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El Instituto Catalán de Oncología releva a sus jefes económicos tras una serie de irregularidades en la contratación

El Institut Català d'Oncologia (ICO) lleva meses encadenando polémicas vinculadas a la gestión económica.

Pol Pareja

Barcelona —
29 de junio de 2026 21:47 h

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El Instituto Catalán de Oncología (ICO), organismo de referencia de tratamiento e investigación del cáncer perteneciente al departamento de Salud de la Generalitat, relevó el pasado jueves a sus dos máximos responsables económicos pocos meses después de que este periódico revelase diversas irregularidades en la gestión financiera y contractual del ente.

La dirección general informó a sus empleados que había cesado a la directora de gestión económica, Marta A., así como a su ‘número 2’, el jefe del servicio económico y financiero, Carles L.

La directora de gestión económica ha sido despedida y se abrirá un proceso para cubrir su vacante. Su segundo dejará de tener un puesto de responsabilidad en las finanzas de la entidad y pasará al área de “Sistemas de información e Inteligencia Artificial” para “iniciar el proceso de digitalización de la gestión económica”.

Desde el ICO no han querido hacer ningún comentario sobre los ceses ni confirmar o desmentir que están relacionados con las irregularidades desveladas por esta redacción. La conselleria de Salud tampoco ha querido hacer ninguna declaración.

El ICO es un ente con cuatro centros en diversos hospitales de la red pública asistencial —Bellvitge, Girona, Tarragona y Badalona— dedicado a la prevención, la asistencia, la investigación y la formación especializada en el cáncer. Actualmente, es el centro oncológico de referencia para más del 40% de la población adulta de Catalunya.

En enero, elDiario.es reveló que bajo la anterior dirección el ICO troceó un gran número de contratos entre 2023 y 2025 —de manera “irregular”, según concluyó una investigación interna— para esquivar los preceptivos concursos públicos.

Buena parte de los contratos estaban relacionados con las obras de remodelación de las oficinas de Servicios Generales del ente. El organismo, a su vez, pagó por duplicado servicios que ya tenía licitados.

La investigación interna por esos hechos apuntó a una “negligencia grave” en la gestión presupuestaria del ICO, cuya financiación depende íntegramente del Govern, y confirmó que la “gestión inadecuada” del dinero de la entidad había implicado sobrecostes “excesivos y descontrolados” para el erario público.

El organismo incoó entonces expedientes a media docena de directivos de la entidad, a pesar de que algunos de ellos ya habían abandonado el ICO. Algunos de estos responsables habrían propiciado, según la documentación obtenida, prácticas contrarias a la normativa de contratación pública que tuvieron un “impacto económico y reputacional” para el ICO.

Consultada en enero, una fuente oficial del ICO aseguró que se había activado un “plan de actuación para diagnosticar, analizar y supervisar el estado de los procesos de contratación” para evitar que “situaciones similares” se repitieran en el futuro.

Un análisis posterior de la contratación elaborado por esta redacción, sin embargo, confirmó que el descontrol financiero del ICO, cuyo presupuesto asciende a cientos de millones de euros, era mucho mayor del que había revelado la investigación interna de este organismo.

Al menos durante el último lustro, el ICO estuvo fraccionando los contratos de todo tipo de servicios valorados en cientos de miles de euros. Los encargos a dedo iban desde el traslado de pacientes en ambulancia o todo el servicio de mensajería, hasta el punto de que había particulares que estuvieron facturando al ente más de 50.000 euros al año sin concurso por trasladar muestras de sangre en su vehículo particular.

El relevo en la cúpula económica de este organismo llega apenas dos años después de que el antiguo director general del ICO, Ramon Salazar, dimitiera de su cargo por haber cobrado pagos de hasta siete farmacéuticas sin declararlos al portal de Transparencia.

El caso, distinto al revelado en este artículo, fue publicado por El Periódico de Catalunya y fue el primer aviso sobre el descontrol en la gestión económica del ICO, al destaparse también que Salazar estaba detrás de una empresa que organizaba jornadas anuales sobre cáncer, patrocinadas por laboratorios, bajo el sello de instituciones sanitarias públicas de Catalunya.

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