto, Ángel Fenoll siguió grabando conversaciones con políticos con relación al concurso”, afirma la sentencia de la Audiencia de Alicante. Ante la desconfianza con un empresario que ya había revelado públicamente audios grabados subrepticiamente, el concejal Jesús Ferrández (actualmente fallecido) celebró una reunión con el hijo de Fenoll “dentro del agua” de un balneario en Fortuna (Murcia), “a fin de asegurarse que no iban a ser grabados”.

Sin embargo, el clan de los Fenoll se las sabía todas y un detective (de la firma Cipol de Murcia) grabó el encuentro, según indica la sentencia. Jesús Ferrández, escindido del PP y portavoz del partido Centro Liberal, se convirtió en uno de los apoyos de Fenoll en su alianza con Lorente contra el alcalde Medina para preservar su negocio de la basura.

El empresario financió a ambos partidos. Su hijo le entregó al edil Ginés Sánchez un sobre con 1.200 euros durante el acto de inauguración de la sede del PP en Orihuela Costa, según se desprende de las escuchas telefónicas.

La Audiencia de Alicante concluye que —“con la intención de obtener influencia en el Ayuntamiento de Orihuela para sus propios intereses”— Fenoll “intervino en el proceso electoral” en favor de ambos partidos, “sufragando gastos electorales” de las dos formaciones, “cuya victoria podía suponerle un beneficio, al asegurarse la presencia en el Consistorio de quienes iban a defender sus intereses”, según la sentencia, que enumera aportaciones como gorras, programas electorales, banderas o camisetas.

El empresario también ayudó a la candidata del PP, Mónica Lorente, con “publicidad electoral” y “movilizando gente para asistir a actos electorales”. Eso sí, “tratando siempre de que no se conociera que era él quien sufragaba esos gastos”. La mercantil Comercial Candel Reclamo y Publicidad SL facturó a una de las empresas de Ángel Fenoll 10.799 euros por la publicidad electoral de ambas formaciones, unos recursos que nunca fueron fiscalizados en la contabilidad declarada ante el Tribunal Supremo.

Sin embargo, esos hechos acreditados en la sentencia no eran constitutivos de delito en la fecha de su realización, señala la sentencia del 'caso Brugal'.

“Conversaciones comprometedoras” para diseñar las listas

Por otro lado, el hijo de Fenoll aludía, según las escuchas telefónicas, a su capacidad de influir en la conformación de las listas “utilizando conversaciones comprometedoras grabadas por él mismo o por gente de su entorno de manera coactiva, y poniéndole en conocimiento de que iba a enviar para ello lo que él llamaba 'gaviotas”.

La campaña soterrada del empresario se centraba en conservar el negocio de la basura, tal como destaca la sentencia. Una vez nombrada alcaldesa Mónica Lorente, en 2007, Urbaser SA presentó la mejor oferta al concurso y los políticos favorables a Fenoll trataron de declarar desierto el concurso. Por su parte, el empresario se planteó una nueva estrategia: “adquirir empresas interpuestas dirigidas por testaferros”.

El 9 de noviembre de 2007, la mayoría absoluta del PP declaró desierto el concurso, dejando vía libre para que el 'señor de la basura' de Orihuela siguiera con el negocio. La alcaldesa era “plenamente” consciente “de lo arbitrario de su proceder y de la ilegalidad que comportaba dicha decisión al no estar motivada, quebrantando de este modo la normativa en materia de contratación pública (...)”, según concluye la sentencia.

Mientras que las empresas Colsur SL y Proambiente SL continuaron prestando el servicio de recogida de basuras, Urbaser SA, que había presentado la mejor oferta al concurso declarado desierto, reclamó el derecho a que le fuera adjudicado el concurso. En 2009, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche número 1 estimó íntegramente el recurso de Urbaser SA, cuya oferta consideró “incontrovertible” como la mejor y merecedora, por tanto, de la adjudicación.

Indemnización a Urbaser SA de 4,7 millones, según una pericial

El Ayuntamiento de Orihuela, con Mónica Lorente de alcaldesa, recurrió el fallo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) desestimó el recurso y volvió a darle la razón a la empresa ganadora del concurso (condenado en costas al consistorio). Actualmente, existe un incidente de ejecución en el seno de ese procedimiento en el que Urbaser SA reclama al Ayuntamiento de Orihuela 7,8 millones de euros. Una pericial judicial estima la cuantía de la indemnización de 4,7 millones, tal como recuerda la sentencia de la Audiencia de Alicante.

El siguiente concurso del servicio de recogida de basura fue en 2008, en la misma legislatura de Lorente. Ángel Fenoll “diseñó la estrategia de adquirir empresas del sector” para formar una UTE, en el marco de una licitación con denuncias de irregularidades por parte de los grupos de la oposición municipal, tal como recuerda la sentencia. Ese año, varios responsables de la UTE se reunieron con el hermano de la alcaldesa, Jorge Lorente (absuelto), en un restaurante de Raal (Murcia), según las vigilancias y seguimientos policiales. Los comensales, indica la sentencia, tomaron medidas de seguridad “para no ser localizados”.

Tanto en esa comida como en una posterior en la que no asistió el hermano de la alcaldesa y a la que sí que acudió Ángel Fenoll, el concejal Manuel Abadía (condenado) facilitó a los asistentes “informaciones” sobre el concurso que “no debían ser divulgadas, de las que tenía conocimiento por razón de su cargo”.

Los empresarios “aprovecharon las informaciones facilitadas por el concejal” del PP para la elaboración de las ofertas, según reza la sentencia de la Audiencia de Alicante. Los votos favorables de los 14 ediles del PP dieron el concurso a la UTE pilotada por Ángel Fenoll, que “incurrió en numerosos incumplimientos”.

La Policía sospecha que el Ayuntamiento de Estepona adjudicó la explotación de un restaurante de tres plantas en la torre El Mirador del Carmen a una empresa creada ad hoc con el único objetivo de “enmascarar” el beneficiario final de la concesión. En este esquema resultaron claves los hijos del alcalde y el propio regidor, José María Urbano, quienes aportaron más de 20.000 euros para la fianza que debía constituir ante el Ayuntamiento la adjudicataria, Inversiones Delmar 2022. La empresa, creada meses antes en el despacho de un concejal de confianza del alcalde, tenía como administradora única a Nadia Odeh Núñez, pareja de uno de los vástagos del alcalde.

Así se recoge en los informes policiales aportados a la investigación abierta en el juzgado de instrucción número 4 de Estepona, que el pasado viernes tomó declaración a los primeros testigos. Para el próximo viernes está prevista la declaración de García Urbano, la concejala Ana Velasco, el secretario, el interventor y dos técnicos municipales, integrantes de la mesa de contratación y todos ellos ya como investigados por posibles autores de delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Cuando se conoció la apertura de una investigación judicial, el Ayuntamiento insistió a través de un portavoz oficial en que no hay “ninguna ilegalidad” ni “incompatibilidad” en el procedimiento de adjudicación del restaurante. “El alcalde no forma parte de ninguna mesa de contratación del Ayuntamiento, ni interviene en la elaboración de los pliegos ni en la selección de las empresas que resultan adjudicatarias; labor que llevan a cabo los técnicos municipales”.

Los informes, elaborados por el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF, parten de la investigación desarrollada por este periódico en julio de 2023: basándose en un criterio subjetivo, el Ayuntamiento de Estepona adjudicó la explotación por 20 años de un restaurante en el suelo público más goloso de la ciudad a una empresa administrada por la novia del hijo del alcalde y creada en el despacho del concejal de confianza del alcalde. Lo hizo en condiciones muy ventajosas, por un canon anual que no es ni un tercio del precio de mercado en la zona.

Los investigadores han seguido el rastro del dinero que sirvió para consumar la adjudicación y cuyo origen, según deslizan, podría estar en el patrimonio del propio regidor. Ambos hijos, José María y Pablo Jesús, contaban con fondos suficientes para prestar a Nadia Odeh Núñez los 21.000 euros que debía depositar como fianza, pero recibieron de su padre, José María García Urbano, sendas transferencias por importe de 20.000 euros con el concepto “donación” apenas una semana antes de la constitución de Inversiones Delmar.

Ofertas económicas idénticas

Desde enero, los investigadores de la UDEF han centrado sus pesquisas en la adjudicataria, Inversiones Delmar, cuya constitución coincide en el tiempo con el proceso de licitación. Fue creada dos meses antes de que este comenzara con domicilio social en el despacho del concejal Salvador Pedraza, en Málaga capital (a 80 kilómetros de Estepona). Ese despacho ha sido también domicilio habitual de sociedades patrimoniales de José María García Urbano.

La UDEF constata que Inversiones Delmar no reunía las condiciones objetivas para afrontar el proyecto en el momento de la adjudicación, y que esta se basó en un criterio subjetivo: una memoria con la oferta gastronómica, basada en un “acuerdo de intenciones” con un chef.

Inicialmente, ni siquiera tenía la restauración como objeto social. Lo cambió cuando ya había resultado elegida por el Ayuntamiento. Tampoco tenía cuenta bancaria para hacer frente a los gastos del proceso, y su administradora había vivido hasta entonces de trabajos temporales como azafata y personal de cabina.

También les llama la atención que el Consistorio nunca dio difusión a la idea de colocar un restaurante en las tres últimas plantas del Mirador del Carmen: ni cuando lo sacó a concurso, ni cuando inauguró el edificio por todo lo alto, semanas antes de adjudicarlo.

Solo otra empresa concurrió: Century Boni Group se presentó en el último minuto, con una propuesta económica idéntica a la de Inversiones Delmar. Nada se diferencia entre las dos presuntas competidoras, cuyas ofertas son calcadas en los siete apartados, todos numéricos. Coinciden el número de plazas de aparcamiento (30), las horas adicionales de apertura del mirador (800) y hasta el número de telescopios (3). El administrador de Century, Huang Gang, es uno de los testigos que ha comparecido este viernes.

Constituida para participar en el concurso

Con ese bagaje, dicen los investigadores, no se entiende que Inversiones Delmar pudiera acreditar una solvencia mínima para hacerse con la explotación de un lugar para el que el Ayuntamiento decía buscar “un proyecto turístico de calidad”. El restaurante se ubica en las tres últimas plantas, mirador incluido, del fastuoso Mirador del Carmen, una torre a pie de playa que cuenta con sala de exposiciones conveniada con el Museo Thyssen, un conservatorio y una biblioteca. El Ayuntamiento ha invertido 16 millones de euros en este edificio.

Con estos indicios, creen que Inversiones Delmar se constituyó con la única finalidad de participar en el concurso. Apenas un año después de la adjudicación, Núñez traspasó las participaciones de la sociedad a Juan José Martínez y su hija Laura. Es “más que plausible”, concluyen los investigadores, que desde el inicio la intención fuera favorecer a los nuevos socios de Inversiones Delmar 2022. Martínez es un empresario del ocio y la hostelería muy conocido en Estepona, y una de sus empresas ha sido adjudicataria de otra concesión reciente del Ayuntamiento, un restaurante de playa. También explota una caseta del Real, participa en clubes deportivos y en la hermandad de la Virgen del Parten y fue incluso Rey Baltasar en la cabalgata de 2025.

Tras las revelaciones de este periódico, hace dos años y medio, el alcalde eludió dar explicaciones al Pleno, sugiriendo que no haría algo irregular cuyos indicios serían públicos. “Cuando está en el Registro Mercantil es que no hay nada que ocultar. El expediente está en el portal del contratante”.

Este es el tercer caso en el que García Urbano está investigado. Otro juzgado de instrucción del municipio está a punto de enviarle a juicio acusado de malversación por contratar a una “amiga íntima” que nunca fue a trabajar, y uno de Violencia sobre la Mujer de Córdoba investiga la denuncia interpuesta por esa misma amiga íntima.

Diez años después de que estallara el caso de presunto acoso del empresario Javier López Madrid a la doctora Elisa Pinto vuelve a irrumpir la corrupción policial que evidenció cómo el poder económico parasita las instituciones. El yerno de Villar Mir utilizó a mandos policiales para amedrentar a la dermatóloga, luego consiguió que la cúpula de la Policía orientara la investigación a su favor y ahora, una década después, está acusado de recurrir a un comisario retirado para que el juicio que empieza en febrero nunca llegue a celebrarse. López Madrid se sentará en el banquillo junto al policía que más se implicó en esas tareas, el comisario Villarejo. 

elDiario.es reveló este viernes que el comisario jubilado Jaime Barrado, encargado de investigar en sus inicios el caso de presunto acoso, coacciones y agresión a la doctora Pinto, ha denunciado ante la Guardia Civil que Javier López Madrid ha intentado comprarle. En esta ocasión, el empresario ha recurrido a otro comisario jubilado, el ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía Fernando Moré, para hacerle llegar la oferta a Barrado, quien ha entregado al instituto armado conversaciones de WhatsApp, audios de un encuentro y de una llamada telefónica.

El caso del contencioso entre el empresario y la dermatóloga tenía todos los ingredientes para despertar el morbo: dos miembros de la clase privilegiada madrileña habían tenido una relación que había acabado con la comisión de delitos de uno contra el otro. Primero, denunció la doctora. Luego, López Madrid. Una década después, él se enfrenta, junto a Villarejo, a una petición de la Fiscalía de 13 años y dos meses de cárcel. La causa contra la mujer fue archivada en 2022.

El hecho que convirtió el caso en un retrato insólito de corrupción endémica fue consecuencia, como tantas veces, de un hallazgo casual. El empresario había encargado a unos profesionales limpiar su teléfono móvil antes de entregárselo a la titular del juzgado donde Elisa Pinto era la acusada. Pero el sistema utilizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrojó información que no habían podido hacer desaparecer. Unos mensajes que delataban la “relación estrecha” entre López Madrid y un grupo de relevantes comisarios ajenos al caso de acoso, tal y como escribió la UCO en su informe del 7 de mayo de 2015.

Comisario 'Nino' Conde: la alfombra roja para López Madrid

El primer movimiento registrado de estas maniobras policiales se produjo el 17 de marzo de 2014, cuando Javier López Madrid acudió a dependencias policiales a denunciar las amenazas telefónicas que aseguraba venía sufriendo desde octubre del año anterior. ¿En una comisaría? No exactamente. Fue en la Jefatura Superior de Policía, concretamente ante el Grupo V de Homicidios de la Policía. 

No todo el mundo puede acceder directamente a los equipos de investigación de la Policía para denunciar un hecho. Pero López Madrid apareció allí, en compañía de Javier Sánchez-Junco, abogado, ex fiscal Anticorrupción y un nombre que saltó a las informaciones por defender a Juan Carlos I. Hace años que Sánchez-Junco renunció a representar a López Madrid en la causa de la doctora Pinto y en las que tiene abiertas en la Audiencia Nacional.

Por el momento, cuatro sumarios judiciales recogen indicios del trato de favor que ha recibido López Madrid de la Policía, a la espera de que el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid decida abrir una investigación a partir del atestado que la Guardia Civil le ha remitido en los últimos días con la denuncia del comisario Barrado. Uno de esos sumarios es la causa que la jueza Concepción Jerez archivó en 2022 y en la que la doctora Pinto era la sospechosa de las llamadas y la situación de acoso. 

En el episodio de la Jefatura Superior adquiere protagonismo la figura de José Luis ‘Nino’ Conde, jefe entonces de la Policía Judicial de todo Madrid. El comisario, ahora jubilado, aseguró en 2019 a elDiario.es que fue la presencia de Sánchez-Junco lo que le hizo atender al empresario personalmente, aunque la jueza explica que López Madrid ya había hablado por teléfono con el mando policial antes de personarse en Jefatura. La magistrada Concepción Jerez recuperaba la declaración en sede judicial que prestó después el comisario Conde ante ella para reprochar que era “carente de credibilidad”.

“No explica [Conde] las razones lógicas por las cuales se le tomó declaración en dependencias del Grupo V de Homicidios, ni tampoco aclara por qué existían sospechas sobre Elisa Pinto, sobre todo teniendo en cuenta que inicialmente el denunciante no manifestó que existieran las mismas”. Se refiere la jueza a que López Madrid enmarcó en aquel momento las amenazas en el contexto de su relevante situación de empresario, sin mencionar a la mujer. Conde escapó de cualquier acusación judicial en su contra. 

'El Gordo', máximo experto antiterrorista, con el empresario

Antes y después de aquella visita a Jefatura, López Madrid habló por teléfono con Conde y con otro relevante miembro de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, imputado en varias piezas del caso Villarejo, incluida Kitchen, pero que no ha sido juzgado por las graves secuelas que padece de un accidente vascular. García Castaño, conocido como ‘El Gordo’, fue casi cuatro décadas jefe de la unidad de captación de fuentes, escuchas y vigilancias de la Policía, un fontanero cuyo rastro en la Policía alcanza tintes de leyenda. 

García Castaño aseguró a este periódico hace seis años que López Madrid llegó hasta él a través del jefe de seguridad de la empresa de Villar Mir, también policía, y que él le derivó a una unidad especializada por la vinculación personal que el denunciante tenía con el entonces heredero al trono de España. 

Esa relación entre López Madrid y Felipe VI quedaría de manifiesto dos años después de la denuncia y gracias al mismo volcado del teléfono que reveló sus relaciones con los comisarios. La Guardia Civil logró también recuperar unos mensajes en los que los reyes de España arropaban a López Madrid y cuyo contenido desveló elDiario.es. Los mensajes se produjeron tras la publicación de los gastos del empresario con una tarjeta black de Caja Madrid. 

Después de que los policías de Conde se hicieran cargo del caso, López Madrid siguió llamando al comisario antiterrorista García Castaño. El 30 de enero de 2015 habló con él quince minutos, antes de que el responsable de la empresa del volcado de su teléfono le avisara de que ya tenía el terminal listo para ir al juzgado, tal y como consta en la causa. Esa empresa colabora habitualmente con unidades especializadas de la Policía, según han confirmado a este medio responsables de las mismas. 

Villarejo, a sueldo de López Madrid

Ninguno de estos policías ha sido imputado por delito alguno. Quien sí va a ser juzgado junto a López Madrid es el comisario Villarejo. Ambos se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional, a partir del 12 de enero, dentro de la macrocausa contra el comisario, en una pieza que juzga la contratación por parte del empresario de un funcionario de la Policía en activo. En febrero, otro tribunal, un Juzgado de lo Penal de Madrid entrará al fondo del caso de acoso. Es ahí donde Villarejo y López Madrid se enfrentan a más de 13 años de cárcel. 

Javier López Madrid llegó hasta el comisario Villarejo a través del presidente de Société Générale en España y Portugal, Donato González, cuyas oficinas están en Torre Picasso, donde el policía tenía la sede de sus empresas “de inteligencia”. López Madrid y Donato González compartían también amistad con Francisco Granados, el ex secretario general del PP madrileño procesado por corrupción.

La instrucción determinó que el 14 de abril de 2014, mientras la doctora se bajaba de su coche y en presencia de su hijo de diez años, Villarejo le dijo: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Al tiempo, el policía clavaba a la mujer un punzón en el costado.

La Dirección de la Policía, al rescate de Villarejo (y de López Madrid)

La cúpula policial de aquellos años en los que arrancó el caso es la misma que organizó una brigada política contra la oposición. Al frente de ella estaba Eugenio Pino, quien excusó en dos ocasiones de la rueda de reconocimiento a Villarejo alegando que estaba de viaje en el extranjero. Cuando estaba pendiente de acudir a la tercera, la Policía presentó unos nuevos informes que exculpaban a López Madrid y, en consecuencia, a Villarejo, del acoso, las amenazas y las agresiones a la mujer. 

El caso daba así un giro inesperado. Era la época de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior y Villarejo, como ha quedado acreditado después, atesoraba innumerables secretos de los excesos cometidos en el departamento. Consecuencia de esos informes, la causa contra López Madrid y Villarejo fue archivada provisionalmente, pese a que la mujer ya denunciaba por entonces la existencia de “un montaje policial”.

Pero lo que sirvió a la jueza Belén Sánchez para cerrar el caso contra empresario y policía no convencía a los jueces de la Sección 15 de la Audiencia de Madrid. Ya en mayo de 2017, los magistrados pusieron en duda los informes policiales, ordenaron reabrir la causa y que la jueza Sánchez practicara de una vez la rueda de reconocimiento a Villarejo. Con la brigada política fuera de juego por las jubilaciones y el relevo en el Ministerio del Interior, aquella decisión resultaría catastrófica para Villarejo, que fue reconocido por la doctora y resultó imputado.

Alberto Carba: “Javier, este partido lo vamos a ganar”

Poco antes de que se reabriera la causa ocurrió algo que a la postre iba a tener una importancia determinante en demostrar el montaje policial contra la doctora. El 21 de abril de 2017, López Madrid fue detenido por la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo, un caso de corrupción que abarcaba la presunta financiación irregular del PP madrileño. Los agentes de la UCO le incautaron el teléfono. De nuevo, el dispositivo del empresario iba a deparar una importante sorpresa de la que, otra vez, la Guardia Civil iba a informar al juez. El policía que había dirigido la investigación en contra de la doctora intercambiaba mensajes con López Madrid, pese a estar imputado por acoso, en los que el inspector actuaba con complicidad y servilismo.

“Buenos días, Javier. Solo quería transmitirte que el informe que queríamos es muy bueno para nuestra investigación. Paciencia en este último cuarto que este partido lo vamos a ganar”, decía uno de esos mensajes, tal y como publicó elDiario.es. El comisario en cuestión, entonces inspector jefe, es Alberto Carba.

La jueza Jerez dijo sobre la investigación de Alberto Carba: “Los contactos [de López Madrid con varios comisarios] ponen en duda los informes realizados por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, de la Dirección General de la Policía”. La entonces unidad de Carba “no realizó ningún informe sobre dichos contactos, ni sobre las relaciones con el comisario Villarejo (…) resultando incompleta su investigación”, añade. Su trabajo concluyó que la dermatóloga fingió el acoso, que fue ella quién asedió a López Madrid, y que para ello utilizó a su hijo de 10 años. Lo contrario de la verdad judicial, según la cual la mujer ha sido exonerada y López Madrid debe sentarse en el banquillo.

La carrera de Alberto Carba se estancó en la comisaría del Distrito Centro de Madrid, por otra parte la más grande de España. Desde allí dirigió la investigación contra el bailaor Rafael Amargo, que resultó absuelto después de ser objeto de un gran dispositivo contra el narcotráfico. También detuvo a Nacho Cano por unos delitos contra los trabajadores extranjeros que quedaron en nada. El pasado mayo, Carba se convirtió en el jefe de la Brigada de Policía Judicial en Madrid, el relevante puesto que ostentaba en 2014 Nino Conde, el policía que extendió la alfombra roja a López Madrid en su primera visita a dependencias policiales. 

Fernando Moré: un “dinerillo” para la jubilación

El comisario que ha elegido López Madrid en 2025 para el encargo del soborno, Fernando Moré, no es un policía cualquiera. Estuvo destinado como jefe del aeropuerto de Barajas y en 2017, ya con Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio del Interior, fue elegido para dirigir la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Moré siguió en el cargo con Fernando Grande-Marlaska hasta su jubilación, en 2022. 

Moré prometió a Jaime Barrado —el comisario que se atrevió a situar a Villarejo en el caso de la doctora Pinto— 200 o 300.000 euros si convencía a la doctora y a su abogada que retiraran las acusaciones contra López Madrid. Luego bajó la oferta a 20.000. Y siempre dijo que lo hacía por indicación de López Madrid, según las grabaciones desveladas por elDiario.es. Consultado por este medio asegura que realiza trabajos de consultoría de seguridad desde que se jubiló y que pensó en ganar “un dinerillo” con el contrato que podría firmar con López Madrid si se ganaba su favor.

“¿Y qué coño es esto de la UDEF?”. La frase es una de las destacadas en la hemeroteca de Jordi Pujol. El expresident la dijo en 2013, cuando los rumores sobre el dinero de su familia en el extranjero no pasaban de eso. Doce años después, la Audiencia Nacional juzga si el origen de las cuentas andorranas de los Pujol es corrupto. Tras el aluvión de las defensas para intentar tumbar la causa en los compases iniciales del juicio, la Fiscalía ha replicado este miércoles que las maniobras policiales contra la familia no deben anular el caso.

“No voy a adentrarme en lo de Villarejo”, ha lanzado el fiscal Fernando Bermejo. La actitud del representante de Anticorrupción ha sido coherente con el desinterés de los jueces y la Fiscalía durante años en investigar las maniobras policiales contra los rivales políticos del PP. De las más de veinte denuncias interpuestas, la mayoría han sido inadmitidas de plano, y solo una ha terminado en condena: la del exjefe policial Eugenio Pino por intentar adulterar el caso Pujol con un ‘pen-drive’ de datos de la familia de origen ilícito.

Bermejo tenía una tarea complicada este miércoles. Es el único representante de la Fiscalía ante un plantel de defensas integrado por buena parte de los mejores penalistas de Barcelona y Madrid. El fiscal está solo, sin otro compañero (como habitualmente ocurre en las macrocausas de corrupción). La Abogacía del Estado, la otra acusación, sí cuenta con dos funcionarios en el juicio.

El fiscal ha respondido en solo 52 minutos a las más de cinco horas que, entre el lunes y el martes, las 19 defensas dedicaron a las cuestiones previas. La tesis más destacada fue la de la defensa de Josep Pujol Ferrusol, que ejerce el penalista Jaime Campaner.

Sin alegato político alguno, la defensa intentó convencer al tribunal de que el origen del caso Pujol era una prueba ilegal obtenida con vulneración de derechos fundamentales debido a las maniobras de la brigada política del PP con la denunciante inicial de la causa, la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, y los banqueros andorranos para que proporcionaran los datos bancarios de los Pujol que terminaron en portada de El Mundo y propiciaron la confesión del expresident.

El fiscal ha negado la mayor y ha negado que el caso Pujol sea una “investigación prospectiva”, al tiempo que ha defendido el trabajo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que ha actuado como Policía Judicial del caso. “La UDEF siempre ha actuado bajo control judicial”, ha zanjado.

Respecto a Victoria Álvarez, el fiscal ha obviado que acudió a declarar a comisaría en 2012 acompañada por un socio del comisario jubilado José Manuel Villarejo y tras haber recibido mensajes del por entonces jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en los que le animaba a denunciar al hijo de Pujol para “salvar España”. La ratificación de Álvarez en sede judicial dio inicio a la causa que ahora se juzga.

“Victoria Álvarez puso de manifiesto indicios de una operativa económica dedicad a la ocultación patrimonial”, ha defendido el fiscal. Cabe resaltar que, pese a la importancia que Anticorrupción da al testimonio de Álvarez, no la ha citado como testigo en el juicio (tampoco los Pujol; solo lo ha hecho la defensa de la exmujer de Pujol Ferrusola, Mercè Gironès).

“El famoso pantallazo”, ha proseguido Bermejo sobre la portada de El Mundo con los datos bancarios de los Pujol, “tiene un valor estrictamente periodístico”. El fiscal ha dicho que fue la defensa de Josep Pujol la que aportó la portada en la causa, pero en realidad está en el sumario desde hace años.

También el abogado del Estado, que solo acusa a dos de los hijos (Josep y Jordi) de delito fiscal, ha defendido la “información veraz” que contenía la portada de El Mundo con los datos bancarios de los Pujol. Curiosamente, el abogado del Estado encargado de respaldar la publicación de datos tras las presiones de la brigada del PP a los banqueros andorranos ha sido José Ignacio Ocio, quien hace dos semanas defendió en el Supremo al fiscal general del Estado en el juicio por la filtración del correo en el que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid admitía un fraude a Hacienda.

En realidad la defensa no discutió la veracidad de la información, sino el modo en que se obtuvo (la presión de la brigada política a los banqueros andorranos hace que sea una “prueba ilícita”, alegó Campaner). Como en un juicio tan importante es la prueba como la forma en que se ha hallado, las maniobras policiales han dado a la defensa margen para argumentar vulneraciones de derechos.

“Donde hay indicios concretos no hay investigación prospectiva”, ha remachado el fiscal Bermejo para defender el papel de Álvarez y la policía en la investigación del caso Pujol. También ha devuelto los dardos a la defensa de Oriol Pujol, ejercida por el letrado Francesc Sànchez, que vinculó la causa con un ataque al soberanismo: “No se pueden introducir cuestiones de índole política en una cuestión procesal como es la investigación y juicio de unos delitos de blanqueo de capitales”. “Se ha pretendido convertir rumores políticos en causas de nulidad”, ha agregado.

Es más, Bermejo ha citado la sentencia del Supremo sobre el procés, en la que Sala de lo Penal censuró los alegatos de que los independentistas estaban siendo juzgados por sus ideas al ver esta tesis “nublada” y consistente en “convertir las legítimas actuaciones del Estado en actos represivos llamados a subyugar un pueblo”. El tribunal de la Audiencia Nacional ha terminado con las sesiones este miércoles y remotará el juicio el día 10 de diciembre.

Tras la detención del presidente de la Diputación de Almería y hasta hace unos días su máximo dirigente provincial, Javier Aureliano García, el Partido Popular almeriense no logra escapar de la sombra de la corrupción que planea sobre el partido desde hace años. Los populares, con una fuerte influencia histórica en la estructura andaluza del partido que dirige hoy Juan Manuel Moreno y antes Javier Arenas, acumulan más de dos décadas en las que los casos de corrupción, especialmente urbanística, han hecho desfilar por los tribunales a altos cargos de la formación. Cargos que, mayoritariamente, han prosperado bajo el mandato de Gabriel Amat, figura clave del PP en esta provincia.

Los registros y detenciones practicadas el pasado martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Almería, en el marco del 'Caso Mascarillas', que instruye el Juzgado de Instrucción 1 de la capital almeriense y que se saldaron con la detención, entre otros, del propio Javier Aureliano García, así como del vicepresidente de la diputación provincial, Fernando Giménez, y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, vuelven a situar al PP de Almería bajo la sospecha de la corrupción. Los detalles que se vienen conociendo en los últimos días no dejan bien parados a los dirigentes populares.

La investigación judicial trata de aclarar si se creó un entramado para el cobro de comisiones ilegales por la venta de material sanitario durante la Covid-19 en el que se vieron beneficiados determinados políticos de Almería y personas cercanas a estos. Pero no es la primera vez que la Justicia intenta arrojar luz sobre un caso similar en el que los populares almerienses estén bajo el foco.

Sin ir más lejos, el propio 'Caso Mascarillas' parece tener más ramificaciones que la mera trama de material sanitario por la pandemia y se está indagando en la concesión de contratos de obras menores a empresas relacionadas con la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines. Un caso que apunta no sólo a la estructura del PP de Almería, sino también al del PP de Andalucía de Juan Manuel Moreno porque los presuntos corruptos llevan años medrando y ascendiendo dentro de la formación de la mano de otro expresidente provincial, Gabriel Amat, involucrado en diferentes tramas de corrupción.

Las principales tramas

Tramas que, junto al 'Caso Mascarillas', se pueden resumir en otros dos grandes asuntos: el 'Caso Hispano' y el 'Caso Poniente'. Cronológicamente, el Hispano es el más antiguo de los tres. En esta trama se ha investigado en diferentes piezas, algunas de ellas archivadas por exceso de dilación en los tiempos procesales, la presunta financiación ilegal del PP de Almería a través de la adjudicación de obras públicas con la constructora Hispano Almería que da nombre al caso. Entre los principales investigados están, entre otros, el propio Gabriel Amat y la ex consejera de Agricultura, Carmen Crespo, actual eurodiputada de los populares.

No en vano, la presencia de Crespo en esa trama, que nunca ha sido imputada formalmente por el aforamiento del que ha gozado desde hace décadas, sirve para explicar el peso de la estructura almeriense en el PP de Andalucía. Crespo fue consejera de Agricultura y su sucesor, Ramón Fernández-Pacheco, que sigue en el cargo, escaló desde la Alcaldía de Almería al Ejecutivo regional y ahora tras esta crisis es presidente de los populares de Almería y vicesecretario general del PP-A de Juan Manuel Moreno. Lo que explica por qué el 'Caso Mascarillas' es a su vez un caso que impacta directamente en la estructura orgánica del PP andaluz.

Y es que también es relevante la relación entre los populares almerienses y la cúpula de Sevilla si se hace un viaje algo más atrás en el tiempo, justo a la etapa de Javier Arenas al frente del PP-A. El que fuera a su vez vicepresidente del Gobierno y ministro en varias carteras con José María Aznar, tuvo de fiel escudero a Juan José Matarí, uno de los políticos almerienses que hoy pasa por un segundo plano, pero que durante años fue uno de los hombres fuertes de Arenas. Matarí también fue investigado en varias tramas de corrupción e incluso apareció en los papeles de Bárcenas, lo que da nota de la relevancia de la orgánica almeriense dentro del PP y de la sombra de corrupción que persigue históricamente a los populares de Almería. Hoy en día, Matarí continúa como senador en la Cámara Alta tras haber sido diputado en el Congreso durante seis legislaturas.

Pero volviendo al Caso Hispano, que es el más antiguo de todos, la investigación se centra en aclarar diez años de presunta financiación ilegal en municipios como Roquetas de Mar, considerado el núcleo central de la trama. Esta localidad almeriense es la que dirige Gabriel Amat desde hace 30 años y desde la que ha ido escalando en su peso específico dentro del Partido Popular de la provincia. Según la investigación que realizó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en este municipio se cometieron irregularidades en 62 obras otorgadas a la constructora Hispano Almería por valor de más de 77 millones de euros de fondos públicos.

En esta trama, además de Roquetas de Mar, aparecen contrataciones en otras localidades como Níjar, La Mojonera o el propio Ayuntamiento de Almería. Sin embargo, algunas de las piezas que se relacionan con estos municipios ya han sido archivadas por la excesiva dilación de los tiempos judiciales y en ningún caso se ha producido aún ninguna condena firme. La instrucción sigue abierta, pero fuentes políticas asumen que el tiempo transcurrido desde el inicio de las pesquisas en el año 2013, provocará que las condenas, si llegan, acaben siendo bajas. Algo parecido a lo ocurrido con el 'Caso Marchelo' que se resolvió en parte este año con sentencias muy rebajadas y afectaba al PP de Granada.

La otra trama relevante de las dos últimas décadas es la del 'Caso Poniente'. Una macrocausa que evidenció cómo el Ayuntamiento de El Ejido, gobernado por el Partido Popular, había creado una trama a través de empresas y subcontratas vinculadas a cargos de la formación. Según la investigación, hubo apropiación indebida de más de 58 millones de euros y para lograrlo se interpuso a familiares a modo de testaferros con el fin de evadir la fiscalización de las cuentas. En esta ocasión, la causa se prolongó durante más de siete años y llegó a tener a 65 imputados.

Esta operación judicial investigó las cuentas del Consistorio de El Ejido entre los años 2002 y 2009. De los 65 imputados, 28 acabaron siendo condenados en 2023. Entre ellos, el exalcalde Juan Enciso que, junto con el resto, presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo tratando de defender su inocencia asegurando que se realizó contra él una investigación prospectiva. No obstante, fue condenado a cinco años y tres meses de prisión y a 13 de inhabilitación por la investigación judicial que inició la UDEF.

La figura de Gabriel Amat

Cronológicamente, lo sucedido en el Ayuntamiento de El Ejido tiene también relación con Gabriel Amat y la Diputación, pero también con el 'Caso Hispano'. Con Amat porque él asciende a la presidencia del PP de Almería del partido en 2004 y es pieza clave en la trama de la constructora Hispano Almería, y con el ente provincial porque hubo cargos públicos relacionados con la red que se tejió para cometer los delitos. Todo esto es relevante porque Amat es la figura más destacada de los populares almerienses por su fuerte influencia. De hecho, en aquellos primeros años del siglo, existía una lucha interna por controlar el poder popular en Almería precisamente con el regidor de El Ejido.

Sin embargo, la disputa la ganó Amat y con el tiempo fue, a la par que se le investigaban casos de presunta corrupción -sobre todo urbanística-, aglutinando poder y colocando a figuras próximas en los diferentes núcleos de poder de Almería. Hasta su dimisión como máximo mandatario en 2021, promocionó a Óscar Liria, que fue expulsado del partido cuando era vicepresidente de la Diputación al estallar el 'Caso Mascarillas' al detectarse que pudo haber defraudado cientos de miles de euros en comisiones por la compra de material sanitario. Junto a él, también crecieron en importancia Javier Aureliano García, que asumió la presidencia de la Diputación tras la dimisión de Amat en 2019, aunque está suspendido temporalmente de militancia tras su detención, y Ramón Fernández Pacheco, que ahora es uno de los altos cargos del Gobierno de Andalucía de Juan Manuel Moreno.

Javier Aureliano, que hasta esta semana ha sido presidente de la Diputación de Almería y máximo dirigente del PP de Almería, es considerado por la política local como uno de los hombres de confianza de un Gabriel Amat que ha estado siempre relacionado con investigaciones en su contra pero que hasta la fecha siempre ha salido indemne. Mientras este último sigue como alcalde de Roquetas de Mar, cargo que alcanzó en 1995, quienes le han rodeado en algún momento están teniendo que responder ante investigaciones judiciales que alargan la sombra de la corrupción sobre el Partido Popular almeriense.

Las últimas cloacas del Estado, un grupo de mandos policiales a servicio del Gobierno del Partido Popular, organizaron el montaje de la droga contra Miguel Urbán y Podemos a partir del increíble relato de un confidente que hoy reproduce elDiario.es. Uno de esos mandos policiales, ubicado en la cúpula del Ministerio del Interior, trasladó a la Fiscalía Antidroga que un colaborador aseguraba haber visto al fundador de Podemos y europarlamentario desparramando cocaína en la barra de un bar de Malasaña para celebrar la venta de 40 kilos de esa sustancia. La transacción se habría producido en noviembre de 2015 y con ella, decía el confidente, se iba a financiar al partido que en ese momento tenía posibilidades de gobernar. 

elDiario.es reveló el pasado mayo los detalles de este montaje contra Podemos cuando el partido estaba liderado por Pablo Iglesias. Las maniobras aparecen recogidas en unas diligencias secretas que la Fiscalía Antidroga abrió, y cerró a los tres meses, consecuencia de los informes que la brigada política del PP le hacía llegar para intentar vincular a Podemos con el narcotráfico. Los documentos que prueban el montaje por fin se han incorporado a la investigación que sigue la Audiencia Nacional por las maniobras del Ministerio del Interior contra la formación política durante el último Gobierno del PP. 

Dentro de esas diligencias está el testimonio que utilizó un destacado miembro de la brigada política del PP, el comisario José Luis Olivera, para atacar a Podemos. Se trata de apenas medio folio redactado por la Policía en el que el confidente, Hugo Ch., se limita a rellenar algunos espacios en blanco, a hacer una apreciación de su puño y letra al final, y a firmar el documento. Debajo aparecen otras dos firmas de otras personas relacionadas con Hugo que se sumaron al montaje.

El confidente cuenta que en noviembre de 2015 se presentó Miguel Urbán, por entonces europarlamentario de Podemos, en el pub donde él trabajaba, un local de Malasaña llamado Nueva Visión. Según su relato, Urbán subió, junto al dueño del pub, al domicilio de este, justo encima del local, y allí vendió 40 kilos de cocaína a un tercero. 

“Al cabo de aproximadamente 40 minutos, el citado Miguel Urbán volvió a bajar con otra mochila, llena de dinero y tiró una bolsa de cocaína en la barra invitando a todo el que quisiera. Por ello el dueño del bar me ordenó cerrar la puerta del pub”, relató supuestamente el confidente a la Policía el 9 de febrero de 2016. En diciembre de 2015, Podemos obtuvo un resultado histórico, abriéndose las posibilidades de un Gobierno de coalición con el PSOE. El acuerdo no llegó y las elecciones se repetirían en junio. 

En ese semestre que separaron los dos comicios generales, los pseudoinformes policiales contra la formación política se prodigaron en las portadas de los medios de comunicación afines al PP. El montaje de la droga quedaría en secreto porque a los tres meses la Fiscalía Antidroga decidió cerrar su investigación. El fiscal jefe entendió que, por muchos informes que aportara la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, su Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) e incluso la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), no había un solo indicio que hiciera creíble que Miguel Urbán había traficado con cocaína procedente de Venezuela para financiar a Podemos.

La documentación incorporada a la causa de la guerra sucia a Podemos deja algún detalle novedoso. El confidente aseguró a la Policía, y luego al fiscal Antidroga, que el comprador de la cocaína podía ser un miembro de los Hell Angels (los Ángeles del Infierno), la organización criminal formada a partir del grupo internacional de moteros. 

Los agentes antidroga de la Policía no dejaron pasar la oportunidad para contextualizar el comentario del confidente en uno de los informes: “Hell Angels es conocida por ser una de las más activas en la comisión de múltiples actos delictivos a nivel europeo, teniendo bastante actividad delincuencial en nuestro país”. “Este Grupo 42 de la Brigada Central de Estupefacientes - seguía– llevó a cabo el pasado año una investigación sobre algunos miembros de la banda, logrando incautar la cantidad de 300 kilogramos de cocaína y la detención de cuatro personas (…) desplazadas a España desde Canadá para la recogida de la sustancia estupefaciente”.

El supuesto papel de traficante de Urbán era solo un pretexto para investigar a la formación política. Así lo demuestra el hecho de que, justo después de la confesión del camarero, la Policía introduce una nota informativa, sin encabezamiento, fecha o firma de funcionario policial alguno. En esta nota se enmarca la venta de droga en una actividad más amplia dentro de la financiación de Podemos.

“Los datos recibidos apuntan a ciertas actuaciones de blanqueo que miembros del partido político estarían haciendo por el método conocido como 'pitufeo', esto es, integrar en el circuito bancario dinero opaco, mediante pequeñas cifras que se ingresan y/o retiran, con objeto de que en conjunto, supongan una muy significativa cantidad, que no obstante pasaría desapercibida”, recoge la citada nota. 

Este nuevo y desconocido confidente, en el caso de existir, habría trasladado a la Policía que “la formación Podemos estaría recibiendo importantes cantidades de efectivo que blanquean, ordenando a sus miembros que ingresen periódicamente cantidades asumibles, como unos MIL o DOS MIL EUROS, con el concepto de donaciones a entidades vinculadas a dicho partido y la misma cifra es reintegrada en efectivo”.

Según la tesis policial, los dirigentes de Podemos conseguían un doble objetivo: introducir “en el circuito bancario todo el efectivo de dudoso origen y difícil justificación y al mismo tiempo, el aparente donante, ve reducido el pago de impuestos toda vez que puede deducir las cantidades que dona, a la hora de presentar su declaración ante Hacienda”. 

Se da la circunstancia de que los policías tenían un ejemplo de esas prácticas de “pitufeo”: Miguel Urbán. En realidad, trasladan información que han recogido de la propia web de Podemos sobre tres donaciones del eurodiputado, de 2.000 euros cada una, a distintas causas. Y ya lo tienen: el miembro de Podemos que trafica con droga luego blanquea el dinero, en cantidades, por otra parte, mucho menores de las que habría obtenido vendiendo 40 kilos de cocaína, 1,2 millones de euros a precio de la droga en el mercado.

Las diligencias de la Fiscalía Antidroga 4/2016 se cerraron el 20 de julio de 2016 con un decreto de archivo firmado por su jefe, José Ramón Noreña Salto. “Una vez verificadas todas las diligencias que fueron acordadas, no se ha procedido avance alguno de las investigaciones objeto del presente procedimiento, por lo que no se ha podido acreditar, ni siquiera indiciariamente la comisión de hechos delictivos para continuar con la instrucción de las presentes diligencias”.

Las cloacas del PP, en fase de investigación

Tras la publicación en mayo de elDiario.es, Miguel Urbán intentó personarse en la causa judicial de las maniobras del Gobierno del PP contra Podemos. El juez Santiago Pedraz lo rechazó por considerar que él investiga hechos distintos. Luego, Urbán presentó una querella que recayó en otro juzgado, el de María Tardón. La magistrada se apoyó en el informe de la Fiscalía para descartar que la querella reuniera los indicios suficientes para abrir una investigación que, por otra parte, no sería competencia de la Audiencia Nacional. Urbán recurrió a la Sala de lo Penal, pendiente aún de pronunciarse.

Entre tanto, la misma sección que decidirá sobre su querella ha atendido un recurso de la defensa de Pablo Iglesias en el caso que sigue Pedraz. Los magistrados aceptaban que se incorporaran las diligencias secretas de Antidroga sobre Urbán y que se volviera a imputar a un policía que, con la justificación de que se estaba investigando al fundador de Podemos, se puso a rastrear a Pablo Iglesias en bases de datos restringidas de la Policía.

Johnny lleva 45 años apoyado en el quicio de la misma puerta. Alto, apartado de los cánones tradicionales de belleza y de pocas palabras, su silueta es una fotografía anclada en la memoria de varias generaciones que hicieron del barrio madrileño de Malasaña su territorio de iniciación al punk, el amor y otros excesos. Johnny regenta desde 1980 un pub con nombre, Nueva Visión, y con subtítulo, Ramones Fan Club. Hace diez años, en secreto, unos comisarios lo colocaron en el centro de una de las mayores patrañas de la guerra sucia contra Podemos durante el último Gobierno del PP. Esta es la historia jamás contada de cómo la cúpula de la seguridad del Estado se las ingenió en 2016 para convertir a Miguel Urbán, fundador de Podemos, en vendedor de 40 kilos de una cocaína procedente de Venezuela que financiaría el partido, con el Nueva Visión como escenario y Johnny de intermediario. 

Es 12 de enero de 2016. Dos medios de la derecha publican el contenido de un dosier denominado PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) y dan el pistoletazo de salida a un semestre extraordinario por la cascada de informaciones falsas sobre Podemos. En diciembre, la formación liderada entonces por Iglesias había obtenido 69 escaños, un acontecimiento inédito en un partido a la izquierda del PSOE. La divulgación del pseudoinforme PISA coincide con el inicio de los contactos para la posible formación de un gobierno progresista. 

En esas mismas fechas arranca en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) el bulo de la cocaína y Miguel Urbán. El CITCO es un órgano en el que participan la Policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas y el CNI. Fue creado a raíz de los atentados yihadistas del 11M para que no se repitieran los errores de coordinación que facilitaron la masacre terrorista. No tiene funciones operativas. A principios de 2016 estaba dirigido por el comisario de la Policía Nacional José Luis Olivera, hoy jubilado y a la espera de sentarse en el banquillo por el caso Kitchen. 

José Luis Olivera es el comisario que aparece en una grabación junto a su amigo José Villarejo sobre la cuenta falsa de Iglesias en el Caribe. “Que tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace 5 años y luego que expliquen”, aportaba Olivera a la conversación sobre la manipulación de los documentos. 

El 21 de enero de 2016, justo ocho días después de la publicación del informe PISA, José Luis Olivera firma en persona un informe del CITCO, alejado por su contenido de las funciones atribuidas al organismo de coordinación y que tiene como destino a la Fiscalía Antidroga. Se trata del relato de “una fuente conocida por el Centro” que señala a Miguel Urbán, miembro de Anticapitalistas y eurodiputado por Podemos en ese momento, vendiendo 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña. Con el precio de mercado de la época, Urbán habría salido del bar con 1,2 millones de euros en el bolsillo. O donde cupiera tanto dinero. 

El comisario José Luis Olivera, experto en lo que la Policía llama “manipulación [manejo] de fuentes”, atesora una dilatada carrera. Entre otros destinos ha sido jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, en tiempos de los casos Malaya y Gürtel. Olivera considera tan creíble la disparatada historia de su confidente como para informar oficialmente a la Fiscalía Antidroga para que abra una investigación. 

La fuente del CITCO relata que Miguel Urbán se había presentado en fecha indeterminada en un pub de la calle Velarde, en el centro de Madrid y, acompañado del dueño del establecimiento, subió al primer piso del portal contiguo. Allí les esperaba un tercero, de unos 40 años, al que Urbán “le entrega 40 kilos de cocaína pura a cambio de una enorme cantidad de dinero”.

Durante el encuentro en el piso, Miguel Urbán habría comentado que se trataba “de una cocaína muy buena, de buena calidad, procedente de Venezuela y facilitada por sus contactos de aquel país”. La droga, según el confidente policial, tenía como fin “financiar los gastos de campaña del partido Podemos”. Así lo habría manifestado el propio Urbán durante la supuesta transacción, siempre según el relato del confidente. 

Antes de continuar cabe una primera recapitulación. Uno de los comisarios más poderosos durante el Gobierno del PP –lo había sido antes también con el PSOE– da crédito a uno de sus confidentes, que asegura que Podemos se financia con cocaína de Venezuela y que uno de sus eurodiputados carga con 40 kilos de droga por el centro de Madrid en el momento de mayor popularidad de la formación.

“Si no llegan al Gobierno, mejor para todos”

Podemos era la tercera fuerza política del país y negociaba un gobierno de izquierdas con el PSOE. Tres meses después del informe del CITCO, muy lejos de la calle Velarde, en Nueva York, otro mando de la brigada política dejaría la frase que resume aquel semestre de furia contra Podemos: “Si Podemos no llega al Gobierno, mejor para todos”. 

El inspector jefe José Ángel Fuentes Gago traslada esa afirmación a un exministro del Gobierno de Chávez. Ese 12 de abril, en el Consulado de España en Nueva York, el mando policial dice actuar con “un mandato” del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, según consta en la grabación publicada del encuentro. 

Vuelta a Madrid y regreso al mes de enero de 2016. En el informe que el CITCO elabora para la Fiscalía Antidroga sobre Urbán se explica que uno de los confidentes es un camarero, de nombre Hugo, que trabajaría en el Nueva Visión y que se dice “muy amigo” del eurodiputado y también de Johnny, el dueño del bar. “Hasta el punto de que Hugo lleva una foto de los tres de aquel día en el pub, posiblemente fruto de la celebración de ese intercambio de drogas”, escribe Olivera sin adjuntar la instantánea.

Hugo viajaría después a un pueblo de Toledo para reunirse con un amigo que regenta un mesón. A esa reunión se sumó un tercero. Toman copas y Hugo cuenta la historia de la cocaína. El tercer individuo es el confidente original del CITCO, según consta en un informe policial. A esa función de delator se sumaría el tal Hugo y el otro asistente al encuentro en el mesón. 

elDiario.es ha contactado con Miguel Urbán y ha repasado con él los nombres del confidente y sus amigos, así como las fotos en Internet que hay de algunos de ellos. El exdiputado asegura que no conoce a ninguno. Ni siquiera recuerda haber entrado en su vida en el Nueva Visión. “La última vez que salí por Malasaña debió de ser en 2009”, asegura. 

Momento para la segunda recopilación: un supuesto confidente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado escucha la historia de Miguel Urbán vendiendo 40 kilos de cocaína en el Ramones Fan Club de Malasaña, se lo cuenta a sus manipuladores (los policías con los que colabora), estos a Olivera –si es que no fuera colaborador directo de éste– y el director del CITCO considera que debe informar de los hechos a la Fiscalía Antidroga. 

Esta es la tesis que la propia Policía traslada en sus oficios a la Fiscalía, pero entre los párrafos que componen el montaje emerge otra posibilidad, que fueran los propios policías los que dicen al confidente qué tiene que declarar contra el fundador de Podemos. En esta segunda hipótesis incide que el confidente incluye en su relato un procedimiento de financiación ilegal no apto para legos en la materia: “Miguel [Urbán] dijo que se trata de pagar el máximo número de gastos en cash y luego justificar el dinero con donaciones anónimas”.

Cuatro días después del informe, la Fiscalía Antidroga abre unas diligencias previas de investigación que habían permanecido en secreto hasta hoy. Se trata de un procedimiento habitual en la Fiscalía para determinar si los indicios que le llegan por denuncias o por informaciones policiales deben sustanciarse en una querella al juzgado o si, de lo contrario, no tienen peso y acaban en un decreto de archivo.

El fiscal jefe de Antidroga entonces, José Ramón Noreña, declaró secretas las actuaciones y ordenó a la unidad especializada antidroga de la Policía comprobar la informacion aportada por el confidente.

El comisario Olivera tiene prisa

Al director del CITCO le urgía encontrar algo contra Podemos. El segundo informe que envía a la Fiscalía lleva fecha de 28 de enero de 2016, dos días después de que Antidroga abriera diligencias inducida por el primer oficio policial. Adelanta que puede conseguir un nuevo testigo y sitúa a Johnny como “intermediador” del pase de droga, incluyendo datos sobre la sociedad que administra el bar. 

Dos semanas después, Olivera se mueve otra vez. En este caso envía a Antidroga las declaraciones firmadas de Hugo Ch., Antonio S. y Marcos B. Aquí, la historia del confidente se dispara. En su declaración ante la policía, Hugo afirma que Miguel Urbán, tras consumar la transacción en el piso de arriba, regresó al Nueva Visión y celebró el trato tirando “una bolsa de cocaína en la barra e invitando a todo el que quisiera”.

Hugo relata: “Urbán dijo que había hecho un favor a España, que había vendido 40 kilos de cocaína de Venezuela y que era para pagar los gastos del partido”. De ser cierto el relato del confidente, Urbán habría compaginado su tarea como europarlamentario con la venta de droga por las esquinas de Malasaña. Hugo asegura que le ha visto trapichear también en la calle. La Policía escribe sobre los delatores: “No habían denunciado [antes] porque es gente muy poderosa [los de Podemos] y tenían miedo a represalias”.

En el segundo oficio, el Centro de Inteligencia Antiterrorista hace afirmaciones, de nuevo, cuestionables. “El pub Nueva Visión es un local regentado por gente especialmente de extrema izquierda y muy ligada al 15M”, incluía el nuevo atestado. 

César Strawberry es el líder del grupo de rap metal Def con Dos y conoce a Johnny desde 1983, del primer día que entró en el Nueva Visión. “Johnny fue un personaje muy importante en la agitación cultural de aquella Malasaña. Viajaba a Londres y traía discos, fue el primero en poner videoclips en televisiones dentro del local, tenía un armario con ropa alucinante… Johnny representaba el punk de entonces, el original, antes de que se vinculara a una ideología de izquierdas”, afirma en conversación con elDiario.es. 

¿Y las drogas? “Imposible. En el Nueva ni se traficaba, como sí que pasaba en otros locales, ni siquiera se consumía. Johnny siempre ha sido antidroga total. Si pillaba a alguien metiéndose, le echaba”, cuenta Strawberry al conocer el relato policial. 

La Fiscalía Especial Antidroga implica en su investigación preliminar a la unidad de élite de la Policía contra el tráfico de drogas. Agentes de la UDYCO organizan las cuatro vigilancias alrededor del Nueva Visión. El 28 de enero y el 6, 12 y 15 de febrero de 2016, según los informes a los que ha tenido acceso elDiario.es. Los policías no llegan a entrar en el bar. 

Después escriben: “Al local suele acudir bastante gente entre la una y las dos de la mañana, siendo habitual el hecho de que muchos de ellos permanecen durante un corto espacio de tiempo en su interior y se marchan del mismo sin llegar a realizar consumición alguna, hecho que induce a pensar que en el mismo se produce la venta al menudo de sustancias estupefacientes (…) Se puede inferir que el mismo se dedica a la venta a menor escala de sustancia estupefaciente cocaína”.

Mientras los policías “infieren”, el Nueva Visión está a rebosar. A la hora que indican, otros bares han empezado a cerrar y el Nueva está en el corazón de Malasaña. Es un bar de pequeñas dimensiones, asfixiante cuando se llena. Miran los antecedentes de Johnny: una reclamación por un delito contra la seguridad del tráfico. De la circulación del tráfico. Los policías piden autorización para pincharle el teléfono. La Fiscalía no les apoyará.

Ramones Fan Club

Este mayo de 2025 está siendo más lluvioso de lo habitual en Madrid. Después de unos días sin que Johnny asome su particular silueta por la puerta del Nueva Visión, elDiario.es logra dar con él. Está sentado, como tantas tardes, en una banqueta con la puerta del pub entreabierta. 

El Nueva Visión está cerrado. No superó la pandemia y el propio Johnny lo hizo a duras penas. Vive de una exigua pensión por los efectos de la Covid permanente, que le ha dejado un 70% de discapacidad. Ofrece con un gesto otra banqueta al reportero y escucha en silencio la historia, de la que nunca había oído hablar. Está atónito.

Johnny no conoce a ningún responsable de Podemos, ni recuerda a ningún camarero en su local que se llamara Hugo. Se enfada. “Aquí intenta meterse coca alguien y pilla”, suelta castizo y con gesto serio. Habla en presente, como si su bar siguiera abierto y no llevara cinco años cerrado. Cuenta que quiere reabrirlo, pero le han dicho que no puede renovar la licencia, que tendrá que conseguir una nueva. Él sigue plantándose cada tarde en su puerta. En el rellano guarda una lata de cerveza y una radio siempre encendida.

El dueño del Nueva, Johnny –Felipe en su DNI– tarda unos minutos en ubicar la dimensión del invento. De lo que le acusaban era de auspiciar una operación de tráfico con 40 kilos de droga. Con una frase desmonta la “inferencia” policial de que los clientes entraban a su local y salían al poco tiempo: “Dábamos chupitos a un pavo”.

Regresamos a enero de 2016. Con anterioridad a que los policías obtengan permiso para indagar en las cuentas de Urbán, la Fiscalía recibe otro informe policial basado en una fuente anónima, de la que nunca se sabrá nada más, pero que resulta determinante para dar un impulso al caso. Según esta fuente, Urbán “habría transferido durante 2015 cantidades muy significativas, conducta que podría ser extrapolable al resto de miembros de Podemos”, dice el oficio policial. 

Las donaciones que especifican son las siguientes: 2.000 euros al comité de huelga de técnicos de Movistar, otra a la asociación Debates y Solidaridad, y tres a Podemos, de 2.000 euros cada una. “Para eso no había hecho falta entrar en mis cuentas. Todas esas donaciones eran públicas y se podían consultar en la web de Podemos”, explica Miguel Urban. 

Los policías condimentan su oficio: “La fuente que ha aportado estos datos por ahora no ha podido puntualizar el resto de los movimientos de otros miembros [de Podemos], que no obstante señala que conoce que se producen con la misma frecuencia y con origen de integrantes relevantes de este partido”.

Operación Cardenal: un trampolín a Podemos

El relato de los confidentes es solo un trampolín. La Policía se ha movido rápido. La disparatada historia de los 40 kilos de coca en una bolsa es la excusa para acceder a las cuentas de Urbán, para investigar a Pablo Iglesias y llegar a una supuesta financiación irregular de Podemos. Por eso, a diferencia de otros dosieres, la peripecia del Nueva Visión no es filtrada a la prensa afín, como ocurrió con la cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas o el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). Es lo que sospechan en la formación política cuando conocen los primeros datos de aquella operación.  

Como adelantó Infolibre, la propia Policía informó hace unos meses a la Audiencia Nacional de la existencia de las indagaciones sobre Urbán. Fue en el marco de la causa por la guerra sucia a Podemos que instruye el magistrado Santiago Pedraz. Apareció una búsqueda sobre Pablo Iglesias y la Policía respondió que se habían hecho consultas a bases de datos policiales “sobre las personas del entorno de Urbán”. Lo bautizaron como la Operación Cardenal. La respuesta de la Policía confirma la sospecha del partido: el invento de la droga solo era el pretexto para llegar al líder de Podemos y las cuentas de la formación. 

Los oficios de la UDEF están firmados por su jefe de entonces, José Manuel García Catalán. El montaje contra Podemos se cuece en la misma cúpula del Cuerpo Nacional de Policía. García Catalán es uno de los mandos que viaja a Nueva York a conseguir pruebas, verdaderas o falsas contra el partido de Iglesias. 

Al mes siguiente de regresar de Nueva York, el 24 de mayo de 2016, el jefe de la UDEF rubrica un informe de su unidad sobre los gastos, ingresos y contrataciones de Miguel Urbán Crespo, eurodiputado de Podemos, con la excusa de la venta de droga. Los policías rebuscan en la vida económica del militante de Anticapitalistas. No encuentran nada, pero especulan.

La Policía insiste en la baza de los delatores. Los lleva ante el fiscal Antidroga del caso el 23 de febrero de 2016. Hugo se ratifica en todo. A Urbán se le cayó la mochila, 40 kilos, y él le ayudo a recogerla. No sabía qué había dentro, pero tras la transacción lo sospechó. Antes de irse, el eurodiputado tiró una bolsa de cocaína sobre la barra para que esnifara el que gustase. Sacó un fajo de billetes y pagó una ronda para todos. Palabra de confidente.

La Policía no va a dejar pasar la oportunidad. En otro informe de la UDEF, firmado por García Catalán el 1 de marzo de 2016, se especula con la salud financiera de Miguel Urbán. Recogen sus donaciones a “proyectos sociales”, a Podemos y encuentran algo que a los policías les da que pensar :“Prácticamente no hay ahorros en sus cuentas bancarias pese a que tiene una hipoteca”. Palabra de comisario del Cuerpo Nacional de Policía. 

“Es por ello que puede concluirse que Miguel Urbán tiene gastos superiores a sus ingresos y por tanto podría tener una fuente de financiación no declarada –continúa el entonces jefe de la UDEF–. Si atendemos a las diferentes investigaciones policiales y judiciales realizadas a diferentes partidos políticos, podríamos encontrarnos ante una posible financiación irregular de forma que sus miembros realizan donaciones en nombre propio, recibiendo la cantidad donada en b por el partido, dinero obtenido por este irregularmente”.

La afirmación no es gratuita. En base a ella, la UDEF propone a la Fiscalía que la Agencia Tributaria facilite toda la información que tenga sobre Urbán. El comisario José Manuel García Catalán todavía enviará a la Fiscalía Antidroga un informe el 24 de mayo con todos los gastos de las tarjetas de Urbán, ingresos y contrataciones. 

En las diligencias previas de la Fiscalía Antidroga consta un informe de 78 páginas de la Agencia Tributaria sobre Miguel Urbán Crespo. Lo firma la entonces jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Margarita García-Valdecasas. Lleva fecha de 29 de abril de 2016 y es el preludio del fracaso de la Policía. No hay nada.

En junio se celebran elecciones generales. Podemos mantiene su representación parlamentaria pero el sueño del 'sorpasso' al PSOE se esfuma. Durante toda la precampaña y la campaña electoral, la cúpula de la seguridad del Estado, de la Agencia Tributaria y la Fiscalía Antidroga han investigado a uno de sus fundadores y europarlamentarios. Y lo han intentado con su líder, Pablo Iglesias. 

Un mes después de los comicios, el 20 de julio de 2016, el fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña, firma el decreto de archivo de las diligencias previas de investigación abiertas a requerimiento policial. “No se ha podido acreditar, ni siquiera indiciariamente, la comisión de hechos delictivos”, escribe.

A día de hoy… 

Miguel Urbán. Abandonó Podemos en 2020 por estar en contra de la entrada en el Gobierno. Sigue militando en Anticapitalistas y ha puesto en marcha una cooperativa de gestión cultural, asesoría y comunicación después de un tiempo en el paro. 

“Este montaje demuestra la impunidad con la que trabajan las cloacas del Estado, que se pueden inventar algo tan sumamente descabellado y que no tenga consecuencias. Cincuenta años después de la muerte de Franco, toda la estructura de poder y cloacas sigue operando en democracia. No bastaba con exhumar a Franco del Valle de los Caídos... A esto nos referíamos. Soy hijo de luchador antifranquista torturado por Billy el Niño. Los herederos de ese policía son los han montado esta trama contra Podemos. Continúa la impunidad”.

Johnny. El próximo julio cumplirá 65 años. Vive de una pensión por invalidez de 600 euros, sueña con reabrir el Nueva y todavía le quedan 60.000 euros de hipoteca de su piso. “Si fuera un narco la habría pagado ya. Ponlo ahí”. Johnny es historia de una Malasaña, de un Madrid, que languidece. Dos chicos con aspecto de turistas se paran frente al Nueva Visión y señalan su puerta entreabierta. “Cerrado”, les advierte el dueño.

“¿De lo que hice en Alcalá 20 no ponen ahí nada?”, se indigna Johnny. Hace 42 años ayudó a rescatar a una veintena de personas del incendio de la discoteca Alcalá 20, en el que hubo 81 muertos. Él mismo aparece contándolo a la puerta de las Urgencias de la Fundación Jiménez Díaz en el archivo de Televisión Española, un fragmento de los informativos incluido en un capítulo de 'Cuéntame'.

En la charla surgen sus años en el Fondo Sur del Vicente Calderón, que abandonó en los noventa por la invasión de nazis en el Frente Atlético. Johnny no tiene Internet. Por el periodista se entera de que cuatro días antes ha muerto un camarada de la militancia rojiblanca y de Malasaña, Iñaki 'Glutamato'. Aparta la mirada y se queda en silencio. Demasiadas noticias malas para una tarde cualquiera de mayo.

José Luis Olivera. Comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía. Se sentará en el banquillo del caso por el espionaje policial a Luis Bárcenas con fondos reservados. Anticorrupción no presenta acusación contra él, pero sí la acción popular, que pide una pena de cárcel. Jefe de la UDEF con el PSOE, el Gobierno de Rajoy lo encumbró con la dirección del CITCO y el acceso a toda la información. Estuvo a punto de convertirse en el director operativo de la Policía.

José Manuel García Catalán. Comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía. Su nombramiento al frente de la UDEF ya resultó polémico en 2014. Jorge Fernández Díaz situaba al frente de la unidad que investigaba al PP por la caja B a un comisario afín. Por el momento ha declarado como testigo en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por la guerra sucia contra Podemos. 

Hugo Ch. El confidente que atribuyó delitos penados con muchos años de cárcel a varios inocentes contesta la llamada de elDiario.es a su teléfono. Se niega a hablar del falso testimonio y arremete contra el periodista: “¿Qué trabajo es sacar lo que no se puede sacar? ¿Por qué no sacáis la mierda del Gobierno? Porque sois unos aborregados y unos subvencionados”, contesta él solo antes de advertir que está grabando la llamada y colgar.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha dictado una orden de busca y captura interancional contra Alejandro Salgado Vega, alias 'El Tigre', considerado por la Policía el mayor de los narcotraficantes españoles y líder de la organización que tenía a sueldo al inspector jefe de la UDEF en Madrid, al que se le encontraron 20 millones de euros ocultos en las paredes de su domicilio.

Salgado Vega está huido y su rastro se pierde en Dubái, desde donde habría dirigido por un teléfono encriptado desembarcos de cocaína en el puerto de Algeciras. El juez De Jorge había ordenado su comparecencia como investigado para el día de ayer martes, pero Salgado Vega no acudió.

Una de las operaciones que se atribuyen a El Tigre en el auto de busca y captura, al que ha tenido acceso elDiario.es, tuvo lugar el 9 de ocutbre de 2020 y supuso el desembarco de media tonelada de cocaína. Así consta en conversaciones mantenidas por Encrochat –un sistema de telefonía encriptado– que aportaron las autoridades francesas, donde se encontraba el servidor.

Salgado se refugiaba en Qatar de otra reclamación judicial en un juzgado de Algeciras. Llegó a ser detenido en 2022 pero las autoridades del país no autorizaron su entrega a España. Después de producirse la operación en la que fue detenido el inspector jefe de la UDEF y el supuesto máximo responsable de la organización en España, Ignacio T., Salgado podría haber salido de Dubái con dirección a Rusia.

Fue el abogado de Salgado quien solicitó personarse en la causa al conocer que en el sumario se incluían varios indicios contra él por liderar desde el extranjero la organización a la que se incautaron 13 toneladas de cocaína en el Puerto de Algeciras en noviembre pasado, a lo que siguió la detención del mando policial. 

Su salida de Dubái se habría producido por desavenencias con el poderoso clan de los Balcanes, que le reprocharía la incautación del cargamento de droga en Algeciras y lo relacionaría con un soplo a la Policía. La UDYCO española recibió la información de la llegada de la droga de sus colegas colombianos y a través de una fuente original en Ecuador.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge atribuye ya la condición de investigado a Alejandro Salgado, alias 'El Tigre', al que la Policía considera el mayor narcotraficante español del momento. El magistrado cita Salgado a declarar en el marco de la causa judicial en la que está igualmente investigado Óscar Sánchez Gil, quien fuera jefe de la UDEF de Madrid y al que Asuntos Internos encontró 20 millones de euros escondidos en las paredes de su domicilio.

Salgado se refugiaba en Qatar de otra reclamación judicial en un juzgado de Algeciras. Llegó a ser detenido en 2022 pero las autoridades del país no autorizaron su entrega a España. Después de producirse la operación en la que fue detenido el inspector jefe de la UDEF y el supuesto máximo responsable de la organización en España, Ignacio T., Salgado podría haber salido de Dubái con dirección a Rusia.

Ha sido el abogado de Salgado quien solicitó personarse en la causa al conocer que en el sumario se incluían varios indicios contra él por liderar desde el extranjero la organización a la que se incautaron 13 toneladas de cocaína en el Puerto de Algeciras en noviembre pasado, a lo que siguió la detención del mando policial. La citación del Tigre es para el próximo 13 de mayo a las 13:00 horas, según consta en la providencia dictada ayer martes, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Alejandro Salgado aparece en comunicaciones aportadas a la causa y que fueron realizadas a través del sistema de telefonía encriptada Sky ECC. En una de ellas se puede apreciar cómo organiza presuntamente una introducción de cocaína en el puerto de Algeciras desde su refugio a miles de kilómetros. En Dubái, Salgado habría entrado en contacto con la élite de los narcotraficantes mundiales que huyen de la justicia de sus países en los Emiratos Árabes.

Precisamente su salida de Dubái se habría producido por desavenencias con el poderoso clan de los Balcanes, que le reprocharía la incautación del cargamento de droga en Algeciras y lo relacionaría con un soplo a la Policía. La UDYCO española recibió la información de la llegada de la droga de sus colegas colombianos y a través de una fuente original en Ecuador.

La organización desarticulada en esa operación contaba con la colaboración clave del inspector jefe de la UDEF, que introducía en las bases de datos policiales datos de los contenedores que contenían la cocaína para saber si eran investigados por sus compañeros o por otros cuerpos policiales.

Como en otras muchas investigaciones por narcotráfico ha sido clave la aportación de información procedente de los servidores encriptados, en este caso de Sky ECC. En la misma providencia por la que el juez cita al Tigre, Francisco de Jorge ordena a la UDYCO averiguar quién está tras la idetnidad de otros tres usuarios en clave de números y letras y un cuarto que se hace llamar 'Chinchón'.

Hace ya tiempo que el día a día de la Policía Local de Granada no es una balsa de aceite precisamente. Investigaciones judiciales, sospechas entre compañeros y un cambio de modelo para gestionar los turnos están llevando al límite la paciencia de la plantilla de agentes. Según cuentan los sindicatos y confirman los profesionales, la sede policial, situada en la Huerta del Rasillo, es un polvorín en el que gran parte de los agentes están enfrentados con la cúpula que les dirige y, a su vez, con el Ayuntamiento de Granada, que saca pecho de su gestión.

El foco del conflicto ha ido cambiando de lugar, pero no ha hecho más que agrandarse en un cuerpo que da cobertura a una ciudad de alrededor de 250.000 habitantes con una plantilla deficitaria a la que, según las estimaciones, le faltan alrededor del doble de agentes (200 más al total de 300 que hay). Sin embargo, como el Ayuntamiento de Granada está intervenido por su deuda, cualquier aumento de personal debe ser aprobado expresamente por el Ministerio de Hacienda.

No obstante, uno de los frentes más delicados es el de las sospechas sobre la dirección del cuerpo policial, investigada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en una causa que sigue bajo secreto de sumario. En febrero, los agentes de la UDEF registraron las dependencias de la Policía Local en busca de documentación sobre presuntas irregularidades en los procesos selectivos de acceso al cuerpo, con la mirada puesta en supuestos amaños en oposiciones, favoritismos y tratos de favor a candidatos afines a la cúpula. La investigación tiene como principal epicentro al jefe del cuerpo, José Manuel Jiménez Avilés, que, tras estallar el escándalo, se ha apartado voluntariamente del cargo, aunque sigue formando parte de la plantilla.

Estas sospechas, que circulaban entre los pasillos desde hacía años, han terminado por desatar la desconfianza dentro del cuerpo y han agravado una crisis interna que ha desembocado en una fractura abierta entre la plantilla y la dirección. Los sindicatos (SIPLG, CSIF y SIPAN) denuncian que, más allá de las irregularidades bajo investigación, hay un problema estructural de gestión y una connivencia entre el equipo de Gobierno municipal y los mandos intermedios de la Policía Local.

De hecho, hace tan solo unos días se conoció que uno de los subinespectores, investigado por violencia machista contra su expareja, habría accedido junto con otros agentes municipales al sistema VioGén de la víctima, lo que ha puesto de nuevo en el foco la actuación municipal y a la propia cadena de mando. Una connivencia de la cúpula con el equipo de Gobierno que había sido avisada por la propia mujer en este caso y por otros agentes en el de los supuestos amaños, que se estaría viendo en el otro gran conflicto que afecta al cuerpo: la reorganización de los turnos de trabajo.

Acuerdos incumplidos

Hace justo un año, el Ayuntamiento y los representantes sindicales pactaron un nuevo sistema de turnos para reforzar los fines de semana, cuando la ciudad concentra buena parte de su actividad cultural, deportiva y turística. El objetivo era “racionalizar” recursos y evitar el déficit de efectivos que se daba en momentos críticos -la plantilla ronda los 300 efectivos, pero algunas estimaciones de los sindicatos entienden que debe aumentarse casi el doble-. A cambio, se prometieron compensaciones económicas y una futura revisión del modelo tras su aplicación inicial. Según denuncian ahora los sindicatos, nada de eso se ha cumplido.

Óscar del Pino, portavoz del sindicato SIPAN, explica que el modelo implantado en 2024 fue aceptado como una medida transitoria, con el compromiso de que se revisaría al cabo de unos meses. También se garantizó una mejora retributiva para los agentes que asumieran los turnos más complejos. “Lo que ha hecho el Ayuntamiento es renovar ese modelo de forma unilateral en 2025, sin sentarse a negociar y sin pagar lo acordado”, lamenta Del Pino. Además, critica que la reorganización haya concentrado los esfuerzos en los fines de semana, dejando descubiertos otros días especialmente conflictivos como los lunes y los viernes. “Es un modelo que no funciona, no está equilibrado y no responde a las necesidades reales de la ciudad”, añade.

A esta ruptura del modelo acordado se suma la parálisis en la negociación del nuevo acuerdo bloqueado desde hace once meses, según coinciden varios sindicatos. Desde SIPLG, Miguel Fernández denuncia que la última propuesta del Consistorio llegó tan solo cuatro días antes del inicio de la Semana Santa, y que no recogía “absolutamente ninguna de las reivindicaciones realizadas”. Fernández considera que se está llevando al cuerpo a un callejón sin salida: “Esta situación se debía haber afrontado con tiempo más que suficiente, no a las puertas de eventos como Semana Santa o la media maratón. Nos proponen ofertas que no están siendo aceptadas por el colectivo, y como solución lo que hacen es nombrar decretos de Alcaldía para obligar a agentes que están en su día de descanso a acudir a trabajar”.

Ese decreto, que ha sido denunciado por sindicatos como SIPLG y SIPAN, ha sido precisamente el detonante del último encontronazo entre la plantilla y el equipo de Gobierno. Ante la falta de voluntarios para cubrir los servicios extraordinarios de Semana Santa, el Ayuntamiento activó un decreto de servicios mínimos, forzando la presencia de agentes durante sus días libres. Según recuerdan desde los sindicatos, ese mecanismo ya ha sido anulado por los juzgados en ocasiones anteriores. Esta vez, el malestar y la fractura institucional ha sido tan elevado que la plantilla ha preferido no ofrecerse voluntaria como forma de protesta. “Estamos siendo ignorados”, asegura Fernández.

Desde CSIF, el delegado Fernando Martínez también ha criticado duramente la decisión municipal. Aunque afirma que acudirán al trabajo porque no tienen más remedio, denuncia que lo harán “obligados” y avanza que están valorando impugnar el decreto judicialmente. Martínez recuerda que su sindicato sigue abierto al diálogo y recalca que “no tenemos líneas rojas”, pero subraya que la falta de negociación está tensando cada vez más la cuerda.

El Consistorio defiende su modelo

El Consistorio, sin embargo, defiende su gestión. Mientras impone la prestación de servicios extraordinarios en Semanas Santa vía decreto, el portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, defiende la legalidad del modelo e insiste en que la prioridad es garantizar la seguridad ciudadana. “Antes solo trabajaba la mitad de la plantilla los fines de semana, y de forma voluntaria con horas extra. La ciudad no se podía permitir ese caos organizativo”, ha declarado. Según Saavedra, las propuestas de flexibilización de turnos y mejora económica siguen sobre la mesa, y acusa a los sindicatos de dejarse llevar por “planteamientos populistas” que podrían poner en riesgo la seguridad pública.

“Seguimos tendiendo la mano al diálogo, pero este Gobierno tiene una obligación: ofrecer el mejor servicio a los granadinos”, señala. Mientras, sobre la investigación de la UDEF por los presuntos amaños desde el Ayuntamiento de Granada se limitan a respetar el proceso al estar bajo secreto de sumario y a argumentar que colaborarán con la justicia con lo que sea necesario.

Así, con el telón de fondo de la operación judicial y la sensación generalizada de desconfianza interna, la Policía Local de Granada atraviesa uno de sus momentos más delicados. Los sindicatos coinciden en que el problema no se limita a los turnos o a las retribuciones, sino que responde a un modelo de gestión fallido, una plantilla insuficiente —faltan unos 200 agentes, según sus estimaciones— y un equipo de Gobierno que no escucha. “No estamos ante una simple discrepancia laboral, sino ante una crisis de modelo”, resume Del Pino.

Por ahora, la fractura sigue abierta. La vía judicial se impone a la negociación, mientras el calendario de grandes eventos en la ciudad no da tregua. Sin ir más lejos, está previsto que se celebren eventos deportivos que precisarán de casi toda la plantilla, dejando al resto de la ciudad atendida por solo ocho agentes, “en el mejor de los casos”, denuncia Óscar del Pino. La Huerta del Rasillo, sede de la Policía Local, sigue siendo ese polvorín en ebullición, con una plantilla que trabaja bajo presión, sin certezas y con la sombra de una investigación judicial que amenaza con sacudir aún más los cimientos del cuerpo.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha decidido mantener en prisión al exjefe de la UDEF en Madrid Óscar S.G., detenido hace meses por narcotráfico con 20 millones de euros ocultos en la pared su casa, después de que decretase en los últimos días la libertad de siete investigados en la misma causa.

Óscar S.G., en prisión desde el pasado noviembre, está investigado por servirse, presuntamente, de su posición en la Policía para garantizar la “impunidad” de la red de narcotraficantes, desviándola del foco de las Fuerzas de Seguridad y asegurando la entrada de alijos de cocaína a cambio de dinero. 

A diferencia de los siete imputados puestos en libertad -entre los que figura su mujer, también policía, y su cuñada-, el magistrado sí ha visto motivos suficientes para que este inspector jefe siga en prisión provisional por presuntos delitos de tráfico de drogas, organización criminal, blanqueo y cohecho.

En primer lugar, el magistrado considera que su situación no es similar a la que motivó la excarcelación de uno de los presuntos cabecillas de la red de narcotráfico, Ignacio T; y en segundo lugar porque sigue habiendo indicios de calado en su contra, alguno “potentísimo”, como “las enormes sumas de dinero en efectivo” que se hallaron ocultas en su domicilio.

Los 20 millones ocultos, un “potentísimo” indicio 

En su auto, conocido este sábado, el magistrado alude a que “las enormes sumas de dinero en efectivo encontradas en los registros en sus viviendas y lugar de trabajo, ocultas en huecos disimulados en paredes y techos y en otros lugares, por unos importes nunca vistos por este instructor son un potentísimo indicio”. 

Eran más de 20 millones de euros, apunta el juez, y coinciden de forma milimétrica con la “ordenada contabilidad” que el exjefe policial llevaba en su teléfono móvil, donde anotaba “los kilos de cocaína que la organización conseguía introducir con éxito, gracias a su ayuda, y anotaba también minuciosamente las cantidades de dinero que le correspondían”. 

Pero el juez también destaca el “minucioso y experto modus operandi” con el que se aseguraba de impedir que las empresas y personas con las que colaboraba fuesen investigadas, o directamente abortaba la entrada de droga si no podía frenar la investigación. “Todo ello está perfectamente documentado en las actuaciones”, advierte.

Destaca asimismo que las conversaciones intervenidas acreditan que el exjefe policial daba instrucciones sobre qué hacer tras el descubrimiento de la droga en el puerto de Algeciras, en el que fue incautado el mayor alijo intervenido hasta la fecha en la historia del narcotráfico en España: 13 toneladas de cocaína desde Ecuador.

Para el magistrado, “también son claras las instrucciones que daba telefónicamente a su cuñada”, presunta testaferro y ejecutora de sus planes de blanqueo. 

Los acusados puestos en libertad

Al pedir su libertad, la defensa invocó la igualdad ante la ley respecto a otro de los principales investigados, Ignacio T., quien fue excarcelado a principios de mes por orden de la Sala de lo Penal.

La libertad de Ignacio T. se deriva de un auto de la Sala que no fue interpretado de forma correcta por el juez en el que le ordenaba darle acceso a elementos esenciales de la investigación, pero en el caso del exjefe policial “nada de esto ha sucedido”.

Explica que la defensa solicitó el acceso a los elementos esenciales de la investigación cuando ya se había levantado el secreto y afirma que antes de su declaración en sede policial ya se le dio una hoja de resumen de imputaciones. 

También ante el juzgado se le dio un resumen de su imputación, y la Fiscalía detalló en su comparecencia los indicios de delito que pesaban contra él, algo que nuevamente se explicaba en el auto que le envió a prisión, el pasado mes de noviembre. 

Recientemente, el 17 de marzo, la defensa solicitó “claramente y por primera vez” acceder a los elementos esenciales de la causa, “no la mera información”, y se le respondió el 2 de abril, después de que una parte importante del sumario fuese accesible.

Además, dado el “enorme volumen de la información desvelada”, se fijó un plazo para que la defensa pudiese analizar los materiales y se celebró su vista de medidas cautelares el viernes, en la que el abogado pudo “exhibir un conocimiento bastante profundo del procedimiento”.

Aun así, al haberse ampliado el levantamiento del secreto, se ha ofrecido que la defensa presente un escrito complementario, “en el que pueda exponer razones adicionales después del análisis de la pieza de investigación tecnológica”, concluye.

El Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria investiga a cinco personas por presuntos delitos contra la salud pública y falsedad documental en relación con irregularidades detectadas en material intervenido en ambulancias de la isla. Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia presentada en agosto de 2023 ante la Policía Nacional por un trabajador de Tasisa, empresa adjudicataria de varios lotes licitados en el último concurso de transporte sanitario urgente en Canarias.

Las cinco personas investigadas hasta la fecha en esta causa son el responsable comercial, la apoderada y un administrativo de Tasisa y dos gestores de la farmacia donde esta empresa suele adquirir los medicamentos. A esta adjudicataria del servicio de ambulancias también se le imputan delitos contra la salud pública, al igual que a Global Technical Supplies, proveedora de productos sanitarios de Tasisa.

El denunciante es delegado de prevención del Sindicato del Transporte de Emergencias Sanitarias (SITES). Los hechos que dieron origen a la investigación se remontan al 20 de julio de 2023. Al incorporarse a su turno, este técnico fue informado por la dotación saliente de la ambulancia de que se había encontrado una etiqueta presuntamente falsificada en un parche desfibrilador de la marca ZOLL, usado para la reanimación cardiopulmonar de niños y niñas de hasta ocho años.

En la etiqueta del embalaje figuraba el 5 de mayo de 2028 como fecha de caducidad del parche desfibrilador, aunque los datos estaban “medio borrosos”. Por ello, los trabajadores decidieron despegar la etiqueta por el lado inferior derecho y observaron restos de una anterior que había sido arrancada. No era legible, pero en la parte trasera había otra etiqueta, esta de color azul, con una fecha diferente, la de caducidad original: el 5 de diciembre de 2022. 

El denunciante sospechaba que algún responsable de la empresa había falsificado la etiqueta para no desechar parches desfibriladores que llevaban medio año caducados. Este material de uso pediátrico tiene un coste unitario de entre 89 y 100 euros y una vida útil estimada de dos años, según recogen diferentes páginas de venta de estos productos, mientras que la etiqueta presuntamente manipulada tenía una caducidad de cinco.

Antes de presentar la denuncia, este trabajador revisó las cajas de repuestos guardadas en la base de las ambulancias y encontró otros dos parches “en similares circunstancias”, aunque en este caso sin la fecha de caducidad original, y puso los hechos en conocimiento de un responsable de su empresa. Aunque en un primer momento, según la versión recogida en el atestado policial, Tasisa le informó de que abriría una investigación interna, hasta el momento de la denuncia (más de un mes después del hallazgo) el delegado de prevención del sindicato SITES no había obtenido respuesta ni explicación alguna de lo sucedido, ni por parte de esta empresa ni por parte de su matriz, la multinacional Health Transportation Group (HTGroup).

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y solicitó a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), responsable del servicio de ambulancias, un listado con las revisiones realizadas entre junio de 2020 y octubre de 2023 a los doce vehículos con los que Tasisa presta servicios al SUC en la isla de Gran Canaria (diez de soporte vital básico, una medicalizada y una sanitarizada), así como las facturas de compra de material médico. 

En un oficio inicial, la UDEF había advertido de que los hechos contenidos en la denuncia podían ser constitutivos de un delito contra la salud pública, “en virtud del riesgo grave contra la salud/vida que se estaría ocasionando a niños” de hasta ocho años, “toda vez que la alteración realizada sobre los parches (usados para reanimar a menores en caso de parada) conllevaría que terceros desconocedores utilizasen esos repuestos sanitarios durante un servicio urgente y de asistencia prioritaria”. 

A finales de noviembre de 2023 y tras recibir autorización judicial, la UDEF registró las oficinas de Tasisa en Las Palmas de Gran Canaria y el cuarto del equipo de ambulancias medicalizadas del 1-1-2 situado en la cuarta planta del Hospital Insular de Gran Canaria. En esa actuación, la Policía detectó “innumerables carencias y anomalías” tanto en ambulancias de soporte vital básico como en las medicalizadas y sanitarizadas de Tasisa.

En un informe remitido al juzgado en abril de 2024, la UDEF constata la existencia de medicinas caducadas o deterioradas, entre ellas otros parches desfibriladores pediátricos; de fármacos con menos principio activo del fijado en las bases del concurso, o de importantes “lagunas terapéuticas”. Es decir, medicamentos o repuestos sanitarios que no estaban en las ambulancias ni en las bases pese a que debían estar o que no funcionaban y podían provocar “peligro para la vida de los pacientes”. 

A modo de ejemplo, los investigadores aludían a “la habitual insuficiencia o escasez de insulina” en los recursos de transporte sanitario. Esta carencia ya había sido advertida por la empresa pública responsable del servicio, GSC, desde la inspección realizada el primer trimestre de 2021. A pesar de ello, esta “carestía” persistió en las ambulancias durante los años siguientes. Según las facturas cotejadas por la UDEF, la empresa adquiría “muy pocas unidades” para abastecer los recursos. “A las ambulancias no se les habría dotado de esta medicina importante para determinadas personas durante más de medio año en 2021”, recoge la unidad especializada de la Policía Nacional en su último informe.  

Controles “extremadamente relajados y apáticos”

En las conclusiones de ese informe, los investigadores señalan que los controles de la empresa pública GSC sobre la adjudicataria del servicio han sido “extremadamente relajados y apáticos”. En tres años se habían realizado un total de 51 inspecciones sobre diez ambulancias de tipo B (soporte vital básico) y sólo una revisión a un recurso de tipo C (medicalizado), mientras que el otro nunca había sido analizado. En total, la administración había impuesto a Tasisa en penalización por esos incumplimientos de contrato un total de 23.900 euros. Según los cálculos de la UDEF, esa cifra debió ascender al menos a 39.100 euros, según el baremo de sanciones previstas en las bases del concurso convocado en 2019. 

La UDEF señala en ese informe que las irregularidades detectadas desde las primeras inspecciones, “lejos de haber sido subsanadas”, se fueron repitiendo en los años posteriores, “perdurando en los diferentes recursos”. “Resulta sorprendente que una ambulancia tipo C (medicalizada o sanitarizada) sólo fue objeto de una inspección (en diciembre de 2020) en la que fueron halladas 106 carencias, entre medicación diversa y material fungible, y a pesar de ello no volvió a ser revisada a fin de comprobar que todos esos defectos hubieran sido solventados”. 

En las inspecciones a las ambulancias de soporte vital básico se había detectado la falta recurrente de botellas de oxígeno portátil adaptada a la mochila para el transporte de material respiratorio, de medicamentos como la insulina u otros utilizados con fines anestésicos o de cuidados intensivos, de material fungible (campos estériles, mascarillas, apósitos, pinzas…), en ocasiones también de monitores de constantes vitales portátiles o de parches pediátricos para el desfibrilador. “Las ambulancias de soporte vital básico y las medicalizadas, en su función de eslabones trascendentales en la cadena de atención médica, vienen presentando innumerables carencias y anomalías asociadas a sus servicios diarios y que los responsables de Tasisa han ido perpetuando”, señala la UDEF. 

Los investigadores también solicitaron a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) un informe sobre la peligrosidad de los fármacos caducados intervenidos durante el registro a la empresa. En el caso de los parches pediátricos, la agencia explica que su caducidad comporta “un riesgo muy grave para la salud, ya que la desfibrilación es un tratamiento utilizado en situaciones potencialmente mortales para el paciente, y en el caso de que los productos estén caducados no se puede asegurar su correcto funcionamiento, lo que en estas situaciones podría resultar crítico”. 

Además de la pérdida de eficacia de los medicamentos caducados, en algunos casos de fármacos de estrecho margen terapéutico (intervalo en el que cabe esperar una respuesta adecuada sin toxicidad) “una mínima variación en la dosis podría producir efectos no deseados en el paciente”, señala ese mismo informe de la AEMPS. En mayo del año pasado, el juez envió un oficio al Instituto de Medicina Legal para que determine, a partir del último escrito de la UDEF, si existe un riesgo grave para la salud de los pacientes por las irregularidades detectadas en las ambulancias de esta empresa en Gran Canaria. 

Por su parte, la empresa pública GSC ya ha aportado el expediente de las auditorías practicadas a esos recursos por la comisión de seguimiento del servicio de transporte sanitario urgente. En el concurso de 2020, Tasisa resultó adjudicataria de uno de los lotes licitados en la isla de Gran Canaria (la zona 2) por un importe de 11 millones de euros por tres años (de finales de 2020 a finales de 2023), mientras que Iscan se hizo con las otras dos zonas por un total de 28,3 millones. Esos contratos ya han sido prorrogados en dos ocasiones. En el caso de Tasisa, por 3,6 millones de euros el primer año y por 3,7 el segundo.

En la isla de Tenerife, la empresa ahora investigada por un presunto delito de salud pública fue la adjudicataria de los lotes correspondientes a las tres zonas por un total de 37 millones de euros. Esos contratos también han sido prorrogados.

Desde la empresa han preferido no hacer ningún tipo de valoración hasta el momento, ya que los investigados aún no han prestado declaración (se acogieron a su derecho a no hacerlo ante la Policía y la citación con el juez ha sido suspendida hasta junio).