La Justicia ordena el cierre inmediato de un vertedero ilegal gestionado por un exsocio de Jordi Pujol Jr.

El polémico vertedero de Solius (Llagostera, Girona), controlado por un conocido donante de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y antiguo socio de Jordi Pujol Jr., tiene los días contados. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado el cierre “inmediato y urgente” de todas las actividades y la clausura de las instalaciones, según un auto emitido el viernes al que ha tenido acceso elDiario.es.

El vertedero, que funciona desde 1993, obtuvo en 2014 todos los permisos medioambientales del Govern de Artur Mas. Fueron otorgados a pesar de que una parte del complejo estaba en terrenos protegidos, considerados zona de interés natural y área especial de protección de las aves.

Según documentación obtenida por este periódico, el vertedero también se gestiona sin concurso desde su apertura y sus aguas residuales rebasaron los límites de contaminación permitidos durante años.

El gestor del complejo es Gustavo Buesa, conocido como “el rey de la basura”, exsocio de Pujol Ferrusola en otros negocios de residuos y prolífico donante de Convergència: solo entre 2007 y 2009 donó más de medio millón de euros al partido. También realizó dos préstamos de 50.000 euros a Unió Democràtica cuando el partido de Duran i Lleida tenía problemas de tesorería, según reconoció el propio empresario.

Buesa fue investigado hace un lustro por un presunto amaño de concursos públicos de recogida de basuras en Lloret de Mar (Girona). La Fiscalía terminó pidiendo el archivo de este caso contra él a cambio de la colaboración que el empresario prestó en la macrocausa del 3%. En la Audiencia Nacional testificó que algunos cargos destacados de Convergència habían estado involucrados en el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones.

Su colaboración en la causa del 3% no fue suficiente para salvarle del banquillo en otro caso pendiente de juicio, el del origen de la fortuna de los Pujol. La Fiscalía pide tres años de prisión y multa de 389.894 euros para el empresario, al que acusa de falsificación y blanqueo por presuntamente ayudar al primogénito de la familia a aflorar fondos de origen opaco. Buesa, en cambio, pide la absolución.

En julio de 2020 el TSJC revocó la autorización del vertedero de Solius y concedió un mes para cerrarlo definitivamente. El complejo, sin embargo, ha continuado funcionando hasta la fecha mientras la Generalitat y el Consorcio de Tratamiento de Residuos de Solius pedían ampliar el plazo para ejecutar la sentencia.

Desde el pasado febrero, en principio no se abocan basuras en este vertedero, pero diversas partes del complejo han seguido funcionando, como por ejemplo una planta de compostaje y otra de prensado. Los Ayuntamientos de la zona y la Generalitat, además, acordaron convertir el basurero en una planta de transferencia: los consistorios llevaban al lugar los residuos y desde ahí se trasladaban a otro complejo.

El auto del TSJC supone el fin de todas las actividades, con lo que los municipios colindantes tendrán que decidir cómo gestionan sus residuos a partir de ahora.

Desde la asociación Salvem Solius, entidad que ha batallado judicialmente con el letrado Xavier Soy para lograr el cierre, valoran “muy positivamente” la resolución, aunque aseguran que no bajarán la guardia.

“Sabemos que la administración es lenta y en ocasiones ni se mueve ante sentencias y resoluciones como esta”, explican en la entidad. Consideran que ahora “ya no hay recorrido posible ni operaciones extrañas” que puedan permitir que continúe la actividad del vertedero. “La única posibilidad es clausurarlo definitivamente y respetar la naturaleza y las sentencias judiciales”, apuntan.

Una caso que también va por la vía penal

Las presuntas irregularidades también podrían tener consecuencias penales. El año pasado fueron citados para declarar como imputados ante un juzgado de Girona el exsocio de Pujol Ferrusola, el anterior secretario general y actual presidente del Consorcio que gestiona el vertedero, los miembros de la junta de ese Consorcio y tanto el antiguo como el actual responsable de la Agència de Residus de Catalunya.

Según la Fiscalía, algunos de los denunciados podrían haber incurrido en un delito de prevaricación y contra la ordenación urbanística así como delitos contra el medio ambiente y recursos naturales y de prevaricación medioambiental. 

La sentencia del TSJC que decretó el cierre en 2020 era muy dura con la Secretaría de Medio Ambiente del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat que, en el momento de la autorización ambiental, estaba comandado por Santi Vila.

Según el texto, la construcción entre 2009 y 2010 de un depósito de residuos y una planta de prensado en este vertedero sin ningún tipo de autorización ambiental ni urbanística supuso un “hecho sorprendente por su temeridad y desconsideración de la legalidad”. A su vez, el tribunal cargó contra la posterior regularización de esta zona del vertedero, realizada en 2014, por haber omitido el preceptivo estudio de impacto ambiental.

El de Solius no es el único vertedero del “rey de la basura” que ha sido declarado ilegal. En 2000 los Gobiernos autonómico y municipal de CiU aprobaron la instalación de un basurero en Cruïlles (Girona) que el Tribunal Supremo declaró ilegal en 2014 por estar demasiado cerca de un núcleo habitado.

El negocio, sin embargo, ya estaba hecho: Buesa y Josep Mayola, ambos socios de Pujol Ferrusola en otro vertedero en Tarragona, invirtieron 3,5 millones de euros y solo tres años después lo vendieron a FCC por 13,2 millones.